Considero que un elemento fundamental para conocer la justicia en el estado de Coahuila y Texas debe ser el componente geográfico, pues esta enorme entidad concentraba, a decir de Vito Alessio Robles, tan solo en Texas, un tercio del total de la superficie de la República entera (unos 689 836 km) que sumado a los 165 099 km de Coahuila², daban un total de 854 935. Tal característica habría de incidir en las necesidades de justicia [3¿] de su heterogénea población nacional y extranjera. Al término del proceso independentista de la Nueva Espana, Coahuila contaba con 32 172 habitantes, mientras que Texas, hacia 1824, albergaba a no más de 6000 personas. Estas y quienes posteriormente llegaron a asentarse se concentraron en unas cuantas y pequenas poblaciones: Laredo, Goliadh, San Antonio de Béjar, Austin, Anáhuac, Fuerte Velasco y Nacogdoches.³

Más allá de estos datos sobre su composición, debe considerarse a la par su cualidad semidesértica de climas extremos: muy caluroso en primavera y verano, muy frío en otono e invierno. Además (y disculpándome por senalar algunas obviedades), cabe destacar que su vegetación distaba de ser tan verde y exuberante como la parte sur del país, con indígenas en buena medida incorporados al ritmo de vida de la administración colonial, en un principio, y republicana, después. La historia del norte al respecto era otra: de vegetación magra la mayor parte del tiempo, los indígenas, nativos de más al norte, aún se mantenían en resistencia luego de trescientos años de administración española, pues no hubo poder que lograra someterlos e incorporarlos al régimen "civilizado", ni en la era de los súbditos, primero, ni en la de los ciudadanos, después.

Esos indígenas nómadas, cazadores-recolectores, estaban lejos de ser un reflejo de paz. Durante la época colonial se distinguieron por su belicosidad: solían bajar a los presidios y misiones -más tarde villas, rancherías y pueblos- a realizar saqueos, incendiar asentamientos "cristianos" y tomar cautivos y cuanto botín pudiera garantizar su sobrevivencia. En la era republicana ocurrió lo mismo pues, evidentemente, el cambio político fue asunto desapercibido en el norte indígena, ya que la subsistencia los mantuvo a la zaga por décadas. Al extinguirse el proyecto misional, ni los viejos presidios novohispanos que continuaron utilizándose durante buena parte del siglo XIX, ni las posteriores Colonias Militares emanadas de los acuerdos del tratado de Guadalupe-Hidalgo lograron contener sus incursiones⁴ (la última campana en su contra se organizó en Lampazos, Nuevo León, a finales de 1880).⁵ Por ello, su presencia era temida, aunque los noveles ciudadanos siguieron sobrellevando la situación como lo habían hecho antano sus antepasados, aclimatados, literalmente, a las duras condiciones de vida que presuponía el semidesierto y los indígenas rebeldes. Además de ser una presencia temida en los parajes lejanos, lo fueron en los caminos, pues eran expertos en atajos, "trepacerros" curtidos por generaciones, duenos del arte de seguir rastros y asaltar caravanas, por lo que moverse de un presidio a alguna villa o de una ranchería a algún poblado contiguo debió haber sido una verdadera odisea. Manuel Guerra de Luna, estudioso de la familia Madero (parte de la élite coahuiltejana), ha dejado alguna aproximación sobre las implicaciones y previsiones que los viajeros experimentados debían mantener (por ejemplo, aquellas para desplazarse de Monclova a San Fernando de Béjar, Texas, por allá de 1822). Para que la travesía aconteciera

Además, a paso de buen jinete y montando una bestia de condición, el viajero común avanzaba catorce leguas por día⁷ (unos 68 km, aproximadamente), mientras que uno experimentado podía recorrer el doble y hasta un poco más. Una buena escolta, carretones de buena calidad y el apoyo de arrieros de confianza se volvían indispensables para acometer los imponentes y peligrosos parajes. Apunta Guerra de Luna:

Al final, las largas travesías y los peligros inherentes a las tierras septentrionales jugarían en contra del proyecto estatal de Coahuila y Texas, en dos sentidos: por el reclamo de los texanos que demandaron mayores garantías justicieras y, por otro, la necesidad de colonizar, por la cual se expidieron diversas leyes al respecto que incrementaron el número de extranjeros. Poco a poco, estos comenzaron a asentarse en el territorio y ganaron influencia numérica y económica, ante el asombro y temor de agudos políticos y militares que empezaron a advertir sobre las implicaciones funestas de la colonización en un sitio tan alejado del control central y que había tenido una primera advertencia en la llamada "Rebelión de Freddonia" de 1826.⁹ No por nada el general Mier y Terán expresó al presidente Guadalupe Victoria, con voz de profeta en 1828, que el encono entre mexicanos y extranjeros (que ya existía de forma muy visible) "no es el menor de los combustibles que encuentro para anunciar a usted que si no se toman las providencias con tiempo, Tejas hundirá a toda la federación".¹⁰ Ahondaré sobre el primer sentido, pues además la extranjería impuso demandas justicieras de un cariz muy particular que, al no cumplirse a cabalidad, redundaron en un elemento más para argumentar la separación texana de Coahuila y de la República, como veremos.

