Una mirada al contexto histórico

El movimiento estudiantil que combatió la dictadura y se instaló a comienzos de la década de los sesenta contó con formas organizadas que tuvieron destacado papel en el activismo que inspiró la Revolución cubana y las luchas democráticas en América Latina que contribuyeron a derrocar otras cuantas dictaduras. Organizaciones estudiantiles como la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, conformada en 1958, unificaron las consignas por la democratización del país y de la enseñanza, asociaron la lucha por la autonomía universitaria al fortalecimiento de la educación pública, su proyección nacional y su incidencia en la construcción del país posdictadura. La juventud estudiantil de los primeros años del Frente Nacional recogía una esperanza de cambio en la sociedad que hiciera posible la terminación de la violencia y la creación de un amplio espacio democrático de libertades y de reformas al servicio de la nación.

Gozaban de especial reconocimiento en América Latina las importantes actuaciones del estudiantado en los procesos de cambio democrático tras la coyuntura de dictaduras militares anticomunistas apoyadas por Washington en la cruda época inaugural de la “ Guerra Fría”. En Cuba, Venezuela, Argentina o Colombia se advertían aires de renovación liderados por movimientos en los que el estudiantado cumplía un papel destacado. En el caso de Cuba, se revelaba una nueva realidad que cuestionaba de fondo las relaciones del imperio con la antidemocracia y mostraba la Revolución como un triunfo de la juventud. Años más tarde, en 1966, el senador Robert Kennedy subrayará en su celebre informe ante el Congreso de su país: Fidel Castro no es el primero ni será el último líder revolucionario que saldrá de las universidades.

El Frente Nacional y la crisis de un proyecto neocolonialista

Un punto importante de este devenir es el surgimiento de la FUN en 1963. La Ley 65 de 1963 le dio base legal a la Asamblea Estudiantil de la Universidad Nacional y al Consejo Superior Estudiantil, entes de amplia audiencia en la conformación de la FUN. Hay que denotar el énfasis en torno al fortalecimiento de la educación pública, la necesidad de una ley orgánica universitaria que consagrase la autonomía y el cogobierno, la garantía del soporte económico gubernamental y el importante papel que el estudiantado podría desempeñar en el desarrollo de esas trasformaciones. El mérito de la FUN fue impulsar la lucha estudiantil en defensa de universidad pública, el concepto de responsabilidad del Estado con esta como prioridad fundamental y el haber logrado la incorporación del movimiento estudiantil de las universidades privadas, medianas y pequeñas, al torrente de acciones y de luchas dirigidas a la democratización. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), la FUN fue blanco de la judicialización en el marco del estado de sitio, categorizada en los rangos del “enemigo interno” con la subsiguiente consecuencia de universidades públicas ocupadas militarmente, allanadas o clausuradas y los activistas perseguidos, procesados por la justicia penal militar o víctimas de crímenes políticos.

El gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) había desatado la “operación soberanía” a partir del Plan Laso (Latin American Security Operation) e iniciado una guerra contra el campesinado de manera explícita, con un despliegue de fuerza del Ejército Nacional bajo el pretexto de copar la vereda de Marquetalia en el municipio de Planadas, departamento del Tolima y enfrentar la amenaza de 48 campesinos organizados en un núcleo de autodefensa popular de resistencia; parte de los procesos de colonización de comunidades que habían resistido a los gobiernos conservadores de Mariano Ospina (1946-1950) y Laureano Gómez (1950-1953) entre el periodo llamado “La Violencia” y la dictadura militar (1953-1957) y a los nuevos fenómenos atribuibles a la política de contrainsurgencia agenciada por el Frente Nacional.

En el año 1964, la Operación Soberanía contra las perversamente llamadas “repúblicas independientes” no logró ser detenida, pese a las movilizaciones y la buena voluntad de distintos sectores de la opinión pública, entre ellos monseñor Germán Guzmán y el padre Camilo Torres Restrepo. La descomunal y asimétrica guerra desplegada contra el campesinado se unió a distintas expresiones de represión activa contra el estudiantado, es decir, la radicalización estudiantil asociada al decenio de los años sesenta no surgió espontáneamente ni por causas imputables únicamente a un malestar por razones gremialistas.

¿Cómo se explica ese tránsito en menos de una década de los “estudiantes héroes” al estudiantado como parte del “enemigo interno”? ¿Qué razones estructurales adicionales pudieron intervenir en el estallido social que se expresa en la protesta estudiantil de febrero de 1971? ¿De qué fuerzas sociales podría haber dependido o pudo depender el extraordinario vigor de las expresiones de movilización estudiantil en ese año?

