Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura
0120-2456
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia.
https://doi.org/10.15446/achsc.v45n1.67563

Recibido: 31 de octubre de 2016; Aceptado: 13 de mayo de 2017

Solo la sangre salva: represión cruenta y memoria política en Guayaquil bajo el mandato de Camilo Ponce (1959)*

Solo la sangre salva: Bloody Repression and Political Memory in Guayaquil during the Administration of Camilo Ponce (1959)

Solo la sangre salva: repressão sangrenta e memória política em Guayaquil sob o mandato de Camilo Ponce (1959)

N. LEON G, **

Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. nataliacatalinaleong@gmail.com Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca Cuenca Ecuador

RESUMEN

La crisis social que se manifestó en Ecuador a mediados de 1959 tuvo una respuesta masiva por parte de la población de Portoviejo y Guayaquil. Al amparo de la Ley Marcial, el gobierno del socialcristiano Camilo Ponce dispuso de la represión, con la consigna "tirar a matar", dejando como resultado centenares de fallecidos. Desde todas las instancias del poder político se ha intentado disipar la memoria social sobre esos hechos mediante su silenciamiento. La academia, por su lado, ha abordado estos hechos de manera fugaz. Este trabajo pretende descifrar la trama política y cultural que ha propiciado la inhibición de la memoria, mediante el examen de artículos de la prensa de la época y documentos oficiales. Se muestra así que la decisión gubernamental de la represión, con su saldo trágico, fue eficazmente legitimada a partir de un mito político sobre un nuevo "bogotazo", y de un discurso de amenaza a la existencia misma de Guayaquil, que fueron presentados por muchos medios de comunicación. Además del aporte a la historiografía sobre Ecuador, el escrito se propone contribuir con la activación de una política de memoria.

Palabras clave:

(Autor) represión, protesta, multitud, (Thesaurus) Ecuador, memoria colectiva.

ABSTRACT

The population of Portoviejo and Guayaquil responded massively to the social crisis that broke out in Ecuador in mid-1959. Resorting to Martial Law, the administration of the Christian-Socialist Camilo Ponce opted for repression with the order to "shoot to kill", which resulted in hundreds dead. Since then, all levels of political power have attempted to dissipate the social memory of these events by silencing them. On the other hand, academia has addressed these events only in passing. Through the study of press articles of the period, as well as of official documents, the paper attempts to unravel the political and cultural web that has encouraged the inhibition of memory. It shows that the government repression, with its tragic toll, was legitimized on the basis of a political myth regarding a new "Bogotazo" and of a discourse that threatened the very existence of Guayaquil, both of which were widely disseminated by the media. Besides contributing to the historiography on Ecuador, the article seeks to foster the activation of a politics of memory.

Keywords:

(Author) multitude, protest, repression, (Thesaurus) collective memory, Ecuador.

RESUMO

A crise social que se manifestou no Equador a meados de 1959 teve uma resposta massiva por parte da população de Portoviejo e Guayaquil. Ao amparo da Lei Marcial, o governo do social-cristão Camilo Ponce dispôs da repressão, com lema "atirar para matar", deixando como resultado centenas de mortos. A partir de todas as instâncias do poder político, tem-se tentado dissipar a memória social sobre esses fatos mediante seu silêncio. A academia, por exemplo, tem abordado esses fatos de maneira efêmera. Este trabalho pretende decifrar a trama política e cultural que tem propiciado a inibição da memória, mediante o exame de artigos da imprensa da época e de documentos oficiais. Mostra-se, assim, que a decisão governamental da repressão, com seu saldo trágico, foi eficazmente legitimada a partir de um mito político sobre um novo "Bogotazo", e de um discurso de ameaça à existência em si de Guayaquil, que foram apresentados por muitos meios de comunicação. Além da contribuição para a historiografia sobre o Equador, este texto propõe contribuir com a ativação de uma política de memória.

Palavras-chave:

(Autor) multidão, protesto, repressão, (Thesaurus) Equador, memória coletiva.

Introducción

En 1956 Camilo Ponce Enríquez llegó al poder en Ecuador, apoyado por una alianza que aglutinó al Movimiento Socialcristiano -fundado por el mismo Ponce junto a Sixto Durán Ballén, en 1951-, al Partido Conservador y a la Alianza Nacional Revolucionaria Ecuatoriana (ARNE), movimiento filofranquista. En 1959, culminaba una década de protagonismo de Ponce en la cima del poder del Estado: inicialmente como ministro de gobierno de José María Velasco Ibarra y luego como Primer Mandatario durante el período comprendido entre 1957-1960. La gestión presidencial de Ponce estuvo acompañada por protestas de campesinos indígenas de la sierra, jornaleros de las plantaciones de azúcar de la Costa ecuatoriana, trabajadores urbanos y pobladores del suburbio de Guayaquil; manifestaciones a las que el gobernante socialcristiano respondió con mano dura. El 2 y 3 de junio de 1959, la población de Guayaquil se levantó en demanda de los derechos estudiantiles y por solidaridad con la lucha de la juventud de Portoviejo. La protesta, sin embargo, derivó episódicamente en acciones de vandalismo. El presidente Ponce dictó el 3 de junio de 1959 el decreto N.° 859 que ponía en vigencia la Ley Marcial, mediante la cual entregaba al ejército el cuidado del orden en el país. La represión se llevaría a cabo de manera cruenta, bajo la orden de "tirar a matar", dejando un número indeterminado de muertos, estimado en varios centenares. Estos eventos políticos son desconocidos por las generaciones actuales de ecuatorianos. Dichos muertos han sido olvidados, a diferencia de lo que sucede con la memoria de los caídos del 15 de noviembre de 1922. ¿Cómo fue posible el silencio impuesto sobre eventos de tal gravedad y envergadura?

El propósito central de estas páginas es la comprensión de la trama política y cultural de los acontecimientos de junio de 1959, marco en el cual también se produjo la "negación de la memoria" de la represión cruenta y masiva1 Estas reflexiones, además, tienen la intención de contribuir a la creación de una "política de memoria",2 en tanto iniciativa no estatal, que permita revisar la creencia de que en el siglo XX Ecuador ha sido una "isla de paz", en un entorno latinoamericano con violencia. Al fin y al cabo, es el reconocimiento del sufrimiento de los otros lo que permite la existencia de una conciencia cabal sobre la democracia.3

El argumento desarrollado aquí postula que la negación de la memoria de los acontecimientos luctuosos de inicios de junio de 1959 estuvo asociada a la supremacía de unas pautas culturales conservadoras, sustentadas -como sugiere Fernando Hidalgo- en la idea de la desigualdad como fundamento del orden social,4 y del progreso y del desarrollo como prioridades de la nación. Desde dicha perspectiva, resultaba necesario prevenir, al costo que fuera -incluso con derramamiento de sangre- el desborde de la protesta,5 pues los sectores populares e indígenas eran vistos como incultos e irracionales, es decir, como potencial caldo de cultivo para el desorden. Esto supuestamente los convertía en presa fácil de lo que se denominaba "la agitación socialista y comunista". El miedo y el desprecio racista hacia los sectores populares tuvieron en esa época connotaciones del macartismo y de la Guerra Fría.