Conviene en este punto abrir un paréntesis para incorporar en la discusión la necesidad del gobierno federal de promover el ingreso de europeos a tierras mexicanas, como parte de un proyecto para "blanquear" la población, "fusionándola" con el elemento indígena. La idea, según lo expresaron algunos políticos como José María Luis Mora, era que, en el término de un siglo, pudiera lograrse "la total extinción de las castas".¹¹ Por ese motivo, incentivar la colonización en general recibió un fuerte impulso, aunque tales planes para el septentrión no eran cosa nueva, sino un proyecto de la Corona al que sirvieron misiones y presidios. Así, el viejo deseo-necesidad pervivió y se reforzó durante el periodo republicano, por lo que no fue raro que los permisos y concesiones de tierras que los colonos norteamericanos solicitaron para asentarse en el territorio texano se recibieran y otorgaran con beneplácito (y mucha generosidad).

Evidentemente, algo más que buenas intenciones se colaron en los permisos: jugosos negocios de especulación agraria se abrieron para políticos mexicanos (como Lorenzo de Zavala, Ramos Arizpe y Vicente Filísola) y colonos norteamericanos: "Saltillo se convirtió en centro de gran especulación extranjera, ya que ahí se aprobaban los permisos, entre ellos los de Robert Leftwich para 20 familias; Haden Edwards, 800; Green de Witt, 300; Martín de León, 150",¹² quienes también alentaron la vigorosa expansión hacia el Oeste de los estadounidenses. No por nada durante la década de 1830 la población extranjera en territorio texano era superior a la mexicana, lo que ocasionó sendos choques de intereses -pues distintas visiones del mundo permearon las aspiraciones territoriales- y, a la postre, como es bien sabido, condujo, en un primer momento, a la independencia texana. Los colonos en Texas declararon su independencia en 1836 y vivieron como una república independiente durante nueve años, hasta que en 1845 votaron su anexión a la Unión Americana. En medio de estos panoramas, impartir justicia resultó un reto para el gobierno estatal de Coahuila y Texas.

La cultura jurídica adoptada durante el primer proyecto republicano federal descansó sobre las premisas modernas que hicieron al individuo el centro de sus cimientos, frente a la sociedad corporativa y estamental propia del Antiguo Régimen; un constitucionalismo, derechos y garantías individuales por contraposición a la administración regia, que ya había experimentado una primera estocada a sus cimientos con el constitucionalismo gaditano de 1812. La impartición de justicia también experimentó cambios sustanciosos, pero de ardua aplicación, como la idea cada vez más patente de que el juez debía ser despojado de una de sus atribuciones de Antiguo Régimen: su arbitrio, el cual lo facultaba para impartir justicia a partir de su extenso conocimiento en leyes, canon y doctrinas, las costumbres del lugar, el origen de los individuos frente a él, y cuyas cualidades morales (amplias y excelsas) le permitían graduar la pena, siendo por entero su atribución y facultad. Además, para dar semejante salto hacia la nueva idea de la justicia, se comenzó a invocar tempranamente la redacción de códigos, tanto civiles como criminales, que contendrían las pautas que los jueces debían tomar para graduar e imponer la sanción, sin dejar margen al uso de su arbitrio, considerado de forma gradual como un sinónimo de "arbitrariedad". Algunos de ellos, en efecto, fueron redactados (o cuando menos, hubo una clara intención de generarlos), siendo el Estado de México uno de los primeros en emprender la tarea de codificar sus leyes,¹³ pues su congreso estatal preparó un proyecto para reformar la administración de justicia civil y penal en el temprano 1824; no obstante, el estado de Oaxaca fue el primero en promulgar su código civil entre 1827 y 1829,¹⁴ y un ejercicio de "ley penal" para delitos muy puntuales, como rebelión, sedición, motines o tumultos, etcétera (varios de los proyectos, de vida efímera, no mermaron la idea de redactarlos e implementados).¹⁵ Tal aspiración tuvo que aguardar varias décadas, hasta alcanzar la de 1870, tras publicarse el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios que fue implementado en varios estados de la República con o sin modificaciones (o incluso de forma parcial en algún caso).¹⁶

Sin embargo, mientras sobrevenían mejores tiempos para la justicia moderna, lo primero tras la independencia fue articular las opciones de gobierno. En un ánimo de continuidad, se prosiguió con el modelo monárquico, pero en clave "mexicana", y se dio paso a una monarquía con Agustín de Iturbide (o Agustín I) como emperador designado. De vida breve, el Primer Imperio mexicano se disolvió, dando paso a la Primera República Federal, que apuntaló un paso fundacional para su sobrevivencia: una constitución con la que se colocaron los pilares institucionales de su funcionamiento y que estribaron en la división invariable de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. De esta retomaré lo que se dijo sobre la materia judicial, no sin antes revisar a grandes rasgos la composición administrativa de la joven república.

