Criterios para la selección de documentos

Para la realización del presente estudio se emplearon los siguientes criterios de búsqueda y selección de documentos: se utilizó Science Direct, Scopus, Redalyc y Scielo para la búsqueda de documentos acerca de política y género en México, así como de información que presentara como centro de estudio el enfoque socioformativo, toda vez que se realizó un análisis del proyecto ético de vida y el trabajo colaborativo. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda de información fueron las siguientes: política, género, México y socioformación; estas fueron cruzadas con otros términos clave para poder generar los siguientes criterios: participación política de las mujeres, mujeres en el ámbito de la política y mujeres mexicanas en política. Los artículos seleccionados fueron buscados en revistas indexadas y debían abordar temas relacionados con política y género en México, con cualquier perspectiva de abordaje.

Se priorizó contar con material reciente, que no sobrepasara los cinco años de antigüedad (2017-2021), sin embargo, al involucrar el siglo XX y principios del siglo XXI, la búsqueda permitió incorporar artículos con mayor antigüedad si cumplían con los criterios de búsqueda. Se obtuvieron como resultado 51 referencias, de las cuales 43 corresponden a artículos científicos, dos libros, un informe de la ONU y cinco páginas de internet. De la información extraída de los 43 artículos científicos, uno de ellos corresponde a información metodológica para el estudio y los 42 restantes están directamente ligados al tema en cuestión, desde un aspecto nacional y, en ciertos casos, con una perspectiva internacional (siempre y cuando abordara aspectos de relevancia con la participación política de la mujer en México). Dentro de los temas estudiados en los diversos artículos se encontró lo siguiente: violencia política de género, participación política de las mujeres (con estudios muy específicos sobre la participación de las mujeres en congresos estatales; cuotas y paridad de género), estereotipos de género, empoderamiento femenino, capacitación y liderazgo, así como la percepción de las candidatas y mujeres en política por parte de la ciudadanía y los sesgos de los medios de comunicación al cubrir candidaturas de mujeres. Algunos estudios abordan dichos temas enfocados a presidentas municipales, a síndicas, algunos están más direccionados al desempeño de las legisladoras, así como a mostrar sus perfiles educativos y trayectorias políticas.

De los trabajos antes mencionados y directamente relacionados con el análisis en cuestión, cabe mencionar que 30 de ellos fueron escritos por mujeres, cuatro por varones y seis en colaboración entre un hombre y una mujer; tres están enfocados al estudio en el ámbito socioformativo, uno a la explicación de los estudios documentales y siete pertenecen a instituciones u organismos gubernamentales y no gubernamentales. Lo cual nos indica que es un tema en el cual las mujeres han estado activas en la investigación e incursionado en la generación y profundización de asuntos relacionados con la participación que ha tenido la mujer en la política actual en México.

Enfoque teórico: la socioformación

La socioformación, un enfoque teórico de gran amplitud que busca un desarrollo integral de los seres humanos en los diversos ámbitos de la vida, es definida como “el desarrollo de las personas en un contexto social, pero un contexto social que no es el aula o la escuela; es el contexto de la sociedad real, con sus problemas” (Tobón et al., 2015, p. 29). Brinda elementos que permiten efectuar una interpretación, desde su campo de estudio, a las grandes transformaciones que se han presentado y emergen con la participación política de las mujeres en México, ante esta nueva sociedad que ha surgido a nivel mundial y que requiere cambios en este ámbito para enfrentar la actual sociedad del conocimiento.

La intención de la socioformación es que se aprenda a identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de manera colaborativa, con un sólido proyecto ético de vida (Vázquez et al., 2017), el cual es la materialización de la formación humana integral, apegado a las necesidades de crecimiento y de visión de la vida (Tobón, 2013). El trabajo colaborativo es un eje fundamental para la socioformación, que tiene como esencia que las personas se unan a partir de sus fortalezas, para poder enfrentar los desafíos laborales o profesionales que se presentan y lograr mejores y mayores resultados que al hacer esfuerzos individuales.