La organización de este trabajo contempla los siguientes puntos: en primer lugar, una problematización de la disponibilidad de las fuentes primarias escritas y orales, desde la perspectiva de la fragmentación de la memoria política sobre los acontecimientos de mediados de 1959. En segundo lugar, una exposición del contexto político de esos años. En tercer lugar, la caracterización del conflicto en los dos escenarios fundamentales de la movilización y beligerancia popular, y de la represión gubernamental. Para cerrar, nos referimos al bloqueo institucional, inhibidor del procesamiento estatal y gubernamental del conflicto, y a la construcción de la mitología política como constitutivos de la trama de la negación de la memoria política sobre los eventos de represión cruenta del 2 y 3 de junio de 1959.

Las fuentes: memoria fragmentada

A los hechos de junio de 1959 se han referido -sin profundizar en ellos- Enrique Ayala Mora, Rafael Quintero, Érika Sylva, Felipe Burbano de Lara, entre otros.6 Es decir, la masacre de Guayaquil en 1959 no tiene un lugar destacado en el relato historiográfico. Se puede observar igualmente que si bien existen obras literarias referidas al tema, como la novela de Rafael Díaz Ycaza Los rostros del miedo,7 su lectura no se ha fomentado en ningún nivel de la educación formal. Por otro lado, nuestra búsqueda de información documental y de hemeroteca no siempre ha llegado a buen puerto, aun en repositorios donde su existencia hubiera sido factible. En Quito se encuentra disponible abundante información hemerográfica correspondiente al período 1956-1960, tanto en la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit de la Orden Jesuita en Cotocollao, como en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura. La situación es semejante en el Fondo Documental y Archivo de la Asamblea Nacional, donde se puede disponer de las actas de la Cámaras de Diputados y del Senado correspondientes al período de gobierno de Ponce, exceptuando las de 1958.

Ahora bien, el trabajo de recolección de testimonios nos ha permitido comprender que la memoria sobre los eventos aquí referidos es incómoda para muchos sectores políticos y de opinión, sobre todo de Guayaquil. Muchos testigos que son probables interlocutores por su edad, así como por su histórica vinculación a la militancia política y gremial, fueron reticentes al diálogo, no siempre bajo argumentos plausibles. Por cierto, resulta significativa la actitud de un interlocutor guayaquileño, intelectual de setenta años quien, habiendo aceptado brindar el testimonio, en el momento de la entrevista, y a pesar de nuestra insistencia, evadió reiteradamente la conversación desviándola hacia otros temas, sentenciando al fin que "Ponce ni se enteró" y "murieron unos anónimos".

En lo concerniente a la información escrita en repositorios de Guayaquil, podemos decir que en el fondo "Hemeroteca" de la Biblioteca Municipal de esa ciudad -un centro de consulta para los lectores cotidianos de la prensa-, las páginas del diario El Universo correspondientes a las fechas, han sufrido mutilaciones, mientras que las colecciones de El Telégrafo, La Prensa y La Nación se encuentran completas. El Archivo Histórico del Guayas, finalmente, contiene información sobre arte, mestizaje cultural, legado arqueológico, actividad industrial y productiva, comercio internacional, el proceso de formación urbana de Guayaquil, vida cotidiana, personajes importantes y epistolarios. En síntesis, intentando comprender los significados de las lagunas de información y de su ocultamiento, podemos decir que la gestión de la memoria en Guayaquil está determinada por los criterios de los gestores culturales y de las élites políticas y académicas sobre lo que es "historiable" y lo que no lo es, en el marco de la hegemonía de los sectores comerciales, productivos y bancarios.

Contexto general

Las valoraciones de la gestión política de Camilo Ponce han sido muy variadas en lo relacionado con las instituciones democráticas. Por ejemplo, Jorge Salvador Lara, historiador de tendencia conservadora, lo consideraba un presidente respetuoso de las garantías ciudadanas y de las libertades públicas. Los errores cometidos, dice, han sido atenuados por su obra y por la paz que se había logrado mantener.8 Alfredo Pareja Diez-Canseco, por su parte, pensaba que Ponce había mostrado prudencia en la política y en lo administrativo, alejándose del estilo intolerante que caracterizó su gestión cuando fue ministro de gobierno del tercer velasquismo, entre 1952 y 1956. Pareja recordaba que a ese gobierno se le debe el seguro de cesantía para los empleados privados y los obreros, independientemente de que Ponce hubiera cometido errores como la represión de junio de 1959.9 Según Ayala, el gobierno de Camilo Ponce conjugó en el plano político dos características fundamentales: fue muy respetuoso con la institucionalidad del Estado y al mismo tiempo muy represivo con los sectores populares.10 Quintero y Sylva consideran que las políticas de desarrollo del gobierno de Ponce, de "tendencia conservadora modernizante", favorecieron a los sectores económicos vinculados al mercado interno, especialmente serrano, mediante la concesión de créditos y promoción de leyes de fomento.11 Por otro lado, en reitardas ocasiones se habría usado la fuerza militar y de la policía rural para reprimir a los sectores populares, produciendo derramamientos de sangre e inclusive perpetrando masacres.12

Por nuestra parte, consideramos que los años 50 del siglo xx de la historia ecuatoriana representan una especie de umbral político hacia la imprescindible modernización del agro y la inscripción plena en el progreso a través del comercio internacional y la agroexportación, proceso siempre incompleto por el desinterés de las élites en el "paquete" completo de derechos y libertades para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Nos encontramos en un periodo en el cual la redistribución de la tierra, concentrada en pocas manos, no era deseable, y donde el fomento de la producción y agroexportación de banano, un signo fundamental de la época, produjo una fuerte migración interna desde la sierra hacia el litoral debido al mejor nivel salarial en las plantaciones de la costa -de todas maneras, los jornales eran inferiores a los que percibían los trabajadores en otros países-. En 1959, la exportación bananera experimentaba una caída por el cambio de la variedad Gros Michel a la Cavendish, más resistente a la enfermedad de Panamá y a la sigatoka negra.13 Todo esto en el marco de una tendencia de descenso en el valor de las exportaciones desde 1955.14 Cundía así la pobreza extrema urbana y rural. El crecimiento de los cinturones de miseria en torno a la ciudad portuaria de Guayaquil fue particularmente crítico. Allí se asentaron miles de familias en condiciones infrahumanas, ocupando ilegalmente los manglares.15

