Recibido: 22 de mayo de 2014; Aceptado: 19 de enero de 2015
Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Un análisis testimonial
Gender Parity and Political Violence in Bolivia, Costa Rica and Ecuador. A Testimonial Analysis
Resumen
El artículo analiza el acoso y violencia política en razón de género en tres países pioneros de América Latina que han avanzado más allá de las cuotas al adoptar una normativa político paritaria –Bolivia (2009), Costa Rica (2009) y Ecuador (2008)–. Esta investigación es realizada a través de la recolección de datos primarios obtenidos de la realización de veintitrés entrevistas focalizadas a informantes clave a fin de contar con testimonios sobre las formas del ejercicio de la violencia política en razón de género en cada país de estudio, fenómeno que presenta un bajo registro oficial en la región. Asimismo, se presenta un análisis sobre el accionar de los partidos políticos ante la primera implementación de la normativa paritaria en Bolivia (2009) y Ecuador (2009) que pone de manifiesto la confección estratégica en términos de género de las listas partidarias.
Palabras clave: género , mujer , política , paridad , violencia .Abstract
The article analyzes gender harassment and political violence in three pioneer countries in Latin America which have advanced beyond quotas, by adopting an egalitarian political regulation; Bolivia (2009), Costa Rica (2009) and Ecuador (2008). This research is carried out collecting primary data obtained from twenty-three interviews focused on key informants to provide testimony on the forms gender based political violence in each country of the study manifest itself, a phenomenon that has a low record officially in the region. In addition, an analysis is submitted on the action of political parties in view of the first implementation of the equality regulations in Bolivia (2009) and Ecuador (2009), which displays the strategic making of gender parity in party lists.
Palabras clave: gender , policy , parity , violence , woman .Introducción
La desigualdad histórica en las relaciones de poder entre ambos sexos ha suscitado un tipo de violencia ejercida contra las mujeres denominada violencia de género; avalada y naturalizada a través de ciertas prácticas sociales y culturales. Esta problemática incide negativamente sobre la salud física y mental de las mujeres y su participación en los ámbitos social, político y económico –representando uno de los desafíos más serios para el desarrollo humano sostenible en América Latina (OEA, 2010)–.
Resulta difícil conocer la realidad de esta problemática en la región debido principalmente a la escasez de registros oficiales consolidados en la mayoría de los países, a los diversos tamaños poblacionales de las unidades de análisis y a ciertas definiciones establecidas en los marcos legales en la materia que obstaculizan su comparabilidad. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 40% de las mujeres de la región es víctima de violencia física, mientras que el 60% sufre de violencia psicológica (CEPAL, 2009). Por su parte, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2011) afirma que una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia física en Latinoamérica y un 16% ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida.
En Bolivia según una encuesta realizada por el programa ONU Mujeres en el año 2012, siete de cada diez mujeres sufrieron violencia sexual o física, situándose este país en el primer lugar entre trece países en Latinoamérica donde se registra violencia física por razones de género, y en segundo puesto en violencia sexual después de Haití. En Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Mujeres (INAMU) en el periodo 2000-2010 se registraron a nivel nacional un total de 270 femicidios. Por su parte, en Ecuador, según datos de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 83.000 mujeres al año sufren algún tipo de violencia física, psicológica o sexual. Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) de este mismo país, el 60,6% de las mujeres ecuatorianas ha vivido algún tipo de violencia.
La incursión de las mujeres en el juego político electoral en sociedades con altos índices de violencia de género ha tenido como correlato nuevas expresiones de esta problemática asociadas al incremento de la competencia político-electoral entre ambos sexos. En algunos países de América Latina la implementación de acciones afirmativas (cuotas) y la paridad política ha sido acompañada por la exaltación de ciertas prácticas patriarcales, ejercidas principalmente por los partidos políticos que los movimientos de mujeres de la región han conceptualizado bajo el nombre de acoso y violencia política en razón de género. Este fenómeno obstruye cotidianamente la participación política de las mujeres (incluso en países que han adoptado las cuotas o la paridad política), a través de prácticas tales como la obligación a renunciar a su banca una vez que han sido electas, la existencia de obstáculos al normal desempeño en el ejercicio de sus tareas, la prohibición a expresarse, la difamación, el acoso a través de los medios, los insultos, las calumnias, la violencia sexual, la agresión física, la dominación económica en el plano doméstico y político, y la persecución de sus parientes y seguidores.
El artículo analiza esta problemática en tres países pioneros de América Latina que han avanzado más allá de las cuotas al adoptar una normativa político-paritaria, estos países son Bolivia en el año 2009, Costa Rica en el año 2009 y Ecuador en el año 2008.1 Cada uno presenta diversos escenarios históricos, políticos, institucionales y legales que inciden en diferentes formas sobre la efectividad de la paridad política de género y el fenómeno del acoso y la violencia política. Por un lado, Costa Rica ha sido considerada históricamente una de las democracias más consolidadas de América Latina, donde se ha instalado el respeto y promoción de los derechos cívicos de las mujeres. Un indicador de ello ha sido la elaboración de la primera Ley de Igualdad Real del año 1990 de la región. Por otro lado, en Bolivia y Ecuador la ampliación de la participación política de las mujeres en las instituciones de representación política a lo largo de la historia ha sido acompañada por fuertes vaivenes institucionales de democracias sumamente frágiles. Cabe destacar que Bolivia es el único país que ha logrado promulgar una “Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres” del año 2012; normativa sin precedentes en la región.2
Esta investigación es realizada a través de la recolección de datos primarios obtenidos a través de veintitrés entrevistas focalizadas en informantes clave, a fin de contar con testimonios acerca de las formas de la violencia política en razón de género en cada país de estudio, fenómeno que presenta un bajo registro oficial. Estas consultas fueron llevadas a cabo de manera presencial y/o vía internet durante el año 2012 con el propósito de conocer algunas experiencias de acoso y violencia política en estos tres países, entendida esta problemática como una expresión de violencia de género en el espacio político-electoral. Es importante destacar que la información recolectada no constituye un conjunto de datos estadísticamente significativos, sino un conjunto de opiniones que permiten detectar tendencias sobre la dinámica que adopta el fenómeno en estudio en tres países paritarios de América Latina. La identidad de la mayoría de las mujeres entrevistadas es omitida a pedido expreso de ellas debido a que en muchos casos aún se sienten acosadas en el desempeño de sus funciones públicas. Por otro lado, se presenta un análisis sobre el accionar de los partidos políticos ante la primera implementación de la normativa paritaria en Bolivia (2009) y Ecuador (2009) que pone de manifiesto la confección estratégica en términos de género de las listas partidarias.