Política y género en México en los siglos XX y XXI

En México se han experimentado diversas transformaciones políticas relacionadas con la participación femenina, las cuales se han logrado por medio de varias reformas político-electorales cuyo objeto principal ha sido promover que las mujeres tengan una mayor participación en este ámbito y haya una competencia en igualdad de condiciones, pues como se mencionó antes, la política, históricamente, se ha presentado como un espacio masculino en el cual hasta hace unos años no se contemplaba la participación proporcional y obligatoria de las mujeres a las candidaturas a los cargos de representación popular.

La lucha por este derecho ha sido luchada en diversos lugares; cada país ha gestado sus propias batallas para conseguir que los espacios se les abrieran a las mujeres y pudieran participar en la política. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. Hasta 1991, Argentina se convirtió en el primer país a nivel mundial en implementar la ley de cuotas de género (Caminotti y Del Cogliano, 2019). Es importante recalcar este acontecimiento, que un país latinoamericano implementara estas cuotas de género permitió que las mujeres pudieran tomar camino en los espacios públicos, antes privilegiados para los hombres, porque todo lo relacionado con lo privado siempre se ha asociado con lo denominado “propio de las mujeres” (Carral et al., 2020), lo cual ha mantenido latente la frontera creada entre lo público y lo privado (Vidal, 2015). Esta frontera imaginaria, cargada de ideología, cultura y hasta educación, se ha convertido en una barrera que ha limitado y sigue limitando, en muchos rincones de México, la participación de las mujeres en la política; aun en este 2022 se sigue viendo la participación de las mujeres en la política como una actividad para la que no son aptas, ya que la norma ha dictado que la esfera política es para los varones, restringiéndolas al ámbito privado, al que cultural, educativa y socialmente se ha asociado con las mujeres, como el cuidado de la casa y la crianza de los hijos (Gilas y Méndez, 2018; Bard, 2016).

De ahí resulta tan importante analizar al trabajo que las mujeres han desarrollado durante años en el ámbito de la política, quienes han tenido que unir esfuerzos y sumar apoyos desde todas las perspectivas posibles, para ganar mayores espacios en los puestos de toma de decisiones, mediante acciones que les permitan ir ratificando la capacidad que tienen para estar ahí. La participación de las mujeres no es común, como la de cualquier otro ciudadano más que intenta incursionar en la política, porque la igualdad para la mujer en general es compleja (Odimba On, 2017), pero se tornan aún más complicados para las mujeres indígenas (por la extensión e intensidad de la discriminación que persiste en la sociedad mexicana) (Rey, 2014). Los aspectos sociales y culturales, sumados a los obstáculos institucionales dispuestos por los partidos y las actitudes relativas al rol social femenino que persisten, levantan una barrera a su participación igualitaria con respecto a los hombres, obligándolas a esforzarse más que ellos si quieren acceder a los cargos de representación popular, pues aún en este siglo las condiciones no son equitativas para que tengan una participación igualitaria.

Desde el punto de vista de Cárdenas (2019), los obstáculos para las mujeres se pueden presentar en diversos ámbitos, tanto en lo social como en lo público, que desvalorizan sus voces. Ellas se topan con dificultades en la toma de decisiones, se sienten señaladas y poco capaces de ejercer sus cargos, por la escasa o nula experiencia acumulada, a lo que se sumanlos señalamientos que reciben hasta por la forma de vestir al momento de desempeñarse. En la actualidad, muchas de las actividades que presentan un alto reconocimiento social están asociadas a lo masculino.

