Territorialidad, mapeo participativo y política sobre los recursos naturales: la experiencia de América Latina

Territoriality, Participatory Mapping, and Natural Resources Policy: The Latin American

El mapeo participativo lo han usado comunidades indígenas y afrodescendientes en luchas de derecho a tierras y recursos. Sin embargo, nuevas presiones relacionadas con las políticas de cambio climático y prácticas extractivas han surgido en la reconceptualización del mapeo participativo. Este artículo presenta su historia en el contexto de las reformas territoriales y las leyes internacionales del siglo XX. Se discuten los avances del mapeo participativo, incluyendo usos innovadores de mapeo para representaciones espaciales, conservación cultural y manejo endógeno de recursos y gobernación comunitaria. Estas reflexiones surgen del Foro Internacional Cartografía Participativa y Derechos al Territorio y los Recursos, que tuvo lugar en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) en el 2011.

Participatory mapping has long been used by indigenous and Afro-descendant communities to support their struggles for land and resources rights. However, new pressures associated with global climate change policies and extractive industry practices have led to the reconceptualization of participatory mapping. The article reviews the history of participatory mapping in the context of 20th century land reforms and international law. It also discusses the advances in participatory mapping, including innovative uses of mapping for spatial representations, cultural conservation, and endogenous resource management and community governance. These reflections emerged from the International Forum on Participatory Mapping and Rights to Land and Resources held at the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2011.

O mapeamento participativo foi usado por comunidades indígenas e afrodescendentes em lutas de direito a terras e recursos. No entanto, novas pressões relacionadas com as políticas de mudança climática e práticas extrativas surgiram na reconceituação do mapeamento participativo. Este artigo apresenta sua história no contexto das reformas territoriais e as leis internacionais do século XX. Discutem-se os avanços do mapeamento participativo, incluindo usos inovadores de mapeamento para representações espaciais, conservação cultural e gestão endógena de recursos e governo comunitário. Estas reflexões surgem do Fórum Internacional de Cartografia Participativa e Direito ao Território e os Recursos, que aconteceu na Universidade dos Andes (Bogotá, Colômbia) em 2011.

Territorialidad, mapeo participativo y política sobre los recursos naturales: la experiencia de América Latina Territorialidade, mapeamento participativo e política sobre os recursos naturais: a experiência da América Latina Territoriality, Participatory Mapping, and Natural Resources Policy: The Latin American Experience Bjørn Sletto^*
University of Texas, EE. UU. Joe Bryan^**
University of Colorado, EE. UU. Marla Torrado^***, Charles Hale^****
University of Texas, EE. UU. Deborah Barry^*****
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador

^*Dirección postal: The University of Texas at Austin, School of Architecture, 310 Inner Campus Drive Stop B 7500, Austin, TX, 78712. Correo electrónico: bjorn@utexas.edu
^**Dirección postal: University of Colorado, Department of Geography, 260 UCB, Boulder, CO 80309. Correo electrónico: jbryan@colorado.edu
^***Correo electrónico: mtorrado@utexas.edu
^****Dirección postal: The University of Texas at Austin, Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies, 1 University Station D 0800, Austin, TX, 78712. Correo electrónico: crhale@mail.utexas.edu
^*****Dirección postal: VIP n.º 992, P. O. Box 025364, Miami, FL, 33102. Correo electrónico: deborahabarryl@gmail.com

RECIBIDO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ACEPTADO: 25 DE ENERO DEL 2013.
Artículo de reflexión sobre cómo el área del mapeo participativo ha entrado en una nueva fase crítica e innovadora. Esta es guiada por innovaciones metodológicas que surgen de comunidades indígenas y afrodescendientes de América Latina, caracterizada por usos creativos de mapeo para procesos endógenos de conservación cultural, gobernación, y desarrollo comunitario.

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Resumen

El mapeo participativo lo han usado comunidades indígenas y afrodescendientes en luchas de derecho a tierras y recursos. Sin embargo, nuevas presiones relacionadas con las políticas de cambio climático y prácticas extractivas han surgido en la reconceptualización del mapeo participativo. Este artículo presenta su historia en el contexto de las reformas territoriales y las leyes internacionales del siglo XX. Se discuten los avances del mapeo participativo, incluyendo usos innovadores de mapeo para representaciones espaciales, conservación cultural y manejo endógeno de recursos y gobernación comunitaria. Estas reflexiones surgen del Foro Internacional Cartografía Participativa y Derechos al Territorio y los Recursos, que tuvo lugar en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) en el 2011.

Palabras clave: cartografía social, derechos indígenas, demarcación, mapeo participativo, territorialidad.

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Resumo

O mapeamento participativo foi usado por comunidades indígenas e afrodescendentes em lutas de direito a terras e recursos. No entanto, novas pressões relacionadas com as políticas de mudança climática e práticas extrativas surgiram na reconceituação do mapeamento participativo. Este artigo apresenta sua história no contexto das reformas territoriais e as leis internacionais do século XX. Discutem-se os avanços do mapeamento participativo, incluindo usos inovadores de mapeamento para representações espaciais, conservação cultural e gestão endógena de recursos e governo comunitário. Estas reflexões surgem do Fórum Internacional de Cartografia Participativa e Direito ao Território e os Recursos, que aconteceu na Universidade dos Andes (Bogotá, Colômbia) em 2011.

Palavras-chave: cartografia social, direitos indígenas, demarcação, mapeamento participativo, territorialidade.

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Abstract

Participatory mapping has long been used by indigenous and Afro-descendant communities to support their struggles for land and resources rights. However, new pressures associated with global climate change policies and extractive industry practices have led to the reconceptualization of participatory mapping. The article reviews the history of participatory mapping in the context of 20^th century land reforms and international law. It also discusses the advances in participatory mapping, including innovative uses of mapping for spatial representations, cultural conservation, and endogenous resource management and community governance. These reflections emerged from the International Forum on Participatory Mapping and Rights to Land and Resources held at the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2011.

Keywords: social cartography, indigenous rights, demarcation, participatory mapping, territoriality.

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Introducción¹

El mapeo participativo ha surgido en las últimas dos décadas como una herramienta popular para la demarcación y defensa de territorios y tierras tradicionales. Sin embargo, estos métodos participativos también han sido objeto de análisis crítico, dadas las implicaciones que pueden tener sobre procesos de cambios sociales y relaciones desiguales de poder entre comunidades, y sobre los límites representacionales que tienen de las visiones tradicionales del mundo y de sus perspectivas sobre tiempo y espacio. Mientras que estos proyectos de mapeo han, sin lugar a dudas, contribuido significativamente en avances para otorgar derechos de tierras, también han sido criticados por replicar métodos hegemónicos de clasificación de tierras, recursos y delimitación de límites; por apoyar procesos de dominación del Estado y del sistema capitalista, y por no poder ajustarse a nuevas realidades político-económicas que moldean procesos de derecho a las tierras y a los recursos (Acselrad 2008; Bryan 2011a-b; Sletto 2009a-b-c; Wainwright y Bryan 2009).

Recientemente se han visto muchos cambios en las políticas de manejo de los recursos en la región, en primer lugar debido a tendencias globales, tales como la expansión del extractivismo industrial y el agronegocio, megaproyectos de infraestructura, regímenes de conservación de segunda generación y el comercio de carbono. Como resultado, nuevos actores y nuevas presiones han surgido, pudiendo incidir en los derechos a tierras y recursos de indígenas, afroindígenas y de otras comunidades forestales nativas² cambiando fundamentalmente el contexto en el que las tecnologías de mapeo participativo son utilizadas, y exigiendo nuevas maneras de pensar sobre estos métodos, sus peligros y potenciales (Agnew y Oslender 2010; Bryan 2012; Hale 2005; Ulloa 2005).