Marco teórico
La violencia de género es definida por la Convención De Belem do Pará (OEA, 1994) como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 1). Por otro lado, la declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU, 1993) define esta problemática como:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. (Art.1)
Ambas definiciones ponen de manifiesto una condición social de subordinación de las mujeres con respecto a los varones, situación que se vincula a la existencia de situaciones de desigualdad y desequilibrio de poder entre ambos sexos. Estos hechos son correlato de la presencia de un sistema de dominación patriarcal basado en la estructura binaria de sexo-género que ha establecido roles estereotipados para varones y mujeres a lo largo de la historia. Según Pateman (1995), este tipo de sociedad fue fundada a través de un contrato sexual orientado a fundamentar la dominación de los varones sobre las mujeres al establecer que:
Las mujeres son el objeto del contrato. El contrato (sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal. (Pateman, 1995, p. 15)
Los varones crean la sociedad civil patriarcal y el nuevo orden social está estructurado en dos esferas. La esfera privada está separada de la vida pública civil; la esfera privada es y no es parte de la sociedad civil, y las mujeres son y no son parte del orden civil. Las mujeres no son incorporadas como “individuos” sino como mujeres, lo que en la historia del contrato original significa que participan en tanto subordinados naturales. (Pateman, 1995, pp. 249-250)
En otras palabras, las mujeres participan del contrato en condición de subordinación respecto a los varones siendo y no siendo ciudadanas. La inclusión de las mujeres yace en tanto su condición de sexo, lo que implica la configuración de un sistema de dominación que condiciona el status de ciudadanía de este grupo social. Asimismo, a través de este pacto se da origen a una sociedad civil dividida en dos esferas: la pública y la privada; aunque solo la primera resulta ser relevante visibilizando el orden de la diferencia sexual (Pateman, 1995). Las mujeres asumen protagonismo en la esfera privada en la medida en que los varones hacen lo propio en la esfera pública. Este último ámbito se constituye en el espacio de derecho del ciudadano y de la ley; por el contrario, la esfera doméstica resulta ser un espacio privado de iguales, siendo un ámbito privado de toda norma legal.
Tradicionalmente, la esfera privada ha sido caracterizada como el espacio no productivo e irracional donde dominan los lazos afectivos y de parentesco. Por el contrario, el espacio público ha sido constituido como el ámbito de trabajo racional y profesional. Como sostiene Murillo (1996), las virtudes cívicas no han sido pensadas para las mujeres sino para aquellos a los que ella cuida y ama; siendo su responsabilidad exclusiva dedicarse a la tarea de pensar en los demás para hacerles confortables su espacio privado.
Las sociedades históricamente han mistificado a la mujer a través de los roles asumidos en el ámbito privado, especialmente la maternidad. Como afirma Segato (2003):
No hay ninguna sociedad que no endose algún tipo de mistificación de la mujer y de lo femenino, que no tenga algún tipo de culto a lo materno, o a lo femenino virginal, sagrado, deificado, que no lo tema en alguna de las variantes del motivo universal de la vagina dentata o que no cultive alguna de las formas del mito del matriarcado originario. (Segato, 2003, p. 3)
En este sentido, los intentos de las mujeres de escapar a este rol han tenido en muchos casos como correlato el ejercicio de la violencia de género. Este hecho se vincula a que la intención de ruptura del orden estatuido tanto para la esfera pública como privada opera como amenaza a la integridad masculina; los hombres apelan, entonces, a un reclamo violento para no ceder ciertos espacios de poder (Segato, 2003).
Desde la teoría política feminista se ha documentado cómo la concepción de lo político fue construida asociando a los hombres con razón y cultura y, por tanto, con la esfera de lo público; y a las mujeres con emoción y naturaleza, por lo que quedaron circunscriptas al ámbito de lo privado y a la vida doméstica (Mouffe, 1991; Young, 1996). Phillips (1996) argumenta que los hombres y las mujeres se incorporaron a la ciudadanía en forma diversa: ellos lo hicieron en calidad de soldados y de trabajadores, mientras que las mujeres lo hicieron fundamentalmente como madres. Por su parte, Pateman intenta objetar el argumento liberal:
Según el cual las desigualdades sociales no repercuten en la igualdad política, argumento que les permite a los liberales ignorar los problemas surgidos del intento de universalizar los principios liberales haciéndolos extensivos a las mujeres, al tiempo que conservan la división de la vida en pública y privada, separación que es medular de la democracia liberal y que es también una división entre los hombres y las mujeres. (Pateman, 1990, p. 8)
Asimismo, la ciudadanía universal planteada desde el liberalismo –tendiente a suprimir (ocultar) las desigualdades sociales– no sólo excluyó a las mujeres sino también a otros grupos sociales, como los grupos étnicos. Algunos/as autores/as han propuesto desde una perspectiva multiculturalista una concepción diferenciada de la ciudadanía para dar lugar a la incorporación de los miembros de grupos oprimidos –en tanto tales– a la comunidad política (Archenti, 2003). En palabras de Young (1996):
Lo que necesitamos, en lugar de una ciudadanía universal entendida como mayoría, es una ciudadanía diferenciada en función del grupo, y, por tanto, un ámbito y un sector público heterogéneo. En un ámbito y sector público heterogéneo, las diferencias se reconocen y aceptan públicamente como irreducibles, o dicho de otra forma, ello supone que las personas que tienen una perspectiva o una historia determinada nunca pueden comprender y adoptar completamente el punto de vista de quienes parten de historias y perspectivas de grupos diferentes. (Young, 1996, p. 107)
Young (1996) afirma que sólo de este modo se podrá lograr la inclusión y participación de todos los grupos en las instituciones económicas y políticas. Es decir, que la condición de ciudadanía debe ser inscripta no en función de individuos sino en tanto colectivo, asegurando su promoción por parte del Estado para que tengan sus representantes.
El ejercicio desigual de la ciudadanía entre varones y mujeres es una problemática vigente que tiene actualidad en diversas regiones del mundo. En el ámbito político, una de las formas en que se expresa esta desigualdad es a través del acceso a los espacios políticos de toma de decisión. Orientadas a la superación de esta inequidad, a partir de la década de los años noventa se implementaron principalmente tres estrategias institucionales tendientes a promover la inclusión de las mujeres en los procesos políticos de toma de decisión: los Planes y Programas de Igualdad y Trato, las Oficinas Mujer en los Ejecutivos y la incorporación de acciones afirmativas (cuotas) en el sistema legal (Archenti y Moreno, 2004). Como afirma Archenti (2003), estas últimas constituyen un trato preferencial en el derecho a un grupo social históricamente oprimido, al establecer oportunidades institucionalizadas de mayor participación e influencia de las mujeres en el proceso decisional.