Además de las tensiones sociales, otros conflictos caldearon el ambiente político de esos años. La propia elección presidencial de 1956 estuvo empañada por un presunto fraude electoral a favor del candidato de la derecha y la anulación del triunfo de Raúl Clemente Huerta, candidato del Frente Democrático Nacional, coalición electoral multipartidista, y del Partido Liberal. En ese contexto, grupos de adversarios políticos del presidente electo se levantaron en armas durante el mes de agosto de 1956 en Manabí bajo el mando del teniente José María Plaza Lasso para impedir que Ponce asumiera la presidencia de la República, entre otras cosas, debido al temor de que el gobierno de la coalición conservadora diera marcha atrás hacia un Estado confesional. Sin embargo, de acuerdo con Ayala, Ponce no hizo el intento de retornar hacia un Estado confesional, dedicándose más bien a equilibrar las influencias regionales de las oligarquías de la sierra y de la costa.16 Hacia el final del período presidencial, el gobierno de Ponce había experimentado tanto resistencia armada -que no prosperó-, como una movilización social considerable que culminó con la masacre de Guayaquil, con lo cual la estabilidad política del periodo comprendido entre 1948 y 1960 comenzaba a declinar.

Finalmente, las circunstancias de Ecuador durante el periodo de gobierno de Ponce deben ser eslabonadas con la política internacional. Estos fueron los años del derrumbe de los imperios coloniales de Francia y de Gran Bretaña, mientras la Unión Soviética consolidaba sus posiciones en Europa Oriental con la creación del Pacto de Varsovia en 1955. En esa nueva correlación mundial de fuerzas, Estados Unidos (EE.UU.), que había comandado la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), buscó aplicar la política de "contención" del comunismo. En el continente americano, EE.UU. consolidó su hegemonía con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) en 1947 y la fundación de la Organización de Estados Americanos (oea) en 1948; momentos preliminares de la doctrina de la Seguridad Nacional que cifraría su interés en el enemigo interno, entendiendo por tal a la disidencia política. Desde 1953, los militares latinoamericanos asistieron a cursos de entrenamiento y formación en EE.UU. amparados en la "Ley de defensa mutua".17 Precisamente el general Luís Ricardo Piñeiro se encontraba en los EE.UU. cuando fue llamado urgentemente para reprimir el levantamiento de los estudiantes y del pueblo de Guayaquil a inicios de junio de 1959.

Escenarios y conflictos

El 28 de mayo de 1959 la ciudad manabita de Portoviejo se vio sacudida por una rebelión de los conscriptos del Batallón Esmeraldas, acantonado en esa plaza. El recluta Pablo Antonio García Macías, oriundo de esa urbe y apreciado por la comunidad, perdió la vida aparentemente en un acto suicida a causa de un disparo de arma de fuego. Una versión de los hechos señala la existencia de un conflicto entre García Macías y su superior, el capitán Galo Quevedo Navas. Un acontecimiento irrelevante habría suscitado la ira del Capitán Quevedo, quien conminó a García a someterse a "servicio especial", un tipo de castigo especialmente duro, y al rapado de las cejas y el pelo.18 El capitán Quevedo concurrió el 29 de mayo al sepelio de García en actitud desafiante y fue expulsado por los concurrentes al camposanto. Perseguido, Quevedo se refugió en el casino de oficiales. Después del funeral se desataría un levantamiento de los conscriptos al que se sumó la población civil, armada por los propios reclutas del cuartel Esmeraldas. Los atacantes prendieron fuego al casino y obligaron a Quevedo a salir para enseguida darle muerte. El cadáver de Quevedo fue arrastrado, incinerado y abandonado en un albañal.

¿A qué se debió la respuesta masiva y beligerante de la población por-tovejense ante el hecho? Según la revista La Calle, a lo largo de su carrera, Quevedo habría cometido abusos contra sus subalternos, algunos de ellos de resonancia nacional por haber causado la muerte de la víctima.19 En los debates parlamentarios correspondientes a esos días, el senador comunista Pedro Antonio Saad denunció las quejas de familias manabitas de que hubo jóvenes que abandonaron el servicio militar y retornaron a sus hogares lesionados, y algunos incluso inválidos, a los pocos días o semanas de haber sido reclutados, debido a los maltratos infligidos por el capitán Quevedo.

Lo ocurrido en Portoviejo concitó la indignación a nivel nacional. Protestaron los estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso, de Loja, del Nueve de Octubre, de Machala. En Quito se reportó la realización de mítines-relámpago, así como el apresamiento de varios jóvenes. El 1° de junio los colegiales del Vicente Rocafuerte, del César Borja Lavayen, del Aguirre Abad, e incluso los estudiantes de varios establecimientos particulares, se declararon en huelga por 48 horas en demanda de la sanción a los culpables por las muertes en Portoviejo. Un trasfondo importante al respecto fue el peligro de cierre de varios colegios por falta de asignación presupuestaria, como podemos leer en las primeras páginas del diario La Prensa del 2 de junio. Por otra parte, un gran número de estudiantes se habrían quedado sin matrícula. Quizá el asunto que generó mayor susceptibilidad haya sido el temor por atentados en contra del laicismo debido al apoyo del clero a la candidatura de Ponce.20 El estudiantado guayaquileño marchó el 2 de junio hasta horas de la noche exigiendo la renuncia de los ministros de educación y de gobierno. Se sumaron también los universitarios y el magisterio nacional. Así, la protesta crecía como bola de nieve.

El intendente de policía Leónidas del Campo dispuso a la Guardia Civil iniciar la represión. Las acciones policiales rebasaron los límites de la pacificación -hecho corroborado en los reportajes de prensa y los relatos de casi todos nuestros entrevistados-. Las crónicas de ese día dejan el relato del acorralamiento de un grupo de estudiantes en un edificio en construcción frente a las oficinas de El Telégrafo, donde se habían refugiado. "Luego de ocuparlo", dice el cronista, "la gendarmería los lanzaba por los balcones a la calle, a que reventaran contra el pavimento".21 La multitud, exasperada, respondió con ataques a la residencia del funcionario, acontecimiento que dejó dos agentes policiales muertos22. Los acontecimientos tomarían un giro crucial tras la promulgación del decreto N.° 859 en la madrugada del 3 de junio. En él se declaraba como "zona de seguridad" todo el territorio nacional mediante la vigencia de la Ley Militar, y se entregaba su ejecución al ministro de gobierno, Carlos Bustamante Pérez, y al ministro de defensa nacional, Gustavo Díez Delgado.

