Introducción

En conmemoración del vigésimo aniversario de la masacre de Mapiripán (15-20 de julio de 1997) se considera relevante construir una reflexión sobre la herencia del conflicto armado interno en esa región del país, y los nuevos conflictos que afectan a este territorio en la cotidianidad frente a la avanzada ‘Conquista de la Altillanura’ colombiana. Por esa razón, el presente trabajo pretende, a través de un caso emblemático como lo de Poligrow en Mapiripán, Meta, presentar una problemática sensible para Colombia como lo es el acaparamiento (ilegal) de tierras para la realización de emprendimientos e inversiones de proyectos extractivos a gran escala, con relación a lo que aquí se define como “capitalismo verde”. Este término representa una nueva frontera para el desarrollo del País sobre todo en vista de la implementación de los acuerdos, según las interpretaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos y de los múltiples empresarios nacionales y transnacionales que se declaran dispuestos a invertir en dicho sector.

Para problematizar el panorama del caso de estudio, construiremos una reflexión sobre la difusión y el boom del aceite de palma en buena parte de Colombia, profundizando las relaciones y los vínculos entre el acaparamiento de tierras y la violencia paramilitar. En efecto, sostenemos que hay una relación directa entre la evolución del conflicto armado interno, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras para la realización de emprendimientos productivos que afectan a los territorios. Esto genera múltiples efectos y agravantes como el del desplazamiento forzado interno, el clima de amenazas y las numerosas violaciones de derechos humanos, además del recrudecimiento de las condiciones materiales de las comunidades que habitan los territorios, la contaminación ambiental, la militarización de los territorios y la extranjerización de la propiedad de la tierra. Para lograr articular esta reflexión, en primer lugar realizaremos una consideración teórica que tenga en cuenta la relevancia de la geografía crítica y de los estudios territoriales latinoamericanos para el análisis del caso específico. Sucesivamente se aterrizarán estas teorías al caso colombiano que, a diferencia de otros países de América Latina, se caracteriza por la prolongación del conflicto armado interno que, como se señalará, ha tenido importantes implicaciones territoriales. La geografía del conflicto ha evolucionado en las últimas décadas y se ha complejizado, inclusive incorporando elementos significativos de la economía política y de la geopolítica del despojo. En el caso de estudio, se considera que el principal detonador del conflicto está asociado a la acción y la violencia paramilitar que no solamente provocó una de las más sangrientas masacres del conflicto colombiano, sino que a través de la expansión territorial y la acumulación ilegal de tierras, abrió el camino para la sucesiva venta (ilegal) de tierras para la transformación productiva del territorio de Mapiripán (aunque se podría ampliar la reflexión a toda la Orinoquía colombiana). Para el caso en examen, se destacará la operación de lobbying y al mismo tiempo de marketing por parte de la empresa Poligrow (que opera tanto en Colombia como en Italia, país de origen de la empresa), la cual gracias a una red de apoyos institucionales legitimaron y encubrieron la adquisición ilegal de tierras y la instalación de un proyecto productivo en el sector del aceite de palma. Finalmente, se problematizará el caso de estudio frente a la firma y la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, todo esto para cuestionar el actual modelo de desarrollo del campo colombiano y señalar las evidentes contradicciones entre el Punto 1 del Acuerdo (Reforma Rural Integral) y la implementación de la Ley Zidres (Ley 1776 de 2016).

Configuraciones espaciales y territoriales en América Latina: el giro eco-territorial

De la misma manera como la realidad social influiría en la irrupción de la Geografía Radical en el ámbito académico anglosajón, la conflictividad propia de la lucha social derivó en una profunda transformación en las dinámicas de acción política en América Latina y, por ende, de interpretación teórica de la realidad de estos países a partir de la segunda mitad del siglo XX. Cuando en la escena política del continente las dinámicas de confrontación trascendieron con amplio margen las clásicas categorías de la ortodoxia marxista (que le imponían un marcado sesgo obrerista al estudio de los movimientos sociales), los científicos sociales se vieron abocados a desarrollar nuevos instrumentos teóricos para comprender lo que acontecía en sus respectivos países. Al entrar en escena nuevos tipos de movimientos sociales que convertían elementos como el territorio en temas centrales para sus luchas reivindicativas, el desarrollo de una nueva terminología, que transformaba los significados de términos anteriormente menospreciados como ecología y medioambiente, se manifestó en los círculos investigativos. De esta manera, se hizo común hablar de un giro territorial o eco-territorial para describir estos fenómenos que resultaron característicos del continente latinoamericano. Al respecto, Svampa condensa los rasgos fundamentales de este punto de inflexión:

Por giro eco-territorial hay que entender la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, que expresa la convergencia entre visión ambientalista y revalorización de la matriz comunitaria; no se halla restringido al ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias campesinas e indígenas; también se expande al ámbito urbano, sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores involucrados. (Svampa, 2011)¹

En esta línea de ideas y siguiendo a Fernandes (2005), se podría afirmar que el territorio es una construcción social, producto del espacio y vinculado estrechamente a formas y relaciones de poder. En efecto, las relaciones sociales y de poder que se construyen transforman el espacio en territorio.

Sin embargo, como sugiere este autor, sería más apropiado no hablar de territorio en singular sino de territorios en plural, reconociendo la existencia de varios tipos de territorios y asumiendo esta pluralidad como vehículo para las disputas territoriales (Fernandes, 2005). En efecto, la concepción plural de territorios permitiría admitir visiones conflictuales y conflictivas, superando la visión hegemónica y unificadora de su uso en la forma singular y, al mismo tiempo, asumir la existencia y la legitimidad de visiones otras y alternativas. La uniformidad en la conceptualización de territorio negaría, en este sentido, la posibilidad de interpretaciones diferentes, la existencia de diferentes tipos de territorio. Su uso en forma plural, en cambio, permitiría considerar que dentro el mismo espacio geográfico podrían existir diferentes formas y visiones de territorio en disputa.

A partir la diferenciación entre espacio y territorio, Fernandes (2005) distingue entre movimientos socio-espaciales y socio-territoriales. Los movimientos socio-territoriales se distinguen por la relación esencial establecida con el territorio, incluso para definir y reivindicar el derecho a su propia existencia. Por otra parte, los movimientos socio-espaciales no existen gracias a su relación con el territorio y tampoco avanzan en reivindicaciones sobre un territorio en particular. Por ejemplo, “las ONGs nacionales e internacionales son consideradas agencias intermediarias que actúan para ejercer algunas formas de presión, sin embargo, no se crean a partir del territorio, a pesar de que se produzcan dentro de espacios y construyan espacios políticos” (Fernandes, 2005, p. 6).