Iniciado este milenio, y ante los obstáculos que enfrentaron las cuotas, algunos países han comenzado a aplicar un nuevo mecanismo basado en el principio de paridad. Esta estrategia en el ámbito político especifica la composición paritaria en términos de sexo de diversas instancias y órganos de toma de decisión. En particular, respecto a las listas electorales se establece que deben estar integradas en forma equitativa por 50% de mujeres y 50% de varones.
Como afirma un estudio de la CEPAL (2011), la paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres sino que es la expresión más amplia de la universalidad, implicando el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas, además de una nueva práctica de ciudadanía orientada a fortalecer las democracias modernas. En síntesis, las cuotas son medidas temporales que se mantienen entre tanto se logre el objetivo principal, que no es otro que la consecución de la igualdad política entre hombres y mujeres. La paridad, por el contrario, es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres.
En términos generales, la implementación de las cuotas y la paridad política ha resultado en una mayor presencia de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisión, poniendo en tela de juicio los roles asignados tradicionalmente para ambos sexos a través de la dicotomía público/privado. Si bien ambas estrategias institucionales constituyen un hecho significativo para que más mujeres participen en los procesos políticos, este hecho no necesariamente se traduce en la democratización real del poder en términos de género y de la política. Como afirma Bareiro (2002), la igualdad de oportunidades únicamente no basta porque no conlleva necesariamente a prácticas democráticas. Según Machicao (2011) los hechos demuestran que si se adopta el principio paritario surgen nuevos problemas en la disputa sustancial del poder, en la toma de decisiones y en la redistribución de los recursos tanto materiales como simbólicos.
La implementación de acciones afirmativas (cuotas) y la paridad política en algunos países de América Latina, ha sido acompañada por la exaltación de ciertas prácticas patriarcales, ejercidas principalmente por los partidos políticos que los movimientos de mujeres de la región han conceptualizado bajo el nombre de acoso y violencia política en razón de género. Esta problemática aún no registra un desarrollo teórico conceptual sistemático y tampoco existen bases de datos que permitan profundizar el análisis empírico, a pesar de que se han realizado algunos estudios e investigaciones exploratorios durante los últimos años.
Los trabajos sobre acoso y violencia política en razón de género (Machicao, 2004; Escalante y Méndez, 2010; Herrera et al., 2010; Archenti y Albaine, 2013; Albaine, 2014) coinciden en afirmar que este tipo de práctica constituye una acción ilícita que vulnera los derechos políticos y humanos de las mujeres. Algunos hombres al verse obligados legalmente a compartir el poder han intensificado diversas estrategias de violencia directa e indirecta (Herrera et al., 2010) contra las mujeres. Esto se vincula a que el incremento de mujeres en los espacios de toma de decisión, impulsado por las normas de género, puso en cuestión el status quo establecido en la arena política caracterizado por la hegemonía y el dominio masculino. Como afirman Escalante y Méndez (2010), en el espacio político se continúa reproduciendo patrones patriarcales, y se manifiesta la discriminación de género, la situación de desigualdad en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y de los patrones sociales y culturales masculinos sobre los femeninos; es decir: se perpetúa la masculinización de los espacios públicos y políticos.
Metodología
Las entrevistas, a profundidad, fueron realizadas en su mayoría a mujeres legisladoras de diversos partidos políticos del ámbito nacional, a algunas concejalas, a representantes clave de la organización civil en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres (coordinadoras de ONGs) y a élites académicas (consultoras y expertas en participación política femenina) de Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Estas consultas fueron llevadas a cabo de manera presencial y/o vía internet durante el año 2012 con el propósito de conocer la realidad del acoso y la violencia política en razón de género en estos tres países. Resulta oportuno mencionar que en ninguno de los tres casos fue posible consultar a asambleístas del sexo masculino, pese a los reiterados intentos para concretar entrevistas al respecto.
Se contactó a las coordinadoras de diversas instituciones tendientes a promover los derechos políticos de las mujeres tales como la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), la Asociación de Mujeres Municipalistas de Ecuador (AMUME) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica; todas instituciones promotoras de una norma tendiente a prevenir el acoso y violencia política en razón de género en sus países. A través de estas organizaciones fue posible acceder a concejalas que sufrieron acoso y/o violencia política en razón de género, quienes estaban dispuestas a aportar sus testimonios y experiencia en el espacio político local. Por otro lado, se consultó a académicas y consultoras de organismos internacionales especialistas en participación política de las mujeres y el fenómeno del acoso y violencia política en razón de género en estos tres países.
Para la obtención de las entrevistas se utilizó la técnica de “bola de nieve”, a través de la cual unos pocos contactos iniciales ampliaron progresivamente el grupo de potenciales entrevistados. En particular, la Asociación de Concejalas de Bolivia y la Asociación de Mujeres Municipalistas de Ecuador fueron dos de las instituciones que facilitaron el contacto con mujeres que participan activamente en política en el nivel local de gobierno. Incluso en Ecuador fue posible a través de este medio acceder a una entrevista con una concejala, testigo protegida y víctima del acoso y la violencia política en razón de género. Por su parte, en Costa Rica el contacto con la Jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG) de la Asamblea Legislativa de ese país facilitó la realización de entrevistas a las asambleístas.
Asimismo, se realizó un muestreo intencional de mujeres que participan activamente en política tanto en el nivel nacional como local del gobierno de Bolivia, Costa Rica y Ecuador, pertenecientes a diversos partidos políticos que fueron contactadas vía telefónica y/o internet –a través de emails y la red social Facebook–, siendo consultadas sobre la posibilidad de realizar una entrevista sobre la problemática de la paridad política y el acoso y violencia política en razón de género en su país.
En total fueron realizadas veintitrés entrevistas, distribuidas ocho respectivamente en Bolivia y Ecuador y siete en Costa Rica. El 60,86% del total de las entrevistadas se desempeñan o desempeñaron como asambleístas legislativas; el 17,39% son concejalas y el 21,73% son consultoras/ expertas en temas de género y coordinadoras de ONGs (promotoras de los derechos políticos de las mujeres). En Bolivia, dos de las cinco asambleístas entrevistadas se autodefinieron como indígenas. Por su parte, en Ecuador se entrevistó a una de las dos asambleístas de origen indígena integrantes de la Asamblea Nacional (ver Tabla 1).
