Extractivismo, estallido social y procesos territoriales:

efectos de la minería carbonífera en Cesar y La Guajira, Colombia

Extractivism, social explosion and territorial processes:

effects of coal mining in Cesar and La Guajira, Colombia

Extrativismo, explosão social e processos territoriais:

efeitos da mineração de carvão em Cesar e La Guajira na Colômbia

Extractivisme, explosion sociale et processus territoriaux :

effets de l’extraction du charbon dans les départements de Cesar et La Guajira en Colombie

Ernesto Carlos García Solano

Universidad Politécnica de Madrid

ec.garcia@alumnos.upm.es

https://orcid.org/0000-0003-2789-0843

Cómo citar este artículo:

García Solano, E. (2023). Extractivismo, estallido social y procesos territoriales: efectos de la minería carbonífera en Cesar y La Guajira, Colombia.Bitácora Urbana Territorial, 33 (I): 239-254. https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n1.102392

Fuente: Autoría propia

Recibido: 30/04/2022

Aprobado: 29/10/22

ISSN electrónico 2027-145X. ISSN impreso 0124-7913. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

(1) 2023: -254

Autor

16_102392

Autores

Ernesto Carlos García Solano

Doctorando del programa de Sostenibilidad y Regeneración Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Consultor asociado del Centro de Estudios Urbanos y Regionales Valledupar.

Resumen

El levantamiento social en Colombia a partir de 2019 y los efectos locales y globales de la pandemia del COVID-19 han exacerbado tensiones, develando contradicciones y disputas territoriales inusitadas. En este artículo se presentan procesos socioespaciales derivados de las transformaciones inducidas por el extractivismo minero-energético en los departamentos de Cesar y La Guajira, enfatizando el papel de la movilización social. El objetivo es exponer dinámicas que reflejen la territorialización de las relaciones de producción, incluyendo la urbanización en el ámbito de aferencia del complejo carbonífero. La intención que direccionó la indagación fue la de captar pautas que permitan interpretar condiciones emergentes en los entornos regionales impactados por el extractivismo. Para ello se trabajó con indicadores oficiales, se realizó un seguimiento de prensa y el análisis cartográfico de imágenes satelitales. Se pudo concluir que hay una articulación diversa de actores sociales que surgen de las dinámicas territoriales existentes e impugnan las bases del modelo extractivista. Con esa perspectiva, se reflexiona sobre el rol de la planificación del territorio ante la urgencia de nuevas alternativas que impliquen la superación de la crisis socioambiental actual derivada de la minería transnacional.

Palabras clave: extractivismo, territorio, movilización social, minería de carbón, Colombia

Abstract

The social uprising in Colombia since 2019 and the effects of the COVID-19 pandemic have exacerbated tensions revealing unusual territorial disputes. This article presents socio-spatial processes derived from the transformations induced by extractivism in the departments of Cesar and La Guajira, emphasizing the role of social mobilization. The objective is to expose dynamics that reflect the territorialization of production relations. The intention that directed the investigation was to capture guidelines that allow interpreting emerging conditions in regional environments impacted by extractivism. For this, official indicators were used, press monitoring and cartographic analysis of satellite images were carried out. It was concluded that there is a diverse articulation of social actors that arise from the existing territorial dynamics and challenge the bases of the extractivist model. With this perspective, we reflect on the role of territorial planning in the face of the urgency of new alternatives that imply overcoming the current socio-environmental crisis derived from transnational mining.

Keywords: extractivism, territory, social mobilization, coal mining, Colombia

Resumo

A revolta social na Colômbia desde 2019 e os efeitos da pandemia de COVID-19 exacerbaram as tensões, revelando disputas territoriais inusitadas. Este artigo apresenta processos socioespaciais derivados das transformações induzidas pelo extrativismo mineiro-energético nos departamentos de Cesar e La Guajira, enfatizando o papel da mobilização social. O objetivo é expor dinâmicas que reflitam a territorialização das relações de produção, incluindo a urbanização na esfera de influência do complexo carbonífero. O propósito desta investigação foi captar diretrizes para interpretar condições emergentes em regiões impactadas pelo extrativismo. Para isso, foram utilizados indicadores oficiais, monitoramento de imprensa e análise cartográfica de imagens de satélite. Como conclusão se encontrou que há uma articulação diversificada de atores sociais que surgem das dinâmicas territoriais existentes e desafiam as bases do modelo extrativista. Com essa perspectiva, reflete-se sobre o papel do planejamento territorial diante da urgência de novas alternativas que impliquem a superação da atual crise socioambiental derivada da mineração transnacional.