Para la tarde del 3 de junio había sido planificado el entierro de los estudiantes caídos el día anterior, evento que se cumplió a pesar del estado de emergencia, con una concurrencia multitudinaria.23 Según Jaime Galarza:

El 3 [de junio] en la mañana, una buena multitud de jóvenes asalta la morgue y recupera los cadáveres [...] y se los llevan a la Casona Universitaria. Y era tan grande y tan fuerte el movimiento que no se atrevieron [la policía, el ejército] a meterse. Entonces se lanzó la consigna de organizar para esa tarde un gran sepelio y así fue. Por todos los medios se convocó a la gente: hojas volantes, radios. En cantidad acudió la gente, y a las 5 de la tarde se realizó el sepelio, que era una cosa gigantesca. A la cabeza iban dirigentes políticos de la oposición: estaban los del Partido Comunista, estaba Asaad Bucaram, creo que Carlos Julio [Arosemena Monroy] y claro los dirigentes de la FEUE.24

Al anochecer, mientras la multitud retornaba del Cementerio General, se habría puesto en acción lo que nuestros interlocutores izquierdistas denominan "una provocación", esto es, un llamamiento después de los funerales de los estudiantes "a quemar la pesquisa", oficina de inteligencia policial. Actuarían también los reos de delitos comunes excarcelados, a quienes se les habría instruido para que fueran "a hacer lo que se les dé la gana, que la policía no los va a custodiar".25 Esto proporcionaría un pretexto para la represión. En la madrugada del 3 de junio se les habría comunicado a las dirigencias políticas y gremiales sobre la posible intervención de esquiroles y delincuentes, sin embargo, no todos los organizadores de la marcha conocían el particular. En efecto, al retorno del cementerio, alguien dio la voz "vamos a quemar la pesquisa", instigación a la que la muchedumbre respondió lanzándose incontenible en la dirección señalada, sin escuchar de que se trataba de una provocación.26 Y es que, según nuestros interlocutores, la población abrigaba sentimientos de odio hacia "la pesquisa", como atestiguan interlocutores de muy distinta procedencia política como Jaime Galarza y la gestora cultural M.R.27

El informe periodístico de Pedro Jorge Vera para la revista La Calle revela que los manifestantes formaron dos grupos que se dirigieron hacia almacenes y joyerías "ya en plan de asalto". Había entre ellos los "de hambre más urgente [que] hicieron un alto en el Mercado Central".28 Otra parte se dirigió hacia la casa de empeños El Sol. Los delincuentes, sin embargo, habían tomado la delantera llevándose los objetos más valiosos. Así se iniciaron los saqueos a distintos negocios a la manera de las revueltas del hambre de la multitud preindustrial en Francia e Inglaterra del siglo XVIII,29 y con ello se dio la señal para dar inicio a la acción militar represiva. Todo nos lleva a pensar que la inteligencia del Estado planificó sus acciones del 3 de junio con pleno conocimiento de las dinámicas de la multitud, a sabiendas de que los sectores sociales despolitizados y no organizados orientarían su frustración, ánimo de venganza y acción directa hacia ciertos agentes económicos y funcionarios, percibidos como culpables.

La estratagema policial obtuvo una respuesta óptima. Varios testigos coinciden en que lo más fuerte de la represión se dio justamente en El Sol. Según la revista La Calle, la matanza allí fue espantosa. Cuando llegaron los soldados, la mayor parte de los asaltantes estaba recogiendo los objetos que se llevaría. En este momento hubiera sido sencillo detenerlos en el acto o bien utilizar mangueras o bombas lacrimógenas para dispersarlos. Es decir, la solución pudo haber sido incruenta, pero la orden fue "tirar a matar". Así, murieron todos quienes se encontraban en el interior de El Sol. Una mujer que dio su testimonio a Pedro Jorge Vera relató que su hijo fue acribillado en ese negocio y que para encontrarlo hubo de levantar "montones de cadáveres"30. Las ejecuciones callejeras fueron masivas, y nadie ha precisado el número de desaparecidos. Podemos apreciar la dimensión de la represión a partir de la descripción de Jaime Galarza, quien debió avanzar hacia su domicilio ocultándose en los pilares de los zaguanes porteños y eventualmente lanzándose al suelo y fingiendo estar muerto:

En esa época yo vivía [...] en Junín y Panamá [….] De verdad era dificilísimo caminar porque disparaban por todo lado. Yo alcancé a ver en una o dos esquinas cerca de La Merced que había grupos de jóvenes que estaban parados, comentando, y ¡pam!, caían los jóvenes. Era una balacera totalmente indiscriminada, sin término. La balacera comenzó al rato del ataque a la pesquisa [después del sepelio de los estudiantes] en la calle Esmeraldas y 9 de octubre. Ese rato comenzó la balacera cerca a las 7 de la noche. La última balacera que yo conocí se dio a las 5 de la mañana [del día 4 de junio] a media cuadra de nuestra casa, que ahí eran los estancos. Entonces, a un grupo de jóvenes que quiso asaltar los estancos en busca de armas, también los achicharraron a balazos y ahí terminó todo.31

Existe otro testimonio, esta vez plasmado en una carta escrita a Alejandro Carrión, director de la revista La Calle, por el hermano de un fallecido, Julio Enrique Plúas Manzano, en el que se ratifica que la acción del ejército fue arrasadora:

Sr. Carrión, una cosa es relatar los hechos y otra, haberlos visto personalmente. Centenares de cadáveres, recogidos en camiones del ejército como simples cosas, mi ser se estremece al recordar el canto mortal de las ametralladoras principalmente el centro comercial "El Sol".

Un tanque se estacionó en la esquina de 10 de agosto y Morro (Almacén Internacional) y sembró la muerte; setenta u ochenta cadáveres, los proyectiles perforaron y atravesaron las paredes del almacén.

Los cadáveres fueron unos enterrados en fosas comunes en diversos lugares, otros arrojados al agua cortándoles la barriga. Todos estos datos son verídicos y no son obra de la fantasía o pasión. La noche del 3 a partir de las 9 de la noche transité por todo el lugar de los trágicos acontecimientos, con un pase militar firmado por el Capitán Colón Alvarado y otras veces uniformado de bombero y vi entre 500 a 800 cadáveres.32

Tal fue también el criterio de políticos de la oposición, según los cuales la cantidad de muertos caídos en las calles de Guayaquil ascendería a centenares, como leemos en las actas de las cámaras legislativas -los reportes de prensa mencionan menos de un centenar-. Es oportuno aquí señalar la presión ejercida por el Ministerio de Defensa sobre los medios radiofónicos cuyas instalaciones fueron ocupadas por militares, obligándoles a cesar sus transmisiones.33 En ese contexto se hizo factible distorsionar los datos sobre la mortandad. En su informe a la Nación del 10 de agosto de 1959, el presidente Ponce desestimo el impacto de la acción represiva, aduciendo que esta habría sido "prudente y enérgica", sin referirse de modo explícito a los fallecidos de esa noche. En contrapunto con el laconismo del Presidente, la información sobre la mortandad de esas noches alcanza un punto de saturación34 debido a que la mayoría de las fuentes -orales, escritas y audiovisuales- describen la experiencia de muchos ciudadanos con imágenes superlativas: "balacera indiscriminada", "centenares de muertos", "matanza", "horroroso", "cruel masacre", etc.