El fracaso de la Alianza para el Progreso

Hay que decir que los años setenta muestran una situación bastante distinta en América Latina y en el papel de los Estados Unidos de cara al continente, en comparación con los sesenta. En la década anterior, la Declaración de Punta del Este¹ había oficializado los propósitos de la

Alianza para el Progreso con la promesa de inaugurar un nuevo trato hacia América Latina, a manera de una respuesta al reto que en el plano global representaba la Revolución cubana a escasas millas de Estados Unidos, luego del frustrado intento de invasión en Playa Girón. El asesinato de John F. Kennedy, la desidia del gobierno de Johnson y lo que se ha catalogado como el fracaso de la Alianza para el Progreso mostraban el avanzado proceso de crisis de ese proyecto de apariencia reformista.

En él se destacaban varias líneas de una visión integral dirigida a propiciar reformas en el continente para mejorar la imagen de los Estados Unidos, especialmente entre la intelectualidad y la juventud universitaria, al tiempo que avanzar ajustes en las relaciones agrarias con el fin de neutralizar las masas campesinas, potenciales soportes de conflictos de baja intensidad. En consecuencia, este tipo de reformismo asistido e impuesto combinaba medidas concebidas como modernización de relaciones sociales representativas del “atraso”, pensadas desde la orgánica del capitalismo imperialista estadounidense y estrictamente asociadas a compromisos con la “seguridad nacional” de dicha potencia.

La propuesta económica implicaba la apertura de cada país a la inversión privada estadounidense, la oferta de crédito del recién fundado Banco Interamericano de Desarrollo BID (1959) e implicaba que la ayuda estatal, en caso de haberla, estuviera dirigida a proyectos específicos y focalizados, algunos de carácter secreto, concebidos y agenciados desde Washington. El propósito declarado de superar la pobreza y contribuir a un crecimiento estable y sostenido sustentaba estrategias entre las cuales hay que destacar la de ajustes de modernización capitalista en las relaciones agrarias y en el campo educativo, especialmente en el ámbito universitario, con una perspectiva crítica de la universidad latinoamericana, considerada inviable para la nueva versión desarrollista.

En el plano político de fondo se trataba en esencia de fortalecer el denominado sistema democrático y enfrentar el comunismo sustrayendo, por medio de un reformismo condicionado, el interés transformador de capas sociales sensibles, entre ellas, el campesinado y el estudiantado universitario. El Cuerpo de Paz, creado en 1961, fue el vehículo usado para entrar en contacto con los sectores sociales, muy pronto denunciado en los medios universitarios de las ciencias sociales como instrumento del espionaje con propósitos muy distintos a los de la cooperación. Los casos de los planes Camelot en Chile y Simpático en Colombia conllevaron sendos escándalos y el aborto de los malintencionados proyectos.²

Es muy importante destacar los programas de control de la natalidad, el desarrollo de los métodos anticonceptivos, la planificación familiar como política internacional y condicionante de la ayuda a los países periféricos estimados como fuente de una explosión demográfica asociada al peligro comunista. Las preocupaciones demográficas, consideradas como un tema primordialmente biológico y orientadas a la planificación cuasi obligatoria como remedio para superar la pobreza, conformó parte sustantiva del repertorio académico de las fundaciones Rockefeller y Ford, entre otras. El debate sobre la política demográfica del Frente Nacional, durante el mandato de Lleras Restrepo, incorporó posiciones críticas desde la izquierda política y social, pero también desde la extrema derecha católica.

El aterrizaje de la propuesta agraria contemplaba dos rumbos complementarios: el papel del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora (1961), creado en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y la implementación de la Política de Acción Cívico-Militar, confiada a las Fuerzas Militares y destinada a cambiar la imagen de los militares entre el campesinado y conseguir colaboradores e informantes para las tareas de contrainsurgencia. El primero tuvo como esencia el mercadeo de tierras y parcelaciones con facilidades de pago, planes de infraestructura y asistencia técnica. El segundo, la Acción Cívico Militar, se puso en marcha en Colombia como un aspecto complementario de la modernización agraria, con la idea de que el papel del ejército en la preservación de cierto orden (las “instituciones libres” o enemigas del comunismo) era esencial para el crecimiento económico. La Misión Yarborough de 1962 inspira las normas legales y los lineamientos para la contención del “enemigo interno” que orientan la Operación Soberanía de 1964 y el denominado Plan Laso.

La Universidad y la contrainsurgencia

Simultáneamente, este condicionamiento represivo complementó las propuestas de inspiración tecnocrática de la reforma Patiño en la Universidad Nacional, de 1965, consecutiva al debate que suscitó el denominado Informe de Rudolf Atcon³ y los delineamientos de lo que se iría configurando en la política del Estado: el Plan Básico para la Educación Superior. En términos generales, el Informe Atcon (1963) como enfoque teórico y el Plan Básico como estrategia de reformas con facilitación del endeudamiento con el BID, sustentaban el horizonte reformista en conceptos bien definidos desde el punto de vista de la política de la Alianza para el Progreso.