Los movimientos sociales se crean y actúan en el espacio, penetrando en sus dimensiones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales. Por eso, el estudio del espacio y de la geografía crítica se complementa con la interacción con la ecología política, la economía, las ciencias sociales y biológicas que profundizan su nivel de análisis.

En particular, la relación entre el hombre y, en general, la sociedad y la naturaleza es crucial, incluso para superar las visiones antropocéntricas de las ciencias sociales. El estudio de esta relación se funda en sus diferentes formas de interacción, sus tensiones y sus conflictos. De esta relación surge el estudio de la geografía crítica, de la ecología política y la antropología.

La colonización del extractivismo y el consenso de las commodities

En la relación entre geografía y capital se producen a nivel global unas “geografías desiguales de la pobreza” (Escobar, 2010, p. 22). La acción del capital y su penetración en las diferentes áreas ha producido geografías desiguales y diferenciadas dentro de la misma escala de producción capitalista, hacia una nueva división desigual del trabajo en formas de diferentes niveles de especialización productiva. Las intervenciones de política económica, bajo el imperativo del desarrollo, han tendido a acentuar la brecha de la desigualdad en los mismos territorios: el capital como una de las principales fuentes de transformación del territorio.

Al mismo tiempo, se profundizan las desigualdades ecológicas: “muchos menos es capaz de visualizar las abismales desigualdades ecológicas que se producen a través de ese fenomenal flujo de materia que se dibuja en una geografía de la extracción, bastante diferente de la geografía del consumo” (Machado, 2012, p. 54). De esta manera, el actual modelo de desarrollo extractivista ha contribuido a profundizar las desigualdades sociales, creando nuevas formas de dominación moderna-colonial-capitalista, con nuevas y viejas formas de injusticia.

En América Latina, el sistema neoliberal se ha fortalecido gracias a la explotación de los inmensos recursos naturales. Al mismo tiempo, el saqueo y las depredaciones territoriales en forma de botines de guerra amenazan la biodiversidad de la región, contribuyendo a la devastación ambiental.

La riqueza de materias primas y la variedad de commodities de América Latina han orientado sus economías principalmente hacia la exportación, a través de la consolidación de enclaves productivas y extractivas. En las nuevas relaciones geopolíticas de Nuestra América, es importante destacar el intercambio desigual de productos entre América Latina y China. En consecuencia, se ha favorecido la tendencia a una “re-primarización de las economías latinoamericanas” (Svampa, 2013, p. 33).

Para el caso de estudio es necesario considerar que, como lo plantea Svampa:

el extractivismo no contempla solamente actividades consideradas típicamente como tales (minería e hidrocarburos), sino también los agronegocios o la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor, que desestructura y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras. (Svampa, 2012, p. 17)

Por otro lado, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo “Consenso de los commodities”, teorizado por Svampa (2012), crea las condiciones para nuevas formas de desposesión y despojo, generando nuevas formas de dependencia y dominación, poniendo en discusión los procesos emancipatorios latinoamericanos.

En sus reflexiones sobre el extractivismo Machado (2012) destaca los elementos ‘neocoloniales’ del modelo que expresa su carácter violento hacia los territorios y los cuerpos que los habitan:

El territorio es el espacio geográfico estructurado por y a partir del trabajo, que es energía psíquica, corporal y social, inseparablemente material y simbólica. El proceso de trabajo se apropia, de-signa y transforma el espacio para producir, de allí en más, el territorio, el espacio habitado (Santos, 1996; Porto-Gonçalves, 2006). No hay territorio antes o por afuera de esa relación pragmática que se entabla entre sujetos colaborando en y con un determinado espacio geográfico, para así convertirlo en “entorno propio” -apropiado. (Machado, 2012, pp. 57-58)

Machado (2012) plantea que el extractivismo origina una escisión entre los cuerpos y los territorios, alterando la relación armónica y sinérgica. Se producen territorios “nuevos”, intervenidos por la acción de la inversión del capital y configurados funcionalmente para ajustarse a los requerimientos del capital, es decir, para ser “convertidos” en territorios eficientes, productivos, rentables y competitivos. Según Machado (2012), su acción moldea también los cuerpos, alterándolos en base a las exigencias del capital, respecto a su penetración a través de la inversión en un determinado contexto. Es decir, que la colonización a través de la gran inversión formatea su capacidad de trabajo, sus conocimientos y “competencias”, pero también, y de forma decisiva, sus emociones y sentimientos. La capacidad destructiva/productiva del capital coloniza los deseos de los cuerpos, para convertirlos así en sujetos atados a la lógica de la inversión (Machado, 2012).

Por otro lado, la profundización del neoliberalismo ha tenido como efecto la re-significación del circuito tierra-territorio como fuente de valorización capitalista y transformación de las relaciones de propiedad. Aquí es común encontrar disputas por el control territorial en las zonas de trascendencia geopolítica y económica. Son evidentes, en ese sentido, los planes/dispositivos de control territorial sobre regiones estratégicas para los intereses del capital (nacional y transnacional). El objetivo privilegiado es la mercantilización de la biodiversidad y el acceso a recursos naturales (principalmente minerales). Aunque la tendencia mundial del capital muestra una propensión a la deslocalización de la producción, ello no excluye los requerimientos de control territorial. La nueva espacialidad capitalista conlleva nuevos procesos de re-territorialización. Dicha espacialidad no implica la renuncia al territorio, sino que contempla justamente una redefinición del concepto de territorio (Estrada y Moreno, 2007).

El Consenso de los commodities, teorizado por Svampa coincide con la mirada “eldoradista” (Zavaleta, 2009) de los recursos naturales que:

ha llevado a expandir, en el continente, la explotación de los recursos en diferentes formas, pero en la forma común de los megaproyectos; uno de los rasgos centrales del actual estilo extractivista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre la gran envergadura en términos de inversión de capitales (en efecto, se trata de actividades capital-intensivas, y no trabajo-intensivas); el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones trasnacionales); la especialización productiva (commodities), así como de los mayores impactos y riesgos que dichos emprendimientos presentan en términos sociales, económicos y ambientales. (Svampa, 2012, p. 18)

Junto a la expansión de las superficies territoriales intervenidas por este tipo de megaproyectos, se fue consolidando una profunda reversión en la economía latinoamericana caracterizada por la reprimarización, concentración y extranjerización del aparato productivo regional. A medida que avanzaban y se consolidaban grandes núcleos transnacionalizados de extracción de materias primas, fue retrocediendo el perfil industrial de la región y la importancia del mercado interno como factor dinamizador de la economía (Machado, 2012).