Para comenzar un diálogo regional sobre este tema, el Foro Latinoamericano de Mapeo Social: Derechos al Territorio y los Recursos fue organizado en la Universidad de los Andes, en Bogotá (Colombia), entre el 1 y el 2 de junio del 2011³. El foro, sin precedentes en América Latina por su enfoque y amplitud⁴, reunió a más de cincuenta académicos, profesionales, líderes indígenas y de otros grupos que han apoyado o llevado a cabo luchas por el reconocimiento del derecho a sus tierras y recursos, y quienes representan algunos de los casos más sobresalientes en América Latina, en donde el mapeo participativo ha desempeñado un papel importante. A continuación se presenta una síntesis de las lecciones aprendidas durante las presentaciones y reflexiones críticas que surgieron en el foro, haciendo un esquema de lo que se consideran los caminos e implicaciones del mapeo social y participativo en el futuro, en el contexto de los derechos a las tierras y a sus recursos. Se ha hecho referencia a literatura relevante, pero la mayoría de los aportes que aquí se presentan surgen de diálogos que se llevaron a cabo durante el taller.

El foro tenía dos objetivos principales: el primero era examinar críticamente cómo prácticas pasadas de mapeo social le han dado forma a los procesos, y consecuentemente a los resultados, de reconocimiento de derechos a tierras y bosques por parte del Estado, y sus impactos en procesos de gobernación local/comunitaria sobre territorios y recursos naturales. Lo que distingue este evento de otros es que varios casos fueron analizados conjuntamente para iluminar diferentes estrategias de reformas forestales dentro del contexto regional local entre 1980 y el 2005, el período de mayor cantidad de reformas de tenencia de tierras en la región⁵. Y segundo, estimular la reflexión crítica, explorando las "lecciones aprendidas" de las experiencias pasadas de mapeo participativo, para así poder nutrir las luchas actuales y futuras de derechos a la tierra y a los recursos de comunidades indígenas, afroindígenas y de otros grupos marginales.

Los organizadores de este evento consideraron que una reflexión crítica de la experiencia latinoamericana en tenencia de tierras, y particularmente del papel del mapeo social, era pertinente no solo para el futuro de la región, sino también para luchas similares que se están llevando a cabo en África y Asia. El evento reunió a un grupo seleccionado de investigadores, activistas y profesionales que han estado muy relacionados con dichos procesos, en un momento en que la práctica del mapeo participativo se extiende rápidamente, a la vez que surgen preocupaciones sobre cuáles son las garantías legales futuras para estos derechos de tierras (Hale 2006). A continuación se ofrece una síntesis de los principales temas que surgieron de las presentaciones y de las discusiones después de cada presentación. Aunque las lecciones aprendidas varían grandemente y pueden ser revisadas en los documentos del foro disponibles por la web, aquí se concentran en los temas que constantemente aparecían durante el foro⁶. Se finaliza con un análisis sobre lo pensado, como los pasos y direcciones futuras, tanto para la práctica como para la investigación.

En la sección 2 se repasa el contexto histórico-intelectual, legal y político-económico de los avances en tenencia y territorialidad, y se presentan los desafíos más recientes que ponen en peligro estos avances. A pesar de que décadas recientes han presenciado avances en tenencias y derechos a los recursos, el mapeo participativo continuará desempeñando un papel importante en mantener y salvaguardar estos derechos ante nuevas presiones. Los títulos de tierra de bosques en América Latina constituyen aproximadamente casi la mitad del total de títulos colectivos otorgados en los países en desarrollo, en donde los derechos sobre aproximadamente 214 millones de hectáreas, de un total de 440 millones, han sido reconocidos legalmente⁷. Estos adelantos en derechos de tenencia han coincidido con dos eventos: primero, con importantes avances en procesos legales y leyes nacionales e internacionales, incluyendo la Convención de la Organización Laboral Internacional —en adelante, ILO— 169, y mejoras en el apoyo legal a nivel nacional para derechos colectivos y de territorialidad; y, segundo, con la aparición del mapeo participativo como herramienta para las luchas por los recursos y el territorio. Particularmente, la Convención 169 incorporó el concepto de territorio indígena y le dio ímpetu a acciones legales para el reconocimiento territorial; y muchos de los esfuerzos del mapeo participativo han sido orientados a asegurar varias formas de derechos al territorio, tierras y recursos bajo estos nuevos regímenes legales, nacionales e internacionales. Sin embargo, la reciente expansión de industrias extractivas, megaproyectos de infraestructura, reducción de emisiones por deforestación y degradación —en adelante, REDD— y otros mecanismos de mercados de carbono están poniendo grandes presiones en las comunidades forestales (OIT 2007). Un punto clave de análisis fue si estas presiones también proporcionan oportunidades inesperadas para asegurar derechos a las tierras a través de un sinnúmero de estrategias políticas, incluyendo el mapeo participativo. La pregunta general que guiaba el foro, entonces, era: ¿Puede el mapeo participativo servir como herramienta productiva para proteger y avanzar los derechos de los bosques dadas estas nuevas realidades políticas y económicas?

En la sección 3 se presentan los "principales métodos" utilizados en el mapeo participativo. Se provee una visión amplia sobre las diferentes "escuelas de pensamiento", para luego analizar las relaciones entre el desarrollo de métodos de mapeo participativo y avances en regímenes legales internacionales; para discutir las fortalezas y debilidades de diferentes tecnologías de mapeo, y, finalmente, para reflexionar sobre cómo el mapeo participativo debe ser comprendido dadas las diferentes visiones de lo que es territorio, límites y espacio.

La sección 4 muestra cómo las presentaciones se relacionan con una "reconceptualización de las formas tradicionales de mapeo participativo". Estas conversaciones dan paso a una definición más amplia de los "mapas", para incluir una multiplicidad de formas representacionales, a la vez que crean una nueva manera de pensar el mapeo participativo, entendido como un espacio de diálogo surgido de procesos sociales endógenos, incluyendo la planificación del desarrollo y el manejo de recursos. Se sugiere que el mapeo participativo está pasando por un proceso de transformación: de ser un juego de herramientas guiado principalmente por la necesidad de "traducir" y de hacer visible el uso de los recursos y el reclamo de tierras en el ámbito legal de cara al Estado, a ser un conjunto diverso de estrategias representacionales, que está en constante evolución, pues surge de procesos sociales endógenos. Proyectos de mapeo participativo, como los discutidos en el foro, están, cada vez más, no solo desafiando definiciones convencionales de los que son los "mapas", sino también lo que es considerado como "mapas de contraataque" indígenas. Es por eso que el mapeo participativo no debe ser visto solo como una herramienta, sino como un proceso creativo de producción socioespacial dentro de un diálogo transdisciplinario, arraigado en realidades endógenas y que resulta en una multiplicidad de formas representacionales. Esto sugiere la necesidad de considerar críticamente de qué manera el mapeo participativo puede reforzar las desigualdades entre y dentro de las comunidades, reconfigurando las relaciones sociales internas dentro de estas de maneras inesperadas.

Usando estas reflexiones críticas, la sección 5 presenta una serie de observaciones sobre las posibles perspectivas del mapeo participativo como proceso pragmático, con una visión abierta hacia el futuro. Los participantes sugirieron que el mapeo participativo puede desempeñar un papel importante en las "funciones internas" de las comunidades, en términos educativos y organizacionales, y, de manera más general, en la reafirmación de identidades culturales. Es decir, que las comunidades emplean herramientas de mapeo participativo para fortalecer procesos endógenos de manejo de recursos, planificación y desarrollo contra el extractivismo, los mecanismos globales de mercados de carbono y otras presiones globales externas asociadas con las luchas por los bosques y el control de los recursos. Esto sugiere que el mapeo participativo puede continuar desempeñando un papel importante en la protección y en los avances recientes sobre la tenencia de la tierra y la territorialidad de las comunidades forestales.