En este sentido, se han identificado dos rutas por medio de las cuales las mujeres mexicanas han podido acceder al ámbito de la política en todos estos años. La primera es la que se ha denominado ruta legal, la cual está enfocada en mostrar el camino legal y constitucional que ha recorrido México con reformas muy dolorosas, lentas y tímidas para lograr que las mujeres pasaran de ser reconocidas en la Constitución como ciudadanas, a tener la misma posibilidad de participación (legal) al momento de competir por un cargo de elección popular o de toma de decisiones. Estas se han logrado a partir de la lucha, del trabajo en conjunto, pues la colaboración es fundamental para que las personas se apoyen de manera mutua y alcancen mejores y mayores éxitos.

La segunda ruta de análisis que se ha planteado es la que se ha denominado “del liderazgo”, enfocada al estudio del desempeño que las mujeres han ejercido al frente de diversos sectores y grupos de la sociedad, pero que se ha presentado de manera distanciada; porque a pesar de ser reconocidos los liderazgos de muchas mujeres dentro del ámbito de la política y de ser muy comunes dentro de la sociedad, no se puede negar que han sido muy esporádicos, como aquellos factores propiciadores para aspirar a alguna candidatura o puesto de toma de decisión, derivados de procesos de colaboración en el que las mujeres en conjunto han tenido que ir aprendiendo a respetar el conocimiento y la habilidad que cada una aporta. En este apartado, la socioformación menciona que mediante la colaboración se promueve la inclusión, y con ella habrá una aceptación de como son, sin tomar en cuenta aspectos físicos, económicos, sociales y culturales (Vázquez et al., 2017).

Ruta legal

La brecha de acceso al poder de las mujeres con respecto a los hombres ha sido amplia. En 1975, las mujeres ocupaban el 10,9 % de los escaños en los parlamentos de todo el mundo; en 1985 solo había aumentado un punto porcentual 11,9 % (Theo-Ben, 2022). En 2020, 10 de 193 jefaturas de gobierno y menos del 24 % de los escaños parlamentarios a nivel mundial eran ocupados por mujeres (PNUD, 2020); en 2021, ONU Mujeres reportó que solo en 22 países había jefas de Estado o de gobierno y que 119 países nunca habían sido presididos por una mujer (ONU Mujeres, 2021). En el caso de México, el camino tampoco ha sido simple. Si bien la búsqueda por el reconocimiento de las mujeres empezó en 1920, no es hasta 1923 y 1925 cuando en los estados de Chiapas, Yucatán y Tabasco se concede la igualdad política a la mujer para poder votar y ser votada para puestos de representación. Estos hechos coincidieron con la formación de organizaciones políticas femeninas, una de ellas, la más reconocida, fue el Consejo Feminista Mexicano, que en 1923 convocó al Congreso Feminista, al cual acudieron 100 delegadas provenientes de todo el país y tuvo como resultado que el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidiera un decreto en el Congreso del estado para que las mujeres pudieran participar en las elecciones de ese año, tanto para ser votadas como para votar (Corona, 2016).

Estas iniciativas propiciaron que en México la participación de la mujer en la política aumentara, ya para 1938 se alcanzó una presencia femenina decidida en partidos de oposición. Durante los años que siguieron, continuaron los impulsos a las mujeres para obtener el reconocimiento a nivel nacional de poder votar y ser votadas, los cuales, al ser acciones aisladas, no tuvieron mucho eco. Fue hasta el 17 de octubre de 1953, con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, que se estableció de forma definitiva el derecho de las mujeres a votar y ser votadas (Flores e Infante, 2016). Así se consumó el resultado de todas esas acciones que durante muchos años impulsaron las mujeres, que no dejaron de pelear por sus derechos a participar en la democracia de su país.

Después de esa fecha han sucedido más acontecimientos que han acrecentado la participación de las mujeres en la democracia, los cuales han transitado por diversos caminos. Uno de estos se verificó en 1974, con la reforma al artículo cuarto constitucional, el cual promueve la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. En 1990, con la reforma electoral de ese año, nacen el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Federal Electoral (Trife), este último se encargó de dirimir los conflictos electorales y que en 1996 se convirtió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en México (Gilas y Méndez, 2018). Estos institutos han velado por el cumplimiento de las reformas establecidas en materia electoral, y en la actualidad trabajan por la erradicación de la violencia política con perspectiva de género. Otro suceso importante para la participación política de la mujer sucedió en 1996, cuando se logró en México establecer el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ordenamiento que instituyó que al menos el 30 % de las curules a la cámara de diputados debía ser para las mujeres.

