Este artículo analiza la coyuntura del COVID-19 en México, a partir de la noción de régimen socioeconómico que la Escuela de la Regulación Francesa (ERF) deriva de la relación salarial, en su acepción ampliada que incluye la salud de la población, asumiendo la variante de capitalismo en México nombrada como sub-contratación internacional (Bizberg, 2019).

El espacio económico organizado desde la década de 1990, siguiendo las medidas del Consenso de Washington, ha propiciado que el consumo de la población sea guiado por las ganancias realizadas en presencia de apertura comercial, donde la contención salarial es la principal condición de inserción en la competencia del mercado mundial. Además de la fuerte dependencia generada con el mercado exterior, en particular con Estados Unidos, esa variante ha desembocado en cambios en el patrón de consumo alimentario de la población, asociados al incremento de comorbilidades, visibles en la explicación de la mortalidad y letalidad del COVID-19.

La infección causada por el SARS-CoV-2 es un problema de salud pública de nivel mundial, que ha puesto a prueba los sistemas de salud, ya que la neumonía debida al coronavirus es altamente contagiosa y, en general, existe una falta de inmunidad de la población. Por supuesto, también ha colapsado el funcionamiento de la economía mundial y sobrecargado la intervención gubernamental, que debe controlar el contagio, a la vez que minimizar la fluctuación de variables económicas.

Aunque en el siglo pasado, el mundo experimentó tres pandemias importantes y en lo que va de este siglo llevamos dos (la primera, en 2009, manifiesta en México con un saldo de 17 500 muertos (Wu et al., 2017), este artículo no analiza la pandemia en perspectiva comparada. Más bien, la reflexión se sitúa en la dimensión temporal, acotada al espacio nacional de México, figurando el COVID-19 como una coyuntura que reúne las tres fases del tiempo: pasado, presente y futuro; la visión simultánea del tiempo braudeliana (Santamaría y Bailey, 1984).

Es así como analizar los efectos de la propagación de la pandemia tomando el régimen socioeconómico y la variedad de capitalismo como estructura muestra la influencia del pasado en el presente; y escudriñar las acciones desplegadas durante la coyuntura por los actores, proyecta -no de manera definitiva- el curso futuro de la reproducción social, ya que hace falta incorporar las acciones del campo popular.

La hipótesis del artículo es que la coyuntura proyecta la necesidad de un cambio hacia la protección igualitaria de las condiciones de reproducción social, pero las acciones localizadas en el nivel macro y mesoeconómico de los actores sociales (empresarios y Gobierno) bloquean tal transición, lo cual, al estudiar el proceso de política económica en la coyuntura, revela el desplazamiento de la soberanía popular por la judicialización, convertida en fuente privilegiada de construcción del espacio económico.

El artículo está integrado por tres secciones. En la primera, se exponen los elementos centrales de la estructura socioeconómica sobre la que es recibida la propagación del virus en México. En la segunda, se presentan algunos de los efectos de la pandemia en indicadores básicos epidemiológicos y, sobre todo, se analiza de manera relacional la política económica, donde las acciones anticipan un curso futuro. En la tercera, se comparten las reflexiones finales.

El científico social Karl Polanyi (2017) fundamentó la conversión institucional de la tierra, la moneda y el trabajo en mercancías ficticias, como la raíz de la coordinación de la sociedad basada en el mercado. Esta instancia, donde el intercambio se realiza con el objetivo de generar ganancias y el dinero resulta aceptado para todos los usos (Théret, 2006), sustituye otros criterios de regulación social practicados por el hombre, como la reciprocidad y la redistribución, presentes antes de la consolidación del capitalismo, en el siglo XIX.

En la primera mitad del siglo XX, aquellos criterios desplazados se convirtieron en la guía del doble movimiento, en su acepción progresista, cuando la acción colectiva de las mayorías fue plasmada en derechos sociales que dieron origen a la organización de un estado de bienestar. El alcance de ese estado de bienestar resulta diverso entre los países, a causa de las distintas articulaciones entre actores sociales (empresarios, trabajadores y Gobierno) y por los términos de inserción en el mercado mundial de cada entidad política nacional. Esto determina la gradación de la ciudadanía social que Barba (2019) considera reflejo de la distribución del poder en cada sociedad.

