COLABORADORES, BOICOTEADORES Y RIESGOS: APROXIMACIÓN TEÓRICA AL IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO EN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

PARTNERSHIP, AND RISKS BOYCOTTERS: THEORETICAL APPROACH TO THE IMPACT OF ARMED CONFLICT IN SOCIAL MOBILIZATION

El objetivo central del artículo es construir un marco teórico que permita analizar el impacto del conflicto armado en la movilización social, en escenarios locales. Para lograr esta meta, se desarrollan tres preguntas de investigación: ¿cómo responden los grupos armados a las acciones colectivas y los procesos organizativos de los civiles?, ¿cómo responde el Estado a las dinámicas que resultan de la interacción entre los grupos armados y los civiles?, y, por último, ¿qué consecuencias, en términos de riesgo para los participantes de la movilización social, generan los grupos del conflicto con sus actuaciones?

The central objective of this article is to build a theoretical framework to analyze the impact of armed conflict on social mobilization in local settings. To achieve this goal, three research questions are developed: how armed groups respond to collective action and organizational processes of civilians, how the state responds to the dynamics resulting from the interaction between the armed groups and civilians?, and finally, what are the consequences in terms of risk to the participants of the social mobilization groups generate conflict with their actions?

Pablo Ortega*

*Investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC– Bogotá. Colombia. Email: pablo.ortega@cerac.org.co

Fecha de Recepción: 11/10/2013
Fecha de Aprobación: 18/02/2014

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RESUMEN

El objetivo central del artículo es construir un marco teórico que permita analizar el impacto del conflicto armado en la movilización social, en escenarios locales. Para lograr esta meta, se desarrollan tres preguntas de investigación: ¿cómo responden los grupos armados a las acciones colectivas y los procesos organizativos de los civiles?, ¿cómo responde el Estado a las dinámicas que resultan de la interacción entre los grupos armados y los civiles?, y, por último, ¿qué consecuencias, en términos de riesgo para los participantes de la movilización social, generan los grupos del conflicto con sus actuaciones?.

Palabras clave: conflicto armado, movilización social, acción colectiva contenciosa, riesgos para la acción colectiva.

SUMMARY

The central objective of this article is to build a theoretical framework to analyze the impact of armed conflict on social mobilization in local settings. To achieve this goal, three research questions are developed: how armed groups respond to collective action and organizational processes of civilians, how the state responds to the dynamics resulting from the interaction between the armed groups and civilians?, and finally, what are the consequences in terms of risk to the participants of the social mobilization groups generate conflict with their actions?.

Keywords: armed conflict, social mobilization, contentious collective action, collective action risks.

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INTRODUCCIÓN

Las ciencias sociales no han abordado con suficiente profundidad la problemática de la movilización social en contextos de conflicto armado. Se desconoce si la presencia de grupos del conflicto (grupos armados –GA– y grupos estatales) y sus interacciones con los civiles, se constituyen en obstáculos u oportunidades para la emergencia de organizaciones sociales (OS) o movimientos sociales (MS), así como para el despliegue de acciones colectivas contenciosas (ACC).

En parte, esto se debe a que las dos tradiciones académicas que se han preocupado por esta problemática han tenido un desarrollo paralelo; y no se han integrado en una agenda común de investigación. Los estudios de la guerra civil han comenzado a investigar la interacción entre los grupos del conflicto y los civiles (Kalyvas, 2006; Weinstein, 2007); pero, aun así, no le han otorgado un rol central a la capacidad de reacción civil frente a las actuaciones de los armados. Además, respecto a los MS, pese a la investigación sobre los efectos en la acción colectiva de las amenazas del sistema político y de los contextos de alto riesgo (McAdam, 1986; Goldstone y Tilly, 2001), todavía no se ha respondido a la pregunta sobre cómo la violencia y otras estrategias de los grupos del conflicto pueden afectar la movilización social.

Por ello pretendo aportar elementos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las interacciones entre estos dos fenómenos, mediante la construcción de un marco teórico para el análisis de la movilización social en contextos de conflicto armado en el nivel local. Además, de manera implícita, busco establecer una agenda común de investigación entre estos dos campos de estudio, al señalar problemáticas afines y poner en discusión e integración sus contenidos teóricos.

El interrogante principal que se busca responder es: ¿cómo afectan las dinámicas del conflicto armado la movilización social? En concreto, ¿cómo responden los GA a las ACC y los procesos organizativos de los civiles?, ¿cómo responde el Estado a las dinámicas que resultan de la interacción entre los GA y los civiles?, y ¿qué consecuencias en términos de riesgo para los participantes de la movilización social generan los grupos del conflicto con sus actuaciones?

El orden del artículo es el siguiente: en la primera parte se hace una revisión no exhaustiva de los aportes y limitaciones del estudio de la guerra civil y de los MS, para responder a la pregunta de investigación del artículo. Luego, se construye un marco teórico basado en el Modelo del Proceso Político (MPP) y la teoría de la guerra civil de Sthatis Kalyvas (2006) y Ana Arjona (2008; 2010). En la tercera parte se proponen unas hipótesis que responden a las preguntas de investigación y, por último, se realizan algunas reflexiones sobre las implicaciones en términos de riesgo que tiene el desarrollo de la movilización social en medio de la guerra civil, y se señalan las limitaciones de la propuesta teórica.

I. REVISIÓN DE LITERATURA

1. Los estudios sobre la guerra civil y el problema de la agencia de los civiles

En el campo de estudio de las guerras internas se ha dado un giro en el énfasis de las preguntas de investigación; antes concentradas en determinar las condiciones de inicio o cierre de los conflictos armados, y ahora focalizadas en comprender el funcionamiento y las consecuencias de la guerra¹.

Este cambio en las preocupaciones teóricas se ha acompañado por una metodología que propende por la articulación de métodos cuantitativos y cualitativos, así como por la observación de unidades de análisis subnacionales, dando paso a una nueva agenda de investigación: las microdinámicas de la guerra civil (Kalyvas, 2008; Verwhimp, et al, 2009).

La literatura del nivel micro de las guerras internas puede ser útil para entender la relación entre conflicto armado y movilización social, ya que en ella se ha analizado la variación en el comportamiento de los grupos del conflicto en sus interacciones con la población civil². Los trabajos realizados en este campo temático han conducido al resurgimiento del estudio de la construcción de entidades políticas de gobierno por parte de grupos insurgentes en el marco del desarrollo de conflictos internos.

Zachariah Mampilly (2007: 53-54) encontró que la mayoría de autores recientes han aplicado en esta línea la analogía de la formación de Estado, para explicar la creación de entidades políticas por grupos insurgentes. Este símil se ha tomado de los procesos que describen autores como Charles Tilly, Mancur Olson y Michael Mann. Siguiendo estos modelos, afirma Mampilly, Denis Tull ha estudiado la construcción de "paraEstados" por grupos rebeldes; Ian Spears, ha definido estas entidades como "Estados dentro de Estados"; y Scott Pegg, ha entendido estas instituciones como "Estados embrionarios" (55). Otra línea de autores, por el contrario, son críticos frente al uso de esta analogía y consideran que los insurgentes crean entidades políticas diferentes e, incluso, opuestas al Estado; "antiEstados" (Mampilly, 2007) o "contraEstados" (Wickham-Crowley, 1987).

