Fernando Mayorga García, Historia de la organización electoral en Colombia (1888-2012). Vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo (Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2013), 528 pp.

Frente a la simpli!caciones de algunos “violentólogos” que reducen los relatos
sobre las experiencias políticas de la nación colombiana a unas letanías de las “guerras
civiles absurdas” de un país en “perpetua guerra”, en las que no habría brillado
para la sociedad alguna paz perpetua, este reciente libro de Fernando Mayorga García
arroja nueva luz desde una prolija documentación legislativa, transcrita en extenso,
sobre las estrechas relaciones que existen entre el régimen electoral y la paci!cación
de la vida política en un régimen republicano, es decir, como remedio contra la contestación
armada.

RESEÑA

Armando Martínez Garnica

Profesor de la Universidad Industrial de Santander.Dirección de contacto: armando@uis.edu.co

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Frente a la simplificaciones de algunos ''violentólogos'' que reducen los relatos sobre las experiencias políticas de la nación colombiana a unas letanías de las ''guerras civiles absurdas'' de un país en ''perpetua guerra'', en las que no habría brillado para la sociedad alguna paz perpetua, este reciente libro de Fernando Mayorga García arroja nueva luz desde una prolija documentación legislativa, transcrita en extenso, sobre las estrechas relaciones que existen entre el régimen electoral y la pacificación de la vida política en un régimen republicano, es decir, como remedio contra la contestación armada.

Dos ejemplos bastan para ilustrar esta relación. El primero es la ley electoral aprobada por el Estado Federal de Santander al nacer, que estableció a finales de diciembre de 1857 la elección ciudadana directa de los treinta y cinco diputados ante su Asamblea Legislativa. El diputado liberal Marco A. Estrada consideró que esta ley era tan importante como la constitución de este Estado, ''porque de ella depende en gran parte el arreglo y sostenimiento de un gobierno republicano y democrático, como el que le era obligatorio a Santander organizar''. Pero el procedimiento electoral acogido de una única lista, en la que los electores marcaban con una X los nombres de treinta y cinco legisladores para que a la hora del escrutinio se ordenaran de mayor a menor, según el número de votos que había obtenido cada nombre, produjo en los comicios de 1858 un resultado inesperado: todos los treinta y cinco diputados principales electos eran liberales, y en la lista de los suplentes solo habían quedado dos conservadores (Adolfo Harker y Scipión García Herreros), con lo cual los electores conservadores de San Gil, Pamplona, Onzaga y Girón quedaron excluidos del poder legislativo del Estado. El mismo Estrada tuvo que reconocer que este procedimiento electoral había favorecido a los candidatos liberales de los distritos más poblados, como el Socorro, Bucaramanga y Cúcuta, y que la abstención de los electores de los distritos menos poblados se había producido porque no les eran conocidos los nombres de los candidatos de la lista única.

La inconformidad conservadora en los distritos parroquiales donde por tradición habían sido mayoría fue evidente, más aún cuando el nombramiento de los alcaldes era atribución del jefe superior del Estado, quien nombraba para dichos puestos a los miembros de su propio partido. El primer presidente Manuel Murillo Toro y algunos liberales prestigiosos tuvieron conciencia del problema político no previsto que había creado la ley electoral y propusieron ante la Legislatura estatal de 1858 la creación de círculos electorales, diseñados por un sistema de de cociente electoral, para que todos tuviesen representación, pero fueron derrotados al votarse la proposición. Fue así como los conservadores no tuvieron otra opción que ''pronunciarse'' en armas, tal como tuvo que reconocerlo Felipe Pérez en sus Anales de la revolución.

De esta suerte, un hombre pacífico como Leonardo Canal se puso en Pamplona al frente de cien hombres armados y en Onzaga se pronunció Juan José Márquez, un militar pastuso que había sido miembro de la guardia del palacio presidencial en la noche de la conspiración septembrina de 1828. En el Socorro el pronunciamiento corrió a cargo de Habacuc Franco, un joven bien educado que había sido traído al Estado por el mismo Murillo Toro y quien había sido nombrado alcalde de Suaita por el presidente Vicente Herrera, cargo que no aceptó porque ya se había alistado en las filas conservadoras. En Málaga el pronunciamiento fue encabezado por Salustiano Ortiz y en Girón fue liderado por Blas Hernández y Crisóstomo Ordoñez. Márquez y Franco se reunieron el 2 de marzo de 1859 en el Socorro y publicaron una declaración de sus motivos para la rebelión: ''La burla del sufragio, la omnipotencia de la Asamblea, la pérdida de autonomía por parte de los municipios, el abandono de los caminos, el cierre de las escuelas, la mala administración de justicia y la abolición de la pena de muerte''.