Con el nacimiento del Cofipe se instituyó el 70-30 (ordenamiento legal que indicó que ningún partido político podía postular a más del 70 % de sus candidatos de un solo género), aunque no se debe de perder de vista que con la legislación electoral de 1993 ya se habían recomendado a los partidos políticos unos porcentajes de inclusión de género. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el primero en aprobar, en 1990, una cuota del 20 % de mujeres en su dirección, y para 1992 en sus listas electorales. Porcentaje que aumentó al 30 % en 1993. Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su convención de enero de 1996 expidió la disposición de no postular más del 70 % de sus candidaturas al mismo sexo (Martínez y Garrido, 2013), con lo que brindó, de esta forma, los primeros pasos hacia la paridad.

Otro dato importante es la reforma de 2002, que mantiene la proporción del 70-30 %. Aunque, a pesar de ello, este porcentaje solo aplicaba a los propietarios y no a los suplentes, una ventana que permitió que los partidos políticos, si bien cumplieran con este porcentaje, designaran suplentes varones en las candidaturas en las que las propietarias eran mujeres, una acción que propició la violencia política más evidente hacia las mujeres, quienes una vez resultaban ganadoras, se veían, en la mayoría de los casos, obligadas a solicitar licencia para que su suplente pudiera tomar el cargo (este asunto será abordado en el apartado dedicado a la violencia política contra las mujeres). Es importante recalcar que la pari-dad no solo se presentó a nivel federal, sino que también las legislaturas locales hicieron su parte. En el 2005, el estado de Colima se convierte en el primero en incorporar reglas de paridad en su legislación electoral (Caminotti y Del Cogliano, 2019).

En el 2008, este porcentaje de candidaturas mínimas para mujeres fue elevado al 40 %. No obstante, en el 2011, con el caso de las “Juanitas” (que se relató en el párrafo anterior) se generó la sentencia de que la fórmula completa (propietaria y suplente) fuera del mismo género. Pero no es sino hasta el 2014 cuando se ganó una de las más grandes batallas de las mujeres en la política en México, pues al reformarse el artículo 41 constitucional se obtuvo la paridad de género a nivel federal, como medida de igualdad sustantiva (Fernández, 2019) en los espacios de representación, con una proporción del 50 % para las mujeres y 50 % para los hombres. Fue reconocida esta paridad como un principio constitucional y también quedó plasmada en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aun así, diversas investigaciones continúan enfatizando en lo que Fernández (2020) menciona: “la medida no consistió en una cuota o una acción afirmativa, sino en garantizar a todas las personas el mismo trato y oportunidades, reconocimiento y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (p. 18).

Ruta del liderazgo

A lo largo de los años, las mujeres han tenido que remar a contracorriente para ganar un lugar en la sociedad, muchas de ellas fueron silenciadas cuando quisieron alzar su voz, empero la constancia y el ímpetu de muchas permitieron que hoy ellas gocen los beneficios de su lucha. Para que esos logros se gestaran, tuvieron que nacer liderazgos que ayudaran a enfocar y guiar el camino que se quería recorrer.

Líder es una palabra de origen inglés que traducida al español quiere decir guiar. Se puede interpretar que la líder es la persona que guía a alguien. En México, a lo largo de la historia, han sobresalido diversas mujeres a las cuales se les ha considerado como líderes, porque guiaron a otras personas para cumplir una meta propuesta. Por eso los estudios de liderazgo mencionan que para que exista el líder debe de haber al menos una persona que lo siga. Es así como en México empiezan a sobresalir diversas mujeres en la política, pues mediante el ejercicio de su liderazgo es como llegan a esa posición.

