Luis Antonio Restrepo Arango,Proceso histórico de los derechos humanos en Colombia, 2da edición (Medellín: Ediciones Unaula, 2011), 207 pp.

La primera edición de este texto vio la luz pública en el año 1995, poco después de que Colombia viviera una de las épocas más críticas y trágicas de su historia reciente. La Constitución Política de 1991 respaldó de manera positiva los acuerdos a los que llegó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en la que se proclamaron los derechos humanos universales, basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca, y los derechos inalienables a la condición humana. Sin embargo, al margen de la carta política, la realidad distaba de concordar con tales preceptos. Luis Antonio Restrepo sostiene al respecto que la expedición de una constitución no resuelve los conflictos socio-políticos de un país, aunque sí es una herramienta para actuar sobre ellos.

RESEÑA

Luis Felipe Vélez Pérez

Estudiante de Pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Dirección de contacto: lfvelezp@unal.edu.co

---

La primera edición de este texto vio la luz pública en el año 1995, poco después de que Colombia viviera una de las épocas más críticas y trágicas de su historia reciente. La Constitución Política de 1991 respaldó de manera positiva los acuerdos a los que llegó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en la que se proclamaron los derechos humanos universales, basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca, y los derechos inalienables a la condición humana. Sin embargo, al margen de la carta política, la realidad distaba de concordar con tales preceptos. Luis Antonio Restrepo sostiene al respecto que la expedición de una constitución no resuelve los conflictos socio-políticos de un país, aunque sí es una herramienta para actuar sobre ellos.

En la sociedad colombiana actual aún está presente el interrogante sobre el reconocimiento que tienen los derechos humanos como la ''idea política fundamental por excelencia''¹. El texto permite acercar un proceso complejo que ha contribuido a formar el imaginario político de los ciudadanos, y su importancia reside en que no pierde vigencia, pues actualmente los problemas políticos y culturales de la sociedad pueden ser iluminados por este proceso y pueden ser pensados a la par con las necesidades de comprensión específicas del momento.

Entre el establecimiento del gobierno español y la independencia, se crearon una serie de instituciones que regentaron durante cientos de años el territorio y que, de alguna manera, moldearon la concepción del derecho colonial. El autor destaca la relevancia de aspectos como la esclavitud, la Inquisición, las encomiendas y los resguardos, los trabajos, la educación y la manera como estos aspectos configuraron la estructura del antiguo derecho. La traducción de Antonio Nariño, en 1794, de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, formulada durante la Revolución Francesa, tuvo un impacto importante en la élite letrada e influenció cierta parte de las cartas políticas durante el proceso de independencia, pero se convirtió en una utopía lejana para la población y en una pieza de propaganda política. Tal y como afirma el profesor Restrepo, esta condición no ha cambiado mucho en el presente.

Respecto a los años comprendidos entre el establecimiento de la Gran Colombia en 1821 y el derrumbe del radicalismo liberal en 1886, Restrepo destaca la contradicción entre los ideales democráticos de la Constitución de Cúcuta y la subsistencia de la esclavitud hasta mediados de siglo —que, entre otras cosas, no fue para nada un reconocimiento de un derecho humano hacia la población negra—; la inestabilidad en la concreción de una ideología laica o religiosa en la educación pública; el sufragio universal restringido; los intereses en las tierras indígenas y los ejidos; la posición regia de la politizada iglesia colombiana; y, finalmente, los impactos de las guerras civiles. Más allá de los intentos que hicieron los radicales con la Constitución de Rionegro de 1863, las libertades democráticas de la carta política, con las manifestaciones de un claro cambio en el imaginario social, quedaron supeditadas a las condiciones de la guerra y al enfrentamiento armado. La Constitución radical resultó insuficiente para organizar la vida política y la convivencia civil. No obstante, en este período se logró avanzar en ciertos aspectos de lo público, como la organización de la Universidad Nacional de Colombia, el impulso a institutos de formación artística y cultural y la preocupación por la salud y la higiene de la población. Esta misma carta suprimió por primera vez la pena de muerte en Colombia.