Territorio y conflictividad

El concepto de territorio asocia inevitablemente la presencia de conflictualidad y conflictividad: “[l]as conflictualidades se dan sobre todo por las contradicciones producidas por las relaciones sociales contenidas en el territorio; éste, por definición, por tener límites y poseer fronteras, es un espacio de conflictualidad” (Fernandes, 2005, p. 3).

Las profundas transformaciones espaciales que terminaron por darle nuevos contenidos a los conflictos por la tierra y situar en el centro de la contienda la cuestión del territorio:

Al conflicto histórico por la propiedad, se le sumó ahora aquel asociado con los usos de la tierra, derivados de la tendencia de la acumulación capitalista, que exige ahora la ampliación de la frontera económica, no solo agrícola; en consecuencia, los territorios rurales se han visto sometidos a las dinámicas impuestas por las economías extractivas mine-ro-energéticas, forestales, de agro-combustibles, y de expansión ganadera, las cuales requieren además la realización de proyectos infraestructurales. (Estrada, 2016, p. 313)

La profundización del presente modelo de re-primarización, de fortalecimiento de economías enclaves ha tenido como efecto la politización de las diferentes formas de resistencia y al mismo tiempo, como afirma Svampa (2012), una “ambientalización de las luchas sociales”, resultado de las disputas para el control de los recursos naturales y territoriales, en que se enfrentan territorialidades divergentes, valores e intereses diferentes y opuestos. Los megaproyectos expresan también su lado autoritario y antidemocrático, perpetuando un esquema de criminalización de la protesta, de represión y un clima de hostigamiento y amenazas en contra de los principios básicos del Estado democrático de derecho.

Con los tentáculos de la “responsabilidad social empresarial”, las corporaciones que operan los mega emprendimientos extractivos colonizan hasta los aspectos más íntimos de la vida de las comunidades; invaden la cotidianidad de la vida y crean un imaginario estructurado desde la centralidad de dicha explotación. El saqueo (territorial, ecológico, económico) es, correlativamente, un proceso de expropiación cultural (saberes y conocimientos ancestrales) (Machado, 2012).

Por lo tanto, Machado (2012) llega a la definición de expropiación eco-bio-política como secuestro de derechos (decidir sobre sus territorios y entornos) y de la misma democracia: “La expropiación biopolítica es la expropiación de derechos, de la vida política de los pueblos y de la vida como tal. Expropiación que es secuestro de derechos como corolario de la disposición de los cuerpos” (Machado, 2012, p. 63). Al mismo tiempo, el autor argentino señala una relación entre lo material y lo metafísico, entre el hombre, el territorio y la naturaleza. Por eso, Machado (2012) recurre a una metáfora de la medicina para conectar la devastación territorial y corporal:

los territorios son amputados y las obras de cirugía mayor con dosis de anestesia hacia los cuerpos en fase de expropiación que se manifiesta a través de la ‘dosis de violencia eficaz y apropiada’, para legitimar el proceso; sin embargo, como en la medicina, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera a la anestesia: hay cuerpos inmunes que sufren en carne propia las desgarraduras de los territorios Se trata de las poblaciones afectadas: nuevas y viejas identidades socio-territoriales que no han perdido su ligazón con la tierra y que sienten en la propia piel el dolor de la expropiación colonial, eco-bio-política. (Machado, 2012, p. 64)

Acumulación por desposesión en Colombia y capitalismo criminal

Las reflexiones sobre espacio, territorio y conflictos en América Latina nos ayudan a aterrizar la realidad colombiana que presenta una mayor complejidad, sobre todo, como sostiene Arturo Escobar: “por la profunda relación entre la economía y la violencia armada, particularmente por el rol prominente de las guerras nacionales y sub-nacionales sobre el territorio, los pueblos y los recursos” (Escobar, 2010, p. 35). A partir de la teorización de David Harvey sobre acumulación por desposesión en El Nuevo Imperialismo (Harvey, 2005), Vega (2012) realiza un análisis del concepto en relación al contexto de Colombia, llegando a la definición de capitalismo gangsteril, sobre todo, para describir la expropiación de tierras y de la naturaleza. También Estrada (2016) en su “Capitalismo Criminal”, subraya la relación entre expansión de la acumulación capitalista y la consolidación de la economía criminal en Colombia, por la cual “se constituyeron zonas grises de la acumulación de capital, con comportamientos autónomas, pero articuladoras e integradoras de las formas legales e ilegales de la economía” (Estrada, 2016, p. 305).

En Colombia la concentración desigual de la propiedad de la tierra ha alcanzado niveles muy profundos, tanto que, dentro de América Latina, solamente Paraguay tiene un mayor coeficiente Gini. Este proceso ha sido acompañado en Colombia por “prácticas de injusticia y desigualdad, que han convertido la expropiación de las tierras en la continuación de un proyecto estructural del modelo económico, institucionalizando la industria del terror” (Vega, 2012, p. 3). Según Vega este proceso:

[de] industrialización de la criminalidad indica una capacidad de planificación, facilitada por la alianza entre órganos del Estado, clase dominante, paramilitarismo, narcotráfico y empresas transnacionales, para arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer. (Vega, 2012, p. 3)

Los principales sectores en los que se ha manifestado la acumulación por desposesión en Colombia son la acumulación de tierras para la ganadería (la alianza entre FEDEGAN y grupos ha favorecido dicha expansión territorial); la acumulación de tierras para sembrar cultivos de exportación y agro-combustibles (durante los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, hay un pico de la palma africana de +42%); la acumulación de tierras para la explotación minera; y tierras para construir represas. En la mayoría de los casos, la adquisición de la tierra, por medios legales e ilegales, ha favorecido el gran capital nacional y transnacional (Vega, 2012).

