Fuente: Autoría propia
Recibido: 29/05/2023
Aprobado: 09/08/2023
Apuestas progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI
Progressive bets at the urban-regional level in Ibero-America in the 21st century
Apostas progressistas a nível urbano-regional na Ibero-América no século XXI
Défis progressistes au niveau urbain-régional dans l’Amérique ibéro-américaine du XXIe siècle
PhD. Arq. Carlos Alberto Torres-Tovar[1]
Universidad Nacional de Colombia
catorrest@unal.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-5946-1838
Scopus Author ID: 37056494900
Cómo citar este artículo:
Torres Tovar, Carlos Alberto (2023). Apuestas progresistas a nivel urbano
- regional en Iberoamérica en el siglo XXI. Bitácora Urbano Territorial,
34(I): 7-12
https://doi.org/10.15446/bitacora.v34n1.113588
ISSN electrónico 2027-145X. ISSN impreso 0124-7913. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
[1] Arquitecto, Magíster y Doctor en Urbanismo y Doctor en Arquitectura y Ciudad. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Investigador Senior (IS) por MinCiencias. Líder del grupo de investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad”
(1) 2024: 7-12
Autor
00_113588
Por ello, el término “apuestas progresistas a nivel urba- no-regional en Iberoamérica en el siglo XXI” se refiere a las iniciativas y estrategias adoptadas por los gobiernos, la sociedad civil, y otros actores relevantes en las ciuda- des y regiones de Iberoamérica con el objetivo de impul- sar un desarrollo más sostenible, equitativo e inclusivo. Por ello, el término “apuestas progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI” se refiere a las iniciativas y estrategias adoptadas por los gobiernos, la sociedad civil, y otros actores relevantes en las ciudades y regiones de Iberoamérica con el objetivo de impulsar un desarrollo más sostenible, equitativo e inclusivo.
EDITORIAL
En el siglo XXI, las ciudades y regiones de Iberoamérica enfrentan diversos desafíos que afectan su desarrollo urbano y regional, y que abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales, territoriales, de participación y gobernanza, entre otros.
Uno de estos desafíos es la rápida urbanización que ha llevado a un crecimiento desmesurado de las ciudades, con la consiguiente presión sobre los servicios públicos, la vivienda y la infraestructura. Esto ha generado congestión vehicular y aumento de la demanda de servicios básicos, además de haber impulsado la proliferación de asentamientos de origen informal y la presión sobre los recursos naturales.
También persisten las desigualdades socioeconómicas, marcadas en términos de ingresos, acceso a la educación, la salud y otras oportunidades, tanto entre áreas urbanas y rurales como dentro de las propias ciudades, con los consecuentes efectos de marginación de comunidades vulnerables, falta de acceso a servicios esenciales y tensiones sociales y económicas.
Asimismo, los problemas de movilidad y transporte, debidos al aumento del parque automotor y a la falta de infraestructuras adecuadas y de planificación eficientes, generan congestión vehicular, contaminación y limitan la accesibilidad. Ello produce pérdida de tiempo y de productividad, emisiones contaminantes, impactos negativos en la calidad del aire y la salud pública. Se acumula, así, la perdida de horas, días y hasta años de calidad de vida para los que habitan estos territorios desestructurados.
Por otra parte, los desafíos ambientales y el cambio climático afectan por igual a ciudades y regiones, las cuales enfrentan amenazas ambientales, como la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, todo lo cual tiene como efecto riesgos para la salud, daños a la infraestructura, pérdida de ecosistemas y recursos naturales.
A ello se suma la ineficiente gestión de residuos, por su manejo inadecuado a nivel urbano, que se constituye como un problema común, principalmente para las ciudades con desafíos en la recolección, tratamiento y disposición final. Este manejo genera contaminación del suelo y el agua, riesgos para la salud y otros impactos negativos en la calidad de vida.
Un asunto clave es el aumento de la inseguridad y violencia, pues algunas áreas urbanas y rurales enfrentan altos niveles de violencia y criminalidad, afectando la seguridad de los ciudadanos y limitando el desarrollo económico y social. A esto se suma la pérdida de vidas, el impacto en la inversión y el desarrollo económico y el deterioro del tejido social. De ahí que la falta de credibilidad en las instituciones se haga cada vez más fuerte.
La falta de acceso a viviendas asequibles y habitables es un desafío significativo, especialmente para poblaciones de bajos ingresos, sin soluciones reales a la vista, lo que supone un incremento de los asentamientos de origen informal, hacinamiento y falta de condiciones básicas de vida. Todos estos hechos se vieron agravados durante el periodo de la pandemia del COVID19.