¿Cómo han sido explicados, desde las distintas vertientes de pensamiento y praxis política, los acontecimientos que hemos relatado? Muchos años después, el dirigente socialcristiano Marco Lara Guzmán relatará su comprensión de estos hechos, sobre la base de conversaciones mantenidas con el doctor Ponce. Desde el punto de vista de Lara, la situación de la muerte del conscripto García no debió pasar de las investigaciones y el proceso judicial correspondiente. Sin embargo, dice Lara, los hechos fueron tomados por la oposición, en especial de extrema izquierda, y utilizados como bandera en motines de gravedad que sucedieron lejos del lugar donde se originó el incidente, pero desatando una verdadera conflagración.35 Desde la izquierda también se ha hablado de la presencia de outsiders en las protestas para caracterizar tanto la explosión popular en Guayaquil como la represión del 2 y 3 de junio de 1959. "Agitadores" se denominaría a los outsiders en el discurso de la derecha, y "provocadores" se los llamaría en las explicaciones dadas desde la izquierda.

El recurso a las fuerzas externas como factores de dinamización de la protesta bajo formas específicas nos impide ver la complejidad de la movilización popular. Desde nuestra perspectiva, las manifestaciones de los primeros días de junio fueron la expresión de varias lógicas sociopolíticas: la reivindicación gremial, estudiantil y del magisterio; la politizada presencia de la oposición; el descontento de ciudadanos opuestos al régimen socialcristiano-conservador y los disturbios protagonizados por los sectores populares a los que podríamos denominar, siguiendo a George Rudé, "revueltas del hambre"36 o, siguiendo a Hobsbawm, "asonadas populares",37 por la semejanza que estos tuvieron con los repertorios de movilización de multitud preindustrial de Francia e Inglaterra en el siglo XVIII.

¿Cómo entender, en ese contexto, la impronta que dejarían los agentes externos? Hemos anticipado que los agentes externos, "provocadores" o "agitadores", no actúan en el seno de una masa inerte o totalmente manipulable por los designios de un polo de poder político o social, sino que "se encaraman" sobre la presencia de la multitud potenciando los efectos de patrones o repertorios de protesta específicos. En este caso, resultarían propulsados la acción directa y el bandolerismo en ausencia de una organización política y gremial y de un discurso legítimo que mediara eficazmente entre los demandantes y la institucionalidad del Estado.

La trama de la desmemoria

Bloqueo institucional

Ponce ciertamente no interfirió en las funciones del poder legislativo -¿pero acaso lo necesitó?-, dado el predominio de la derecha en la composición del Congreso, así como la capacidad argumentativa y práctica desarrollada por esa corriente política en el ejercicio del poder del Estado. Por su parte, la oposición, conformada por socialistas, comunistas, cefe-pistas, liberales y velasquistas, intentó durante los meses de junio y julio posicionar el debate legislativo sobre las tragedias de Portoviejo y Guayaquil tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Para esas fechas había sido convocado un Congreso Extraordinario con el fin de analizar los contratos para la construcción del Puerto Marítimo y el puente sobre el río Guayas. La Constitución vigente establecía que durante las deliberaciones de los períodos extraordinarios, los debates debían centrarse exclusivamente en los temas para los que fue convocado el Congreso. La dinámica general de las sesiones en las que se intentó abrir el debate sobre la represión fue el bloqueo del tema, por parte de la mayoría socialcristiana, conservadora y arnista, al amparo de los preceptos constitucionales que establecían que el Congreso Extraordinario debía limitarse al asunto para el que fue convocado valiéndose de la remisión a la Constitución.

Los intentos de generar esa deliberación duraron hasta inicios del mes de agosto. Luego el tema se extingue sin que se haya logrado resolución alguna para la fiscalización de las acciones presidenciales o la investigación de las responsabilidades. Cuando entró en funcionamiento el Congreso Ordinario, el 14 de agosto, la oposición propuso el nombramiento de una Comisión Especial para la investigación de los hechos del 2 y 3 de junio. Nuevamente, la iniciativa fue bloqueada por el voto mayoritario en contra de las derechas.38 Este acontecimiento clausuró los intentos de abordar el tema.

Un ejemplo elocuente del bloqueo institucional de las deliberaciones sobre los acontecimientos de Guayaquil tuvo lugar el 5 de junio de 1959 en el seno del Consejo de Estado,39 organismo en el cual la oposición contaba con dos representantes entre los once que lo conformaban. Ese día se analizó el informe elaborado por el conservador Mariano Suárez Veintimilla sobre la declaratoria de la Ley Marcial en todo el territorio nacional, así como sobre los acontecimientos de Portovejo y de Guayaquil.40 La mayoría conservadora desestimó, con gran habilidad y elocuencia, los resultados de la represión cruenta en ambas ciudades. En las intervenciones del doctor Nicolás Castro Benítez, representante de la oposición, se levanta la defensa de los caídos en Guayaquil. Hay que advertir, sin embargo, que en sus palabras predomina un énfasis legalista en torno a si el Consejo es o no competente para conocer la medida presidencial y sobre en qué artículo de la Constitución, el 94 o el 95, debió sustentarse la decisión del presidente de asumir las facultades extraordinarias. En el curso de un debate despolitizado, el apego rígido al recurso jurídico precipita a Castro Benítez primero a la ambigüedad, y esta lo torna vulnerable ante la "habilidad" del juego verbal del oficialismo que menoscaba su autoridad, haciéndolo blanco de la mofa. En las tres alocuciones de Castro se lo puede percibir cada vez más arrinconado, e incluso cercado, por la mayoría absoluta del Consejo. Su defensa de los ciudadanos abatidos se debilita más y más, hasta que al fin deja de contar o casi no cuenta esa circunstancia. En última instancia, Castro indica que