En el caso de las compraventas ilegales, es importante resaltar “la estrategia para ‘legalizar’ y, en efecto legitimar la expropiación de tierras, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes han jugado un papel importante” (Vega, 2012, p. 15). Además, este proceso ha tenido el efecto de “edulcorar el despojo, presentando a los nuevos terratenientes como honestos empresarios, portavoces de la patria y excelsos defensores de la propiedad privada y, al mismo tiempo, fortalecer la idea de que estas tierras anteriormente no habían sido suficientemente productivas” (Vega, 2012, p. 15). Por ejemplo, con la aprobación del Estatuto Rural (Ley 1152, 2007):

los beneficiarios serán directamente los grandes empresarios, que podrán solicitar extensiones amplísimas del territorio de sabanas y selvas para cultivos de tardío rendimiento con destino a la exportación, especialmente palma aceitera, higuerilla o bosques de teca, que están previstas en las sabanas de la Orinoquia (territorio sikuani, guayabero, sáliva), selvas del Pacífico (territorio de la gran familia embera) y relictos de bosque natural en territorios indígenas no titulados del piedemonte amazónico (especialmente Putumayo, Caquetá y Meta), sin contar la continuidad de explotaciones madereras en el Trapecio Amazónico (territorio tikuna y cocama). Con ello la titulación de baldíos, que era la válvula de escape a la titulación indígena, afrodescendiente y campesina, ya no podrá cumplir dicho papel, represándose aún más la demanda territorial, aumentando la conflictividad interétnica en selvas tituladas, o presionando acciones políticas de recuperación y “liberación de la Madre Tierra”, como han señalado las organizaciones indígenas del Cauca. (Houghton, 2008, p. 34)

El caso de estudio sobre Poligrow nos ofrecerá una prueba no solamente de esta estrategia sino también, como se insistirá a lo largo del texto, de una operación de encubrimiento construida por la empresa, a través de una red institucional que garantiza credibilidad y visibilidad por medio de acciones de marketing y de lobbying tanto en Colombia como a nivel global.

Mecanismos legales de desposesión y adquisiciones ilegales de tierra

El caso de análisis de Poligrow en la región de Mapiripán es emblemático por los mecanismos legales y extra-legales que han creado las condiciones in loco para la inversión. En particular, se destacan algunos mecanismos que a través de la empresa lograron concentrar una imponente cantidad de tierra para la formación del proyecto empresarial: acumulación de baldíos y acumulación de tierras indígenas. Ambos medios de acumulación han transformado la propiedad de la tierra, teniendo un fuerte impacto sobre las comunidades campesinas e indígenas y, al mismo tiempo, convirtiendo la restitución de tierras (URT, 2012) en un proceso casi imposible, sin contar la difícil condición de contraposición y superposición (disputas sobre los mismos territorios) en que han quedado las diferentes poblaciones de víctimas del conflicto (individuales y colectivas, campesinos e indígenas, y víctimas de nuevas formas de desposesión).

En la Altillanura, la informalidad y la precariedad de los derechos sobre la tierra se relacionan con los procesos de colonización y los fracasos de los proyectos de reformas agrarias (SOMO-Indepaz, 2015). Y se profundizan al mismo tiempo con la evolución del conflicto armado que ha agudizado nuevas dinámicas del despojo.

A partir de los años cincuenta y sesenta, a los Llanos Orientales llegaron colonos desplazados por la Violencia, y en el caso del sur del país extranjeros que vieron la oportunidad de hacerse con grandes extensiones de baldíos (Rodríguez, 2013).

En este período el origen de las haciendas se soporta en la inscripción de falsas tradiciones y mejoras en baldíos, además de compraventas y titulaciones irregulares en los años setenta y ochenta a “empresarios antioqueños” que no habitaban en ese municipio y que dejaron los predios a cargo de lugareños. A mediados de los años setenta llegó a la región el empresario antioqueño Argemiro Mesa, quien vio la oportunidad de comprarles predios a los colonos a bajos precios para luego venderlos con una ganancia a coterráneos ganaderos. La tierra podía servir para la ganadería extensiva pues sus suelos no eran muy fértiles. Estas compras eran en realidad compras de mejoras firmadas en documentos informales ya que ante el Estado estas seguían siendo tierras baldías de su propiedad: “Los ganaderos que había invitado Mesa lograron que el extinto Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy Incoder), les titulara los predios” (“El Macondo de Mapiripán”, 2013).

En la década de los años ochenta hay una explosión de la violencia con las extorsiones y secuestros cometidos por la guerrilla pero también con la aparición de los primeros grupos de autodefensa financiados por narcotraficantes. Estos, bajo el pretexto de combatir la subversión, buscaban un control del territorio para manejar el negocio de la droga y proteger sus tierras. Es también el período en que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) comienza a formalizar la propiedad y a titular los baldíos que se supone debían ser para campesinos. Los casos pusieron en evidencia que los beneficiarios no fueron precisamente sujetos de reforma agraria. (Rodríguez, 2013)

Al mismo tiempo, en Mapiripán se presentan situaciones de predios con procesos judiciales de extinción de dominio por narcotráfico y lava-do de activos (SOMO-Indepaz, 2015). La llegada de los empresarios antioqueños coincidió con la profundización de la ganadería y el aumento de las economías ilegales en la región.

El detonante de la violencia fue en la década de los años noventa con la consolidación del Frente 44 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que hacía presencia en Mapiripán, una zona considerada estratégica para el cultivo de la coca. El fortalecimiento de las FARC-EP en esta zona era considerado un obstáculo a los intereses económicos y estratégicos del paramilitarismo ya que a un paso del pueblo, pasando el río en el Guaviare, el vecino departamento, el jefe paramilitar Vicente Castaño tenía sus laboratorios de droga (“El Macondo de Mapiripán”, 2013). A partir de ahí se abría un corredor estratégico para la comercialización de la cocaína. Los Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tenían aspiraciones sobre el territorio, queriendo hegemonizar su control y de ahí ejercer un mejor control del negocio. Con el pretexto de combatir la insurgencia, atacaron a Mapiripán en julio de 1997, realizando la homónima masacre en la cual se registraron casos de torturas, asesinatos y descuartizamientos.

En efecto, el conflicto armado en la región de análisis ha producido un desplazamiento masivo de las comunidades campesinas e indígenas de Mapiripán (cerca de 1.300 personas) sobre todo hacia la ciudad de Villavicencio (Rodríguez, 2013). Entre 1985 y 2014 se registran 335.121 personas desplazadas de los municipios y al mismo tiempo la llegada de

172.998 personas (URT, 2012).

