Publicado

2013-01-01

“La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras

Palabras clave:

Historia política, Diplomacia colombiana, Conflicto bélico internacional, América Latina, Tratados internacionales, Independencia. (es)

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Autores/as

  • Yoer Javier Castaño Pareja
Durante la cuarta presidencia del general Tomás Cipriano de Mosquera, el gobierno de Colombia se inmiscuyó en un incidente diplomático que aparentemente violaba la neutralidad que dicho país se había comprometido mantener durante el conflicto bélico que se había desencadenado entre Perú y España como consecuencia de la invasión hispánica perpetrada sobre las islas productoras de guano. En este artículo se estudian algunas de las causas que llevaron a unos cuantos miembros del gobierno colombiano a tomar la determinación de apoyar a aquel país sudamericano en su guerra contra España sin el consentimiento del Congreso. Posteriormente, se señalan los rasgos de las posturas diplomáticas que por aquel entonces se hallaban en pugna y que marcaban el derrotero de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en un contexto político internacional caracterizado por las invasiones europeas sobre algunos territorios latinoamericanos.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

 

''La Diplomacia Secreta'': la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras

 

''Secret diplomacy'': Colombia's participation in the conflict between Peru and Spain over the guano producing Islands

 

 

Yoer Javier Castaño Pareja**

** Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín y Magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Dirección de contacto: yjcastan@hotmail.com

 

Artículo recibido el 6 de junio de 2012 y aprobado el 16 de abril de 2013.

 


Resumen

Durante la cuarta presidencia del general Tomás Cipriano de Mosquera, el gobierno de Colombia se inmiscuyó en un incidente diplomático que aparentemente violaba la neutralidad que dicho país se había comprometido mantener durante el conflicto bélico que se había desencadenado entre Perú y España como consecuencia de la invasión hispánica perpetrada sobre las islas productoras de guano. En este artículo se estudian algunas de las causas que llevaron a unos cuantos miembros del gobierno colombiano a tomar la determinación de apoyar a aquel país sudamericano en su guerra contra España sin el consentimiento del Congreso. Posteriormente, se señalan los rasgos de las posturas diplomáticas que por aquel entonces se hallaban en pugna y que marcaban el derrotero de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en un contexto político internacional caracterizado por las invasiones europeas sobre algunos territorios latinoamericanos.

Palabras clave: Historia política, diplomacia colombiana, conflicto bélico internacional, América Latina, tratados internacionales, independencia.


Abstract:

During the fourth presidency of General Tomás Cipriano de Mosquera, the Colombian government interfered in a diplomatic incident which apparently violated the neutrality that this country had promised to maintain during the war between Peru and Spain in the 1865-1866 period as a consequence of the Hispanic invasion of guano producing islands. In this paper some causes that made a few members of the Colombian government to decide to support Peru's war effort without the consent of Congress are explored. Subsequently, this research identifies the features and characteristics of diplomatic positions that in that time were in conflict within the Colombian government and that marked the course of diplomatic relations with the neighbouring countries, in an international political context that was characterized by European invasions on some Latin American territories.

Key words: Political history, Colombian diplomacy, War, Latin America, International treaties, Independence.


 

 

Introducción

Entre los años de 1866 y 1867, el gobierno colombiano, encabezado por el caudillo liberal Tomás Cipriano de Mosquera, se vio involucrado en un incidente diplomático que sus rivales políticos utilizaron después como arma política para juzgarlo, destituirlo y despojarlo de la silla presidencial. Dicho incidente consistió en el traspaso que le hizo el Perú a Colombia de algunas fragatas que permanecían en el puerto de Nueva York y de las cuales no podía hacer uso el Perú dado que Estados Unidos lo impedía para no violar la neutralidad que se comprometió mantener durante el conflicto hispano-peruano (1864-1866). Estos bienes peruanos retenidos por los norteamericanos pasarían a Colombia, como incentivo para que este país se adhiriera a la alianza bélica que unos meses atrás habían pactado contra España los países sudamericanos del Pacífico: Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, este hecho que se mantuvo oculto hasta que se ventiló a la luz pública a principios de 1867 rompía el pacto de neutralidad que oficial y públicamente mantenía Colombia frente a aquel conflicto desde 1864. Estas contradicciones eran la prueba fehaciente de que, en aquel entonces, subyacían en el gobierno colombiano en cuanto a sus relaciones exteriores dos tendencias bastante marcadas: por una parte, una facción hispanoamericanista —encabezada por el aludido general Tomás Cipriano de Mosquera— y otra aislacionista —liderada por el anterior mandatario, Manuel Murillo Toro, y su secretario de Relaciones Exteriores Teodoro Valenzuela—.

Este trabajo se justifica dado que son muy escasos los libros, artículos, o cualquier tipo de bibliografía que se concentre en estudiar este conflicto, a pesar de que existen numerosas fuentes primarias al respecto (tales como informes, manifiestos, alegatos, acusaciones y la defensa de aquel mandatario ante el Congreso) así como fragmentarias alusiones en los Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia recopilados por Antonio José Uribe y en algunos textos sobre historia diplomática de Colombia realizados por Raimundo Rivas y Germán Cavelier. Del mismo modo, resulta interesante abordar está temática dado que nos permite visualizar como Colombia no fue ajena a dicho conflicto, como erróneamente se concibe. Por el contrario, como se tratará de demostrar a lo largo de este trabajo, Colombia estuvo a punto de involucrarse en aquel enfrentamiento bélico no solo porque poseía costas en el océano Pacífico y por su privilegiada posición geográfica, sino porque algunos miembros del gobierno consideraban que era un deber apoyar al Perú, dados los nexos históricos existentes entre ambas naciones —los recuerdos de la independencia aún estaban vivos— y por la supuesta vigencia de los tratados de mutua defensa realizados entre ambas naciones poco más de cuatro décadas atrás (1822 y 1829)1.

Además, con esa muestra de solidaridad se manifestaba la recepción que tuvo entre un fragmento del gobierno colombiano aquel espíritu de fraternidad y unidad continental que había emanado en el Congreso de Lima de 1864 —que de una u otra manera estaba imbuida del ideal bolivariano de unión americana—. La agresión española contra Perú y Chile fue vista por una facción del gobierno colombiano y por una parte importante de la opinión pública como una seria amenaza contra la independencia de este país y de sus vecinos, la cual había sido conquistada definitivamente en la batalla de Ayacucho. Y en mayores proporciones, la intervención francesa en México y la intrusión española en República Dominicana (1862) y posteriormente en el Perú (1864) exaltaron los ánimos de muchos colombianos que consideraron que todos esos hechos eran manifestaciones claras de los intentos colonialistas e imperialistas de las potencias europeas, ante lo cual el país no debía mostrarse indiferente, pasivo e inactivo.