Palavras-chave: extrativismo, território, mobilização social, mineração de carvão, colômbia

Résumé

Le soulèvement social en Colombie depuis 2019 et les effets de la pandémie de COVID-19 ont exacerbé les tensions, révélant des conflits territoriaux inhabituels. Cet article présente les processus socio-spatiaux dérivés des transformations induites par l’extractivisme dans les départements de Cesar et La Guajira, en mettant l’accent sur le rôle de la mobilisation sociale. L’objectif est d’exposer des dynamiques qui traduisent la territorialisation des rapports de production. L’intention qui a dirigé l’enquête était de saisir les lignes directrices qui permettent d’interpréter les conditions émergentes dans les environnements régionaux touchés par l’extractivisme. Pour cela, des indicateurs officiels ont été utilisés, une veille presse et une analyse cartographique d’images satellites ont été réalisées. Il a été conclu qu’il existe une articulation diversifiée des acteurs sociaux qui découlent des dynamiques territoriales existantes et remettent en question les bases du modèle extractiviste. Dans cette perspective, nous réfléchissons sur le rôle de l’aménagement du territoire face à l’urgence de nouvelles alternatives qui impliquent de surmonter la crise socio-environnementale actuelle dérivée de l’exploitation minière transnationale.

Mots-clés : extractivisme, territoire, mobilisation sociale, extraction de charbon, Colombie

Introducción

En el siglo XXI, el rol de América Latina como proveedora global de materias primas se ha consolidado. En efecto, la actividad económica dedicada a la explotación intensiva de bienes básicos y su directa exportación se ha repotenciado, generando procesos territoriales diversos. Esta dinámica, entendida como extractivismo, remite a un modo particular de acumulación fundamentado en la apropiación de la naturaleza (Acosta, 2013; Gudynas, 2009; Svampa, 2019). Esto implica efectos multidimensionales y multiescalares que intervienen en los procesos de reproducción biosocial (Machado Aráoz, 2015). Así, son propiciados ordenamientos que, además de generar las condiciones espaciales para la extracción, transforman drásticamente el hábitat. Este accionar conlleva la implantación de enclaves mediante proyectos funcionales a la explotación y la reconversión del suelo, también implica el tendido de conexiones para el transporte de recursos, insumos y energía. En su complejidad, el extractivismo es un modo de territorialización que configura un eco-régimen específico sobre el tejido de la vida, determinando flujos de materia, energía, agua y biodiversidad (Teran, 2018). En Latinoamérica estas lógicas se han investigado y han sido confrontadas por comunidades que pugnan por alternativas. (Delgado, 2013; Navarro, 2019; Tijoux, 2016). En este trabajo se indaga sobre los vínculos entre extractivismo, urbanización y movilización social. Para ello, se aborda el caso de la explotación carbonífera en el nororiente de Colombia. Allí, los impactos de la minería han sido relacionados con efectos y conflictos económicos, ambientales y sociales (CNMH, 2018; Corral, et al., 2021; Montoya-Domínguez, 2018; Tierra Digna, 2015). No obstante, el tema socioespacial y sus implicaciones asociadas al ordenamiento territorial han sido aspectos poco profundizados. Por tanto, este artículo aporta la comprensión del fenómeno respecto a transformaciones territoriales concretas.

El desarrollo de la extracción carbonífera en Colombia se considera inserto en el proceso de ‘urbanización de la sociedad’ anticipado por Lefebvre (1972), conllevando una dinámica de consolidación reciente que desdibuja los bordes socioespaciales entre lo rural y lo urbano, la sociedad y la naturaleza, y los constructos escalares, dando lugar a nuevas y múltiples interrelaciones (Brenner, 2017). Esto se explica porque en Cesar y La Guajira se sitúan lugares geoestratégicos que abastecen el mercado energético global, cuyo foco de consumo radica en las aglomeraciones urbanas del planeta que demandan dos terceras partes del total de la energía. A su vez, la dinámica extractiva en esta región induce un proceso enmarcado en la ‘urbanización extendida’ (Brenner, 2013; Brenner y Schmid, 2015) sobre áreas poco pobladas o agrícolas. De esta forma, una serie de transformaciones medioambientales, socioeconómicas y culturales generan un territorio operativo funcional a la actividad extractivista y su expansión. En este caso la producción del territorio ha constituido un ‘paisaje operacional’ (Brenner, 2016), es decir, la reconfiguración de actividades y logística para la optimización de las condiciones sociales, institucionales, ecológicas y de infraestructura, favoreciendo la acumulación del capital volcado a la extracción.