Desde un enfoque tecnocrático, la departamentalización, la diversificación de la oferta académica profesionalista, la fusión y redefinición de las facultades, los intentos por introducir los estudios generales, mostraban un empeño en replicar el modelo estadounidense de college. Fundaciones creadas según la figura de corporaciones sin ánimo de lucro, mediante las cuales grandes empresas capitalistas suelen canalizar recursos, minimizar impuestos e incidir en los modelos educativo, formativo y de posgrado, como la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo, y la Fundación para la Educación Superior (FES), o asociaciones académicas como la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, entre otras, colaboraron con fundaciones de Estados Unidos, por ejemplo Ford y Rockefeller, o universidades como Tulane, para introducir una superestructura de posgraduados colombianos y docentes estadounidenses, algunos de los cuales trabajaban para el Cuerpo de Paz. La nueva forma de organización universitaria favorecía nuevos mecanismos externos de control, sostenidos económicamente por el capital transnacional. El papel de las fundaciones era incidir en la organización curricular y en los contenidos educativos. En el caso de la recién creada Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, en 1969, el roce fue con la Ford. En cierta manera, el control superpuesto por la Fundación y su equipo intentaba copar, para sus proyectos de cooperación, el prestigio institucional de los estudios de sociología, sin contar con las expectativas, los enfoques y los proyectos alternativos madurados en colectivos estudiantiles y docentes alternativos. La alusión directa a las ciencias sociales evocó las argumentaciones críticas al fallido Proyecto Simpático de los años 1965 y 1966 (Hernández Romero, 2018).

Campos de intervención preferentes fueron también los estudios de medicina, particularmente inducidos por docentes colombianos egresados de las universidades de Tulane y Cornell, circunstancia asociada a la protesta estudiantil de febrero-marzo de 1970 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, resuelta justo en vísperas de las elecciones generales del 19 de abril, merced, entre otros factores, a la renuncia del Ministro de Educación, Octavio Arismendi Posada, acusado por los estudiantes como ejecutor de las medidas autoritarias del gobierno Lleras Restrepo en la última fase de su mandato y cuyo perfil confesional representaba un desgaste adicional a la imagen del régimen.

Estados Unidos, enfrascado en conflictos en varios continentes, incluidos los ensayos contrainsurgentes tempranos en América Latina, tuvo que volver la vista a los impactos interiores creados por el recrudecimiento de la guerra en Vietnam y el rechazo de los jóvenes estadounidenses a seguirse viendo involucrados en conflictos bélicos. La Alianza para el Progreso concluyó oficialmente en 1970, con un balance que resaltaba la primacía de las agencias gubernamentales vinculadas a la ayuda militar, en medio del recrudecimiento de la guerra en Vietnam, mientras que, en América Latina, los gobiernos de facto y el conflicto de baja intensidad (CBI), arreciaban como parte de la política de contención anticomunista. En un reflexivo informe a la Comisión del Senado, el senador Robert Kennedy señalaba las políticas agenciadas por Estados Unidos como responsables del descontento, de la respuesta antinorteamericana que había encontrado en su gira por América Latina en 1966 y del declive en que había caído la APP.

El movimiento estudiantil como movimiento real

Hace falta que la historiografía profundice en la secuencia de políticas, de normativas que modelaron las líneas de fuerza adoptadas en el marco del estado de sitio y de la lógica de guerra preventiva de los gobiernos del Frente Nacional, así como de las consecuencias que en el largo plazo condensaron las modalidades y efectos negativos de una guerra rural prolongada y de un sistema político enmarcado en un orden contrainsurgente.

Por lo común, se banalizan las consignas y discusiones de la izquierda estudiantil, se anotan como exageradas las expresiones críticas frente al sistema, se subestima la militarización de la conflictividad universitaria y su secuela de muertos, presos políticos, ocupaciones violentas de universidades por las Fuerzas Militares y la estigmatización de la educación pública con el argumento pueril de que en Colombia no había una dictadura militar, como en otros rincones del continente. En el desenvolvimiento de los momentos críticos de 1971, es decir, aquellos que marcan las definiciones hacia las salidas de avance, retroceso o estancamiento, si algo debe criticarse de los debates, en particular en los Encuentros Cuarto y Quinto, en mayo y junio, es el subjetivismo que interpretaba la coyuntura como una situación prerevolucionaria en el mismo momento en que el cierre de las universidades desmovilizaba al estudiantado.