Durante el periodo intermedio entre la firma del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (31 de enero de 1824) y la promulgación de la Constitución Federal (4 de octubre de 1824), el Congreso General Constituyente emitió un decreto el 7 de mayo de ese año por medio del cual se declaró como estados de la Federación a Nuevo León y a "Coahuila con Tejas". En el numeral dos se expresaron claramente las razones de dicha unión: "tan luego como esta última [Texas] estuviere en aptitud de figurar como Estado por sí sola, lo participaría al congreso general para su resolución".¹⁷ Pocos meses después, la Carta Magna de octubre ratificó dicha creación, que conformó los primeros diecinueve estados federados de la joven república:

Y los siguientes territorios: Alta California, Baja California, Colima, y Santa Fe de Nuevo México, acotando que "una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala".¹⁹ Al ser una atribución de la federación la posibilidad de que los congresos locales de cada entidad pudieran realizar los trabajos pertinentes para publicar su respectiva constitución, varios pusieron manos a la obra. El estado de Jalisco fue el primero en emitir la suya el 18 de noviembre de 1824. De ahí en adelante los empenos no pararon, siendo 1825 el año en que la mayoría de los estados publicaron sus respectivas constituciones, prácticamente una por mes.²⁰ Los dos últimos estados en concluir sus esfuerzos constitucionalistas en 1827, fueron México (en Texcoco) en febrero, y Coahuila y Texas el 11 de marzo.²¹ Esta última, la que nos interesa, era una constitución bilingüe (expedida en español e inglés), producto de la población binacional que poseía por aquel entonces, alentada por la generosa política de colonización extranjera impulsada.

En tiempos novohispanos el gobierno virreinal había otorgado a Moses Austin (de Connecticut) un permiso para que trescientas familias se asentaran en la provincia de Coahuila y Texas. La concesión fue expedida con la condición de que dichos migrantes se comprometieran a respetar la autoridad virreinal, aprendieran español y se convirtieran al catolicismo.²² Tal compromiso jamás fue tomado en serio por aquellos estadounidenses protestantes, quienes desdenaban la cultura hispana y cuyas actividades agrícolas comenzaban a florecer con base en el trabajo esclavista que llegó a dominar en todos los estados surenos de Estados Unidos de América.²³ Debido a las leyes de colonización y la patente presencia y relevancia de los extranjeros, a estos

Aunque el congreso constituyente estatal se declaró "solemne y legítimamente instalado" desde el 1 de agosto de 1824 para la realización de los correspondientes trabajos legislativos, no rindió su fruto esperado sino hasta el 11 de marzo de 1827. Durante el periodo en el que Coahuila y Texas no poseyó un texto normativo estatal (1824-1827), se rigió por la constitución federal, pero en cuanto a la administración interna, atendió a las leyes españolas. Para muestra, un botón: la elección de regidores y síndicos del ayuntamiento se realizaría conforme al "artículo 4° de la ley de 23 de mayo de 1812",²⁵ es decir, aquella expedida por las Cortes generales y extraordinárias de Cádiz, que a la letra refiere:

Y, para su renovación, "se estará a la práctica conforme a las leyes españolas". Casi un par de años después se emitió un decreto en el que se indicó que "los Ayuntamientos continuaran en ejercicio hasta que fueran renovados conforme a la Constitución",²⁷ es decir, nuevamente, por las leyes españolas. Bajo el régimen de la primera constitución federal, se delinearon los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), y sobre este último, se estipuló que "el poder judicial de la federación residirá en una corte suprema de justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito",²⁸ mientras que en la dimensión local, se decretó: "el poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la constitución; y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última sentencia".²⁹ El 14 de febrero de 1826, el gobierno general de la república "ordenó que se aplicara en México el Reglamento para la administración de justicia que habían dado las Cortes de Cádiz el 9 de octubre de 1812",³⁰ como una medida ante la tardanza de los congresos estatales para emitir sus normas al respecto. Coahuila y Texas, por tanto, se rigió durante un tiempo por dicho Reglamento, que fue, a decir de María del Refugio González, un texto muy difundido, con mucha presencia en la literatura jurídica de la época por la ausencia de textos propios conforme a los cuales arreglar la administración de justicia.³¹

Luego, la Constitución del Estado de Coahuila y Tejas, de 1827 estableció al respecto en su artículo 32 que únicamente el "ejercicio del poder judicial residirá en los tribunales y juzgados que establece esta constitución".³² Y, en efecto, en ella se delinearon los dos ejes de impartición de justicia, la abocada a lo civil y lo criminal y con posterioridad, mediante una ley particular para reglamentar la justicia en el estado, se ahondó en los pormenores de las instituciones y funcionarios adscritos a ella. Me detendré en esas dos leyes que delinearon los caminos de la justicia y que también ayudan a comprender otro de los argumentos que esgrimieron los texanos para reclamar su independencia de Coahuila, durante su primera etapa secesionista. Veamos con detenimiento el andamiaje.

La administración de justicia en Coahuila y Texas estuvo normada por una jerarquía vertical, pues se ajustó a los preceptos de la constitución federal de 1824, pero de forma particular, a su propia carta magna, la cual fue publicada tres años después que la federal, el 11 de marzo de 1827 y, casi dos meses después, el 16 de mayo de ese mismo año, se dio a conocer la primera "Ley de reglamentación para la administración de justicia en el Estado",³³ conformada por 120 artículos que ahondan en los aspectos de la impartición de justicia en los que incidió la constitución estatal.³⁴

La constitución del estado de Coahuila y Texas de 1827, en consonancia con la ley fundamental federal, en su artículo 168, ratificó el principio de exclusividad judicial: "la administración de justicia en lo civil y criminal corresponde exclusivamente a los tribunales y juzgados que con arreglo a la constitución deben ejercer el poder judicial".³⁵ Sobre el número de juzgados y proceso judicial, siguió las convenciones de la Constitución federal y el funcionamiento replicado en el resto de los estados, a saber: la constitución coahuiltejana delineó la estructura de sus justicias, desde la más "baja" hasta aquella de las que se ocuparía el Tribunal Supremo de Justicia. Comenzaré por la primera.