En el marco del conflicto armado, que a finales de los años noventa vio una agudización en la región de Mapiripán, el desplazamiento fue acompañado por el abandono de las tierras y el despojo. El despojo ha tenido diferentes expresiones tanto material, en calidad de negocio jurídico (por medio del aprovechamiento del Art. 77 de la Ley 1448 de 2011, sobre Presunciones de despojo en relación con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas²), como despojo administrativo y finalmente por despojo judicial a través de las sentencias (URT, 2012). En particular, el Artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 establece que se presume la ausencia de consentimiento o de causa ilícita en aquellos negocios sobre tierras colindantes de aquellas en las que con posterioridad o en forma concomitante a los hechos de violencia, se hubiera producido un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente. La ley es explicita en aseverar que en estos casos es imposible que se haya actuado de buena fe ya que aludir el desconocimiento del contexto de violencia equivale a un aprovechamiento indebido de dicho contexto, por lo tanto se debe demostrar en forma cualificada la buena fe exenta de culpa (URT, 2012).

La Controlaría sostiene que una buena parte de las matrículas inmobiliarias de los predios rurales del Municipio de Mapiripán se abren a partir de la apropiación indebida de terrenos baldíos de la Nación por particulares, a través de inscripción de mejoras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) la cual abre folio de matrículas con declaración de mejoras.

De otra parte, la Ley 160 de 1994 declaró que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder (URT, 2012). Según la Ley 160 de 1994 no se pueden acumular tierras que alguna vez fueron entregadas por el Estado, es decir, una misma persona o empresa no puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en predios que alguna vez fueron baldíos y fueron adjudicados a particulares.

El Incoder argumenta que la empresa Poligrow violó lo que técnicamente se conoce como UAF, contemplada en la Ley 160 de 1994 y definida en la Resolución 041 de 1996 del Incora, que es una extensión máxima de tierra que el Estado le puede entregar a una familia de agricultores, teniendo en cuenta que sea suficiente para garantizarle ingresos para vivir dignamente. La extensión de cada UAF cambia, según la región, la fertilidad de la tierra, esto es, la infraestructura.³ Varias instituciones del Estado que están a cargo del tema de tierras consideran que hay acumulación desde la vigencia de la Ley. Es decir, cualquier persona o empresa que haya comprado más de una UAF después del año 1994 cometió una irregularidad. En la actualidad, solamente en las haciendas Macondo I, II y III, Poligrow tiene títulos por 5.577 ha (“El Macondo de Mapiripán”, 2013).

En la práctica, los tres predios de Macondo siempre habían sido una sola hacienda, y en la actualidad los tres pertenecen legalmente a la palmera Poligrow. El Incoder la demandó por acumular de forma irregular tierras que originalmente provenían de baldíos. El caso fue documentado por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras, y estudiado por el Incoder. Ambas instituciones coincidieron en que la empresa palmera superó la UAF, es decir, el máximo de tierras que puede tener una firma o persona cuando las tierras provienen de la Nación.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, el despojo es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas. El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los jueces a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron. Casos frecuentes de despojo ocurren cuando las personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a las circunstancias de violencia o por presiones, o cuando para lograr la trasferencia del bien se falsifican firmas o documentos, incluso con la participación de funcionarios corruptos. Otro caso de despojo ocurre cuando el Incoder, antes Incora, le adjudicó o le dio un terreno a una persona y, presumiendo que esta dejó abandonado el predio, se lo quitó mediante la figura de caducidad administrativa y lo adjudicó a otro (URT, 2012).

Durante los años siguientes continuó el conflicto entre paramilitares y guerrilleros, una disputa para el control del territorio considerado también un corredor estratégico para el narcotráfico. Los hombres de las AUC además tenían otra misión que su jefe Vicente Castaño les había encomendado. Según han revelado varios ex miembros del Bloque Centauros, Vicente Castaño quería desarrollar una inmensa plantación de palma de aceite en Mapiripán, una forma ideal de lavar e invertir los dineros malhabidos (“El Macondo de Mapiripán”, 2013).

En efecto, a partir del año 1999, es decir, a poca distancia del despojo y del abandono masivo de las tierras, se ha asistido a un acaparamiento de tierras y a una reconfiguración de la propiedad de la tierra por medios irregulares, mediante registros de falsa tradición o mejoras sobre baldíos del Estado; la adjudicación irregular de territorios ancestrales a terceros no indígenas; titulaciones de baldíos a personas ajenas a la región que no son sujetos de reforma agraria; y, finalmente gracias a la corrupción dentro las instituciones como el Incora/Incoder, y a las oficinas de notariado, registro y catastro.

Sin embargo, según la Contraloría gran parte de las matrículas inmobiliarias de los predios rurales de Mapiripán se abrieron a partir de la masacre. Los predios baldíos eran registrados por particulares a través del código registral conocido como falsa tradición o a través de la venta de mejoras. Esos predios, ilegales en los procesos de sucesión, terminaban siendo constituidos como una plena propiedad de particulares (“La Contraloría denuncia titulación irregular”, 2015). Solamente a partir de los años 2007 y 2008, el gobierno nacional comenzó a implementar medidas efectivas para evitar que cómplices de los violentos u oportunistas inescrupulosos robaran fincas que las víctimas habían sido forzadas a abandonar.

Tras años de despojo paramilitar, en el año 2007 el Gobierno instaló en Mapiripán un Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada (CMPPD), que obliga entre cosas a monitorear las compraventas de tierra en zonas vulnerables y suspendió temporalmente las adjudicaciones de baldíos. En Mapiripán, entre 2007 y 2008 se emitieron órdenes de protección a la tierra del Municipio a través del Comité de Protección a la Población Desplazada de Mapiripán.

Las instituciones locales jugaron un papel importante en el proceso de acaparamiento de las tierras: en el caso de Mapiripán, la intervención de la alcaldía de Mapiripán en facilitar el negocio y la compraventa ilegal de tierras.

Ya en al año 2010, la Alcaldesa de Mapiripán, Maribel Mahecha firmó el levantamiento de las medidas de protección a los predios. Esto facilitó las operaciones de Poligrow y de otras empresas para la realización de proyectos palmeros. Entre otras cosas, la ex Alcaldesa Mahecha fue acusada y luego condenada en el año 2013. En efecto, paga siete años y nueve meses de cárcel por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público (“Siete años de cárcel”, 2014).