Nadie discute ni pretende decir que no fueron graves los acontecimientos tanto de Portoviejo, como los de Guayaquil y especialmente los habidos en esta última ciudad. Nadie discute que esto causó tremenda inquietud en todo el país por la gran mortandad ocasionada, que se calcula en algunos sectores, puede rebasar al número de cientos de ciudadanos muertos. Nadie discute que había que tomar arbitrios especiales; pero si el Ejecutivo quiso encuadrar su acción dentro del campo legal, debió apelar exactamente a pedir las Facultades Extraordinarias a que se refiere el Art. 94 y no el Art. 95 de la Constitución. Quizá la petición de Facultades Extraordinarias por conmoción interna hubiese tenido sus inconvenientes; pero ello es materia de otra índole [...] Jamás he pensado que el Ejecutivo se debía haber cruzado de brazos ante los graves acontecimientos de Guayaquil del 2 y 3 de Junio, jamás he querido indicar que el Ejecutivo no debía tomar arbitrios ni medidas especiales, pero, así mismo he venido sosteniendo [...] dos criterios de carácter legal: primero, que el Mensaje del Señor Presidente de la República dando cuenta de haber declarado Zona de Seguridad, debió haber sido conocido por el Congreso de la República; segundo, que la medida de emergencia debió ampararse en el trámite que la Constitución establece en el Art. 94 de la Carta Política del Estado y no en el Art. 95, como se ha dicho.41

Los argumentos esgrimidos por Nicolás Castro resultan políticamente inocuos, pero sobre todo ineficaces, en un contexto de ausencia de los derechos humanos como concepto que exprese algún bien jurídico. Castro termina aceptando la actuación del Ejecutivo. La memoria resultó negada no solamente porque el oficialismo estaba interesado en hacerlo, sino también porque desde el horizonte semántico de la defensa de los caídos no hubo un argumento político eficaz.

Progreso contra negación del dolor: el mito del Bogotazo

El documental realizado por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, La muerte de Jaime Roldós, contiene un fragmento precioso sobre las expectativas de un sector ciudadano de la época en torno a la gestión política de Camilo Ponce. Los cineastas entrevistaron a Gabriel Tramontana, productor cinematográfico, radiodifusor y pionero del cine ecuatoriano que filmó varios minutos de la jornada sangrienta del 3 de junio. Tramontana decidió llevar la cinta al presidente de la República, posiblemente para darle a conocer algo que, pensó, se hizo al margen de las órdenes supremas. Tramontana terminó entregando la cinta al mandatario. Veamos cómo el anciano reportero explica su acción:

Tramontana: Al Doctor Ponce le llevé el noticiero. Cuando ya la vio el Doctor Ponce me dijo "señor Tramontana páselo usted donde quiera". y yo le dije, "Señor presidente no le he traído para yo pasarlo, aquí la tiene usted, pásela usted donde guste en los cines que quiera y las copias que quiera le doy". Entrevistador: ¿Qué tenían las imágenes? ¿Qué mostraban?

T: Lo que pasó aquí.

E: ¿Y qué se veía?

T: Ah no, horroroso...

E: Y los cadáveres los subían a las volquetas, usted me contó. T: Sí.

E: ¿Usted filmó eso?

T: Todo. Pero eso muere ahí. Ese fue mi ofrecimiento al Doctor Ponce.

E: No entiendo por qué le ofreció eso al Doctor Ponce.

T: Porque empezaba a hacer las cosas. Él me ayudó mucho. También una parte del cine, y lo reformó prácticamente después Rodríguez Lara.

E: Pero lo que las imágenes contaban, era terrible [...] la obligación del reportero es la verdad.

T: Y yo ponía la verdad; en el noticiero estaba la verdad. Por eso él me dijo "señor Tramontana, páselo en los cines que quiera; eso sí, aténgase a las consecuencias". ¡Me puso el clavo!

E: ¿Para qué cree que sirve el archivo que tiene?

T: Para lo que le dije, la historia del Ecuador. La voy a hacer. Porque ver lo que fue, ver cómo se transformó, ver la carretera, fundaciones de las fábricas, la erco, la otra de refrigeradoras en Quito, la de los carros en Quito.

E: ¿El progreso del país?

T: Claro; las casas, las calles de Quito, las de Guayaquil, lo que era Guayaquil, la pocilga que era, lo que es ahora.42

¿Qué pudo significar el compromiso establecido por Tramontana con Ponce? Lo que expresa el cineasta sugiere que para un segmento de la opinión pública era aceptable olvidar la matanza de Guayaquil, silenciarla en nombre de un trueque en el que el otro término del intercambio era el progreso, entendido desde una peculiar versión de la modernidad: un país de fuertes reminiscencias coloniales en todos los órdenes.

Una interlocutora, importante gestora cultural de Guayaquil, amén de lamentar errores, también aplaude la obra de Ponce: el inicio de la construcción del Puerto Marítimo de Guayaquil y los cambios realizados en Quito con motivo de la convocatoria para la XI Conferencia Interamericana, cuya realización fue anunciada para 1960 en la capital ecuatoriana. Ella valora, también, el respeto a la división de poderes:

El Palacio Legislativo no existía, le da mayor independencia al Legislativo [...] Respeta las funciones, respeta al Legislativo y a la función judicial, él no se entromete, no se lo hubieran perdonado. El respeto a las instituciones [...] El respeto a los poderes del estado y la delimitación de funciones de los poderes. Porque en los velasquismos esto había sido errático. Velasco se declaraba dictador tan pronto le molestaba algo y ¡adiós función judicial! y ¡adiós función legislativa!; sobre todo "no me interesa el Congreso, no me sirve para gobernar, aquí mando yo, punto" […] Ponce estableció el respeto a las funciones del Estado y las respetó de verdad [...] fue tolerante, permitió libertad de prensa, libertad de expresión [...] nunca supimos de presos políticos en su período. O sea hubo respeto, sentíamos que vivíamos en democracia.43

El punto de encuentro y de traslapamiento de las expectativas de algunos sectores ciudadanos con la gestión presidencial de Camilo Ponce fue el impulso dado a la modernización y al desarrollo. En ese sentido, el silencio sobre la matanza de 1959 responde a la sintonía de las expectativas modernizantes de sectores ciudadanos de Guayaquil con la orientación política desarrollista del plan de gobierno de Ponce. Esta comunión de expectativas nos indica que al fin la construcción de la nación había ganado un núcleo duro para su sustento con el que se iba derrotando el regionalismo. Esta "nación" requería de ciertos silencios, de la exclusión de su seno a determinados sectores de la sociedad. Veamos ahora las vías ideológicas que canalizaron, en ese momento, el "consenso nacional".

