Introducción

Costa Rica, Colombia y Venezuela comparten ser las democracias sobrevivientes de la segunda ola y haber tenido bipartidismos estables, además, Costa Rica y Venezuela son conocidas por haber sido las democracias ejemplares de la región. Sin embargo, en la contemporaneidad cada uno de estos países ha experimentado profundos cambios que derivaron en sistemas políticos muy distintos entre sí. Por esto, consideramos pertinente analizar estas dinámicas políticas en clave comparada.

El objetivo de este artículo es comparar los cambios políticos de Costa Rica, Colombia y Venezuela desde la llamada “segunda ola” de la democracia hasta la contemporaneidad. Para ello, en al apartado América Latina en la segunda ola de la democracia comparamos las condiciones políticas que estos países presentaron durante la segunda ola de la democracia; en el apartado populismo, violencia y clientelismo o inclusión social comparamos las características distintivas de los sistemas políticos de cada país; y finalmente en el apartado sistema de partidos políticos: adiós al bipartidismo comparamos los procesos de declive de los sistemas bipartidistas de cada país.

América Latina en la segunda ola de la democracia

Huntington (1994) identifica tres “olas” y dos “contra olas” de la democracia, la primera ola tiene sus raíces en las revoluciones estadounidense y francesa y comienza con la democratización de los Estados Unidos, aproximadamente en 1828. En América Latina, Colombia fue uno de los pioneros ya que estableció un régimen al menos mínimamente democrático en el año 1910, también Argentina poco antes del comienzo de la Primera guerra mundial y luego Chile a principio de los años treinta lograron la democratización en esta primera larga ola. Pero a comienzo del año 1922 con la marcha sobre Roma y la derrota de la democracia italiana frente a Mussolini comienza la primera “contra ola”, caracterizada por sucesivos golpes de Estado, incluyendo los de Argentina y Brasil en 1930. Luego, a comienzo de la Segunda Guerra Mundial empieza la segunda ola de democratización y en América Latina Uruguay vuelve a la democracia. Brasil y Costa Rica se democratizan a fines de los años cuarenta y en Argentina, Colombia, Perú y Venezuela se instauraron en 1945 y 1946 gobiernos electos por el pueblo. Sin embargo, a finales de los años cincuenta los gobiernos de Argentina y Perú derivan en democracias limitadas e inestables debido a los conflictos entre las fuerzas armadas y el peronismo y el aprismo respectivamente, dando paso a las dictaduras. Mientras tanto, en Colombia y Venezuela se dieron golpes militares y luego negociaciones de élites políticas para instaurar regímenes democráticos.

En la segunda “contra ola”, las fuerzas armadas de Perú intervinieron para cambiar los resultados de las elecciones de 1962; luego en 1963 es electo un presidente civil bajo el consentimiento militar y en 1968 es derrocado por un golpe de Estado. De la misma forma, en toda la región se dieron golpes de Estados: Brasil y Bolivia en 1964, Argentina en 1966, Ecuador en 1972 y Uruguay y Chile en 1973. Para 1977 luego de este giro autoritario América Latina contaba solo con tres democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela.

Costa Rica, en un sentido más estricto, es la democracia más antigua de América Latina, ha tenido elecciones libres y justas desde 1949 (o al menos desde 1953). Antes de este periodo, en 1948, estalló una guerra civil que enfrentó a las milicias obreras dirigidas por el partido comunista con el ejército de José Figueres integrado por reclutas de la pequeña burguesía urbana y agraria, y especialmente por la tradicional burguesía cafetalera, dando como vencedor a este último grupo.

Desde inicios de la década de los cuarenta y más agudamente desde la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el periodo 1940-1944, la política costarricense se fue polarizando. Calderón, con la mayoría republicana en la asamblea, comenzó una amplia reforma social que marcó la fractura política del momento: Calderón contra la elite liberal conservadora, especialmente los cafeteros organizados en el Partido Unidad Nacional. Calderón se fue tornando autoritario y al perder las elecciones del año 1948 frente a Otilio Ulate se negó a entregar el poder, dando inicio a la corta pero sangrienta guerra civil. Al final del conflicto Calderón negoció la rendición y salió del país. José Figueres Ferrer y su armada nacional de liberación asume el control de Costa Rica bajo las reglas del órgano provisional: Junta Fundadora de la Segunda República, y firma un acuerdo con Otilio Ulate donde se compromete a entregar el cargo en dieciocho meses. Finalmente, Otilio Ulate Blanco asume la presidencia en el periodo 1949-1953 (Zovatto, 2005).

