Introducción

Las líneas que se presentan a continuación tienen la intención de plantear algunas consideraciones acerca del porqué los cambios y reformas propuestas y defendidas por el gobierno de Petro no han logrado aquiescencia en la sociedad colombiana, luego de casi alcanzar el segundo año de su mandato.

De entrada, es evidente que los elementos de la cultura política asumen un gran peso como factores explicativos; sin embargo, esta no es la ruta preferente para el desarrollo de este artículo, aunque es inevitable que emerjan al trazar inercias y continuidades en las relaciones sociopolíticas e incluso económicas, que se presentan ahora transmutadas. Estas son relaciones históricas que tienen una suerte de efecto osificador en la sociedad colombiana; estas serán esbozadas en el segundo momento del texto.

A pesar de ello, existen millones de miradas expectantes frente a los cambios propuestos, una sociedad a la cual se le abrió (y en parte, abrió) un horizonte de transformación, aun sin realizar en varios de sus ámbitos definitorios. A su vez, han sido varias las lucubraciones acerca del porqué de que las intenciones del llamado primer gobierno progresista han naufragado en el Congreso de la República, desde las insuficiencias del lentejismo y la mermelada hasta la ingobernabilidad parlamentaria.

El carácter de las respuestas que procura perfilar este texto se construye y argumenta desde procesos más amplios e incluso más profundos, de índole colectiva, los cuales configuran históricamente el tenor, “la temperatura” de una sociedad. Son los que, en términos gramscianos, se acercan a la noción de bloque histórico. De acuerdo con ello, se hace necesario un primer momento estructurador que permita tejer relacio-nes conceptuales que aclaren nuestra perspectiva de análisis.

Primer momento

El encuadre más amplio de asunción analítica supone adscribir a un marxismo como teoría en permanente (auto)crítica, denomínese marxismo de ruptura o crítico. Este es acogido como una “teoría que se levanta como modelo de regularidad o teoría general en el horizonte histórico de la modernidad, es decir, en el tiempo histórico configurado en torno a lo que se sintetiza en la ley del valor, las relaciones sociales capitalistas” (Tapia, 2020, p. 125). Esta posición ancla nuestra conciencia histórica en la teoría misma.

Desde dicha perspectiva, la ley del valor o modelo de regularidad epocal señala patrones y tendencias que reproducen y (re)configuran — imbuidas en trágica irracionalidad— países y sociedades, aunque con fisonomías de gran heterogeneidad. Así lo refiere Zavaleta (1986), al cargar de historicidad la existencia de una tal ley de correspondencia entre base y superestructura, dado que la historia misma sería una lucha entre esa presunta ley y la forma quebrada o insidiosa de su cumplimiento.

Incluso en países que son idénticos en cuanto al modo de producción o sea en los que se refiere a la forma colectiva de transformación o apropiación de la materia (digamos Argentina, Inglaterra y Francia), tendrán, sin embargo, en cuanto a los símbolos o atribuciones político-litúrgicas o sea en cuanto al efecto superestructural y sobre todo estatal, razonamientos en todo distintos entre sí. Es una evidencia, para que repetirlo, que superestructuras muy distintas cumplen no obstante la misma función constante en cuanto a la preparación y garantía de la reproducción y esto es lo que hace que mientras el “aislamiento de las relaciones sociales a las relaciones de producción” explique la unidad de la historia del mundo, el análisis de las superestructuras y de la propia formación económico-social se refiera a la diversidad caracterial de la historia del mundo. (p. 108)

Seguir la pista a tal diversidad perfila la utilidad de categorías como bloque histórico, formación económico-social y, aún más, la de formación social abigarrada, dado que estas, en general, remiten a la configuración específica e histórica de sociedades y sus singulares entramados estatales.¹ Pero, ¿cuál es la propuesta, o más bien, la articulación conceptual que permite acercarnos a los procesos latinoamericanos y, en particular, al colombiano? Un paso que va del modelo de regularidad a lo concreto, que no solo requiere de categorías intermedias, sino que, a su vez, concita, por lo menos a modo de enunciación —dado que su desarrollo va más allá de los alcances de este escrito— rutas para reconocer la emergencia y despliegue del capitalismo en la región como un proceso histórico.

Para tal efecto, es útil traer a colación algunos elementos de teorización postulados por Marx para pensar el capitalismo como un proceso por fases. La primera será, entonces, caracterizada a través de la noción de acumulación originaria, signada por la violencia abierta y el despojo, principalmente de tierras y medios de producción. Un segundo momento es el de la subsunción formal, donde se mercantiliza la fuerza de trabajo y cuyo consumo productivo genera plusvalor, sin que exista la sustitución del conocimiento productivo. Finalmente, la fase de la subsunción real implica una sustitución total del conocimiento y de las formas productivas, resultado de la desorganización de otro tipo de relaciones y de culturas. Es la instauración del capitalismo como un nuevo tipo de sociedad y civilización, un momento en el cual “se piensa el modelo de regularidad en su mayor grado de abstracción y generalidad” (Tapia, 2020, p. 28).

