El 20 de Julio aquel…
That July 20th …
Heraclio Bonilla Mayta*
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Artículo de investigación.
Recepción: 18 de enero de 2010. Aprobación: 11 de mayo de 2010.
Resumen
El artículo hace un análisis de los eventos del 20 de julio de 1810 en Santafé y su significado, desde una doble perspectiva que los ve como el resultado de un proceso histórico y como la anticipación de la trayectoria de la futura de Colombia en el corto plazo. A partir de un examen de la conformación de las Juntas de gobierno en Quito y Santafé —y del caso excepcional de Lima, donde no se conformó una Junta— se cuestionan los postulados de la historiografía eurocéntrica, según la cual fueron los acontecimientos ocurridos en España los que desencadenaron la ruptura americana con la metrópoli, postura que desconoce las tensiones propias de la sociedad colonial. Por consiguiente, el texto tiene una estructura narrativa en la que se conjuga la descripción y el análisis de los acontecimientos para llegar a un estudio más estructural de los mismos.
Palabras clave: crisis metropolitana, Juntas, la excepción peruana, 20 de Julio, Santafé.
Abstract
The article analyses the events around the 20th of July, 1810, in Santafé and their meaning, from a double perspective that sees them as a result of historic process, as well as the anticipation of the near future of Colombia. Taking into consideration the study of the conformation of Juntas de gobierno in Quito and Santafé —and the exceptional case of Lima, in which there was not such a Junta—, the article raises questions about the Eurocentric historioghraphy, which considers the events in Spain as the main cause for the end of the metropolitan rule in Hispanic America, a perspective that ignores the internal tensions of the colonial society. Therefore, the text has a narrative structure that puts together description and analysis of the events in order to study them from a more structural approach.
Key words: metropolitan crisis, Juntas, peruvian exception, July the 20th , Santafé.
[…] la menor chispa vastó para prender un fuego tan activo que en diez y ocho horas consumió el edificio del antiguo Gobierno.
José Acevedo y Gómez a Carlos Montúfar,
Santafé, agosto 5 de 1810.
Fue el gran historiador francés Ernest Labrousse quien, con ocasión del centenario de la Revolución de 1848, escribió: “La crisis política da a la crisis social un objetivo político, y la crisis económica da a la crisis política una enorme fuerza social”.1 Casi treinta años más tarde, Georges Duby, otro gran historiador, al analizar la victoria del rey de Francia el 24 de julio de 1214, que permitió la consolidación de los fundamentos de la monarquía, reivindicaba la pertinencia del análisis de los acontecimientos frente al privilegio de la perspectiva de las largas duraciones asumidas obsesivamente por sus colegas galos.2 Por cierto, si bien la propuesta de Duby cuenta aún con algunos adeptos, aquella reivindicada por Labrousse a favor de una historia económica y social, en el sentido fuerte del término, yace hoy en el olvido. En el marco de esas coordenadas dispares, en este artículo se pretende describir los procesos del 20 de julio de 1810 y analizar su significado como desenlace de un proceso previo, y como anticipación del derrotero futuro de Colombia en el corto plazo.
El proceso y el contexto
El Virreinato de la Nueva Granada fue restablecido de manera definitiva en 1739, luego de un primer intento en 1719 y que duró cinco antes de su supresión. Al igual que la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1777, hizo parte de un programa de reformas implementado por los Borbones con el objeto de obtener un mejor control por parte del Imperio español, pero en claro contraste con los de México y del Perú, tanto en cuanto a la población como en cuanto a recursos, su situación fue marginal dentro del espacio americano. Una economía anclada fundamentalmente en la explotación del oro, alcanzó su mayor crecimiento durante la segunda mitad del siglo XVIII, a una tasa del 2% anual, y en el cual tuvo un papel significativo la minería de Antioquia, mientras que la expansión del recaudo fiscal, promovida igualmente por estas reformas, generó un primer disloque y cuya consecuencia más notable fue la rebelión de los comuneros del Socorro en 1781. Pero esa expansión fue bruscamente interrumpida cuando desde 1793 España se verá de nuevo envuelta en guerras sucesivas contra Francia e Inglaterra durante las dos décadas siguientes. Las derrotas de la Armada española en el Cabo de San Vicente en 1787 y en Trafalgar en octubre de 1805 frente a la Armada inglesa, cortaron sus vínculos con sus colonias, mientras que la guerra terminó drenando sus finanzas. La invasión de la península por el ejército de Bonaparte en 1808 y el cautiverio de Carlos iv y de Fernando VII fueron el golpe de gracia a esta tambaleante monarquía y terminaron configurando un nuevo escenario tanto en la península como en sus colonias americanas.
En España, para comenzar, el cautiverio del rey dio paso a la constitución de diversas Juntas de Gobierno, las cuales, de acuerdo con las premisas ideológicas de raíz tomista, se arrogaron la representatividad de una soberanía recuperada por el pueblo en ausencia de su rey, a la vez que proclamaron ejercer el control político en nombre y hasta el retorno del “deseado” rey Fernando VII. Ellas fueron la Junta de Sevilla, autotitulada “Suprema Junta de España y de las Indias”; la Junta Suprema Central reunida en Aranjuez en septiembre de 1808; el Consejo de Regencia, instalado en la isla de León en enero de 1810. Sus gobiernos fueron breves e ineficaces, y sus desplazamientos, motivados por el avance de las tropas de Napoleón, junto con el desplome del ejército, llevaron a que la resistencia al invasor fuera asumida con coraje por el pueblo y las guerrillas.
Un proceso similar ocurrió en casi todos los dominios americanos de España, donde emergieron igualmente Juntas de Gobierno, ya sea por iniciativa propia de las élites locales, o por invocación de las Juntas de España para que siguieran su ejemplo. Pero en el caso de Bogotá, la eclosión de la Junta el 20 de julio de 1810 fue el resultado de procesos que trascendieron el marco urbano y que configuran su peculiaridad.
En Quito, la latente oposición entre criollos y peninsulares encontró en la crisis metropolitana el marco necesario para producir su desenlace en agosto de 1809, con la destitución del presidente de la Audiencia, a la vez que el nuevo gobierno invocaba que las élites de otras ciudades hicieran lo mismo. La crisis quiteña tuvo profundas repercusiones en el espacio de la Nueva Granada, sobre todo en su capital. El virrey Amar y Borbón convocó a una junta de notables, en cuyas sesiones del 6 y del 11 de septiembre se discutieron la situación y las acciones que se debían tomar para confrontarla. Fue en ese escenario que Camilo Torres y Frutos Joaquín Gutiérrez, con el apoyo de otros veintiocho votos, optaron por una negociación pacífica con los de Quito. Los oidores de la Audiencia asumieron una actitud opuesta y pidieron la represión de los rebeldes. El virrey, vacilante y tímido, trató de conciliar ambas posturas, pero la decidida acción de las fuerzas enviadas desde Lima por el virrey Abascal puso término a la rebelión y a la ambivalencia. Quedaron así alineados los dos bandos, y los dos espacios del conflicto: los criollos del Cabildo y los peninsulares de la Audiencia, cuyos intereses contradictorios han sido una y otra vez resaltados por la historiografía de la Independencia. Como una primera y provisoria aproximación a los contornos del conflicto, esta distinción entre criollos y peninsulares es pertinente, con la condición de reconocer que se trata de categorías muy gruesas que ocultan las profundas diferencias internas que cada una de ellas encierra, y que hubo españoles que apoyaron la posición de los criollos, y viceversa.
Las sucesivas Juntas de Gobierno que se crearon en la Península buscaron por su parte el alineamiento de las colonias detrás de sus respectivas posiciones, y en esa búsqueda contribuyeron a profundizar estas tensiones. Ya en junio de 1808 la Junta de Sevilla envió a Bogotá como comisionado a José de Pando y San Llorente para reunirse con el Virrey. Luego de una recepción fastuosa, retornó a la Península llevando consigo una contribución de medio millón de pesos procedentes del “situado” y de donativos.3 Luego, en enero de 1809, la Junta Central que sucedió a la de Sevilla, a la vez que proclamaba que los dominios que España tenía en las Indias no eran ni colonias ni factorías sino una parte esencial de la monarquía española, ordenó a las autoridades coloniales organizar elecciones para nombrar un delegado ante la Junta. El Cabildo fue la institución que movilizó esta inédita participación política de la élite criolla, siendo elegido Don Antonio Narváez y la Torre, quien sin embargo no llegó a viajar. Mas bien, en noviembre de ese año el abogado y prominente criollo Camilo Torres redactó en nombre de la corporación el Memorial de Agravios, en el cual reclamaba la igualdad de la representación americana ante la Junta Central, reducida a nueve vocales frente a los 36 de España; profesaba la lealtad ante Fernando VII y pedía la constitución de una Junta Provincial.4 Finalmente, el Consejo de Regencia que reemplazó a la Junta Central, y con una autoridad muy cuestionada, envió al Nuevo Reino como sus representantes a Antonio Villavicencio y Carlos Montúfar, quienes constataron la opresión impuesta sobre los criollos y a la vez reconocieron sus derechos, profundizando de ese modo la brecha entre estos y los peninsulares. Su arribo a Cartagena en mayo de 1810 fue el catalizador del conflicto latente entre el gobernador Francisco Montes y el Cabildo, quienes, con el apoyo de una poderosa comunidad mercantil de peninsulares, lo destituyeron el 4 de junio de 1810.
Pero Santafé de Bogotá fue igualmente el escenario de conflictos múltiples, no solo entre el Cabildo y la Audiencia, sino entre la Audiencia y el Virrey, añadiendo una nueva fractura, esta vez en el seno mismo del gobierno. Circularon rumores de que los oidores intentaban deponer al Virrey y asumir el control del gobierno, mientras que pasquines de todo tipo lo acusaban de querer entregar el reino a los franceses. Pero la oposición más persistente la hicieron los criollos, obligando al Virrey a desplazar hacia Bogotá los 400 soldados que protegían Cartagena, decisión que motivó ser acusado de debilitar su defensa. La respuesta a este torbellino de protestas y acusaciones no se hizo esperar. Ante la denuncia del cura Pedro Salgar de que el magistral de la catedral de Santafé, Andrés María Rosillo y Meruelo, complotaba contra el Virrey, con la complicidad de los abogados Ignacio de Herrera y Joaquín Camaco, y otros criollos como Luis Caycedo, Sinforoso Mutis, Antonio Nariño, Pedro Groot, Antonio Baraya y Balthasar Miñano, Amar y Borbón procedió a la represión siendo arrestados Nariño, Rosillo y Miñano. En el marco de las acusaciones formuladas por la Audiencia se difundió incluso el rumor de que en septiembre de 1809 Rosillo y Meruelo habían propuesto a la virreina doña Francisca de Villanova el nombramiento de su esposo como Rey, en reemplazo de Fernando VII.