Encontramos, además, como agravantes de esta situación, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, que obstaculizan el desarrollo efectivo de políticas y proyectos urbanos, generan desconfianza ciudadana, mal uso de recursos públicos y debilitamiento de las instituciones, asociado con un saqueo permanente del erario público.
También se reconoce el aumento de la esperanza de vida y, por tanto, el envejecimiento de la población, por un lado, y la baja tasa de natalidad, por el otro; ambos eventos presentan desafíos en la planificación de infraestructuras y servicios para una población adulta mayor. Es urgente la adaptación de la infraestructura y la ampliación delas pocas opciones de bienestar de las poblaciones mayores. A los eventos mencionados se suman la presión sobre los sistemas de salud y pensiones y la privatización del sistema de salud y protección social.
La globalización ha generado presión sobre los recursos locales y tradiciones culturales, ha afectado la identidad y la autonomía de las comunidades y ha producido la pérdida de diversidad cultural, la concentración de poder económico en manos del capital transnacional y múltiples amenazas a la sostenibilidad local.
Estos desafíos están interconectados y requieren enfoques integrales y colaborativos para su abordaje efectivo. Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades locales deben trabajar conjuntamente para encontrar soluciones sostenibles que promuevan un desarrollo urbano y regional equitativo y resiliente en Iberoamérica en el siglo XXI.
Por ello, el término “apuestas progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI” se refiere a las iniciativas y estrategias adoptadas por los gobiernos, la sociedad civil, y otros actores relevantes en las ciudades y regiones de Iberoamérica con el objetivo de impulsar un desarrollo más sostenible, equitativo e inclusivo. Estas apuestas progresistas buscan abordar los desafíos contemporáneos que enfrentan las áreas urbanas y regionales, teniendo en cuenta factores como los ya señalados, que permitan enfrentar la rápida urbanización, la globalización, los problemas ambientales, las desigualdades socioeconómicas y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más tecnológico.
Algunos aspectos clave que podrían comprenderse dentro de este concepto son el desarrollo sostenible, las innovaciones tecnológicas, la participación ciudadana, la equidad social, el desarrollo económico inclusivo, la mejora en las infraestructuras, los cambios en las políticas públicas y el enfoque en la resiliencia urbano-regional.
El desarrollo sostenible implica la integración de políticas que buscan equilibrar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la población. En Iberoamérica, varias ciudades están adoptando estrategias para hacer frente al cambio climático y la contaminación ambiental, como fomentar el uso de energías renovables, generando procesos de transición energética que promuevan prácticas más sostenibles en sectores como la agricultura y la industria. Algunas ciudades han implementado proyectos de movilidad sostenible, revitalización de áreas urbanas y programas de educación ambiental.
El impulso de la innovación tecnológica busca mejorar la eficiencia de los servicios urbanos y regionales. Por ejemplo, Barcelona, España, ha implementado un sistema de sensores para monitorizar el consumo de energía y agua, optimizando así el uso de recursos. Además, ciudades como Santiago de Chile están utilizando la tecnología para mejorar el transporte público y reducir la congestión vehicular, promoviendo la movilidad sostenible.
La participación ciudadana implica involucrar a la población en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Muchas ciudades han implementado procesos de participación ciudadana para desarrollar planes urbanos que reflejen las necesidades y deseos de los habitantes. En algunos casos, esto ha llevado a la creación de espacios públicos más inclusivos y a la mejora de servicios esenciales. Sin embargo, la participación en la toma de decisiones sobre la ciudad y el territorio siguen siendo aun nominales y no reales, ya que no se reconoce “la mayoría de edad” de los procesos y formas organizativas de las comunidades.
Para abordar la equidad social, algunas ciudades están implementando programas para reducir la brecha entre diferentes grupos socioeconómicos. Esto incluye iniciativas para mejorar la educación, el acceso a la vivienda y la igualdad de oportunidades laborales. Medidas similares se están adoptando en ciudades de corte progresista donde se busca garantizar que el desarrollo económico beneficie a todos los estratos sociales.
En el ámbito del desarrollo económico inclusivo, las ciudades están promoviendo la diversificación económica y apoyando a pequeñas empresas y emprendedores. Esto contribuye a la creación de empleo y a la generación de oportunidades para diversos sectores de la población. Sin embargo, no debemos desconocer que la mayor actividad económica la provee el sector terciario de la economía y que el recurso humano esta desvinculado de las dinámicas formales del empleo, primando la economía informal.
Frente a la mejora de infraestructuras esenciales para el desarrollo urbano-regional, se han llevado a cabo proyectos de expansión del transporte público y renovación de vías para mejorar la movilidad. Estas inversiones, cuando han sido debidamente planificadas y consensuadas, no solo facilitan el desplazamiento, sino que también generan empleo y revitalizan áreas urbanas. No es así la historia de la mayoría de las ciudades iberoamericanas.