En escenarios territoriales, donde el capitalismo desplegó estructurasde explotación, a partir de formas coloniales e imperialistas, no se produce tal generalización, sino un solapamiento de varios tiempos históricos en un mismo territorio. Lo anterior implica la coexistencia de varios modos de producción, a saber: formas comunarias, modos tributarios y el modo de producción capitalista, que para Tapia (2020) configura escenarios donde “se sobreponen diferentes cosmovisiones, lenguas y estructuras de autoridad, bajo la modalidad de desarticulación” (p. 28).

Es lo que Zavaleta denomina abigarramiento, una condición en la cual no existe una articulación que funcione en todos los procesos económicos, sociales y políticos, ya que esto solo ocurre en parte.² En este sentido, “hay un margen más o menos amplio donde no hay subsunción al capitalismo a nivel de modo de producción, aunque sí hay relaciones de dominación política de origen colonial” (Tapia, 2020, p. 29)—persistencia de relaciones señoriales— que hacen que se presente un traslado de excedente producido bajo relaciones no capitalistas.

Lo anterior, no reniega del capitalismo como forma general y dominante, aunque sí condiciona su abordaje, al existir ámbitos donde las relaciones de producción no sean —ni tiendan a ser— directa e inmediatamente capitalistas en el sentido modélico que nos presenta el tomo I de El Capital. Esto no significa que no estén insertas en el proceso de valorización capitalista, sino que lo están por medio de una serie de eslabones o mediaciones. (Lamus, 2020, p. 42)

Tal apertura hacia el análisis de las relaciones políticas en la extracción del excedente permite explorar la relación entre el Estado y la sociedad civil como construcción histórica, una articulación que Zavaleta llamó forma primordial. Esta categoría traza particularidades en el devenir histórico de varios países de América Latina al reconocer en ellos articulaciones contradictorias y distantes, que en parte responden a la existencia de formas políticas (neo)señoriales en la configuración de sus estructuras políticas estatales.

Denotados están los límites de la subsunción real, lo que implica de suyo la condición de un débil y parcial desarrollo del capitalismo en la región, reafirmando a su vez que tal configuración es producto de un proceso histórico y político en el cual burguesías locales y fuerzas dirigentes denegaron no solo la construcción de nación —más allá de lo simbólico y discursivo, aunque con efectos reales—, sino que, a su vez, en algunos países, no intentaron ni lograron articular hegemonía burguesa y, en otros, ha sido relativamente débil y de menguado alcance. Tales formulaciones requieren un amplio entendimiento de la política que permita englobar:

[…] al conjunto de prácticas de articulación de lo social, [como] un conjunto de procesos que le dan forma a una sociedad, a un país, en tanto políticamente articulan los diversos aspectos de su vida social, la producción, los diversos procesos de reproducción, la educación, la cultura y la vida política, como un proceso de construcción histórica y articulación de una totalidad social. (Tapia, 2020, p. 109)

De esta forma, se anticipan los rasgos del llamado bloque histórico que, al decir de Tapia, no corresponde a una mera alianza de clases o grupos sociales, sino a un proceso de articulación en torno a un proyecto político que va incorporando elementos de los diversos sujetos que se van integrando.

Un bloque histórico es algo que se articula en torno a una clase fundamental de un modo de producción, en tiempos modernos la burguesía o el proletariado. En este sentido, la disputa hegemónica tiene que ver con la articulación de los bloques históricos en torno a cada una de estas clases fundamentales. Un bloque histórico es una historia, una historia de construcción política. (2020, p. 120)

En este sentido, los obstáculos para construir hegemonía no solo se ubican en los límites de la subsunción real, que en este plano de análisis es la que instaura una nueva totalidad social que sustituye, entre otros procesos, las creencias e ideologemas de aquellos transformados en proletarios devenidos del mundo agrario, sino que también imposibilita procesos de articulación entre el Estado y la sociedad civil, así como un proceso de organización de la cultura que permita una reforma moral e intelectual que modifique ideas relativas al poder político, su legitimidad y bases de consenso.

Las tendencias que procuran la construcción de una otra hegemonía en la región y, ahora, en Colombia están marcadas por sus intentos de debilitar y aun de sustituir la historia oligárquica en la que no existe el pueblo, los sujetos del campo popular o subalterno, y en la que los protagonistas y los únicos valorados positivamente son los actores y agentes de la élite dominante. De acuerdo con ello, parte de la conformación de la nación y de la pugna hegemónica es la sustitución de una conciencia histórica, en otros términos, del sentido común político de la sociedad, por otra(s) en la cual se articule la presencia popular, antipatriarcal y subalterna, y que tiene, en la disputa por la conciencia histórica, uno de los principios rectores de la acción política.