Tabla 1.: Tabla de distribución de entrevistadas, divididas por país de origen y perfil
Bolivia | Costa Rica | Ecuador | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Asambleístas legislativas | 5 | 5 | 4 | 14 | 60,86 |
Concejalas | 1 | 1 | 2 | 4 | 17,39 |
Consultoras/ expertas en género/ Coordinadoras de ONGs | 2 | 1 | 2 | 5 | 21, 73 |
Total | 8 | 7 | 8 | 23 | 100 |
Nota. Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en los tres países.
En los tres casos analizados se administró la misma pauta de entrevista, aunque para los casos de Bolivia y Ecuador se incluyeron preguntas específicas sobre la reacción de los partidos políticos frente a la primera aplicación de la paridad política de género en el nivel nacional de gobierno.3 Las preguntas formuladas indagaron sobre las condiciones de participación política de las mujeres y los obstáculos vinculados a este proceso, las características e impacto del acoso y la violencia política en razón de género en la competencia político-electoral entre varones y mujeres, así como la relación de esta problemática con la implementación de medidas de acción afirmativa (cuotas) y la paridad política; además del accionar de los partidos políticos. Cabe mencionar que este artículo presenta solo algunos resultados al respecto.
Testimonios sobre acoso y violencia política en razón de género en Bolivia, Costa Rica y Ecuador
El acoso y violencia política en razón de género se expresa de múltiples formas a través de situaciones de discriminación, violencia verbal y violencia física y/o sexual, generando una ambiente hostil a la participación política de las mujeres. Algunas prácticas mencionadas por las entrevistadas de los tres países (Bolivia, Costa Rica y Ecuador) han sido la persecución en medios, la reducción del salario, la no-devolución del cargo por parte del suplente varón en caso de prórroga por licencia por maternidad, las amenazas a familiares, el impedimento para participar en sesiones, la difamación sexual, entre otras.
En términos generales, es posible distinguir de los testimonios recogidos que el acoso y la violencia política en razón de género comprende prácticas más sutiles mientras otras no tanto; siendo las primeras las más difíciles de comprobar. Como afirman Herrera (et al., 2010) la violencia contra las mujeres tiene manifestaciones y nociones de violencia directa e indirecta. La violencia directa con un carácter más explícito y abiertamente represivo, por otro lado, la violencia indirecta está más vinculada a su carácter estructural y sistémico siendo menos reconocida puesto que ya ha sido legitimada, constituyéndose en la garante del status quo establecido.
La violencia política contra las mujeres por razones de género se expresa como violencia indirecta o estructural siendo su manifestación más generalizada la hostilidad, entendida como una reacción latente con la que se recibe y percibe la incursión y la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Esa hostilidad se convierte en una forma de castigo o censura hacia las mujeres por su trasgresión de “atreverse” a participar en lo público, y es mucho más severa en aquéllos casos en los que se atreven no solo a “estar” sino a llevar a la agenda pública los problemas y la visión de las mujeres (Herrera et al., 2010).
La violencia verbal, la difamación sexual y la discriminación hacia las mujeres en el ejercicio del poder constituyen un tipo de violencia indirecta. La primera de éstas, según el testimonio de Pilar Rassa, coordinadora de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME), constituye en “cualquier forma naturalizada en el accionar de hombres y mujeres que nos impide el ejercicio político. Es decirte es la mofa, los chistes, son los gestos, son las formas que se utiliza para impedir o acallar la voz de la mujer” (2012). Mientras en lo que se refiere a la difamación sexual afirma:
[...] apenas la mujer comienza a destacarse en una localidad entonces inmediatamente tienen que buscarle un pero. El principal es el del tipo sexual, entonces te has acostado con todos, ya eres fácil. Eso les ha costado en muchas de las ocasiones su familia porque el marido, su machismo no quiere verse afectado y dice alguna razón han de tener en lugar de confiar. Inclusive han tenido que renunciar. (Rassa, 2012)
Por último, existen diversas situaciones de discriminación hacia las mujeres vinculadas a las dinámicas que la política adopta, como los horarios dispuestos para reuniones que tienden a obstaculizar la posibilidad de conciliar la vida pública con la privada. De los testimonios de las entrevistadas es posible afirmar que tanto en Bolivia, como Costa Rica y Ecuador la violencia indirecta constituye una práctica recurrente, tanto a nivel nacional como a nivel local de gobierno.
Por otro lado, el tipo de violencia directa es vinculado al ejercicio explícito de prácticas violentas y amenazas contra las mujeres que participan activamente en política o su entorno más cercano. Según el relato de las entrevistadas es posible afirmar que este tipo de práctica es llevada adelante con especial énfasis en el nivel local de gobierno de Bolivia y Ecuador. Por su parte, en Costa Rica la violencia directa no parece constituirse en una práctica habitual según el relato de las entrevistadas. En este sentido, el trabajo realizado por Escalante Herrera y Mendez Aguilar (2010) sobre acoso y violencia política, en el gobierno local de ese país, no incluye en su definición de esta problemática el ejercicio de violencia directa contra las mujeres políticas, siendo definido como:
[...] un conjunto de sistemas y prácticas que se convierten en obstáculos que se oponen a una mayor y más eficiente participación de las mujeres en el poder. Estos obstáculos son de carácter cultural, vinculados a la práctica y experiencia política de las mujeres, relacionados con los factores característicos de la subjetividad femenina, derivados de la desigualdad de género, provenientes del entorno socio-familiar y obstáculos inherentes a las estructuras de los aparatos político-institucionales. (Escalante y Méndez, 2010, p. 44)
Ecuador. Un caso de violencia directa
Yo hice una denuncia por actos de irregularidades que se venían manejando en la municipalidad. A raíz de esa denuncia obtuve muchos atropellos, insultos, he sido agredida, perseguida, me sacaron de la casa donde estaba viviendo, cortaron el freno de mi auto […] Me quitaron el puesto […] Han baleado el carro del amigo donde viajaba justamente hasta Quito.