Entre estos primeros hechos sobresale el desarrollo de la primera ola del feminismo en México, entre 1915 y 1919; la conformación del Congreso del estado de Yucatán en 1916, el cual se diferenció del resto por estar encabezado por mujeres maestras de clase media que defendieron sus derechos y promovieron reformas sociales y educativas. Sin embargo, es en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995, en Beijing, que se originó la transversalización de la perspectiva de género. Tres años antes, en la Declaración de Atenas quedaron establecidas las acciones para la igualdad sustancial entre los géneros (Gilas y Méndez, 2018). Todo esto significó para México una herramienta fundamental hacia la igualdad sustantiva.

Entre las mujeres líderes y precursoras en México que realizaron trabajo colaborativo para acceder a la política y que sentaron algunos de los principales antecedentes para participar en este ámbito, están: Elvira Carrillo Puerto, en 1923, como la primera diputada local; ese mismo año, Rosa Torres se convirtió en la primera mujer regidora del país. En 1938, Aurora Meza Andraca fue la primera presidenta municipal de México (Instituto Nacional de las Mujeres, 2018). Aurora Jiménez de Palacios, en 1952, se convirtió en la primera diputada federal. En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia se erigieron como las primeras senadoras. En 1979, Griselda Álvarez se convierte en la primera Gobernadora electa del estado de Colima; pese a esto, es hasta 1988 cuando se tiene la primera candidata a la Presidencia de la República con Rosario Ibarra, y en 1999, con Rosario Robles Berlanga, la primera jefa del gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

A pesar de esto, hasta el 2018, en México solo habían sido electas como gobernadoras nueve mujeres (Montaño, 2021): Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985, en Colima), Beatriz Paredes Rangel (1987-1992, por Tlaxcala), Dulce María Sauri Riancho (1991-1993, por Yucatán), Rosario Robles Berlanga (1991-1993, jefa de gobierno del entonces Distrito Federal), Amalia García Medina (2004-2010, en Zacatecas), Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012, en Yucatán), Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021, por Sonora), Claudia Sheinbaum (2018-2024) y Martha Erika Alonso Hidalgo (2018, en Puebla), que murió al iniciar su gestión. En 2021, en México se sumaron más mujeres a la lista, y en un hecho histórico sin precedentes, conquistaron seis de los 15 estados que estaban en disputa en las elecciones de tal año (Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua, Campeche y Baja California), que sumadas a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México son siete las que están al frente de los gobiernos estatales. En las elecciones de 2022 se anexaron a la lista dos mujeres más, quienes gobernarán a Quintana Roo y Aguascalientes. Con esta cifra, en el 2023 se tendrán a nueve mujeres al frente de gobiernos estatales, de un total de 32 estados. Aun así, se debe reconocer que hasta el 2014 no había una ley que garantizara la paridad de género, y al no tener los partidos políticos reglas con respecto a esto, no había obligatoriedad con respecto a la participación femenina para los cargos de elección popular, lo cual complicaba el acceso de las mujeres a los congresos (García, 2019) y a los demás puestos de toma de decisiones.

Phillips (1999, citado por Martínez y Garrido, 2013) menciona que “la política del reconocimiento, política de la identidad o política de la presencia incide en la dimensión simbólica de la representación” (p. 408). Esto, con las dimensiones descriptiva y sustantiva, ocasiona una diferencia en la forma de legislar, así como en el tipo de políticas públicas que se gestan en las legislaturas.