Más allá del debate sobre la aplicación de la analogía estatal a las "entidades de gobierno" insurgente, cabe destacar aspectos centrales de esta literatura para los intereses del documento: primero, todas estas lecturas de la guerra civil demuestran que no existe una relación dicotómica entre guerra y orden, como afirmaba Hobbes. De hecho, la violencia de los conflictos internos responde a un ejercicio continuo de mantenimiento y defensa del orden, deun lado; y de derrocamiento y desafío de ese mismo orden, con miras a la construcción de un nuevo ordenamiento social y político, del otro (Kalyvas, et al, 2008).

En segundo lugar, la construcción de instituciones por cuenta de grupos insurgentes evidencia que las interacciones entre civiles y combatientes son muy complejas, pues están mediadas por múltiples factores adicionales al uso de la violencia. En efecto, los grupos que pretenden construir un orden a nivel local y controlar a la población dentro de un territorio, no solo establecen una serie de normas de convivencia que regulan las conductas entre civiles y combatientes (Weinstein, 2007: 164), sino que también ejercen un rol como proveedores de servicios públicos como seguridad y justicia (Wickham-Crowley, 1987; Mampilly, 2007). Esta situación genera un nivel de interdependencia entre actores sociales armados y no armados que es difícil omitir en el análisis.

Para finalizar, la mayoría de estos autores han obviado el rol determinante de la agencia de los civiles en las posibilidades de creación y sostenimiento de instituciones políticas por parte de GA y en el comportamiento de estos últimos. Mampilly (2007: 60) considera que estos autores tienden a "ver a la población como genérica, maleable por fuerzas externas e incapaz de moldear el comportamiento de los grupos rebeldes". Kalyvas (2006: 104), ofrece una solución parcial a este problema. En su trabajo seminal, este autor propone una tipología sobre el apoyo civil (de carácter actitudinal) a los grupos del conflicto: la colaboración y la deserción (la colaboración con el actor político rival).

Esta propuesta tiene varios elementos a su favor: otorga al apoyo civil un papel central para el logro de los intereses político-militares de los grupos del conflicto; reconoce la capacidad que tienen los civiles para manipular la violencia de los combatientes en aras de resolver conflictos privados; e identifica la posibilidad que tienen los habitantes locales de ser neutrales frente al conflicto. Sin embargo, la principal limitación de esta tipología es que no permite entender bajo qué condiciones los civiles pueden realizar acciones colectivas (violentas o no) para oponerse a las demandas e incluso a la presencia de los actores armados.

En ese sentido, la teoría de Arjona (2008; 2010) sobre la creación de órdenes sociales por agentes armados en el marco de la guerra irregular, se constituye en un avance en la literatura y en una propuesta pertinente para este artículo. En particular hay tres elementos de su propuesta que resultan útiles: (1) el reconocimiento de que los civiles conservan su capacidad de agencia durante los conflictos internos (a pesar de ser victimizados); (2) el rol que se le otorga al marco limitado de elección y acción de los civiles, así como a las características sociales de las comunidades locales, como factores centrales para entender el tipo de orden social que se configura en un territorio por cuenta de la interacción entre civiles y combatientes y (3) la posibilidad de abordar desde este marco teórico los escenarios en los cuales es más probable que emerjan campañas de resistencia civil al conflicto armado.

2. La teoría de las amenazas y el alto riesgo en el estudio de los MS

En el campo de estudio de los MS se han dado dos avances fundamentales para entender el impacto del conflicto en la movilización social: la teoría sobre la acción colectiva de alto riesgo³, que planteó Douglas McAdam (1986) y la diferenciación conceptual entre amenazas y oportunidad, que propusieron Jack Goldstone y Charles Tilly (2001). Bajo estas líneas de investigación se han adelantado diversos estudios sobre acción colectiva en contextos de alto riesgo y amenaza (Loveman, 1998; Einwohner y Maher, 2011; Khawaja, 1993; Brockett, 2005).

De esta literatura se destacan algunos aspectos: primero, cabe precisar la relación entre alto riesgo y amenazas. En ese sentido, resulta útil revisar la propuesta de Paul Almeida (2003: 351), quien, con el fin de explicar la acción colectiva en regímenes represivos, desagregó los componentes de la amenaza e identificó la represión como uno de los más importantes. Este último factor se ha identificado en estudios en esta materia como el principal factor que determina la condición de alto riesgo de ciertos tipos de MS. Por ello, es posible plantear que la represión estatal y las acciones violentas de otros actores sociales (como los GA) hacen parte de las amenazas del contexto socio-político que elevan los costos y el riesgo para la acción colectiva en las guerras civiles.

Un segundo punto a tratar es la forma en que la literatura de la acción colectiva de alto riesgo en particular, y de los MS en general, aborda la pregunta acerca de los efectos del conflicto armado en la movilización social. Se destaca, para iniciar, la carencia de estudios en la academia internacional que hayan incorporado modelos o supuestos de la teoría de la guerra civil, para entender el objeto de estudio de este artículo. Además, tampoco se encontraron trabajos académicos en los que se evaluaran las interacciones de los GA y los MS. Un ejemplo claro de estos dos temas es el trabajo seminal de Brockett (2005), sobre la emergencia de movimientos contenciosos en países con guerras civiles (El Salvador y Guatemala). En esta obra el autor estudia cómo el Estado reprime a los MS y a los grupos insurgentes de ambos países, pero no determina de qué forma las acciones de los insurgentes afectan a los civiles que se movilizan.

Por el contrario, en Colombia es posible destacar el trabajo de varios autores que no solo han incorporado teorías y modelos del estudio del conflicto armado para entender cómo la guerra moldea la acción colectiva de los civiles, sino que también han hecho objeto de su preocupación teórica las relaciones entre los grupos del conflicto y los MS y OS. Mauricio García (2005), como muestra de lo anterior, plantea que el contexto socio-político estructura la acción colectiva de los civiles. En ese sentido, propone el concepto de entornos violentos de la acción colectiva contestataria, para caracterizar los escenarios sociales en donde emerge la mayor parte de este fenómeno en Colombia, como aquellos donde prima la presencia precaria del Estado y la debilidad de la sociedad civil. Pese a la pertinencia de su propuesta teórica, el análisis de los factores que configuran los escenarios violentos tiende a ser estático; no se aborda cómo las variaciones en las dinámicas del conflicto representan un cambio favorable o no para la movilización social.

Por su parte, María Uribe de Hincapié (2006: 63), realizó un trabajo pionero en la exploración de las formas de resistencia de los civiles a las dinámicas del conflicto armado y la violencia en el nivel local. Con base a la propuesta teórica de James Scott y a la observación de la experiencia de distintas comunidades locales en Colombia, identificó que los operadores de orden y violencia (grupos del conflicto), nunca logran una dominación total de la población y siempre encuentran formas de resistencia. Las características de estas acciones, no obstante, dependen del tipo de escenario de la guerra que se configura en el nivel micro. En contextos con un solo operador, la resistencia es menos visible, no siempre pública y difícil de aprehender; hace parte de un discurso oculto en el que combatientes y civiles aparentan ser la imagen de dominación/sumisión (65-66). En contextos con dos o más operadores, marcados por una disputa por el control territorial, el discurso oculto se vuelve insostenible y los civiles se encuentran ante la disyuntiva de huir o aparecer en público (72-73).