Sin embargo, según la Controlaría de la República, en Mapiripán hay 1.648 predios que se deberían restituir (“La Contraloría denuncia titulación irregular”, 2015). La Contraloría asegura que, por otro lado, el Incoder también archivó algunas solicitudes de reclamación de las víctimas y no ha conservado de manera efectiva la información sobre los predios baldíos en la región.

Esto ocurre a pesar de que, por ser un contexto de desplazamiento forzado, se hayan adoptado medidas encaminadas a reparar de manera integral a las víctimas según el esquema de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” y Ley 4633 y 4635 de 2011 “Reparación y Restitución de Tierras para pueblos y comunidades indígenas”. Esta ley expresa la voluntad del Estado de restituir o subsidiariamente compensar a los despojados, favoreciendo la asistencia, la atención y la reparación.

En esa línea, las empresas deben “evitar de manera contundente, diligente y sistemática que por la celebración de negocios formales encaminados a la adquisición de derechos sobre la tierra se vean afectados los derechos de las víctimas del conflicto” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 32); por eso, en una zona de alto riesgo como Mapiripán, las empresas deberían acreditar su buena fe exenta de culpa en la adquisición y uso de la tierra para sus operaciones empresariales. Además, en el Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece que: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Const., 1991, art. 63). Entre estos bienes públicos, se incluyen los baldíos.

El despojo de tierras se registra en una zona en la que coexisten propietarios individuales y colectivos (resguardos indígenas), ocupantes de baldíos y poseedores de predios de propiedad privada.

Con base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las empresas deben obtener consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para adelantar actividades o proyectos que puedan afectar sus derechos. En el caso de Poligrow, las certificaciones del Ministerio del Interior sobre la “no presencia de indígenas en áreas de proyecto” se obtuvieron después de haber adquirido los predios e iniciado la siembra de palma (SOMO-Indepaz, 2015). La consulta previa sobre comunidades indígenas no fue previa ni fue libre ni fue participada ni bajo el respeto del principio de buena fe. Las comunidades explican que no hubo una consulta previa, libre o informada con respecto a las operaciones de Poligrow y que la ampliación de la empresa limita su derecho a la libertad de movimiento (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2015). Las restricciones en la movilidad se extienden a actividades de caza, pesca y recolección, y prácticas culturales en los sitios sagrados localizados en los terrenos del proyecto Poligrow (SOMO-Indepaz, 2015). Algunos de los principales efectos sobre la población indígena son el desplazamiento, la prohibición de acceso a zonas ancestrales y la prohibición de caza y de pesca en zonas ancestrales.

Capitalismo verde y red transnacional de apoyos institucionales

Después de las burbujas “puntocom” e inmobiliarias y la crisis alimentaria (causada por la especulación financiera sobre los cereales básicos en el año 2008), los actores financieros han venido buscando nuevas fuentes para volver a incrementar sus tasas de ganancia. De ahí surgió una nueva oportunidad de negocios: la ahora indiscutible e imperiosa necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación de la biodiversidad (Drago, 2015).

Dentro esta lógica se ha profundizado un proceso de mercantilización de la naturaleza que es funcional a los intereses de los responsables centrales de la crisis ambiental: las corporaciones trasnacionales y las élites nacionales asociadas (Drago, 2015). En este sentido, el proceso ha querido transformar la naturaleza misma en una fuente de rentabilidad (Fatheuer, 2014). La financiarización de la naturaleza representa una nueva forma para la expansión de la dominación del capital sobre los territorios y sus pueblos. No es más que una nueva expresión del modelo de desarrollo depredador y excluyente que favorece a las empresas que contaminan y provocan impactos socio-ambientales irreparables (Drago, 2015).

Para que las grandes corporaciones multinacionales relancen los procesos de valorización mediante la especulación, el latifundio armado debe articularse como agente de control de los recursos estratégicos que precisa el capital. Las figuras especulativas (títulos, bonos, acciones) requieren como base de apoyo la disponibilidad permanente, la seguridad jurídica y política, y la garantía material de la producción futura. Por ello, dentro de las funciones de agente de control que cumple el latifundio frente al capital financiero está incluida la más agresiva limitación a la organización popular, al progreso normativo y al cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales (Houghton, 2008).

En el caso de estudio, Poligrow ha sabido construir una densa red de alianzas estratégicas multidimensionales que le han permitido legitimar el proyecto tanto a niveles locales, nacionales e internacionales, incluso con la implementación de proyectos sociales para las comunidades, con el efecto de tratar de endulzar la píldora de la desposesión y de la implantación de un monocultivo que ha venido afectando a las comunidades de Mapiripán.

A nivel local, Poligrow ha sabido constituir una alianza con la Alcaldía de Mapiripán, recibiendo créditos de 55,3 millones de pesos colombianos (COP), para desarrollar obras de mejora de vías.

Al mismo tiempo, por su lado, la Fundación Poligrow conjuntamente con Electrimapiri, promueve el proyecto “Autoabastecimiento de energía a partir de aceite vegetal en el Municipio de Mapiripán”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas agencias de cooperación alemana y coreana.

La realización de proyectos sociales in loco ha permitido mejorar la imagen de la empresa frente a los habitantes de Mapiripán. Sin embargo, miembros de la comunidad, organizaciones y autoridades públicas, entre otros, también mencionan afectaciones ocasionadas por la operación de Poligrow, particularmente en temas de derechos humanos, laborales, ambientales y de movilización. Además, las autoridades indígenas denuncian que asisten a reuniones convocadas por la Fundación Poligrow en las que son grabados y fotografiados sin su autorización y les hacen firmar planillas para programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que no se llevan a cabo (SOMO-Indepaz, 2015).

A nivel nacional, Poligrow puede contar con una relación ‘privilegiada’ con dos importantes entidades: Procolombia y Fedepalma.

Fedepalma, la organización de categoría de los productores de aceite de Palma, en un artículo en su página web subraya el virtuosismo de la empresa Poligrow, pintando la inversión de la empresa como “ejemplo de desarrollo sostenible, inclusión social y protección ambiental” (Fedepalma, 2015). Es importante destacar que el Director General de Poligrow, Carlo Vigna Taglianti, fue parte de la Junta Directiva de Fedepalma por el bienio 2015-2016.