Existen evidencias de que el debate de fondo no giraba exclusivamente en torno de las metáforas referenciales del trostkismo, el maoísmo o el comunismo, y que las discusiones de reforma o revolución, en realidad, se referían a las condiciones concretas de la conducción de un gran movimiento social en manos de jóvenes experimentadores de la práctica política, enfrentados a un Leviatán sin respuesta clara a una demanda multitudinaria de reforma universitaria. El gobierno de Misael Pastrana, con su ministro de educación Luis Carlos Galán, se vio obligado a tomar en serio las propuestas estudiantiles a partir del Tercer Encuentro de Palmira (13 y 14 de abril), que aprueba el Programa Mínimo en la fase de ascenso del movimiento, el cual es sustentado ante el Consejo Nacional de Rectores el 27 del mismo mes. Los decretos 580 y 581 del 16 de abril fueron instrumentos intimidatorios mediante el procedimiento expedito de “suspensión de las tareas docentes y académicas de los centros de Educación Superior y Media” (el 580), medida que se toma en primer lugar para la Universidad Nacional (con el 581). Ambos decretos son derogados el 1° de junio, pero el 25 del mismo mes el gobierno formula el 1259, conocido como el decreto de los “rectores policías”, porque autorizaba a los rectores para tomar discrecionalmente medidas disciplinarias y represivas, como decisión interna de cada universidad.

Los cierres, ocupaciones militares, las sanciones y expulsiones, la justicia penal militar, añadidos a los ceses de actividades, condujeron a la dispersión estudiantil. La consigna de reagrupamiento llevó a debates sobre las condiciones para reunir a los estudiantes retornando a las aulas. La ruptura del Sexto Encuentro, en Medellín, tuvo como eje la apreciación, subjetiva, según la cual el movimiento seguía en ascenso frente a la reflexión realista de reunir de nuevo las fuerzas, sin que ello significara obligatoriamente regreso simple a la “normalidad académica”. El gobierno derogaría días después los decretos 580 y 581, lo que fue leído correctamente como un logro del movimiento, para lanzar acto seguido el 1259. Frente a esta táctica en zigzag, el enfoque unilateral de acciones aisladas y radicales jugaba en favor de más represión con el estudiantado ausente. El movimiento real acogió de modo apreciable la propuesta de “buscar mecanismos concretos para el desarrollo en cada universidad combinando la programación académica con la actividad política del movimiento estudiantil (foros, asambleas, mítines, manifestaciones, paros definidos)” ("Ocupada de nuevo la UIS", 1971). En octubre fue promulgado el decreto 2070, llamado de cogobierno para la Universidad Nacional, y en febrero de 1972 el decreto 38, para la Universidad de Antioquia. Avance efímero, una vez más, ya que en mayo de este último año las normas que crearon los nuevos gobiernos universitarios serán derogadas y el flamante joven ministro de Educación, Galán, renunciaría e iría como Embajador a Italia.

Nacionalización y democratización de la Universidad, una aproximación marxista

El caso de la Universidad del Valle, caracterizado como caso típico, puede releerse hoy a la luz de las experiencias y de la pregunta ¿La universidad pública para quién? Si el fenómeno de los setenta señalaba un punto de inflexión del sistema capitalista en su versión imperialista de la segunda posguerra, en los umbrales del giro neoliberal, el empeño frustrado del partido demócrata de los Estados Unidos por intensificar su apropiación del continente latinoamericano y caribeño en respuesta al reto de la Revolución cubana conjugaba un complejo de intereses económicos, geopolíticos, militares y de incidencia cultural, en un contexto global bipolar, cuyo guion estratégico lo seguía demarcando la defensa de la civilización “occidental y cristiana” frente al comunismo. En Colombia, para febrero de 1971 el movimiento social vivía un auge crucial, el paro de maestros amplificaba los alcances de la inconformidad universitaria, mientras que se registraban 315 ocupaciones de haciendas por el campesinado organizado en la Anuc, con la consiguiente represión y la cancelación de la personería jurídica de dicha organización ("La tierra pertenece al pueblo", 1971).

El análisis que en medio del movimiento realizó el por entonces existente Centro de Investigaciones Marxista (CIM) de Cali (1971) merece tomarse en cuenta por la profundidad de sus enfoques acerca del desajuste estructural de la universidad pública en sus relaciones con la sociedad y el Estado, en cierta manera con sentido anticipatorio. En esencia, el análisis del CIM desnuda el proceso emprendido por los intereses de empresarios capitalistas del departamento del Valle, en asocio con intereses capitalistas de Estados Unidos, que bajo el cobijo de inversiones privadas, ayudas filantrópicas, empréstitos del BID y otras figuras se articularon en los modelos de copamiento y control de los cuerpos directivos universitarios, para hacerlos funcionales a un proyecto de dominación fuertemente impregnado de supremacismo neocolonialista. El idealismo utópico de los Kennedy bien pronto había sido contradicho por la resistencia societal en Latinoamérica y el Caribe, a la vez que reorientado por el realismo imperialista en su trato con los Estados latinoamericanos y sus instituciones.