Después de eso, el 16 de abril –que fue el último atentado– me persiguieron estos sicarios y el comando policial local no hizo nada. Me dijeron: “pero yo no la veo herida a usted. ¿Cómo puedo yo pasar a detenerlo?” Yo le digo: “portar arma es un delito y ellos están armados”, y los policías se tapaban los nombres para que yo no les conociera y me decían: “usted sabe que no nos conoce, si los denuncia no sabe que nosotros estuvimos aquí”. Yo dije: Dios, ¿dónde estoy realmente? ¡estoy sola! Me preocupé mucho, llamé al presidente de la Corte Constitucional de Quito y él me ayudó armando un operativo para sacarme de San Lorenzo. Me sacaron a las once de la noche y yo iba en el comando policial muerta de miedo, aterrada. Estos sicarios fueron también a la casa de mi mamá en un taxi blanco, armados, eran cinco. A mi mamá casi le da un ataque al corazón, le subió la presión. Fue muy duro, un momento difícil de mi vida […] Pues te cuento, todo esto gira alrededor del alcalde. Verás, cuando le notifican al alcalde que yo hice la denuncia me llama el financiero el mismo día y me dice: “los que hablan mucho están tres metros bajo tierra” […] A raíz de eso, dos días después, ya mi vida fue totalmente caótica porque fueron a mi casa sicarios, gente que me amedrantaba y me decían: “usted tiene que ser más inteligente, nosotros sabemos dónde vive, quienes son su familia, desista en la denuncia”. Luego me mandaron a la vicealcaldesa a que me convenza, ofreciéndome plata para que retire la denuncia y que haga una rueda de prensa que diga que me he equivocado, que las cosas no eran así y yo me mantuve en lo que hice. Entonces arremetieron con mucha más fuerza, todo eso he venido padeciendo realmente y me he sentido sola por andar por ahí a la expectativa que te pueden matar. (Concejala de San Lorenzo [testigo protegida]. Ecuador, 2012. Entrevista No. 8 realizada por Albaine, L. [audio])
Bolivia. Casos de violencia directa
En el caso de los departamentos de Cochabamba hace varios años tuvimos una situación en que dos concejalas de un concejo municipal, conformado por cinco miembros, fueron encerradas en la oficina del concejo municipal durante dos días […] El segundo día ellas fueron presionadas para firmar sus renuncias. A una de ellas le rompieron el brazo izquierdo, teniendo cuidado que fuera el izquierdo para que el derecho quede libre para poder firmar su renuncia. Inmediatamente la otra concejala que estaba presente allí, al ver esta situación, firmó también su renuncia.
[...] Una concejala que estaba iniciando un proceso de fiscalización al alcalde de su municipio fue humillada públicamente: se le cortaron las trenzas, se le castigo con un letrero, tuvo que caminar alrededor de la plaza principal de un municipio con una pancarta que decía: “yo soy la corrupta”. Esto fue promovido por las concejalas que apoyaban al alcalde municipal de ese entonces durante esa gestión. (Especialista en género, coordinadora del Observatorio de Género. Bolivia, 2012. Entrevista No. 17 realizada por Albaine, L. [audio])
Quiénes ejercen el acoso y violencia política en razón de género en Bolivia, Costa Rica y Ecuador
El acoso y violencia política en razón de género es una práctica que se ejerce de forma individual, colectiva e institucional debido a su carácter estructural. En términos generales las entrevistadas de Bolivia, Costa Rica y Ecuador afirmaron que este tipo de violencia es ejercida principalmente por hombres –líderes políticos de su propio partido u otro– que detentan el poder y se sienten amenazados ante la mayor presencia de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisión. A modo de ejemplo algunos testimonios recogidos afirman:
Bueno, el acoso político viene de quienes detentan el poder, quienes además se sienten amenazados en este ejercicio permanente del poder, porque la presencia de las mujeres entra a disputarles un territorio natural. Para ellos era natural estar en política, para ellos era natural presidir listas, para ellos era natural ser los que tomen las decisiones en el Estado. Entonces ahora la presencia, la irrupción abrupta de mujeres, les genera una amenaza, entonces su reacción frente a esa amenaza es generar violencia. Por lo tanto son los hombres que lideran partidos políticos; los mismos partidos que tienen en sí una cultura machista. (Concejala de San Lorenzo. Provincia Esmeralndas, Ecuador, 2012. Entrevista No. 8 realizada por Albaine, L. [audio])
Lo ejercen los que ostentan el poder que en su mayoría son varones, pero que no excluye a las mujeres. (Asambleísta legislativa. Costa Rica, 2012. Entrevista No. 14 realizada por Albaine, L. [audio])
No obstante, en los tres países las consultadas han hecho referencia a que las mujeres también ejercen acoso y violencia política contra otras de su mismo sexo. Existen dos posibles situaciones que explican este hecho. Por un lado, se trata generalmente de que algunas mujeres, actuando en representación de intereses de otros hombres con poder político –sea porque tienen relaciones de pareja o sanguínea y/o porque están aliadas políticamente– se convierten en instrumento de dominio hacia otras mujeres. Por otro lado, existen mujeres que asumen el modo de hacer política masculina caracterizada por el ejercicio de la violencia de género.
Definitivamente hay algunas mujeres que acceden a cargos de representación que también ejercen violencia, adoptan actitudes machistas como una forma de defensa para poder mantenerse en el poder. (Coordinadora de la AMUME. Quito, Ecuador, 2012. Entrevista No. 3 realizada por Albaine, L.)
He recibido llamados, mensajes, amenazas de la mamá del señor alcalde diciéndome que voy a pagar todo lo que estoy haciendo. (Concejala de San Lorenzo. Provincia Esmeraldas, Ecuador, 2012. Entrevista No. 8 realizada por Albaine, L.)
Inclusive existe acoso político y violencia política entre mujeres dirigidas por hombres, y cuando ellas se funcionalizan a los intereses masculinos. (Asambleísta legislativa. Bolivia, 2012. Entrevista No. 21 realizada por Albaine, L.)
En el nivel colectivo e institucional, los principales ámbitos de ejercicio de acoso y violencia política contra las mujeres son los partidos políticos, que estructurados de forma poco democrática, mantienen mecanismos explícitos e implícitos para asegurar el predominio del liderazgo masculino. Dentro de este marco, la disciplina partidaria constituye una herramienta de chantaje eficaz para inhibir la denuncia de situaciones de violencia política que sufren las mujeres, y que en algunos casos advierten y quieren denunciar. Las dirigencias partidarias tienden a presionar a las mujeres para que no denuncien este tipo de práctica dentro de sus propios partidos, con el fundamento de que cualquier denuncia de este tipo podría favorecer al o los partidos políticos adversarios.