 

1. La ocupación de las islas Chinchas

Desde principios de 1863, había ingresado al océano pacífico una escuadra de la Armada Española bajo las órdenes del almirante Luis Hernández-Pinzón Álvarez, cuyo propósito declarado era llevar a cabo una expedición científica al continente americano. El 10 de julio de ese año, los cuatro buques que componían la escuadra llegaron al Callao. Mientras estas naves estaban ancladas en el puerto, llegaron a oídos del almirante Pinzón las noticias de un choque armado entre terratenientes peruanos y colonos españoles que se había producido por esos días en la hacienda algodonera de Talambo. Para resolver estas tensiones y garantizar que se repararan los daños provocados a los súbditos de la Corona española fue enviado ante el gobierno del Perú el ''comisario de su Magestad Católica'', Eusebio Salazar y Mazarredo. Este individuo, al observar que la justicia peruana no actuaba con la celeridad esperada en los hechos de Talambo y que el canciller de aquel país no quería recibirlo mientras tuviera la provocadora investidura de ''comisario'', solicitó el apoyo de la escuadra de aquella expedición científica para exigir la solución de los agravios cometidos por el Perú contra los súbditos e intereses españoles.

Esto llevó a que dicha escuadrilla tomara posesión de las islas de Chincha el 14 de abril de 1864 (la fuente de la prosperidad fiscal peruana) para lo cual se apresó a una guarnición peruana que allí se encontraba y se arrió el pabellón nacional. Un destacamento de 400 marinos españoles izó su bandera en las islas, y tomó prisioneros al gobernador, al capitán del puerto, al comandante de una pequeña cañonera que resguardaba aquel territorio (la Iquique) y otros seis oficiales, quienes fueron despachados como rehenes a bordo de la fragata española la Resolución. Aquel representante de la Corona y dicho marino español justificaron este acto aduciendo que se apoderaban de estas islas considerando que el gobierno de España no había reconocido la independencia del Perú; que entre ambas naciones después de Ayacucho solo existía una tregua que continuaba ''de hecho'', y que a España la movía para ello un viejo derecho de reivindicación; a la par, se adujo que aquellos depósitos de guano debían considerarse hipotecados a favor de España para el pago de sus acreencias2.

En palabras de Juan del Campo Rodríguez3, ante estos hechos el gobierno de Lima se apresuró a exigir la inmediata devolución de las islas y la liberación de los prisioneros. La cancillería peruana declaró rotas las relaciones con la expedición española, en tanto se mantuviera la ocupación de las islas. Así mismo, hizo conocer que el gobierno esperaba satisfacciones de la escuadra española (incluyendo un saludo a la bandera peruana), las cuales, de producirse de inmediato, serían acordadas cordialmente. Igualmente, informó a los países extranjeros acerca de los sucesos ocurridos y solicitó la mediación norteamericana y francesa. Del mismo modo, se ofrecieron garantías a los españoles residentes en Perú. A la par, con mucha cautela el gobierno peruano comenzó a proveerse de armas, previendo que aquel suceso podría desencadenar en una guerra.

Las muestras de solidaridad continental no se hicieron esperar. El 20 de abril, los allí residentes ministros de Estados Unidos, Inglaterra, Bolivia y Chile comunicaron al almirante español que deploraban su conducta y que no podrían aceptar la tesis de la reivindicación, por cuanto aquellas islas siempre habían sido propiedad del Perú, y en conjunto calificaron aquel acto como contrario a los procedimientos del derecho internacional. Por otra parte, este tenso episodio coincidió con el Segundo Congreso Americano, cuyos miembros, desde un principio, consideraron la invasión de las islas guaneras como un intento de reconquista española de sus antiguos territorios americanos y una agresión contra la independencia conquistada definitivamente por aquellos países tras la batalla de Ayacucho. Los países allí reunidos consideraron ese acto como atentatorio contra sus instituciones y como un peligro común a todos. En palabras de Raimundo Rivas, los representantes de América en Lima declararon que:

La independencia de América fue el resultado de esfuerzos comunes de los pueblos que se constituyeron en Estados soberanos, y la solidaridad que aquellos hechos establecieron les impuso deberes de cuyo cumplimiento no podían dispensarse. Por último, añadieron que las repúblicas citadas deseaban conservar amistosas relaciones con España, pero que no podían permanecer expectantes e inactivas en presencia de los hechos motivo de la protesta4.

Al parecer, estas manifestaciones mancomunadas de repudio contra ese hecho provocaron que el representante del gobierno de España se retractara en parte de lo dicho anteriormente, pues declaró que reconocía la independencia y soberanía de los estados americanos (aún de aquellos que no habían celebrado tratados con España), que su país no aspiraba a adquirir una pulgada de territorio americano y que la ocupación de las islas Chinchas se había hecho en calidad de prenda para presionar al Perú a cancelar las deudas que había contraído con España, y que por esto no se evacuarían hasta que se recibieran nuevas instrucciones.

Los gobiernos de ambos países en conflicto convinieron en pactar el tratado Vivanco-Pareja, en el cual España se comprometía en abandonar ese territorio insular a cambio de una indemnización pecuniaria de tres millones de pesos para cubrir los gastos generados por la escuadra del Pacífico. De este modo, aquel incidente diplomático parecía a punto de llegar a su fin, pero un golpe de estado propinado por esos días al jefe de estado peruano, Juan Antonio Pezet Rodríguez, no lo permitió. En efecto, el nuevo gobierno que se instaló (encabezado por Mariano Ignacio Prado) no suscribió el acuerdo por considerarlo humillante dado que se concebía que el Perú tenía la potestad de ejercer el derecho a la legítima defensa, y por eso se declaró abiertamente la guerra a España. Cabe recordar que, antes de este suceso, Chile ya se había inmiscuido en el conflicto, puesto que al haberse negado a proveer a los navíos españoles de carbón y víveres, España consideró estos actos como agresiones y en represalia obstaculizó y bloqueó los puertos chilenos. Ante esta medida, la Cámara de Diputados de Chile autorizó al presidente José Joaquín Pérez a declarar la guerra. El 25 de septiembre de 1865, el gobierno de Chile emitió la respectiva declaratoria5.

Posteriormente, el aludido presidente peruano Mariano Ignacio Prado concertó el tratado de alianza con Chile al cual se adhirieron posteriormente Bolivia y Ecuador6.

 

2. La actitud de Colombia frente al conflicto hispanoperuano antes de agosto de 1866

El 31 de enero de 1865 la noticia de la ocupación española de las islas Chinchas, a las que Colombia reconocía como ''parte integrante y rica de la República del Perú'', fue conocida por el Congreso colombiano. El acto fue considerado como un hecho ''destituido de antecedentes justificativos'', ''depresivo de la dignidad y los derechos del Perú'' y un ''atrevido e injustificable atentado''7. Así mismo, la invocación hecha por los agentes españoles de un pretendido ''derecho de reivindicación'' y su calificación de tregua a ''la paz gloriosa de Ayacucho'' generó alarma en el gobierno colombiano pues tales palabras fueron asumidas como amenazas contra el devenir político de los países bolivarianos, sus ideales republicanos y su emancipación. Igualmente, se pensaba que era factible que España intentara invadir estas repúblicas y que aquel suceso fuese el ''principio de ejecución de más vastos planes'', puesto que hasta ese momento no les había reconocido oficialmente su independencia. En palabras del secretario del Interior y Relaciones exteriores de Colombia, Teodoro Valenzuela,

Arrojar semejante amenaza contra la independencia de las naciones americanas del Sur, cuando esa independencia está confirmada por acontecimientos que llenan hace tantos años la historia política y diplomática del siglo, y por costumbres e ideas contrarias a dominaciones extrañas, era lo más propio que podía ejecutarse para dar el alarma a las Repúblicas, que como la nuestra, no habían sido de un modo explícito reconocidas independientes por España8.