Que el Cabildo era su coto cerrado era una convicción compartida por los criollos de Santafé, y por lo mismo se opusieron cuando el Virrey introdujo seis regidores interinos, todos peninsulares, con el objeto de alterar en su favor la correlación de fuerzas para facilitar el nombramiento de un próximo alcalde más proclive a sus intereses. Ocurrió lo mismo en diciembre de 1809, en ocasión del relevo del criollo Luis Caycedo como alférez real por su favorito, el comerciante peninsular Bernardo Gutiérrez. La oposición a este último fue liderada por Ignacio de Herrera, acusado anteriormente de ser cómplice de Rosillo y Meruelo, quien argumentaba que Gutiérrez era indigno del cargo por apropiarse de los fondos de otro comerciante español. El 26 de abril de 1810 ambos incluso se liaron a golpes cuando Gutiérrez pidió al Cabildo que se le entregaran las instrucciones redactadas por Herrera para que el delegado Antonio Narváez y la Torre las entregase a la Junta Central, y en las cuales acusaba al Virrey y los oidores de ser criaturas de Manuel Godoy y pedía la formación de una Junta patriótica.5 El umbral de las palabras a los hechos en este conflicto fue franqueado cuando tres seguidores de Rosillo y Meruelo se rebelaron en los Llanos en febrero de 1810, siendo ejecutados por orden del Virrey y de la Audiencia y sus cabezas exhibidas en Bogotá como represalia ejemplarizante.6
Como una mancha de aceite, lo ocurrido en Cartagena el 4 de junio de 1810 se reprodujo el 3 de julio en Cali, al día siguiente en Pamplona, siendo los más graves los acontecimientos en el Socorro. Ahí sus habitantes se rebelaron contra el corregidor José Valdés, un peninsular nombrado por el Virrey, apresándolo luego de una reyerta en la que hubo varios muertos, y nombrando una Junta que declaró su adhesión a la religión católica y su lealtad a Fernando VII. Faltaban apenas diecinueve días para el 20 de julio.
El 20 de julio en Santafé de Bogotá
El Consejo de Regencia decidió enviar con destino a Quito y Bogotá a don Carlos Montúfar y don Antonio Villavicencio como Diputados Regios para obtener su reconocimiento, dadas las turbulencias en curso. Uno y otro eran de Quito, incluso Villavicencio había sido educado en el Colegio del Rosario en Bogotá, hecho que implicaba un cambio importante en la política del tambaleante gobierno español frente a sus colonias. Hacia el mediodía, Luis Rubio fue encargado de obtener en préstamo un florero para la recepción a Villavicencio de la tienda de don José González de Llorente, comensal del fiscal Frías. Ante la respuesta insultante de Llorente, los hermanos Antonio y Francisco, así como el padre de ambos, Francisco Morales, lo agredieron, originándose un tumulto popular de grandes proporciones por tratarse de un día de mercado. Llorente se refugió en la casa de las Morenos, situada en la Calle Real, para luego volver camuflado a su domicilio, pero tres horas más tarde la gente pedía que lo llevasen a la cárcel por el agravio inferido, pese a los esfuerzos del alcalde Pey para contenerlos, quien había ingresado a su casa conjuntamente con Camilo Torres y Lorenzo Marroquín. Ya apresado, y bajo el acicate de don José María Carbonell y otros, la multitud pidió represalias contra peninsulares como Trillo, Infiesta y Bonafé, quienes corrieron la misma suerte en medio de la protección del Alcalde y de un piquete de soldados. Al caer la noche, la turba empezó a reclamar la convocatoria de un Cabildo Abierto, pedido transmitido al virrey Amar y Borbón, quien accedió, como una forma de apaciguar a la muchedumbre, animada además por los toques de campana de las iglesias. Ese Cabildo culminó al amanecer del 21 de julio con el nombramiento de una Junta Suprema.7
En el “Acta de la Independencia”, que es el reporte redactado por el secretario Eugenio Martín Melendro de lo ocurrido en el Cabildo Extraordinario realizado el 20 de julio de 1810 a las seis de la tarde, se registra que el regidor José Acevedo y Gómez, proclamado como su Diputado, antes de proponer al pueblo el nombramiento de Vocales para completar el Cabildo, pidió contar con la autorización del virrey Antonio Amar, a quien se pidió además, como medida de seguridad, que pusiese a disposición de ese organismo la compañía a cargo del capitán Antonio Baraya, a lo que accedió rápidamente. Acevedo y Gómez era un prominente mercader criollo que anteriormente promovió con vigor la transferencia del Tribunal del Consulado de Cartagena a Bogotá. Fueron propuestos y aclamados el doctor don Juan Bautista Pey; el señor Arcediano, gobernador del Arzobispado y presidente del cabildo eclesiástico; don José Sanz de Santamaría, tesorero de la Casa de la Moneda; don Manuel Pombo, contador de la misma: doctor Camilo Torres; don Luis Caycedo y Flores; doctor don Miguel Pombo; don Francisco Morales; doctor don Pedro Groot: doctor don Frutos Joaquín Gutiérrez; doctor don José Miguel Pey, alcalde ordinario de primer voto; don Juan Gómez, de segundo; doctor don Luis Azuola; doctor don Manuel Álvarez; doctor don Ignacio de Herrera; don Joaquín Camacho; doctor don Emilio Benítez; el capitán don Antonio Baraya; el teniente coronel José María Moledo: el reverendo padre Fray Diego Padilla; don Sinforoso Mutis; doctor don Juan Francisco Serrano Gómez; don José Martín París, administrador general de tabacos; doctor don Antonio Morales; doctor don Nicolás Mauricio de Omaña, quienes conjuntamente con los miembros legítimos del Cabildo, y con exclusión de los nombrados por el Virrey, don Bernardo Gutiérrez, don Ramón Infiesta, don Vicente Rojo, don José Joaquín Alvarez, don Lorenzo Marroquín, don José Carpintero y don Joaquín Urdaneta, debían constituir la Junta de Gobierno interina, en tanto la misma Junta redactase la Constitución y las otras provincias nombrasen sus diputados. Por aclamación el pueblo incluyó en ese cuerpo al regidor don José Acevedo y al magistral, doctor Andrés Rosillo, para quien se pidió su inmediata libertad. Los nombrados, además de los vecinos notables de la ciudad y de don Juan Jurado, oidor de la Audiencia y representante del Virrey, enviaron una nueva delegación integrada por don Miguel Pey, don José Moledo y Camilo Torres, para solicitarle al Virrey que pusiese el parque de artillería a órdenes de José Ayala, pedido al que accedió, a la vez que afirmaba que no tomaría ninguna acción contraria a la seguridad del pueblo.
Mientras ocurría la transferencia del mando militar, se procedió al juramento de los nuevos vocales, en presencia del Cabildo y del primer diputado del pueblo, José Acevedo y Gómez, de derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la religión, de Fernando VII y de la libertad de la patria. Antes del juramento, el protocolo de la reunión registra la premisa de que la Junta no abdicaría los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, siempre y cuando “venga a reinar entre nosotros”,8 quedando por ahora sujeto el gobierno a la Superior Junta de Regencia. Juan Jurado, representante del virrey para presidir el acto, consideró que no podía avalar lo que estaba sucediendo sin antes informarle, ante lo cual varios vocales sostuvieron que era un delito de lesa majestad y alta traición9 el sujetar o pretender sujetar la soberana voluntad del pueblo a la aprobación o improbación de un jefe cuya autoridad había cesado. Ante la presión del pueblo, Jurado reconoció al nuevo gobierno, a la vez que Camilo Torres y José Acevedo recordaron que en su voto habían propuesto al Virrey como presidente de la Junta Suprema. En la discusión don Frutos Joaquín Gutiérrez resaltó que la prudencia del Virrey evitó mayores catástrofes para una multitud de más de nueve mil personas, enardecidas por el asesinato a sangre fría cometido por el corregidor del Socorro José Valdés y por el conocimiento que tenían desde el día anterior de que se iba a hacer lo mismo con diecinueve ciudadanos por sostener los derechos de la patria. Con esos argumentos se proclamó como presidente del nuevo Gobierno al antiguo Virrey, invitándolo a tomar posesión del cargo al día siguiente. Eran las tres y media de la mañana cuando se dio por concluida la reunión.10
Casi tres décadas habían transcurrido desde que en 1781 la gente del Socorro expresó su protesta frente al incremento de las extorsiones fiscales impuestas por los Borbones. Aquella vez sus protagonistas buscaron el restablecimiento del acomodo al que habían llegado con los Austrias, pero esta vez la élite de Santafé percibió en las grietas del imperio la oportunidad de alterar en su favor la marginación impuesta por el Virrey y su burocracia de gobierno, constituida mayormente por peninsulares. En función de ese objetivo, aprovecharon el concurso de un conjunto de circunstancias favorables y oportunas. En primer lugar, la ocupación de la Península por parte del ejército de Bonaparte desencadenó una resistencia popular en España en contra de todo aquello que representaba Francia, brindando una cómoda coartada para acusar al Virrey y la Audiencia de ser afrancesados y de querer vender el Reino de Nueva Granada al enemigo odiado, facilitada además por los orígenes familiares del Virrey. En segundo lugar, la secuela de crisis de gobierno y de formación de Juntas en los meses anteriores al 20 de julio, desde Quito hasta el Socorro. En tercer lugar, el temor de una represalia más severa por parte de las autoridades frente a los opositores más visibles, expresado en la denuncia y el hostigamiento contra los líderes y los criollos más activos como Antonio Nariño, Camilo Torres, Rosillo y Meruelo, Ignacio de Herrera, y en el asesinato de una decena de rebeldes en el Socorro y de los cabecillas de la asonada de los Llanos. En tercer lugar, la presencia en Cartagena y en Bogotá del enviado del Consejo de Regencia, don Antonio Villavicencio, hijo de un noble quiteño, compañero de estudios de Tadeo Lozano en el Colegio de Nobles Americanos de España y educado igualmente en el Colegio del Rosario, percibido por lo tanto como el liberador o el aliado necesario, presunción ratificada por sus públicas condenas al comportamiento del virrey Amar. Finalmente, un cambio de gobierno incruento por la resignación de un temeroso virrey y de su representante, Juan Jurado, dispuesto a la conciliación, y sobre todo por el control que ejerció sobre la tropa el oficial criollo Antonio Baraya, al ocupar su mando a pedido de los criollos, y por la promesa del jefe de artillería José Ayala de que no usaría las armas contra el pueblo.