Para Gramsci, hegemonía implica pensar la articulación de fragmentos de lo que queda de formas sociales y culturales previas, que aparecen como folklore en la organización de una nueva cultura, que corresponde al dominio y expansión ampliada del capitalismo. Lo que hicieron los nacionalistas […] fue intentar construir esa nación allá donde las fuerzas capitalistas no estaban interesadas en reconstruir una totalidad que integre a la población conquistada y explotada, y sus formas socioculturales y políticas. (Tapia, 2020, p. 115)

La comprensión de la nación en términos de la reorganización cultural y del proceso de (re)articulación entre sociedad civil y Estado forma parte de la construcción y de las prácticas hegemónicas. Este segundo proceso se recoge en el concepto de forma primordial, siendo el tipo de articulación que se construye entre el Estado y la sociedad en cada contexto histórico local o nacional, así como el conjunto de mediaciones con las cuales se realiza tal comunicación y articulación.

Esta conjunción es particularmente importante, dado que, si “la articulación se ha hecho bajo relaciones de correspondencia, inclusión y mediaciones participativas, se tiene una forma primordial fuerte y vigorosa con capacidad de resistir determinaciones externas” (Tapia, 2020, p. 116). Al contrario, cuando esta relación se caracteriza por la exclusión, conflictos violentos y negación, se tiene una forma débil y, por consiguiente, susceptible de ser condicionada por determinaciones externas.

En este sentido, tal concepto no solo da apertura a consideraciones de índole geopolítica, sino que restituye el carácter de una sociedad civil que va más allá de la dimensión económica, puesto que esta se asume como “el conjunto de instituciones que se articulan para participar en la vida política pública no estatal, para interactuar entre sí y con el Estado” (Tapia, 2020, p. 117).

Llegados a este punto, interesa reseñar algunos elementos de la resultante estatal, es decir, de la forma en que se configura el Estado en su interacción con la sociedad civil. Siendo una trama relacional con múltiples aristas, situamos una entrada analítica al reiterar el cuestionamiento sobre la correspondencia entre infra y superestructura, de la cual se infiere que no hay una apuesta por un modelo de reiterabilidad o regularidad para la superestructura, es decir, la proposición de una teoría general del Estado. Sin embargo, no se “podría negar la relación entre el ritmo de rotación del capital y las grandes totalizaciones capitalistas, como la nación y Estado moderno” (Zavaleta, 2021, p. 396), aspectos estudiados por la escuela lógica del capital.

A pesar de ello, existen procesos que, a nivel de la superestructura, no guardan necesariamente correspondencia con la dinámica del modelo de regularidad capitalista. Entre ellos se encuentra el resabio o resaca de fases productivas previas, que tiñen al Estado de herencias ideológicas no necesarias o libres, las cuales pueden adquirir una validación capitalista, pero también anticapitalista.

Ahora bien, el ciclo de rotación, o la generalización de la forma valor, o el desdoblamiento de la plusvalía nos dan la medida en que se obtienen sus resultados, es decir, el grado del Estado o la dimensión de la totalización, pero no explica el carácter de los mismos. Eso conduce a captar como lo hace la escuela lógica, la factualidad de estos acontecimientos (como el Estado) pero no su cualidad, que solo puede ser dada por su historia interior.

[…] Es por esto que categorías intermedias, predominantemente históricas, como formación social, bloque histórico, superestructura, hablan de la diversidad o autoctonía de la historia del mundo y en cambio, el MPC considerado como modelo de regularidad se refiere a la unidad de esta historia o mundialización de la historia. Esto mismo es sin duda un obstáculo, no meramente argumental, para una teoría general. (Zavaleta, 2021, p. 397)

En lo señalado, no solo se busca resguardar la autonomía de lo político en el sentido de su relativa independencia frente a la base, a pesar de que sea factible definir momentos de determinación lineal de la infraestructura económica sobre lo superestructural, sino que, a su vez, permite ubicar segmentos o coyunturas de primacía de lo político, con lo cual no se hablará de una cuestión de leyes, sino de situaciones.

Este componente de historicidad alude precisamente a la mudable relación que se configura entre el Estado y la sociedad civil, y aún más, en condiciones de abigarramiento como las que se describen para las formaciones latinoamericanas. Lo anterior conlleva a que el grado en que existe la sociedad para el Estado, el Estado para la sociedad y sus formas de separación y extrañamiento sean tramitados por una acepción que tiene elementos verificables de historicidad y azar. Tal concepto es el de ecuación social o sistema político, siendo uno de los significados que dará Gramsci al bloque histórico.