La sección 6 concluye con una revisión de los resultados principales del foro y propone una serie de "preguntas y sugerencias para la investigación y la práctica". Estas incluyen: ¿Deberían, en primer lugar, ser creados los mapas?, y si se cree que sí, ¿cómo y con quién deben ser creados?, ¿con qué tecnologías y para qué propósitos? Aquí se hace referencia a la necesidad de que haya un diálogo abierto y crítico acerca del papel que potencialmente pueden desempeñar las tecnologías de mapeo participativo dadas las metas a largo plazo de grupos forestales indígenas y de otras comunidades forestales, y también dada la necesidad de desmitificar y desafiar el "privilegio" que el proceso de creación de mapas por parte de fuerzas externas tiene. Además se plantea: ¿cuáles son las implicaciones negativas del mapeo participativo que deben ser tenidas en cuenta por las comunidades forestales? Se hace referencia particularmente al papel que desempeña el mapeo participativo en dar forma o reproducir relaciones sociales (desiguales), y al riesgo de hacer visibles los conocimientos locales sobre la localización de los recursos y sus usos, que muy bien pueden ser apropiados por intereses externos, como exploraciones petroleras o mineras.

Por un lado se encuentra el riesgo de (re)producir las relaciones desiguales de poder por medio de la inclusión o exclusión en los procesos de mapeo participativo; por ejemplo, los seminarios de mapeo participativo en su mayoría están dominados por hombres de la comunidad, quienes tienen mayor acceso a los espacios de toma de decisiones, excluyendo a las mujeres y a los jóvenes de los proyectos. Por otro lado, el uso de tecnologías de comunicación, tales como sistemas de información geográfica (SIG) y GPS, puede reforzar la participación de los jóvenes de las comunidades y, potencialmente, hacer que se excluyan los conocimientos tradicionales mantenidos por los más ancianos. Al mismo tiempo, las comunidades que trabajan en mapeo participativo necesitan considerar los riesgos que conlleva el revelar la localización de lugares que son centrales para su reproducción cultural y económica, tales como espacios sagrados y recursos naturales —como plantas medicinales y minerales—, ya que estos mapas pueden ser incorporados a flujos globales de información, dejando a las comunidades sin control del uso que se le dé a estas tierras.

Así, el mapeo participativo debe estar acompañado de un diálogo crítico centrado en la revelación y el encubrimiento de información espacial. Al proveer estas sugerencias, como notas para seguir adelante en este diálogo sobre mapeo participativo, se enfatiza que este tipo de reflexiones críticas y abstractas sobre los peligros del mapeo deben ser suavizadas por los logros que han tenido las comunidades forestales en las luchas para obtener derechos básicos al territorio y a los recursos, para quienes un mapa de su propio territorio es el primer paso para tales fines.

Contexto: avances en reformas de tenencia y leyes internacionales

Gracias a las fuerzas que se han acumulado por las demandas de grupos indígenas y afrodescendientes, y por un giro hacia un discurso de multiculturalismo bajo regímenes de neoliberalismo, significativas reformas se han llevado a cabo en los últimos 20 años sobre la tenencia de tierras públicas forestales alrededor del mundo, particularmente en América Latina (Hale 2005; Restrepo 2007). Hoy día, en América Latina, el Estado es dueño del 36% de las tierras forestales, en contraste con Asia, en donde este es dueño del 68%, y África, con casi el 98%. Estas reformas, iniciadas de manera más agresiva desde mediados de 1980, aparecen lo suficientemente dispersas como para constituir una importante tendencia global; más aún, representan una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de derechos humanos y para cambiar una parte importante de lo que puede considerarse como base de la pobreza y la desigualdad.

Las mayores áreas bajo reformas de tenencia forestal están en América Latina. Para el 2008 aproximadamente 216 millones de hectáreas habían sido otorgadas a las comunidades indígenas y a comunidades de pequeños agricultores, todos predominantemente localizados en zonas forestales (Pacheco y Barry 2009). Gran parte de esta transferencia formal de derechos ha surgido por el reconocimiento de la identidad y el derecho a tierras ancestrales de grupos indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, los logros de las pasadas dos décadas van mucho mas allá de la territorialidad indígena para incluir avances importantes alcanzados por otras comunidades forestales, como los afrodescendientes en Colombia, quienes junto con grupos indígenas ocupan las tierras bajas del Pacífico tropical. El reconocimiento de territorialidad de los afrodescendientes comenzó en los años noventa con el artículo 55 de la Constitución colombiana de 1991, con el que, como discutió José Absalón Suárez Solís en el foro, se dio una apertura importante a los derechos a los "territorios ancestrales" (Restrepo 2007).

Estas victorias territoriales fueron alcanzadas al haberse dado cambios en los regímenes nacionales legales, que, a su vez, fueron influenciados por avances en las leyes internacionales de derechos humanos. Los cambios positivos en leyes internacionales que favorecen territorios de negros e indígenas pueden relacionarse con los artículos 11 y 14 de la Convención sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo —en adelante, OIT—, comúnmente conocida como la Convención 107 de la OIT, que fueron aprobados en 1957 y adoptados en la región (OIT 1957). Esta convención reconoció el concepto de propiedad colectiva, pero su formulación no se diferenció significativamente de articulaciones similares de propiedad colectiva hechas bajo políticas agrarias integracionistas en países como México y Argentina, que conllevó pocos avances en la concepción de territorialidad indígena. En vez de eso, como fue sugerido por Luis Rodríguez Piñero en su presentación, los cambios subsiguientes en las leyes internacionales fueron impulsados, en parte, por el paso de titulación de tierras agrarias a nuevas legislaciones basadas en modelos territoriales en regiones forestales en algunos países de América Latina, comenzando en Perú (1974) y Brasil (1973 y 1978; y reafirmado en el artículo 231 de la Constitución de Brasil de 1988), y más recientemente en Nicaragua (en 1993) y Venezuela (en 2001). La justificación más contundente para la territorialidad de comunidades forestales ocurrió con la aprobación de la Convención de Comunidades Indígenas y Tribales de la ILO en 1989 —comúnmente conocida como la Convención 169 de la ILO—, la cual estableció una base legal internacional para los derechos a la tierra de comunidades indígenas y tribales mediante la explícita formulación del concepto de territorialidad indígena (Montañez y Delgado 1998).

Estos avances en el régimen legal internacional fueron afirmados por la recurrencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de las comunidades forestales, la cual ha ganado fuerza en años recientes. En el 2001 esta corte falló a favor de Awas Tingni, reconociendo los derechos comunitarios mayagna en Nicaragua, estableciendo así importantes precedentes internacionales para el reconocimiento legal de los territorios tradicionales. En el 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favoreció a las comunidades maya del distrito de Toledo, en Belize, argumentando que el fracaso del gobierno de Belize para demarcar y dar título al territorio maya fue una violación al derecho a la propiedad bajo el artículo XXIII de la Declaración Americana. En el 2007, y nuevamente en el 2010, la Corte Suprema de Belize citó este veredicto cuando falló a favor de los derechos colectivos de las tierras de los mayas, que están protegidos por la constitución nacional (Bryan 2011a-b, Wainwright y Bryan 2009).

Estos avances legales en los regímenes internacionales, sumados a un cambio en el entendimiento de los derechos a la tierra —de agraria a indígena—, fueron acompañados por reconfiguraciones político-económicas y sociales que se han estado llevando a cabo en América Latina desde 1970. Como mencionó Stefano Varese, es necesario situar estos entendimientos y avances legales dentro de una larga trayectoria de las relaciones entre comunidades indígenas y afrodescendientes y "el Oeste"; relaciones que están en constante evolución. El afán del Estado por querer establecer control sobre tierras tradicionales en América Latina ha sido impulsado por procesos de capitalización de la naturaleza, lo que ha llevado a una fragmentación de la tierra y de los recursos (Craib 2004). El término territorialidad, en un entendimiento tradicional indígena del uso de la tierra y de las concepciones del espacio, tiene el potencial para reordenar fundamentalmente estas relaciones capitalistas, que se han llevado a cabo desde la fundación del moderno Estado-nación latinoamericano (Craib 2004; Elden 2005; Escobar 2001).