El segundo ejemplo es el proyecto de ley reformatoria de la ley electoral que se debatió en la Legislatura de 1898, presentado por Eliseo Arbeláez y defendido vigorosamente por Rafael Uribe Uribe, quien se quejó del ''cruel ostracismo a que había sido condenado el Partido Liberal'' y de la negación de justicia a ''ese partido humillado y escarnecido desde hacía trece años'', advirtiendo que la no aprobación de esta ley haría oír ''las bocas de los fusiles en el día de la revancha a la justicia''. Después de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes con el apoyo de los conservadores históricos pasó a un Senado dominado por los conservadores nacionalistas, donde con mañas dilatorias no lo debatieron ni lo aprobaron, pese al Manifiesto que el jefe del Partido Liberal, el expresidente Aquileo Parra, había hecho publicar para pedir la reforma de la ley electoral vigente, con el fin de independizar al Poder Electoral para ''asegurar la pureza y efectividad del sufragio de todos los ciudadanos que tengan derecho a ejercerlo''. Las consecuencias son bien conocidas: en octubre de 1899 el Partido Liberal se lanzó a la lucha armada que, iniciada en Santander, se extendió por el país hasta noviembre de 1902. En medio, el vicepresidente Marroquín dio un golpe cívico-militar al presidente Sanclemente, y el nuevo gobierno organizó un Gran Consejo Electoral que hizo posible los comicios que llevaron al solio presidencial al general Rafael Reyes para el período 1904-1910.

La narrativa de la organización electoral elegida por Fernando Mayorga sigue un orden cronológico, a medida que fueron cambiadas por las distintas legislaturas constitucionales las instituciones electorales, y mediante una transcripción extensa de las fuentes documentales va situándolas en su contexto político para derivar sus consecuencias. El Gran Consejo Electoral es el actor principal de la primera parte del relato, bien por su temporal desaparición durante la Administración Reyes, por su restauración en la Asamblea Nacional de 1910 o por sus desarrollos en el tiempo de las administraciones liberales del período 1930-1946. A partir de entonces el relato versa sobre un nuevo actor, la Corte Electoral en los tiempos del Frente Nacional, entendida en los términos de una modernización de la organización electoral para asegurar el cumplimiento de los pactos de Sitges y Benidorm, hasta desembocar en un Consejo Nacional Electoral. El relato comienza a cerrarse en los tiempos posteriores a la transformación constitucional de 1991, cuando emergió la Organización Electoral, y finaliza con el extenso debate parlamentario que antecedió la aprobación del acto legislativo número 1 de 2003, modificatorio del artículo 264 de la Constitución Nacional, juzgado por el autor como un retorno a la década de 1940, cuando la elección de los integrantes del Consejo Electoral estaba en manos del Congreso. El argumento del documentado relato es la larga lucha, no terminada aún, por la construcción de un régimen electoral independiente de los partidos políticos, la única garantía del funcionamiento de un régimen representativo eficiente. El caso de Venezuela en los tiempos en que fue una ''república bolivariana'', pero quizás también en los tiempos del régimen del ''Punto Fijo'', permite destacar la importancia social de ese propósito político tan esquivo pero tan necesario para la vida civilizada.

Las transcripciones en extenso de los debates parlamentarios, de las actas de comisiones o de las constancias de algunos congresistas, así como de textos de leyes, no hacen fácil la lectura de este libro para quienes no son juristas, historiadores o científicos sociales. Pero el camino de la ciencia, como se sabe, es difícil y escabroso. Estamos ante una representación histórico-jurídica de un especialista dotado con los atributos del rigor de la exposición y del orden discursivo. Es por ello que el presentador, Carlos Ariel Sánchez Torres, actual Registrador Nacional del Estado Civil, inscribe este libro en el campo de la historia institucional y lo registra como un nuevo hito del autor en este camino, abierto con su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, en el campo de la historia del derecho castellano e indiano, y con sus Orígenes de la Registraduría Nacional del Estado Civil (1995). El atributo de la erudición del libro de Fernando Mayorga queda constatado con su colección de esbozos biográficos documentados sobre todas las personas que integraron la Organización Electoral entre los años 1888 y 2012, un anexo de 235 páginas en archivo PDF que el lector puede consultar en el siguiente enlace: http://editorial.urosario.edu.co//userfiles/file/HistoriaOrganizacionElectoral_anexo.pdf.

En varios eventos académicos ha convocado este profesor investigador de la Universidad del Rosario a los historiadores a interesarse en la historia de las instituciones y del derecho, con el propósito de dotar a las nuevas representaciones científicas con la hermenéutica de la jurisprudencia y con el rigor del análisis político sobre el funcionamiento de las instituciones del poder del Estado. La destrucción del orden institucional de los fondos documentales del Archivo General de la Nación por quienes durante el siglo XIX lo despedazaron en temas arbitrarios, sin atención alguna al principio de procedencia institucional, propició en Colombia cierta tradición historiográ fica de desprecio por la historia de las instituciones estatales, favorecida por los prejuicios ideológicos populistas adversos al reconocimiento de la majestad del estado nacional. Es por ello que esta obra, por difícil que resulte en su lectura para los legos, es parte de esa convocatoria del autor por la mejora del rigor metodológico de las representaciones científicas de la historia que se están construyendo en nuestro país.