Procolombia, por su lado, ha contribuido a la creación de una imagen positiva de la empresa, ofreciendo su visibilidad institucional y concediéndole algunos importantes espacios en su acción de promoción de los agro-negocios en Colombia. La relación con Procolombia por un lado ha garantizado una buena cobertura institucional a nivel nacional, pero también ha proyectado la experiencia de Poligrow en el extranjero. Por ejemplo, en el caso de Expo Milano en junio de 2015, presentó a Poligrow como ejemplo de empresa virtuosa para el modelo agro-industrial para el pos-acuerdo bajo el lema “Naturalmente sostenible”, invitando a su Director General, Carlo Vigna Taglianti, a exponer los resultados en Colombia y atraer nuevas inversiones en dicho sector por parte de empresas italianas (Finagro 2015).

Finalmente, gracias a su red de contactos institucionales a nivel nacional, la empresa ha podido solicitar la constitución de una Zona Franca Permanente Especial en Las Toninas, para instalar las plantas extractoras para el procesamiento de palma africana (a un costo menor) en una zona en que los indígenas practican actividades ancestrales, a pesar de que el documento del Ministerio del Interior (2012) no destaque la presencia de comunidades indígenas.

Expo Milano 2015 permitió a Poligrow fortalecer sus vínculos institucionales tanto en Italia como en Colombia. En efecto, durante la visita oficial a Colombia del Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, el mismo Carlo Vigna Taglianti reconoce haber participado en un encuentro privado con el Presidente Juan Manuel Santos (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2016a), lo que testimonia el altísimo nivel de inserción en los circuitos institucionales del Director General de la empresa Poligrow.

Gracias a esta red de contactos con las más altas esferas políticas ha permitido ejercer una forma de presión a través de una carta que Carlo Vigna Taglianti envió en noviembre de 2015 directamente al Presidente Santos. En la carta, Vigna argumenta a Santos que fue el Gobierno de Colombia el que en el año 2007 les invitó a invertir en el país a través de Proexport hoy Procolombia. Vigna le enrostra al actual Gobierno que el Ministro de Agricultura “nos invitó a participar en Expo Milán” para dar ejemplo de cómo se invierte con éxito en Colombia. También le recuerda la presencia del Ministro de Minas y Energía en la inauguración que en su entonces hiciera Poligrow de la electrificación de Mapiripán. Habla también de que el accionista de Poligrow Agostino Re Rebaudengo se reunió en octubre del año pasado en Milán con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sin embargo, esta carta fue redactada con la finalidad de expresar una queja y pedir una señal fuerte al Presidente: en efecto, un resaltado en negrillas y en un mal castellano hace una fuerte afirmación: “No obstante esto, y en esto [sic] complicado momento, ¡nos encontramos totalmente solo [sic] a defendernos!” (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2016b).

Frente a las inquietudes y a las quejas expresadas por Vigna, la carta parece haber tenido algunos de los efectos esperados. En consecuencia, luego de esta comunicación, varias situaciones se han presentado: dos procesos penales que avanzaban con cierta celeridad contra el empresario y otros dentro de la Fiscalía 105 Seccional de Bogotá, sorpresivamente fueron trasladados a la Fiscalía 365. La primera consecuencia de este cambio fue la cancelación de la audiencia de acusación por ausencia del nuevo fiscal de conocimiento. Asimismo, una misión conjunta de científicos ambientales y Cormacarena a pedido de esta entidad para que corroborara las denuncias de graves daños ambientales, de contaminación al agua, a la tierra y de afectaciones a la biodiversidad en las plantaciones de palma de Poligrow, fue cancelada solo una horas antes de iniciarse, con argumentaciones contradictorias de la entidad ambiental. Un tercer hecho tiene que ver con la presencia en el municipio del Ministro del Posconflicto y de la Presidencia Rafael Pardo Rueda, quien se reunió a puerta cerrada con Vigna y otros funcionarios en las oficinas de Poligrow en Mapiripán, el pasado 19 de abril. Luego de la visita al municipio, el Ministro envió este mensaje en su cuenta de twitter respaldando las plantaciones de palma de Mapiripán: “Pese a sus dificultades Mapiripán es hoy un polo de atracción para el cultivo de palma, seguir desarrollando esa agroindustria es otro reto” (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2016a).

Todo esto sucede mientras, en Mapiripán, las amenazas y los planes de asesinatos a reclamantes de tierras se multiplican: persecuciones con señalamientos, difamaciones, hostigamientos, amenazas de muerte contra el líder ambientalista y reclamante de tierras William y sus hermanos Dumar, Johana Aljure, el líder indígena Sikuani, Reinaldo Rojas y concejales como Giovani Guarín del Partido Verde, quienes ejercen el derecho a prevenir graves daños ambientales y exigir una actuación pronta del orden nacional ante la inoperancia regional (“Plan de asesinatos a reclamantes de tierra”, 2015).

Contemporáneamente, el 29 de enero de 2016, el Gobierno ha aprobado la Ley 1776, que instituye la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). La ley legalizaría la acumulación irregular de predios (con antecedentes de baldíos) por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra (Oxfam Colombia, Diciembre 2015).

En Italia, la densa red de relaciones institucionales de Poligrow ha sido curada por el mismo Agostino Re Rebaudengo, ilustre empresario italiano en el mundo de las energías renovables. Rebaudengo ha sido nombrado Presidente de la Asociación de categoría de los empresarios de las energías renovables (Assorinnovabili, 2014) por el período 20142017. Además, Rebaudengo es fundador y presidente de la empresa Asja Ambiente, principal inversionista del proyecto de Poligrow en Colombia.

En junio de 2015, aprovechando la visita de la delegación colombiana al pabellón Colombia de Expo Milano, Rebaudengo organizó en colaboración con la Cámara de Comercio de Torino y la Unión Industrial de Piemonte (la región de Torino) un importante foro sobre las oportunidades de inversión en el sector agro-industrial en Colombia. El encuentro ha visto la participación del Viceministro de Agricultura Hernán Román Calderón, el Alcalde de la Ciudad de Torino Piero Fassino (del Partido Democrático, el mismo partido político del Primer Ministro Matteo Renzi) y el Director de Inversión de Procolombia en Europa Pascual Martínez.