No obstante, situar el conflicto por los derechos a la tierra y a los recursos en el terreno legal no ha significado la cura para todos los males, y cada vez pueden percibirse más los límites del reconocimiento legal para que el control sobre la tierra y los recursos sea efectivo. Particularmente, tendencias globales relacionadas con la extracción y el manejo de los recursos amenazan ahora con desviar estos avances en lo que a derechos al territorio y a los recursos se refiere. La influencia relativa y el papel que desempeñan los Estados-nación, las ONG, las instituciones multilaterales y los actores corporativos están siendo moldeados, en términos de control y representación prevalente de los recursos forestales. Estas tendencias globales surgen de un número de condiciones ambientales y de discursos clave, incluyendo: 1) el emergente mercado global de carbono, 2) el gran interés en economías extractivas, 3) la industria de biocombustibles, 4) las estrategias de adaptación al cambio climático, 5) las reformas forestales y 6) la sociedad civil global y los activismos de base.

Las consecuencias de estas tendencias son inciertas para las comunidades indígenas, las afrodescendientes y para otras comunidades forestales marginalizadas, que continúan su lucha para asegurar y mantener sus derechos a la tierra y a los recursos (Gudynas 2010; Hale 2011). Durante el foro, los presentadores manifestaron su preocupación por las amenazas a los derechos a la tierra —que han sido tan difíciles de conseguir— por parte de proyectos de exploraciones petroleras y procesadoras, en Ecuador; procesadoras de aceite de palma, en Colombia, y exploración minera, en Bolivia, además de los posibles desafíos a la integridad indígena en el control de los recursos que surgen del controversial programa REDD, el cual provee pagos a cambio de servicios de ecosistemas, pero que también puede privar del control sobre las tierras a las comunidades indígenas. Estas situaciones crean desafíos para los derechos que ya han sido obtenidos y para los que aún están por obtenerse, pero, a la vez, abren nuevas oportunidades que solo pueden medirse con innovaciones políticas, investigaciones y estrategias de representación.

Las prácticas de mapeo participativo pueden ser cruciales por estos motivos. Mientras que históricamente la cartografía ha sido utilizada como una herramienta exclusiva del Estado y de otras autoridades externas para ampliar su control y alcance sobre territorios y recursos, hoy en día el acceso generalizado a herramientas de mapeo desafía este monopolio de "derechos de uso". La apropiación de tecnologías de mapeo participativo por parte de las comunidades forma parte de esfuerzos mayores por redefinir sus relaciones con el Estado, reivindicando derechos a tierras y recursos que se les han quitado, al igual que derechos de facto.

Esta reconfiguración de relaciones entre comunidades forestales y el Estado ha sido posible gracias a cambios mayores en la región a nivel tecnológico y político. Además, el uso de las herramientas de mapeo es más accesible, fácil y menos costoso que antes, y un gran número de ONG y académicos están muy comprometidos en procesos de mapeo participativo, usando tecnologías que anteriormente estaban controladas por cuerpos militares. La larga batalla por el reconocimiento legal de los títulos de los territorios se ha peleado utilizando varias armas, y el mapeo participativo ha sido una de las más importantes. Adicionalmente, el hecho de que el mapeo participativo haya prosperado en manos de las comunidades indígenas tiene una importancia histórica significativa. Sin embargo, el proceso de mapeo participativo y el uso de información en forma de mapa generan también algunas preguntas críticas, que deben ser examinadas para poder aprender de esta experiencia enriquecedora.

Mapeo participativo: historia y avances principales

Históricamente el mapeo participativo ha contribuido significativamente con la lucha por los derechos a las tierras y los recursos. En parte, dada la centralidad que tiene el mapeo participativo en conflictos por territorios, esta técnica ha sido considerada como una herramienta para documentar usos de tierras y, por lo tanto, para la legitimación de reclamos legales (Chapin, Lamb y Threlkeld 2005; Chapin y Threlkeld 2001; Herlihy y Knapp 2003). Como discutió Richard Smith en su presentación sobre su trabajo en el Perú con el Instituto del Bien Común, el mapeo participativo se ha convertido en un método vital para documentar el proceso de usurpación de las mineras y las papeleras de tierras indígenas, y para documentar el uso y ocupación indígena de tierras que el Estado ha nombrado como "sin uso" o "vacantes".

El aumento del uso y la aceptación del mapeo participativo como una herramienta para asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas (y las otras formas de métodos de investigación "participativos" entre líderes comunitarios, desarrolladores, activistas y académicos) surgieron durante un periodo de avances en las leyes internacionales de derechos humanos y de aceptación de territorialidades indígenas, como fue discutido en la sección anterior. La relación entre nuevas formas de derechos territoriales y el desarrollo de leyes internacionales de derechos humanos fue impulsada por alianzas entre organizaciones indígenas, abogados internacionales y académicos, usando generalmente mapeos y métodos relacionados para validar los reclamos legales de comunidades forestales bajo estos nuevos regímenes legales (Caballero Arias 2007; Caballero Arias y Zent 2006; Mansutti 2006; Sletto 2010; Stocks 2003). Algunas ONG internacionales de conservación y bancos multilaterales también han contribuido a este desarrollo concurrente del mapeo participativo y las ganancias territoriales: a medida que se comprendió que las áreas forestales relativamente prístinas, en la mayoría de los casos, coincidían con la presencia de comunidades indígenas, la comunidad internacional de conservación comenzó a ver la territorialidad indígena y las estrategias de manejo participativo como esenciales para la conservación de bosques en regiones bajas (Herlihy y Knapp 2003).

A medida que el mapeo participativo ha tenido tiempo de madurar y ganar aceptación, en conjunto con avances en las leyes internacionales de derechos humanos y territorialidades indígenas/afrodescendientes, es evidente que una gran cantidad de profesionales ha comenzado a favorecer una serie de enfoques, herramientas y métodos conformes con objetivos específicos. Con el tiempo, como fue sugerido por Bryan, han surgido cinco diferentes "escuelas" de mapeo participativo: 1) ecología cultural, 2) etnocartografía, 3) desarrollo participativo, 4) avances legales y 5) avances de movimientos de base. Bryan argumentó que, en conjunto, estas escuelas enfatizan en el reconocimiento de territorios tradicionales por parte de oficiales del Estado, jueces, agencias de desarrollo y otras entidades "no-locales". A pesar de esta similitud, existen diferencias importantes entre las cinco sobre lo que se entiende por territorio y por comunidad, lo cual, a su vez, puede determinar proyectos y la organización de los participantes.

Con la posible excepción del enfoque de movimientos de base, expertos "no-locales" continúan desempeñando un papel importante en el diseño y la implementación de proyectos de mapeo, asegurando "rigor científico" y la veracidad de los resultados de los trabajos. Esta confirmación externa experta es vista como necesaria para convencer a los jueces y oficiales gubernamentales de la validez de los mapas resultantes (Chapin y Threlkeld 2001; Herlihy y Knapp 2003; Stocks 2003). Algunos proyectos han contratado cartógrafos que trabajan con el Estado para producir los mapas finales y así poder legitimar los resultados del proyecto. Sin embargo, la importancia del papel de expertos en procesos de mapeo participativo ha traído preocupaciones legítimas acerca de si estos proyectos son realmente participativos, especialmente cuando los mapas producidos han sido hechos con propósitos legales (Fox, Suryanata y Hershock 2005; Sletto 2010). La respuesta a esta pregunta, por supuesto, varía considerablemente dependiendo del método que se utilice, de los objetivos políticos del proyecto de mapeo y de los actores involucrados.