Así, el objetivo de este artículo es identificar aspectos relevantes del proceso de urbanización señalado en los municipios mineros de los departamentos colombianos de Cesar y La Guajira, incorporando dinámicas acontecidas desde el levantamiento social de 2019. La metodología incluyó una revisión de las investigaciones publicadas sobre el caso; de igual forma, se recuperaron intervenciones realizadas por activistas y representantes de empresas en foros y encuentros. También se hizo un seguimiento de prensa para referenciar hechos y ubicar situaciones discursivas que representaran la posición de distintos actores implicados en el tema. La dinámica demográfica se trabajó analizando las variaciones intercensales. Finalmente, en el análisis espacial se cuantificaron transformaciones multitemporales a partir de imágenes satelitales. Sobre la movilización social se siguió la sugerencia de Bringel (2021) de contemplar cuatro dimensiones de los estallidos sociales, pensándolos como ‘gritos de impugnación’, como ‘termómetro social’, como ‘desborde’ y, finalmente, como ‘apertura societaria’.

Los resultados muestran aspectos angulares en la producción del territorio. Se constata cómo el desarrollo del modelo extractivista ancla patrones y profundiza el afianzamiento de la actividad minera transnacional. Vinculado a ello, se visibiliza el proceso de urbanización como condición en la regularización de las condiciones locales de reproducción social y la externalización de costos de producción que permiten extender la explotación minera. Por último, se expone cómo el ascenso de la movilización social ha exacerbado contradicciones en cada uno de los aspectos tratados.

Colombia en el Entramado Global del Carbón

En los departamentos de Cesar y La Guajira se localiza el complejo extractivo que más abastece carbón al mercado del atlántico, convirtiendo a Colombia en el sexto exportador mundial (ver Figura 1) (IEA, 2020). Con este combustible, fundamental en la matriz energética, se genera el 40 % de la electricidad global. Asimismo, a pesar del aumento de las renovables, el incremento en la demanda energética mantiene el crecimiento de las fuentes fósiles. Además, el precio de este carburante mantiene un repunte en 2022 por factores geopolíticos que influyen en el comercio de energía, incluyendo la guerra en Ucrania, la suspensión de importación de carbón ruso en la Unión Europea, el acaparamiento de reservas en China y la restricción temporal de exportaciones en Indonesia (Strangio, 2022).

La economía colombiana depende del comercio con combustibles fósiles; solo las de carbón corresponden al 14 % de las exportaciones, únicamente por debajo de las de petróleo que representan cerca del 33 %. Así, casi la mitad del valor de las exportaciones de Colombia depende del sector minero-energético (DANE, 2022). En Colombia la minería carbonífera está controlada por transnacionales que operan globalmente y realizan la extracción y exportación sin transformar el mineral ni añadir valor. Tal característica favorece la reprimarización propiciándose una mono dependencia identificada también en otras latitudes. Los proyectos carboníferos desestructuran modos de vida, desplazan poblaciones y formas de subsistencia compitiendo por tierra, agua y bienes comunes con otras actividades. Todo ello implica la inmersión en un modelo de competitividad que lleva a la puja por menores costos de producción, externalizando impactos y reconfigurando grandes áreas geográficas (Harris, Hall, Brown, y Oliver, 2015). En suma, se trata de la inserción de un territorio en la red global de suministro energético, garantizando acceso a un combustible con tasas de rentabilidad óptimas. Los efectos de la expansión, relocalización y reconfiguración extractiva alrededor del carbón térmico comparten similitud entre países como Mozambique, Indonesia, Colombia y Sudáfrica, donde el punto en común es la puesta en sacrificio de vastas áreas para destinarlas a la producción de hullas térmicas para la exportación (Gediminas, 2019; Holland, 2017; Toumbourou, Muhdar, Werner y Bebbington, 2020).

Minería de Carbón en Colombia

En el nororiente colombiano cinco transnacionales operan extensas minas a cielo abierto que implican una superficie concesionada de 220,000 hectáreas. Este complejo se conforma con 15 proyectos que en el pico de explotación de 2017 produjeron más de 100 millones de toneladas de carbón (UPME, 2021). La explotación minera se realiza en ocho municipios de los departamentos de Cesar y La Guajira, impactando directamente una población de 300,000 habitantes. Sin embargo, la operación extractiva, incluyendo el procesado, el transporte a través de 390 kilómetros de ferrocarril y el embarque en seis puertos sobre el Mar Caribe, extiende las afectaciones sobre el departamento de Magdalena (ver Figura 2). Los tres departamentos implicados en la actividad suman una población que ronda los 3’700,000 habitantes (DANE, 2018).