Dentro de la dimensión simbólica de representación existen dos dimensiones más: la primera de ellas es la denominada “dimensión descriptiva, representación descriptiva o política de la presencia”, y corresponde al número de las y los dirigentes políticos que asumen los cargos, en los cuales se pueden apreciar con claridad los esfuerzos que durante años se han venido realizando para lograr la dimensión descriptiva y que en México se ven reflejados con claridad en el Congreso Federal, en el que, de las 500 curules de la cámara de diputados y diputadas federales, 250 son ocupadas por mujeres, lo que representa el 50 % del total. Mientras que en la cámara de senadores, de los 128 miembros, 63 son mujeres, lo que significa que ocupan el 49 % de los escaños. Con esto es posible un gran avance con respecto a la representación descriptiva, la cual, en el estudio de ONU Mujeres (2017), indicaba que México ocupaba el octavo lugar en el ranking mundial de participación femenina, con el 42,6 % de mujeres en el Congreso Federal.

La segunda dimensión es la denominada “sustantiva, representación sustantiva o política de la diferencia”, cuyo objeto es la introducción de prioridades de una agenda específica, por parte de aquellas y aquellos electos para los puestos de representación; las representantes logran expresar los intereses de sus representados de manera responsable (Martínez y Garrido, 2013). Aquí se retoma uno de los cuestionamientos generados al inicio de este escrito y que está muy relacionado con esta dimensión: ¿realmente, la presencia de la mujer ha logrado marcar una diferencia en las actividades política y legislativa, en la aprobación de políticas públicas de igualdad de género? y ¿haber logrado una representación descriptiva se ha visto reflejado en la representación sustantiva? Si bien la representación descriptiva se ha logrado en la LXV legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados federales, ahora hay que analizar la dimensión sustantiva que las diputadas materialicen a lo largo de su legislación, pues resulta de suma importancia construir sociedades cimentadas sobre esta paridad (Albaine, 2018). Para esto habrá que identificar y analizar qué hacen esas legisladoras, gobernadoras, presidentas municipales y demás mujeres una vez ocupan los cargos (Vázquez, 2014), qué tipo de iniciativas y políticas promueven y cómo logran que sean aprobadas. Aunque el presente trabajo no tiene como objetivo analizar la dimensión sustantiva, es de suma importancia resaltar el desarrollo de estudios con respecto a este rubro.

Violencia política hacia las mujeres

En el 2000 se empieza hablar con recurrencia de violencia política y acoso contra las mujeres, un asunto que preocupaba y sigue preocupando a las diversas democracias de América Latina, y significa un gran desafío (Albaine, 2018). Espejel y Díaz (2019) afirman que la violencia política de género es el hecho de mantener la subrepresentación de las mujeres; se puede presentar de manera simbólica, psicológica o física y la cometen diversos perpetradores que refuerzan patrones de dominación y suprimen sus derechos. Es necesario aclarar que esta violencia se presenta en cualquier país o región con el fin de dejar a las mujeres fuera de la toma de decisiones (Torres, 2018).

Se puede afirmar que los propios partidos políticos en México han propiciado la violencia contra las mujeres, pues desde 1946 y hasta el 2014, cuando se aprobó la reforma político electoral (en la que se instauran las candidaturas independientes), eran las dirigencias de los partidos políticos las que decidían a quién postular para un cargo de elección popular. Al tener cada partido sus normas internas para determinar a quién otorgar las candidaturas y estar en la mayoría de los casos las dirigencias partidistas nacionales y locales a cargo de hombres (González y Góngora, 2020), un pequeño grupo de dirigentes partidistas era el que decidía cuántas y cuáles candidaturas otorgaban a mujeres.