Otro aporte importante a la comprensión del impacto del conflicto armado en la movilización social es el trabajo de Sandra Bautista (2010: 68), quien aplicó la teoría de la acción colectiva de alto riesgo para comparar la movilización de comunidades campesinas en dos municipios de Tolima (Chaparral y El Líbano) con presencia del conflicto armado. Según esta autora, los escenarios de alto riesgo en donde este tipo de acción colectiva selleva a cabo, están configurados por la articulación de cuatro factores: las características de los agentes organizados de violencia, la dinámica de confrontación armada entre ellos, las formas de violencia política más utilizadas y los intereses en disputa a partir de las transformaciones socio-económicas del territorio.

Finalmente, está el valioso trabajo de Gloria Restrepo, Paola García, Sandra Bautista y Daniel Peñaranda (2011), quienes, a su vez, basados en la teoría de la acción colectiva de alto riesgo, construyeron un índice de riesgo de las acciones colectivas emprendidas en zonas rurales. El índice mide tresdimensiones de los escenarios de riesgo que se configuran en el marco del conflicto armado: la amenaza, la vulnerabilidad y la protección.

La amenaza está asociada con "la posibilidad y capacidad de los grupos del conflicto de causar daño a la población civil" (Restrepo, et al, 2011: 22). Con base en la propuesta de Kalyvas (2006) sobre la lógica de la violencia en las guerras civiles, estos autores sostienen que la amenaza de violencia (dimensión externa del riesgo para la acción colectiva) está determinada por la presencia de grupos del conflicto en un municipio, el nivel de confrontación entre ellos y el tipo de violencia contra la población civil que ejercen según el grado de control y disputa del territorio (26).

La vulnerabilidad, por su parte, está relacionada con la dimensión interna del riesgo para la acción colectiva y "da cuenta de los aspectos que limitan la capacidad de la población civil para afrontar y superar las amenazas" (Restrepo, et al, 2011: 28). Por último, la protección da cuenta de los "factores que inciden o median como elementos de resistencia, mitigación o disuasión frente a la situación de riesgo observada" (Restrepo, et al, 2011: 31).

La propuesta teórica es pertinente para analizar el objeto de estudio del artículo. Sin embargo, frente a ella, es necesario hacer dos consideraciones: (1) como ya se señaló, la teoría de Kalyvas tiene limitaciones para comprender las interacciones entre civiles y combatientes, por lo que se plantea abordar esta problemática desde la propuesta de Ana Arjona. (2) El índice deja de lado una dimensión determinante en la configuración del riesgo para la acción colectiva: la naturaleza misma de la movilización social. A lo largo del artículo se sostendrá que junto con la presencia de los grupos del conflicto y el nivel de disputa en un municipio (amenazas), y las debilidades (vulnerabilidades) y fortalezas (protección) de los habitantes de unacomunidad, es –sobre todo– el grado de desafío que plantean a los grupos del conflicto quienes se movilizan lo que configura el escenario de riesgo para la acción colectiva en contextos de conflicto.

II. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

El marco que se desarrollará a continuación, define bajo qué concepto y enfoque teórico se aborda la emergencia de movilizaciones sociales en contextos de alto riesgo y amenaza por la guerra civil. También establece un modelo de análisis dinámico de las interacciones civiles combatientes irregulares-Estado, con base en la propuesta teórica de Arjona.

1. La contienda política en contextos del conflicto armado

La especificidad de la movilización social en Colombia es el alto riesgo y las amenazas que la guerra civil impone a los integrantes de las comunidades locales que se pretenden involucrar en este tipo de activismo (García, 2005; Bautista, 2010). Es necesario, por lo tanto, determinar el concepto y la escuela de los MS para analizar el objeto de estudio de este documento.

En cuanto a lo primero, se propone enmarcar el estudio de la movilización social en contextos de guerra civil desde el concepto de contienda política planteado por McAdam, Tilly y Tarrow (2001), que no es otra cosa que las interacciones públicas y episódicas entre reclamantes y sus objetivos, cuando al menos un gobierno es objeto de las reclamaciones o es uno de los reclamantes y cuando las reclamaciones podrían afectar los intereses de, al menos, una de las partes (P. 5).

Es necesario hacer dos consideraciones frente a esta definición. Primero, ¿cómo abordar fenómenos como la guerra civil y la movilización social que ocurren simultáneamente en una misma entidad nacional? Autores como Brockett (2005) han propuesto estudiar a los GA y los MS como movimientos contenciososque desafían al Estado. Aunque este análisis es acertado, dado que, en efecto, tanto GA como MS son retadores del Estado (énfasis en las similitudes), establece una serie de limitaciones para entender el impacto mutuo entre estos tipos de fenómenos ( énfasis en las diferencias). Por lo anterior, se propone hacer un giro en el análisis de un escenario en el que se contemplen GA y MS/OS⁴ como integrantes de una misma parte que interactúa con otro, el Estado; a un escenario en donde se haga énfasis en las relaciones complejas entre tres partes: MS/OS, GA y Estado. Esto implica tener presente las similitudes, pero, sobre todo, las diferencias entre guerra civil y movilización social⁵.

Segundo, es necesario superar el enfoque "Estadocéntrico" del concepto de contienda política, según el cual siempre tiene que estar presente un Estado como objeto o actor reclamante. En el marco de los conflictos internos, los civiles que despliegan acciones colectivas no siempre encuentran como adversario colectivo o como objeto de sus reclamaciones al Estado. Como se explicará más adelante, la mayoría de GA en las guerras irregulares pretenden ejercer soberanía sobre las poblaciones y los territorios que están bajo su control (Arjona, 2010). Por consiguiente, algunas acciones colectivas de los civiles pueden desafiar no solo al Estado, sino también –o exclusivamente– a los GA y sus aspiraciones de convertirse en gobernantes de facto en determinados territorios.

2. El Modelo del Proceso Político y el análisis dinámico de los MS

Entre las escuelas de estudio de los MS⁶, el Modelo del Proceso Político (MPP) es pertinente para abordar el objeto de estudio del documento. Pese a sus limitaciones teóricas⁷, este enfoque hace énfasis en el dinamismo, la interacción estratégica entre partes inmersas en un conflicto y la respuesta al contexto político (McAdam, et al, 2001: 16). En su propuesta clásica estos autores desarrollaron una serie de elementos teóricos que pueden enriquecer el análisis de las interacciones entre MS/OS, GA y Estado.

En su obra seminal sobre MS, Tilly (1978: 98) describe el modelo político (polity model) como aquel que permite estudiar las relaciones entre los contendientes (partes inmersas en un conflicto por el poder), en contraposición al modelo de movilización que describe el comportamiento de un solo contendor⁸. El modelo político es central para el análisis que aquí se plantea. Según Tilly, en una contienda política siempre están involucradas al menos dos partes: un grupo retador y uno contendor. El comportamiento de la segunda parte (el contendor) puede ser ubicado en un continuo entre la represión y la facilitación, teniendo como punto intermedio la tolerancia (100). La represión se define como toda acción de un grupo contendor que incrementa los costos de una acción colectiva para un retador. Por el contrario, la facilitación consiste en las acciones que disminuyen esos mismos costos.

Dichas conductas pueden ir dirigidas hacia la capacidad organizacional de un MS, en general, o hacia una acción colectiva determinada; además, pueden ser observadas en el comportamiento de una misma parte (Tilly, 1978: 100). Un grupo contendor también puede ser indiferente frente a un MS o frente a una acción en particular; comportamiento denominado tolerancia (P. 107).