La sutileza de encomendar a la FES la tarea de reorganizar, orientar, jerarquizar y establecer una superestructura cargada de poder económico y respaldo institucional, con la finalidad de crear un “producto” (un egresado) no solo inmerso en el mundo indiferenciado del mercado sino, además, armado de una metodología de pensar y hacer preformadas, era la ruta para condicionar un “intelectual orgánico” funcional al neocolonialismo. La experiencia del manejo de los llamados “fondos especiales” permitía crear la diferencia y tratarla en el espacio de la discrecionalidad y del secreto. El “producto” nunca tendría por qué saber cómo y en función de qué propósitos era manipulada su formación.

Un egresado ‘integrado’ o condicionado a los modelos desarrollistas se desarticula cada vez más del mercado promedio nacional, de las demanda reales y potenciales del país. Y el egresado “marginal” o tradicional, el que corresponde a los remanentes de la vieja academia, se encuentra también desadaptado a la postre, porque tiene que acoplarse a imposiciones del mercado preferencial que intercepta y frustra el desarrollo de los valores autóctonos nacionales. (CIM, 1971, p. 75)

El enfoque del CIM ayuda a entender que la privatización y desnacionalización de la universidad pública han ido de la mano, pero, además, que la primera no consiste solo en el alza del costo de matrículas para las familias y los educandos. La privatización es, en primera instancia, el control desde lo alto y el sometimiento a los intereses y propósitos exclusivos del empresariado, así como a la creación de nuevos canales de diferenciación y discriminación del “producto”, del egresado y la egresada, hoy sometidos a los embates del desempleo, de la precarización, del modelo público de las órdenes de prestación de servicios (OPS) y, en adición, probablemente a la esclavización al capital financiero a través del crédito de largo plazo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex).

La lógica mercantil, entendida como abandono de las obligaciones presupuestales del gobierno y su traslado a cargo de las familias de las capas medias (burguesía pequeña, mediana y alta) y a las y los estudiantestrabajadores, endeudados en el largo plazo por el pago de matrículas, es la nueva forma de la privatización. La tensión entre necesidades de renovación, expansión y proyectos de investigación—que se traducen en mayor expectativa de presupuesto—pone a prueba, de año en año, el significado de la autonomía universitaria establecida en la Constitución de 1991. Cincuenta años atrás, la fuerza del movimiento no fue suficiente para superar los obstáculos de la clase dominante a la democratización universitaria. Entonces, el hecho novedoso fue la capacidad de la movilización y de los encuentros para formular y sumar fuerzas en torno al Programa Mínimo. Una parte importante de los profesores había avanzado en la participación, en los debates y en la formación de su organización sindical, que agregaba una dimensión diferente a la actividad de las asociaciones profesorales preexistentes.⁴ Este acercamiento e identidad de visiones contribuyeron, con una nueva calidad, al enfoque de las luchas por la reforma universitaria, en primer lugar, a una ampliación del frente de fuerzas, movimientos y procesos, incluido el sector laboral vinculado a las universidades.

La consigna de democratización de la universidad adquirió un carácter de mayor integralidad al obligarse a mirar, simultáneamente, el rescate del carácter y la función del interés nacional frente al neocoloniaje. A su vez, la presión del movimiento por cambios en la dirección universitaria a partir de la fórmula clásica del cogobierno puso el énfasis en el retiro formal de los gremios (Andi, Fenalco, FES) y de la jerarquía de la Iglesia católica. El corazón mismo del aparato ideológico-académico, que determina la organización docente, investigativa y de extensión como también las formas de contratación de la fuerza laboral intelectual, sus libertades, sus derechos, sus estímulos, su formación continuada, más el mejoramiento de las condiciones materiales de la actividad intelectual, tecnológicas y de conectividad, vinculadas hoy, por ejemplo, a la necesaria definición sobre la presencialidad o virtualidad de las labores académicas en virtud de la pandemia, llama a preguntarse sobre los alcances de la democratización de los niveles de gobierno, consejos superiores, académicos y directivos; elección democrática directa de autoridades, tribunales de ética, equidad feminista y antipatriarcal. La simulación seudodemocrática de las consultas para designación de autoridades (rector/a, decanos/as), sin fuerza vinculante, constituye un ritual antipedagógico que solo se explica por la obsesión autoritaria del poder real extrauniversitario por mantener un muro de contención frente a la democratización universitaria. La mirada simplificadora del cogobierno como sola dirección administrativa quedó sellada en los cortos meses de la experiencia de los decretos 2070 de 23 de octubre de 1971 para la Universidad Nacional y 38 de 18 de febrero de 1972 para la Universidad de Antioquia.

En los estudios y comentarios recientes ha tomado cuerpo la comparación entre el movimiento de 1971 y el del 2011 que impulsó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y su aporte decisivo al echar atrás la creación de un modelo de universidad con ánimo de lucro.⁵ Asimismo, en 2018 fue importante el avance en la solución del déficit presupuestal acumulado de las universidades públicas desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, en una perspectiva de educación superior gratuita y de calidad. En el ensanchamiento de la base social que reclama cambios en correspondencia con una reforma democrática de la educación superior que fortalezca el sistema público, se reflejan los acumulados, las experiencias y los aprendizajes que hacen más eficaces las negociaciones con las estructuras gobernantes.

