El mundo actual está dando un paso difícil: la transición de la modernidad a la contemporaneidad, y cada individuo, a partir de su postura frente a esa mudanza global, la promueve o le hace resistencia. Las relaciones jerárquicas y verticales típicas de la modernidad, donde el poder se concentraba en las élites y era administrado por ellas, son sustituidas por relaciones heterárquicas “donde el poder circula” (Najmanovich, 1995: 15), y esas formas innovadoras de relación están generando lógicas nuevas y maneras inéditas de hacer las cosas. La condición contemporánea provoca y exige cambios. No es posible abordar, comprender o intervenir la complejidad de la ciudad contemporánea recurriendo a los instrumentos simplistas y arbitrarios heredados de la modernidad. Se requieren modelos y metodologías nuevas para lograr soluciones contemporáneas. Es necesario cambiar los paradigmas viejos porque son obsoletos y generan más problemas que los que solucionan, y además, porque como muy bien subraya Najmanovich, “las rutas habituales nos han llevado al borde del abismo” (Najmanovich, 1995: 1).

En lo concerniente a la renovación urbana, cabe subrayar que fue durante las grandes intervenciones realizadas por Haussmann en París hace más de 150 años cuando surgió el concepto de expropiación, un instrumento característico de la modernidad gracias al cual los planificadores urbanos logran tres objetivos: i) despojar de sus predios a los poseedores de inmuebles en las áreas intervenidas con una escueta retribución económica a cambio, o, en muchos casos, sin ella; ii) potencializar la renta del suelo ‘liberado’ en las áreas intervenidas; y iii) inducir y fomentar la especulación inmobiliaria y del suelo urbano, generando plusvalías cuantiosas (Gaudin, 1985; Gravagnuolo, 1998).

Con la implementación de leyes que posibilitaron al Estado la expropiación forzosa (cuando el Derecho liberal tradicional y el propio Código Napoleónico concebía a la propiedad privada como un derecho ilimitado), el Barón Haussmann quedó habilitado para eliminar muchas calles antiguas, derribar casas de apartamentos y reemplazarlas (Molina Mesa, 2009: 3).

Por otra parte, gracias al instrumento de la expropiación las políticas de renovación urbana han generado y multiplicado un fenómeno que, desde hace más de 40 años, viene sucediendo en los centros históricos de muchas ciudades: la gentrificación.2

El proceso de gentrificación que comienza con la erradicación de los asentamientos por parte del gobierno […], consiste en la reutilización sectaria de algún segmento de la ciudad, lugar de alto valor inmobiliario, y de la expulsión de antiguos y pobres habitantes, buscando así devolver la ‘nobleza’ y la ‘calidad’ urbana a ciertas áreas emblemáticas. Este proceso urbano de recuperación sectorial, clasista y de expulsión del ‘otro’ no es un hecho aislado, sino que se ha utilizado como método en más de una ciudad para su ‘recuperación’ (Capdevielle, Ceconato y Mandrini, 2013: 61).

La gentrificación prioriza el valor del suelo por encima del bienestar humano (Yúdice, 2008), incrementa la segregación urbana al despojar de la renta del suelo a quienes son sus poseedores tradicionales y expulsa a la población más vulnerable hacia las periferias, en tanto transforma el capital financiero en inmobiliario y garantiza a los inversores una amplia tasa de retorno (López-Morales, 2013). La gentrificación es resultado del ciclo de vida de las diferentes áreas urbanas que, a través del tiempo, pasan por una serie de fases –construcción, crecimiento, declive, revitalización o renovación–, las cuales bien pueden ser intervenidas por intereses particulares.

Es precisamente, dentro de ese ciclo de vida que se circunscribe el fenómeno de la gentrificación. El mismo tiene lugar en áreas urbanas en las que una desinversión previa en infraestructuras ha generado vecindarios cuya renovación puede resultar muy lucrativa (Checa-Artasu, 2011).

En otras palabras: durante períodos prolongados, de 20 y hasta 50 años, se desatiende sistemáticamente un sector estratégico de la ciudad –el carro de basura disminuye sus recorridos, y por último, no pasa; la policía reduce su presencia, y finalmente, no regresa; no se vuelven a realizar allí obras públicas de ninguna índole, entre otras muchas estrategias de desatención y desinversión–, y entonces, cuando el sector finalmente está físicamente deteriorado, y social y económicamente en ruinas, se habla de ‘dignificarlo’ mediante operaciones de renovación urbana. Un ciclo inducido, que se evidencia en algunos barrios del centro de Bogotá como el Cartucho y el Bronx, donde se logró la erradicación masiva de sus habitantes, y se le arrebataron de las manos los títulos de propiedad a los dueños legítimos de los predios –porque allí habían predios, y todos tenían dueño–, para entregarle al capital privado y a los especuladores ese suelo ‘liberado’ nuevo, o, en términos de Henri Lefebvre (1974), ese ‘espacio producido’ nuevo.