En este artículo se examinan las acciones de los GA y del Estado que pueden ser enmarcados en estos tres tipos de conductas. Sin embargo, es necesario atender dos problemáticas de esta teoría: en primer lugar, equiparar a un GA con una conducta represiva puede resultar desacertado, dado que este término está fuertemente asociado al comportamiento del Estado. Por lo tanto, un término más adecuado para denominar las acciones de los grupos no estatales, que inhiben la acción colectiva de los retadores, puede ser la retaliación. Tanto represión estatal como retaliación hacen parte de lo que Jenniferl Earl (2006: 130) denomina control social (violento) de la protesta.

En segundo lugar, la noción de una segunda parte facilitando a un retador de manera incondicional y desinteresada, ha sido cuestionada por varios autores, incluyendo el mismo Tilly. Para McAdam (1992), por ejemplo, los MS aceptan el apoyo de socios externos que puedan proveer recursos organizacionales para que el movimiento se sostenga en el tiempo (y así resolver el dilema organizacional). Sin embargo, señala el autor, este apoyo externo puede otorgar a los aliados estratégicos un control considerable sobre las dinámicas del movimiento; "si la organización del movimiento usa los recursos en una manera consistente con los intereses y las metas de su patrocinador, entonces es más probable que el soporte continúe sin interrupción" (55). Así, el comportamiento de facilitación de una segunda parte (el grupo retado) puede entrañar un intento de cooptación del movimiento.

Para este punto es necesario preguntarse ¿qué determina el tipo de respuesta de la segunda parte inmersa en una contienda? McAdam (1992: 57), analizando la interacción entre élites políticas/Estado y MS, sostiene que del grado de amenaza u oportunidad que un MS representa para un Estado (y las élites políticas) dependerá el tipo de control social que este haga de la movilización social. La atribución de amenaza u oportunidad depende de los intereses de las élites políticas y de las características del MS, en particular, de sus tácticas y metas.

McAdam (1992: 58) distingue las tácticas institucionalizadas de las que no lo son. Las primeras se ajustan a los canales establecidos o apropiados de resolución de conflictos. Esto las hace poco amenazantes para las élites políticas, ya que, en el marco de estos canales, la disparidad del poder entre las élites y los retadores es más grande. Por el contrario, cuando un movimiento apela a tácticas no institucionalizadas, tiene un efecto en el nivel simbólico y fáctico que es considerado por las élites como un gran desafío.

En torno a las metas, McAdam (1992: 59) diferencia entre las metas radicales, que desafían en lo fundamental al sistema político y/o económico, y las metas moderadas, que pretenden modificar un solo aspecto del sistema. Las primeras, causan unidad entre las élites, y por esta vía, conducen a una mayor represión estatal de los movimientos que las persiguen. Las últimas generan división entre las élites, por lo cual pueden recibir una oposición frontal de aquellos grupos que vean afectados sus intereses, y apoyo de quienes se beneficien con las reformas planteadas. Es decir, las tácticas no institucionalizadas y las metas radicales generan una mayor represión por parte del Estado.

2.1. Límites del concepto de soberanía en el análisis de las interacciones grupos del conflicto-civiles

El tipo de guerra que se libra en un país impone una serie de incentivos sobre los grupos del conflicto en torno a su comportamiento frente a los civiles y al territorio (Kalyvas, 2006, Arjona, 2010). En Colombia se libra una guerra civil irregular, caracterizada por una asimetría de poder entre los grupos en conflicto, a saber, el Estado y los GA (insurgentes y paramilitares). Según Arjona (2010: 55), en este tipo de conflictos, dada la disparidad en la capacidad bélica de los actores políticos rivales, la estrategia de los insurgentes consiste en el control y preservación de territorios más que en el éxito en la confrontación armada. Por lo tanto, los GA en condiciones asimétricas tienen perspectivas de largo plazo y persiguen dos metas: ser soberanos (tener control absoluto) sobre un territorio y maximizar los subproductos asociados a esa condición. El segundo objetivo depende del logro del primero, el cual presenta un reto de carácter externo para los GA: mantener al actor político rival fuera del territorio; asegurar un espacio "liberado".

Kalyvas (2006: 88) afirma que las guerras irregulares alteran la naturaleza de la soberanía, mediante la fragmentación del espacio. El concepto de soberanía que plantea Kalyvas resulta útil para entender qué tanto un grupo insurgente logra establecerse como soberano sobre un territorio y cómo eso determina su comportamiento frente a los civiles. El autor distingue entre dos tipos generales de soberanía: segmentada, cuando dos o más actores políticos ejercen completa soberanía sobre partes distintas del territorio estatal; y fragmentada, cuando dos o más actores políticos ejercen soberanía limitada sobre la misma parte de un territorio del Estado (89). Existe soberanía segmentada en los espacios que Kalyvas denomina zona 1, de control total del titular (Estado), y zona 5, de control total de los insurgentes (196). Por su parte, es posible observar soberanía fragmentada en los espacios que corresponden a la zona 2, controlada principalmente por los titulares (control estatal dominante), la zona 4, controlada principalmente por los insurgentes (control insurgente dominante), o la zona 3, controlada de manera equivalente por ambas partes (paridad) (196).

En los territorios donde la soberanía es fragmentada, los grupos del conflicto tienen una perspectiva de corto plazo, de tal forma que para ellos la competencia militar prima sobre la dimensión política (Arjona, 2010: 66). Bajo estas circunstancias, las organizaciones armadas demandan una cooperación de los civiles, orientada de manera casi exclusiva a conseguir objetivos militares. Estos objetivos difieren según el tipo de control que los grupos ejercen en un territorio. Según Kalyvas (2006), en las zonas 2 y 4, los grupos tienen incentivos para usar violencia contra los civiles con el ánimo de conseguir su cooperación; el grupo dominante ejercerá violencia selectiva, mientras que el retador, violencia indiscriminada.

En contraste, el grupo que controla plenamente un territorio tiene una relación distinta con la población que está bajo su influencia. En las zonas 1 y 5 de soberanía segmentada, afirma Kalyvas (2006: 132), son bajos los incentivos que tienen los civiles para desertar y los que tiene el grupo soberano para ejercer violencia. Con el tiempo, este grupo conseguirá niveles cada vez mayores de colaboración civil, a través de diferentes vías (incluida la coerción) (124). Sin embargo, la cooperación que obtienen los grupos de conflicto bajo estas condiciones no es uniforme, e inclusive puede ser limitada por el rechazo, indiferencia o resistencia de las comunidades –sobre todo en el caso de los GA– (Weinstein, 2007; Arjona, 2008). De lo anterior se sigue que este modelo de soberanía es válido para entender la dimensión militar que determina el comportamiento de los grupos del conflicto, pero es limitado para entender las interacciones combatientes-civiles en escenarios bajo el control total o predominante de los primeros.

2.2. La construcción de órdenes sociales en zonas de guerra

La teoría de Arjona (2008; 2010) sobre la configuración de órdenes sociales en zonas de guerra, como resultado de la interacción en escenarios locales entre grupos del conflicto (principalmente no estatales) y civiles, permite abrir la "caja negra" del modelo de Kalyvas que se señaló más atrás, y, por esta vía, aporta elementos para entender y explicar el "problema interno" de los GA que pretenden conseguir metas de largo plazo (la relación del grupo con los civiles), así como poner en primer plano en el análisis la capacidad de agencia de los civiles en las guerras internas.