El énfasis en el reconocimiento trae aún más preocupaciones, que van más allá de las que pueden tenerse cuando los procesos son guiados por "expertos". Los proyectos de mapeo son influenciados por las características específicas de las personas involucradas, incluyendo las definiciones de territorio y comunidad. El mapeo provee medios específicos para documentar esas características y hacerlas reconocibles a personas y actores no-locales. Considérese el ejemplo de la ecología cultural: la ecología cultural tal vez es el enfoque más antiguo e influyente en procesos de mapeo, y ve las diferencias culturales como una respuesta a procesos de adaptación al medio ambiente por parte de las comunidades. A su vez, estas adaptaciones se manifiestan a través de particulares usos y ocupación de terrenos que por algún tiempo siguen modificando el medio ambiente, dando paso a lo que se denomina como cultura de paisaje o hábitat. Como resultado, los proyectos de mapeo que emplean este acercamiento tienden a enfocarse en documentar patrones de uso y ocupación, casi siempre con la premisa subyacente de una relación histórica y sinérgica entre las personas y su paisaje cultural o su hábitat. Este enfoque define tradiciones como aquellas actividades que son integradas con funciones ecológicas.

La manera en que la ecología cultural utiliza el mapeo tiene efectos políticos importantes. Dado el énfasis de ecología cultural en interacciones humano-ambiente, también ha sido importante para crear alianzas entre comunidades tradicionales y conservacionistas; y además, ha influenciado entendimientos legales de territorio. Considérese, por ejemplo, la siguiente definición, presentada en el artículo 13, párrafo 2, del Convenio 169 de la OIT: "La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera". La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas presenta un lenguaje similar para definir territorio (artículo 25), al igual que la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 24). Estas definiciones falsifican concepciones tradicionales del territorio, como también ayudan a su reproducción como espacios naturales; un enfoque que trasciende por el uso del concepto hábitat del Convenio 169. Ellas modifican las definiciones y entendimientos de estas palabras para propósitos de reconocimientos legales, haciendo que se beneficien ciertas prácticas de usos de tierra y de ocupación, y reflejando visiones más tradicionales, históricas y auténticas. Estos procesos, a su vez, pueden poner a las comunidades indígenas y forestales en riesgo de ser esencializadas y "congeladas en el tiempo" a través de las narrativas más predominantes de mapeo participativo (Mansutti 2006; Ulloa 2005).

También, cuando se mapean delineaciones de límites se pueden observar transformaciones en el uso de tierras. Por un lado, los límites son vistos como necesarios para facilitar titulaciones y demarcaciones como parte del reconocimiento de derechos territoriales. Por el otro, estas delimitaciones frecuentemente son dibujadas de manera diferente, conforme a la organización social de la tierra y los recursos. El riesgo es que la cartografía participativa termine creando mapas de regiones que están en oposición con los reclamos de otras comunidades, remplazando nociones del territorio como un espacio social por conceptos de propiedad privada.

Que se perciban las áreas de superposición como un problema es un tipo de mecanismo inherente al proceso de mapeo, como fue discutido por Joe Bryan, Pablo Miss y otros. Autoridades estatales casi siempre utilizan estas áreas de superposición como excusa para atrasar titulaciones y demarcaciones, haciendo que las comunidades tengan que recurrir a otras formas de resolver los conflictos de límites para poder obtener titulaciones. En el proceso, los sistemas de tenencia tradicionales son alterados sustancialmente, resultando en algunos casos en conflictos entre comunidades, que, en otras circunstancias, serían vistas con similares derechos tradicionales en las áreas de solape. Sin embargo, enfoques etnocartográficos que enfatizan la documentación en redes sociales a través de las cuales pueda negociarse y asegurarse el acceso a tierras y territorios han avanzado varias estrategias para enfrentar estos riesgos de superposición (Bryan 2011a-b; Peluso 1995; Sletto 2009b-c). Al llevar a cabo reflexiones críticas sobre la importancia de los reconocimientos legales en el mapeo participativo, otros panelistas usaron problemas similares para contextualizar maneras de repensar enfoques y acercamientos del mapeo como un proceso social, en vez de verlo simplemente como una manera más de crear mapas.

Mapeo participativo: de una herramienta legal a un catalizador para fabricaciones espaciales

A pesar de que el mapeo participativo sigue siendo una herramienta crucial para obtener algún tipo de derecho de forma legal sobre la tierra y los recursos, las deliberaciones en el foro sugirieron que es necesaria una reconceptualización, especialmente dado el nuevo contexto social, tecnológico, y político-económico que se ha discutido anteriormente para las comunidades forestales. Las discusiones en Bogotá coincidieron en un entender el mapeo participativo, más que como un método o un paquete de herramientas, como una rama académica, una práctica profesional o un instrumento para alcanzar derechos dentro de los marcos establecidos por actores o intereses externos. En vez de eso, al ampliar la definición de lo que es un mapa y la conceptualización de mapeo, los participantes del foro exhortaron a considerar cómo las comunidades forestales pueden crear representaciones de espacio y cultura en sus propios términos, a través de diferentes procesos, con el objetivo de reconfigurar diferentes relaciones espaciales y sociales para su beneficio. Esto, a su vez, requiere que se piense en el mapeo participativo como en un proceso fundamentalmente político (Crampton 2001; Kitchin y Dodge 2007; Wood 2010). Esta conversación refleja un repensar de los objetivos inmediatos del mapeo participativo, pasando de una asociación directa con reclamos de derechos de tierras, como ocurría en la época pasada con respecto al mapeo participativo, a una conceptualización del mapeo participativo como integral en procesos más amplios de culturas políticas de resistencia y de representación. Desde esta perspectiva, el mapeo participativo aún se basa en el poder retórico de los mapas y la tecnología occidental, pero comprendiendo que la creación humana de los mapas debe ser integrada a estrategias más amplias y endógenas de reclamos, autogestión de tierras y recursos, y desarrollo social y económico a nivel comunitario.

Muchos de los panelistas exhortaron a la audiencia a ir más allá de los enfoques tecnológicos e instrumentales del mapeo participativo, y a considerar en cambio formas alternativas de representaciones espaciales que reconceptualicen lo que tradicionalmente es conocido como mapas y procesos "apropiados" de mapeo. Como sugirió Alfredo Wagner en su presentación, aunque las tecnologías de mapeo participativo hayan ayudado a cambiar la percepción del mapeo como procesos exclusivos del Estado, la mayoría de los mapas producidos por medios participativos han tendido a ser bastante parecidos/monótonos para poder conformarse con los requerimientos de los estados. Wagner y sus colegas del Projeto de Nova Cartografía Social da Amazônia —en adelante, PNCSA—⁸ ven en la cartografía un medio para la creación y expresión de identidades colectivas, especialmente en el contexto de conflictos por cambios sociales por parte de grupos vulnerables o minoritarios. El trabajo de Wagner y otros del PNCSA, en Manaus y otras regiones, amplía significativamente la concepción establecida de lo que es el mapeo participativo, mucho más que una herramienta que obedece a epistemologías y formas de representación occidental (Harley 1989; Krygier y Wood 2011).