Al definir la ecuación como el modo de entrecruzamiento entre la sociedad civil, las mediaciones y el momento político-estatal, se nos permite caracterizar diversas combinaciones en las cuales la sociedad y el Estado se interrelacionan desde diferentes posiciones de influencia y dominio.

Por razones propias de cada caso, hay ecuaciones en las que la sociedad es más robusta y activa que el Estado, ecuaciones donde el Estado parece preexistir y dominar sobre la sociedad, al menos durante periodos determinados y sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste. Esa relación supone un movimiento y por eso es tan absurdo hacer clasificaciones finales sobre ello. (Zavaleta, 2021, p. 402)

Para finalizar este primer momento, es necesario abordar los conceptos de momento constitutivo y disponibilidad social, los cuales signarán segmentos sociotemporales de significativa importancia en la configuración a largo plazo, tanto de las sociedades como del Estado. Ambos se diferencian de las ideas de bloque histórico o ecuación, puesto que estas plantean la relación entre la sociedad civil y el Estado actuales, mientras que aquellos formulan una suerte de determinación “final” o sustrato, a modo de telón de fondo, en el cual las cosas pueden suceder de distintas maneras con repercusiones hacia adelante.

Tocqueville, citado por Zavaleta, define el momento constitutivo “de un modo casi inocente: los pueblos se resienten siempre de su origen. Las circunstancias que acompañaron a su nacimiento y sirvieron a su desarrollo influyen sobre el resto de su vida” (1986, p. 45). Aunque esta reminiscencia, al principio, ubica su naturaleza, tal categoría puede ser situada en varios planos de análisis.

Uno de ellos es el del momento de instauración del imaginario societal, al hacer referencia a la manera en que una sociedad adquiere el tono ideológico —su temperamento— y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción superestructural en simultánea. Es un periodo en el cual, se presenta un vaciamiento ideológico en la sociedad civil, una coyuntura en que grandes masas están dispuestas a la asunción de nuevas creencias colectivas. (Lamus, 2020, p. 45)

Atendiendo a la primacía de lo ideológico, que es consecuencia necesaria de la generalización mercantil del valor, no deja de connotar la legitimación del poder. En tal sentido, su preeminencia no solo indicaría que la apelación a formas represivas resulta de una hegemonía baja por parte del Estado, sino que, a su vez, su insuficiencia mostraría los límites de la homogenización societal [Abigarramiento]. Siendo así, la ideología es el resorte de la construcción mercantil de la identidad.

Habría que saber por qué en determinado momento, un momento crucial, el conjunto de hombres está dispuesto a sustituir el universo de creencias, representaciones, fobias y lealtades. Esto porque es conocido el carácter resistente y osificante de la ideología: su prejuicio, su inconsciente social, es lo último a que renuncia un hombre.

El momento constitutivo moderno es, entonces, un efecto de la concentración del tiempo histórico, lo cual significa que puede y requiere una instancia de vaciamiento o disponibilidad universal y otra de interpenetración o penetración hegemónica. En términos capitalistas, se supone que el resultado de esa combinación ha de ser la reforma intelectual.

[…] Es por eso que el vaciamiento está asociado con frecuencia a tipos de catástrofe social. Sin duda la más conocida de ellas es la crisis nacional general o crisis revolucionaria, es decir, la forma clásica de cambio catastrófico en el sentido del nuevo sentido de la temporalidad. Pero también la guerra, la crisis de todo tipo, las mortandades militares, las epidemias, las migraciones masivas, e incluso la solidaridad generada por obras publicas majestuosas y la repetición de actos productivos comunes de alto consumo organizativo, en fin, todas las formas de producción de vacancia ideológica. (Zavaleta, 2021, pp. 406-407).

Un segundo plano analítico —como se ha esbozado— es considerar:

El momento constitutivo como un momento de crisis, que es tan propio de formaciones abigarradas porque, en ellas, la crisis no actúa como una forma de violencia sobre el orden de la rutina, sino como una aparición patética de las puntas de la sociedad que, de otra manera, se manten-drían sumergidas. (Lamus, 2020, p. 45)

De esta forma, los momentos de crisis se asumen como una manera de compensar los desajustes entre los episodios silenciosos de la estructura y el carácter del poder; es decir, la manera que tiene una sociedad invertebrada de adecuar los momentos de sus determinaciones, puesto que en ellos no ha sido posible hacerlo por la vía de la democracia representativa.

Es importante señalar que la crisis tampoco remite necesariamente a una situación general, ni involucra per se al conjunto espacial y social. A su vez, Tapia (2009) denota que la crisis es un momento en el que el conocimiento social subalterno puede ser ampliado, dado que es una coyuntura de aglutinación donde la diversidad social se hace visible; simultáneamente, no deja de ser una situación de fractura y quiebre ideológico en la representación de la vida social y de las instituciones que la reproducen.