Por orden social en zonas de guerra Arjona (2010: 22) entiende la existencia (o carencia) de normas que garantizan predictibilidad en el comportamiento de civiles y combatientes en espacios locales. Las zonas de guerra son los territorios donde GA tienen presencia continua, independientemente del nivel de control territorial que ejerzan (23) (es decir, en las zonas 2 a 5 de Kalyvas).

La tipología de órdenes sociales que propone Arjona (2010: 25) responde a dos dimensiones: por un lado, a la existencia de un "contrato social" entre GA y población civil, es decir, a una serie de obligaciones ("derechos" y "deberes") que regulan la interacción entre las partes y, por otro lado, a la intervención de los GA en los asuntos civiles, que puede ser estrecha o amplia. Cuando es estrecha, el grupo se limita a la recolección de bienes materiales que garanticen su subsistencia y a la regulación de los asuntos relacionados con la seguridad (control militar del territorio y preservación del orden público a través de un aparato policivo) (26). Si la intervención es amplia, el grupo regula la vida de los habitantes locales más allá de la seguridad y el cobro de impuestos; teniendo injerencia en la administración de los recursos locales, las prácticas políticas e, incluso, los comportamientos privados (27).

En virtud de estas dimensiones, la autora distingue entre tres tipos de órdenes: Desorden, cuando no existe un contrato social y las conductas de los combatientes no son previsibles para los habitantes locales; Vigilancia, cuando existe un contrato social y los grupos tienen un margen de intervención estrecha de los asuntos civiles; y Rebelocracia, cuando existe un contrato social y el grupo tiene un margen de intervención amplia en los ámbitos de la vida local; es decir, es un gobernante de facto de un territorio (Arjona, 2010: 24).

Para Arjona (2010), tres factores determinan la configuración de un orden social en un territorio: el horizonte de tiempo de un GA; la calidad de las instituciones de las comunidades locales antes del arribo del actor armado (alta calidad, si las instituciones son legítimas porqueregulan los comportamientos de los habitantes y son aceptadas por ellos; o baja calidad si las instituciones son ilegítimas); y, por último, el valor que el grupo le otorga al territorio que buscan controlar.

Una Rebelocracia emerge cuando un GA tiene una perspectiva de largo plazo y llega a la localidad de una comunidad con instituciones de baja calidad. Allí, el actor logra un control militar total o al menos predominante sobre un territorio (es el soberano de la zona 5 o 4), y se ha instaurado como gobernante de facto en él, sustituyendo o controlando las instituciones que regulaban las relaciones de los habitantes que están bajo su área de influencia (Arjona, 2010: 59). En este tipo de orden no es previsible la emergencia de resistencia civil; por el contrario, el grupo tiene una expectativa de cooperación civil de alto o medio nivel (apoyo y obediencia en diversos campos de los asuntos civiles) (Arjona, 2008: 119)⁹.

Una Vigilancia se origina cuando un grupo "soberano" (similar al del orden anterior, en tanto tiene un horizonte de largo plazo) tiene que limitar sus pretensiones de control sobre los asuntos locales, debido a que la comunidad a la que llega tiene instituciones de alta calidad, por lo cual reconoce la posibilidad de resistencia de los civiles que están bajo su área de influencia (Arjona, 2010: 70-71). Allí, es probable que emerja resistencia civil en dos circunstancias: si el grupo rompe los acuerdos establecidos con la comunidad, concernientes al límite de su interferencia en la autoridad y laautonomía de la comunidad; o si el grupo pretende establecer un orden social que amplía su nivel de injerencia en los asuntos civiles (p.e., la Rebelocracia). Los grupos esperan conseguir, al menos, una cooperación civil de bajo nivel (obediencia) (Arjona, 2008: 119).

Por último, una situación de Desorden se establece cuando un GA tiene incentivos para controlar un territorio mediante el ejercicio exclusivo de la violencia, dado que al estar en medio de una disputa militar álgida con su rival (zonas 2, 4 y, principalmente, 3) tiene una perspectiva de corto plazo (Arjona, 2010: 66). También emerge este tipo de orden cuando un grupo le otorga un alto valor al territorio, pero tiene una expectativa de baja cooperación civil en ese lugar (Arjona, 2010: 78). Es probable que emerja resistencia en comunidades con instituciones de alta calidad. Los grupos recibirán un nivel de cooperación civil nulo o mínimo (no obediencia) (Arjona, 2008: 119).

III. HIPÓTESIS: UNIENDO LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS

En esta parte se derivan algunas hipótesis sobre las acciones de los GA frente a la ACC y los procesos organizativos de los civiles, y la respuesta del Estado frente a estas dinámicas.

1. La perspectiva del GA

Los MS/OS son retadores. Ellos tienen una interacción constante con su contexto; presionan cambios en el sistema político que afectan los intereses de sus contendores, quienes responden a los desafíos que se les plantean. La mayoría de estos desafíos van dirigidos hacia el Estado, buena parte de la literatura sobre MS se concentra en esa relación, pero en el marco de una guerra civil las ACC de los civiles también pueden ir dirigidas hacia los GA. A su vez, estos últimos tienen un comportamiento muy variable, tanto en su naturaleza como en su intensidad, frente a los procesos organizativos y la protesta social.

En este artículo se argumenta que el comportamiento (la reacción) de los GA frente a la movilización social depende de dos factores: el carácter de la ACC y de los procesos organizativos que se despliegan, por un lado; y las características de las organizaciones armadas, por el otro.

En cuanto al primer factor, existen dos variables que caracterizan la movilización social, cuando se examina en el marco de un enfoque relacional: la táctica o el tipo de acción colectiva que se lleva a cabo y la meta que esta persigue, es decir, qué reclamaciones se están realizando y quién es su destinatario. Estas dos variables van a determinar qué tanto la movilización social es percibida como un desafío, no solo para quien va dirigida, sino también para los otros contendores.

El segundo factor concierne a la estrategia político-militar del GA y a sus intereses particulares en un espacio y tiempo determinados.

En cuanto a la primera variable, es importante considerar los marcos políticos, ideológicos y de estrategia militar que asumen los GA, que pueden afectar su relacionamiento con los MS/OS¹⁰. Para esto, es posible usar el enfoque que plantea Carlos Medina (2010) en su estudio de los grupos guerrilleros colombianos. Según él, estos actores sociales y políticos, han asumido una cultura política que les permite definirse a sí mismas y al mundo con el que interactúan (103). No obstante estos marcos de interpretación colisionan con la realidad social y con las limitaciones propias de cada organización (103); lo que, por efecto, genera una disparidad entre lo que ellos persiguen y lo que efectivamente realizan, fisura que se ensancha o ajusta según el contexto particular en el que se encuentran (1023). Lo importante de estos marcos es que plantean una serie de predisposiciones a los GA que afectan su actuación, y por ende, su reacción frente a la movilización social¹¹.

La segunda variable determinante radica en los intereses particulares que tiene un actor armado que pretende ser soberano en un territorio establecido. De la teoría de los órdenes sociales explicada con antelación, se propone usar en el análisis las expectativas que los grupos sostienen frente a la cooperación civil y a la amplitud de su capacidad de injerencia en los asuntos de la vida local.

Al llegar aquí, es posible plantear que los GA tienen tres tipos ideales no excluyentes de comportamientos frente a la movilización social:

• Apoyo: cuando un grupo ofrece su colaboración o la impone en un proceso de organización social o en ACC específicas.

• Boicot: cuando un grupo adelanta acciones que obstruyen un proceso de organización social o intervienen negativamente en ACC específicas.

• Indiferencia.

1.1 Apoyo

Los GA tienen incentivos para ofrecer "apoyo" a las ACC y a los procesos organizativos de los civiles que se constituyen en un desafío para el Estado, ya sea por la forma como se llevan a cabo estos procesos o por las metas que persiguen quienes los despliegan¹². Es posible identificar tres incentivos que tienen los grupos para realizar este tipo de acciones:

En primer lugar, les permite proyectar una imagen de legitimidad en su área de influencia. Según Arjona (2008: 118) en las guerras irregulares, los actores armados, sobre todo insurgentes), buscan conseguir legitimidad en el ámbito internacional y nacional. Un grupo puede hacer un cálculo del siguiente tipo: si apoya una movilización social que plantea un reto significativo al Estado, proyectará una imagen de actor poderoso, con capacidad de movilización de masas y con una "base social" fuerte; es decir, legítimo.

En segundo lugar, con este tipo de comportamiento, los grupos pueden ganar poder y transformar situaciones locales a su favor, ofreciendo apoyo a la movilización social de masas o de élites locales (Arjona, 2008: 150). Ellos se presentan a un sector social como "un colaborador de la movilización ya en marcha, o como un líder que pretende iniciarla y favorecerla" (150). Esta estrategia les puede resultar exitosa, dado que "(…) a medida que el grupo alcanza éxitos –como sostener un paro, convocar gente a una protesta, mejorar la seguridad o hacer creíbles las amenazas del movimiento–, la aceptación inicial del rol que cumple el grupo armado en el territorio va creciendo y su presencia se va consolidando" (151). Adicional al nivel de influencia que adquieren en el nivel local, esta situación les permite avanzar en el objetivo de presentarse como actores políticos poderosos.

Finalmente, estas acciones les permiten a los GA legitimar ciertos elementos de su discurso político. En ese sentido, Bautista (2010: 130) señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) estaban interesadas en promover el Paro Cafetero de Tolima en 1995, no solo por su tradición y arraigo en la región, sino también porque el problema agrario ha sido uno de los elementos históricos de su discurso político.

Ahora bien, el tipo de orden social que un GA ha establecido en una localidad dada, instaura los alcances y limitaciones que tiene el grupo para ofrecerapoyo a una movilización social. Los mecanismos que el grupo emplea divergen en un escenario de Rebelocracia a uno de Vigilancia o de Desorden.

En una Rebelocracia el grupo puede asumir el rol de socio estratégico de la movilización social. Lo hace favoreciendo, creando o permitiendo de manera controlada espacios de OS (Arjona, 2010:80)¹³, o dando soporte logístico a una ACC específica¹⁴. En el corto plazo, estas acciones disminuyen los costos de la movilización social; pero, en el mediano y largo plazo, tienen un resultado contraproducente, tanto en los riesgos como en los costos que deben asumir los civiles que se movilizan para hacer reclamaciones al Estado.

Este nivel de intervención en la movilización social se explica por la capacidad de injerencia del grupo en los asuntos civiles del nivel local. En un escenario de fuerte control como este, la oferta de apoyo puede ser aceptada por los MS/OS, ya sea por la confluencia de intereses entre las partes o por la capacidad que tiene el "gobernante de facto" de imponer su intervención en un momento dado. Aún así, lo anterior no significa que la movilización social en este tipo de regiones inicie y se sostenga únicamente por la iniciativa de un GA; quienes protestan tienen motivaciones para hacerlo: ellos no pueden ser entendidos como una masa inerte e incapaz de tomar decisiones (Bautista, 2010; Bolívar, 2006).

En el orden social de Vigilancia, por el contrario, el grupo tiene un nivel menor de control de los asuntos civiles, y su oferta de cooperación en la movilización social puede ser rechazada por los líderes de los MS/OS. En esas circunstancias, al grupo le queda como alternativa usar una estrategia de infiltración. Según Arjona (2008: 150) los actores armados infiltran la movilización social como una vía a través de la cual buscan conseguir poder a nivel local. Los grupos generan divisiones entre los líderes de los MS/OS, o aprovechan las tensiones existentes, para conseguir participación en estas instancias de liderazgo (150). Así mismo, los grupos armados infiltran a algunos de sus integrantes en las ACC de su interés; acción que es de difícil control por parte de los MS/OS¹⁵.

Estas acciones de los GA no disminuyen los costos logísticos de los MS/OS; al contrario, la inspección que tienen que hacer los MS/OS, para evitar la infiltración de los GA, representa altos costos y pobres resultados para los organizadores de la movilización social¹⁶.

El apoyo que ofrecen o imponen los GA tiene consecuencias en la movilización social. En concreto, es posible identificar cuatro efectos: primero, la supeditación de los intereses de los MS/OS a los intereses político-militares del socio estratégico. En otras palabras, la cooptación que señalaba McAdam termina por afectar la autonomía de los grupos retadores del Estado y, a su vez, en circunstancias específicas, puede generar una parálisis organizativa¹⁷. Segundo, la criminalización y estigmatización de la cual son objeto los MS/OS que despliegan estas acciones, tanto por parte del Estado como por otros sectores sociales. Esto permite a sus contendores justificar el control estricto que hacen de la movilización social, a partir de la represión estatal o de las acciones de otros sectores sociales (p.e., la retaliación de otros grupos del conflicto)¹⁸. Tercero, el distanciamiento entre los líderes y las bases de los MS/OS (González, 2006: 521), de un lado, y, de otro lado, el alejamiento frente al movimiento de los simpatizantes externos que no son radicales. La percepción sobre la presencia de actores armados en la movilización social por parte de observadores externos al movimiento, resta la capacidad que tienen los grupos retadores de generar solidaridad con las campañas de protesta que adelantan (González, 2006: 540). Por último, el debilitamiento del proceso organizativo¹⁹.

A manera de cierre, es posible plantear la siguiente hipótesis:

H1. Los GA apoyan la movilización social que tiene como objeto de sus reclamaciones al Estado, cuando ellos atribuyen a este comportamiento una oportunidad para beneficiar sus intereses político-militares.

1.2 Boicot

Los GA tienen fuertes incentivos para boicotear y suprimir todas las ACC y los procesos organizativos que los civiles adelantan en contra de ellos. Como se argumentó más atrás, hay mayor probabilidad de que este tipo de acciones ocurran en escenarios de menor control por parte de un actor armado que pretende ser soberano sobre un territorio, tales como la Vigilancia. La movilización social de este tipo se constituye en un desafío a la autoridad del GA, en particular, a sus pretensiones de control territorial y poblacional en un orden social determinado.

Andrés Vargas (2008), concluyó que la violencia paramilitar en contra de las OS de Barrancabermeja era una respuesta de estos grupos a las manifestaciones públicas de rechazo y resistencia civil frente a las pretensiones de los paramilitares de constituirse en gobernantes de facto del territorio. En efecto, cuando los MS/OS adelantan una resistencia de manera sostenida en el tiempo frente a las pretensiones de autoridad de un GA, consiguen dos resultados, según Vargas: primero, minar la eficiencia y efectividad de la violencia como principal mecanismo (o último recurso) que ejerce el grupo para controlar a la población (14); y, segundo, enviar un mensaje al resto de la población en torno a la posibilidad de subvertir el orden social que pretende imponer el actor armado (14).