Si bien lo anterior puede representar importantes cambios, la toma violenta del poder no significó un cambio drástico de la agenda política del país, lo que diferencia a Costa Rica de los otros países centroamericanos donde los militares locales intervinieron directa y permanente en los procesos políticos de sus países defendiendo los intereses de las oligarquías. Como Prieto-Jiménez (1979) advierte, Figueres y su movimiento de Liberación Nacional no solo conservaron las conquistas sociales del periodo de Calderón (el Código de Trabajo, el capítulo constitucional de las garantías sociales y el régimen de seguridad social) sino que las profundizó, imponiendo impuestos al capital y nacionalizando los depósitos bancarios con lo que le quitó el poder financiero a la oligarquía, estableciendo así un rasgo característico costarricense: un modelo de desarrollo de clase media y capitalismo de Estado de bienestar. Esto aunado a la inexistencia de un ejército criollo que tuviese que luchar contra el poder colonial, influyó para que en el país no surgiera ni se desarrollara el fenómeno del militarismo, lo que lo distingue de toda América Latina.

En el caso de Colombia, los partidos políticos fueron desde temprano actores centrales de la vida política y social del país, de hecho, el bipartidismo colombiano es de los más antiguos del mundo ya que se puede hablar de Conservadores y Liberales desde 1850. En Colombia se pueden identificar dos periodos a comienzo del siglo XX: la hegemonía Conservadora desde 1910 hasta 1930 y la República Liberal desde 1930 hasta 1946. En este punto se construyeron redes políticas y clientelares y relaciones entre las élites de cada partido y los sectores populares, esto tuvo como consecuencia que el cuerpo social se dividiera en subculturas con identidades colectivas separadas y se extendiera la política a las regiones más apartadas del país, lo que constituye una de las politizaciones generalizadas más temprana de toda América Latina. Especialmente el partido liberal movilizo a las clases populares. Durante cada periodo que gobernó un partido excluyó al otro, desembocando en lo que es conocido en la historiografía colombiana como el periodo de La violencia donde se ejecutaron miles de asesinatos políticos, incluyendo el del popular candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Lo anterior dio lugar a disturbios como el bogotazo, poniendo fin a los mecanismos de rotación de élites en el gobierno (de cara a las elecciones) que se venían desarrollando incluso durante las guerras civiles del siglo XIX, dando paso al gobierno militar (Pécaut, 1991; Wills, 2002; Peter, 2005; Botero, et al., 2010; Gutiérrez, 2012).

La fortaleza de los partidos políticos hizo que ni el Estado ni la sociedad civil pudieran ser independientes de ellos, la inclusión política fue solamente clientelar y evito la autonomía de la sociedad y su capacidad de negociación con las élites del bipartidismo. Así, la movilización masiva convivió con la baja efectividad política; igualmente, las élites económicas tampoco pudieron controlar la actividad política como en otros países de la región.

Todo esto permitió la convivencia de estables periodos de gobiernos civiles sin interrupciones militares (con solo dos excepciones en 1953 y 1957) gracias a los pactos políticos formales e informales del bipartidismo, con altos niveles de violencia y represión.

Aunque las elecciones se realizaban regularmente, muchos candidatos fueron asesinados, de igual manera, había libertad formal de prensa pero periodistas y profesores fueron asesinados. Había un gobierno civilista, pero los militares tenían amplia autonomía especialmente en lo referente al orden público. Pese a que formalmente en este periodo Colombia vivía una democracia, las limitaciones fueron muy significativas de facto. (Bejarano y Pizarro, 2005; Hagopian, 2005).

