Del desarrollo del país y el costo de la educación

Al igual que las sociedades, la institución universitaria ha evolucionado. Ha pasado de escuelas que fundamentalmente proporcionaban conocimientos especializados y otorgaban grados académicos acorde a una organización por facultades, hacia comunidades académicas de profesores y estudiantes que, bajo el principio de libertad de cátedra, tejen redes, unas temporales, otras permanentes, con pares de la misma y de otras disciplinas dentro y fuera de la propia institución o país.

Son tres las funciones sustantivas que competen hoy a la universidad moderna: la formación, la investigación y la extensión o interacción social (llamada también responsabilidad social por algunos). El desarrollo de estas tres funciones y la existencia sinérgica de las diferentes áreas del saber son características sine qua non de la universidad de hoy. Los descubrimientos científicos de la revolución industrial dieron paso a la noción de la universidad moderna, la cual dio lugar a la investigación como una de sus funciones misionales. Es así como en 1794 se crea en la Universidad de Cambridge la primera cátedra de investigación científica. Estos eventos, junto con la incursión de los avances científicos y de la investigación en las universidades generaron una transformación en el quehacer de las instituciones universitarias y en su impacto en la sociedad.

De esta manera, el quehacer de las universidades se ha complejizado y el conocimiento disciplinar, sin desaparecer, ha venido dando paso a formas transdisciplinares de producción del conocimiento, cuyo resultado surge del reclamo de las propias sociedades, dentro de contextos sociales también cambiantes. Por lo tanto, hoy se le exige a las universidades que asuman un principio de responsabilidad social en todo el proceso de producción del conocimiento.

Sin embargo, la resignificación del papel de la universidad en las sociedades no transformó inicialmente su carácter elitista y se encargó tardíamente de aportar movilidad social. Fue apenas durante la segunda mitad del siglo XX que Europa consiguió tener un 30% de su población con estudios universitarios. En Colombia, según datos del Ministerio de Educación Nacional, la cobertura del sistema de educación superior para el primer semestre de 2017 fue del 52,8% (incluye desde la formación técnica profesional hasta el doctorado) (1). Este nuevo factor de movilidad social, que consiste en garantizar formación de alta calidad a las capas menos favorecidas de la sociedad para mejorar sus oportunidades de desarrollo,  se une a los de generación pertinente de conocimiento y su traslado a la sociedad para configurar lo que hoy se espera que haga una universidad.

Coexisten en el presente instituciones universitarias que desarrollan una, varias o todas las funciones antes mencionadas. Sin lugar a dudas todas aportan al desarrollo del país, pero su aporte no es igualmente significativo a la hora de hacer apuestas estratégicas para la transformación de la sociedad. Evidentemente, los costos asociados al funcionamiento de esas instituciones se relacionan con las funciones que en efecto desarrollan y con la calidad y pertinencia con que lo hacen.

Corresponde al Estado y a sus gobiernos generar e implementar políticas que garanticen el desarrollo de un sistema de educación superior que responda a los requerimientos de calidad y que sustente la transformación y el desarrollo de la sociedad, mediante la generación de conocimiento que ponga al país en el concierto de los países desarrollados. Para esto se debe partir por reconocer los costos asociados a la calidad y al desarrollo. La organización de un sistema de producción de conocimiento a partir de grupos de investigación que cuenten con un número cada vez mayor de integrantes con formación de doctorado, con financiación para la formación de jóvenes investigadores, así como el desarrollo de proyectos de investigación y cubrimiento de los gastos administrativos; asimismo, la garantía de acceso libre a fuentes de información electrónicas donde los estudiantes puedan revisar el estado del arte en cada una de sus áreas de estudio, la financiación de revistas científicas para la difusión del conocimiento, la implementación de un sistema de bienestar para la comunidad académica, la financiación de la movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores para interactuar con sus pares nacionales e internacionales, la disposición de recursos para el desarrollo de proyectos de vinculación con la sociedad y, finalmente, la generación y mantenimiento de una infraestructura para el desarrollo de las funciones misionales. Lo anterior constituye solo algunos de los factores que determinan los costos asociados al funcionamiento de una universidad de calidad.

Solo el reconocimiento y financiación de estos costos permitirá al país tener instituciones universitarias que le ayuden a ser parte de la sociedad del conocimiento y formar profesionales que le den competitividad frente a países más desarrollados. El no hacerlo conlleva efectos que no solo afectan el presente sino que tendrán repercusiones de largo plazo al afectar negativamente el desarrollo del país.