En la que podríamos denominar un tipo de justicia "baja", abocada a las faltas ligeras, la constitución estatal estipuló en su artículo 181 que "toda demanda criminal por delitos ligeros que deban ser castigados con penas correccionales (que no corporales), será juzgada por providencias gubernativas sin forma ni figura de juicio",³⁶ en cuya resolución no podría interponerse apelación ni ningún otro recurso. Aunque no se especificaron las penalidades ni qué se consideraba un delito "ligero", se apuntaló que "una ley senalará aquellas penas, y calificará los delitos a que correspondant³⁷ Y así fue. En la ley reglamentaria se incluyeron tales delitos y las sanciones, que veremos enseguida.

La "ley de reglamentación" de 16 de mayo de 1827 previno lo siguiente con respecto a los juicios verbales: serían los alcaldes los que llevarían a efecto ese tipo de componendas amistosas. En las de carácter civil, cuya demanda fuera por montos de menos de diez pesos, el alcalde resolvería por sí solo en lo verbal y asentaría la resolución en un libro para el efecto.³⁸ En cambio, si la demanda excediera diez pesos, pero no cien, las partes involucradas nombrarían a un "hombre bueno", un aval moral que por lo regular era un conocido de los justiciables y que junto con el alcalde debería determinar la demanda en un lapso de 72 horas.³⁹ Sobre el hombre bueno, en dicha ley se estableció que debía ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y que supiera leer y escribir.⁴⁰ El artículo 7 estipuló que igual procedimiento se seguiría para desahogar las injurias leves "y demás delitos ligeros", que no implicaran más que alguna advertencia o alguna responsabilidad pecuniaria menor de cien pesos, un mes de prisión o trabajo en obras públicas.⁴¹

Aunque no se ofrecen mayores detalles sobre su funcionamiento y alcances, un vistazo a este tipo de justicia para esa misma época en la Ciudad de México deja de manifiesto que pequenos propietarios, sobre todo, solían hacer uso de ella para resolver desavenencias por "pesos" e "injurias". En "pesos" podían tener cabida pleitos relacionados con deudas, alquileres de habitaciones, casas o accesorios cuyos inquilinos se negaban a pagar. En cuanto a los casos por injurias, sobresalen aquellos insultos proferidos entre vecinos o daño a la buena imagen, fama y honra que algún vecino o vecina infringía a otro. Sin embargo, una mirada pormenorizada muestra que en este tipo de justicia se ventilaron también asuntos de tipo personal, como la simple demanda de que alguien devolviera alguna pertenencia personal, pero sin reclamar pago o reposición de ningún tipo, y cuestiones de índole familiar. Por ejemplo, la esposa que denunciaba a su marido por los malos tratos que le daba, la negligencia de este para hacerse cargo de la manutención de los hijos o bien maridos que denunciaban a sus parejas por ser ebrias y renir afuera de las cantinas, descuidando "sus deberes" conyugales.⁴²

También, como delitos ligeros, la ley de reglamentación de Coahuila y Texas consideró aquellas faltas a los reglamentos de policía y se dejó claro que los alcaldes debían atender las contravenciones que se suscitaran e imponer alguna responsabilidad pecuniaria no mayor a diez pesos (o bien, tres días de prisión u obras públicas). Si las infracciones a los bandos excediesen esos montos y penas, se haría acompanar de los hombres buenos del reo y del actor -si lo hubiere-, para determinar la sanción que mejor correspondiera al caso.⁴³ Asimismo, los alcaldes se ocuparían de sancionar a la gente "vaga, ociosa y sin beneficio". Mediante algún síndico del ayuntamiento, se solicitarían informes sobre el presunto vago determinando si tenía "modo honesto y arreglado" de vivir. En caso contrario, se mandaría citar e incluso arrestar y se le sancionaría con hasta seis meses en una casa de corrección (donde la hubiere), un taller o trabajo de campo "bajo la dirección y custodia de los amos o menestrales". Además, en caso de reincidencia, sería destinado a las obras públicas por seis meses, de acuerdo con el ayuntamiento.⁴⁴

Los llamados "juicios de conciliación" en la justicia coahuiltejana quedaron establecidos como aquella "preparatoria" para las demandas que debían entablarse y seguirse por escrito ante los jueces de primera instancia. Este tipo de justicia no era nueva para entonces, pues se trataba de una figura judicial contenida en la Novísima Recopilación, publicada en 1805 y que se llevó a cabo según lo dispuesto en el Reglamento para la administración de justicia, mejor conocido como "ley de tribunales" del 9 de octubre de 1812 por los llamados alcaldes constitucionales, y cuya finalidad descansó en la posibilidad de resolver de manera amistosa las desavenencias entre vecinos, para evitar los juicios largos y caros que representaba la justicia de tribunal letrado, es decir, de aquella que era atribución (en teoría) de los abogados de formación.⁴⁵ En el artículo 180 de la Constitución estatal, se dijo que "sin hacer constar que se intentó aquel medio no podrá establecerse juicio escrito".⁴⁶ La ley reglamentaria fue mucho más precisa y apuntó: "las demandas civiles cuyo valor exceda de 100 pesos pueden entablarse por escrito; pero para esto debe pretender el medio de la conciliación que también es necesario en las demandas criminales sobre injurias graves".⁴⁷ Así, la conciliación constituyó una especie de llave que daba paso al mundo del juicio escrito, pues antes de acudir al tribunal de primera instancia, se debía presentar el certificado de que se intentó ese medio y que no habiéndose avenido las partes, se entablaría el pleito correspondiente -la conciliación, en suma, era un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción-. También sería atribución de los alcaldes del ayuntamiento en iguales términos que los juicios verbales, solo variando la cuantía del pleito y que, en materia de injurias, estas fueran "graves".⁴⁸