Transición pacífica compatible con las aspiraciones de sus líderes que no buscaron una ruptura con el gobierno español. Pero la presencia de José María Carbonell, antiguo empleado en la Expedición Botánica, otorgó a estos acontecimientos una dimensión popular más evidente. En efecto, él se encargó de movilizar las masas urbanas, en las cuales la presencia de las mujeres fue significativa; intentó crear una Junta paralela en San Victorino, en una campaña de agitación favorecida por el malestar causado por el incremento del costo de vida en esas semanas previas al 20 de julio.11 Fue el radicalismo de Carbonell lo que le valió ser arrestado por la misma Junta el 16 de agosto, antes que cumpliera un mes de su formación, y ahorcado, una de las sentencias más infamantes, por orden de Pablo Morillo el 19 de junio de 1816, por ser “el que sedujo a las revendedoras y plebe para insultar a la Exma. Sra. Virreina, cuando la pasaban presa de la Enseñanza a la Casa del Divorcio […] y uno de los hombres más perversos y crueles que se han señalado entre los traidores”.12
Las coordenadas
A fines de 1800, según un padrón general, Bogotá tenía 20.081 habitantes, 8.191 hombres y 11.890 mujeres, a los cuales deben añadirse 719 monjas, 489 frailes y 175 que residían en los dos colegios. Esta población de 21.464 habitantes, que no incluyen unos mil transeúntes ni mendigos ni vagos de difícil cálculo, estaba dividida en cuatro parroquias y ocho barrios, siendo la más poblada la parroquia de la Catedral, con 8.607 almas.13 De ese total, la muchedumbre que habría participado en la jornada del 20 de julio ascendería a 9 mil personas, es decir, cerca de un 41%, probablemente por coincidir con un viernes, día de mercado. La élite comprendía unas 4.262 personas, distribuida por ocupaciones en 3.504 curas, 481 oficiales del ejército, 150 abogados, 100 de la alta burocracia, y 27 médicos,14 salidos de familias de hacendados y comerciantes procedentes de Santafé de Bogotá y de Cartagena. En términos étnicos, los blancos eran un 38,3%; mestizos y negros libres el 54,8%; indios el 3,7%, y esclavos, el 3,3% del total.15 Los escasos 700 indios existentes en la ciudad constituyen, como es bien conocido, la peculiaridad del entorno social de esta Junta, en contraste con las experiencias de Quito y La Paz.
Aquel viernes 20 de julio, como se dijo, fue un día de mercado y por lo tanto, un espacio sensible a las vibraciones de los precios y de la oferta de los bienes. En ausencia de investigaciones sistemáticas que permitan examinar el impacto de la coyuntura económica sobre turbulencias políticas como esta, y solo como una información muy somera, cabe mencionar que José María Caballero registra en su Diario que en 1807 “se pusieron los víveres muy caros por causa de verano tan grande, que comenzó el mes de junio del año pasado y fue menester poner a todas las más imágenes en novenas y velar a Su Majestad en todas partes”.16 Esta carestía de los bienes se prolongó hasta 1810. En agosto de 1809, el mes de la rebelión quiteña, “ha sido muy grande la necesidad que hay de todo; el pan lo venden sin vendaje; la harina poca que hay está a 26 pesos”. Según Caballero:
[…] desde mediados del año pasado de 1809 hasta el presente mes (enero) han subido los comistrajes a precios nunca vistos: la miel a 21 pesos la carga y la totuma a 2 pesos; las panelas a un real y cuartillo cada una; los alfandoques a tres al real; el maíz blanco a 6 reales, el palito y el tibame a 5 reales; las turmas a 2 reales y medio, y lo mismo las arracachas, los plátanos hartones a tres al real; la harina a 20 pesos; el azúcar a 4 pesos y 4 reales arroba; la botella de aguardiente a 6 reales; la múcura de chicha a 3 pesos; el arroz y garbanzos a 3 pesos arroba; la manteca a 8 pesos y los huevos a tres al medio, y así lo demás, etc.17
¿Fue esta crisis económica, como pensaba Labrousse, la que dio a la crisis política una enorme fuerza social?
El escenario político del 20 de julio fue, como se mencionó antes, la condensación de hechos y procesos que se yuxtaponen en el corto y en el largo plazo. En el primero debe mencionarse la agitación producida por lo ocurrido en España en 1808 y cuya expresión más tangible fueron la difusión de pasquines anónimos y los escritos de Antonio Nariño, criollo nacido en Bogotá el 9 de abril de 1765. De tesorero de los diezmos del arzobispado se hizo público su nombre con ocasión de la traducción que hizo de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” en 1794, lo cual motivó su primera detención y el embargo de sus bienes, siendo condenado el 28 de noviembre de 1795 a una pena de diez años y su expulsión a España al año siguiente. Evade la prisión, pide justicia al rey, sin resultado, y viaja a Paris, a Londres y a Caracas, regresó a Santafé de Bogotá en 1797. El 19 de julio de ese año se presenta con su esposa ante el virrey Mendinueta, siendo de nuevo apresado hasta 1803. Una fianza le permite obtener su libertad a causa de su mal estado de salud, y permanece hasta 1809 en la hacienda Montes, y luego en la hacienda Milagrosa. En medio de las turbulencias se desplaza a Santafé de Bogotá para una reunión con el Virrey, pero en 1810 es detenido y enviado a un calabozo del Palacio de la Inquisición de Cartagena. Ante las protestas, a las cuales se adhiere el enviado del Consejo de Regencia, Antonio Villavicencio, es puesto en libertad e ingresa a Bogotá el 8 de diciembre de ese año, cinco meses después de los acontecimientos del 20 de julio.
Camilo Torres, antes de la redacción del “Memorial de Agravios”, en una carta escrita a su tío Ignacio Tenorio, oidor de Quito, el 29 de mayo de 1809, protesta en contra del establecimiento de una Regencia que gobierne a nombre de Fernando VII y escribe:
[…] si Fernando VII no existe para nosotros, si su monarquía se ha disuelto, si se han roto los lazos que nos unían con la Metrópoli, y últimamente, si en lugar de la dinastía que habíamos jurado, entra a reinar otra a quien detestamos, ¿por qué quiere usted que nuestras deliberaciones, nuestras juntas, nuestros congresos y el sabio gobierno que elegimos se hagan a nombre de un duende o un fantasma? Si somos libres o independientes no necesitamos de cubrirnos con el nombre de un Rey para formar la mejor, la más conveniente constitución, ni mucho menos necesitamos para esto de una ley bárbara hecha en tiempos bárbaros y que no es aplicable al caso presente […]18
Pero en el “Memorial de Agravios”, sin duda el más reconocido escrito de Camilo Torres, dirigido a los miembros del Ayuntamiento y en respuesta a la invocación de la Suprema Junta Central, constituida el 25 de septiembre de 1808, para que sea reconocida su autoridad en nombre y en ausencia de Fernando VII, el núcleo central del reclamo de Torres fue por la igualdad de la representación americana ante la Junta Central.19
Frente al control casi completo de la Península por las tropas de Bonaparte, la Suprema Junta Central se disolvió y fue reemplazada el 29 de enero por un Supremo Consejo de Regencia, integrado por cinco miembros, uno de los cuales fue el español Esteban Fernández de León, en representación de las colonias americanas, y quien fue reemplazado más tarde por el mexicano Miguel de Lardizábal y Uribe. Este organismo envió a Quito y a Bogotá, para su reconocimiento, a los criollos Carlos Montúfar y Antonio Villavicencio. Este último, en ruta a Bogotá, en una carta reservada al Virrey, escrita en Cartagena el 20 de mayo de 1810, le informa de sus intentos de establecer en esa ciudad una Junta de vigilancia, observación y defensa como “el único medio de cortar para siempre los disturbios y disgustos que tanto escándalo y consternación han causado estos últimos días y de conservar a esta Provincia en su inalterable y acendrada fidelidad al rey en tan críticas circunstancias [y que no es] una cosa inoportuna y atentatoria a la autoridad de V. E.”.20 En ese mismo oficio también le informa que a instancias de todo este pueblo habló con el oidor de Quito, Baltazar de Miñano y las Casas, y con don Antonio Nariño, presos e incomunicados, en el cuartel del Regimiento Fijo y en el castillo de San José. Luego de hablar con Nariño, logró que se le quitasen los grillos y lo trasladasen a los calabozos de la Inquisición, le anunció que le enviará una representación al Virrey para que se decida por su castigo o por su libertad, pues no se le ha hecho saber las causas de su prisión pese al tiempo transcurrido.21 Termina confiando en que el nuevo virrey, Francisco Javier Vanegas, apoyará sus recomendaciones.