En Cesar, las minas de carbón están en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico (ver Figura 3). En la Guajira, la operación minera se localiza en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo (ver Figura 4). Allí, la estructuración empresarial para dar inicio al proyecto de El Cerrejón se dio a partir de 1976, con la asociación de la estatal Carbocol con Intercor, filial de ExxonMobil, y la explotación comenzó en 1986. En 2002, un consorcio compuesto por Glencore, BHP y Anglo American adquirió las acciones de Exxon, y en 2003 se hizo con la parte del Estado. Finalmente, en 2021 Glencore compró toda la sociedad, pasando a ser propietario exclusivo.

En Cesar la primera transnacional en instalarse fue la estadounidense Drummond Coal Mining que, en 1989, adquirió la mina La Loma-Pribbenow. Luego, en 1995 Glencore, con la compra de Prodeco, inició operaciones en Calenturitas; además, adquirió las empresas que operaban en La Jagua de Ibirico. Por su parte, la brasileña Vale do Rio Doce obtuvo la concesión de El Hatillo en 2008 para venderla luego a Colombian Natural Resources (CNR) de Goldman Sachs Group, propietaria también de la mina La Francia desde 2010. Este grupo vendió a Murray Energy en 2015 (CNMH, 2018, pp. 49-59).

Bases de la Estructuración del Territorio

El despliegue minero en Cesar y La Guajira se acopla sobre una estructura cuyas bases derivan del modelo extractivo colonial. La red de asentamientos existente y el proceso de poblamiento reflejan una configuración regional determinada por un tejido de relaciones sociales de producción, que surgieron de la plantación, el hato ganadero y la extracción maderera, principalmente; todo ello vinculado con el comercio internacional del Caribe. La actualización de las condiciones de producción de cara al desarrollo capitalista solo comenzó en la región en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), quien impulsó la construcción de la infraestructura requerida por su política de integración nacional, en especial carreteras y puentes (Ardila, 2005). A mediados del siglo XX, comenzó la avanzada sobre la frontera agrícola, ampliando la superficie para ganadería y la introducción del cultivo de algodón, que cobró una importancia central (Bonet Morón y Agilera Díaz, 2018). El auge de este monocultivo cambió la estructura económica, social y política. La región pasó a ser receptora de corrientes migratorias y se creó el departamento de Cesar en 1967. Por eso, la caída de los precios del algodón en la década de 1970 precipitó una crisis local que empeoraría con el incremento de cultivos ilícitos, el narcotráfico y la irrupción de los actores del conflicto armado colombiano (Bernal Castillo, 2004). Teniendo en cuenta el dispositivo territorial y las condiciones particulares de extracción, el proyecto de explotar los comprobados yacimientos carboníferos fue impulsado desde el Estado como la gran oportunidad de generar la riqueza necesaria para solventar las urgencias en el nororiente del país, lugar rezagado en indicadores socioeconómicos e infraestructura.

Con esa visión, desde la planificación estatal se asumió el territorio como espacio de gestión de recursos y objeto de las adecuaciones necesarias para desplegar factores de producción específicos que permitieran el crecimiento económico. Ya desde 1960, en el informe de la Misión para el Desarrollo Económico del Valle del Magdalena y Norte de Colombia, dirigida por Lauchlin Currie, se señalaban como obstáculos para el desarrollo minero la obsolescencia del Código de Minas de 1883 y la necesidad de que el Estado tomara acciones para que se dieran los cambios en la escala y métodos del sector, promoviendo una industria con sistemas de explotación avanzados y con grandes inversiones. El informe alude en específico a los yacimientos de Carbón en La Guajira y Cesar. Sobre El Cerrejón indicó que:

(…) en beneficio de la economía nacional, el gobierno, sin ir a gastar más dinero, debería brindar todas las facilidades posibles para que una entidad extranjera acometa la explotación de El Cerrejón. Algunas de tales facilidades podrían consistir en tasas especiales de agotamiento, libre importación de maquinaria y equipo para las minas, acceso a la mejor rata de cambio y facilidad relativa para la remesa de utilidades y capital. (Robert R. Nathan Associates, 1960, p. 150)

La Urbanización en el corredor minero Cesar-La Guajira

La concentración poblacional y la expansión de los núcleos poblados son condiciones que no definen de por sí el hecho urbano. El crecimiento de las poblaciones es parte de ‘lo urbano’ en tanto expresa la territorialización de relaciones socioespaciales y modifica entornos previos. Tales factores comprenden sólo una dimensión de la urbanización, entendida como proceso de destrucción creativa del espacio social heredado, controvertido y contestado a múltiples niveles (Sevilla-Buitrago, 2017) implicando flujos y disputas.