Al tratarse de la antesala de los juicios escritos, según la ley de reglamentación, si alguno no estuviera conforme con la resolución, tendría que erogar cuatro reales para gastos de escribiente y el coste del papel.⁴⁹ También se cobrarían multas para aquel que, citado, no compareciera (de 1 a 20 pesos y "según las circunstancias y de la persona"),⁵⁰ además de que el coste de la segunda cita correría a cargo de quien no compareció la primera vez.⁵¹

Para los delitos "graves", propios de la justicia "letrada" en la que debían intervenir abogados con formación en Derecho, se contemplaron tres instancias judiciales.⁵² La primera sería efectuada en los llamados "juzgados inferiores", según el artículo 193. Este artículo es revelador, pues el Congreso, reconociendo la necesidad, pero también la carencia de abogados de formación al frente de estos tribunales, lo redactó en los siguientes términos: "los juzgados inferiores subsistirán en el modo y forma que se prescribirá por una ley, hasta que, permitiéndolo las rentas del estado a juicio del congreso, puedan establecerse jueces de letras, que deberá haberlos en cada partido".⁵³ De hecho, la ley reglamentaria enfatizó las ausencias y determinó en su artículo 25 que "hasta que se establezcan judicaturas de letras conforme a la Constitución serán jueces de primera instancia los alcaldes de los pueblos".⁵⁴ Al estar estos jueces lejos, se previno la participación de un asesor general que debía ser letrado, que residiría en la capital y que les prestaría auxilio.

En este punto es preciso subrayar que, en los alcaldes, ciudadanos comunes, sin formación en Derecho, recaería todo tipo de justicia, desde aquella por delitos o infracciones leves que se solventarían de modo verbal y mediante conciliaciones, hasta este tipo de justicia que era atribución de los jueces letrados. Evidentemente esta no era una situación ideal, pero como demuestran diversos estudios en torno a la justicia en los estados, fue muy difícil conseguir abogados de formación para ocupar las vacantes que reclamaba la judicatura, por lo que esas funciones recayeron en los ciudadanos que fungieron como alcaldes y que se abocarían a la par a la primera instancia judicial.

La primera instancia judicial se encargaba de todas las causas y pleitos civiles y criminales. Los jueces iniciarían los juicios sumarios y plenarios y no admitirían demanda alguna civil ni criminal "sin que venga acompanada de la certificación que acredite haber intentado el medio de la conciliación y que no se avinieron las partes".⁵⁵ Además, recibirían la confesión del procesado y las declaraciones de los testigos,⁵⁶ sentenciando dentro de ocho días desde que recibieran el dictamen del asesor, notificando de inmediato la sentencia a los interesados.⁵⁷

Probablemente una de las providencias interesantes y reveladoras es que la ley reglamentaria coahuiltejana, adelantándose, al parecer, a la legislación de varios estados de la república e incluso a los ordenamientos de carácter federal o general, expresó en su artículo 40 un precepto que algunos años más adelante recogería una ley general emanada del centralismo: la obligación de motivar y fundar las "providencias definitivas" o sentencias; a la letra dice: "el asesor consultará las providencias aun definitivas indicando solamente las razones principales y citando las leyes de autores en cuyas doctrinas funde su dictamen".⁵⁸ Pocos años después, en 1831, el Congreso del estado de Querétaro planteó que todos los jueces motivaran sus sentencias de acuerdo con la ley aplicable o la doctrina.⁵⁹ En 1834, el artículo 145 de la Ley Orgánica para regular la administración de justicia en el estado de Michoacán, estipuló que "el fallo se asentará citándose antes de la parte resolutiva, la ley o costumbre recibida, en que se funde".⁶⁰ Y, el 18 de octubre de 1841, a pedimento de Antonio López de Santa Anna, se publicó el decreto de carácter general en el que se estableció lo siguiente:

Todos los tribunales y juzgados, tanto civiles como militares y eclesiásticos de cualquier clase y categoria, estarán obligados a expresar la ley, canon o doctrina en que funden sus sentencias definitivas o interlocutorias que tengan fuerza definitiva o causen gravamen irreparable.

Los ejemplos tempranos de Coahuila y Texas, Querétaro y Michoacán que muestran la conciencia de algunos congresos sobre la importancia de fundamentar las sentencias, permiten apuntalar la hipótesis o senalar la relevancia de la llamada "periferia" y su influencia como difusora de una significativa causa de praxis jurídica y judicial, de la que se alimentó la cultura jurídica expresada muchas veces en las disposiciones generales para toda la república; como muestra el decreto de 1841, puntal, por cierto, del combate frontal hacia el uso del arbitrio judicial (y como se ha mencionado, herencia del Antiguo Régimen).