Cuatro días más tarde, el 24 de mayo, Villavicencio envía una nueva representación al Virrey en la cual le manifiesta su opinión sobre el estado del reino luego de conversar con “personas instruidas, de probidad y carácter”. Los ocho puntos de su “representación” aluden a los principales motivos de descontento: un sistema de administración en manos de forasteros; falta de educación y de conocimientos en las ciencias naturales y exactas; dificultades de comunicación por caminos y navegación en estado lamentable; gravámenes excesivos sobre la agricultura; derechos excesivos sobre la navegación en los puertos; dureza y rapacidad de los agentes de gobierno; el tributo sobre los indios, considerado como el reclamo más importante; antipolíticos estancos de tabaco y aguardiente. Menciona igualmente:
[…] el odio que se le profesa al actual virrey don Antonio Amar, por la dureza y arbitrariedad de su Gobierno, su ferocidad e ignorancia y por su protección decidida a favor de europeos y parcialidad contra los hijos del país, como lo justifican sus providencias crueles y sanguinarias contra los desgraciados quiteños, donde faltando a la fe pública, a lo pactado y ratificado, ha procedido, después que aquellos se sometieron voluntariamente y depusieron las armas, a mandar prender y seguir causa a más de doscientos, de cuyas resultas igual número de familias honradas y distinguidas han sido arruinadas, pues el embargo y saqueo de los bienes de todos los supuestos reos, la prisión con grillos, cárceles y calabozos a la mayor parte de ellos, la fuga precipitada a los montes de otros, ha reducido a la indigencia a las familias y ha sepultado en el terror y espanto a toda la Provincia.22
Menciona también la condena de la opinión pública al oidor de Santafé Hernández de Alba, “execrado y aborrecido por su parcialidad, insolencia, y crueldad; sobretodo se le tacha de odio a todo americano”; a Mancilla, Fiscal del Crimen, quien “obtuvo la audiencia de Maracaibo y la toga por unos medios condenados por el pudor y la honradez, pues según él decía con descaro, a su mujer le había puesto el sello del infame Godoy, su protector”; a Don Diego Frías, Fiscal de lo Civil, para quien “no son hombres los que viven en estos dominios sino una manada de cerdos o viles esclavos”. Concluye señalando el ostracismo de muchos patricios beneméritos que han hecho muchos servicios a la patria, “y que por no poder emprender un viaje a España y por carecer de favor, son el juguete de las vanas esperanzas con los que los entretienen los agentes de negocios, viendo venir colocados a muchos que por su corta edad, ineptitud y otras circunstancias se deja conocer que ni aun en España eran dignos de aprecio”. Entre estos menciona en primer lugar al Mariscal de Campo don Antonio de Narváez y la Torre; a don Joaquín Cabrejo, teniente asesor y auditor de guerra de Panamá; a José Munive y Mozo, teniente asesor del gobierno y comandante general; al doctor Francisco Javier de Vergara, agente fiscal de lo civil; a don Camilo Torres, “sabio abogado, prudente, amigo de la justicia, de una conducta irreprensible”; a don Joaquín Camacho; a don Justo Gutiérrez, agente fiscal del crimen; a don Antonio José de Ayos, síndico procurador general; a Toribio Rodríguez. Entre los clérigos pondera y recomienda a Eloy de Valenzuela, Marcelino Pérez de Arroyo y Benito Rebollo; y entre las personas particulares, “que aman exclusivamente el estudio, el retiro, que no tienen ambición alguna”, recomienda a José María Lozano, teniente coronel de milicias; a Francisco José de Caldas, director del Observatorio Astronómico de Santafé; a don José Ignacio Pombo, prior del Consulado.
La “representación” de Antonio Villavicencio, a escasos dos meses de las jornadas del 20 de julio, revela las profundas fisuras entre él y el máximo representante del gobierno del Nuevo Reyno, a quien además le advierte de un cambio radical en la política por parte del nuevo virrey nombrado, Francisco Javier Vanegas, a la vez que reporta, y endosa, los reclamos de los criollos. Paradójicamente, traduce una postura mucho más radical que la presentada por Camilo Torres, en cuanto juzga que el tributo que se cobra a los indios:
[…] es el impuesto más injusto e inicuo que ha podido inventar la ignorancia y la malignidad para destruir esta utilísima, importantísima y desventurada casta de hombres […] reducidos a bestias de carga, al trabajo mortífero y cruel de las minas, a los más ínfimos y duros castigos, a un mezquino pago de sus jornales, en la suma abyección, miseria e ignorancia, por la tiranía, desprecio y codicia de los corregidores, curas y de cuantos se creen con algún predominio sobre ellos, que solo cuidan de su servicio personal para enriquecerse con su sudor y trabajo, con muy pocas excepciones, van al sepulcro tan necios como nacieron y visiblemente se aniquilan y desaparecen a millares.23
Fueron estos antecedentes los que lo llevaron a ser degradado y pasado por las armas el 5 de junio de 1816 por orden del Consejo de Guerra instaurado por Pablo Morillo.24 La respuesta del virrey Amar y Borbón, un mes más tarde, era esperable: le reprocha ser auxiliador y agente de unos reos detenidos por él y por la Real Audiencia.25
José Acevedo y Gómez, regidor perpetuo del Cabildo y una de las figuras centrales en el establecimiento de la Junta de Santafé de Bogotá, escribió al comisario Villavicencio una carta, fechada el 29 de junio de 1810, en la que además de recordarle sus años de estudio en el Rosario lo llama “el libertador de la patria”, y le informa de la necesidad de establecer una Junta Superior de Gobierno como en Cádiz, conformada por las cabezas y padres de familia, “pues los Cabildos no tienen una verdadera representación popular, a causa de que sus empleados e individuos no obtuvieron su nominación del público, sino por compra que hicieron del gobierno”.26 En las vísperas del 20 de julio le reitera la necesidad de convocar a una Junta, señalando su oposición al gobierno virreinal, a quien acusa de sus desgracias:
[…] ciento veinte mil pesos, fruto de veinte años de trabajo, fatigas y peligros, me hizo perder el Gobierno al principio de la guerra con Inglaterra, porque no hubo arbitrio de que este Virrey nos permitiese ni aun el comercio de cabotaje, y en tres años las quinas se perdieron y se cayó su estimación en Europa; los cacaos se pudrieron, y los algodones, que el monopolio peninsular me obligaba a mandar a Cádiz, fueron presa de un enemigo poderoso en la mar.27
La oposición más abierta al virrey provino del Cabildo, cuyo alcalde de primer voto, Luis Caycedo, lo denunciaba en su declaración del 14 de diciembre de 1809 por querer entregar a los franceses el dominio del reino, porque toda su familia es francesa, de debilitar su defensa al trasladar a Santafé los 400 soldados que protegían Cartagena, y porque la Virreina, a través de su mayordomo, vendía los empleos y beneficios eclesiásticos, a la vez que hacía suntuosos regalos a Manuel Godoy.28 Para controlar la oposición del Cabildo y asegurarse de que en la próxima elección de alcaldes se fortaleciera su apoyo, el virrey nombró el 9 de diciembre de 1809 seis nuevos regidores, en calidad de interinos, decisión que en principio correspondía al Cabildo. Como un anuncio premonitorio de lo que ocurriría en Santafé de Bogotá, se produjo en el Socorro la destitución del corregidor, Don José Valdés Posada por sus amenazas de ejecutar a algunos vecinos y al alcalde ordinario, Don Lorenzo Plata, y a Don Miguel Tadeo Gómez, administrador de aguardientes, y por el asesinato de diez hombres por el fuego de la tropa el 9 de julio de 1810, provocando la reacción del pueblo y el apresamiento del corregidor,29 asumiendo el gobierno el Cabildo, al que se agregaron seis nuevos miembros.
Y si bien la Audiencia era el cuerpo que secundaba las decisiones del Virrey, en el caso de Santafé de Bogotá sus relaciones no estuvieron exentas de conflictos. El 26 de abril de 1810 se “aporrearon el procurador general don Ignacio Herrera, criollo, y don Bernardo Gutiérrez, alférez real, chapetón, impuesto por el virrey en el Ayuntamiento”. En la “Exposición de motivos de la independencia”, redactado por Camilo Torres y Frutos Joaquín Gutiérrez el 25 de septiembre de 1810, alude al descontento de los oidores de la Audiencia frente a la lentitud del Virrey para dictar las medidas necesarias a fin de ahogar la resistencia de los criollos a que la Nueva Granada siguiese la suerte de la España ocupada por los franceses. Lo desacreditaron, intentaron llamar al gobernador de Cartagena para apresarlo, e incluso quisieron asesinarlo. Esas tensiones, a juicio de Torres, dieron paso a una reconciliación entre el Virrey y los oidores basada en la mutua protección: se trató de una causa contra el Virrey a partir de papeles incautados en Cartagena a favor de Francia, papeles que se encontrarían en casa de Alba, el oidor decano, quien tuvo el tiempo suficiente para ocultarlos para que el Virrey no descubriera sus intrigas, al mismo tiempo que el pueblo no se enterase de las maniobras del gobernante.30
La tradición política y las coordenadas de largo plazo
La creación de la Junta de Santafé de Bogotá el 20 de julio estuvo precedida por cuerpos similares en Cartagena, el 14 de junio; en Cali, el 3 de julio; en Pamplona, el 4 de julio; en Socorro, el 9 de julio; y después en Mompox, el 6 de agosto.31 En todas ellas estuvo, en función de los intereses de los actores, la imagen contradictoria de ejemplo y de espectro, de lo ocurrido con las Juntas de La Paz del 16 de julio de 1809; la de Quito del 10 de agosto de ese año, o el contraejemplo de la Lima del virrey Fernando de Abascal y Souza, pese a las sensibles diferencias con lo ocurrido en Bogotá, como se verá más adelante.