Desde la realidad actual

Es justo reivindicar el papel del movimiento estudiantil de 1971 en el rechazo a las formas desembozadas del intento, aparentemente ingenuo, de colonización académica e instrumentación de la universidad colombiana pública para un proyecto contrainsurgente inscrito en el mensaje de la Alianza para el Progreso. En su manifestación general, signada por el acuerdo sobre el Programa Mínimo, se evidencia un consenso construido a lo largo de traumáticos enfrentamientos con el Estado. El movimiento desarrolló las bases democráticas de un proyecto de reforma al gobierno de las universidades públicas y privadas que propone superar, por la vía de la democratización y la intervención directa de estudiantes y profesores en la orientación curricular con compromiso social y científico, el autoritarismo de la dirección vertical que imponen el mercado, los intereses del capital y los proyectos geopolíticos transnacionales. Todo esto guarda pertinencia como aproximación al análisis comparativo. Pero las condiciones actuales difieren, sensiblemente, de las premisas del último tercio del siglo XX. Aunque no tanto en el tratamiento de orden público que aún hoy sigue ejerciendo el sistema con la inconformidad juvenil, en la actualidad transpuesta a la más extensa necesidad de resolver los problemas de empleo, la violencia hacia los jóvenes y las opciones de futuro en una sociedad que clama por un horizonte igualitario e incluyente.

Podemos pensar hoy, desde las categorías de nacionalización y democratización, el rastro enriquecido del significado de las luchas estudiantiles dentro y contra el modelo de sociedad, de Estado y de universidad ofrecido por el Frente Nacional, en su doble condición de discutible o falsa transición a la democracia y de enajenación de la autonomía (independencia) nacional en cuanto al contenido del proyecto de República y de “democracia” limitada, posdictadura militar que cubrió al menos un lapso de trece años de los dieciséis pactados por los acuerdos bipartidistas de finales de los años cincuenta. Esta estructura histórica ordenó sus consecuencias para el tiempo largo en términos conservadores frente a la desigualdad social preexistente, la tendencia a la concentración del capital y la propiedad, el reformismo dosificado y condicionado a los intereses globalistas de una potencia mundial dominante y una reproducción de los patrones de la violencia contra un “enemigo interno” desvalido y agredido desde “la zona salvaje del poder” (Buck-Morss, citado en Espinosa, 2007).

En medio de sus diferencias, contradicciones y narrativas de dudosas ortodoxias, la izquierda estudiantil reprodujo en el nivel superestructural el descontento que fluía del inframundo social, golpeado por las políticas del FMI. Inconformidad especialmente de las capas medias empobrecidas, incluido el campesinado frustrado en sus expectativas de reforma agraria a cargo del Incora o sometido al fuego cruzado de los operativos militares en nuevas áreas rurales, en tanto espacios copados por las rebeldías armadas en ensayos de expansión. La democratización reclamada tiene un contenido social que se conecta con las exigencias de clase, obreras y agrarias, en gran medida ausentes del medio universitario pero invocadas simbólicamente en el discurso reivindicatorio de una mayor equidad y cobertura. La nacionalización podría leerse hoy desde una doble connotación: de la identidad antimperialista racional del discurso de izquierda, transpuesto a la indignación por la sospecha de la instrumentación y el espionaje, y de la imposición de los recursos económicos y las tecnologías del poder, que más que influir en qué y cómo se estudia, influyen en el cómo pensar e imaginar los procesos de producción del conocimiento. No ha sido ni es, como sugieren algunos enfoques, solo palabrería o patanería de tirapiedras, ha habido reflexión y exigencia de un desenvolvimiento intelectual y científico libre hacia un pensamiento propio.

Cuando intentamos mirar las repercusiones, enlaces y consecuencias del movimiento de 1971, en tanto componentes del movimiento real, correspondiente a una coyuntura histórica, debemos entender el cur-so sinuoso y a veces contradictorio de la práctica social colectiva, de su estrecha relación con la lucha de clases, sus roces y choques con el poder dominante. Así, por ejemplo, el reformismo agrario puesto en ejecución por el Incora había exacerbado en un alto grado la lucha campesina por la tierra, lo que se expresa no solo en las represalias sobre la Anuc y las tomas de haciendas, sino también en el acuerdo antireforma agraria de Chicoral, de 1972,⁶ considerado como un viraje regresivo, una traición del Estado al campesinado y una explícita concesión a los grandes terratenientes temerosos de más ocupaciones de tierras. Los grandes latifundistas no solo abrigaban temor frente a la “amenaza” a su propiedad privada, sino que seguían con atención los resultados de la estrategia de guerra preventiva, representada en la acción cívico-militar. Los movimientos guerrilleros Farc y ELN sufrieron la consecuencia del interés de los campesinos por resolver, a través del reformismo del Incora, sus graves necesidades de tierra, lo que se traducía en reticencia, desconfianza o desinterés de la base social campesina en sus relaciones con las insurgencias y su concomitancia con logros exitosos de la contrainsurgencia oficial.