En el Informe de Sostenibilidad del año 2015, Asja Ambiente (2015) destaca el papel de la Fundación Poligrow en la “realización de proyectos ambientales y sociales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mapiripán, una pequeña y marginal comunidad colombiana [sic.]” (Asja, 2015, p. 10), gracias a las contribuciones de las donaciones navideñas de la empresa. Al mismo tiempo, el informe subraya los efectos positivos de la inversión de Poligrow en Mapiripán:

beneficios a la comunidad de Mapiripán, como la creación de empleos,la reducción de los costos primarios, la formación profesional, la realización de proyectos para la mitigación de los impactos negativos sobre el ambiente y la protección de la biodiversidad de la zona. La plantación ofrece empleo a 450 personas, y se extiende en una superficie de 14.500 hectáreas, que albergan más de 1.000.000 de palmas, en grado de absorber grandes cantidades de dióxido de carbonio, contribuyendo a la reducción del calentamiento global; algunos ejemplos son los 3.600 hectáreas destinados únicamente a la conservación de la biodiversidad y los numerosos proyectos en favor de las comunidades locales (desarrollo económico local, formación profesional y producción de energía eléctrica. (Asja, 2015, p. 12)

Asja Ambiente ha financiado su proyecto “Autosuficiencia energética de Mapiripán” a través de la recolección de fondos en el ámbito del festival musical MiTo2012 con un discurso potente que ha sabido convencer incluso organizaciones sociales y ambientales italianas, aliados y partners del festival.

Esta profunda red de contactos empresariales e institucionales de primer nivel, tanto en lo nacional cuanto en lo internacional, han permitido a la empresa legitimarse para la ejecución del mega-proyecto. Al mismo tiempo, la empresa ha sabido construir una estrategia de auto-legitimación a través del uso de un cierto lenguaje y una imagen de auto-representación, que se acerca a una estrategia “propagandística” que, de hecho, la hacen inatacable: un discurso sobre desarrollo, empleo, respeto normas ambientales y derechos ancestrales.

Conclusión: ¿hacia qué modelo de paz territorial?

En el presente trabajo intenté rescatar los mecanismos legales que permitieron el acaparamiento de tierras en Mapiripán. Dichos dispositivos legales, como señala Vega (2012), han servido al gran capital nacional y transnacional, edulcorando el despojo y legitimando nuevos proyectos de inversión a lo largo del país. Además, realicé un estudio sobre la red de contactos nacionales y transnacionales que contribuyen a fortalecer la representación y el discurso de la empresa, capaces de construir una imagen idílica del capitalismo verde, un ejemplo virtuoso que debería ser emulado por nuevos inversionistas nacionales y transnacionales. Estos dos elementos, junto a la historia reciente de conflicto (violencia y masacres) vividas por las comunidades campesinas e indígenas de Mapiripán, han contribuido al debilitamiento de las organizaciones sociales y de los movimientos territoriales.

Sin embargo, al día de hoy la gramática propagandística de la empresa (una fantasía hecha realidad) ha sido desmontada por la acción de algunas organizaciones de víctimas del conflicto, organizaciones de derechos humanos (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Indepaz-Somo, Libera, Operazione Colomba). La realización de algunos informes específicos sobre el caso ha sabido desarticular la imagen construida por la misma empresa, re-dibujando la imagen real sobre la inversión de Poligrow y reconstruyendo la geografía del territorio, teniendo en cuenta el despojo de las comunidades campesinas e indígenas. El trabajo de campo, junto a los acompañamientos realizados a favor de las comunidades, ha ofrecido diferentes evidencias sobre el comportamiento de Poligrow en la región. En la región de Mapiripán, después de la llegada del inversionista Poligrow, se ha venido expandiendo un sistema de amenazas y de agresiones en contra de los actores (movimientos sociales, víctimas individuales y colectivas, campesinos e indígenas) que han cuestionado la usurpación actuada por la empresa. El clima de amenazas y de hostigamientos también podría contribuir a crear las condiciones para un nuevo desplazamiento y la siguiente adquisición de tierras. Desde la llegada de la empresa en el territorio, la presencia militar y paramilitar en la región ha crecido significativamente, incluso restringiendo el acceso a las comunidades indígenas a sus lugares sagrados, la práctica de los rituales ancestrales y la caza y la pesca.

A pesar de la retórica de la creación de empleo por parte de la empresa (más de 450 empleos), las visitas de SOMO-Indepaz pudieron constatar en muchos casos la ausencia de una formalización laboral (no hay contratos o hay contratos precarios de duración de un mes) que implica también una ausencia de derechos en temas laborales: alta tasa de rotación, cambios de las reglas, carencia de agua y de luz en los campamientos.

En temas ambientales y en cuanto al respeto de las normas ambientales, la empresa sostiene cumplir con los estándares legales. Sin embargo en una región biodiversa como la Altillanura, ya son evidentes los impactos ambientales de la inversión de Poligrow, afectando a los morichales, los bosques de galería, los cuerpos de agua, la extinción de varias especies de pescados y la reducción de los delfines rosados. Además, las actividades de la empresa podrían generar sequías como las que conoció Colombia en el año 2014 en Paz de Ariporo, y que ocasionó la muerte de miles de chigüiros (“La Cara oculta de Poligrow”, 2015).

El estudio del caso de Poligrow en Mapiripán nos permite realizar una discusión más amplia sobre el fenómeno de la re-primarización de la economía y la multiplicación de las nuevas economías de enclave en Colombia, fundadas en la explotación de los territorios y de sus recursos en la forma conocida del mega-proyecto. Al mismo tiempo el caso nos permite entrever algunos de los efectos económicos, sociales y ecológicos sobre los territorios.

Frente al presente problema no pretendo, en un espacio tan restringido, ofrecer algunas respuestas o conclusiones para un caso (como muchos más en Colombia y en Latinoamérica) que ha sido considerado extremamente complejo y cuya solución está particularmente limitada por el derecho ambiental y la justicia territorial. Sin embargo, planteo delimitar algunos márgenes de acción en que las organizaciones de derechos humanos o movimientos sociales podrían situarse para restablecer condiciones mínimas de justicia social, territorial, ancestral, laboral y ambiental.

Finalmente, por el momento se podría afirmar que el panorama del pos-acuerdo en los territorios se prefigura como un escenario en que las contradicciones económicas, políticas y sociales de la acción del Gobierno (entre el texto establecido en el Acuerdo de La Habana y los decretos legislativos aprobados en el Congreso) podrían contribuir al origen de nuevas disputas territoriales y nuevas conflictividades. En particular, la aprobación de la Ley 1776 (Ley de Zidres) contribuirá a la conflictividad en los territorios, entregando los principales recursos de producción a los grandes capitales nacionales y transnacionales, y debilitando ulteriormente la pequeña economía de la comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes.