La política de seguridad democrática 2002-2005

El artículo muestra la evolución de los acontecimientos relativos a la seguridad durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), hasta finalizar 2005. La política de seguridad democrática se construyó sobre la marcha mediante tres líneas de acción: la primera, la continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno anterior; la segunda, una “política de paz” con los paramilitares, y la tercera, un grupo de políticas específicas –como los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes de informantes– destinadas a alimentar a las otras dos. La ofensiva contra las FARC –que continuó con la ayuda de Estados Unidos– se sofisticó luego mediante el Plan Patriota, que se concentró en el sur del país, retaguardia estratégica de esta guerrilla. El proceso con los paramilitares ha sido complejo, debido a las dificultades de sacar adelante una ley que permite un castigo menor para los autores de crímenes de guerra y violaciones al derecho humanitario. Y las políticas puntuales han sido ambivalentes en sus resultados, así como lo es la política de seguridad en general. El artículo termina con la incertidumbre que implicó el inicio informal del proceso electoral a fines de 2005, que incorpora la seguridad y condiciona sus políticas hacia el futuro inmediato.

This article shows the evolution of security –related policies formulated during Alvaro Uribe’s presidency (2002-2006)– through the end of 2005. The policy of democratic security was implemented along three lines. First, the continuation of the military offensive against the FARC which was started by the previous government. This offensive has been possible thanks to U.S. aid and was revamped with the more sophisticated Plan Patriota, operating mainly in the southern part of the country where the strategic rearguard of the FARC is located. Second, a “policy of peace” with the paramilitary, which has been complex due to the difficulties of promoting a law that permits minor punishments for the authors of war crimes and international humanitarian law violations. And third, a series of specific measures –such as peasant soldiers, desertion incentives, and informant networks– destined to strengthen the other two. These policies have had ambivalent results, just as the entire security policy more generally. The article ends with the uncertainty generated by the informal beginnings of the electoral process at the end of 2005, which incorporate security concerns and conditions security policies in the future.