Por su parte, antes de 1958 Venezuela solo había tenido ocho años de gobiernos civiles y tres de democracia (1945-1948) conocidos como el trienio adeco. Luego de su independencia en 1830 Venezuela se caracterizó por el caudillismo. Solo a partir de la Revolución restauradora encabezada por Cipriano Castro en 1902 y especialmente con Juan Vicente Gómez (1908-1935) fueron derrotados los caudillos regionales, se centralizó el Estado y se obtuvo el monopolio de la violencia, la burocratización del Estado y la profesionalización del ejército. Con la muerte de Gómez comenzó una gradual apertura dirigida por los militares y ya en 1945, mediante un golpe de Estado cívico militar liderado por el partido Acción Democrática y la Unión Patriótica Militar contra el General Isaías Medina, la junta vencedora permitió la primera elección libre y competitiva del país: Rómulo Gallegos fue elegido presidente en 1948. Pero solo nueve meses después de la elección, consecuencia del sectarismo y una aguda polarización entre los dos partidos políticos principales, el nacionalista y anticlerical Acción Democrática y el católico conservador COPEI, finalizó la corta experiencia democrática con un golpe de Estado que llevó al Mayor del ejército Pérez Jiménez (de nuevo un militar) a la presidencia del país. Acción Democrática y el Partico Comunista de Venezuela fueron declarados como ilegales y exiliados, y en 1952 se realizaron elecciones presidenciales donde fue electo el líder del Partido Unión Republicana Democrática Jóvito Villalba, solo para ser desconocido por Pérez Jiménez, quien también ilegalizó al partido ganador y al partido COPEI (De la Cruz, 1992; Salcedo-Bastardo, 2006; Caballero, 2010; Morón, 2011).

Con la modernización del Estado y los cambios de presidencia el petróleo tuvo un importante papel. Al ser propiedad del Estado el petróleo se convirtió en la principal fuente de poder del país, el Estado no solo detentaba el monopolio de la violencia sino también el monopolio de las sanciones económicas, quebrantando la lesionada institucionalidad y sobre todo los contrapesos y espacios de rendición de cuentas. Así pues, las principales continuidades del periodo para Venezuela fueron la concentración del poder en la figura de una sola persona de turno, una cultura política de caudillismo.

Estas relaciones de poder que se configuraron desde estos momentos nos dan luces para entender las dinámicas políticas específicas de cada país. En clave comparada se puede afirmar que en Costa Rica se dieron las condiciones materiales para que la sociedad civil fuese más autónoma respecto a los poderes del Estado y de los partidos políticos; en Colombia el poder de las élites de los partidos políticos fue tal que ni él Estado ni la sociedad civil lograron mayor autonomía; y en Venezuela, el Estado contó con tanto poder político y económico que la sociedad civil se relacionó con este de una forma subordinada, y los partidos políticos se concentraron en la captura de su poder olvidando otras de las funciones que realizarían en una democracia de calidad.

Populismo, violencia y clientelismo o inclusión social

Palacios (2000) desarrolla una hipótesis interesante y con altos grados de verosimilitud que, pese a todo, consideramos incompleta. La hipótesis del autor es que la inexistencia o fracaso populista (como el caso de Colombia) ha conducido a la violencia política, y en su defecto, en países con experiencias populistas (como es el caso de Venezuela) no es necesaria la violencia política. Si bien, para nosotros, su hipótesis tiene verosimilitud, cuando agregamos a la hipótesis países como Costa Rica se observa que estas relaciones no son automáticas y están mediadas por otras variables, ya que no ha tenido experiencias populistas y tampoco violencia política en más de medio siglo. Por lo que la hipótesis que nosotros nos proponemos desarrollar es la siguiente: la resolución de las demandas populares en un sistema político se puede resolver en varios espacios como por ejemplo: el populismo (caso venezolano), una combinación de violencia y clientelismo (caso colombiano) con políticas sociales institucionalizadas en un marco de oferta partidista programática plural (caso costarricense).