Factores que promueven el acoso y violencia política en razón de género en Bolivia, Costa Rica y Ecuador
Son múltiples los factores que promueven el acoso y la violencia política en razón de género. Una causa común mencionada por las entrevistadas de los tres países analizados fue el carácter “invasivo” con que los hombres perciben la mayor incursión de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisión. En términos generales, las consultadas afirmaron que a mayor participación de las mujeres en política, mayor era el ejercicio de prácticas violentas contra estas en el espacio político. Esto se vincula a que el acceso femenino a la mayoría de los cargos de representación ciudadana tiende a producirse en detrimento de los puestos ocupados por los varones.
El ámbito político como un espacio no natural para las mujeres, en definitiva y en este contexto, vendría a ser una intromisión de las mujeres en un espacio que no les corresponde, y seguramente estas ideas también pueden ser las que generan violencia como reflejo de rechazo a la participación de las mujeres. (Consultora especialista en género. Bolivia, 2012. Entrevista No. 5 realizada por Albaine, L.)
Otro obstáculo que se vive es una lucha de poder ya que las mujeres, al ingresar al ámbito político, los varones se sienten amenazados porque sienten que están perdiendo territorio. (Asambleísta legislativa. Costa Rica, 2012. Entrevista No. 14 realizada por Albaine, L.)
Se ha manifestado una amenaza y una competencia que antes el género masculino no tenía por el cual preocuparse. Ahora los puestos en política para los hombres han disminuido ante la presencia de la mujer y la lucha se vuelve más fuerte por obtener un cupo, y muchas veces se utilizan prácticas violentas, tanto físicas como psicológicas, para poder competir por un puesto en altos cargos públicos. (Asambleísta legislativa. Costa Rica, 2012. Entrevista No. 10 realizada por Albaine, L.)
La participación política entre hombres y mujeres está planteando una disputa de utilización y presencia de espacios políticos. La presencia de las mujeres significa que algunos hombres no están participando en política. Hasta hace poco tiempo los espacios políticos de toma de decisión eran ocupados exclusivamente por los hombres, luego participaron unas cuantas mujeres y ahora las mujeres están participando. (Coordinadora, Especialista en género. Bolivia, 2012. Entrevista No. 17 realizada por Albaine, L.)
Entre otras causas específicas fueron mencionadas la existencia de un sistema patriarcal, los estereotipos de género, la disputa de poder entre varones y mujeres, la ausencia de mecanismos normativos capaces de proteger la participación política femenina, la ruptura con los lineamientos del partido y la presencia masculina en la mayoría de los espacios de poder. En particular, en Bolivia y Ecuador se mencionó el sistema de suplencia como uno de los mecanismos que tiende a promover situaciones de acoso y violencia política en razón de género, ya que obliga a renunciar a la mujer para que su puesto sea ocupado por el suplente que en todos los casos será un varón, situación que ocurre tanto en el nivel nacional como local de gobierno. Este aspecto constituye una de las debilidades de la normativa paritaria adoptada por los tres países en estudio, más allá de que no ha sido mencionada como un factor clave para el caso de Costa Rica. La ausencia de un mecanismo de suplencia que equipare el sexo del candidato titular con el de su respectivo suplente, en los tres casos, posibilita a los partidos políticos diseñar estrategias que obstaculicen el acceso y la permanencia de las mujeres en la política (Albaine, 2014).
Algunos han hecho renunciar a mujeres para que ellos se queden permanentemente en el ejercicio de la legislatura de su cargo. Por ejemplo, he conocido a una diputada que era principal y su esposo era diputado suplente. Él presentó una carta en que la esposa renunciaba a su calidad de diputada, entonces, durante todo el periodo el que participo fue el suplente, que era su esposo. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de la instrumentalización de la participación política de las mujeres. (Consejera Nacional Electoral. Ecuador, 2012. Entrevista No. 2 realizada por Albaine, L.)
Se fuerza con presiones, hostigamiento, amenazas a las mujeres que ejercen cargos públicos para que renuncien a sus cargos y puedan sus suplentes habilitarse, hasta evitar que estas mujeres comprometidas cumplan con sus labores, sobre todo en casos vinculados a corrupción, fiscalización y control social. (Coordinadora especialista en género, Observatorio de Género. Bolivia, 2012. Entrevista No. 17 realizada por Albaine, L.)
Tenemos nosotras casos de experiencias donde llega el esposo y le dice: “mi hija ya está como candidata, o sea no le preguntan ni a ella”. Es el marido el que decidió que ella sea candidata, y la idea es que si luego ella gana, hacerla renunciar. (Coordinadora de la AMUME. Ecuador, 2012. Entrevista No. 3 realizada por Albaine, L.)
Bueno, una de las cuestiones que escucho mucho es estamos buscando mujeres para llenar las listas. A ver, entonces es que resulta que ponen a las mujeres y después le dicen: “no, es que tienes que renunciar”, y hay una utilización burda, digamos, del ejercicio de la participación política de las mujeres. (Consejera Nacional Electoral. Ecuador, 2012. Entrevista No. 2 realizada por Albaine, L.)
Cuotas y paridad: su interacción con el acoso y violencia política en razón de género
Al consultar a las entrevistadas sobre si la implementación de las cuotas y la paridad política han tendido a promover prácticas de acoso y violencia política en razón de género, en general afirmaron que no es posible afirmar que exista una relación directa entre ambas variables. No obstante, ciertos testimonios sostienen que la mayor presencia de mujeres en el espacio público, ha puesto de manifiesto en la arena política la violencia de género que históricamente han sufrido las mujeres en otros ámbitos. Es decir que la exaltación de la violencia política se constituye en una consecuencia indirecta, o en un efecto no deseado, de la aplicación de medidas de acción afirmativa (cuota) y de la paridad de género, tendientes a promover la participación política de las mujeres. En Bolivia las entrevistadas hicieron referencia a que la cultura política aún no está preparada para aplicar este tipo de medida, poniendo de manifiesto la disociación existente entre los avances formales y las prácticas vinculadas a la competencia político electoral entre varones y mujeres.
No creo ni que las cuotas ni la paridad hubiesen sido el detonante para practicar la violencia en las mujeres que se dedican a la política. Sino que al darse éstas, se incrementó sustancialmente el número de mujeres que decidieron incursionar en la política, y es entonces donde se visualiza la violencia. Se manifiesta por el aumento de participación de las mujeres. (Asambleísta legislativa. Costa Rica, 2012. Entrevista No. 14 realizada por Albaine, L.)