Se ha dicho que las generaciones de entonces tenían memoria sobre las rebeliones populares del 15 de noviembre de 1922 y del 28 de mayo de 1944. En la memoria latinoamericana estaba aun fresco el recuerdo del Bogotazo, la insurrección popular en toda Colombia, después de que el 9 de abril de 1948 fuera asesinado el "caudillo y civilista" Jorge Eliécer Gaitán.44 De ahí que las contiendas de 1959 hayan causado gran inquietud en la sociedad guayaquileña. Consideremos con cierto detalle los reportajes de la revista Vistazo. En su número 25, correspondiente a junio de 1959, Vistazo trae varios reportajes en torno a lo que ocurrió en Portoviejo y Guayaquil, con contenidos aparentemente contradictorios. Los titulares son "Los trágicos sucesos de Portoviejo", "La barbarie policial originó días de angustia". En relación con lo ocurrido el 2 de junio en la masacre de los estudiantes, también hay una corta nota cuyo encabezado reza "Tributo a los caídos", referida a los muchachos muertos por la policía. Pero así como aparecen estas notas, también encontramos titulares como "El ejército salvó a Guayaquil" y "El hampa ataca a la urbe". Es decir, en un primer momento la revista censura la práctica de la crueldad en la instrucción militar y la forma como la policía reprimió a los estudiantes durante las manifestaciones del 2 de junio. Más adelante, en cambio, y ya en lo relacionado con los acontecimientos del 3 de junio, las reseñas de Vistazo presentan un cuadro terrorífico de robo y destrozos causados por "turbas" de maleantes que invadían la ciudad, amenazando con un segundo Bogotazo: cuando Guayaquil se vio invadida por los hampones y maleantes, fue el Ejército el que implantó el orden y evitó que gente descalificada originara un segundo Bogotazo en Guayaquil.45

El Ejército y la Marina, que habían salido a reemplazar a los Guardias Civiles luego de los sucesos del día 2 y de la madrugada del 3, se vieron obligados a disparar al bulto, sobre los hampones, cuando estos se intimidaron por las descargas al aire de los primeros instantes.

Fue un mal necesario, inevitable, para cortar el vandalismo, el incendio y la muerte que amenazaban a la ciudad, y la enérgica, a la par que tinosa, intervención de las fuerzas armadas salvaron a la urbe de una espantosa catástrofe.46

Como veremos, era significativo que el tema del riesgo de un nuevo Bogotazo fuera asociado por el gobierno y por algunos medios de comunicación a la convocatoria de la XI reunión de los países de la qea en Quito para 1960.47 Nuestra interlocutora nos ofreció el siguiente relato sobre su recuerdo de la noche del 3 de junio:

¡Por supuesto! [recuerda] [...] ¡el terror que sentimos! Porque entonces teníamos lo que yo llamo "Hombres Faro" de la radiodifusión […] La radio nos orientaba: Rafael Guerrero Valenzuela en radio C.R.E, Carlos Armando Romero Rodas en Radio Cristal, Voltaire Paladines Polo en Radio Atalaya, Washington Delgado Cepeda en Radio C.R.E. Pero esa gente de la radio, esas voces que teníamos en las casas a través de los receptores de radio, nos alertaban del peligro. Y por ellos sentíamos la angustia de no poder defendernos; pensando en el quince de noviembre que nuestros abuelos nunca nos dejaron olvidar […] Entonces ahí fue a la inversa. El pueblo desarmado, el pueblo en actitud de reclamo, pero de reclamo de otras cosas: el pueblo no iba a atacar el quince de noviembre, el pueblo iba a defender a sus presos.48

La radiodifusión entonces contribuyó a la producción de una determinada "estructura del sentir" de la población urbana de clase alta y media, gestada en el marco de una memoria de rebeliones populares en Ecuador y América Latina. Al calor del traslapamiento de esas memorias con las imágenes que se tenía de los habitantes del suburbio y del "fantasma del comunismo", unos y otros "bárbaros" e irracionales, se generaría la "evidencia" de una potencial tragedia de Guayaquil durante las protestas de 1959. El siguiente párrafo extraído de la entrevista con la misma interlocutora transmite esos sentidos:

Entrevistadora: ¿Pero cree que había la amenaza de una catástrofe?

Interlocutora: ¡Absolutamente sí! Los desmanes eran incontenibles y nosotros ya habíamos vivido un quince de noviembre y nosotros ya habíamos vivido un 28 de mayo, que la Revolución, la tal gloriosa, en Guayaquil no fue un cuento de abuelos. Aquí hubo bastantes muertos. Aquí el odio a la pesquisa, que eran los carabineros el modelo que trajo Arroyo del Río de Chile y los excesos de los carabineros habían llevado a una exacerbación de pasiones y de odios del pueblo a los carabineros, sin duda. No solamente del pueblo: clase media, intelectuales y estudiantes [...] Sí es que no se había borrado de la memoria colectiva el 28 de mayo […]

E: ¿Y cree que en junio iban a atacar?

I: ¡Sí! Pero es que atacaron, yo no creo, ¡atacaron! Primero: las casas de empeño El Sol, La Luna. Eran dos símbolos de extorsión para el pueblo. El pueblo necesitado que tenía unos aretitos de la abuelita va y empeña a La Luna. Atacaron los dos símbolos [.] Saqueo, de ahí fueron a locales comerciales, todo lo que había a su paso. Si no se frenaba eso a mí criterio, puede que yo esté equivocada, pero habría sido una catástrofe de marca mayor: incendiaban la ciudad.49

Existe en estas palabras una suerte de inconsistencia, pues la interlocutora se refiere a la necesidad, a la extorsión y a la violencia policial, como razones de la inconformidad popular, pero al mismo tiempo parece desechar alguna justificación aceptable para la manifestación de descontento, vaticinando la catástrofe. Es en esta tensión, en el temor al "desbordamiento de las pasiones" -en buen romance, a la "irracionalidad"- que se ha instalado el relato mítico sobre el nuevo Bogotazo cuyo efecto condujera al asentimiento a la represión cruenta. En el artículo "Masacres de la modernidad temprana: relato, verdad y distancia para la intelección",50 Burucúa y Kwiatowski señalan la importancia de la representación y la construcción de imágenes para la imputación de responsabilidades por masacres o genocidios. Según estos autores, en el discurso sobre las masacres del siglo xx, los perpetradores atribuyen a las víctimas ferocidad animal y se los convierte progresivamente "en fieras e incluso en alimañas, insectos, bacilos, cuya eliminación aparecerá plenamente justificada en aras del mito de una humanidad pura y sana".51 Quizá ahí radique la clave para la explicación de la "inconsistencia" en el discurso de nuestra interlocutora: se trata del miedo a la multitud, y es por eso que le atribuye caracteres emocionales y pasionales. Es el miedo a la multitud lo que proveyó el caldo de cultivo para la mitificación política. Lo vivido por la población porteña a mediados de 1959 demandaba una explicación plausible y un relato verosímil que dotase de sentido a los acontecimientos. Y el relato mítico fue el factor de apaciguamiento del impacto psíquico que pudieron haber generado los asesinatos a mansalva.