Así mismo, es posible observar una notable desconfianza por parte de los GA frente a los procesos organizativos de los civiles que tienen un carácter autónomo. Esa desconfianza puede conllevar a un ejercicio de boicot y retaliación. Arjona (2008: 80) señala que los actores armados tienen pocos incentivos para patrocinar o permitir ejercicios independientes de organización y/o gobierno civil, dado que la autonomía de los habitantes reduce la capacidad que tienen los combatientes de moldear las dinámicas locales a su favor. Esta desconfianza se incrementa, cuando estas organizaciones son muy fuertes, y no se limita a los grupos contrainsurgentes. Según Daniel Pécaut (2008, 70), las farc no "ven con buenos ojos a las organizaciones sociales autónomas, y a menudo las manipulan".

Aunque no se espera que emerja resistencia civil en una Rebelocracia²⁰, en todo caso, en esa circunstancia hipotética es posible plantear que el grupo tendría la capacidad de "desautorizar" o suprimir tempranamente cualquier proceso incipiente de resistencia en su territorio de influencia.

Por el contrario, en un orden de Vigilancia, el grupo tiene pocas alternativas diferentes al uso de la violencia (retaliación) como mecanismo para boicotear la movilización social que lo desafía. Siguiendo la propuesta de Vargas (2008), se sostiene que en una Vigilancia, un GA que ha sido retado empleará violencia selectiva en contra de los integrantes y líderes del MS/OS retador/a. En un escenario de Desorden, el/los GA retado/s usarán violencia indiscriminada contra la población civil en general, con el objetivo de disuadir conductas que se consideren contrarias a sus intereses en el territorio.

En cuanto a las consecuencias del boicot, la posibilidad de retaliación incrementa significativamente los riesgos físicos de la movilización social (sobre todo de la resistencia civil).

De igual forma, no se puede descartar un aumento en los costos logísticos en que deben incurrir los líderes y participantes de estas acciones, quienes deben realizar los procesos organizativos bajo ciertos parámetros de reserva e inclusive de clandestinidad. Situación que no los exime del "boicot logístico" y la presión que ejercen los GA, mediante el robo de materiales, equipos e información confidencial; las amenazas para que no se realicen actividades específicas; e inclusive los ataques violentos contra sedes físicas de los MS/OS.

Para finalizar, es posible plantear la siguiente hipótesis:

H2. Los GA suprimen la movilización social que los tienen como objeto de reclamaciones.

1.3 Indiferencia

Cuando los civiles adelantan ACC o procesos organizativos que tienen como objeto de sus reclamaciones al Estado, pero ni sus metas ni sus tácticas le plantean un serio desafío, es posible esperar que los GA sean indiferentes frente a este tipo de movilización social. No ejercerán acciones a favor ni en su contra.

2. La perspectiva del Estado

Similar a la situación de los GA, el Estado tiene incentivos para comportarse de manera diferenciada frente a las ACC y los procesos organizativos de la población civil. Cuando la movilización social se dirige principalmente hacia los GA, es posible esperar que el Estado tenga un comportamiento que oscile entre la tolerancia o la facilitación, dependiendo de si el Estado atribuye a estas acciones una oportunidad para beneficiar sus intereses²¹. Si, por el contrario, la movilización se dirige hacia el Estado, este puede responder a ella en un continuo entre la atención y la represión.

Se sostiene que el Estado asume un comportamiento represivo frente a la movilización social cuando le atribuye una amenaza para sus intereses. Esto depende de dos factores: en primer lugar, el tipo de movilización social que se despliega y, en segundo lugar, la percepción estatal acerca de la posibilidad de intervención de un GA en estas acciones.

En cuanto al primer factor, el Estado puede considerar que la movilización es riesgosa para sus intereses cuando persigue metas radicales y/o las tácticas que se despliegan no son institucionalizadas, son acciones disruptivas (Tarrow, 1997).

En cuanto al segundo factor, como se ha presentado más atrás, el Estado tiende a deslegitimar y a reprimir con mayor severidad la movilización social en la que se presume existe influencia de GA. La posibilidad de que un grupo intervenga en una movilización social provee incentivos al Estado para reprimirla. Estos incentivos pueden ser de dos clases: positivos, dado que la presencia de un GA en un territorio donde se presenta una movilización social, le ofrece al Estado una excusa para justificar un comportamiento represivo contra los manifestantes, independientemente de qué tan verídico sea la supuesta injerencia del grupo en este tipo de acción colectiva. Negativos, dado que el Estado puede considerar como una amenaza la injerencia de un grupo en una movilización social, cuando efectivamente identifica su intervención en estas acciones.

Para este punto es posible plantear la siguiente hipótesis:

H3. El Estado reprime la movilización social que lo tiene como objeto de sus reclamaciones, cuando le atribuye una amenaza por sus características innatas o por la injerencia de un GA en ella.

CONSIDERACIONES FINALES

Para finalizar, es preciso abordar dos temáticas para el cierre del documento: en primer lugar, determinar cuál es el impacto de las acciones de los GA y el Estado frente a la movilización social, en términos de riesgo para los civiles que se involucran en este tipo de activismo. En segundo lugar, señalar algunas variables que pueden enriquecer la propuesta del documento.

Frente a lo primero, como un ejercicio de síntesis, es posible plantear que en contextos de conflicto armado, las ACC y los procesos organizativos de los civiles enfrentan diferentes clases y niveles de riesgo según el desafío que plantean a los contendores a los que se dirigen:

· Cuando la movilización se dirige hacia el Estado pero no le representan un desafío, los GA tienen poco incentivos para apoyarla, y el Estado tiene pocos incentivos para reprimirla. El nivel de riesgo es bajo.

· Cuando la movilización se dirige hacia el Estado y le representa un desafío, los GA tienen incentivos para ofrecer apoyo a este tipo de activismo. Sin importar si el apoyo es rechazado o aceptado, el Estado considera la movilización como una amenaza y tendrá incentivos para reprimirla. El nivel de riesgo es alto.

· Cuando la movilización se dirige hacia un GA, este la considera un desafío y una amenaza a sus pretensiones de ser soberano en un territorio. Por lo tanto, tendrá incentivos para suprimirla, mediante la retaliación hacia sus participantes. El Estado, por su parte, puede facilitarla o tolerarla. El nivel de riesgo es alto.

· Cuando la movilización se dirige al mismo tiempo hacia un GA y el Estado, y le plantea un desafío a ambas partes, tanto el grupo como el Estado tendrán incentivos para suprimirla mediante la retaliación y la represión de sus participantes, respectivamente. El nivel de riesgo es el más alto posible.

En cuanto a la segunda temática, hay tres variables que pueden ser incorporadas para hacer más robusta la propuesta teórica planteada. La primera variable a considerar es el tiempo. Como lo señala McAdam (1992), los intereses de los actores inmersos en una contienda política pueden variar en un horizonte temporal. Por consiguiente, tanto los objetivos de los grupos del conflicto como sus respuestas frente a la movilización social pueden variar en el tiempo. La segunda variable, siguiendo los lineamientos de González (2006), es la relación entre los grupos del conflicto y las élites políticas y económicas del nivel local y regional. Es posible prever que las acciones del Estado y los GA frente a la movilización social varían en un escenario en el que el poder local está consolidado a uno en el que no lo está. Finalmente, así como lo afirma Bautista (2010), es necesario dar una mayor importancia a los intereses que tienen los grupos del conflicto y las élites políticas y económicas sobre los territorios en los cuales habitan los participantes de la movilización social.