Otros panelistas coincidieron con Wagner al argumentar que estos mapas "alternativos" pueden tener gran poder y utilidad retórica en términos de territorialidad y manejo endógeno de la tierra y los recursos. Álvaro César Velasco discutió el término ‘poligrafía social', una forma de mapeo participativo iniciada por la Fundación Minga en la región del Cauca, en Colombia. Estos proyectos innovadores de mapeo finalizaron con lo que Velasco llama "mapas parlantes", que sirven para facilitar conversaciones críticas y la documentación del conocimiento local de comunidades afrocolombianas. Estos mapas parlantes demuestran cómo memorias y relaciones sociales pueden dar forma a diferentes concepciones de territorio. De igual manera, Alfredo Vitery presentó y discutió el significado cultural de los mapas producidos por los kichwa de Pastaza, en Ecuador. Las tecnologías de mapeo participativo les ha servido grandemente para sus luchas por los derechos a sus territorios; pero los kichwa también han adoptado y ajustado estas herramientas para representar su propio contexto cultural. Han sido exitosos al producir representaciones endógenas de su espacio que incorporen significados espirituales y relaciones sociales asociadas con conceptos occidentales de paisajes, ampliando así fundamentalmente el significado que usualmente se tiene de los mapas.

¿Por qué estos mapas "alternativos" son tan importantes y poderosos? En parte, por la habilidad que tienen para reflejar más certeramente las complejidades de las "cosmovisiones" de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como explicó Stefano Varese. Aunque el concepto de cosmovisión es muy debatido, tanto que corre el riesgo de ser sobresimplificado, tiende a ver a la tierra y a las personas como fundamentalmente integradas, mientras que epistemologías occidentales, bajo el sistema capitalista, tienden a fracturar y subdividir el espacio en formas que raramente concuerdan con la manera en que se vive o experimenta el espacio. Bajo perspectivas indígenas, el tiempo y el espacio, la cultura y la naturaleza no son vistos como binarios opuestos, como en el caso de la tradición occidental. El paisaje contiene significados y es fundamentalmente presente y visible, pero también temporal, del pasado y el futuro; es imaginado y material. No obstante, los debates que se generan sobre las cosmovisiones indígenas y su sistema de conocimiento han traído preocupaciones sobre las limitaciones de una definición sobre las identidades indígenas que ha sido históricamente construida, en cuanto a la producción de representaciones espaciales, como los mapas, los cuales deben considerar la diversidad de formas que ayudan a crear identidades, paisajes y usos de recursos que surgen de procesos de cambios sociales, incluyendo experiencias de comunidades indígenas que ahora viven en áreas urbanas o en tierras donde también viven otros grupos étnicos.

Algunos de los problemas clásicos del mapeo participativo surgen a raíz de la imposibilidad de representar los densos significados de algunos lugares y paisajes, la variabilidad de los límites basados en parentescos y otras relaciones sociales, y la temporalidad y multiplicidad de usos de los terrenos. Resistir la homogenización de las representaciones espaciales requiere herramientas innovadoras, métodos y formas de representación. Como enfatizó Henri Acselrad en su presentación, las producciones sociales del territorio son infinitas en variedad y significados, y las definiciones de lugar y paisaje varían grandemente de comunidad a comunidad. Más importante aún, como fue discutido por Daví Pereira Junior en su presentación sobre mapeo participativo entre comunidades quilombolas en Brasil:

[...] para poder redefinir lo que es un ‘mapa' tenmos que reconceptualizar la manera en que hacemos los mapas, como una extensión natural de procesos sociales endógenos guiados por las comunidades [...], los mapas surgen de movilizaciones sociales, y no al revés. Los mapas no son objetos neutrales separados de contextos sociales [...]. (Harley 1989; Wood 2010)

En cambio, Pereira argumenta que los mapas son historias sobre cultura y espacio.

Otra razón por la cual considerar cartografías alternativas, no tan discutidas durante el foro, es por la proliferación de "representaciones espaciales radicales" por el Internet en formato digital, junto con la aceptación de este tipo de representaciones alternativas por parte de agentes del Estado. Por ‘representaciones radicales espaciales' se refería a mapas no tradicionales, imágenes y textos de lugares que circulan en la red por interfaces Web 2.0, tales como Facebook y Twitter, además de lugares como Google Maps y otros productos de la web que facilitan una rápida producción y diseminación de datos espaciales referenciados en varios formatos, y por varios usuarios de computadoras alrededor del mundo. Este es un tema para mayor discusión, pero se puede argumentar que en un mundo donde cada vez están más conectados los unos con los otros, los mapas "tradicionales" de papel no tienen el mismo poder retórico, ya sean producidos por agentes del Estado o por comunidades forestales. En otras palabras, en el contexto de los conflictos por el control de recursos y territorios, el elaborar mapas de estas áreas es una herramienta importante. No obstante, el proceso por el cual los mapas son producidos, la forma que toman los mapas y la manera como son divulgados debe de ser acorde con las tecnologías actuales y con las estrategias de representación.

Esto habla sobre una necesidad mayor de repensar la visión sobre el mapeo participativo como un espacio de compromiso, en donde relaciones sociales y espaciales se reconfiguran, y donde las representaciones de tales relaciones sociales y espaciales pueden y deben tomar un sinnúmero de formas diferentes. Como fue discutido por Peter Dana en su presentación, los profesionales suelen caer en la trampa de utilizar métodos comúnmente "aprobados" para la creación de mapas, incluso cuando el contexto cultural, geográfico y político-económico haga un llamado para alguna estrategia diferente. Esto lleva a una encrucijada, que casi siempre se pasa por alto en discusiones sobre procesos y resultados del mapeo participativo, pero que figuró prominentemente en las discusiones del foro: las herramientas y métodos del mapeo participativo pueden facilitar significativamente la planificación y el manejo endógeno de los bosques y los recursos.

Funciones del mapeo participativo en el manejo de recursos y procesos "internos" de gobernación

¿Qué potencial tiene el mapeo participativo para fortalecer la capacidad de las comunidades forestales para gobernar sus territorios y manejar y proteger sus recursos dadas las nuevas presiones y oportunidades que han surgido a raíz de la aceptación de un manejo de bosques globalizado? Dados los desafíos a los derechos forestales por parte de las industrias extractivas y los intereses globales en los bosques como una opción para mitigar producciones de CO₂, y dada la difusión de documentación por percepción remota y tecnologías de visualización a través del Internet, este es un momento oportuno para examinar de manera crítica y, de ser necesario, re-definir métodos y enfoques pasados, adquiriendo así un mejor entendimiento de cómo la práctica está evolucionando en términos de nuevos actores, tecnologías y demandas.

Regímenes ambientales relacionados con políticas de cambio climático están reconfigurando las relaciones de los territorios. Según Ulloa, esta reconfiguración está siendo impulsada por procesos de capitalización de la naturaleza, en los que el capital se apropia de las prácticas de las comunidades indígenas y de otras comunidades forestales, sobreponiendo nuevas espacialidades en los territorios tradicionales. El mapeo participativo, sugiere Ulloa, puede servir como una herramienta importante, entre otras muchas, para luchar con estas nuevas amenazas y tomar provecho de nuevas oportunidades; i. e., como mencionó Galio Gurdián, el mapeo participativo debe estar fuertemente arraigado a estructuras políticas que sean cultural y geográficamente sustentables y a regímenes de manejo ambiental.

Una preocupación común entre líderes indígenas en la región de Las Américas es el desarrollo sustentable de sus tierras y, particularmente, la necesidad de desarrollar de manera apropiada herramientas para el manejo de los recursos, para poder de este modo negociar eficazmente con actores del exterior, tales como los intereses privados y del Estado en la minería y la explotación forestal. El mapeo participativo puede servir para documentar los recursos y sus usos, desarrollar zonificaciones endógenas y estrategias de manejo e impulsar el desarrollo local en áreas tales como la salud pública y la sanidad, entre otros, de formas que sean acordes con las realidades locales. En el caso de los kichwa de Pastaza, en Ecuador, como explicó Alfredo Vitery, el mapeo participativo ha sido central para el manejo de tierras y recursos. Estas herramientas de mapeo participativo han sido adaptadas para poder documentar ecosistemas ancestrales y otras formas de conocimiento espacial, y para poder visualizar mejor y considerar planes de manejo de los recursos y usos de la tierra. Como argumentó José Absalón Suárez Solís en su presentación, el mapeo participativo ha sido una herramienta importante para conseguir derechos a la tierra, pero puede ser igual de importante para seguir fortaleciendo los procesos internos de gobernación, desarrollo y solidificación de organizaciones sociales, y para fortalecer la solidaridad interna entre comunidades (Gordon, Guardián y Hale 2003; Offen 2003; Mamani Ramírez 2006; Sletto 2010).