Continuemos con la hipótesis de nuestro autor. Palacios (2000) advierte que el siglo XIX de Colombia y Venezuela fue, respectivamente, de guerra civil civilista y de mandonismo a cargo de caudillos en armas, lo que derivó en la primera mitad del siglo XX, en acomodaticia política clientelar formada en una cultura caciquil que incluye sufragio y violencia local, y un jefe verticalista formado en la cultura de la clandestinidad, respectivamente. Desde 1830 hasta 1958, en Venezuela solo hubo cinco presidentes civiles con un total de siete años y medio de gobierno, mientras que en Colombia el Estado se desenvolvió a lo largo del siglo XIX bajo un orden constitucional, fue el primer país de la región que tuvo alternancia en el poder como resultado de unas elecciones (1837) y solo hubo dos golpes militares con gobiernos que duraron cinco años; la práctica política fue una combinación de localismos, acuerdos públicos y privados, procesos electorales y guerras civiles, todo en el marco del caciquismo y las lealtades de familia a la bandera roja y a la bandera azul, tradición que viene de la época colonial de allí su carácter oligarca, legalista y civilista (Palacios, 2000).

Palacios (2000) también señala que las diferencias fundamentales entre los acuerdos del pacto de Punto Fijo y el pacto del Frente Nacional yacen en que el primero incluyó un reformismo con encuadramiento de organizaciones sindicales y populares que permitió, entre otras cosas, que los sectores populares organizados por los partidos apoyaran al régimen contra las intentonas militaristas y la insurgencia guerrillera marxista de los años sesenta; mientras que el segundo excluyó estas reformas. La economía política y los recursos del petróleo permitieron las reformas en Venezuela, mientras que en Colombia la economía política del café no fue compatible con ellas. En Venezuela, solo Rómulo Betancourt logró armonizar los antagonismos colombianos: el popular Jorge Eliécer Gaitán y los institucionalistas Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo. En Colombia la atomización y desaparición de las fuerzas gaitanistas y diez años de autoritarismo y antiliberalismo políticos impidieron las reformas con movilización popular. El pacto de Punto Fijo y los recursos petroleros alcanzaron, con un estilo populista, la paz política y social. Por su parte, el Frente Nacional y su institucionalidad neoliberal sesgada en favor de los intereses del capital y la exclusión del reformismo izquierdista, pero con una extraordinaria flexibilidad clientelar, ha cohabitado establemente con la violencia política y con las guerrillas.

En efecto, el pacto de Punto Fijo es el evento fundacional de la historia política contemporánea de Venezuela. El pacto y la democracia se hicieron indiferenciables en la práctica. Este pacto incluyó a tres partidos políticos: Unión Republicana Democrática (URD), Acción Democrática (AD) y COPEI, (el Partido Comunista de Venezuela fue excluido a pesar de su aporte en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez) y luego deriva en un bipartidismo con el socialcristiano COPEI y el socialdemócrata AD.

El acuerdo tuvo como objetivo fundamental la consolidación y estabilidad de la democracia lo que incluía reducir los conflictos sociales, todo ello mediante un reparto equitativo del poder, de los puestos del gabinete, los empleos estatales y de los contratos públicos, un programa mínimo de gobierno que dejara al margen los temas más controversiales, y la distribución de la renta petrolera (institucionalmente o no) que mejoró significativamente los niveles materiales de la población. Aquí la ciudadanía y lo político se vio reducido.

El pacto de Punto Fijo logró conseguir sus objetivos hasta el año 1988. Los militares estuvieron fuera de la política, recibieron mejoras en sus salarios, nuevos equipos y amnistías. Para 1969 se habían resuelto temas claves como el final de la guerrilla comunista, la implementación de la reforma agraria y el comienzo de la alternancia cuando, luego de dos periodos de AD (Rómulo Betancur y Raúl Leoni), por primera vez un socialcristiano llegó a la presidencia: Rafael Caldera (1969-1974).