En Latinoamérica no es reciente el discurso de los especuladores que, estigmatizando las formas de vida de los sectores abandonados por el Estado, justifican la expulsión de sus habitantes con el fin de apropiarse del suelo urbano, como ya lo subrayaba Albuquerque en 1931: “de la promiscua vida en los cortiços nacen pandillas de pervertidos y delincuentes” (Albuquerque, 1931, citado por Outtes, 2002: 27). Este discurso se mantiene vigente, pero ahora, encriptado en el concepto de gentrificación. Un ejemplo de ello es Barcelona, donde los espacios públicos nuevos se pensaron para “dignificar el espacio, para contribuir a un proceso de gentrification que, durante mucho tiempo, se contempló explícitamente como la única posibilidad de ‘regeneración’ física y social de un barrio degradado en lo construido, conflictivo y estigmatizado en lo vivido” (Benach y Tello, 2004: 109). ‘Dignificación’ que tiene sus detractores. Algunos autores consideran que, tras sus formas elegantes, las grandes intervenciones urbanas en dicha ciudad ocultan “los desahucios masivos, la destrucción de barrios enteros que se han considerado ‘obsoletos’, el aumento de los niveles de miseria y de exclusión” (Delgado, 2007: 14).

En este contexto, el artículo busca identificar los impactos que genera el paradigma de renovación urbana heredado de la modernidad que utiliza el instrumento de la expropiación, sobre uno de los componentes medulares que, desde nuestro enfoque teórico, integra la ciudad contemporánea: el componente inmaterial. En otras palabras, los habitantes de las ciudades y sus formas de vida. Para lograrlo, se analiza un caso específico de renovación urbana en Bogotá: el Proyecto Ministerios en el centro de la ciudad.

Con base en una primera revisión de la literatura especializada, se evidenciaron dos tipos de documentos vinculados al objeto de estudio: artículos científicos y documentos oficiales. Se dio prioridad a los documentos que, en el campo de la renovación urbana, estudian el sistema de expropiación o el fenómeno de la gentrificación. En segundo lugar se realizaron una serie de visitas al área de estudio: los polígonos destinados al Proyecto Ministerios en el centro de Bogotá (véase Gráfica 1), y se hizo un seguimiento a las audiencias públicas organizadas por la comunidad y a las diferentes expresiones en contra de esta iniciativa. Paralelamente, se estudiaron las Resoluciones expedidas por la Empresa Nacional de Renovación Urbana para este proyecto. Para finalizar, se establecieron las tres dimensiones de la sustentabilidad determinadas por la Comisión Brundtland en 1987 –social, económica y ambiental– como referente teórico para el análisis y la interpretación de los resultados.

En 1987 la Comisión Brundtland estableció las tres dimensiones de la sustentabilidad: social, económica y ambiental. Las dos primeras son, indudablemente, inmateriales. La tercera, que abarca los ambientes naturales y construidos, es la única realmente tangible y material. De manera que, según la Comisión Brundtland, una ciudad que aspire a alcanzar la meta de la sustentabilidad debe tener en cuenta los elementos inmateriales y materiales que la conforman. Pero las operaciones de renovación urbana sólo atienden el mejoramiento físico de las áreas intervenidas, desconociendo y vulnerando severamente sus componentes intangibles. Esto sucede porque operan a partir del paradigma establecido por Haussmann hace más de 150 años, el cual, desde el enfoque contemporáneo de la sustentabilidad, no solo es inadecuado, sino que está obsoleto, porque genera múltiples efectos negativos en el plano inmaterial, dentro de los que se destacan: i) la corrupción urbana; ii) la exclusión espacial; y iii) la ruptura del tejido sociocultural.

Debido a que movilizan capitales financieros enormes, las operaciones grandes de renovación urbana están íntimamente ligadas a las prácticas oscuras de la corrupción. En consecuencia, impulsan el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y contratistas carentes de ética, mientras erosionan las finanzas públicas, lo que vulnera la sustentabilidad económica de las ciudades. La literatura revisada da cuenta de lo anterior: “la contratación pública y las operaciones urbanísticas son los sectores en los que se dan mayores niveles de corrupción y en donde se corre el riesgo de que este tipo de prácticas se enquiste” (Serrano, 2013: 27). “Hace ya algunos años que se viene percibiendo con claridad en nuestro país [España] un importante problema de corrupción política asociado a la actividad urbanística” (Jiménez, 2008: 263). El fenómeno de la corrupción urbanística “ha sido una práctica recurrente en la historia reciente de España. Sin embargo, no ha sido hasta este último lustro que el fenómeno ha pasado a considerarse de notoria gravedad desde instancias sociales, políticas y administrativas” (Díez y Gómez, 2008: 41).