En los municipios del corredor minero Cesar-La Guajira se constata cómo, desde el inicio de la explotación de carbón en 1985, se aceleró el ritmo de crecimiento poblacional. Acompañando esta situación, la superficie de suelo urbano en los distintos núcleos poblacionales aumentó sostenidamente. Mientras que cerca de las minas se dieron crecimientos exponenciales relacionados con lógicas habitacionales de los trabajadores mineros y los servicios afines a la extracción, en otras ciudades se incrementó el comercio y el ocio. En un lapso breve, las cabeceras de los municipios y corregimientos crecieron sin previsiones donde condiciones medioambientales, como la calidad del aire, presentaban malos indicadores por polución (IDEAM, 2020). Esta situación implica un problema debido a los comprobados efectos que generan las minas de carbón para mineros y para quienes habitan cerca de las explotaciones (Janssen, et al., 2012).

Antes de la minería, según el censo de 1985 (DANE) la población en los municipios analizados de La Guajira era de 22,166 habitantes. En 2005 había crecido a 59,825 y para 2022 es de 96,168 (DANE). A su vez, en los cinco municipios mineros de Cesar la tendencia es similar: pasaron de 98,922 habitantes en 1985 a 216,897 en 2022 (DANE) (ver Gráfico 1). En cuanto a cada municipio, destaca el caso de la Jagua de Ibirico, que pasó de tener un poco más de 14,000 habitantes en 1985 a contar con 50,000 en 2020 (DANE) aumentando 3.4 veces su población (ver Tabla 1).

El análisis con imágenes satelitales estableció que las áreas urbanas en los municipios mineros de Cesar antes del comienzo de la actividad minera sumaban 1,160 hectáreas (ha) y para el año 2020 llegaron a ocupar 3.614 ha, una expansión de más de 3 veces sobre el tamaño que tenían antes de la minería (ver Gráfico 2). En los municipios analizados de La Guajira la mancha urbana pasó de 202 ha en 1985 a 755 ha en 2020 (ver Tabla 2).

Los casos representativos de expansión del suelo urbano son Barrancas, que de 162 ha llegó a 440 ha, y La Jagua de Ibirico, que de 102 ha creció hasta 409 ha. Estas poblaciones aumentaron su suelo construido en 249 % y 300 % respectivamente. Pero una expansión excepcional se dio en los corregimientos de La Loma, en el centro del Cesar y en Cuestecitas, municipio de Albania, en las inmediaciones de El Cerrejón. La Loma, jurisdicción de El Paso, en 1985 era un poblado de 91 ha y pasó a convertirse en un centro urbano de 576 ha en 2020, un aumento de 6.3 veces, el 530 %, localizado en el centro del complejo minero de Cesar.

Por otro lado, la población Cuestecitas que pasó de 6 ha a 82 ha en el mismo periodo, creció 13.6 veces desde 1985 un aumento del 1,260 %. En cuanto al municipio de Hatonuevo destaca, además de la expansión de la cabecera, el avance del tajo minero que compromete la habitabilidad del municipio por la incidencia en la calidad del aire (ver Figura 5).

Movilización en Cesar y La Guajira:
Antecedentes

La efervescencia social en Colombia desde 2019 se integra en un ciclo mayor de movilización que desde 2008 se ha incrementado sostenidamente (Archila, García, Parra, y Restrepo, 2019), y se suma a la proliferación de manifestaciones populares en Latinoamérica entre 2018 y 2020. En Colombia, un factor decisivo en la ola de movilizaciones ha sido el Acuerdo de Paz de La Habana, que abrió el espacio para la reconfiguración de distintas expresiones políticas en las regiones, a pesar de la persistencia del conflicto armado. Así, la movilización de muchos sectores ha pasado a posicionarse frente a los efectos del modelo de desarrollo basado en el extractivismo (Vargas, 2019). De ahí que, en relación con la minería transnacional, haya una trayectoria de conflictividad con especial incidencia en zonas pobres con presencia indígena y de minorías étnicas (García Velandia, 2017). Este es el caso del corredor carbonífero.