Volviendo a las instancias judiciales, las otras dos, segunda y tercera, correrían a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se instalaría, según la Constitución local, en la capital del estado.⁶² El Tribunal estaría dividido en tres salas, y las primeras dos se ocuparían de la segunda y tercera instancias,⁶³ tanto en las causas civiles como criminales.⁶⁴ El Tribunal, además, sería de revisión. Es decir, si alguna de las partes demandantes se inconformara con la sentencia dada en primera instancia, podía apelar la sentencia, o sea, podía pedir mediante ese recurso que su caso se revisara y, en el mejor de los escenarios, poder obtener una sentencia más benigna o hasta absolutoria. También, dentro de la cultura jurídica de Antiguo Régimen, se estipulaba que, si la primera instancia imponía una sentencia corporis aflictiva, es decir, alguna que afectara al cuerpo -como trabajo en obras públicas y presidios, entre otras-, de oficio pasaba a la segunda instancia para ser revisada. Si la sentencia en segunda instancia no favorecía a una de las partes, esta podía interponer el último recurso que le quedaba a mano, el de suplicación, que le permitía acceder a la tercera y última instancia judicial, cuya sentencia debía causar irremediablemente ejecutoria, en otras palabras, efectuarse.⁶⁵

Al respecto, la ley reglamentaria estipuló que el Tribunal se compondría de tres ministros, un fiscal, y tres salas.⁶⁶ La primera de ellas conocería en segunda instancia las causas civiles, criminales y de hacienda,⁶⁷ mientras que la segunda sala se impondría en tercera instancia de toda causa civil o criminal.⁶⁸ En atención a la urgencia con que fue emitida la ley reglamentaria y se tuvieron que poner en funcionamiento las instituciones judiciales, se previno que "el tribunal comenzará a funcionar luego que se hallen presentes en la capital a lo menos uno de los ministros nombrados y el fiscal despachando aquel en la 1^a sala y como presidente, mientras ocurren los demás".⁶⁹

En materia de garantías procesales, la constitución coahuiltejana estableció que se prohibiera la confiscación de bienes, a no ser que el delito conllevara responsabilidad pecuniaria, lo que, en dado caso, sería proporcional.⁷⁰ En consonancia con el discurso humanizante de las penas (expresado originalmente en la Constitución de Cádiz de 1812), se prohibieron los tormentos y apremios, y las penas dejaron de ser trascendentales a la familia.⁷¹ Ninguna autoridad del estado podría librar orden para el registro de casas, papeles y otros efectos de los habitantes, a no ser en la forma en que lo dispusieran las leyes.⁷² La ley reglamentaria, por su parte, definió la prisión arbitraria como la detención de un individuo sin haber prueba semiplena o indicio de ser delincuente, o si la detención o prisión se efectuaba en un lugar no destinado a ello.⁷³ También contempló la realización de las visitas de cárceles del estado los días sábado, cuando debían acudir uno de los ministros del tribunal, el fiscal y los alcaldes. Además de esas visitas regulares, se realizaría otra general a las cárceles de la capital en las vísperas del 16 de septiembre y del 11 de marzo, siendo la primera fecha conmemorativa del aniversario de la Independencia y, la segunda, de la sanción de la Constitución del estado.⁷⁴

Los legisladores, conscientes de las limitaciones de las leyes recién creadas por el congreso, declararon, como en buena parte de la República, la vigencia de las leyes del Antiguo Régimen, en especial de aquellas emanadas de las Cortes de Cádiz, como la mencionada "ley de tribunales" del 9 de octubre de 1812 y la del 24 de marzo de 1813 ("Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos"), "en todo lo que no se oponga a la presente [ley] y Constitución".⁷⁵

En suma, las dos leyes particulares para el estado delinearon de mejor manera los contornos de la justicia con la idea de que sirvieran para hacer efectivo el despacho de las causas, tanto civiles como criminales, que se suscitaban a diario a lo largo y ancho del estado. La constitución también contempló una disposición que a la larga le costaría caro al gobierno estatal, el artículo 192, que pretendió reconocer las bondades del juicio por jurado, por lo que al respecto mencionó con la mejor intención de que fuera una realidad: "una de las principales atenciones del congreso será establecer en las causas criminales el juicio por jurados, estenderlo [sic.] gradualmente y aun adoptarlo en las causas civiles, a proporción que se vayan conociendo prácticamente las ventajas de esa preciosa institución".⁷⁶

Sin embargo, esto solo quedó en un buen deseo, pues no pudo ponerse en práctica el uso del juicio por jurado. De hecho, la ley reglamentaria ni siquiera mencionó su implementación, solo apuntó que la votación de los pleitos de todas las causas sería pública.⁷⁷ Quizás no se pudo implementar el juicio por jurados, pues como he mencionado antes, esa fue otro de las razones argüidas por los colonos texanos para votar su separación del estado y de la república.

En las vísperas de su independencia, se sabe que en el territorio texano la mayoría de sus habitantes era de origen extranjero. Este era el resultado del ahínco con el que se había emprendido el proyecto colonizador de la federación, lo cual le concedió al empresario Stephen Austin (más tarde considerado como "el padre de Texas") la posibilidad de introducir a cientos de familias migrantes extranjeras al estado de Coahuila y Texas. Hacia 1828, en el informe rendido por el general Manuel Mier y Terán, se describía a la sociedad texana como progresista, pero de amplios contrastes. Solo los hijos de extranjeros tenían derecho a asistir a las escuelas fundadas y a llevar el estilo de vida próspero que se había implementado. La fuerza con la que la migración extranjera se asentó en aquel territorio llevó a fuertes tensiones entre el gobierno del estado y el federal, al exigir los colonos cada vez más "privilegios" y "exenciones". Aquellos comenzaron a solicitar que se les dieran mayores facilidades para ocupar más territorio con nuevas familias, aunado a la compra o malbaratamiento de extensos territorios con el discurso de la prosperidad con la que podían contribuir, pero por otro lado sobresalió su negativa a pagar impuestos al estado y a la federación. Conforme se fueron fortaleciendo, se tornó cada vez más difícil gobernarlos.