Pero las operaciones de renovación urbana, al menos en Bogotá, tampoco benefician las infraestructuras físicas, ni a la ciudad en su conjunto, pues sufren, como otras grandes intervenciones urbanas, de la inconsistencia que les confiere la corrupción. Así, además de desangrar el erario público i) quedan mal hechas o inconclusas, como los corredores de Transmilenio en la capital, cuyas lozas de concreto –sobre las que ruedan los articulados– se rompen continuamente y es necesario rehacerlas continuamente, en detrimento económico de la ciudad y en favor del contratista. ii) No se ejecutan o quedan inconclusas porque los contratistas se apropian de los recursos, como sucedió con los proyectos del llamado ‘carrusel de la contratación’,3 que generaron un menoscabo patrimonial a la ciudad mayor a 500 millones de dólares, y mantienen privados de la libertad y en proceso penal a un alcalde, a varios parlamentarios y concejales, y a los contratistas involucrados. iii) Las pocas que se inauguran son cuestionadas por sus efectos negativos, pues no tienen en cuenta los aspectos inmateriales de las áreas intervenidas, es decir: los seres humanos y sus relaciones socioeconómicas y culturales. Según Gutiérrez Rocha las obras sólo son medios para “favorecer intereses de poderosos grupos económicos organizados a conveniencia y asociados con factores de poder político, en perjuicio de otros sectores de la población” (Gutiérrez Rocha, 2014: 79).

intervenidas, al contrario, los somete a la exclusión espacial a través del reasentamiento involuntario o la expropiación forzada, secuestrando así su derecho

La renovación urbana no genera beneficios a los moradores de las áreas intervenidas, al contrario, los somete a la exclusión espacial a través del reasentamiento involuntario o la expropiación forzada, secuestrando así su derecho legítimo a la propiedad privada, abocándolos al desarraigo de su entorno vital tradicional y al empobrecimiento económico.

Los proyectos de renovación urbana, pretendiendo no sólo generar suelo urbano para vivienda de interés prioritario e interés social, sino reducir la pobreza, terminan interviniendo el espacio, pero manteniendo y, aun profundizando las condiciones de pobreza e infelicidad de las comunidades humanas afectadas (Cantor y Cutiva, 2012: 1).

Estos proyectos se ajustan a un modelo basado en la obtención de plusvalías que se logra en dos pasos: i) la expropiación o el pago de indemnizaciones irrisorias a dueños y poseedores del suelo intervenido para expulsarlos; y ii) la especulación inmobiliaria a partir de ese suelo obtenido por la fuerza –de la Ley. Dicho paradigma de intervención beneficia a empresarios privados, es decir, a contratistas e inversionistas de los mega-contratos que surgen con prontitud en el espacio producido por esos medios, y además, políticos corruptos que cobran tarifas elevadas para adjudicar los contratos.

Entre tanto, a los moradores de las áreas ‘renovadas’ les sucede lo contrario. Desde el punto de vista económico se producen dos efectos graves: i) la pérdida del patrimonio económico materializado en el inmueble, pues deben venderlo bajo las condiciones estrictas y paupérrimas que establece el Estado, o se les expropia; y ii) el cierre de comercios consolidados junto con pequeñas y medianas industrias (PYMES y empresas familiares), lo que afecta a los propietarios –que acreditaron sus negocios o industrias en un lapso prolongado– y a las cadenas productivas que sus actividades han elaborado, dinamizado, y refinado a lo largo de los años. Así, se genera empobrecimiento, inestabilidad económica y desempleo no solo para las familias reasentadas involuntariamente, sino además, para las innumerables personas vinculadas a las cadenas productivas que operaban en el territorio intervenido, y que, por efecto de la renovación urbana, desaparecen.

La exclusión espacial derivada del modelo de renovación urbana de la modernidad, que se caracteriza por rehabilitar el contenedor y expulsar el contenido, arruina las relaciones sociales y económicas consolidadas a lo largo de años, décadas o siglos, aniquilando dos de las tres dimensiones de la sustentabilidad. En cuanto a la tercera, la ambiental, las comunidades desplazadas la pierden porque son despojadas de sus bienes inmuebles, y con ellos, de sus fuentes tradicionales de sustento, abocándolos a la caída del ingreso real, al desempleo, al empobrecimiento, e incluso, a la miseria.