El asunto de la solidaridad interna también fue enfatizado por Nélida Faldín Chuvé y por Wendy Pineda, quienes sugirieron en sus respectivas presentaciones que el mapeo participativo va más allá de "mapear". Esta práctica, por el contrario, puede ser pensada como un proceso social que sirve para fortalecer identidades y el sentido de comunidad, permitiendo que comunidades forestales puedan tomar nuevamente el control de sus tierras, no solo en términos de los derechos al territorio, sino a través del desarrollo de prácticas de manejo sustentable. Chuvé, discutiendo sobre los derechos a la tierra de los indígenas en Bolivia, sugirió que el mapeo participativo se ha convertido en proceso integral para la planificación endógena del uso de la tierra, zonificación y el manejo de recursos naturales, al igual que para otros procesos generales de desarrollo comunitario. Pineda explicó que en Perú las comunidades indígenas en la cuenca del río Corrientes ya han conseguido los títulos de sus tierras, pero que continúan sufriendo a causa de la contaminación creada por las compañías petroleras y de otras presiones ejercidas por intereses extractivos. Para poder documentar esta contaminación y crear planes maestros a nivel de la comunidad y estrategias de manejo de recursos para poder combatir los desafíos extractivitas, han adoptado el mapeo participativo como una herramienta de investigación y planificación. No obstante, no están simplemente copiando estrategias que son utilizadas en otros lugares, sino que están constantemente adaptando e innovando esta herramienta para que les sirva en sus necesidades futuras.

Por último, ya que el mapeo es un proceso político, volvemos a la pregunta acerca del "poder". Aunque los participantes coincidieron en que el poder de los mapas ha sido usado para buenos fines —contra autoridades externas, contribuyendo así a diferentes logros en el otorgamiento de derechos del territorio en las últimas décadas—, el poder de los mapas y el mapeo también pueden tener efectos "internos" —como fue discutido por Daví Pereira y Eduardo Cuical en sus presentaciones—. De acuerdo con ellos, puede reconceptualizarse de manera productiva el mapeo participativo como un compromiso social en el que la producción de representaciones espaciales lleva al fortalecimiento de los lazos sociales y comunitarios, y a la reproducción de culturas e identidades ante procesos de cambio social, creando conexiones para un patrimonio común. Así, el mapeo participativo va más allá de la producción de mapas: este compromiso social puede servir como un incentivo a los miembros de las comunidades para reflexionar sobre el uso futuro de sus tierras y las estrategias para el manejo de los recursos y, tal vez más importante, para reestablecer sus propias relaciones con el espacio y la naturaleza con base en sus propias perspectivas y entendimientos (Sletto 2010).

El camino a seguir: propuesta de una estructura para la investigación y la práctica

En América Latina el mapeo participativo comenzó como un medio de lucha de las comunidades, un método por medio del cual estas podían enfrentar los reclamos del Estado de terrenos denominados como "públicos". El mapeo participativo, moldeado en gran medida por expertos externos (activistas académicos, ONG, técnicos del Estado) con representaciones particulares sobre lo que deben ser las relaciones entre las comunidades y sus tierras, fue utilizado junto con instrumentos legales para poder obtener derechos a la tierra y a los recursos de las comunidades indígenas, basado en la presunción de diferentes definiciones de identidad hechas a través de la historia. Como consecuencia, el mapeo participativo ha evolucionado como una herramienta para la "lectura" externa de lo que sea local. Al representar al Estado como ente acostumbrado a los usos técnicos y legales de rigor, de sustento dependiente, y a históricamente ocupar tierras y usar recursos, el mapeo participativo ha sido un método efectivo para justificar el reconocimiento de derechos.

Por otro lado, como fue sugerido en las presentaciones del foro, esta tendencia es una apropiación de las herramientas del mapeo participativo para usos internos, que van desde el uso de herramientas de mapeo para el desarrollo social y cultural, a la solidificación del control de tierras, el aseguramiento de la integridad del territorio, y la planificación y el manejo de los recursos locales. Las herramientas de mapeo participativo pueden ayudar a diferentes funciones internas de las comunidades, incluyendo el dar apoyo a objetivos comunitarios para aumentar el control sobre los territorios y los recursos contra la invasión de los procesos extractivos, para fortalecer la gobernación local y las estructuras de autoridad interna, y para redefinir cómo se representan políticamente ante el Estado. Particularmente, al estar los derechos del territorio bajo presiones de intereses corporativos, que buscan acceso a los recursos del subsuelo, tales como minerales y petróleo, el mapeo participativo puede definir y fortalecer estrategias políticas y de representación indígena que protejan sus derechos (Elden 2005; Escobar 2001). En este caso la resistencia no es solo contra el Estado, sino contra los nuevos actores corporativos.

No obstante, a medida que los métodos de mapeo participativo son apropiados por los líderes locales y los nuevos actores comunitarios para su propio beneficio, las desigualdades de poder relacionadas con el acceso al capital, las representaciones políticas y espacios globales de comunicación —como en Internet—, aún continúan. A pesar de que el "mapeo" es un proceso continuo sujeto a relaciones sociales y a negociaciones, los mapas, una vez son producidos y distribuidos, ya no están bajo el control de las comunidades indígenas y marginales. Hasta nuevas herramientas de mapeo, como Google Earth, que cual tiene el potencial para ayudar a las comunidades indígenas en sus propias producciones espaciales en las redes globales de informática, tienden a ser riesgosas. Aquí se incluye la posibilidad de perder los derechos de autor de la información que es presentada en el mapa, de proveer acceso involuntariamente a información valiosa sobre recursos, y de cambiar las concepciones espaciales a representaciones que sean accesibles solo para algunos miembros de las comunidades, exacerbando desigualdades sociales.

Peter Dana recordó que los proyectos de mapeo pueden acabar en la imposición de concepciones extranjeras o ajenas sobre las concepciones del espacio y del territorio, especialmente cuando "facilitadores técnicos" del exterior insisten en usar algunas tecnologías que a ellos les parecen más importantes, productivas o apropiadas. Tal imposición de tecnologías y métodos es casi siempre guiada por lo que Álvaro César Velasco llama un "espíritu misionero", en el que la creación de mapas es vista como el objetivo final, a toda costa. En vez de esto, como sugirió Dana, el proyecto de mapeo debe comenzar con una "caja vacía" de herramientas para asegurar que las tecnologías que se escojan sean apropiadas para el lugar y el contexto específicos en donde se utilizan. Además, los profesionales deben entender que en algunos casos es mejor "no mapear".