Al día siguiente, el presidente colombiano Manuel Murillo Toro en uno de sus mensajes al Congreso colombiano reiteró estas sospechas y adujo que la embestida española al Perú no solamente repudiaba ''una lucha que nos fue común e irrevocablemente finalizada por la victoria de Ayacucho y la subsiguiente capitulación del Callao'' sino también un hecho que suscitaba sobresalto ''por los sacrificios que una nueva guerra de esa especie podía traernos''9. Ante la nota que el Cónsul General peruano residente en Bogotá le hizo llegar al gobierno colombiano (la cual iba acompañada de la circular en la que su gobierno informaba a las ''naciones amigas'' del ''ultraje'' que le había sido propinado por España), el Poder Ejecutivo colombiano manifestó que Colombia, llegado el caso, daría pruebas de su amistad ''fraternal, sincera y estrecha'' con los pueblos independientes del Nuevo Mundo, ''aún cuando hubiera de ser preciso renovar la célebre epopeya que se abrió en Guayaquil en 1822 y se cerró en el Callao en 1826''10.

No obstante, los exaltados ánimos del gobierno colombiano se calmaron poco después con la declaración del gobierno español hecha a las potencias extranjeras el 24 de junio, en la cual había manifestado que dicho país reconocía y respetaba la soberanía e independencia de todas las repúblicas que habían sido formadas en las antiguas colonias españolas de América, sin pretensión alguna a disputarles sus derechos. Ello llevó a que el gobierno colombiano bajara la guardia y confiara en que se diera un arreglo equitativo y una solución pacífica a dicha querella. En espera de esto, asumió una posición neutral ante el conflicto, no solamente porque ello estaba en sintonía con el ''derecho público'' sino también porque al gobierno colombiano le interesaba conservar una relación cordial con España, país con el cual se deseaba ''iniciar y mantener las buenas relaciones que el progreso del tiempo y el movimiento general del mundo imponen en cierto modo a todos los pueblos''11.

Esta política de neutralidad colombiana frente a cualquier suceso hispanoamericano y de rechazo de cualquier alianza o liga defensiva hasta que las circunstancias fueran verdaderamente apremiantes venía imperando desde 1857. Esto significaba que desde dicho año, se había abandonado explícitamente la idea de formar coaliciones a la manera del pasado Congreso de Panamá. Al respecto, el mandatario colombiano Manuel Murillo Toro afirmó que ''por grande que sea nuestra simpatía e interés por los pueblos de este continente, juzgo que es una sabia política no contraer alianzas que liguen nuestra acción a las vicisitudes de la de otros y nos priven de la necesaria independencia para decidir en cada caso lo que nos cumple hacer''12.

En conformidad con esa línea diplomática que podríamos llamar ''aislacionista'', el gobierno colombiano de esos años no consideraba vigentes los pactos contraídos con ocasión de la guerra de independencia, para así desembarazarse de cualquier responsabilidad frente a los países vecinos. Por otra parte, bajo esta perspectiva se pensaba que la unión americana verdadera no estribaba en ligas y confederaciones nominales que más bien eran un ''embarazo a la libre acción política de cada república, y podría traer conflictos y peligros suscitados por la conducta de las otras'' sino en la ''profesión de principios comunes, en la práctica del sistema republicano en su genuina expresión, y en la adopción de puntos de partida idénticos en el derecho público tanto interno como externo''13. Sin embargo, esta directriz diplomática asumida por Colombia en sus relaciones internacionales se vio contrariada y brevemente interrumpida con la conducta que asumió el panameño Justo Arosemena (representante colombiano en el Congreso Americano de 1864), posteriormente, con la llegada por cuarta vez al poder del general Tomás Cipriano de Mosquera (1866-1867) y su intento de formalizar con Perú y Chile una alianza bélica secreta de la que se hará referencia más adelante.

En efecto, con motivo de la reunión de dicho Congreso Americano, el doctor Justo Arosemena fue conminado por el gobierno colombiano para que manifestara y conservara, junto con los gobiernos de Argentina, Chile y Ecuador, una posición neutral frente al conflicto peruano-español. No obstante, Arosemena contradijo y desobedeció abiertamente las órdenes de su gobierno, ya que en reiteradas ocasiones sugirió que ante dicho suceso todas las repúblicas hispanoamericanas debían declararse aliadas, para que con esto se notificara a España con la amenaza de que dichos países procederían a una guerra si no se realizaba la inmediata desocupación de las islas. Para tal fin, debía concluirse en el menor tiempo posible un tratado fundamental de liga o alianza defensiva14. Como se sabe, este convenio no llegó a solidificarse ya que ninguno de los miembros de dicho Congreso ratificó ese tratado de unión y alianza defensiva, y mucho menos fue apoyada por el gobierno colombiano de ese entonces, lo que obligó a Arosemena a dimitir de su cargo, pues sus propuestas entraban en frontal choque con las ideas del presidente Murillo Toro y de su secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Teodoro Valenzuela, quienes, a fin de cuentas, demostraron siempre cautela frente al conflicto hispano-peruano, tal como se puede apreciar en la siguiente cita del canciller (expresada en una exposición al Congreso de Colombia en sus sesiones ordinarias de 1865):

[...] el conflicto de que se trata, y que tanto llama la atención de la América, no ha dejado todavía de ser esencialmente peruano, ni tomará otro carácter sino cuando se formulen las demandas que el Gabinete español habrá de hacer al Perú, y en caso de que ellas amenacen en algún modo la soberanía de esa República. Pero entonces el Cuerpo Legislativo, es decir el país por medio de sus Representantes legítimos, será quien decida, ilustrado por la prensa y según las indicaciones que suministren los sucesos, la actitud que nuestro gobierno deba asumir. Y si hubiere realmente un peligro; si, contra lo que la prudencia y sus intereses bien entendidos lo aconsejan, y por una de esas variaciones políticas no raras en el Gobierno español, este formare proyectos de reconquista, agresivos a la soberanía e independencia de las Repúblicas de este continente, nosotros nos uniríamos con entera decisión para hacer la guerra, siempre que nuestros aliados en ellas nos dejaran participar de la acción diplomática y política15.

Los puntos de vista de la administración Murillo respecto del Congreso Americano, fueron desarrollados de nuevo, al año siguiente, por el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Santiago Pérez. Éste hizo notar que los cuatro tratados suscritos en Lima no habían recibido la sanción legislativa de ninguna de las repúblicas representadas en aquel cuerpo y, que, por su parte, el gobierno de Colombia se abstenía de proponer su aprobación. Se mostró acorde con el concepto del gobierno de Chile sobre las dificultades en que estaban inmersos muchos de los estados del continente por las discordias intestinas y por la guerra extranjera, y reiteró la posición del gobierno colombiano en cuanto no debían acordarse alianzas que embarazasen la acción independiente de las naciones americanas, ni que envolviese la política de las unas en las complicaciones de las otras16.