La corriente de pensamiento económico ERF identifica el contenido y alcance de la relación salarial como un criterio nodal de la historia del régimen de acumulación, y de la forma institucional. También es una categoría que permite descubrir la variedad empírica, cuando el análisis es realizado y pensado en perspectiva comparada.

En el primer aspecto, descubrir que la relación salarial ocupa la cima de la jerarquía del funcionamiento de la economía y del orden social, define la etapa for-dista-keynesiana del capitalismo; mientras su desplazamiento por la competencia del mercado mundial, ocurrido desde la década de 1980 marcó la nueva etapa pos-fordista-neoliberal (Petit, 2006).

En el segundo aspecto, la relación salarial, entendida más allá del salario percibido durante el intercambio en el mercado laboral, conduce al estudio de las condiciones laborales, la cobertura de protección social, incluyendo los términos de acceso a la salud, y de su financiamiento, así como la posición sobre el desempleo ante el efecto adverso que genera el ciclo regular del mercado capitalista. Este ámbito delinea el régimen socioeconómico (Bizberg, 2019; Giraldo, 2018).

En el caso mexicano, ese régimen ha resultado limitado. En la etapa fordista-key-nesiana, también conocida como etapa de sustitución de importaciones, a pesar del sostenido crecimiento económico registrado, los derechos sociales fueron reconocidos sujetos a la pertenencia a una entidad corporativa y un sector estratégico. De ese modo, se configuró un régimen de bienestar dual y excluyente, porque una parte de la población trabajadora no fue partícipe de la protección (Valencia, 2019).

Ambas características persisten. En la etapa posfordista-neoliberal, donde seis de cada diez personas clasificadas en la población económicamente activa pertenecen al sector informal (Bizberg, 2019), los diferentes programas sociales diseñados por los gobiernos desde 2006 para integrar a esa población, lo hacen como sujeto beneficiario y no como derechohabiente (Valencia, 2019).

El significado de beneficiario produce la persistencia del carácter dual del régimen de bienestar, mientras reproduce la desigualdad social, agudizada en las últimas décadas, porque, a diferencia de la época de sustitución de importaciones, la economía mexicana durante la actual etapa se encuentra en condición de estancamiento crónico (Nadal, 2020).

En aquellos espacios nacionales donde rige un régimen de bienestar no-liberal, la desigualdad es pensada y tratada ex post al mercado, diseñando una política fiscal progresista que contribuye a realizar lo que Théret (2006) llamó la deuda social. En México, al igual que el resto de Latinoamérica, ese canal resulta limitado, por lo que acumula una deuda de justicia social, reflejada en el gasto público en salud que, según Bizberg (2019), a 2014, apenas alcanzó el 2,5 % como proporción del PIB.

Ese resultado, compatible con el objetivo de austeridad fiscal y represión institucional de la emisión de moneda estatal, componentes de la dimensión macroeconómica del neoliberalismo, junto con la libre movilidad de capitales y comercio, desde la década de 1980 entregan la conducción de la macroeconomía al sector privado, inmerso en el mercado mundial bajo las condiciones de un tratado comercial firmado con los países del Norte (Estados Unidos y Canadá), que ha desembocado en el crecimiento de las exportaciones no petroleras que representan casi 40 <% como proporción del PIB (Nadal, 2020).

Ese crecimiento de las ventas al exterior se encuentra asentado en una estructura productiva fragmentada en su vinculación al mercado mundial, sin encadenamientos con proveedores locales y regionales del espacio nacional (Bizberg, 2019). En ese sentido, México, considerado un país de ingreso medio y en desarrollo, participa en la cadena de valor mundial bajo la gobernanza de tipo cautivo, que inhabilita la política económica nacional, reforzando el déficit del saldo comercial (Chena y Noguera, 2020).

Vista en la tipología de variedades de capitalismo elaborada por Bizberg (2019) para la región latinoamericana, donde el capitalismo mexicano se reproduce en términos de subcontratación internacional¹, la ventaja competitiva reposa en minimizar costos laborales y costos de protección social. De ahí que, de acuerdo con los datos proporcionados por Bizberg (2019), el crecimiento del salario mínimo mexicano durante el periodo 2000-2015 fuera el más bajo de la región latinoamericana, lo cual aumenta la brecha con respecto al salario promedio.