Enterado de los acontecimientos de Quito, el virrey Antonio Amar promulga un Edicto, dando cuenta del arresto del conde Ruiz de Castilla, presidente de la Audiencia, y anunciando que respalda las milicias formadas por los Cabildos de Pasto, Popayán, Barbacoas y Cali para reprimir la sedición quiteña. También alerta sobre las actividades del magistral Andrés Rosillo, y los intentos de constituir una Junta independiente presidida alternativamente por Luis Caycedo y Flórez, don Pedro Groot y don Antonio Nariño, quienes contarían con el respaldo de los negros esclavos de la hacienda de Saldaña, con gente de La Mesa de Juan Díaz, con 660 hombres de Zipaquirá al mando de su corregidor, y con 1.500 del Socorro reclutados por Miguel Tadeo Gómez, el administrador de aguardientes, en complicidad con el regidor José Acevedo de Santafé.32 Este intento fue debelado luego de frustarse un curioso intento de proclamar al Virrey como Rey de Nueva Granada, propuesto por el cura Rosillo a la esposa de Amar, doña Francisca de Villanova. Este temprano dinamismo del Virrey, cuyo mandato se inició el 16 de septiembre de 1803, contrasta con su pusilanimidad final, como lo revelan las acusaciones de los oidores de la Audiencia y su inercia frente a los hechos del 20 de julio,33 aunque su adhesión a las sucesivas Juntas de España que gobernaron en nombre de Fernando VII fue completa desde 1808. La recepción al enviado por la Junta de Sevilla en 1808, José Pando San Llorente, fue fastuosa, quien además regresó a España el 24 de septiembre con medio millón de pesos del situado y de donativos.34
Mientras que en la composición de la Junta de Santafé predominaban los criollos, la de Quito fue una combinación de nobleza y clero, cinco nobles y un obispo, Cuero y Caycedo, quien incluso fue presidente de la misma. En la de La Paz, en cambio, tanto el obispo como el intendente fueron apresados. Scarlett O’Phelan explica esta diferencia como consecuencia de la trayectoria distinta de ambos espacios coloniales, y en especial el papel contradictorio de dos instituciones importantes como el reparto de mercancías, y las intendencias. Al operar marginalmente las primeras y al frustrarse la implantación de las intendencias en el caso de Quito, el poder de las órdenes religiosas amenazadas por ellas se mantuvo casi intacto. También menciona el hecho central de que en Charcas la experiencia de las grandes rebeliones de la década de 1780 generaron un terror natural frente a la insurrección popular, experiencia que no se dio en Quito.35 Cabe añadir que la insurgencia nativa en Charcas se explica también porque, a diferencia del espacio quiteño, donde la población indígena se dispersó y se integró coactivamente a las grandes haciendas, los indios lograron mantener la solidez interna de sus comunidades.36
Pero una comprensión más cabal del fenómeno de las Juntas requiere analizar el caso extremo, es decir, la ausencia de Juntas en el virreinato del Perú. El ingreso de las tropas de Murat a Madrid el 23 de marzo de 1808 constituye el inicio del descalabro de la monarquía española, cuya expresión más visible fue la abdicación de Fernando VII al trono y su apresamiento en Bayona por Bonaparte. Este fue un acontecimiento de profundas repercusiones tanto en la metrópoli como en sus colonias americanas, porque el sistema político quedaba privado del centro que lo articulaba y encarnaba la soberanía y la autoridad, en consonancia con los principios neotomistas. La cuestión inmediata de qué hacer en esta coyuntura fue resuelta rápidamente en la Península haciendo uso de las mismas premisas, es decir que, ante la vacancia del poder la soberanía revertía al pueblo. La traducción de estos principios fueron el auge y la caída sucesivas de la Junta de Sevilla, la Junta Central, la Regencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, la restauración de 1814, el pronunciamiento de Riego y la restauración de 1820, el trienio liberal, y el nuevo retorno al absolutismo en 1824. Estos episodios fueron una y otra vez contados, y hacen parte de la memoria de toda persona medianamente educada.
Si la historia fuera solamente registro, evocar de nuevo estos acontecimientos no tendría mayor sentido, salvo tal vez la conmemoración de efemérides significativas, sobre todo de parte de aquellos grupos que buscan consuelo en el pasado frente a las incertidumbres y la impotencia frente al presente. Pero ocurre que la historia es también, y sobre todo, representación, y es aquí donde empiezan las dificultades. En efecto, de un tiempo a esta parte, una historiografía de profunda raíz eurocéntrica, o mejor hispanocéntrica, propone la tesis de que los acontecimientos que abren 1808 constituyen un punto de inflexión en la cultura y en la participación política de los colonos/vasallos americanos, el inicio de una nueva socialización y práctica política conducente a la ciudadanía, y el comienzo de un proceso irreversible de ruptura con la metrópoli española. Estos argumentos cierran un círculo completo: España no solo instaló el orden colonial sino que fue también el detonante de su estallido. Nadie sensatamente puede ignorar la trascendencia de los acontecimientos que se sucedieron en esta agitada coyuntura política, con excepción tal vez de la vieja historiografía patriótica, que limitó su relato a lo ocurrido dentro de fronteras pequeñas, con absoluta prescindencia de todo el resto. Pero lo que ahora se constata con trabajos como los de Guerra, Modernidad e independencia,37 y Rodríguez, La independencia de la América española,38 es su exacto reverso ideológico: el énfasis en los factores externos, con entera omisión de las tensiones de la sociedad colonial.
El análisis de la naturaleza y las proyecciones de las Juntas de Gobierno, en este contexto, ha sido igualmente planteado en torno a una curiosa dicotomía: quisieron o no la independencia. La literatura dominante a este respecto sostiene que no buscaron la independencia, y que en el mejor de los casos las aspiraciones de las Juntas se limitaron al reclamo de su autonomía dentro de un sistema imperial irrecusable, una suerte de commonwealth hispanoparlante. Más aún, se postula que las Indias fueron reinos y no colonias, confundiendo la retórica con la realidad e ignorando el significado concreto del orden colonial.
Esta comunicación es una contribución al análisis de las Juntas de Gobierno que emergieron en América como consecuencia del colapso de la monarquía española, y su coordenada de referencia es la experiencia del Perú, donde precisamente las Juntas no se instalaron. Por cierto no fue el único lugar en el que las Juntas no aparecieron, porque tampoco lo hicieron en Buenos Aires y en México, pero sí es el más significativo porque fue además desde Lima que se enviaron las expediciones militares para combatir las Juntas del entorno. El ejercicio no traduce necesariamente la afición del autor por la paradoja, sino que es más bien una práctica heurística que encuentra en la excepción la clave de lo ordinario. Pero antes, algunas precisiones de rigor.
Se mencionó que en México no se estableció una Junta porque los intentos fueron ahogados por el golpe de Estado del 15 de septiembre de 1808, que destituyó al virrey y otros autonomistas, no sin antes afirmar los fiscales de la Audiencia que, por las circunstancias de la Península, el ejercicio de la soberanía que había recaído en los pueblos de América era “una opinión sediciosa y un crimen de verdadera traición y lesa majestad”.39 En el otro extremo del continente, Buenos Aires, la primera Junta Gubernativa del Río de la Plata desconoció al Consejo de Regencia y se negó a enviar diputados a las Cortes de Cádiz, mientras que algunos de los líderes del gobierno surgido el 25 de mayo prefirieron el concepto de soberanía popular al de pacto de sujeción, por considerar que el lazo colonial derivaba de una conquista.40 Tanto en uno como en otro caso, el contexto local, es decir la tormenta revolucionaria en el caso de México y la militarización porteña, es el factor que también debe ser tenido en cuenta para explicar el desenlace distinto que tuvieron las Juntas en esos espacios. Debe recordarse que si los americanos fueron llamados a integrarse a las Cortes fue porque una iniciativa similar fue tomada con anterioridad por Bonaparte, y que una parte de los preceptos de la Constitución de 1812 hicieron parte de la agenda de los reclamos de los criollos.
Aún más, no parece que sea un hecho que carezca de importancia la correlación inversa que existe entre el establecimiento de las Juntas y la centralidad de los espacios coloniales. Las Juntas, en efecto, se establecieron en las periferias del sistema colonial, del mismo modo, como lo señala Marchena,41 que el fidelismo o la disidencia fue una función de la localización de los órganos de decisión política de la alta oficialidad militar de origen peninsular, y cuyo comportamiento, el de los militares, a su vez se explica por la composición de las unidades militares y por las características económicas y sociales del entorno en el que estaban ubicados estos regimientos. Este peso de la dimensión local es tanto más relevante porque ninguno de los órganos de gobierno que se establecieron en la península en nombre del rey cautivo contó con la estabilidad y la coherencia necesarias como para garantizar su eficacia política. Deas42 recuerda a este respecto el registro de Timothy Anna, que señala que entre marzo de 1808 y mayo de 1814 el Ministerio de Estado estuvo a cargo de trece individuos; el de Gracia y Justicia, de nueve; el de Guerra, de once; el de Marina, de seis, y el de Hacienda, de quince. La competencia de los virreyes en las colonias tampoco estuvo a la altura de una coyuntura tan crítica. Según Mariano Torrente, el autor de una de las primeras historias de la revolución:
[…] cuando llegaron a la capital de aquel virreinato (Bogotá) las noticias de las transacciones de Bayona y del cautiverio del Monarca español, se hallaba a su cabeza el sordo y demasiado candoroso general don Antonio Amat. Buen militar, amante de la subordinación, íntegro, bien intencionado, fiel a sus deberes; pero flojo, incauto y desprevenido en la administración, tardo en los consejos, y pesado en la ejecución: este era el carácter del virrey Amar; y con poca diferencia fue el mismo el de Itirrigarai en México; el de Sobremonte en Buenos Aires, el de Carrasco en Chile; el de Ruiz de Castilla en Quito, el de Emerán en Caracas, y otros varios.43
Es decir que el desempeño y el alcance de las Juntas también deben ser explicados por la solidez de las autoridades coloniales.
Más cerca de Lima, en el contexto de la región andina, dilemas similares tuvieron que confrontar las Juntas que se establecieron en 1809, con el añadido de que estas Juntas se establecieron en aquellos lugares, Quito y Charcas, que no tuvieron representación ante la Junta Central. ¿Se trató de una simple coartada para reclamar ese reconocimiento? En Quito, para empezar, el 10 de agosto de 1809 se estableció la primera Junta, de brevísima duración, lo que no impidió que la historiografía nacionalista calificara la acción de los notables quiteños como la primera acción por la independencia de España. La suya, emprendida en nombre del “rey, la religión y la patria”, prescindió de la participación popular y tuvo la oposición de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán. Dos meses más tarde esta Junta fue disuelta por la acción de las tropas realistas enviadas desde Santafé y Lima. La represión contra los actores de la primera Junta permitió el establecimiento de una nueva, el 22 de septiembre de 1810, bajo la conducción del obispo José Cuero y Caicedo. Y si bien se mantuvo hasta 1812, fue igualmente derrotada. Hasta Pichincha, Quito será de nuevo un inexpugnable bastión realista.44 Que hayan sido reprimidas militarmente en nombre del rey, pese a que paradójicamente insurgieron también en su nombre, más allá de la retórica, como reconoce Bustos, subraya la condición colonial de esta parte de los reinos de España.