No es culpa de las cuotas ni de las medidas de acción afirmativa; yo creo que el sistema patriarcal no está listo para asumir la participación de las mujeres, y por eso cómo la participación de las mujeres significa una transgresión al sistema establecido –un sistema machista y patriarcal–. Entonces se generan estas reacciones y prácticas violentas contra las mujeres que están empezando a participar en política. (Coordinadora especialista en género, Observatorio de Género. Bolivia, 2012. Entrevista No.17 realizada por Albaine, L.)
Reacción de los partidos frente a la paridad. Los casos de Bolivia y Ecuador
La paridad política no es capaz de restringir por completo las estrategias patriarcales de los partidos políticos que intentan continuar obstaculizando el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Estas instituciones condicionan su posibilidad de resultar electas a través del monopolio estratégico de la selección de sus candidatos y su ubicación en las listas partidarias. En este sentido, la performance electoral de las mujeres está fuertemente condicionada por la interpretación y aplicación que los partidos políticos realizan de la normativa de género existente, vinculada a garantizar condiciones equitativas para acceder a posiciones de representación (Zabala et al., 2002; Baldez y Brañez 2005; Archenti y Tula, 2008).
De los tres casos analizados, Bolivia y Ecuador son los únicos que implementaron la paridad política de género en el nivel nacional de gobierno en el año 2009.4 Según el testimonio de las entrevistadas, la primera aplicación de esta medida resultó, en términos generales, en el rechazo de los partidos políticos al conformar las listas por un 50% de candidatos de ambos sexos dispuestos en forma alternada y secuencial. Este hecho se vincula a la falta de voluntad de los líderes políticos por establecer en forma equitativa posibilidades reales en términos de sexo para acceder a un cargo de representación ciudadana, tal como lo establece la normativa paritaria.
Uno de los argumentos comúnmente utilizado por los partidos políticos se vincula a las dificultades para contar con la cantidad de mujeres dispuesta por la normativa paritaria, utilizando como justificativo la escasez de mujeres que participan en dicho ámbito. Asimismo, según el relato de las entrevistadas, es posible detectar estrategias patriarcales en el armado de las listas que tienden a ubicar a las mujeres en los puestos con la menor posibilidad de resultar electas. Así, más allá de la normativa paritaria, fueron pocas las mujeres que encabezaron las listas tanto en Bolivia como en Ecuador en los comicios generales celebrados en el año 2009 (Albaine, 2010a; 2010b).
Basta dar una mirada a los resultados electorales de las elecciones generales de Bolivia y Ecuador del año 2009, para apreciar que los partidos tienden a resistirse a implementar la normativa paritaria al momento de confeccionar las listas partidarias. Uno de los elementos clave para promover la elección de mujeres es su ubicación en las listas partidarias. Las boletas electorales tienden a ser diseñadas incluyendo a las candidatas en las posiciones menos ventajosas, tanto en la nómina de titulares como en las listas de suplentes –en el caso de los cargos uninominales–debilitando así el impacto de la paridad.
Al analizar la configuración de las listas en Bolivia se detecta la resistencia de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a ubicar a las mujeres como cabeza de lista, sobre todo en las listas uninominales. Así, de las boletas oficializadas de diputados plurinominales del año 2009, solo el 23,88% fueron encabezadas por mujeres, mientras que en las diputaciones uninominales este valor fue de 19,35%, y en las circunscripciones especiales alcanzó el 9,35%. Esta situación en los dos últimos casos puede ser explicada a través de dos aspectos: por un lado, a que la Ley de Regimen Electoral Transitorio No. 4021 –aplicada en estos comicios– exceptuaba la aplicación del sistema de paridad de género para la elección de los representantes de las circunscripciones especiales, y para la conformación de las boletas electorales en el caso de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, al establecer que deben ser nominados de acuerdo a sus propias normas y procedimientos (Art. 9. Inc. II). Por otro lado, a que esta misma normativa en el caso de las diputaciones uninominales establecía que la alternancia entre ambos sexos debía ser expresada en titulares y suplentes en cada circunscripción, posibilitando a los partidos políticos diseñar estratégicamente sus boletas electorales en términos de sexo nominando: a los varones como candidatos titulares y a las mujeres como suplentes.5
En el caso de las diputaciones plurinominales, el análisis de las configuraciones de las listas que ganaron bancas en las elecciones generales del año 2009 en Bolivia permite visualizar el modo en que las fuerzas políticas dieron cumplimiento a la paridad y alternancia de género a través de dos tipos de modelos configurativos. El primero ubica a una mujer en la primera posición en la nómina de titulares y a un varón en esa misma posición en la nómina de suplentes alternando en ambos casos, en forma secuencial, el sexo de los candidatos que completan correlativamente la lista. De este modo, la disposición resultante es mujer (titular), varón (suplente), varón (titular), mujer (suplente), mujer (titular), varón (suplente), varón (titular) y mujer (suplente), y así sucesivamente. Por su parte, el segundo modelo ubica a un varón en la primera posición de la nómina de titulares y a una mujer en ese mismo puesto en la nómina de suplentes, alternando en forma secuencial el sexo de los candidatos que le siguen en la lista. Así, resulta: varón (titular), mujer (suplente), mujer (titular), varón (suplente), varón (titular), mujer (suplente), mujer (titular), varón (suplente), hasta el final de la lista. Al comparar ambas configuraciones es posible afirmar que el Modelo 1 (ver Tabla 1) brinda posiciones electorales más ventajosas para que las mujeres resulten electas (1, 3, 5, 7, etc.) en relación al segundo modelo (2, 4, 6, 8, etc.).
Tabla 2.: Tipos de configuración de las listas plurinominales según cargo (titular o suplente) y sexo en las elecciones de Bolivia en el año 2009
Posición en la lista | Modelo 1 | Modelo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Nómina de titulares | Nómina de suplentes | Nómina de titulares | Nómina de suplentes | |
1 | M | V | V | M |
2 | V | M | M | V |
3 | M | V | V | M |
4 | V | M | M | V |
5 | M | V | V | M |
6 | V | M | M | V |
7 | M | V | V | M |
8 | V | M | M | V |
9 | M | V | V | M |
Nota. Elaboración propia con base a datos de la Corte Nacional Electoral de Bolivia. V= posiciones que ocuparon los varones en la nómina de candidatos; M= posiciones que ocuparon las mujeres en la nómina de candidatos.