El momento constitutivo [y de crisis] es aquel donde algo adquiere la forma que va a tener la vida social por un buen tiempo hacia adelante, es el momento en que se articula algo, así como un programa de vida social o de un orden social que va a funcionar como gran determinación o un horizonte de gravedad y dentro del cual han de caer los hechos que ocurren dentro de un tiempo. (Tapia, 2009, p. 21)

Como lo reseña Lamus (2020), una tercera formulación derivada del momento constitutivo es la configuración de la forma primordial, a la que nos hemos referido. Esta forma hace parte del diálogo propuesto por Zavaleta con los dependentistas, al considerar rangos de autodeterminación en “correspondencia con la calidad de su construcción; tal noción es una estrategia teórico-metodológica que permite pensar la construcción local-nacional en el contexto del mundo, pero manteniendo la exigencia de la reconstrucción histórica interna como variable explicativa central” (p. 46).

Dicha forma primordial hace parte del nivel de teorización intermedio, pues permite tender puentes entre la teoría general y la reconstrucción específica de cada historia. El abordar su conformación nos habilita una entrada al entreverado asunto de la democracia. Al ser dicha forma una combinatoria propia de determinada formación histórico-social, se referirá a un marco de autodeterminación en cada sociedad. La configuración democrática entrañará su calidad, mientras que su naturaleza responderá a la relación entre disponibilidad social y excedente. (Lamus, 2020, p. 46)

La primera puede definirse como un momento de ánimo general en el que se produce una suerte de vacancia ideológica y la consiguiente anuencia a un relevo de creencias o lealtades. De esta forma, guarda una relación directa con el momento constitutivo, puesto que se realiza en un segmento espacio-temporal específico, en condiciones conspicuas, devenidas de contradicciones en los países centrales o a raíz de una crisis general o parcial a nivel interno.

El momento de disponibilidad es el del vaciamiento o supresión del élan colectivo, que, hasta entonces, determinaba el ethos de una sociedad y en el que se da apertura a la asimilación de un nuevo conjunto de creencias y lealtades, las cuales fundan la unidad ideológica o identidad inconsciente.

Aquí se requiere algo que tenga la fuerza necesaria como para interpelar a todo el pueblo o al menos zonas estratégicas de él porque ha de producirse un relevo de creencias, una sustitución universal de lealtades, en fin, un nuevo horizonte de visibilidad del mundo. Si se otorga una función simbólica tan integral a este momento es porque de aquí se deriva o aquí se funda el “cemento” social, que es la ideología de la sociedad. Se trata de uno de los hechos sociales más persistentes, a tal punto que se podría decir que la ideología constitutiva suele atravesar los propios modos de producción y las épocas [...] sino también a los propios momentos constitutivos complementarios o sea el flujo de la reforma histórica en el seno de un movimiento originario. (Zavaleta, 1986, pp. 75 y 76)

Para cerrar el primer momento, el excedente puede interpretarse como la generación de riqueza en un periodo determinado; y este puede alentar, aunque no necesariamente, la disponibilidad social.

En el implantado dogma del excedente como única forma de disponibilidad posible radica la herencia del fondo mercantilista de la fundación española de América, tributaria siempre de los presupuestos del capital comercial. [...] La idea de que la riqueza crea poder es una noción vertical, reaccionaria y elitista, en tanto que la disponibilidad generada por actos del pueblo, como voluntad de masa hacia la trasformación es un acto revolucionario. (Zavaleta, 1986, pp. 42 y 43)

Estamos ante dos concepciones de producción de disponibilidad en formaciones abigarradas: la forma democrática popular y la forma vertical.

Segundo Momento

“Lo que me preocupa no es tanto el Congreso, si no sí hay disposición en la sociedad para hacer un Acuerdo Nacional, y aquí en este año que hapasado, tengo mis dudas”³ Gustavo Petro, 2023

Al inquirir someramente en la historia política nacional, es palmaria la traza continua de guerras y confrontaciones fratricidas, aunque con segmentos cortos de tregua. La política, en los términos propuestos líneas atrás, ha sido signada por la pugnacidad violenta y armada, es decir, con el claro propósito de eliminar al adversario.

Tal parece ser el fondo histórico de la sociedad y del estado colombiano. ¿Será la guerra nuestro momento constitutivo? Aunque no es el lugar ni está el acumulado para ser conclusivo, sin duda hace parte de la respuesta, dado que la guerra y sus aditamentos representacionales e imaginarios han configurado, por generaciones, discursos y prácticas societales que laten y se manifiestan en trazas culturales de nuestra sociedad.