Este resultado en el marco de regímenes de crecimiento denota que el consumo de los mexicanos está guiado por las ganancias, no por los salarios. En ese régimen, la desigualdad del ingreso y la riqueza se presupone como acelerador del crecimiento, aunque a nivel mundial conlleva la falacia de composición, ya que si todos los países participan de esa iniciativa, el resultado es la contracción de la demanda agregada global (Stockhammer, 2011).

Un aspecto relevante del consumo guiado por las ganancias, realizadas en ese incesante flujo comercial transfronterizo, ha sido el crecimiento de la importación del principal producto de la dieta alimentaria (e identidad histórica) de los hogares mexicanos: el maíz. Además de implicar la pérdida de soberanía alimentaria y las consecuencias negativas sobre las variedades nativas de maíz y las ambientales (González et al., 2017), es una fuente de migración laboral que Otero (2011) interpreta como pérdida de soberanía laboral.

En la dimensión global, la forma de organización posfordista-neoliberal de la rama agropecuaria, es señalada como responsable del ascenso de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, enfermedades no transmisibles, consideradas hoy la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Touzard, 2019). En el caso mexicano, Santos (2019) plantea que la vulnerabilidad en la salud de la población se debe, en cierta medida, al cambio del patrón alimentario suscitado por la apertura comercial en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los resultados de las diferentes Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) registran un incremento del sobrepeso y la obesidad tanto en hombres como en mujeres, a lo largo de aproximadamente dos décadas (Figura 1). La obesidad se asocia con otros padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad isquémica del corazón y otras cardiopatías, que representan algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad de los mexicanos (Rivera et al., 2018).

Figura 1 * Incluye mujeres de 20-49 años.

Los resultados de la Ensanut realizada en 2012 y 2018 muestran que, del conjunto de la población de al menos 20 años, la prevalencia de diabetes mellitus por diagnóstico médico previo se incrementó de 9,7 % a 11,4 % en mujeres; y de 8,6 % a 9,1 % en hombres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi, 2018). Las prevalencias son mayores conforme la edad se incrementa: entre los adultos de 50-59 años fue 19,4 % en mujeres y 19,1 % en hombres; y en el grupo con 60-69 años, la prevalencia fue de 26,3 % y 24,1 %, respectivamente (Rojas et al., 2012).

El reporte de hipertensión arterial por diagnóstico médico también se incrementó en 2012-2018: pasó de 16,6 % a 18,4 %. Además, la toma de presión al momento de la encuesta muestra el hallazgo de que aproximadamente el 10 % más tenía la presión alta, por lo que existe una brecha entre ser diagnosticado y tener la enfermedad (Rojas et al., 2012)

La norma neoliberal que perfila en muchos países del mundo la configuración del régimen socioeconómico ataja el problema de las comorbilidades, invocando la racionalidad individual. Por un lado, promueve la cobertura privada (compra de seguros privados) ante el cuadro de aparición de enfermedades, algunas de las cuales generan gastos calificados como catastróficos. En los países avanzados, este fenómeno comporta un incremento y, sin duda, es un eje representativo de la ampliación del circuito de la financiarización (Fasianos et al., 2016).

Por otro lado, aquella norma también se caracteriza por diseñar políticas públicas inspiradas en el paternalismo libertario o blando (Thaler y Sunstein, 2003), que busca alterar las preferencias de los consumidores proporcionando información de las consecuencias de consumir ciertos bienes, sin eliminar su oferta por decreto gubernamental.

En México, esta medida, conocida de manera coloquial como "etiquetado", es complementada en algunos casos con la aplicación de impuestos a las empresas oferente de algunos de los bienes clasificados como nocivos. Ello hace coexistir la tradicional política pigouviana con la de corte paternalista libertaria.

Boyer (2015) plantea que esa clase de intervención identifica las enfermedades como un choque exógeno que ocurre en una economía que se presupone en equilibrio general, constituida por agentes racionales. En esos términos, el crecimiento de las enfermedades busca controlarse con el objetivo de minimizar las erogaciones del Gobierno.

Esa ruta de política pública produce la interiorización de la idea que los resultados en sociedad se deben de manera exclusiva a la elección individual. Es la gubernamentalidad neoliberal que promueve dicha racionalidad para gobernantes y gobernados en la búsqueda de constituir un nuevo sujeto social reducido a lo económico que borra la idea de bien común (Foucault, 2007).