En la violencia contra las mujeres se refuerzan los roles tradicionales (Piscopo, 2016) y se consideran actos cometidos contra mujeres por el simple hecho de serlo. Este tipo de violencia es definido por Krook y Restrepo (2016) así: “evitar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y por extensión, para comunicar más ampliamente que las mujeres no pertenecen a la política” (p. 470). Espejel y Díaz (2019) identifican cinco subtipos de violencia en contra de las mujeres que participan en política, dentro de las que se encuentran la física, la psicológica, la económica, la sexual y la simbólica. Así mismo, sostienen que hay cuatro caras relevantes en las que se presenta algún tipo de violencia contra las mujeres dentro de los partidos políticos, las cuales son: la partidaria, la electoral, la del ejercicio en el ejecutivo y la de la actividad en el legislativo. Dentro de la electoral podemos identificar el hecho de que los partidos asignan a las mujeres los distritos en los que son menos competitivos, para disputar por candidaturas en los peores escenarios y las envían como monedas de cambio a lugares donde el partido al que representan tie-ne menores oportunidades de obtener el triunfo, además, son quienes menos capacitación y formación política reciben, por lo que experimentan así mayor violencia política de género.

Sin embargo, este no es el primer acto de violencia al que se enfrentan las mujeres al querer contender para un cargo de elección popular. El primero es el simple hecho de querer buscar una candidatura, y más si hablamos de municipios o distritos con alta posibilidad de victoria para el partido al que vayan a representar, pues todo apunta a que el machismo es el obstáculo que la misma sociedad le impone a las mujeres candidatas (Fernández, 2016). También están los impedimentos que dificultan la participación libre de las mujeres en la política, que ven afectados sus proyectos por el hecho de ser mujeres en sistemas políticos con dominación masculina (Martínez y Nicolas-Bach, 2016).

Meixueiro y Vázquez (2019) sostienen que hay resistencia para impulsar la carrera política de las mujeres, que sufren señalamientos e insultos con palabras denigrantes y las acusan de no estar preparadas para participar en la vida política de su país. Incluso, son obligadas a renunciar a sus cargos una vez obtenido el triunfo o son sustituidas en plenos procesos. Cazarín (2018) llevó a cabo diversas entrevistas a ex diputadas del estado de Tlaxcala, quienes denuncian las desventajas al momento de competir por un cargo de elección popular al interior de sus partidos políticos, porque quedanen manos de varones las decisiones, las cuales en muchas ocasiones son ejercicios de malas prácticas. Con esto se demuestra, una vez más, que es ahí donde las mujeres se topan con el primer obstáculo al momento de incursionar en la política. Ser postulada no es el único desafío, pues conforme se avanza, las complicaciones aumentan hasta llegar al momento de ejercer el cargo (Cárdenas, 2019).

Las entrevistadas también hablaron acerca de cómo al inmiscuirse en la política tienen que convertirse en mujeres multifuncionales, ya que siempre el trabajo de casa y de madres va implícito con cualquier labor que quieran desempeñar, y del cual resulta complicado desprenderse, ya que ese rol es tan estereotipado hacia las mujeres, que las hace asumir retos mayores en sus vidas privada y pública. Otro aspecto relevante de violencia de género es la generada por medio de los estereotipos forjados por los medios de comunicación, los cuales, en muchos casos, ponen a las mujeres en desventaja ante sus pares varones al encontrarse en elecciones, pues usan terminología sexista con la que dañan la imagen de ellas ante los votantes (García et al., 2017).

Los estudios demuestran que, en la mayoría de los casos, al momento de designar las candidaturas es muy complicado que se las otorguen a aquellas mujeres que cuentan con un liderazgo consolidado, por el contrario, se las entregan a mujeres que serán disciplinadas bajo las instrucciones de los líderes (Cárdenas, 2019), y esto es solo referente al principio de mayoría relativa, sin analizar las características que toman en cuenta los líderes partidistas para otorgar un espacio de representación proporcional, los cuales son otorgados por una preferencia o compromiso.

La teoría política feminista ha constatado en diferentes investigaciones que la presencia de una diversidad de participantes no se traduce en una mayor calidad democrática ni en una mayor visibilización de las experiencias de las mujeres y otros grupos sociales tradicionalmente excluidos (Martínez y Nicolas-Bach, 2016). Entonces, ¿las reformas de género en realidad han permitido una participación activa de las mujeres? Se puede decir que sí, en teoría, debido a que una respuesta a la desigualdad que se vivía en torno a la representación descriptiva fue la aprobación de reglas con respecto a las cuotas y a la paridad de género, con el objetivo de exigirle a los partidos la inclusión de las mujeres en las candidaturas (Freidenberg y Gilas, 2020). Pero también hay estudios que sugieren que a partir de la paridad existente entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular se elevaron los casos de violencia política (Sam, 2016), sobre todo la simbólica y, en algunos casos, la psicológica o la física.