Es verdad que sería una reducción al absurdo asignar a un momento preciso y aun a una causa central la determinación de la emergencia de una sociedad o de un estado. Es cierto, lo dice la práctica, que un procesode agregación paulatino y aun consciente puede subsanar la inexistencia de este momento de irrupción, que es rotundo, sea por su precisión en el tiempo, que le da una conspicuidad en el devenir, o por la majestad de su importancia, como el Nilo o la agricultura andina. (Zavaleta, 1986, p. 74)

Nuestras miras, por ahora, no ingresan a un ámbito de tal calado; en cambio, sí interesa abordar de manera exploratoria los contornos sociales y culturales del bloque histórico dominante y su mutación o degeneración a finales del siglo XX, lo cual agregaría elementos para esbozar una ecuación social que ha sido prevaleciente y que ha puesto a sectores de la sociedad civil y el Estado sobre gran parte del colectivo social.

Hylton y Tauss (2022), al abordar la victoria electoral de Petro en el contexto de la historia reciente, plantean la necesidad de establecer “la naturaleza del bloque de poder que gobernó por más de ciento cincuenta años, que siendo dirigido por un duopolio oligárquico conservador-liberal, dio paso a partir de 2002, al régimen contrainsurgente de extrema derecha liderado por Álvaro Uribe” (p. 95).

Un somero acercamiento histórico permite señalar que uno de los rasgos diferenciadores de nuestro contexto político —hasta bien entrado el siglo XX— es el pugnaz sistema político bipartidista establecido a fines de la década de 1840, el cual ratificó la instauración de la república señorial (García, 1977), que, de forma pétrea, le dio continuidad a una esclerosada e inamovible estratificación social devenida de la Colonia. De esta forma, la emergencia del sistema bipartidista no hizo más que reforzar una pirámide social, cuya base estaba constituida por una “polvareda plebeya de campesinos, artesanos y peones, y una capa media de letrados definida en su posición advenediza de estación de tránsito de unos grupos familiares que suben y otros que descienden” (p. 9).

Al afianzarse esta pirámide que condiciona la cultura política, entrará a fungir como premisa prescriptiva de relacionamiento social y político, en el cual las rivalidades, intensamente localizadas en el marco del sistema servil hacendatario y alimentadas por redes regionales de clientelismo y mecenazgo, descenderán por la escala social hasta los trabajadores sin tierra y asalariados, logrando así movilizar coaliciones interclasistas y multiétnicas.

En este sentido, la ecuación social que se desenvuelve desde mediados del siglo XIX remitirá a un conflicto armado entre facciones de casta que dominan en la sociedad civil y que se hacían del gobierno de forma ocasional. Luego de las guerras de finales de siglo, la oligarquía formada por conservadores y liberales independientes (1880-1930) da paso al arraigo del Estado y reafirma la exclusión de la

Participación política de las clases populares al imponer condiciones de propiedad y alfabetización: antiguos esclavos, negros libres, indígenas, artesanos y campesinos mayoritariamente mestizos/mulatos/zambos, que vivían y trabajaban como aparceros, arrendatarios, ocupantes ilegales de terrenos y colonos de fronteras, fueron expulsados de la vida política. (Hylton y Tauss, 2022, pp. 100-102)

Una forma primordial que excluye a amplios sectores de la sociedad civil y que se asentó sobre el limitado despliegue del capitalismo moderno y su correspondiente forma salarial, puesto que se instauró sobre masas sujetas a relaciones de extracción de excedente premodernas que mezclan el débil salariado con la servidumbre y la esclavitud, a través de formas que van desde el terraje, el peonaje por deudas, los aparceros, los concertados y los estancieros.

Esta ecuación social empezará a impugnarse por un sinnúmero de luchas de los grupos y sectores de trabajadores, sujetos subalternos configurados en torno al proceso de modernización en las primeras décadas del siglo XX. Estos logran consolidar una fuerza política que influirá en la caída de la hegemonía conservadora, pero que terminará siendo cooptada, transformada e integrada en las filas del liberalismo que se vestía con traje socialdemócrata.

Este ejercicio formal de integración se cumplió con los grupos más visibles de los subalternos, el sindicalismo y, de modo figurado, el campesinado (Ley 200/36). Por su parte, indígenas, afros y mujeres deberán esperar décadas para su inserción normativa, dado que la “pausa” decretada por el mismo López en 36 y continuada por Santos separó de nuevo a las masas de su aparente ligazón con el gobierno. Este será un hiato significativo que fungirá como plataforma para el emergente populismo gaitanista.