Específicamente, el mapeo participativo puede ser perjudicial cuando no se realiza de acuerdo con las normas sociales y con las concepciones del espacio de las comunidades indígenas, lo que desafortunadamente es un error común. La espacialidad de las comunidades forestales es contingente a relaciones sociales complejas, historias y significados que son fundamentalmente diferentes de las percepciones occidentales, del sistema cartesiano y de la mentalidad racional de la era de la Ilustración. En proyectos tradicionales de mapeo participativo, por lo tanto, el objetivo es "traducir" los entendimientos locales del espacio a representaciones espaciales que sean "legibles" para el Estado y para otros actores externos, particularmente en conexión con reclamos legales de derechos a la tierra. En esto se encuentran tanto los riesgos como las oportunidades. Por ejemplo, Pablo Miss recordó a los participantes del foro algunas consecuencias importantes, no intencionales, que surgen al querer "fijar" en mapas las espacialidades fluidas de modo que se conformen con concepciones cartesianas del espacio. En el caso de los mayas de Belize, el proceso de mapeo participativo introdujo concepciones externas de lo que es el espacio, tales como líneas rectas, límites definidos y zonas. A su vez, esta delineación y fragmentación de espacios comunes llevó a conflictos entre comunidades por el uso de las tierras, lo que Miss llamó una "erosión del espíritu comunitario". Finalmente, para los mayas de Belize, el mapeo participativo fue importante para sus luchas por los derechos territoriales, pero este proceso trajo consigo grandes costos sociales.

En general, el mapeo participativo que está primera y exclusivamente orientado hacia el "exterior", con un esfuerzo dirigido a conseguir derecho a tierras, y que se basa en representaciones espaciales para favorecer traducciones y legibilidad para así poder cumplir con las necesidades de actores externos, corre el riesgo de reproducir o reforzar desigualdades sociales fundamentales. Durante la última sesión del foro, Sharlene Mollet hizo la importante observación de que los proyectos de mapeo participativo con grupos indígenas o afrodescendientes en Honduras pudieron haber llevado a avances graduales en los derechos a las tierras; aun así, los proyectos de mapeo han reproducido estereotipos hegemónicos sobre las culturas indígenas y afrodescendientes, no atendiendo a las relaciones desiguales de poder que existen en las comunidades, por lo que, finalmente, no logró sacar a las comunidades de su posición marginal.

Es decir, los espacios de compromiso que se crean en los proyectos de mapeo participativo, las herramientas y métodos usados moldean —y son moldeados por— relaciones entre individuos y grupos sociales, por nuevas tecnologías digitales y el Internet, por memorias y significados, y por procesos y estructuras político-económicas. Tales compromisos terminan en varias representaciones del espacio que, a su vez, tienen el potencial de reconfigurar las relaciones políticas, sociales y económicas, tanto entre comunidades como entre actores externos, ya sea en el reclamo de acceso a recursos, estableciendo límites territoriales o negociando contratos de carbono. Sin embargo, el potencial que tienen los compromisos de mapeo participativo en dar forma a relaciones políticas, sociales y económicas, a su vez, depende de quién controla el desarrollo, la diseminación e interpretación de estas representaciones del espacio, y para qué fines. Esto conlleva una de las lecciones más importantes del foro en Bogotá: el mapeo participativo no debe ser visto como un método, herramienta o tecnología en sí misma. Por el contrario, el potencial que tiene en otorgar poder es mayor cuando está relacionado con estrategias endógenas, exhaustivas, desarrolladas por las propias comunidades forestales para defender y manejar sus tierras y recursos.

Finalmente, los conflictos de comunidades forestales han llevado al desarrollo de la rama del mapeo participativo, el cual ha traído importantes y benéficos resultados, pero también consecuencias no intencionales a raíz del sobreuso del mapeo como un método puramente instrumental. Aunque efectivo en términos de obtener reconocimiento de los derechos de la tierra, estos métodos tradicionales han sido moldeados por un enfoque restringido sobre lo que es la demarcación del territorio, basados en conceptos de prácticas cartográficas occidentales. Hoy día, estas condiciones están cambiando a nuevos intereses corporativos, creando presión sobre los estados y los grupos indígenas, a medida que el manejo de los recursos se hace cada vez más globalizado, a través de REDD y de otros regímenes internacionales. Las comunidades forestales están respondiendo a la imposición de las tecnologías del mapeo occidental y a las presiones asociadas con la "globalización del manejo de recursos", mediante la apropiación del mapeo participativo para sus propios fines. Al hacer esto, posicionan el mapeo participativo entre procesos locales políticos y sociales, convirtiendo procesos que eran relativamente estandarizados, tecnologías guiadas por "expertos", en procesos creativos de producciones socioespaciales basados en un diálogo transdisciplinario, fundado en realidades endógenas, y resultando en una multiplicidad de representaciones.

Catedrático del Programa de Planificación Comunitaria y Regional de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas (Austin). Es doctor en Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de Cornell (2006). Su trabajo se enfoca en derechos indígenas a territorios, justicia social y planificación ambiental en América Latina. En los últimos diez años ha vivido y trabajado en comunidades indígenas y ciudades fronterizas en Venezuela, analizando conflictos ambientales y luchas por derechos a territorios, al igual que llevando a cabo proyectos de mapeo participativo con los pemón de la Gran Sabana y los yukpa de la sierra de Perijá.

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Notas

¹Las reflexiones aquí presentes surgieron de presentaciones y discusiones que se llevaron a cabo en el Foro Internacional: Cartografía Participativa y Derechos al Territorio y los Recursos, organizado en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), entre el 1 y el 2 de junio del 2011.
²En este contexto, por ‘comunidades forestales' nos referimos a poblaciones descendientes de indígenas, de afroindígenas o de otros grupos marginales, que dependen significativamente de los bosques y recursos para su bienestar cultural, económico y social, y que utilizan una variedad de estrategias para defender sus derechos a estas tierras y a los recursos.
³El foro fue coorganizado por Iniciativa de Derechos y Recursos (Rights and Resources Initiative —en adelante, RRI—), de Washington D. C.; por el Instituto de Estudios Latinoamericanos Lonzano Long —en adelante, LLILAS—; por la Universidad de Texas, y por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Bogotá). El comité organizador incluía a Bjørn Sletto (organizador), Deborah Barry, Claudia Leal, Joe Bryan, Charles Hale y Helena Andrade. El financiamiento para el foro fue proveído por RRI, además de contribuciones de LLILAS y de la Universidad de los Andes. Los autores quieren reconocer, particularmente, a la doctora Claudia Leal y al comité organizador del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Laura Ramírez, Cindia Arango, Carlos Gómez y María José Nieto) por hacer este foro posible.
⁴Eventos previos se han enfocado en compartir información técnica, en su mayoría, en talleres sobre diferentes subregiones de América Latina. Discusiones vigentes existen a través del Foro Abierto en Sistemas de Información y Tecnologías Geográficas Participativo (Open Forum on Participatory Geographic Information Systems and Technologies), manejado por www.iapad.org y presentado por www.ppgis. net. El Seminario de Río, Seminário Cartografias Sociais e Território na América Latina, llevado a cabo entre el 21 y el 23 de julio del 2010 en la Universidad Federal (Río de Janeiro), fue el primer evento a nivel regional que trató de reunir participantes de diferentes escuelas y enfoques. Los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2012 se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) otro foro de cartografía participativa llamado El Mapeo Participativo de los Derechos Humanos y Ambientales, en donde se hizo un seguimiento de los temas tratados en el foro de Bogotá.
⁵A pesar de que el mapeo social y participativo se ha expandido a muchos otros usos —incluyendo planes y usos del terreno, conservación, prospección, y otros—, el objetivo fue reunir a aquellos que lo han usado con el propósito de reclamar los derechos a la tierra, los bosques y otros recursos naturales.
²https://docs.google.com/leaf?id=0B9h8MnJJQyEmMTA1NTBmZGEtZmIyZC00NWI1LWE4YzMtMTZiYWJhODZiNzJm&hl=en_US
⁷Véase la presentación de Jeff Hatcher, RRI, disponible en la web en https://docs.google.com/leaf?id=0B9h8MnJJQyEmMTA1NTBmZGEtZmIyZC00NWI1LWE4YzMtMTZiYWJhODZiNzJm&hl=en_US), y auspiciada por investigaciones del RRI en reformas de tenencia, disponibles en http://www.rightsandresources.org/publications.php
⁸Véase http://www.novacartografiasocial.com/

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