Veíamos que aparentemente en 1959 se habían gestado en Ecuador situaciones análogas a las que había vivido Colombia en 1948 en el contexto de la convocatoria a la XI Conferencia Panamericana. La posible convocatoria contribuía para sellar con broche de oro la estructura del mito del nuevo Bogotazo. Es por eso que pudo resurgir una versión de lo que Girardet ha denominado "el mito del complot" o "de la conspiración".52 En este caso, el mito político sobre un segundo Bogotazo. En un ambiente de miedo a la explosión social, nadie se detendría a pensar que en Ecuador no existían políticos de la estatura cívica de Jorge Eliécer Gaitán, quien contaba con un potente respaldo de las masas populares. Su asesinato el 9 de abril de 1948 destaparía la energía política reprimida en un país de acendradas tradiciones conservadoras y clericales. La muerte de Gaitán generó una hecatombe política porque el caudillo había representado, como dice Herbert Braun, un proyecto de sociedad moderna, una voz de los que no tenían voz y un orden de nuevas jerarquías sociales de fundamento meritocrático.53 Esas condiciones no se cumplían en Ecuador de 1959, y sus caudillos carecían de la vena política de un Gaitán.

En la perspectiva de Girardet, el mito político, como todo mito, sin ser falsedad es "una fabulación, una deformación o interpretación objetivamente recusable de lo real".54 Análogo a los relatos oníricos, el mito político interpela los miedos inconscientes porque, según Girardet, para cada imagen o representación actual existen resonancias inconscientes heredadas de la infancia. Por eso es que el mito moviliza las emociones y proporciona claves para la comprensión del presente. El relato mítico "permite" identificar a los presuntos culpables de la incertidumbre sobre los cuales descargar la ira, convirtiéndose así en "una grilla a través de la cual aparenta ordenarse el caos desconcertante de los hechos y los sucesos".55 El mito, al final, calará en estructuras conocidas, tornando "reconocible" el infortunio.

Si la imagen del otro, cuya semblanza aterrorizaba a muchos sectores urbanos, tenía los rasgos y la pigmentación de los habitantes del suburbio y de los agentes del comunismo -como se expresaban los actores políticos y voces de opinión-, no es de extrañar que la coincidencia epidérmica de algunos elementos situacionales entre los acontecimientos de Bogotá en 1948 y de Guayaquil en 1959, haya generado en muchos sectores el temor al caos y a la devastación similares a los que agobiaron a Bogotá tras el asesinato de Gaitán o, inclusive, a las tragedias de mayo de 1944 y noviembre de 1922 en Guayaquil. En el contexto de la Guerra Fría y el macartismo, las noticias de la prensa sobre la presunta confabulación del comunismo para boicotear la realización en Quito de la Conferencia Panamericana de 1960 y el éxito ganado por la mitología política sobre el nuevo Bogotazo no solo legitimaron la intervención militar en las crisis del 2 y 3 de junio de 1959, con sus consecuencias luctuosas, sino que posicionaron en Ecuador el nuevo marco político normativo de la seguridad nacional, enfocado en el combate al enemigo interno. Quedaba así, en parte, proyectada y apuntalada la deriva conservadora y dictatorial de los años sesenta en Ecuador.

Palabras finales

Resulta difícil hoy en día, desde un horizonte semántico firmemente permeado por el topos de los derechos humanos, entender cómo fue posible que se silenciara durante tantas décadas los acontecimientos de mediados de 1959 en Ecuador. Las respuestas se han orientado en dos sentidos: el primero atañe a las interacciones en el seno de las instituciones estatales; el segundo relaciona nuestras búsquedas con una sociología de los modos de funcionamiento de una cultura política impermeable a las nociones de igualdad y derechos en el marco de una construcción nacional que excluye a la mayoría.

En tal sentido, hemos encontrado en primer lugar que ciertamente existe un bloqueo de toda deliberación sobre los eventos de represión a sangre y fuego de la movilización de la población de Guayauil a inicios de junio de 1959. Pero establecer una relación de causalidad directa entre los bloqueos institucionales y la negación de la memoria de las víctimas sería perder de vista la complejidad del funcionamiento de las tramas culturales, en cuyo seno transcurren los procesos políticos. Desde esta perspectiva, hemos planteado que en el contexto de inexistencia real de políticas y engranajes institucionales de carácter democrático y de igualdad sustantiva, como fue en la época a la que nos hemos referido, la argumentación de carácter exclusivamente jurídico carece de eficacia para la defensa tanto del derecho a la protesta como de la memoria de las víctimas.

La segunda orientación nos lleva hacia el reconocimiento de unas expectativas sociales de abrazar el progreso sin que importe su costo, en este caso, el silencio y la justificación de asesinatos políticos de gran envergadura. Aquí vale la pena indicar la importancia del papel de los medios de comunicación, la radio y la prensa, para crear un ambiente propicio para la represión en general y, particularmente, para la creación de un mito sobre un supuesto segundo Bogotazo, este sí altamente eficaz dado que contribuyó a la aceptación generalizada de la matanza.

OBRAS CITADAS

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  2. Vistazo (1959). 🠔
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"Solo la sangre salva y puede salvar a los pueblos": frase atribuida al intelectual y político conservador Dr. Manuel Elicio Flor, a propósito de los acontecimientos del 28 de mayo. El presente artículo es el resultado de los proyectos de investigación "Memoria silenciada: identificación de fuentes históricas (orales, escritas, visuales, hemeroteca), para el estudio sobre la violencia de Estado en el Ecuador, 19561960" (exploratorio) y "Estado, política conservadora y contestación social. Ecuador, 1956 -1960", que se realiza en el marco de la programación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, Ecuador. La autora agradece la contribución de las ayudantes de investigación Paola Aguilar, Silvia Benavides, Rosa Peralta e Ismael Espinoza.
Natalia Catalina León G., "Solo la sangre salva: represión cruenta y memoria política en Guayaquil bajo el mandato de Camilo Ponce (1959)", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 45.1 (2018): 339-366.
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Según la Constitución de 1946, en su artículo 145, el Consejo de Estado era un organismo que debía cumplir algunas de las funciones del plenario del Congreso Nacional, cuando este no estuviera en su período ordinario de sesiones. Eran sus integrantes el presidente de la Corte Suprema, quien lo presidía; un senador, elegido por el Senado; un diputado, elegido por la Cámara de Diputados; dos ciudadanos, elegidos por el Congreso Pleno; el procurador general de la nación; el contralor general de la nación; un representante del Consejo Nacional de Economía, el presidente del Tribunal Supremo Electoral; un oficial general o superior, designado anualmente por las Fuerzas Armadas, y el presidente del Instituto Nacional de Previsión.
Agradecemos a Enrique Ayala Mora por la sugerencia de revisar el acta de la sesión ordinaria del Consejo de Estado correspondiente al 5 de junio de 1959.
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m.r., entrevista personal.
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José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatowski, "Masacres en la modernidad temprana: relato, verdad y distancia para la intelección", Esboços 15.19 (2008): 11-25.
Burucúa y Kwiatowski 23.
Raoul Girardet, Mitos y mitologías políticas (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1999).
Braun.
Girardet 14.
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