Cuando en las primeras décadas del siglo XIX la urbanización y la industrialización hicieron inevitable la incorporación de las masas a la política, no sorprende que la tradición [paternalista] inspirara el nuevo y predominante acuerdo político/cultural, el populismo. Las elites establecieron mecanismos de una forma subordinada de inclusión política, en la cual sus relaciones personales con líderes políticos les aseguraba el control y tutela sobre una participación popular heterónoma. (Escobar et al., 2001, p. 29)

Con el magnicidio del caudillo liberal se cercenó un proceso histórico de asimilación política de amplias capas subalternas, al tiempo que precipita una larga crisis de hegemonía, que venía siendo anticipada por el resquebrajamiento del molde político-cultural hacendatario. Esto abrirá una etapa de guerra social irregular (Herrera, 2017), segmentada e ininterrumpida, que trunca la progresión democrática subalterna hasta el presente.

Son los tiempos del “pacto de caballeros” y del declive de la rivalidad bipartidista: un conflicto entre facciones de élite que deja de ser animado desde las alturas, pero que, en el marco de la Guerra Fría, se traslada más allá de la frontera agrícola. Allí enfrenta a sectores de la insurgencia subalterna contra un Estado que adopta de manera tibia el experimento cepalino.

De esta forma, a la carga e inercias del molde hacendatario que ahora se trasladan transmutadas a las urbes, a través de relaciones clientelares de corte transaccional (Buitrago y Dávila, 2010), se suma una alta informalidad laboral, que será el signo pertinaz, no solo de un capitalismo industrial raquítico, sino del trágico escenario del trabajador colombiano.

Bajo una excluyente democracia representativa de corte consociacional, se actualiza la ecuación social que se estabiliza en medio de la modernización a comienzos de siglo, luego de años tortuosos de violencia política entre el duopolio partidista. Aun así, el desenvolvimiento de la ecuación se da de forma inestable, debido a que, en una sociedad en acelerado proceso de cambio, la cruzan tendencias sociales y culturales que pugnan por una apertura democrática. La nueva cara de la ecuación, el régimen frente nacionalista, se asentará sobre una estabilidad precaria dada la incidencia de tres factores:

1.°. Tendencia al inmovilismo por la dificultad de concertar acuerdos dadas “las diferencias intra o interpartidistas”; 2.°. Tensiones originadas en la tortuosa relación entre élites y masas; y 3.°. Riesgos de incoherencia de los políticos como resultado de conflictos entre corrientes favorables a orientaciones políticas generales y aquellas proclives a la defensa cerrada de sus posiciones políticas por el camino de satisfacción de necesidades particularistas o regionales. Esto condujo a la inestabilidad que se vio incrementada desde finales de los años setenta cuando el Frente Nacional se desarrolló bajo el signo de la crisis. Esta se haría más profunda en la etapa post-frentenacionalista. (Medina, 1993, p. 99)

Era, pues, sintomático el tránsito hacia una crisis política generalizada en los albores de la década de los 80, con diferentes fuerzas de la sociedad civil tensionando la estructura estatal, desde el campo de las insurgencias armadas, pasando por un movimiento cívico que alentaba una mayor participación política. A su vez, hallan expresión organizaciones partidistas y sindicales que anticiparon los impactos de recientes políticas de reorganización y gestión capitalista, hasta facciones de una emergente lumpenburguesía, representante de un capitalismo mafioso que remoza el molde hacendatario al agregarle una hibridación forzosa con los aditamentos sociales y culturales del neoliberalismo.

La ampliación democrática prevista en la Constitución del 91 —anticipada en parte con la elección popular de alcaldes— y la promesa de buscar el cierre de las enormes inequidades económicas y sociales fueron algunos de los catalizadores de una explosión de violencias en la década de los 90. Acelerados por una fuerza contrainsurgente que, coaligada con sectores del lumpen y de las viejas oligarquías, allanó las condiciones políticas, económicas y territoriales para el despliegue de contrarreformas que instauraron el neoliberalismo.

A su vez, el fortalecimiento militar de la principal fuerza insurgente, reflejado en un copamiento territorial nunca antes alcanzado, suscitó una amenaza que llegó a interpretarse como el colapso del Estado. Las crisis superpuestas y las espirales de violencia a finales de los noventa llevaron al límite al sistema bipartidista (Hylton y Tauss, 2022). Este mismo sistema se entregará a una de las experiencias más radicales de la ecuación social: el régimen parapresidencial (Herrera, 2008) que caracterizó al Uribato.

Pueden contarse dos décadas (2002-2022) en las cuales el ascenso de la lumpenburguesía y el ajuste neoliberal volcaron al Estado sobre la sociedad civil, aunque con atenuantes durante el interludio santista, un uribato que no dejó de reproducir y aún acentuar una forma primordial fraguada desde la experiencia colonial. Tal perfilamiento histórico nos interroga por el momento constitutivo, no solo de dicha forma, sino aún más, si este corresponde a los momentos en que han fenecido proposiciones de otra ecuación social.Podríamos arriesgar que han sido varias proposiciones las que han buscado la transformación de la ecuación; entre ellas, podríamos plantear el hecho comunero, la apuesta del general Melo y la experiencia gaitanista. Ahora se enfrentan los límites sociales y políticos de una nueva proposición, en una etapa histórica en la cual se busca doblegar no solo la inercia de una pretérita ecuación social, sino también sus visos contemporáneos.