En Cesar y La Guajira, el estallido social ha dejado en manifiesto las contradicciones socioespaciales que acarrea el extractivismo y la consecuente emergencia de condiciones territoriales imprevistas. Entre las problemáticas aparece la exclusión juvenil y de las mujeres, así como la anulación de pequeños productores agropecuarios y campesinos. Igualmente, es latente el constreñimiento sobre las comunidades indígenas, afrodescendientes y sobre las víctimas del conflicto armado. Estos sectores vienen articulando agendas locales con las nacionales y establecieron vínculos con las luchas de los trabajadores de las minas. Precisamente, los sindicatos mineros se han articulado con las manifestaciones que reclaman la defensa del territorio ante la minería, demandando respuestas para la emergencia socioeconómica, la mejora de los servicios públicos y la infraestructura. Se trata de una suma de cuestiones relacionadas con el ordenamiento y la producción del territorio que han logrado instaurar un debate social en sectores urbanos y rurales sobre la transición poscarbón y la posibilidad de un modelo territorial alternativo. Bajo esa premisa, entre los espacios de participación de índole diversa se encuentran: el Grupo de diálogo improbable sobre el futuro del corredor minero del Cesar, los Diálogos Caribe: trayectorias extractivistas y transiciones, el Encuentro de Organizaciones Ambientales y Sociales del Cesar por una Transición Energética Justa y el Foro de prospectiva territorial del Cesar: diagnóstico, propuestas y compromisos frente a la crisis del carbón realizado en junio de 2021 en Becerril, Cesar, que dio marco a los Intercambios departamentales de organizaciones de base.

A pesar de la espontaneidad en muchas acciones, las movilizaciones del último período (2019-2021) en Cesar y La Guajira tienen un sustrato asentado en acumulados previos. Los antecedentes devienen de situaciones no resueltas del momento conflictivo en el que se da el quiebre del modelo algodonero, cuando se conjugaron demandas por políticas agrarias con una escalada del conflicto armado y la violación de los derechos humanos. El momento de mayor visibilidad de estos procesos fue durante el Gran Paro Cívico del nororiente en 1987, que llevó la protesta del campo a las ciudades de la región y marcó un punto de inflexión a partir del cual comenzó un periodo de fuerte represión y exterminio de partidos políticos, sindicatos y organizaciones campesinas, con la anuencia del Estado (Gutiérrez Lemus, 2012; Nieto, 2014). A la par, se intensificó la acción de las guerrillas y emergió el fenómeno del paramilitarismo, afectando especialmente las poblaciones rurales y causando el masivo desplazamiento. Todo esto coincide con procesos de titulación minera a favor de las corporaciones carboníferas.

La situación es similar en La Guajira. Allí la explotación minera implicó una reorganización territorial que conllevó el desalojo y el despojo de tierras de comunidades indígenas y afroguajiras. Si bien en el comienzo la conflictividad fue casi nula debido a las expectativas generadas y la acción asistencialista de Intercor; posteriormente, el desarrollo de las minas fue cercenando modos de vida y propiciando un sensible choque en las comunidades (Múnera, Granados, Teherán, y Naranjo, 2014). En el plano sindical, la primera huelga data de 1990. Esta manifestación dio comienzo a una década de resistencia marcada por la disputa que significó la transición de un modelo de explotación con participación del Estado a uno netamente privado en manos de algunas de las trasnacionales más grandes del sector (Delgado, 2013). Estas movilizaciones emprendidas por los trabajadores comenzaron aisladas del medio social donde se desarrolló el proyecto minero. No obstante, las problemáticas por el inadecuado manejo de fuentes hídricas, las afectaciones socioambientales y el consecuente realojamiento obligado de campesinos, afrodescendientes e indígenas abrieron espacios donde se establecieron vínculos entre movimientos sociales, comunidades y sindicatos (Tibocha, 2019). No fue sino hasta la Convención de trabajo 2009-2010, suscrita por Carbones del Cerrejón Limited, cuando se hizo explicita una articulación del movimiento sindical con las demandas de las comunidades objeto de reasentamiento para acceder a tierras y proyectos productivos. Esta situación marca un precedente en la superación de la división entre luchas laborales y las reivindicaciones de las comunidades que en la década del 2000 afrontaron el desalojo violento en la población de Tabaco, huelgas y bloqueos por el derecho a la consulta previa y un momento de convergencia con la sociedad civil en 2015 ante el desvío del arroyo Bruno.

Estallido Social, Pandemia y Movilización en el Corredor Minero

En el corredor minero Cesar-La Guajira el paro regional de junio de 2019 precedió el estallido nacional de noviembre. Transportadores, sindicatos e indígenas protestaron por el mal estado de las carreteras y la accidentalidad. A esta impugnación inicial se sumaron peticiones relacionadas con efectos del extractivismo. Las exigencias incluyeron infraestructura hospitalaria, derecho al agua potable domiciliaria y saneamiento, la no realización de fracking en la región, el respeto de la vida de los lideres sociales, así como un plan para el suministro de combustibles y desmonte de los peajes, hasta que se efectuaran los arreglos en las vías (El Tiempo, 2019). Posteriormente, la convocatoria para el Paro Nacional del 21 de noviembre (21N) tuvo amplia difusión. Como en el resto del país, el 21N tuvo una participación masiva y se realizaron marchas simultaneas en los municipios del corredor minero.