El 16 de julio de 1809, un mes antes que Quito, se había establecido una Junta de Gobierno en La Paz. Si bien tuvo igualmente una duración efímera, su composición fue distinta a la de Quito. En esta última, como escribe O’Phelan,45 la participación de la nobleza fue dominante, mientras que ese no fue el caso en La Paz. No obstante, en uno como en otro caso, la prescindencia de la población nativa fue completa, pese a estar ubicadas ambas ciudades en el corazón de los Andes. La única diferencia fue que la Junta Tuitiva de La Paz decretó la supresión de los cacicazgos indígenas y su reemplazo por representantes por fuera de la nobleza tradicional, con lo cual se buscaba el descabezamiento de las jefaturas étnicas. Aún más, estas medidas fortalecían al Cabildo indígena, cuyas autoridades, a diferencia de los caciques, estaban supeditadas a las autoridades locales y dotadas solo con una autoridad temporal.46
La excepción: Lima
En contraste con los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva España, o de las capitanías generales como Quito, Venezuela y Chile, el Perú fue inmune a las turbulencias políticas de los inicios del siglo xix. Esta excepcionalidad no tuvo que ver con el respaldo externo, sino que fue el resultado de dos fuerzas convergentes. La primera está relacionada con la brutalidad y la eficacia de la represión de la rebelión de Túpac Amaru en 1780, y el temor que suscitó en la población criolla y peninsular la más mínima posibilidad de una movilización indígena independiente. La segunda fue el resultado de la política implementada por el virrey José Fernando de Abascal, quien gobernó el Perú entre julio de 1808 y el 7 de julio de 1816, los mismos años de las turbulencias, luego de haber servido en el ejército en Puerto Rico en 1767; en Montevideo, en 1776; en Santo Domingo, en 1781; como lugarteniente del gobernador de Cuba, en 1797, y como presidente de la Audiencia de Guadalajara, entre 1799 y 1804.47 Había sido nombrado virrey del Río de la Plata, cargo que no llegó a ejercer porque en la travesía su barco fue capturado por los ingleses y Abascal conducido a Lisboa como prisionero. Su liberación coincidió con su nombramiento como virrey del Perú.48 La historia, dicen por ahí, no la hacen los individuos, y muchos historiadores rechazan las posibilidades abiertas a la investigación por los “counterfactual hypothesis”, pero quien esto escribe no puede dejar de pensar en qué hubiera pasado si Abascal no hubiese sido detenido y hubiese ocupado su puesto de virrey del Río de la Plata. Probablemente muchas cosas hubieran cambiado en la historia de estas Juntas.
Para implementar su política contó con la colaboración de americanos o de peninsulares con una larga residencia en América, como lo ejemplifica el caso de José Manuel de Goyeneche, comandante del ejército del Alto Perú, quien hacía parte de una red familiar que incluía un hermano como oidor del Cuzco y otro como obispo de Arequipa. Además, la creación del regimiento de tres batallones “Voluntarios Distinguidos de la Concordia Española del Perú”, el 30 de mayo de 1811, para enfrentar la rebelión de Buenos Aires, tuvo el propósito de unir los intereses del gobierno y los de la nobleza peruana, dando de esta manera satisfacción a la petición del Cabildo de contar con una milicia donde se ubicaran los notables.49 No fue un constitucionalista convencido, aun más, pensaba que la implementación de la Constitución de 1812, a la que calificaba como “parto de la intriga republicana”, era el inicio del desastre político de la Metrópoli, lo que no le impidió introducir el sistema representativo propuesto por las Cortes Extraordinarias de septiembre de 1810, llegando incluso a suprimir la Inquisición en septiembre de 1813.50 Pero, por otra parte, hizo lo que pudo para contener las presiones a favor de las reformas. El decreto de las Cortes sobre la libertad de imprenta que llegó a Lima el 19 de abril de 1811 no fue difundido sino dos meses más tarde, de la misma manera que favoreció la elección de peninsulares ante las Cortes, a la vez que intervino directamente en los procesos electorales.51
Una estabilidad política conseguida por el consenso, por el apoyo económico de instituciones como el Consulado de Lima y por el incremento del ejército, que pasó de 1.500 a 8.000 soldados entre 1809 y 1813, además de 40 mil milicianos y de una fuerza naval respetable, le permitió no solo derrotar a los insurgentes de Quito y de Charcas en memorables hechos de armas como Guaqui (20 de junio de 1811), Sipe Sipe (12 de agosto de 1811), Vilcapuquio (1 de octubre de 1813), Ayohuma (14 de noviembre de 1813), Humachiri (11 de marzo de 1815), Sipe Sipe (29 de noviembre de 1815), Rancagua (octubre de 1814), sino también expandir el espacio del virreinato con la anexión de Quito, Charcas y Chile.52
Pese al control ejercido por Abascal, el espacio peruano no fue totalmente inmune a los ecos de las disidencias del entorno, sobre todo de Buenos Aires, los que no dejaron de producir manifestaciones de inconformidad, que fueron rápidamente suprimidas, sin producir el establecimiento de Juntas de gobierno. En diciembre de 1810 un autor anónimo escribió un opúsculo titulado “Reflexiones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las Juntas de América”, en el que afirma:
Las juntas que reanimaron quasi milagrosamente a la España, aquí serán las precursoras de la desolación; y si allá fueron como un rayo de luz que brilló en la obscuridad de una noche tempestuosa, aquí serán como un funesto meteoro que asomando en lo claro del horizonte, es el anuncio de la tormenta. Allá una nación sepultada repentinamente en la orfandad por mano de la perfidia, necesitaba xefes para dirigir con acierto su encono y sus esfuerzos, entretanto que un opresor fraudulento le intimaba la esclavitud en sus mismos hogares; aquí están muy lejos los enemigos reyna el orden y la quietud, y las autoridades constituidas escudan la publica seguridad y las leyes […] Mas ¿a quien representan sus vocales (de las Juntas americanas)? ¿Es al pueblo o al soberano? Si gobiernan a nombre del Rey ¿adonde estan los títulos que legitimando sus personas, justifican el escandaloso atentado que atropella sin pudor las autoridades constituidas, cuyos poderes emanados directamente del trono han sido respetables en todo tiempo, y lo son aun mas en el dia en la calamidad de la patria? ¿Si representan al pueblo: quien le ha emancipado hasta ahora, y quien le ha absuelto de la solemnidad del juramento que le ligo al suspirado fernando? Es solo una impostura la santidad de la religión que ha exigido la fe pública; o es una quimera el honor que se obligo a mantenerla […]?53
Texto que no hacía sino reproducir argumentos similares difundidos por Martín Garay un año antes, en 1809:
En ningún tiempo ha sido más precisa que ahora la unión entre la Metrópoli y sus colonias […] Nuestras relaciones de comercio, de parentesco y aun de origen son demasiado íntimas para que puedan romperse sin causar trastornos de muy graves consecuencias. La España y la América contribuyen mutuamente a su felicidad […] De nada más se trata que de reformar abusos, mejorar las instituciones, quitar trabas, proporcionar fomentos, y establecer las relaciones de la Metrópoli y las Colonias sobre las verdaderas bases de la Justicia.54
Hicieron parte de estas turbulencias, por ejemplo, lo ocurrido en Arequipa en octubre de 1813 bajo la conducción de Manuel Ribero;55 el proceso a José Mateo Silva de septiembre de 1809, por pretender derrocar al gobierno; y al presbítero Juan Eduardo Anchoris del 17 de septiembre de 1810, por simpatizar con la Junta de Buenos Aires;56 y el proceso contra el Conde de la Vega del Ren en octubre de 1814, por complicidad con la rebelión del Cuzco.57 Con todo, el estallido y la supresión de las rebeliones de Huánuco y del Cuzco58 en 1812 y en 1814, respectivamente, representan el más claro impacto de la crisis y de la Constitución de 1812 al brindar a la élite criolla de estas regiones la posibilidad de entroncar sus agravios en el lenguaje de la crisis de la monarquía. Pero aquí debiera tenerse el cuidado suficiente en separar estas rebeliones del interior del Perú respecto a otras similares que tuvieron como escenario las ciudades capitales de Audiencias o de Capitanías, porque lo que fundamentalmente buscaron las primeras fue la cancelación de la subordinación impuesta por Lima. Además, su fragilidad derivaba del hecho de que la coalición de los rebeldes albergaba intereses contradictorios inconciliables con los preceptos de la Constitución de 1812. Y cuando esta se revoca en 1814, a los rebeldes del Cuzco no les quedó otra alternativa que buscar la independencia y no la simple autonomía dentro del marco imperial.
Pero este descalabro traducido en la eclosión juntera, para citar el importante libro de Manuel Chust, fue la consecuencia del descoyuntamiento de la autoridad del rey, consecuencia a su vez de la ocupación de la Península por las tropas de Napoleón Bonaparte, y sustentado en la tradicional ideología política que prescribía que en su ausencia la soberanía revertía al pueblo, expresada en la formación de estas Juntas en ambos lados del Atlántico. Como menciona Ronald Fraser,59 en su exilio en Santa Elena, Napoleón Bonaparte escribió “Esta desgraciada guerra de España ha sido la causa fundamental de todas las desgracias de Francia. Esta desgraciada guerra me ha perdido”. Pero no se trataba solamente de Francia ni de Napoleón, sino también de España y, por lo tanto, de sus colonias en Hispanoamérica. Al romperse las relaciones entre la metrópoli española y sus colonias, estas se convirtieron en nuevas repúblicas, al tiempo que el desplazamiento de Ámsterdam por Londres en el contexto de las guerras napoleónicas convirtió a la City en el nuevo centro financiero del mundo, al cual acudieron sin demora los gobiernos latinoamericanos en búsqueda de préstamos que garantizaran su supervivencia, iniciándose de esta manera la larga saga de endeudamientos, cesación de pagos y crisis financieras que hasta hoy perduran. En esa compleja trama, aquí se aísla la percepción que tuvo la monarquía española de la ruptura de los lazos de subordinación impuestos.