Así que, por aquel entonces, Colombia no quería inmiscuirse en conflictos foráneos mientras no garantizara su estabilidad y seguridad interna y resolviera sus conflictos domésticos provocados por la oposición de algunos sectores a la consolidación del régimen federal, el acatamiento de la Constitución radical de 1863 y la observancia de las recientes reformas laicas puestas en marcha por los liberales tras su victoria en la última guerra civil (1859-1862). En efecto, Santiago Pérez reiteró en su informe que eran estériles aquellas alianzas entre países dispersos, incomunicados, perturbados por agrias querellas intestinas y tan desiguales entre sí en cuanto a la superación de los vicios ''de la Colonia''. Colombia solo participaría en este tipo de confederaciones cuando hubiera alcanzado la paz doméstica y cuando alcanzara la cohesión interna de la que carecía tras varias guerras civiles. Por estas razones, no consideraba que fuera conveniente para su país ratificar el tratado de alianza y confederación propuesto en el pasado Congreso Americano, porque ello entrañaría la aceptación de deberes ''latos y de peligros estériles''. Según expresó el Canciller:

Distamos de imaginarnos que la unión americana sea un remedio para la actualidad inestable y agitada de algunas de nuestras repúblicas. Muy al contrario, creemos que, cualesquiera que sean los pactos internacionales que se ajusten para consagrar la unión, ella será ilusoria, y no acrecentará la fuerza y respetabilidad de los estados de América, mientras cada uno de ellos no haya encontrado en la estabilidad de la paz exterior, en la permanencia del orden y seguridad públicos, en el goce de una libertad tranquila, las condiciones indispensables al desarrollo de sus elementos de prosperidad y poder. Sin tales condiciones, ningún país puede proveer eficazmente ni a su propia defensa, ni menos a la de sus aliados17.

De este modo, pues, entre 1864 y 1867 subyacían dentro del gobierno colombiano dos visiones contrapuestas y dos líneas diplomáticas en pugna que emanaban, a su vez, de la fragmentación del partido liberal en dos bandos con discrepancias políticas en cuanto a la potestades del poder ejecutivo, la organización política interna del país, la intervención del Estado central en los conflictos entre estados soberanos y la secularización de la sociedad, entre otros18. Sin lugar a dudas, estas ópticas disímiles en cuanto a las relaciones con los países sudamericanos y las divergencias políticas señaladas incidieron en que la divulgación del Tratado Secreto al que se hará referencia a continuación, se convirtiera en un escándalo de tan titánicas proporciones que llevó al cierre violento del Congreso, y posteriormente, a la destitución y destierro de Tomás Cipriano de Mosquera.

 

3. El Tratado Secreto

La llegada al poder por cuarta vez del general Tomás Cipriano de Mosquera en 1866, propinó un duro golpe a la política aislacionista frente a las relaciones exteriores con los países sudamericanos que había adoptado Colombia desde casi diez años atrás (cuyos lineamientos ya conocemos) ya que tal personaje siempre se había caracterizado por ser un bolivariano convencido, muy afecto en apoyar ligas y confederaciones que propendieran hacia la seguridad, unidad y solidaridad hispanoamericana. Su llegada al poder implicó, en cierta manera, un viraje hacia unas relaciones diplomáticas más abiertas y solidarias con los países vecinos en una coyuntura política internacional bastante oscura e incierta para la seguridad y estabilidad sudamericana. Este cuarto mandato coincidió con dos hechos que alteraron profundamente las relaciones diplomáticas hispanoamericanas y el equilibrio de poder en el continente: por una parte, el agravamiento de las hostilidades de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay; y por otro, el empeoramiento del conflicto hispano-peruano tras los ataques perpetrados por España contra los puertos de Valparaíso (31 de marzo de 1866) y el Callao (2 de mayo de 1866), y ello tras la alianza ofensiva y defensiva que unos meses atrás habían firmado los gobiernos de Perú y Chile para repeler la agresión naval española en el océano pacífico.

Ante estos hechos, el nuevo gabinete colombiano no permaneció indiferente. Para ayudar en el cese de ambos conflictos el presidente Mosquera propuso una nueva reunión de los países sudamericanos (en Lima, en abril de 1867) a fin de efectuar el canje de los tratados suscritos en el pasado Congreso Americano y de someterlos a la aprobación de las repúblicas que no pudieran tomar parte en la confederación hispanoamericana. Así mismo, las graves cuestiones arriba aludidas, junto con las querellas por límites entre las nuevas naciones, la fijación de común acuerdo de los principios contestados del derecho de gentes (principalmente los que se aplican entre beligerantes y neutrales) deberían ser, entre otros, lo objetivos de esa nueva reunión19. Sin embargo, esta propuesta no fue considerada por los países inmiscuidos en la guerra contra el Paraguay, y al final dicho congreso no se efectuó.

Frente al conflicto de Paraguay, Mosquera y su secretario del Interior y Relaciones Exteriores, José María Rojas Garrido, enviaron una protesta a los gobiernos de la Confederación Argentina y del Imperio del Brasil que, acorde con la posición de Perú, Chile y Bolivia frente al mismo conflicto, deploraba enérgicamente un acto que se consideraba destruía la autonomía e independencia de un país hermano y conducía a la desmembración territorial ''de una nación soberana en nuestro continente''20. Y en cuanto a la guerra que en ese momento libraban el Perú y Chile contra España, oficialmente Colombia mantuvo su postura de neutralidad, pues en primer lugar, con ello no deseaba contrariar los designios de Inglaterra y Estados Unidos que habían asumido la misma posición en el conflicto. Y a la par, el gobierno mosquerista se veía obligado a mantener públicamente esa postura para evitar fricciones con una Cámara de Representantes y un Senado que se mostraban reacios, adversos y hostiles no solamente con sus directrices políticas, sino con su postura diplomática abiertamente hispanoamericanista. Según expresó en ese entonces José María Rojas Garrido (secretario del Interior y Relaciones Exteriores de Colombia):

[...] con motivo de la Guerra entre España y las Repúblicas aliadas del Pacífico, el gobierno declaró la neutralidad de Colombia, deber que le impone el derecho de las naciones, y expidió el decreto de 17 de noviembre último sobre juzgamiento de presas marítimas, que se publicó en el Registro Oficial. Desgraciadamente es probable que la guerra continúe, y no sería inoportuno que el Congreso determinara la actitud que en tal caso debe asumir Colombia, teniendo presente que si por un lado la neutralidad es un deber general, por otro, los intereses de la gran causa americana deben considerarse solidarios21.