Desde temprano en la vida republicana, además de los problemas antes enunciados, sobresalió invariablemente el de la justicia, por ejemplo, en los escritos dejados por Mier y Terán (como parte del selecto grupo que partió de la Ciudad de México hacia el septentrión, por encargo del presidente Guadalupe Victoria para trazar los límites fronterizos), y el de Miguel Sánchez Lamego, quien participó en la comitiva. El primero fue un connotado militar que integró un reporte sobre el estado de la colonización, migración extranjera, recursos e indios, en el que se colaron interesantes pinceladas sobre el problema de la impartición de justicia en Texas, que conviene observar con ánimo de comprender parte de la molestia de los colonos (legales e ilegales) extranjeros. El segundo, dejó un texto dedicado a la vida de Mier y Terán, en el que también se manifestó sobre el problema de la impartición de justicia en Nacogdoches. Comenzaré por este último. Al respecto, consignó que:

El mismo Mier y Terán, en su informe rendido al presidente Victoria el 30 de junio de 1828, desde Nacogdoches, manifestó la misma convicción:

Sobre los extranjeros y la justicia, mencionó que éstos "hallan insoportable tener que ocurrir 200 leguas para quejarse de las rateras vejaciones que les hace un alcalde venal e ignorante", además de que, en su concepto, los mexicanos, "ni tienen noticia de las leyes de su país".⁸⁰ Esto contrastaba con la tendencia de los colonos extranjeros, según senaló Mier y Terán, pues cualquiera que fuera su origen y condición (delincuentes fugitivos, labradores honrados, vagos y viciosos, trabajadores, etc.), "todos andan con su constitución en la bolsa, reclamando sus derechos y las autoridades y los funcionarios que ella establece",⁸¹ lo que explica que no hayan cejado en su empeno de ver materializada la institución del juicio por jurados, contemplada en la Constitución estatal.

Y, en una actitud de autoconmiseración, los texanos extranjeros argu-yeron a favor de su independencia y en clave de justicia que:

Mier y Terán también senaló que las disputas por la posesión de las tierras entre mexicanos y colonos extranjeros resultaban frecuentes ante el incesante ingreso de nuevos pobladores:

En suma, el estado de la justicia, tanto civil como criminal, era lamentable. No solo era escasa, sino casi inexistente, y las grandes distancias representaban un problema pues se tenía que viajar bastante para agitar las aguas de la justicia, además de que los alcaldes eran considerados corruptos, incompetentes e ignorantes. Se trataba de una crítica fuerte, proveniente de colonos "anglos" con una cultura jurídica mucho más arraigada, en buena medida producto de su excesivo individualismo, frente a una sociedad y cultura jurídica emanada del seno de una sociedad estamental, corporativa y paternalista, en la que el "individuo" y el "ciudadano" eran, por lo pronto, al despunte de la primera república, solamente de tinta y papel.

En ánimo de contribuir a que el gobierno federal pusiera a trabajar los mecanismos institucionales para calmar los ánimos que se manifestaban claramente separatistas, Mier y Terán sugirió varias medidas, entre las que recomendó, en el ámbito de la justicia, poner un "jefe político subalterno del de Béjar, y un juzgado o asesor usando de los medios necesarios, y no creo que para esto sea menester el trastorno violento a que aspiran los habitantes de segregarse del Estado".⁸⁴

En ese contexto álgido y preocupante, algunos años después, la agitación texana logró generar un par de acometidas jurídicas: una "Constitución para el Gobierno del estado de Texas", preparada en 1833,⁸⁵ a la que el gobierno del estado respondió con un "Plan para el mejor arreglo de la administración de justicia en Texas" en 1834, el cual revisaré a continuación, pues contiene elementos sumamente interesantes.

Basta con echar una ojeada somera al Plan para darse cuenta de que el ejercicio de la justicia disenada para los texanos obedeció a su extranjería, pues se manifestaron elementos propios de su cultura jurídica, aunque también fue patente la convivencia con elementos de la cultura jurídica "mexicana", que por entonces era una suerte de instituciones del Antiguo Régimen -como los juicios verbales y las conciliaciones- y aquellas figuras emanadas del rampante federalismo de talante liberal -como los tribunales superiores-, convivencia propia de un periodo "transicional". Por lo tanto, es notoria la presencia de elementos como el "sherif" [sic], alguaciles y comisarios, además del "juri" [sic] o jurado popular que dio respuesta a las demandas que impulsaron el Plan.