Desde 1969 se consolidó el bipartidismo y se alternó el poder durante dos décadas con una abstención que nunca excedió el 12,4% hasta 1988. El aumento del petróleo permitió mantener la red de asistencia social pero también el compadrazgo y la corrupción en general. Se vio a la democracia venezolana consolidada y a sus partidos políticos como los más fuertes del mundo. Pero en 1983 durante la presidencia del copeyano Luís Herrera Campíns (1979-1984) se devaluó el bolívar como consecuencia del aumento de la deuda pública, la inflación y la baja de los precios del petróleo, reduciendo el gasto social que había sido fundamental para silenciar los conflictos sociales, esto generó una crisis de legitimidad y malestar social. Ya en el año 1988 comenzó la decadencia de la partidocracia. Esta partidocracia también se caracterizó por un fuerte presidencialismo con pocos controles de facto, una burocracia extremadamente ineficiente, corrupción, y la coaptación partidaria de la sociedad civil, desde sindicatos y movimientos estudiantiles, hasta asociaciones profesionales y de vecinos (Karl, 1988; Coppedge, 1994; Coppedge, 2005; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005; Molina y Thibaut, 2005; Smith, 2005; Schamis, 2006).

En febrero de 1989 el Caracazo solo pudo ser apagado con el uso de las Fuerzas Armadas, y luego de las políticas de ajuste económico presentadas por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en 1992, se dieron dos intentos de golpes de Estado: el primero en febrero de 1992 que tuvo cierta empatía en la sociedad venezolana; y en noviembre de 1992 que fue generalizadamente rechazado por la opinión pública nacional. Esta fue la premisa del populismo emergente en 1998.

En Colombia desde hace tiempo la violencia convive con los mecanismos democráticos. La violencia es una de sus principales continuidades históricas del país: la guerrilla en Colombia ha tenido presencia por más de medio siglo, incluso desde una década antes de la revolución cubana; mientras las guerrillas Latinoamericanas se debilitaban en los años sesenta, la colombiana se consolidaba en los años setenta; y los grupos paramilitares y los poderosos carteles de la droga se establecieron en los años ochenta. La violencia cuestiona la autoridad y la capacidad del Estado, obstaculiza la democratización, lesiona la legitimidad e imposibilita las libres expresiones de ciudadanía como los movimientos sociales y las movilizaciones populares. Estos últimos han sufrido reiteradas violaciones a sus derechos humanos, secuestros, numerosos actos terroristas y asesinatos, incluyendo a tres candidatos presidenciales en las elecciones del año 1990 y a más de cien alcaldes.

El periodo conocido como La violencia concluyó con el golpe de Estado del General Rojas Pinilla en el año 1953, quien declaró que el objetivo del golpe era acabar con la guerra civil no declarada entre Liberales y Conservadores, pero pretendió mantenerse en el poder indefinidamente. Rojas Pinilla gobernó desde 1953 hasta 1957, dando paso en 1958 al Frente Nacional gracias a la cooperación entre Liberales y Conservadores.

Si bien la violencia ha sido una de las principales constantes de la historia de Colombia, esta ha cambiado sus formas. La Violencia se inicia como una expresión de lucha política por el poder formal del Estado en sus más altas esferas. En los años cincuenta la violencia fue entre los partidos políticos y por el control del Estado, ahora en la contemporaneidad la violencia entre el ejército y las guerrillas es por el sistema político y el orden social en general. En la primera etapa se crearon en contra del gobierno guerrillas, comandos autónomos rurales y “republiquetas”. Luego, en los años ochenta y en la violencia por el sistema político, el jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar fue electo como representante suplente a la Cámara de Representantes y Carlos Lehder también del Cartel de Medellín fue electo diputado a la Asamblea del Quindío. Posteriormente, en los años noventa en el marco del llamado “Proceso 8000” se dio a conocer la financiación del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper. En lo local esta violencia ha sido más intensa aún por sus especificidades políticas y económicas: la ausencia de reformas agrarias alimentó a la guerrilla rural, la ausencia administrativa alimentó a la corrupción y el peculado, y la ausencia del gobierno en los territorios generaron vacíos de poder local que llenaron las guerrillas (Camacho y Guzmán, 1989; Fals, 1996; Vargas, 2010).