La reforma universitaria y la búsqueda de una paz democrática

El Acuerdo Final de Paz entre el gobierno nacional y las Farc-EP del 24 de noviembre de 2016 es un hecho de especial relieve que ha contribuido a relacionar las reivindicaciones y cambios para la democratización de la vida nacional con la necesidad de superar largos años de cruenta guerra civil por medio del diálogo y los compromisos. Hoy, cincuenta años después, el problema de la tierra, punto 1 del Acuerdo de Paz, sigue congelado, sin resolverse. El no cumplimiento del punto 4, sobre cultivos de uso ilícito, tiende a regresar a la lógica de la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización del glifosato.

Lo novedoso es que el paso dado en dirección a una solución política de las prácticas contrainsurgentes, en tanto proceso de disputa por un orden democrático real, con nuevas formas de lucha por la democratización del Estado, de la sociedad y de la cultura política, ha contribuido a romper las amarras del miedo a intervenir en la vida pública y en el conflicto social. Ha permitido la aparición de nuevos fenómenos de reagrupamiento político, incluido el crecimiento electoral de la izquierda junto con las expectativas de cambios en las relaciones de fuerza que postulan la necesidad inaplazable un nuevo poder democrático de proyección y contenido reformador. El movimiento estudiantil, tras las elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2018, cumplió con el papel de disparador de la movilización popular. Una vez más, con el empujón de abajo, sin una organización permanente estructurada, como la que nunca logró constituirse en 1971, con el juego y la permanencia de estructuras que marcan activismos de tendencia (Aceu, FEU, OCE, etc.) o mecanismos formales de representación corporativa (Acrees y Fenares), el movimiento real impuso el escenario asambleario de la Unees y los Enees⁷ como

núcleo de la unidad de acción, con las tensiones, los debates y los acuerdos complicados y no siempre unánimes con los que el movimiento sorteó el proceso de negociación, con algunos resultados positivos.

Pese a un gobierno contrario al Acuerdo Final de Paz, débil políticamente, con una enorme y creciente oposición social, se impusieron los argumentos, la unidad y la masividad del movimiento (marcha del 10 de octubre de 2018) y su ampliación de noviembre, que logró juntar múltiples preocupaciones e inconformidades reales sobre el curso de la desfinanciación de las universidades públicas, los costos exagerados de matrículas en los entes privados, la caída de la capacidad de pago de las capas medias y los contradictorios y negativos resultados del plan Ser Pilo Paga, que canalizó recursos públicos a universidades privadas de alto costo. La mesa de diálogo de estudiantes de Aspu y de otras entidades de profesores dio un manejo inteligente a la búsqueda de acuerdos hasta alcanzar resultados en el plano presupuestal para las universidades públicas (Restrepo Domínguez, 2018; De la Hoz, 2019). Banderas como matrícula cero y mínimo vital, vinculadas a la gratuidad de la educación superior y a las condiciones materiales para la vida estudiantil o el caso del profesorado ocasional, adquirieron un nuevo umbral en las discusiones con el gobierno.

¿Aprendizajes en el horizonte del largo plazo?

Cincuenta años después, al sopesar el balance somero del largo tramo observado, hay que traer a la reflexión el otro intento descarnado de incidir en Colombia de una manera funcional a una dominación extraterritorial aceptada y estable bajo un pretexto aparentemente “noble” que viene a delinearse en los dos últimos decenios del siglo XX, con la imagen de la lucha antidrogas y la formulación del Plan Colombia (1999) por parte de los Estados Unidos. Si la focalización en Colombia de la Alianza para el Progreso era solo un resultado particular de un plan continental, el Plan Colombia ha prefigurado una instrumentación supranacional directa del país en tanto Estado, en una región subcontinental estratégica, fragilizada en la coyuntura del milenio a los ojos de Washington por el Tratado Torrijos-Carter, que entró en vigor el 31 de diciembre de 1999,⁸ y los fuertes movimientos y gobiernos autonomistas que hoy desafían la subordinación. Dicho de otra manera, entre las décadas de los sesenta y los noventa del siglo XX, la idea de la integración orgánica de Colombia con Estados Unidos, desde lo ideológico, lo político, lo judicial, lo institucional, lo cultural y lo militar, para un aprovechamiento estratégico, económico y geopolítico, devino en un plan definido espacialmente con ambiciones más completas de sometimiento y nuevos formatos de las relaciones con la subregión continental andino-amazónica y caribeña. La proximidad inalterable con el istmo y el canal panameño, que aproximan las dos costas, este y oeste, subrayan la función estratégica de la territorialidad colombiana en relación con la isla continental de Norteamérica. Esta reflexión no debe faltar al acercarse al estudio de la política exterior y las relaciones con América Latina y el Caribe.