Aún así, desde principios de 1866, los diplomáticos del Perú y de Chile (coronel Manuel Freire y señor Matta, respectivamente), habían desarrollado intensas gestiones a fin de obtener la adhesión de Colombia al tratado de alianza suscrito entre aquellas dos repúblicas en su conflicto con España. Aunque los factores que llevaron a estos países a solicitar la ayuda colombiana en esa guerra no están claros ni mucho menos explícitos en la documentación consultada, podría conjeturarse que ambas naciones quisieron involucrar a Colombia en esa cuestión por las siguientes circunstancias: 1. Al igual que ellas, Colombia poseía costas sobre el océano pacífico y su posesión del istmo de Panamá jugaría un papel destacado en esa confrontación armada al evitar que por ese territorio transitaran elementos de guerra españoles. 2. A los tres países los unía el vínculo histórico de haber obtenido mancomunadamente su emancipación. 3. Entre Colombia y Perú existían tratados de alianza, defensa mutua y confederación perpetua que se remontaban a los años de 1822 y 1829, los cuales se habían revitalizado y fortalecido con el convenio que habían acordado sus respectivos plenipotenciarios en el pasado Congreso Americano. 4. Mediante la intervención y mediación soterrada y encubierta de Colombia se podría obtener el armamento y material bélico que sistemáticamente negaban Estados Unidos e Inglaterra a Chile y Perú, pues aquellas potencias extranjeras se habían declarado neutrales ante el conflicto, lo que significaba que no le brindarían ningún apoyo a los bandos en pugna. Así que la participación de Colombia como testaferro aseguraría un ventajoso contrabando de armas que a Perú y Chile les resultaría muy favorable en aquella contienda. 5. Colombia podría convencer a Venezuela de participar en este pacto, y uno y otro país junto con sus aliados sudamericanos podrían neutralizar a España en sus bastiones del Caribe. En otros términos: el teatro de operaciones se trasladaría hacia el Atlántico, y allí los países sudamericanos aliados realizarían todas una serie de hostilidades militares (entre ellas utilizar el corso) para debilitar al adversario22. Tal como lo expresó Germán Cavelier (abogado colombiano especialista en Derecho Internacional), a los aliados convenía que Colombia se uniera a ellos en cuanto ''la Costa Atlántica sería presa fácil para la flota española de Cuba y alejaría la amenaza en el Pacífico, centro de operaciones sumamente incómodo para España, considerada la lejanía geográfica de cualquiera de sus colonias insulares de Cuba y Puerto Rico''23. Las mismas autoridades españolas estaban enteradas de que posiblemente sus adversarios adoptarían esta estrategia, pues en un informe enviado por el Subsecretario de Estado de este país al Ministro de Marina, el 1 de septiembre de 1866, se temía que la escuadra chilena- peruana abandonara las aguas de Valparaíso y tomara rumbo hacia Montevideo, desde donde se dirigiría a las Antillas españolas y atacaría a Puerto Rico. Incluso, el gobierno español temía que sus adversarios osaran bombardear y asolar los puertos del norte y oeste de la península Ibérica24.

Por lo tanto, el 28 de agosto de 1866, el general Mosquera a través de sus secretarios Rudesindo López y Germán Largacha firmó un tratado secreto con el plenipotenciario peruano Manuel Freire que constaba de nueve artículos. Por medio de este convenio secreto que se firmó y ratificó sin que el Congreso colombiano se enterara de nada, el Perú cedía a Colombia los diversos elementos y buques de guerra que tenía adquiridos en los Estados Unidos y en Europa, y los fondos adelantados de acuerdo con los contratos ya establecidos. Así mismo, el gobierno de Colombia se comprometía a pagar los expresados buques por la suma que había gastado la república del Perú en ellos, y para cumplir con esa responsabilidad hipotecaba ''sus rentas, acciones, derechos y las valiosas tierras baldías de que puede disponer y las utilidades que deduzca de las vías interoceánicas y del camino de Buenaventura en que tiene un millón de pesos en acciones''. Igualmente, si por cualquier accidente se veía obligado el gobierno de Colombia a deshacerse de tales embarcaciones y elementos bélicos, podría devolverlos al Perú en el puerto del Pacífico o del Atlántico que se designara, a costo y riesgo del Perú y sin cargar a Colombia valor alguno por las desmejoras25.

De similar forma, el gobierno del Perú daría permiso a los oficiales de la marina peruana que quisieran comprometerse ''al servicio de Colombia'' para que ellos se encargaran de los expresados navíos. Por otra parte, el gobierno de Colombia mandaría un ministro a Venezuela para que persuadiera a su gobierno de abandonar su neutralidad en la guerra contra España y se aliara con los países sudamericanos en su contienda contra ese país. El gobierno de Colombia, a cambio de esos servicios (prestar su nombre en todo tipo de contratos y negocios para adquirir material bélico a favor de Perú y Chile, adherirse a la alianza de las cuatro repúblicas del Pacífico y convencer a Venezuela de hacer lo mismo) recibiría del Perú los recursos necesarios para refaccionar, restaurar y reparar las fortalezas, murallas, dársenas y baterías de Cartagena y ''el morro de Santa Marta'' y aquel mismo país le facilitaría a Colombia la suma de medio millón de pesos. Así mismo, ambos países se comprometían en respetar los pactos de mutuo apoyo y colaboración establecidos en el pasado Congreso Americano. Tal como se estipuló en el penúltimo artículo del mencionado tratado, ''se comprometen a no aceptar protectorados ni alianzas europeas que puedan dañar la soberanía de las naciones peruana y colombiana, como también a no estipular tratados y convenios que no estén en conformidad absoluta con los principios del derecho público sudamericano sancionado por su congreso de plenipotenciarios''26. Finalmente, se convino que las repúblicas de Bolivia, Chile y Ecuador podrían adherirse al tratado para la venta a Colombia del armamento que no pudieran disponer dadas los bloqueos dispuestos por las potencias neutrales.

Dicho tratado fue ratificado el 20 de noviembre del mismo año por el mandatario aludido y el secretario del Interior y Relaciones Exteriores de Colombia, José María Rojas Garrido. Este convenio se puso en ejecución mediante la adquisición por parte de Colombia en Nueva York del vapor R.R. Cuyler que más tarde tomó la denominación de ''Rayo'', un navío de grandes dimensiones que había participado como barco corsario en la guerra civil estadounidense27. Poco antes de partir, el Departamento de Estado norteamericano ordenó el embargo del vapor e impidió que saliera de aquel puerto hasta que no se esclarecieran una serie de rumores acerca del destino de tal nave, pues se creía que era un corsario chileno-peruano, que se lanzaría en altamar para ejercer depredaciones contra el comercio marítimo español en las Antillas, lo cual, de ser cierto, rompería la neutralidad asumida por Estados Unidos frente a los beligerantes del Pacífico28. Ante estos hechos, Eustorgio Salgar (ministro colombiano en Washington) se presentó inmediatamente ante el gobierno de ese país manifestando, bajo declaración solemne, que ese barco había sido adquirido por Colombia para ser destinado a su marina de guerra. Una vez aclarado el asunto, se levantó el embargo del navío y se le permitió su salida de la bahía de Nueva York, el 25 de febrero de 1867.

Dos semanas después, el Rayo llegó a la bahía de Santa Marta en buenas condiciones. No obstante, a las pocos semanas de arribo de dicha nave, un diario de Nueva York dio a conocer el suceso arriba aludido con la embarcación y el enunciado tratado secreto, dos cuestiones que hasta ese momento eran completamente desconocidos por el Senado colombiano, y que se habían llevado a cabo, según el punto de vista de los opositores al gobierno, sin que fueran sometidos al procedimiento constitucional previsto29. Esto provocó, por un lado, que la embarcación fuese trasladada a Cartagena, donde se le mantuvo detenida y desmantelada hasta que se aclarara el asunto30; por otro, dio lugar a un escándalo de grandes magnitudes que finalizaría con el cierre prematuro del Congreso por orden del general Mosquera y la censura de la prensa, la aprehensión de aquel mandatario, su juzgamiento junto con aquellos que participaron en el pacto secreto y en las negociaciones del Rayo y en el posterior ostracismo del general Mosquera en el país al que había pretendido auxiliar con aquel convenio: el Perú.