El acuerdo del Frente Nacional, al igual que el de Punto Fijo, permitió que los dos partidos se alternaran la presidencia cada cuatro años sin considerar el número de votos de cada partido y así compartir el poder del gobierno e incluso dividir exactamente a la mitad el congreso y el poder judicial. Durante los dieciséis años del Frente Nacional ningún partido fuera del acuerdo tuvo oportunidad de gobernar a nivel nacional o local.

También se crearon redes clientelares que al no poseer tantos recursos materiales como los que generaba la renta petrolera de Venezuela, incluyeron cargos públicos a todos los niveles. El clientelismo político, es decir, la apropiación privada de oportunidades y servicios que deberían ser públicos, incorporó de una forma subordinada a la ciudadanía. Se intentó un reformismo desde arriba que pretendió mantener el control de las élites sobre la sociedad. El Frente Nacional también representó, aunque truncado, un intento de modernización del Estado que por su carácter de coalición heteróclita de intereses parciales yuxtapuestos no pudo ser llevado acabo. Adicionalmente el intento de modernización estuvo centrado en lo económico y burocrático, lo que generó un debilitamiento de las formas tradicionales de cohesión social y política, sin lograr crear sus equivalentes modernas (Gómez, 1984; Wills, 2002; González, 2003; Bejarano y Pizarro, 2005; Hagopian, 2005; Jaramillo y Franco-Cuervo, 2005).

El acuerdo, por supuesto, redujo la competencia y la participación política de los ciudadanos y limitó todas las expresiones democráticas de izquierda. Si bien logró reducir el poder que ejercía la iglesia, las fuerzas armadas tuvieron más poder y una subordinación limitada que incluía el control civil interno, además, las protestas sociales fueron criminalizadas y las demandas sociales se alejaron de la política institucional y de los partidos, impidiendo la resolución pacífica de los conflictos. Lo anterior estimuló la aparición de los grupos subversivos, la violencia, y la erosión del Estado.

La violencia en Colombia ha hecho de este país un caso típico de lo que O’Donnell (1993) llama zonas marrones, esto se refiere a cómo en un país las instituciones del Estado no llegan con la misma fuerza a todas las áreas geográficas, al ser el Estado un prerrequisito para la democracia, esta es baja en calidad o inexistente. El Estado colombiano históricamente ha sido pequeño, débil y pobre, con una geografía muy segmentada y una identidad nacional precaria generando fracturas importantes que el bipartidismo reforzó. El Estado colombiano sufrió un colapso parcial entre 1952 y 1953 (y luego otro entre 1989 y 1990), la Violencia en los años cincuenta produjo una desarticulación del poder en los niveles nacional, regional y local, y coincidió geográficamente con las zonas marrones. Los movimientos guerrilleros y la producción de cultivos de uso ilícito surgieron donde el Estado estaba ausente, en las zonas de colonización aluvional y anárquica, y donde los mecanismos clientelares de los partidos tradicionales no habían llegado (Pizarro, 1992; González, 2003; Bejarano y Pizarro, 2005; Levine y Molina 2011).

Parte de esta violencia fue generada por el reducido espacio institucionalizado que dejaba el bipartidismo del Frente Nacional a los demás actores. Todo esto sumado a la emergencia de actores reformistas dentro de los partidos tradicionales y de la sociedad civil (especialmente en la clase media de las áreas urbanas), la aparición de nuevos partidos políticos como la ANAPO (asociado a la figura de Rojas Pinilla), los crecientes llamados a estado de emergencia y el alto abstencionismo, obligaron a optar entre reformar el Frente Nacional o acabarlo del todo.