También, los cambios en las políticas públicas se observan en ciudades como Ciudad de México, que ha implementado políticas de desarrollo urbano más inclusivas para abordar la vivienda, el transporte y la seguridad. Esto implica ajustes en la legislación para promover un desarrollo más equitativo y sostenible; con respecto a esto, vale la pena señalar la Constitución Política de la Ciudad de México (G.O. CDMX, 2017) como Distrito Capital a partir de la retoma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2011).
Además de los aspectos anteriores, la resiliencia urbano-regional es crucial en un contexto de cambio climático. Algunas ciudades y territorios han desarrollado estrategias para hacer frente a eventos climáticos extremos, incluyendo sistemas de alerta temprana y la mejora de la infraestructura resistente a desastres.
Estos aspectos clave resaltan la diversidad de enfoques y estrategias que las ciudades y regiones en Iberoamérica están adoptando para enfrentar los desafíos contemporáneos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, equitativo e inclusivo. Cada aspecto demuestra cómo las apuestas progresistas pueden adaptarse a las características y necesidades específicas de cada lugar y sociedad.
En resumen, las “apuestas progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI” encapsulan un enfoque integral y multidimensional para abordar los retos contemporáneos, buscando transformar positivamente las dinámicas urbanas y regionales en Iberoamérica.
En ese mismo sentido se puede señalar la importancia de las apuestas progresistas en el desarrollo urbano-regional de Iberoamérica, para lo cual se indican un conjunto de ejes de análisis.
La exploración del contexto histórico y social que ha dado forma a la situación urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI. Allí se consideran factores como la globalización, la migración, la urbanización y los desafíos socioeconómicos.
Las iniciativas y políticas de desarrollo sostenible en las ciudades y regiones de Iberoamérica. Examina cómo se están abordando temas como la gestión de residuos, la eficiencia y transición energética, la movilidad sostenible, la preservación del medio ambiente y el cambio climático.
En los territorios se está en la búsqueda y adopción de tecnologías innovadoras para mejorar la calidad de vida y la eficiencia en diversos sectores, como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad.
La importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel urbano-regional examina casos de éxito donde la colaboración entre gobiernos locales y las procesos organizativos de la sociedad civil han llevado a un desarrollo más inclusivo y equitativo.
Se evalúan las políticas económicas y sociales que están contribuyendo al desarrollo económico y a la equidad social en las ciudades y regiones de Iberoamérica. Considera la importancia de reducir las brechas económicas y mejorar las oportunidades para todos los ciudadanos.
Se identifican los desafíos y obstáculos que enfrentan las apuestas progresistas, como la corrupción, la falta de recursos y la resistencia a los cambios. Se analiza cómo se están abordando estos problemas y sugiere posibles soluciones. A ello se suman las nuevas formas de apropiación territorial por actores ilegales y en muchos casos armados, tanto en el ámbito urbano como en el escenario territorial.
En la conclusión, estos ejes de análisis recapitulan los puntos clave hasta ahora presentados y destacan la importancia de las apuestas progresistas para el futuro de Iberoamérica. Proporcionan recomendaciones para fortalecer y expandir estas iniciativas en el siglo XXI.
Sin embargo, es necesario reconocer los principales errores que los gobiernos progresistas en la gestión urbano-regional en Iberoamérica han tenido en el siglo XXI, los cuales están asociados a la falta de planificación a largo plazo, a la corrupción y mala gestión de recursos, a las políticas de vivienda descoordinadas, a un enfoque excesivo en grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos urbanos, a una desconexión con la participación ciudadana, a las ineficiencias en el transporte público, a las políticas de desarrollo económico no inclusivas, a la falta de adaptación a desafíos ambientales, a la ineficacia en programas de erradicación de la pobreza, a la politización de la planificación urbana, entre muchas otras cosas. Estas se desglosan a continuación.
Algunos gobiernos progresistas han sido criticados por la falta de planificación a largo plazo en el desarrollo urbano-regional. Decisiones impulsadas por motivos políticos a corto plazo pueden resultar en una planificación inadecuada y en proyectos que no abordan eficazmente las necesidades futuras de la población. Las miradas cortoplacistas afectan los procesos de mediano y largo plazo.
La corrupción y la mala gestión de recursos han sido problemas persistentes en algunos gobiernos progresistas, afectando negativamente la implementación de proyectos urbanos y regionales. La falta de transparencia en la asignación de fondos y la ejecución de proyectos ha llevado a situaciones donde los recursos no se utilizan de manera eficiente o se desvían hacia fines no previstos.