Sobre la adquisición de aquel vapor comenzaron a circular muchos rumores, que de una u otra manera fueron esgrimidos por los detractores de Mosquera para atacarlo. Se argüía en diversos medios de información impresos que, con aquel buque y con los otros que ya estaban en proceso de compra, el general Mosquera iba a iniciar una línea de vapores en el Atlántico; otros decían que ese navío de guerra se iba a emplear para impedir el contrabando; otros aseguraban que se iba a enviar a las aguas de Maracaibo para obligar al gobierno de Venezuela a la celebración de un arreglo ventajoso para Colombia respecto de los derechos de tránsito que aquella república cobraba por la navegación del río Zulia; otros más afirmaban que serviría para impedir la separación de Panamá, que el presidente tanto temía. También se especuló que el Rayo había sido adquirido con fondos pecuniarios que había facilitado el gobierno republicano de México31.

Así que en medio de esta atmósfera plagada de información tan dispar sobre aquella situación, el Senado colombiano inició en el mes de abril de ese año un largo juicio contra todos los implicados en aquellas negociaciones, en donde las partes querellantes (acusadores y acusados) presentaron sus respectivos argumentos al respecto. El general Mosquera se defendió expresando, en primer lugar, que aquel convenio secreto con el Perú se había hecho en cumplimiento de los tratados vigentes desde 1822 y 1829, y en correspondencia con la alianza defensiva que habían aceptado los países que habían participado en el Congreso Americano celebrado en Lima tres años atrás. Así que aquel acuerdo secreto no había sido más que un acto acorde con los ''sagrados'' pactos establecidos desde la independencia, con la fraternidad americana y con la ''idea elevada que tanto preconizó el libertador Bolívar''. En segundo lugar, argumentó Mosquera, con aquel convenio se deseaba aumentar la marina nacional colombiana y ''arreglar los parques'', ya que se consideraba que, dadas las anómalas circunstancias imperantes, podía verse la república de Colombia envuelta en una guerra para sostener la neutralidad del Istmo de Panamá contra los enemigos de la república del Perú, y por que Colombia debía estar preparada por si llegaba a darse el casus foederis32 estipulado en el convenio de alianza defensiva establecido en Lima, el 23 de enero de 1865. Además, para desmentir falsas alarmas, el mandatario aseguró que Colombia no se había prestado para entrar en guerra (sino previa declaración) y que tampoco se había cedido la bandera colombiana para corsarios. Y en tercer lugar, Mosquera arguyó que con esa acción no se había violado la constitución colombiana, puesto que, según esta carta magna, al Poder Ejecutivo le correspondía celebrar los convenios y tratados públicos para someterlos después a la aprobación del Congreso, y tenía la potestad de no dar informes a las Cámaras cuando así lo exigiera la reserva del asunto. En palabras del mismo general Mosquera,

La fe en los tratados públicos es sagrada, y solamente porque el espíritu de oposición ha dominado el corazón de los Representantes que hoy me acusan y de los Senadores que se suponen mis jueces, ha podido darse a un comportamiento noble de mi parte, el colorido de un crimen; lo más notable de esta importante cuestión es la mala voluntad con que quieren dañarme los que atacan el Convenio, y dando publicidad a los documentos oficiales sobre la compra de 'El Rayo' hacer gran ruido; pero no ven que aquello no es sino el principio de la ejecución del arreglo para sentar las bases de una importante negociación. Señores, el mundo de Colón se admirará al contemplar que el odio, la envidia, la ignorancia han podido hacer olvidar los intereses nacionales y nuestras cordiales relaciones con los pueblos hermanos. Hoy la Cámara que acusa, y el Senado que pretende condenarme, aparecen unidos al enemigo común de las Repúblicas americanas y los hombres que se precian de ser los más celosos republicanos, por hacerme la guerra, se olvidan que hay un juez que les tomará cuenta: el pueblo soberano de quien son mandatarios33.

Por su parte, el Senado colombiano aseveró y sostuvo que el presidente Mosquera y los señores Froilán Largacha y Rudecindo López habían usurpado las atribuciones del Congreso y violado por lo tanto el artículo 165 de la ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.º de la Recopilación Granadina. Aquel acto realizado por el general Mosquera fue considerado como una acción dictatorial que había vulnerado las instituciones colombianas, y que para colmo, había comprometido la honra y la seguridad nacionales. Se aseveraba que con ese tratado se había prestado el nombre y la bandera colombiana para burlar las prohibiciones y dificultades que los Estados Unidos e Inglaterra, en cumplimiento de sus deberes de neutrales, habían impuesto para evitar la extracción desde sus puertos de buques y elementos de guerra para la república del Perú. Se creía que el Rayo junto con otras tres embarcaciones que habían sido comprados ya en el extranjero por el señor Francisco Agudelo, iba a ser destinado para realizar el tráfico de armas y municiones con Chile y el Perú en la guerra que sostenían con España. Se consideró, entonces, que con aquel asunto el gobierno colombiano se había declarado públicamente neutral para ser hostil solapadamente, y que ello le hubiera acarreado la desconfianza y las hostilidades de los países que habían sido engañados por esa tramposa máscara de imparcialidad en aquel conflicto internacional. De este modo, mediante aquel tratado secreto Colombia había ostentado ''una mentida neutralidad, para hostilizar a mansalva, cual cobardes, a nuestros antiguos enemigos cien veces humillados, en guerra leal, por nuestros valientes progenitores''34.

También se consideró aquel convenio secreto como un acto de gran irresponsabilidad e imprevisión política, puesto que con ese tratado no solamente se estaba introduciendo al país en una guerra extranjera ''ajena'' a sus intereses y para la cual no estaba preparada, sino que también al ser trasladado el teatro de las operaciones bélicas al Atlántico, Colombia hubiera tenido que enfrentar con notoria desventaja a un enemigo formidable que se hallaba a solo unas cuantas leguas de su costa. De este modo, al tener a un enemigo colosal muy cerca de su territorio, y a sus aliados, por el contrario, muy distantes, y peor aún, al carecer de suficiente armamento y fuerzas militares, Colombia no hubiera sido más que la víctima y la gran perdedora en aquella confrontación. Por otra parte, para el Senado, aquel tratado no tenía ninguna legitimidad ni apoyo en antiguos pactos, pues se concebía que aquellos que se habían suscrito durante la década de 1820 habían quedado derogados tras la breve guerra ''de ingrato recuerdo'' que había tenido Colombia con el Perú en 1828 por el territorio de Guayaquil35. En palabras del senador Manuel Plata Azuero,

¿Es acaso un gran crimen el que el Congreso Nacional averigüe el objeto de un buque de guerra, cargado de un formidable armamento e izando el pabellón colombiano, sin pertenecer, sin embargo, a la nación? ¿Lo es por ventura el libertar al país de la posibilidad de una guerra extranjera? ¿Los es el de premunir al estado del peligro de exponer su existencia y lo que es peor, de perder el honor comprometiéndolo en un acto villano y cobarde, ejecutado al amparo de una artera y falaz neutralidad? Si se deseaba hostilizar a la España ¿Por qué no se pidió al Congreso que declarara franca y legalmente la guerra al español?36.