El Frente Nacional llegó a su fin en 1974, y a pesar de que la reforma constitucional de 1968 permitía mantener el sistema hasta 1978, en el año 1974 la paridad en el congreso y la alternancia en la presidencia llegó a su fin. El presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) convoca una cumbre política (luego frustrada) en 1982 haciendo un llamado a unos profundos cambios institucionales que incluían un nuevo pacto democrático que tuviese como centro la Paz. Pero es con el presidente liberal Virgilio Barco (1986-1990) que termina definitivamente los pactos del Frente Nacional e incluso se incorporan a la política institucionalizada actores como la otrora guerrilla del M-19. Con la constitución de 1991 se abrieron los canales de la representación política, aunque no sin consecuencias negativas, como la extrema atomización de la representación política. Belisario Betancur y Virgilio Barco (1986-1990) también llevaron a cabo políticas de descentralización, buscando dejar sin espacios a la guerrilla a nivel local, por su lado, César Gaviria (1990-1994) impulsó un gobierno de “colaboración con independencia crítica” incorporando en lo más alto del gabinete por primera vez en la historia a ciudadanos no partidistas. Cabe agregar que aunque no hubo fraudes electorales masivos sí surgieron dificultades a nivel regional, especialmente luego de las primeras elecciones populares a alcaldes en 1988 debido al control de los grupos armados. De hecho, a pesar de que se incorporaron cinco grupos guerrilleros a la vida civil desde 1990 hasta 1994, 138 alcaldes fueron asesinados, así como 569 parlamentarios o asambleístas departamentales y 174 oficiales públicos desde 1989 hasta 1999 (Bejarano y Pizarro, 2005; Jaramillo y Franco-Cuervo, 2005; Mainwaring, et al., 2007; Dargent y Muñoz, 2011).

El cambio en el sistema político anteriormente descrito es el más profundo de toda la historia democrática de Colombia pese a las continuidades de algunos enclaves autoritarios y prácticas como el clientelismo que reduce la calidad de la democracia. Los niveles de violencia política no permiten hablar todavía de elecciones libres, además, aún permanecen activos dos grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. El problema ya no es la falta de competencia sino la capacidad del Estado para garantizar los derechos mínimos de la ciudadanía. La apertura a la competencia partidaria no se tradujo a una mayor horizontalidad de la política.

La reforma constitucional también incentivó una personalización de la política y una alta fragmentación y atomización de los partidos políticos, lo que eliminó la disciplina partidaria y redujo la efectividad del gobierno y la capacidad de la oposición para servir de contrapeso articulado. La descentralización debilitó al gobierno central y dejó a los gobiernos locales enfrentados directamente con los poderosos carteles de la droga y los grupos armados.

Hasta aquí podemos identificar una diferencia fundamental entre el populismo emergente de Venezuela y el clientelismo anti populista de Colombia. El primero busca subvertir el statu quo, incluyendo las instituciones democráticas y los partidos políticos, y el segundo se propone mantener a estas instituciones, pero de forma limitada y precaria. Las instituciones y acuerdos que generaron estabilidad política y social en Venezuela y estabilidad en la rotación de élites civiles en Colombia, son los principales factores que impiden la mejora de la calidad de la democracia. También se debe advertir que en Colombia cuando el clientelismo no ha sido suficiente para impedir el ascenso de expresiones populistas, la violencia ha sido quien lo ha impedido, ejemplo de ellos son los asesinatos de los candidatos presidenciales Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán.

Mientras tanto, desde el año 1953 en Costa Rica también se dio un bipartidismo centrípeto con usuales cambios de poder entre el reformista Partido Liberación Nacional (PLN) que había emergido en 1951 y en la actualidad es el más estable y longevo del sistema, y la coalición de partidos opositores conservadores que en 1983 se iban a aglutinar en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Entre ambos dominaron al rededor del 90% de los votos para ejecutivo y legislativo. Aquí los partidos radicales no tuvieron mayores espacios, sin embargo, en el caso costarricense las elecciones sí fueron libres y competitivas. Durante este periodo se pueden identificar al menos tres etapas: la primera corresponde a un predominio relativo del PLN en las elecciones legislativas con alternancia en las presidenciales que va desde 1953 hasta 1982; una segunda donde el ganador de las presidenciales no siempre consiguió la mayoría en la asamblea por lo que se gobernó con acuerdos entre élites; y finalmente una tercera etapa acentuada en el año 2002 donde el país seguía siendo el que más inversión social ejecutaba en la región, pero su desigualdad económica seguía en aumento, con una participación electoral que descendía debido a variables socioeconómicas y al malestar político por incumplimiento de promesas. Esta tercera etapa también estaba caracterizada por una alternancia bipartidista en el poder presidencial donde la emergencia de otros partidos impidieron que los tradicionales consiguieran la mayoría absoluta en el legislativo, por lo que la gobernabilidad ameritó acuerdos entre un conjunto mucho más amplio y plural de actores (Mainwaring y Scully, 1997; Zovatto, 2005; Hernández, 2011).