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1. Como ejemplo del primer cuerpo de estudios, ver: Fearon y Laitin, 2003; Collier, Hoeffler y Söderbom, 2004. Para una muestra del segundo grupo, revisar: Kalyvas, 2006, Kalyvas y Balcells, 2010.

2. Ver: Humphreys y Weinstein (2003); Weinstein, 2007; Mampilly, 2007; y Verwhimp, et al, (2009: 308).

3. Uno de los aportes de McAdam (1986) al estudio de los movimientos sociales fue distinguir dos conceptos que serán usados a lo largo de este artículo: los "costos" del "riesgo" de la acción colectiva. Los primeros hacen referencia a los gastos de tiempo, dinero y energía que son requeridos para que una persona se involucre en cualquier forma de activismo; el segundo se refiere a los peligros anticipados (legales, sociales, físicos, financieros, etc.) para involucrarse en esta clase de actividad (67).

4. Para Archila (2003: 75), la permanencia en el tiempo no es una característica de la movilización social en Colombia. Así, en el país existen OS que impulsan acciones colectivas, pero difícilmente se observan MS. Se propone usar la expresión MS/OS para atender esta particularidad de la movilización social en el país, sin desconocer las diferencias entre los dos conceptos.

5. Es posible establecer una diferencia conceptual entre MS/OS y GA, con base a dos criterios propuestos por Mauricio Archila (2003): (1) los medios que privilegian los GA y los MS/OS para alcanzar sus metas; los grupos, la acción armada, los MS/OS, la acción social colectiva (protestas sociales). (2) La definición operativa de MS del autor, según la cual los MS buscan mantener una dinámica civilista y de autonomía frente a los grupos armados.

6. Ver la evaluación de la teoría del comportamiento colectivo, teoría económica de la acción colectiva, teoría de la movilización de recursos y teoría de los nuevos MS, que realizan Mauricio García (2005) y Mara Loveman (1998).

7. Ver: Loveman (1998: 484) y McAdam, Tarrow y Tilly (2001: 16–18).

8. Ambos modelos hacen parte del MPP. El modelo de movilización explica la emergencia y sostenimiento de los MS como el resultado de la interacción favorable entre la alineación política del grupo retador con las condiciones del contexto político (la estructura de oportunidad política o las amenazas); el nivel organizativo al interior de la población "agraviada"; y la valoración colectiva de los prospectos de éxito de la acción (McAdam, 1992: 40).

9. Según Arjona (2008), la obediencia corresponde a todos los casos en que un civil realiza un acto como respuesta a una orden expresa y directa que acaba de emitir un GA o a una norma que él haya estipulado (119). El apoyo, por su parte, consiste en los actos de los civiles que no están precedidos por una orden expresa o una norma impuesta por los grupos del conflicto (119).

10. En particular, la forma en la que ellos resuelven los siguientes dilemas es central para el análisis, ¿cómo entienden la movilización social?, ¿qué papel tiene esta en el proceso revolucionario o contrarrevolucionario?, y ¿cuál debe ser el liderazgo que deben asumir los GA frente a ella?

11. Un ejemplo de lo anterior es la forma como fue variando el tipo de relacionamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (eln) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) con la población civil y los MS,dependiendo del tipo de estrategia político-militar de guerra que asumían estos grupos en cada contexto histórico. Ver: Medina (2010), Ferro (2007) y Pizarro (2006).

12. Estas experiencias no se limitan a los grupos insurgentes. Aunque mucho más escaza, también existe evidencia de grupos paramilitares que han ofrecido apoyo a la protesta social en sus áreas de influencia. Tal es el caso que estudia Ingrid Bolívar (2006) sobre la injerencia de paramilitares en las protestas de los habitantes del sur de Bolívar, en el año 2000, frente a la iniciativa del gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002) de permitir una zona de despeje en Cantagallo y San Pablo (Bolívar) para iniciar un diálogo con el ELN.

13. Un ejemplo de este proceso es la creación del Comité de Colonización y la Asociación de Juntas de Acción Comunal en la región de El Caguán (Caquetá), en el marco del proceso de negociación entre las FARC y el gobierno Betancur (1982-1986). La guerrilla favoreció la creación de estas OS, que quedaron bajo su amparo y cobertura (Jaramillo, Mora y Cubides, 1986: 261).

14. Bautista (2010) describe dos mecanismos que emplearon las FARC en su intervención en el Paro Cafetero en Tolima en 1995, que pueden ilustrar este tipo de apoyo: la difusión de las actividades de la protesta y la instauración de un sistema de incentivos negativos, basado en la coerción física, para asegurar la participación masiva de los campesinos en los eventos (130).

15. Entrevista a concejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (14 de octubre de 2011).

16. Entrevista integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (14 de octubre de 2011).

17. Un efecto de la interferencia de las farc en las luchas laborales en el Magdalena Medio, según Álvaro Delgado, es que tornó innecesario el trabajo de organización y concientización de los obreros (citado en González, 2006: 522).

18. Según Suhner, "la influencia y a veces la manipulación que las guerrillas ejercen sobre las protestas campesinas puede ser perjudicial para las organizaciones, pues no solo reduce en muchos casos su autonomía sino que el Gobierno la aprovecha para desprestigiarlas y menospreciar sus motivaciones de protesta, y a los paramilitares les sirve como pretexto para asesinar a sus líderes" (citado en González, 2006: 552).

19. Una muestra de esta situación es el caso de la intervención de la insurgencia en el movimiento cívico en Barrancabermeja. Según María Wills, la guerrilla introdujo la lógica de la fuerza en la resolución de conflictos en la ciudad, y con ello profundizó las diferencias de la población y debilitó a las OS frente a la incursión de los paramilitares (citada en González, 2006: 541) .

20. Esto se debe a que, como lo evidenció Arjona (2010: 62), cuando un GA gobierna sobre casi todos los asuntos de la vida en una comunidad, los costos y riesgos de la resistencia son muy altos.

21. Por intereses del Estado se hace referencia a los objetivos de los gobiernos temporales del régimen político. Como muestra está lo sucedido con las movilizaciones en contra de las farc en el 2008. Para Aguilera (2010: 171), estas protestas fueron favorables para la legitimación del discurso del Gobierno Uribe Vélez (2002–2006; 2006–2010), tanto en lo que concierne a la solidaridad internacional en la lucha contra las farc, como en relación con la priorización del sector defensa y seguridad en la agenda política nacional.

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BIBLIOGRAFÍA

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36. Wickham-crowley, Timothy, (1987), "The Rise (And Sometimes Fall) of Guerrilla Govermments in America Latina", en Sociological Forum, vol. 3, núm. 3, pp. 473 – 499.

Tesis y trabajos de grado

37. Arjona, Ana. (2010). Social Order in Civil War, [tesis doctoral], New Heaven, Yale University, Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy.

38. Bautista, Sandra. (2010). Acción Colectiva Campesina en Entornos de Alto Riesgo. Dinámicas Contenciosas Presentes en el Departamento del Tolima 1996 – 2006), [tesis de maestría], Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Estudios Políticos.

39. Ferro, Juan. (2007). Caminando la palabra: el proceso emancipatorio del movimiento nasa del norte del Cauca, [tesis doctoral], México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Doctorado en Estudios Latinoamericanos.

40. Medina, Carlos, (2010), "FARC-EP y ELN. Una historia comparada (1958- 2006)", [tesis de grado], Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Historia.

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