A grandes rasgos, el general Mosquera no solamente fue acusado de haber comprometido el honor y la vida de la nación con aquel tratado, sino que también se le culpó de disolver por la fuerza al Congreso, aprisionar a los diputados, allanar sus domicilios y el de sus particulares, perseguir al clero, excederse en el ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo y haber levantado ''el imperio del sable sobre los escombros de la constitución y de las leyes''37. Por estas razones, fue condenado a perder todos sus derechos políticos y civiles, a dos años de prisión y al destierro. Así que, condenado al exilio al término de su juicio, Mosquera pasó unos años en Lima antes de poder volver a su ciudad natal, Popayán. Al final, por lo tanto, ganaron los adversarios del general Mosquera y la política aislacionista que profesaban frente a las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Sin embargo, la sombra de aquel caudillo continuó cerniéndose sobre la política colombiana hasta su muerte en 1878. De este modo, un golpe severo padeció en la Colombia de aquel entonces el viejo ideal hispanoamericanista de unión continental, cuyos principales defensores sufrieron la ignominia pública o fueron conminados a salir del país.

Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue el de desconocer la validez del tratado con el Perú, por motivo de haber sido convenido sin previas instrucciones del Senado. El nuevo secretario de relaciones exteriores de la administración Acosta, el doctor Carlos Martín, censuró de la manera más acerba dicho tratado, en su memoria al Congreso de 1868. Al desconocerse el convenio de 1866, el nuevo gobierno colombiano quiso devolver el vapor al Perú, pero el ministro Freire expresó resistencia en recibirlo en una bahía colombiana, a lo cual se le contestó que en cualquier tiempo podría sacarlo de las aguas de la república previa notificación expresa a los agentes españoles de que el buque no era colombiano, condición que no fue aceptada. Hasta finales de esa década, el Perú rechazó toda intervención de España en aquella cuestión y no consintió la invalidación del tratado secreto de 1866, aspectos que llevaron a que las relaciones entre ambos países se enfriaran y fueran un tanto tensas por un par de años. Solamente hasta 1870 (un año después de que España firmará un tratado de paz con el Perú) fue posible lograr con este último país un arreglo relativo a dicho buque por medio del protocolo suscrito en Lima el 20 de julio de aquel año, en el cual el gobierno peruano consideró vencido el término de la negociación secreta suscrita en 1866, y comisionó a un agente de su gobierno para que vendiera aquella embarcación38.

 

Conclusiones

A lo largo de este escrito mostré como a mediados de la década de los sesenta del siglo XIX la diplomacia colombiana estaba escindida en dos tendencias contrapuestas y que estuvieron en pugna durante ese período: aislacionista e hispanoamericanista. La primera imperó en dicho país desde 1857, y tuvo un leve receso cuando llegó el presidente Mosquera al poder. Igualmente, tuvo un serio detractor en el Congreso Americano realizado en Lima en 1864, el panameño Justo Arosemena, quien en notorio desacato a las órdenes de su gobierno, abogó en aquella reunión por la unidad continental y la creación de una liga sudamericana que garantizara la seguridad de sus miembros y la independencia que habían conquistado en franca lid desde la batalla de Ayacucho.

Los aislacionistas sostenían que Colombia no debía acceder a realizar coaliciones continentales mientras no lograra su pacificación y estabilidad interior, y que por ello quedaban derogados los convenios de alianza defensiva suscritos en el período de las independencias. Por su parte, los hispanoamericanistas abogaban por la unidad continental y por el establecimiento de confederaciones que garantizaran la seguridad de los países sudamericanos en una década marcada por diversas amenazas externas e internas que ponían en peligro la soberanía de estas naciones y el equilibrio de poder en el continente: la intervención francesa en México, la invasión española de Republica Dominicana, la guerra hispano-sudamericana y el conflicto bélico de la Triple Alianza.

Al parecer, la primera tendencia era la que imperaba en aquel entonces entre la mayor parte de los miembros del Senado colombiano, quienes a su vez se mostraban como detractores y opositores de las directrices políticas del general Tomás Cipriano de Mosquera. Este personaje, al ocupar la presidencia del país por cuarta vez en 1866, suscribió con el Perú y a espaldas del Congreso, un tratado secreto que, bajo el punto de vista de sus rivales, transgredía la neutralidad que oficialmente había manifestado Colombia desde los inicios del conflicto hispano-sudamericano, y a la par, involucraba a este país en aquella contienda con resultados adversos y funestos. Este hecho relacionado con la política exterior sirvió como detonante de un conflicto doméstico entre los poderes Legislativo y Ejecutivo colombianos, que estalló con todo su furor el 23 de mayo de 1867, y que concluyó unos meses después con el juicio político de aquel mandatario, la pérdida de su investidura, el menoscabo de sus derechos políticos y, finalmente, su exilio.

Hemos hecho alusión a ciertos temas que están íntimamente relacionados y que hacen parte del escenario del conflicto doméstico que se analizó. En primer lugar, la puesta en práctica y las fisuras del ideal panamericanista durante la década de los sesenta del siglo XIX, así como su respectiva recepción en Colombia. Y en segundo lugar, algunos de los rasgos de las relaciones internacionales de este país durante aquellos años y su posición frente a los conflictos que afectaban a las demás naciones hispanoamericanas. Colombia no estuvo tan aislada de los avatares de las demás naciones americanas ni permaneció inmune a las ideologías imperantes por aquel entonces en esta área del hemisferio occidental, aunque así lo haya querido proyectar una historiografía un poco narcisista, egocéntrica y confinada a las barreras de las fronteras nacionales que muy poco ha explorado los vínculos de Colombia con el mundo.

 


Notas al pie

1. El primero de éstos era el tratado del 6 de julio de 1822, de unión, liga y confederación perpetua entre Colombia y el Perú. Asimismo, el segundo de ellos se realizó el 22 de septiembre de 1829 por los plenipotenciarios, Pedro Gual y José de Larrea. Al respecto, véase Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta (Bogotá: Editorial Kelly, 1973), 70-71.

2. Carlos Wiese, Historia del Perú. La República (Lima: Librería Francesa y Casa Editorial E. Rosay, 1922), 73-74; Enrique Chirinos Soto, La Guerra del Perú y España (Lima: P. L. Villanueva, 1966), 13-16; Luis Humberto Delgado, Estampas de la Guerra. Epopeya del Callao, 2 de mayo de 1866 (Lima: Ariel, 1965), 39-100.

3. Juan del Campo Rodríguez, Por la República y por la Reina. Una revisión Histórica de conflicto de 1864-1871 entre España y la alianza peruano-chilena (Lima: Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Actividad, 2007), 73-74.

4. Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934 (Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1961), 412.

5. Juan del Campo Rodríguez, Por la República y por la Reina, 116-117.

6. Ver también Gustavo Pons Muzo, Historia del Conflicto entre el Perú y España (1864-1866) (Lima: Iberia, 1966), 147-156.

7. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, ed. Antonio José Uribe (Bogotá: Imprenta Nacional, 1914), 497.

8. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', 497.

9. Manuel Murillo Toro, ''Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de Colombia'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, 494.

10. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', 497.

11. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', 498.

12. Manuel Murillo Toro, ''Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de Colombia'', 494-495.

13. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', 499-500.

14. Justo Arosemena, Proyecto de tratado para fundar una liga sudamericana (México: Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, 1979), 18.

15. Teodoro Valenzuela, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en sus sesiones ordinarias de 1865'', 499.

16. Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934, 417-418.

17. Santiago Pérez, ''Exposición del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Colombia al Congreso de 1866'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, 512.

18. Respecto a estos temas, véase Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional de Colombia, 1845-1900 (Bogotá: Banco de la República/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001).

19. Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934, 419.

20. Al respecto, véase Tomás Cipriano Mosquera, ''Informe del Presidente de los Estados Unidos de Colombia al Congreso en 1867'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, 547; José María Rojas Garrido, ''Memoria de la Secretaria de lo Interior y Relaciones Exteriores al Sr. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 1867'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, 550.

21. José María Rojas Garrido, ''Memoria de la Secretaria de lo Interior y Relaciones Exteriores al Sr. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, 1867'', 551.

22. Al parecer, según lo manifestó la prensa colombiana del período, a dicha alianza también fue invitado a sumarse Nicaragua, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores dirigió una circular a los demás países de América Central invitándolos a que emitieran su opinión acerca del tratado de alianza ofensiva y defensiva celebrado entre el Perú y Chile. Al respecto, véase ''Alianza Americana'', El Tiempo No. 441, Bogotá, 30 de mayo de 1866.

23. Germán Cavelier, La política internacional de Colombia (Bogotá: Editorial Iqueima, 1959), 25.

24. Cfr. Documentos relativos a la Campaña del Pacífico (1863-1867) (Madrid: Museo Naval, 1966, tomo 2), 196-197.

25. Causa contra el presidente de los Estados Unidos de Colombia, ciudadano gran general Tomás Cipriano de Mosquera y otros altos funcionarios federales (Bogotá: Imprenta de la Nación, 1867), 294-295.

26. Véase Causa contra el presidente de los Estados Unidos de Colombia, ciudadano gran general Tomás Cipriano de Mosquera y otros altos funcionarios federales, 294-295. Resúmenes de dicho pacto se encuentran en Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta, 58-61; Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934, 420 y Germán Cavelier, La política internacional de Colombia, 26-27.

27. Supuestamente, este barco iba acompañado de 175 barriles de pólvora y un armamento de guerra compuesto de ''gruesos cañones rayados de Parrot, otros de a nueve pulgadas, sistema Dahgreen, una enorme cantidad de municiones, un surtido de toda especie de armas, una bandera chilena, varias comunicaciones oficiales [...]'' Al respecto, Cfr. Manuel Plata Azuero, El Rayo. Exposición e informe de una comisión (Socorro: Imprenta de Arenas y Cancino, 1867), 18-19.

28. Una de las causas de la detención de este buque consistía en que España temía que una escuadra enemiga integrada por la flota aliada del Pacífico bombardeara las ciudades costeras de Cuba. Así mismo, los espías y denunciantes españoles habían propalado la especie de que la tripulación del Cuyler al salir a la mar, se insurreccionaría y tomaría el rumbo de la Guaira, con el fin de unirse a la escuadra aliada del Pacífico para atacar los intereses españoles en las Antillas. Al respecto, Cfr. Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta, 158.

29. Esta información se reprodujo después en los diarios internacionales La Prensa Asociada, La Crónica, El Herald, El Evening Post, El Times de Nueva York, La Estrella de Panamá y El Progreso de Lima.

30. Por ese entonces, una fragata española se atrevió a incursionar en el espacio marítimo colombiano para mantener en vigilancia constante a tal embarcación. En otros términos, pocos días después que ''El Rayo'' llegó a aguas colombianas, la flota española se presentó en persecución de ese buque que juzgaba enemigo, instintivamente, el gabinete de Madrid. Al respecto, véase Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta, 207.

31. ''Apartes del alegato de conclusión del fiscal de la Cámara de Representantes, Pablo Arosemena, en la causa de responsabilidad contra el ciudadano Presidente de la Unión, Gran General Tomás Cipriano de Mosquera y sus Secretarios de Estado'', en Colombia y la Diplomacia Secreta, 205-206.

32. ''Casus Foederis'': es una expresión latina que describe la situación y los motivos por los cuales entran en juego los países miembros que han formalizado una alianza de mutua asistencia; por ejemplo, cuando una nación es atacada por otra.

33. ''Apartes de la defensa ante el Senado del gran general Tomás Cipriano de Mosquera'', en Colombia y la Diplomacia Secreta, 232.

34. Al respecto, véase Carlos Martín, ''Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de Colombia al Congreso Constitucional de 1868'', en Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia, 557-560.

35. Se aducía, entonces, que la guerra entre Colombia y el Perú en la cual los soldados colombianos vencieron al mariscal Lamar en el Portete de Tarqui había anulado moral y jurídicamente la alianza de 1822. Véase Diego Uribe Vargas, Colombia y la Diplomacia Secreta, 71.

36. Manuel Plata Azuero, El Rayo. Exposición e informe de una comisión, 8-9.

37. Manuel Plata Azuero, El Rayo. Exposición e informe de una comisión, 11. Véase también Indalecio Lievano Aguirre, El proceso de Mosquera ante el Senado (Bogotá: Editorial Revista Colombiana, 1966).

38. Raimundo Rivas, Historia Diplomática de Colombia, 1810-1934, 432-434 y Germán Cavelier, La política internacional de Colombia, 28-29.


 

Bibliografía

Fuentes primarias

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Castaño Pareja, Y. J. (2013). “La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras. Historia y sociedad, (24), 189–214. https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772

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Castaño Pareja, Y.J. 2013. “La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras. Historia y sociedad. 24 (ene. 2013), 189–214.

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Castaño Pareja, Y. J. “La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras. Hist. Soc. 2013, 189-214.

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CASTAÑO PAREJA, Y. J. “La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras. Historia y sociedad, [S. l.], n. 24, p. 189–214, 2013. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772. Acesso em: 29 mar. 2024.

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Castaño Pareja, Yoer Javier. 2013. «“La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras». Historia Y Sociedad, n.º 24 (enero):189-214. https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772.

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Y. J. Castaño Pareja, «“La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras», Hist. Soc., n.º 24, pp. 189–214, ene. 2013.

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Castaño Pareja, Y. J. «“La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras». Historia y sociedad, n.º 24, enero de 2013, pp. 189-14, https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772.

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Castaño Pareja, Yoer Javier. «“La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras». Historia y sociedad, no. 24 (enero 1, 2013): 189–214. Accedido marzo 29, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772.

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1.
Castaño Pareja YJ. “La Diplomacia Secreta”: la participación de Colombia en el conflicto entre Perú y España por las islas guaneras. Hist. Soc. [Internet]. 1 de enero de 2013 [citado 29 de marzo de 2024];(24):189-214. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/39772

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