Asimismo, las motivaciones argüidas por el gobierno del estado para permitir el Plan eran claras desde las primeras líneas. Se advierte su ánimo de lograr la conciliación (y complacencia con los texanos), pues expresaba: "El Congreso Constitucional del Estado libre, independiente y Soberano de Coahuila y Texas, deseando proveer lo conveniente a la felicidad de sus comitentes y llenar el encargo que tiene por el artículo 192 de la constitución, decreta el siguiente Plan".⁸⁶ Es evidente que el ambiente tenso con los texanos orilló al gobierno del estado a publicarlo, pues se trata de un documento exclusivo para Texas, que además le concedió constituirse en un "circuito judicial" que se denominaría "Superioridad Judicial de Texas",⁸⁷ lo que dividiría el enorme territorio texano en tres distritos que serían los departamentos de Béjar, Brazos y Nacogdoches, que tenían mucho mayor población y en cuya cabecera habría de establecerse un juzgado. En este contexto podría apuntarse que antes que una separación política y geográfico-administrativa -como más tarde ocurriría-, la secesión fue, ante todo y en su parte ostensible, judicial: pues en un mismo estado convivieron, aunque por breve tiempo, dos propuestas del derecho y la justicia. Veamos más de cerca las instituciones de justicia angloamericanas contenidas en el Plan.

El jurado, que operaría tanto en lo civil como en lo criminal, se compondría de doce personas y las resoluciones se alcanzarían por mayoría de votos: "la opinión conforme de ocho de ellos se tendrá por resolución de juri".⁸⁸ Además, estaría integrado por los vecinos "idóneos" para decidir en materias civil y penal. Los ayuntamientos remitirían todos los años al de la cabecera de distrito las listas de tales vecinos en su respectiva municipalidad. Los nombres serían elegidos mediante sorteo, se echarían en una caja y, el secretario, en presencia del ayuntamiento, "sacará un número de nombres que multiplicado por el de las municipalidades del distrito, produzca un resultado que no baje de 36".⁸⁹ Los nombres se harían llegar a las autoridades judiciales (Superioridad Judicial), todo en absoluta secrecía, so pena de ser procesado por el delito de falsedad.⁹⁰ Sobre el juez -Juez Superior- que encabezaría el juri, en el artículo 17 se previno que fuera ciudadano en el ejercicio de sus derechos, "y letrado de probidad y luces", es decir, abogado de formación (en contraposición a los tan criticados alcaldes ignorantes), el cual sería nombrado por el congreso a propuesta en terna del Congreso. De preferencia, debería ser bilingüe, o en caso contrario, "si este funcionario no poseyere los dos idiomas legales de Texas nombrará un intérprete que disfrutará de mil pesos al año".⁹¹

Para entablar alguna demanda o querella y dar continuidad a los procesos judiciales, se determinó que habría jueces de primera instancia en las cabeceras del municipio y que los comisarios, adscritos "en su respectivo territorio", fungirían como "jueces de pesquisa y policía para la pronta averiguación de los delitos y delincuentes, a efecto de aprehenderlos, y en ello deben proceder a virtud de sus encargos sin esperar ordenes ni excitativas de ningún superior".⁹² El Plan también determinó que, para vigilancia, se instalarían comisarías de policía en las que habría un alguacil para ejecutar las órdenes de los comisarios.⁹³

Hasta este punto, se estarían cubriendo dos de las principales demandas texanas: la operación del juicio por jurados (promesa contenida en el artículo 192 de la constitución de Coahuila y Texas) y la celeridad en el despacho de las causas, ya civiles y criminales, sustituyendo a los ignorantes alcaldes por jueces de luces, que dominaran tanto el inglés como el español.

Como mencioné previamente, el Plan texano fue una amalgama de instituciones de dos culturas jurídicas distintas. Aunadas a las antes referidas, estas siguieron invocando el uso de los juicios verbales como medio para desahogar las correcciones o el castigo de faltas y delitos leves, así como de injurias (también de carácter leve). En ambos casos, los jueces y comisarios determinarían tres días de prisión o de trabajo en obras públicas siempre que la responsabilidad pecuniaria no excediera los diez pesos, y, en el caso de las injurias, siempre que trajera aparejada una advertencia o corrección ligera.⁹⁴ Al igual que en Coahuila -y el resto del país-, las determinaciones se asentarían en un libro destinado a esos procesos y serían firmadas por el juez y los testigos de asistencia.⁹⁵

Según el Plan, se reconocían tres juicios criminales: el verbal, el sumario y el plenario. El primero, como vimos, estaba relacionado con la cultura jurídica de cuno novohispano. El segundo también, pero no el tercero, donde se integraba el juri. El juicio sumario comenzaba apenas el juez o comisario supiera de algún delito mediante carta, oficio, aviso o rumor e iniciaba las diligencias para averiguar sobre el hecho y los responsables. Si el delito se consideraba leve, se pondría en libertad al reo según el artículo 184 de la constitución estatal, mediante fianza, excepto si se trataba de vagos o ebrios consuetudinarios. De lo contrario, el reo podría hacerse acreedor a la pena de muerte, deportación, destierro, prisión, grillete o trabajos públicos, declarando, de ser el caso, el auto de bien preso, para arribar al juicio criminal o plenario, campo de acción del juri. Cabe destacar que, pese a lo elaborado del andamiaje judicial disenado para Texas, se ignora hasta ahora si durante el poco tiempo que medió entre la expedición del Plan (1834) y el inicio de las revueltas (1835) que condujeron a la independencia texana (1836) se haya implementado y puesto a funcionar.

Es de suponerse que, lograda su separación, Texas sí que habrá implementado (dada la superioridad numérica y económica angloamericana) el juicio por jurado y probablemente borró de su horizonte jurídico y judicial las instituciones españolas. Hasta ahora es mera suposición y aguardan por resolver varias dudas e interrogantes en este orden.