La Constitución de 1886 restableció la pena de muerte y se organizó para mantener el orden público mediante la persecución y la represión de la prensa opositora y de lo que llamaban ''atentados contra la tranquilidad pública''. El equilibrio de los poderes se debilitó más que en tiempos pasados, el sufragio continuó siendo restringido y se estableció el fuero militar. Veinticuatro años después, la Reforma Constitucional de 1910 abolió la pena de muerte, pero no logró generar cambios en aspectos como el sufragio y las garantías políticas y sociales para ejercer la crítica o adoptar una ideología diferente. Entre los aspectos más importantes, Restrepo resalta las reformas dirigidas a campesinos y obreros, pues se intentó organizar el tema de las pensiones, la educación pública básica y el apoyo para acceder a tierras y propiedades. También se abogó por la protección de las clases pobres y se redireccionó el rumbo del liberalismo en los años siguientes. La segunda y tercera década del siglo XX se transformaron, entonces, en una época de reformas jurídicas en lo laboral y en lo social. Pero, una vez más, acontecimientos como la masacre de las bananeras y la postura del conservatismo de perseguir el comunismo y el sindicalismo trajeron como consecuencia la muerte de muchos ciudadanos y la evidencia de la falta de garantías para ejercer la libertad política y social.

En la década del treinta se inició una tibia legislación sobre la mujer en aspectos como los bienes matrimoniales y el acceso a la formación básica. Alfonso López Pumarejo (1934-1938) emprendió una serie de reformas encaminadas a establecer la propiedad pública, la asistencia pública, la libertad de conciencia (para aquellos que no fueran contrarios a la moral cristiana y a las leyes), la libertad de enseñanza (con suprema inspección y vigilancia del estado, pues se buscaba preservar la moral de los ciudadanos), la reorganización de la Universidad Nacional Colombia y el fomento a la investigación; así mismo continuó fortaleciendo las reformas laborales y la seguridad social, y además ofreció algunas garantías legales para la organización sindical. Sin embargo, pocos años después, sostiene Restrepo, el régimen conservador acusó a la Universidad Nacional y a la Escuela Normal de infectar al pueblo colombiano y dañar las costumbres. En la década del cuarenta la Universidad fue declarada confesional, se intensificó la persecución política y social y se agudizó el conflicto por la tierra. La violencia se exacerbó tras la muerte de Gaitán en 1948, y surgió entonces el bandolerismo social como forma de protesta. El gobierno conservador se enfrascó en una guerra contra la oposición y las nacientes guerrillas liberales, y en 1954, con el argumento de restaurar el orden, ascendió al poder el general Gustavo Rojas Pinilla.

En el Plebiscito de 1957 se otorgó el voto a la mujer y se entablaron las bases para el Frente Nacional: un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder cada cuatro años, desconociendo otras tendencias políticas y amparándose ambos en el apoyo de la Iglesia. Según Restrepo, los únicos aspectos positivos del Plebiscito fueron el voto femenino, el derecho a emplearse sin discriminación política y el aumento de la inversión estatal en la educación. En la década del sesenta los terratenientes, con el apoyo del estado, fortalecieron la guerra por la tierra contra el campesinado y cualquier intento democrático emanado de este. En 1973 se firmó el Concordato con la Iglesia católica y la religión participó nuevamente en la formulación de los programas oficiales de educación.

Después del Plebiscito sobrevino paulatinamente la violencia paraestatal. En 1978, Julio César Turbay expidió un Estatuto de Seguridad, el cual permitió responder con seguimientos, detenciones, encarcelamientos y otras medidas a quien(es) estuviera(n) implicado(s) en cualquier intento de subversión (en gran medida oposición). Para ese año, el conflicto de las drogas había crecido considerablemente y no tardó en incrementar la violencia política y las cifras de asesinatos de la población. Rescata Restrepo la legislación sobre la elección popular de alcaldes, pero insiste en mostrar la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el tránsito hacia la Constitución de 1991.

''Las estructuras profundas de una sociedad no se cambian tan fácilmente''², afirma Restrepo. La Carta de 1991 es y será ''letra muerta'' en la medida en la que no sea usada por fuerzas sociales y políticas activas que conduzcan a la satisfacción de los requerimientos sociales. Ricardo Sánchez, a propósito de la primera edición, refiere que es menester construir una cultura política democrática, en la cual los derechos humanos sean la encarnación de las aspiraciones individuales y colectivas para construir la libertad como algo material y la dignidad de la persona humana como lo fundamental, porque de lo contrario son propaganda³.

---

Notas al pie

¹. Para estudiar el desarrollo de este asunto véase Christoph Menke y Arnd Pollmann, Filosofía de los derechos humanos (Barcelona: Herder, 2010), 11-26.

². Luis Antonio Restrepo Arango, Proceso histórico de los derechos humanos en Colombia, 2da edición (Medellín: Ediciones Unaula, 2011), 190.

³. Ricardo Sánchez, ''Proceso histórico de los derechos humanos en Colombia'', Historia y Sociedad No. 2 (2003): 153.