Las operaciones de renovación urbana convencionales generan en el plano sociocultural la desvinculación social que rompe la estructura comunitaria, rasgan la trama relacional tejida a lo largo del tiempo, deshacen los sistemas de apoyo social que las comunidades mantienen entre sí, destruyen la apropiación social del ambiente natural y construido que garantiza la seguridad y la conservación de cada rincón del territorio, dislocan y fragmentan la cultura y las micro-culturas locales, disuelven la identidad del grupo que es fundamental para la cohesión social, estimulan la pérdida de confianza entre los vecinos, destruyen los códigos sociales y comunitarios, acaban con el anclaje social estructurado en el lugar de residencia, y desconfiguran el marco vital en el que se desenvolvían las comunidades. Este tipo de operaciones de renovación urbana, que sólo atienden lo material, es decir, los entramados arquitectónicos y urbanos, socavan innumerables componentes intangibles de las ciudades como las culturas locales, la microeconomía, el modo de hacer de las comunidades, los eventos y rituales, el sentido de pertenecía y el arraigo, en otras palabras: todo aquello que aporta sustentabilidad socioeconómica a las ciudades.

Para evitar el sinnúmero de efectos negativos arriba mencionados, el Banco Mundial, que dista de ser un organismo de tipo social o humanitario, tiene una política clara al respecto. Una salvaguarda que busca proteger a los seres humanos afectados por las intervenciones urbanas, la cual establece que: “en la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto” (Banco Mundial, 2001: 1). Pero, actualmente, los promotores de los proyectos de renovación urbana no tienen en cuenta esta salvaguarda aunque acuden a la banca multilateral en busca de financiación y la única opción que ofrecen a los moradores de las áreas a intervenir es expulsarlos de su territorio. Rara vez se contempla involucrarlos, o hacerlos partícipes y beneficiarios del proyecto, lo que evidentemente debilita la sustentabilidad social y económica de la ciudad.

Cabe subrayar que el discurso oficial actual, al menos en Colombia, habla de respaldar y fortalecer los emprendimientos y las PYMES, es decir, a las personas y sus iniciativas productivas, pero, en la práctica, las operaciones de renovación urbana promovidas por el Estado, como se verá a continuación, erradican y destruyen PYMES y emprendimientos acreditados, consolidados y rentables, pues los expulsan de los territorios donde funcionan por tradición.

La Empresa Nacional de Renovación Urbana, pese a los problemas de corrupción asociados a las grandes obras urbanas de años recientes en Bogotá como el mencionado ‘carrusel de la contratación’, está decidida a llevar a cabo un proyecto urbano que, por su dimensión y alcances, no tiene precedente en la ciudad. Se trata del traslado de la sede de los ministerios, actualmente localizada en el Centro Administrativo Nacional, CAN, a un sector ubicado en el centro histórico de la ciudad. Esta iniciativa se ha segmentado a nivel técnico en dos proyectos: el Proyecto CAN y el Proyecto Ministerios. Los dos están a cargo de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas.

El Proyecto Ministerios se ubica entre la carrera 4 y la carrera 10, y entre la calle 6A y la calle 11, en la localidad de La Candelaria, en pleno centro histórico de Bogotá, junto a la Plaza de Bolívar, el Capitolio Nacional (sede del parlamento), el Palacio de Nariño (sede de la Presidencia de la República), el Palacio Liévano (sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá) y el Palacio de Justicia (sede de las Altas Cortes), además de varios ministerios (Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Cultura). Este sector se puede considerar el centro simbólico, político, jurídico y administrativo del país. Para la ejecución del proyecto serán intervenidos tres polígonos (véase Gráfica 1): dos de ellos consolidados, y el tercero, baldío.

Gráfica 1

Proyecto Ministerios: polígonos a intervenir y valores de referencia

La ciudad es el fenómeno más complejo de la contemporaneidad, porque en ella convergen múltiples y diversas actividades humanas. La ciudad no se limita a los entramados físicos, es decir, a lo urbano y lo arquitectónico como se evidenció a lo largo del artículo, por el contrario, la ciudad es ‘eso’ que surge y se desarrolla sobre tales soportes físicos. La ciudad contemporánea está “sustentada principalmente en los valores de su cultura, en su potencial humano y en su capacidad para proyectarse, todo lo cual es de naturaleza inmaterial” (Tinoco y Soler, 2011: 219). En consecuencia, urge la necesidad de redefinir el concepto de renovación urbana para que surja un paradigma nuevo que atienda de manera genuina las tres dimensiones de la sustentabilidad: social, económica y ambiental. Asimismo, las operaciones de renovación urbana contemporáneas deben reinventarse de manera que sus metodologías e instrumentos trabajen para renovar tanto los elementos materiales, como los inmateriales de las áreas intervenidas, puesto que al hacerlo contribuirán a consolidar ciudades verdaderamente sustentables.