En marzo de 2020, el gobierno nacional impuso el aislamiento obligatorio por la propagación del coronavirus. En la medida se establecieron excepciones facultando la continuidad de ciertas actividades, entre las cuales se consideró la producción de minerales. Esta deferencia hacía un sector que en sentido estricto no es esencial dio prevalencia a los intereses corporativos por encima de la salud de operarios y comunidades. Contra tal disposición, habitantes del corredor minero rechazaron las medidas. A la protesta se vincularon trabajadores y vecinos de las minas. (El Pilón, 2020). Finalmente, las empresas cedieron ante las protestas, acataron el confinamiento y asumieron restricciones.

La estrategia inmediata de las compañías mineras ante la emergencia sanitaria fue presionar a la baja los costos de producción mediante el abaratamiento de rubros laborales y recortes (El Espectador, 2021). Las compañías establecieron así un pulso por externalizar perdidas.

En el mes de julio de 2020, Prodeco (Glencore) solicitó la suspensión de su contrato de explotación en Cesar ante la Agencia Nacional de Minería. Bajo la coyuntura de la pandemia, apelaron al Artículo 54 del código de minas, el cual dictamina que circunstancias de orden técnico o económico facultan a la autoridad minera para suspender la explotación a solicitud del concesionario sin modificar los términos del contrato. Es decir, parar operaciones y el cumplimiento de compromisos. El presidente de la compañía descargó responsabilidades sobre las comunidades y los trabajadores que se manifestaron por los efectos de la operación extractiva; además, alegó que sus planes se obstaculizaban por la falta de aprobaciones y las consultas con las comunidades (El Tiempo, 2020). Además, con su decisión de prescindir del contrato de explotación, la empresa evadió varios procesos. Por un lado, un fallo de tutela confirmado por el Consejo de Estado que impedía disponer de ciertas áreas implicadas en la extracción hasta que no se delimitara el territorio indígena Yukpa según lo establecía la Sentencia de la Corte Constitucional T-713 de 2017. Por otro lado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tenía por resolver un recurso de reposición para modificar el Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU) de la mina La Jagua, luego de negar los permisos de concesión, ocupación de cauce, vertimientos y aprovechamiento forestal solicitados y requeridos para la implementación de la modificación del PMAU aprobado en su momento (Suárez, 2020).

En julio de 2020 la empresa Colombian Natural Resources (CNR) también suspendió sus operaciones en las minas del Hatillo y La Francia en Cesar, frenando así obligaciones adquiridas con el plan de reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, directamente afectada por sus actividades (PAS, 2020). Finalmente, a pesar de que la ANM desestimó en primera instancia la solicitud de Prodeco de suspender los contratos de explotación por tratarse de PINES (Proyectos de Interés Estratégico Nacional), la compañía, en febrero de 2021, reiteró su renuncia definitiva a los títulos mineros. Aparte del detrimento por pérdida de regalías, esta renuncia conllevó el despido de 5000 trabajadores, la desatención de obligaciones ambientales y el incumplimiento con los reasentamientos ordenados desde 2010 por el Decreto 970 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Entretanto, los trabajadores de El Cerrejón declararon el 31 de agosto de 2020 una huelga que se prolongó por 91 días y que culminó con la firma de una nueva convención colectiva. En plena pandemia, la sociedad, entonces aún compuesta por Glencore, BHP y Anglo American, planteó reestructurar sus operaciones reduciendo costos de producción y aplicando reingeniería laboral (Sintracarbón, 2021). La presidenta de la compañía incluyó en las causas de la disminución de su competitividad procesos judiciales como el fallo de tutela que establece límites de control de polvo (Semana, 2020).

A lo largo de la pandemia el gobierno trató de utilizar el confinamiento y las medidas de prevención de contagios como apaciguador social. Sin embargo, la agudización de la crisis llevó a los habitantes de varias poblaciones a cortar carreteras, bloquear el acceso a las minas de carbón y realizar plantones frente a las administraciones municipales. La situación de emergencia social en los municipios del corredor minero se tradujo en manifestaciones, protestas y peticiones que alimentaron un estado de movilización previo al Paro Nacional del 28 de abril de 2021.

Conclusiones

El análisis realizado demuestra que alrededor de la explotación carbonífera en el Caribe colombiano hay una configuración socioespacial institucionalizada y normalizada que obstaculiza la emergencia de alternativas. Plantear una planificación y un ordenamiento territorial que considere los dilemas del cambio climático y la desigualdad representa un desafío que sobrepasa consideraciones técnicas y normativas. La contradicción entre el ordenamiento y su pretendida vocación superadora de conflictos puede inclinarse hacia un modelo u otro según se dé la participación activa que incida en los ámbitos de poder. En ese sentido, la movilización social figura como un ariete con posibilidad de liberar riostras e impulsar otras posibilidades.

El reto supone, entonces, escapar de la activación de la planificación y el OT como tecnología de gobierno orientada a estabilizar el conflicto territorial (Arzeno, 2019). Las empresas carboníferas actúan impulsando proyectos ambientales y programas productivos dirigidos a las comunidades vecinas de las minas e invirtiendo en apoyo a la gestión pública de los municipios donde hacen presencia (Linares, 2022; Madriñán, 2022). De esta forma, el actor corporativo incorpora impugnaciones, prácticas, demandas y discursos de los liderazgos y movimientos sociales de la región. Así, se dirimen las tensiones sobre los aspectos y parámetros territoriales que permiten la continuidad del modelo extractivista, como el desplazmamiento de poblaciones, el desvío de cauces, la urbanización sin previsión y la contaminación.

La dinámica del estallido social colombiano desde 2019 demuestra un comportamiento heterodoxo en las manifestaciones y la articulación de una multiplicidad de actores; por lo tanto, en Colombia se ha configurado una pugna que cuestiona el sistema político y económico. Esto se puede observar en el desarrollo de los movimientos territoriales frente al extractivismo carbonífero y su evolución. El seguimiento realizado permite observar que, de la lucha reivindicativa aislada y la resistencia, se ha pasado a una acción consensuada que plantea la superación de la condición de enclave y ha puesto en el estrado colectivo el debate por las transiciones y la consigna de trabajar por un ‘ordenamiento territorial para la vida’. Por ello, el momento actual convoca a identificar cada una de las variables estructurales que definan en tiempo y espacio el ‘modelo deseable’ de territorio.

Por último, el análisis del caso estudiado demuestra cómo el territorio se asume desde el Estado como lugar donde se ejecutan los procesos y proyectos de desarrollo económico, como recurso o limitación para los mismos, pero no como escenario inclusivo y dinámico donde se articula la sociedad y su espacio. En Colombia, suelo y subsuelo no se gestionan como partes intrínsecas e interrelacionadas. La planificación esta sectorizada de forma que se ignora la interdependencia funcional de los ecosistemas existentes, así como, la biodiversidad y las condiciones generales del sistema natural del que depende el bienestar humano. Los caminos de la planeación territorial y del ordenamiento ambiental divergen de los planes económicos. En definitiva, la minería constituye una fuente de recursos para la financiación de los objetivos de desarrollo, obviando que la actividad extractiva y sus interrelaciones producen particularidades territoriales que comprometen los bienes comunes y la sostenibilidad de las regiones.

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Extractivismo, estallido social y procesos territoriales:

efectos de la minería carbonífera en Cesar y La Guajira, Colombia

“El análisis realizado demuestra que alrededor de la explotación carbonífera en el Caribe colombiano hay una configuración socioespacial institucionalizada y normalizada que obstaculiza la emergencia de alternativas. Plantear una planificación y un ordenamiento territorial que considere los dilemas del cambio climático y la desigualdad representa un desafío que sobrepasa consideraciones técnicas y normativas.”

Figura 1. Exportaciones colombianas de carbón

Fuente: Chatham House (2020).

Figura 2.Complejos Carboníferos del caribe colombiano

Fuente: Elaboración propia. Base cartográfica IGAC (2022), DANE (2018), Google Earth (2018 – 2022), ESRI-WSR (2019), RUNAP (2021).

Figura 3. Complejo carbonífero Cesar

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica IGAC (2022), DANE (2018), Google Earth (2018 – 2022).

Figura 4. Complejo carbonífero La Guajira

Fuente: Elaboración propia. Base cartográfica IGAC (2022), DANE (2018), Google Earth (2018 – 2022), RUNAP (2021).

Tabla 1.Evolución poblacional. Municipios mineros del Cesar y La Guajira

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.

Gráfico 1. Evolución poblacional: municipios mineros Cesar y La Guajira 1985-2022

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE.

Gráfica 2.Crecimiento de superficie urbana, municipios mineros Cesar y La Guajira

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.Hatonuevo: expansión urbana 1985-2020

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes satelitales obtenidas en Google Earth Pro.

Tabla 2. Evolución de la superficie urbana medida en hectáreas

Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC, la DANE y análisis de imágenes disponibles en Google Earth Pro.