Esta condensación particular al interior de la sociedad política, sustentada en una transitoria conjunción de fracciones de clase, como expresión gubernativa del Estado, tradujo el temperamento de una sección dominante de la sociedad civil, que paso a imponer —manu militari y con el consenso de amplias capas populares— sus términos. Al acotar la noción de momento constitutivo, se plantea que con la primera presidencia de Uribe se estabilizó temporalmente y se hizo dominante la ecuaciónsocial parapresidencial. (Lamus, 2020, p. 203)

Tal configuración del bloque histórico —ecuación social en términos de Zavaleta— actualizó una serie de creencias y lealtades devenidas del servilismo rural y hacendatario. Ellas se mezclan con el sectarismo recalcitrante y homicida que prefigura “La Violencia”, y que son cargas acumuladas de ese fondo histórico de guerra social de los de arriba, a las que se añadieron las mutaciones gánsteriles del narcoparamilitarismo que hoy recibe diversas calificaciones, y que se probó en el reflujo electoral del 29 de octubre de 2023.

Los procesos descritos nos interrogan, en lo inmediato, sobre los alcances y modificaciones culturales precipitados por la crisis política hecha manifiesta a través del llamado estallido social, que tiene como antecedente el segundo ciclo de movilización social y política situado luego de la firma del Acuerdo de Paz, y que se desbordó y fue fortalecido por los efectos sociales y económicos de la pandemia.

El rechazo al gobierno represor de Duque y al uribismo como ideología dominante del país tuvo un efecto unificador. Ayudó a superar la heterogeneidad de los sujetos políticos… las semanas de protestas hicieron virar el sentido común del país hacia la izquierda y fortalecieron la idea de que la acción directa y no violenta podía lograr que se escuchasen las demandas planteadas.

El “estallido social”, que duró desde finales de abril hasta junio de 2021, marcó la continuación, la expansión y la radicalización del paro general declarado en noviembre-diciembre de 2019. La pandemia profundizó aún más la crisis y puso de manifiesto la falta de consenso —en buena medida entre la fragmentada burguesía del país, que rechazaba el gobierno de Duque por más de dos tercios— en torno a cómo debería organizarse el Estado y la sociedad colombianos. (Hylton y Tauss, 2022, pp. 118-121)

La mayoría de los acontecimientos en la sociedad política, en particular, en el Congreso de la República, han denotado la resistencia de los poderes fácticos a las reformas, a pesar de los esfuerzos de sectores organizados de la sociedad civil que apoyan al gobierno de Petro. De esta forma, podría apostarse por los límites sociopolíticos alcanzados por la vacancia ideológica generada por la crisis política y la pandemia; es decir, los efectos coyunturales no propiciaron un relevo de creencias y lealtades de amplitud suficiente.

En el epígrafe que marca el inicio de este segundo momento, Petro denota inquietud por la disposición de la sociedad a alcanzar un acuerdo nacional, en nuestros términos, por su disponibilidad social para asimilar un nuevo conjunto de ideas y nociones que funden un pacto social. Por tanto, doblegar siglos de un momento constitutivo marcado por la exclusión y la guerra, que se reproduce a través de una relación de poder vertical y reaccionaria, sustentada en una dinámica de acumulación de excedente profundamente desigual e inequitativa, requerirá, sin duda, del impulso y concreción de reformas; pero, aún más, de un largo y dilatado proceso de reforma intelectual en la amplitud de las masas que conforman la sociedad civil, es decir, una transformación de la cultura política.

Es precisamente esa otra disponibilidad generada por la voluntad delas masas hacia la transformación la que se constituye a través de la reforma intelectual. No serán, en consecuencia, masas gregarias, en las que el “pueblo rebaño” deba ser orientado por una élite paternal; son, en cambio, sujetos colectivos, ciudadanías libres o multitudes que busquen emancipación y autonomía. En este horizonte, el sistema público educativo es piedra angular, el mismo que no solo reclama modificaciones normativas y presupuestales, sino una nueva forma de abordar, desarrollar y evaluar los procesos formativos en los espacios institucionales, que deben ser desplegados al conjunto de las comunidades educativas. Es un enorme desafío a largo plazo que le asiste preferentemente tanto al primer gobierno progresista como al conjunto de maestros y maestras organizados en la principal fuerza sindical del país.