Conviene recordar que el proceso de centralización política del Estado español y del papel que tuvo América en su consolidación imperial tiene la fecha símbolo de 1492. Hasta esa fecha, en efecto, la Península fue un espacio sometido al control de Roma, de los visigodos y, por cerca de ocho siglos, de los árabes. La unión de Castilla y Aragón, a través del matrimonio de Fernando e Isabel, fue una inflexión en esa subordinación y el inicio de su conversión en una gran potencia. En ese proceso América, es decir, sus metales preciosos y sus indios, fue el combustible que permitió el diseño de un imperio en el que “el sol no se ocultaba nunca”. Primero bajo los Austrias, en los siglos xvi y xVII, y luego bajo los Borbones, en el siglo XVIII, sin esta vinculación ni el Escorial ni la presencia de España en el continente europeo hubieran sido posibles. Por cierto que las luces de este esplendor externo ocultaban mal las profundas debilidades de España en términos económicos, sociales y culturales. No pudo satisfacer la demanda de los mercados coloniales como tampoco retener los excedentes coloniales remitidos desde América. De norte a sur del Imperio español estallaron innumerables protestas en las que participaron todos los estamentos de la sociedad colonial, siendo las más significativas las protagonizadas por los comuneros del Socorro y las grandes movilizaciones del sur andino lideradas por los Katari y por los Amaru.
El ascenso de una nueva dinastía, la de los Borbones, a comienzos del siglo XVIII, y, sobre todo, del gobierno de Carlos III (1759-1788) trató de corregir esta situación, al ser informado por asesores como Campillo que la más minúscula de las posesiones que Francia tenía en el Caribe le generaba no obstante mayores rendimientos que los que España obtenía de sus enormes dominios americanos. El paquete de reformas carolinas aumentó de manera significativa el valor del comercio y la recaudación de las cajas reales de América, pero al mismo tiempo destrozó el delicado arreglo político en el que se sustentó el dominio de los Austrias.
Al morir Carlos iii su hijo Carlos iv entregó las riendas del gobierno a Manuel Godoy, para quien la estrecha alianza con Francia, siguiendo así una larga tradición que empieza desde la guerra de los Siete Años, era esencial para mantener la preeminencia española y para contener la expansión británica. Pero Bonaparte, convertido ahora en emperador de los franceses, quería no solo el control del continente europeo, logrado a través de batallas fulgurantes, sino de las colonias de España y de Portugal en las Américas. En función de esos designios, obligó la dimisión de Carlos iv y de su hijo Fernando VII, nombró en su lugar a su hermano José, invadió España y quiso hacer lo mismo con Portugal, último empeño frustrado por la presencia de las tropas inglesas bajo el mando de Wellington y por la huida del príncipe João a Río de Janeiro.
El cautiverio de Fernando VII en Bayona entre 1808 y 1814 configura una impresionante coyuntura, cuyos episodios más significativos están en el origen de la España moderna. Las consecuencias de este evento modelan las grandes crisis de su sociedad, teniendo como expresión más elocuente la guerra civil española de 1936. La premisa ideológica de raíz neotomista señalaba que en ausencia del príncipe la soberanía revertía al pueblo, y en consonancia con ella se constituyeron Juntas provinciales, una Junta Central, una Regencia, Cortes, que promulgaron la Constitución liberal de 1812, tanto en España como en la mayor parte de sus colonias americanas. Sus jefaturas declararon ejercer el gobierno en nombre del rey y solo hasta su eventual retorno. Pero al mismo tiempo su territorio fue el escenario del enfrentamiento sangriento entre las tropas francesas y españolas, del acoso permanente de los guerrilleros ante la derrota y la deserción del ejército español, y en cuyo conflicto España perdió entre 215 mil y 375 mil hombres.
La resistencia al ejército de Bonaparte acentuó el drenaje de los caudales americanos, provocando incluso la bancarrota de su colonia más próspera: Nueva España (México), pero esto no fue todo, porque en Hispanoamérica la eclosión de las Juntas provocó enfrentamientos recíprocos entre las fuerzas dispares que la cobijaron, o fueron reprimidas por el obstinado garante del orden imperial que fue Fernando de Abascal, el virrey del Perú. Cuando finalmente Fernando VII recuperó el trono en 1814, sus obsesiones fueron la purga de los liberales y, por consiguiente, la abolición de la Constitución de 1812 y la imposición de una nueva sumisión a sus colonias americanas. Y si bien lo primero fue posible, lo último no lo era, porque no contaba con los recursos y porque una colosal mutación empezó a producirse en el propio ejército, es decir, en el instrumento mismo de la reconquista. España envió a América 25 expediciones, con 204 buques y cerca de 45 mil hombres, entre los cuales figuran los diez mil contingentes bajo las órdenes de Pablo Morillo. El rechazo a las levas, las epidemias, el horror de ser enviados a escenarios lejanos y la paradoja de tener que combatir con adversarios que en gran parte compartían idénticos idearios liberales no solo hicieron inútiles estos esfuerzos sino que explican el pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego, quien en lugar de embarcarse con sus tropas para recuperar Buenos Aires, obligó en 1820 a Fernando VII a jurar nuevamente la Constitución de 1812.
Restablecido el liberalismo en la metrópoli misma, desvanecidos los ímpetus fidelistas de las Juntas americanas como consecuencia de los vaivenes de la crisis imperial, la opción americana por la separación definitiva obedeció a la conversión de los ejércitos de San Martin y de Bolívar en verdaderos Estados itinerantes que impusieron la promesa de la independencia por la fuerza de las armas, y porque Agustín de Iturbide y José de la Riva Agüero compartieron la convicción de que solo la independencia de México y del Perú era la mejor garantía para preservar el orden colonial frente a los vaivenes de una errática metrópoli.
El desenlace
Aquel 20 de julio del lejano 1810 constituye en la historia de Colombia un punto de inflexión. Inició la traumática cancelación de un pasado, a la vez que abrió las nuevas turbulencias del presente. Pero no se trató de una transición lineal y exenta de conflictos. En el corto plazo, la Junta y el Cabildo, que fue su sustento original,60 se encargaron de implementar la política local, al tiempo que los acontecimientos que le dieron origen seguían su curso: el encierro del Virrey y de su esposa (25 de julio), su encarcelamiento (13 de agosto), su liberación (14 de agosto), su deportación (15 de agosto). Acontecimientos modulados por enfrentamientos entre el pueblo que pedía castigar a los ex gobernantes, y la nobleza que los defendía.61 A las represalias del Virrey les siguió, finalmente, la declaración de Antonio Nariño de independencia absoluta del Estado de Cundinamarca de la nación española y de su rey Fernando VII (5 de julio de 1813).
Pero lo ocurrido el 20 de julio de 1810 en Bogotá se reprodujo en varias provincias del antiguo Reino, ahora que había desaparecido el tenue vínculo de articulación representado por la autoridad virreinal. Las provincias, al hacerlo, no solo reivindicaban las bases profundamente regionales de su identidad, sino que aspiraban también a competir con Santafé como el nuevo eje de articulación política del conjunto de Colombia. No es una paradoja menor que 1810 terminó oponiendo a Antonio Nariño y a Camilo Torres, los dos símbolos que asumieron con coherencia la lucha por la libertad del Nuevo Reino, y que fueran ellos mismos los que encabezaran una nueva disputa inconciliable sobre el destino político que debiera seguir la antigua colonia. Solo 1819 y 1830 cerrarán momentáneamente esa disputa, para ser continuada en el marco de los Estados Soberanos, de la separación de Panamá, y mucho más allá.
1 Ernest Labrousse, “1848, 1830, 1789: tres fechas en la historia de la Francia moderna”, Fluctuaciones económicas e historia social, 2.ª ed. (Madrid: Tecnos, 1973).
2 Georges Duby, Le dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214 (Paris: Gallimard, 1973).
3 José María Caballero, Diario de la patria boba, 5.ª ed. (Bogotá: Editorial Incunables, 1986) 55.
4 Camilo Torres, “Memorial de Agravios. Representación del Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de España, en el año de 1809”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República, 1960) 85-109.
5 El incidente y el proceso puede seguirse en Enrique Ortega Ricaurte, Documentos sobre el 20 de julio de 1810 (Bogotá: Editorial Kelly, 1960).
6 Los acontecimientos hasta aquí relatados siguen la reconstrucción elaborada por Anthony McFarlane, Colombia before Independence. Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule (Cambridge: Cambridge University Press, 1993) cap. 12.
7 “La revolución del 20 de julio de 1810, referida por un testigo ocular”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 165-183.
8 “Acta de la independencia. Cabildo extraordinario de Santafé de Bogotá”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 154.
9 “La revolución…”.
10 “Acta de la Independencia…” 153-161.
11 Para una breve biografía del personaje, consúltese de Rodrigo Llano Isaza, José María Carbonell (Bogotá: Planeta, 1996).
12 Guillermo Hernández de Alba, comp., Cómo nació la República de Colombia (Bogotá: Banco de la República, 1981) 73.
13 “Padrón general de la ciudad de Santafé de Bogotá, conforme al estado en que se hallaba a fines del año de 1800”, Correo Curioso [Bogotá] 17 mar. 1801: 37-45.
14 Víctor M. Uribe, “The Lawyers and New Granada’s Late Colonial State”, Journal of Latin American Studies 27.3 (oct., 1995) 122.
15 Julián Vargas Lesmes, “Santafé a la luz de sus padrones, 1778-1806”, La sociedad de Santafé colonial (Bogotá: Cinep, 1990) 24.
16 Caballero 48.
17 Caballero 65.
18 “Carta de D. Camilo Torres a D. Ignacio Tenorio, oidor de Quito”, Santafé, 29 de mayo de 1809, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 54-68.
19 Camilo Torres, “Memorial de…” 85-109.
20 “Oficio del comisario regio D. Antonio de Villavicencio al virrey de Santafé”, Cartagena, 20 de mayo de 1810, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 110.
21 “Oficio del comisario regio…” 112-113.
22 “Representación del Comisario Regio D. Antonio de Villavicencio al Virrey de Santafé”, Cartagena de Indias, 24 de mayo de 1810, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 114-132.
23 “Representación del Comisario…” 117.
24 Hernández de Alba 72.
25 “Nota del Virrey Amar y Borbón al Comisario Regio D. Antonio Villavicencio”, Santafé, 19 de junio de 1810, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 133.
26 “Carta de D. José Acevedo Gómez al Comisario Regio D. Antonio de Villavicencio”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 133-136.
27 “Carta de D. José Acevedo Gómez…” 148-150.
28 “Informe de la Audiencia de Santafé al Consejo de Regencia”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 140-146
29 “Proclamación de la independencia en el Socorro, el 10 de julio de 1810”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 137-139.