Esa postura, convertida en la guía para la transición de los países del ex bloque socialista hacia el capitalismo, devino en un incremento sin precedente de la tasa de mortalidad de esos países (Stuckler y Basu, 2013). Ahora, la vinculación de la mortalidad en el capitalismo destaca la correlación encontrada para varios países, entre la fase expansiva del ciclo económico y el aumento de enfermedades crónicas degenerativas, a pesar del incremento promedio de la esperanza de vida de la población (Tapia-Granados, 2011).

Este planteamiento resulta convergente con la postura que señala que, en el origen de las pandemias, se encuentran los estilos de vida y del mercado que deterioran los ciclos de los ecosistemas, lo cual agrava los riesgos de enfermedades zoonóticas, dentro de las que se encuentra el COVID-19 (Everard et al., 2020). Así también, la importancia del proceso de urbanización en ciertas condiciones socioecológicas detonan enfermedades transmisibles (Wu et al., 2017).

La teoría de ecosistemas explica dicha interrelación, a partir del estudio del ordenamiento jerárquico de los subsistemas. Si la cima de esa jerarquía es ocupada por un subsistema uniforme que subordina a los subsistemas más diversos, esto es el mercado financiero sobre los sistemas vivos y biológicos, el sistema global se reproduce de manera inestable y crean crisis en el mercado y en los ecosistemas (Dron, 2015).

Sin embargo, las instituciones hegemónicas en la configuración del campo económico, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tratan las fluctuaciones provocadas por la pandemia como un choque exógeno (Gopinath, 2020). Además, si bien en el Banco Mundial, algunos promueven un análisis sistémico de la economía, reconociendo su carácter abierto, el trazo derivado es la resiliencia al estrés provocado por la pandemia y el cambio climático (Ramos y Hynes, 2020). En otras palabras, se ex culpa a la organización del campo económico de efectos en otros órdenes.

Si se adopta el ordenamiento jerárquico entre subsistemas, ello lleva a proponer reformas de transición socioeconómica y ecológica, donde la igualdad social es el principal valor de la política económica, desplazando la libertad del mercado como faro de la regulación de la sociedad, anteponiendo en la construcción del desarrollo lo que Boyer (2015) llama visión antropogénica.

En los términos de Polanyi (2017), significa la realización del doble movimiento en su acepción progresista, incluyendo como parte de la protección de la sociedad, nuevas formas de vinculación con los ecosistemas, sin olvidar que en Latinoamérica la reproducción del orden doméstico de las mayorías se realiza sin protección social, y el trabajo ejecutado en ese circuito no está reconocido, lo que resulta en un intercambio desigual que profundiza la desigualdad económica (Giraldo, 2018).

En México, el COVID-19 se propagó en una estructura donde el régimen socioeconómico es dual y excluyente; una economía en estancamiento crónico y expuesta de manera significativa al exterior en términos de subcontratación internacional, sin dejar de mencionar que en el orden de la política y el campo social, profusa ha sido la propaganda sobre la llegada en 2018 al poder legislativo y ejecutivo de un partido y gobernante que generan la expectativa de un cambio histórico a favor de la condición de vida de las mayorías.

El estudio de la coyuntura que presenta de manera simultánea los tres momentos del tiempo, sobre todo, para visualizar si se construye una política económica dirigida por un doble movimiento direccionado hacia un régimen socioeconómico de protección a la sociedad, donde la redistribución y la igualdad social sean el criterio privilegiado, urgente en el caso mexicano porque la estructura socioeconómica construida en el pasado; y que la pandemia en la economía-demografía ha mostrado su vulnerabilidad, resulta que las acciones del actual gobierno y grupos empresariales en las dimensiones macro y meso bloquean la transición³.

Además, la postura de un partido y jefe de Estado votados de manera masiva, ha sido negar la construcción del espacio económico vía el poder constituyente, vía la soberanía popular, dejando a los jueces como el actor que define los términos de construcción del campo económico.

Si el accionar del campo popular aparece, no tratado aquí, nos recuerda la diferencia entre el derecho y la justicia, expresión que meses previos a la aparición del surgimiento del COVID-19, marcaba el tiempo de gran parte de Latinoamérica.