Tabla 3.: Primera posición en lista según sexo en las elecciones de Bolivia en el año 2009
Diputados Plurinominales | Diputados Uninominales | Circunscripciones Especiales | Senadores | |
---|---|---|---|---|
% listas primera posición mujer | 23,88% (16) | 19,35% (78) | 9,35% (3) | 13,55% (8) |
% listas primera posición varón | 76,11% (51) | 80,64% (325) | 90,62% (29) | 86,44% (51) |
Total de listas presentadas | 100% (67) | 100% (403) | 100% (32) | 100% (59) |
Nota. Elaboración propia con base a las listas de candidatos 2009 oficializadas por la Corte Nacional Electoral.
La configuración estratégica de las listas también se manifestó en Ecuador. A modo de ejemplo, todas las listas que ganaron bancas para el cargo de asambleísta nacional estuvieron encabezadas por varones. Resulta oportuno mencionar que los candidatos que ocupan la primera posición en la lista suelen ser confirmados a través del voto preferencial de los electores. Aunque lo anterior también es cierto, este sistema de votación puede imponer un nuevo orden, y hacer que un candidato relegado en los últimos lugares de la lista por su partido pueda ser elegido, dando lugar a lo que se denomina “salto en la lista”, esto ocurre cuando el candidato elegido desplaza a otro que estaba en mejor posición (Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, 2007).
Tabla 4.: Asambleístas Nacionales en primera posición en la lista según sexo. Elecciones de Ecuador del año 2009
Nº | MPAIS | PSP | PSC | PRIAN | PRE | MDP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | V | V | V | V | V |
Nota. Elaboración propia con base a datos del Consejo Nacional Electoral. V= varón.
En Bolivia el rechazo de los partidos ante la paridad de género también se manifestó en la distorsión del género de algunos candidatos para dar cumplimiento a la alternancia y secuencia de los candidatos según lo dispuesto por la Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009). Las organizaciones de mujeres articuladas en la Campaña “Mujeres listas para las listas” denunciaron ante la Corte Nacional Electoral que al momento de inscribir las listas de candidatos para las elecciones generales del año 2009, ciertas fuerzas políticas (Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, PPPB-CN y el Movimiento de Unidad Social Patriótica, MUSPA) alteraron el sexo de los candidatos ubicando en posiciones reservadas para las mujeres a varones.6 Este hecho podría vincularse a que la Ley No. 4021 no contemplaba la aplicación de sanciones a los partidos políticos transgresores de la norma.7 No obstante, la Corte Nacional Electoral exigió a los partidos que no dieron cumplimiento a la norma a modificar sus listas en un plazo no mayor a 72 horas. Esta institución con el propósito de evitar la recurrencia de este tipo de situación implementó un sis-tema de validación que imposibilitó a los partidos políticos conformar la nómina de candidatos sin dar cumplimiento a la alternancia y secuencia entre ambos sexos. Asimismo, se utilizó un registro biométrico mediante el cual se comprobaron los datos de cada postulante.
Algunas reflexiones finales
El análisis de las entrevistas realizadas en Bolivia, Costa Rica y Ecuador permite detectar diferencias y similitudes respecto a las características y dinámicas que adoptan el acoso y la violencia política en razón de género. El relato de todas las entrevistadas permite afirmar que en ninguno de estos países existen condiciones reales de igualdad en la participación política entre ambos sexos, más allá de la adopción de la paridad política y las condiciones democráticas existentes. Así, las mujeres que participan en política, tanto en Bolivia como en Costa Rica y en Ecuador, sufren múltiples obstáculos vinculados a situaciones de desigualdad entre ambos sexos plasmadas en el ámbito familiar y social, además de las dinámicas políticas asociadas a la participación femenina.
En los tres países la ausencia de condiciones de equidad en la competencia político-electoral suele traducirse en prácticas de acoso y violencia política en razón de género; constituyéndose en el obstáculo más grave para la participación política de las mujeres ya que no solo restringe los derechos políticos de este sector social sino también sus derechos humanos. Según los testimonios recogidos, si bien esta problemática se expresa en mayor medida en el nivel local de gobierno también se encuentra presente en el nivel nacional de gobierno. No obstante, en cada uno de estos casos el acoso y la violencia política adopta características diversas. Las manifestaciones de prácticas de violencia indirecta resultan ser común a ambos espacios, constituyéndose en una modalidad propia que adopta el quehacer político latinoamericano asociado a la participación política de las mujeres. Tanto en Bolivia, como en Costa Rica y Ecuador, este tipo de violencia es la que predomina en el nivel nacional de gobierno. En el nivel local de gobierno la violencia indirecta suele cobrar mayor relevancia, a la vez que en Bolivia y Ecuador tiende a ser acompañada por prácticas de violencia directa. Según el testimonio de las entrevistadas, en Costa Rica este tipo de práctica parece no ser habitual, posiblemente porque el escenario democrático afianzado históricamente en valores de género no lo permite. Según datos de la Encuesta Nacional de Percepción sobre el Estado de los Derechos de las Mujeres (2008), el discurso sobre la igualdad y los derechos humanos se asienta en la historia costarricense y ello propicia su apropiación por parte de la población.
En síntesis, en los tres países analizados la adopción de la paridad política todavía no ha sido acompañada por cambios significativos en la cultura política. Esta situación pone de manifiesto la disociación existente entre las prácticas orientadas a la participación política femenina y los avances alcanzados en el plano formal tendientes a promover este propósito. La mayor presencia de mujeres en la competencia político electoral –resultado de la implementación de acciones afirmativas (cuotas) y la paridad–, ha puesto de manifiesto en el espacio público la exaltación de prácticas de violencia de género que han sido conceptualizadas como acoso y violencia política en razón de género. En este sentido, es posible afirmar que las prácticas de violencia de género suscitadas en el espacio político, pueden ser concebidas como resultado de las condiciones de desigualdad entre varones y mujeres, tratándose de las consecuencias no deseadas que resultan del choque entre legislaciones igualitarias y la persistencia de pautas culturales desigualitarias.
Acknowledgements
Reconocimientos
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral “Nuevas normas, viejas prácticas. Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador” dirigida por la Dra. Nélida Archenti.
Laura Albaine
Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y es docente regular de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral aborda la problemática de la Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Ha publicado artículos en diversas revistas de ciencias sociales y capítulos de libros sobre la dinámica que adopta el fenómeno del acoso y violencia política así como la paridad política en América Latina.
Referencias
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