30 Camilo Torres y Frutos Joaquín Gutiérrez, “Exposición de motivos de la independencia. Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de la soberanía, remover las autoridades del antiguo gobierno, e instalar una Suprema Junta bajo la sola denominación y en nombre de nuestro soberano Fernando VII y con independencia del Consejo de Regencia y de cualquiera otra representación”, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República, 1960) 210-249.
31 Margarita Garrido, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1993) 279.
32 “Oficio del virrey de Santafé a la Real Audiencia”, Santafé, 15 de octubre de 1809, Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos (Bogotá: Banco de la República 1960) 74-75.
33 Para una biografía comprensiva, ver Mario Herrán Baquero, El Virrey Don Antonio Amar y Borbón. La crisis del régimen colonial en la Nueva Granada (Bogotá: Banco de la República, 1988).
34 Caballero 55.
35 Scarlett O’Phelan, “Por el rey, religión y patria. Las Juntas de Gobierno en La Paz y Quito”, Bulletin del Institut Francais d’Etudes Andines xVII.2 (1988): 61-80.
36 Heraclio Bonilla, El futuro del pasado (Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2005) 2 vols.
37 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias (Madrid: Mapfre, 1992).
38 Jaime E. Rodríguez, La independencia de la América española (México: fce / El Colegio de México, 1992).
39 Virginia Guedea, “La Nueva España”, 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico, ed. Manuel Chust (México: fce, 2007) 93.
40 Noemí Goldman, “Crisis del sistema institucional colonial y desconocimiento de las Cortes de Cádiz en el Rio de la Plata”, 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico, ed. Manuel Chust (México: fce, 2007) 234.
41 Juan Marchena, “La expresión de la guerra. El poder colonial, el ejército y la crisis del régimen colonial”, Historia de América Andina, vol. 4, ed. Germán Carrera Damas (Quito: Universidad Andina, 2003) 109.
42 Malcolm Deas, “Patrias viejas, patrias bobas, patrias nuevas. Reflexiones sobre los principios de la independencia en los Andes”, Historia de América Andina, vol. 4, ed. Germán Carrera Damas (Quito: Universidad Andina, 2003) 189.
43 Deas.
44 Guillermo Bustos, “Representaciones de la independencia y nación en Ecuador, siglos xix y xx”, Ponencia al Congreso flacso, 27-29 de octubre de 2007.
45 O’Phelan 67.
46 O’Phelan 77.
47 Brian R. Hamnett, La política contrarrevolucionaria del Virrey Abascal: Perú, 1806-1816 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2000) 8.
48 Víctor Peralta, En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del Virrey Abascal. Perú 1808-1816 (Madrid: csic, 2003) 21.
49 Víctor Peralta, “Entre la fidelidad y la incertidumbre. El Virreinato del Perú entre 1808 y 1810”, 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico, ed. Manuel Chust (México: fce, 2007) 115.
50 Peralta, “Entre la fidelidad…” 64.
51 Hamnett 11.
52 Hamnett 14.
53 “Reflexiones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las Juntas de América”, Colección Documental de la Independencia del Perú (cdip), tomo xxi, vol. 2 (Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971-1975) 213-218.
54 Archivo Arzobispal de Lima, Papeles importantes, Legajo 17, Expediente 20.
55 CDIP, tomo XXI, vol. 1, 304-309.
56 Peralta, “Entre la fidelidad…” 148-160.
57 CDIP, tomo xxi, vol. 1, 340-366.
58 Heraclio Bonilla, “Clases populares y Estado en el contexto de la crisis colonial”, Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, 4.ª ed. (Lima: Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos, 2007) 75-116.
59 Ver epígrafe de Ronald Fraser, La maldita guerra de España (Barcelona: Crítica, 2008).
60 No existe desafortunadamente para Colombia, porque los documentos se perdieron, una investigación de la envergadura de John Presto Moore, The Cabildo in Peru under the Hapsburgs. A Study in the Origins of the Town Council in the Viceroyalty of Peru, 1530-1700 (Durham, N.C.; Duke University Press, 1954), y The Cabildo in Peru under the Bourbons. A Study in the Decline and Resurgence of Local Government in the Audiencia of Lima, 1700-1824 (Durham N.C.: Duke University Press, 1966).
61 La crónica de esos días agitados puede encontrarse en Caballero 65-83.
OBRAS CITADAS
I. Fuentes primarias
Archivos
Archivo Arzobispal de Lima, Papeles importantes, Legajo 17, Expediente 20.
Documentos impresos
“Acta de la independencia. Cabildo extraordinario de Santafé de Bogotá”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Carta de D. Camilo Torres a D. Ignacio Tenorio, oidor de Quito”. Santafé, 29 de mayo de 1809. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Carta de D. José Acevedo Gómez al Comisario Regio D. Antonio Villavicencio”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Informe de la Audiencia de Santafé al Consejo de Regencia”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960, 140-146.
“La revolución del 20 de julio de 1810, referida por un testigo ocular”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Nota del Virrey Amar y Borbón al Comisario Regio D. Antonio Villavicencio”. Santafé, 19 de junio de 1810. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República 1960.
“Oficio del comisario regio D. Antonio de Villavicencio al virrey de Santafé”. Cartagena, 20 de mayo de 1810. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Oficio del virrey de Santafé a la Real Audiencia”. Santafé, 15 de octubre de 1809. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Padrón general de la ciudad de Santafé de Bogotá, conforme al estado en que se hallaba a fines del año de 1800”. Correo Curioso [Bogotá] 17 mar. 1801: 37-45.
“Proclamación de la independencia en el Socorro, el 10 de julio de 1810”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
“Reflexiones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las Juntas de América”. Colección Documental de la Independencia del Perú (cdip). Tomo xxi. Vol. 2. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971-1975.
“Representación del Comisario Regio D. Antonio de Villavicencio al Virrey de Santafé”. Cartagena de Indias, 24 de mayo de 1810. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
Torres, Camilo y Frutos Joaquín Gutiérrez. “Exposición de motivos de la independencia. Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de la soberanía, remover las autoridades del antiguo gobierno, e instalar una Suprema Junta bajo la sola denominación y en nombre de nuestro soberano Fernando VII y con independencia del Consejo de Regencia y de cualquiera otra representación”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
Torres, Camilo. “Memorial de Agravios. Representación del Cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de España, en el año de 1809”. Proceso histórico del 20 de julio de 1810. Documentos. Bogotá: Banco de la República, 1960.
II. Fuentes secundarias
Libros y artículos
Bonilla, Heraclio. “Clases populares y Estado en el contexto de la crisis colonial”. Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, 4.ª ed. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos, 2007.
Bonilla, Heraclio. El futuro del pasado. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2005, 2 vols.
Bustos, Guillermo. “Representaciones de la independencia y nación en Ecuador, siglos xix y xx”. Ponencia al Congreso flacso, 27-29 de octubre de 2007.
Caballero, José María. Diario de la patria boba, 5.ª ed. Bogotá: Editorial Incunables, 1986.
Deas, Malcolm. “Patrias viejas, patrias bobas, patrias nuevas. Reflexiones sobre los principios de la independencia en los Andes”. Historia de América Andina. Vol. 4. Ed. Germán Carrera Damas. Quito: Universidad Andina, 2003.
Duby, Georges. Le dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214. Paris: Gallimard, 1973. Fraser, Ronald. La maldita guerra de España. Barcelona: Crítica, 2008. Garrido, Margarita. Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815. Bogotá: Banco de la República, 1993.
Goldman, Noemí. “Crisis del sistema institucional colonial y desconocimiento de las Cortes de Cádiz en el Rio de la Plata”. 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico. Ed. Manuel Chust. México: fce, 2007.
Guedea, Virginia. “La Nueva España”. 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico. Ed. Manuel Chust. México: fce, 2007.
Guerra, François-Xavier. Modernidad e independencias. Madrid: Mapfre, 1992.
Hamnett, Brian R. La política contrarrevolucionaria del Virrey Abascal: Perú, 18061816. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2000.
Hernández de Alba, Guillermo, comp. Cómo nació la República de Colombia. Bogotá: Banco de la República, 1981.
Herrán Baquero, Mario. El Virrey Don Antonio Amar y Borbón. La crisis del régimen colonial en la Nueva Granada. Bogotá: Banco de la República, 1988.
Labrousse, Ernest. “1848, 1830, 1789: tres fechas en la historia de la Francia moderna”. Fluctuaciones económicas e historia social. 2.ª ed. Madrid: Tecnos, 1973.
Llano Isaza, Rodrigo. José María Carbonell. Bogotá: Planeta, 1996.
Marchena, Juan. “La expresión de la guerra. El poder colonial, el ejército y la crisis del régimen colonial”. Historia de América Andina. Vol. 4. Ed. Germán Carrera Damas. Quito: Universidad Andina, 2003.
McFarlane, Anthony. Colombia before Independence. Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
O’Phelan, Scarlett. “Por el rey, religión y patria. Las Juntas de Gobierno en La Paz y Quito”. Bulletin del Institut Francais d’Etudes Andines xVII.2 (1988): 61-80.
Ortega Ricaurte, Enrique. Documentos sobre el 20 de julio de 1810. Bogotá: Editorial Kelly, 1960.
Peralta, Víctor. “Entre la fidelidad y la incertidumbre. El Virreinato del Perú entre 1808 y 1810”. 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico. Ed. Manuel Chust. México: fce, 2007.
Peralta, Víctor. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del Virrey Abascal. Perú 1808-1816. Madrid: csic, 2003.
Presto Moore, John. The Cabildo in Peru under the Bourbons. A Study in the Decline and Resurgence of Local Government in the Audiencia of Lima, 1700-1824. Durham, N. C.: Duke University Press, 1966.
Presto Moore, John. The Cabildo in Peru under the Hapsburgs. A Study in the Origins of the Town Council in the Viceroyalty of Peru, 1530-1700. Durham, N.C.; Duke University Press, 1954.
Rodríguez, Jaime E. La independencia de la América española. México: fce / El Colegio de México, 1992.
Uribe, Víctor M. “The Lawyers and New Granada’s Late Colonial State”. Journal of Latin American Studies 27.3 (oct., 1995).
Vargas Lesmes, Julián. “Santafé a la luz de sus padrones, 1778-1806”. La sociedad de Santafé colonial. Bogotá: Cinep, 1990.