La implementación de políticas de vivienda sin una coordinación adecuada ha generado problemas. En algunos casos, la construcción masiva de viviendas no ha estado acompañada de infraestructuras y servicios adecuados, lo que lleva a la creación de áreas urbanas sin las condiciones necesarias para una vida sostenible: solo techos, sin hábitat, entorno y ciudad.
La concentración excesiva en proyectos de infraestructura a gran escala, como megaobras, ha llevado a la negligencia de inversiones más pequeñas, pero igualmente importantes. Además, estos grandes proyectos enfrentan desafíos de ejecución y sostenibilidad a largo plazo.
Algunos gobiernos progresistas han sido criticados por no involucrar adecuadamente a la sociedad civil en la toma de decisiones urbanas. La falta de participación ciudadana conduce a la implementación de políticas y proyectos que no reflejan las necesidades y aspiraciones de la población local.
La planificación deficiente en el transporte público ha llevado a ineficiencias y problemas de movilidad en algunas áreas urbanas. La falta de coordinación entre diferentes modos de transporte y la ausencia de soluciones sostenibles han contribuido a la congestión vehicular y la contaminación.
Las políticas de desarrollo económico implementadas no han sido inclusivas, beneficiando desproporcionadamente a ciertos sectores en detrimento de otros y contribuyendo a la creación o exacerbación de desigualdades socioeconómicas.
La falta de atención a los desafíos ambientales y al cambio climático en la planificación urbana y regional son errores que pueden tener consecuencias significativas a largo plazo. La ausencia de medidas para mitigar el impacto ambiental en los territorios urbanos y rurales está produciendo problemas de salud pública y sostenibilidad.
Los programas dirigidos a erradicar la pobreza han sido criticados por su ineficacia o falta de evaluación adecuada. La focalización deficiente y la falta de seguimiento limitan el impacto positivo de estas iniciativas. El reto está en superar el asistencialismo.
La planificación urbana y regional ha sido fuertemente politizada, lo que lleva a decisiones basadas en consideraciones ideológicas en lugar de análisis técnicos. Esto puede resultar en la implementación de proyectos que no son económicamente viables o no están alineados con las necesidades reales de la población.
Es importante destacar que estos errores no son universales ni aplicables a todos los gobiernos progresistas en Iberoamérica, ya que cada contexto es único y las políticas varían significativamente. Además, los desafíos pueden evolucionar con el tiempo y las lecciones aprendidas de estos errores pueden ser utilizadas para informar futuras iniciativas de desarrollo urbano-regional.
¿Cómo se disputa y se construye, entonces, desde gobiernos progresistas en América Latina el derecho a la ciudad y el territorio?
La disputa y construcción del derecho a la ciudad y el territorio desde gobiernos progresistas en América Latina se ha llevado a cabo a través de diversas estrategias y políticas que buscan garantizar el acceso equitativo a los recursos y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Algunas de las formas en que se ha abordado este proceso se da mediante reformas en la planificación urbana, programas de vivienda y acceso a la tierra, movilidad urbana sostenible, participación ciudadana activa, preservación de espacios públicos y culturales, enfoque en la diversidad cultural, promoción de economías locales y solidarias, desarrollo de políticas ambientales, descentralización y desarrollo regional y de la educación y las tecnologías de la información.
Estas estrategias reflejan un intento de los gobiernos progresistas en América Latina por construir ciudades y regiones más justas, equitativas y sostenibles, al tiempo que garantizan la participación activa de la ciudadanía en la definición de sus entornos urbanos y los territorios. Sin embargo, es importante destacar que la efectividad de estas acciones puede variar según contextos específicos y evoluciones políticas.
Las mayores oportunidades para que los gobiernos progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica generen verdadera equidad, igualdad y justicia social y espacial en el siglo XXI pueden encontrarse en enfoques integrales que aborden múltiples dimensiones de desarrollo urbano.
Así, este número 34-1 de la revista Bitácora Urbano-Territorial presenta un conjunto de artículos que dan cuenta de algunas de las apuestas progresistas a nivel urbano-regional en Iberoamérica en el siglo XXI. Esperamos que estas elaboraciones contribuyan en la reflexión y la búsqueda de alternativas.
Referencias
G.O. CDMX (2017). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Gaceta oficial de la ciudad de México, 05 de febrero de 2017 (última reforma 24 de noviembre de 2023). Consultada el día 15 de enero de 2024 en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion
AA.VV. (2011). CARTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL DERECHO A LA CIUDAD. Comité promotor de la carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad. Rosa luxemburg stiftung - rls, misereor – ihr hilfswerk, Secretaria de Gobierno Ciudad de México. Consultada el día 15 de enero de 2024 en: https://www.right2city.org/es/document/carta-de-la-ciudad-de-mexico-por-el-derecho-a-la-ciudad/