Pero en la práctica no solo se trata de acatar la cuota de género, la realidad exige más que leyes que propongan la igualdad descriptiva, se requieren mayores esfuerzos que permitan dirigir presupuestos para la capacitación de las mujeres. Se necesitan, entonces, capacitación y formación de liderazgos políticos; para esto es necesario analizar los presupuestos designados a la capacitación de las mujeres (Pérez, 2019) y requerir modelos cercanos a ellas que les permitan conocer caminos recorridos antes por otras mujeres.

Además del hecho de considerar la forma de participación de quien tradicionalmente ha ocupado el espacio público como universal, la ausencia de modelos y refuerzos positivos de mujeres que ocupan este espacio también ayudaría a explicar el hecho de que las mujeres tiendan a estandarizar su forma de participación a la masculina, como si esta fuera única y neutral. (Martínez y Nicolas-Bach, 2016, p. 519)

No hay capacitaciones que permitan la formación de liderazgos efectivos en las mujeres. Aunque uno de los objetivos del Estado mexicano es reducir la brecha de desigualdad en la participación política entre hombres y mujeres, para que ellas ejerzan sus derechos con total plenitud (Meixueiro y Vázquez, 2019). Esto pese a que los partidos políticos deben destinar el 3 % de su presupuesto anual para fomentar y fortalecer el liderazgo de las mujeres (Gilas y Méndez, 2019; Instituto Nacional Electoral, 2019), lo cual no se percibe con total claridad en ninguno de los partidos políticos de México.

Otro de los retos a los cuales deben enfrentarse las mujeres al momento de participar en la política es el de los cuestionamientos a los que a diario las someten, enfrentándolas a críticas y diversas interrogantes que tienen que ver con el simple hecho de ser mujer o con su capacidad de gobernar, la trayectoria política (cómo han adquirido los cargos o las candidaturas) y hasta llegan a señalar su vida personal (Cárdenas, 2019). Como consecuencia de todas estas agresiones, en el 2012 se comenzaron a presentar iniciativas legislativas tanto a nivel federal como local, con el objetivo de tipificar y sancionar la violencia política; se incrementaron entre 2015 y 2016, sin embargo, no obtuvieron los apoyos necesarios para concretarlas (Torres, 2018).

México, en diversas ocasiones, ha generado compromisos y suscrito acuerdos internacionales para prevenir y sancionar, pero, sobre todo, para erradicar la violencia contra las mujeres. El país se ha visto obligado no solo a reformar, sino también a generar nuevas leyes que le permitan cumplir esos acuerdos aceptados ante el mundo, los cuales se puede decir que no han tenido el apoyo suficiente para materializar dichas leyes o que sean efectivas. Solo siete estados de los 32 han modificado su legislatura para garantizar a las mujeres un acceso a la política libre de violencia por razón de género (Torres, 2018).

Es necesario seguir trabajando para que las mujeres en la política puedan competir en terrenos parejos, en los que la violencia no sea una variable que afecte su decisión de continuar una carrera en este medio;en este año, las agresiones contra las mujeres dentro del ámbito de la política se han presentado de manera continua y quedan, en muchas ocasiones, impunes (Flores e Infante, 2016). Barrera (2011, citada por Sam, 2016) reflexiona acerca de lo difícil que ha resultado para las mujeres ostentar un cargo con apego a la ley, ya que este simboliza modalidades de violencia en el contexto de la cultura patriarcal y poco democrática que se vive en la política mexicana.