El Plan Colombia dio un paso más, postuló un proyecto de adaptación del largo plazo, bajo los pretextos de la guerra antinarcóticos y del logro de la paz, entendida como la desactivación de la insurgencia mostrada como supuesta amenaza a la seguridad nacional. Los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) reflejaron la coincidencia estratégica entre la presión de las movilizaciones populares por el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la disposición de las Farc-EP, a una solución política con una fracción de la burguesía gobernante cuyo interés de clase empataba con el proyecto del Plan Colombia. Lo que el propio Santos llamó “alineamiento de los astros” no era nada diferente de esta encrucijada crítica de las relaciones de la lucha democrática y social que permitió romper la lógica demoníaca de la solución militar, implícita en el enfoque de la otra fracción dominante, es decir el “uribismo”. Ello no modifica la intencionalidad estratégica que informa el sentido geopolítico del plan para los intereses imperialistas.

Hoy podemos entender que el proyecto neocolonialista no es solo favorabilidad para las inversiones de capital estadounidense, lo que es de hecho una precondición incluida en la noción de “ayuda” en los distintos planes. Es el intento de contraponer a la unidad e integración latinoamericana y caribeña un modelo diferente, de integración funcional, que conserva una institucionalidad nacional en proceso de modificación, cada vez más adaptada a la subordinación y a la compatibilidad de intereses, que conlleva paulatinamente una cada vez mayor instrumentación del Estado nación y de su política exterior. Una renuncia a las decisiones autónomas en política externa en el campo militar lo representa la incorporación de Colombia como socio global de la OTAN, interpretada en América Latina y el Caribe como un paso integrado a la política de injerencia de los Estados Unidos en la región. Esto se suma a una concesión continuada a la presencia permanente del ejército de los Estados Unidos, con tropas, asesores, ejercicios militares conjuntos en territorio colombiano, en fronteras con Venezuela; una permisividad a la mercenarización corporativa paramilitar de exfuncionarios del ejército y la policía colombianos en crímenes internacionales; en suma, una renuncia deliberada y progresiva a la soberanía territorial, a la identidad, a la historiografía nacional, a la dignidad y al patriotismo, que reflejan un rumbo preocupante y regresivo frente al proclamado respeto al artículo 9 de la Constitución y al derecho internacional.

En contraste con esta realidad, las luchas juveniles y estudiantiles dan muestras de aprendizajes. Si toda experiencia social produce conocimiento (Sousa Santos, 2018), si cada movimiento social, según esta lógica, desarrolla sus prácticas, promueve actores y acciones sociales productoras de conocimiento, también puede producir procedimientos epistemológicos de validación del saber, fruto de la experiencia colectiva. Si nos acogemos, para el caso, al concepto de epistemologías del Sur, formulado por Boaventura de Sousa Santos, en el desenvolvimiento de las prácticas de la lucha social reivindicativa, pedagógica, democrática y antimperialista del estudiantado, se sintetizan experiencias y variantes de estas que pueden ser consideradas conocimiento y que se manifiestan en forma de saberes. El paro nacional de abril de 2021 mostró el nuevo desafío, ya no desde la universidad, sino desde las y los jóvenes desescolarizados y proletarizados de las primeras líneas, que exigen, junto al estudiantado con conciencia de su papel, una nueva concepción de la reforma, la democratización, el nuevo significado del interés nacional en su relación con la universidad pública, la focalización de la juventud como parte del “enemigo interno” y, a la vez, la demagogia como encubrimiento del abandono del Estado frente a los derechos de las jóvenes generaciones.

El paro de abril ha planteado un necesario diálogo de saberes entre jóvenes, estudiantes y no estudiantes y entre estos y el resto de la sociedad. ¿Cuál es el modelo de educación superior y de universidad para la paz?; ¿cuál el “interés nacional” ante la cesión de soberanía, la desnacionalización del Estado y la democratización como proceso de ruptura con el neoliberalismo?; ¿cuáles los objetivos comunes prioritarios, el acercamiento al compromiso para superar la desigualdad y la exclusión?; ¿cuáles son las tareas comunes para contribuir a un cambio en las relaciones de poder y gobierno? La síntesis de saberes ya puede trascender lo esencial e indispensable para democratizar la universidad pública, cualificar su aporte al desarrollo científico, reedificar su compromiso con las mayorías sociales de la nación y el sentido laico de sus convicciones. El paso siguiente consistirá en derrotar la mentalidad de temor supersticioso al cambio democrático.