Si bien en Costa Rica los partidos políticos desarrollaron lazos sólidos con algunos actores claves de la sociedad civil el espectro político también está limitado, no por la articulación subordinada de la ciudadanía por el populismo o por la combinación entre clientelismo y violencia, sino por la reducida oferta programática de los partidos ya que con el desplazamiento programático del PLN desde la centro izquierda hacia la centro derecha, se habla de un consenso neoliberal del bipartidismo costarricense. Las continuidades y diferencias entre los partidos vienen a ser más personales que programáticas, esto se hizo evidente en las campañas políticas y elecciones de los ex presidentes Rafael Calderón Fournier (quien es hijo del ex presidente Rafael Calderón Guardia) del PUSC en el periodo 1990-1994 y José Figueres Olsen (hijo del ex presidente José Figueres Ferrer) del FLN en el periodo 1994-1998 del FLN. Ambos padres fueron los protagonistas de la guerra civil (1942-1948) y fundadores de la fractura entre conservadores (luego PUSC) y FLN.

Se puede observar que en los tres países la dinámica social ha rebasado la dinámica de lo político y de la competencia bipartidista que ya sea por la reducción de la renta y la corrupción como en el caso de Venezuela, por el agotamiento de las redes clientelares y los cambios de relación de fuerza entre el Estado y los grupos armados en Colombia, o por el aumento de la desigualdad económica y la emergencia de nuevas demandas sociales insatisfechas, sus sistemas políticos están teniendo importantes cambios que pueden representar procesos de democratizaciones o quiebres de la democracia, y se expresan con más fuerza en sus sistemas de partidos políticos.

Sistema de partidos políticos: adiós al bipartidismo

En la actualidad Costa Rica experimenta importantes cambios en su sistema político y especialmente en su sistema de partidos políticos. Las primeras expresiones de insatisfacción con la oferta partidaria y desalineación política con la sociedad civil se dan con las elecciones presidenciales de 1998 donde es electo el socialcristiano Miguel Rodríguez Echeverría (1998-2010) con una abstención histórica cercana al 30%. Ya para el año 2002 el abstencionismo continuó y emergieron nuevos partidos. Por primera vez en la historia la dispersión de los votos en las elecciones presidenciales impidió que algún candidato obtuviese el 40% de los votos mínimos y obligó a ir a una segunda vuelta. También por primera vez desde el periodo democrático un partido fuera del bipartidismo, el socialdemócrata Partido Acción Ciudadana (PAC) con su candidato Ottón Solís (quien obtuvo el 26% de los votos en la primera vuelta) obtuvo una votación considerable para la presidencia y para participar activamente en el legislativo en igualdad de poder. En la segunda vuelta Solís quedó por fuera y la abstención aumentó casi un 10%. Otros partidos, aunque con menores votaciones también apareen en el espectro político: en el año 2004 el Movimiento Libertario (ML) de extrema derecha y en el 2006 el partido Frente Amplio de izquierda. El PAC busca posicionarse en la centro izquierda abandonada por el Partido de Liberación Nacional (PLN). Todo esto en un contexto donde el debate político ha girado en torno a los temas de la pobreza y la desigualdad, y la corrupción, mientras que el aumento de la desigualdad continúa a pesar de la relativamente alta y progresiva inversión social (Zovatto, 2005; Feoli, 2009; Hernández, 2011).

Si bien la coyuntura contemporánea de fragmentación partidista ha dificultado la ejecución de reformas llevadas a cabo desde el legislativo, también se encuentra una mayor oferta partidista, lo que contribuye a que los cambios se den dentro del régimen democrático y de forma institucionalizada. La sociedad civil también se ha fortalecido en este proceso, generando importantes espacios no partidistas para sus acciones políticas. Así pues, Costa Rica al menos por ahora sigue siendo de las mejores democracias de la región, y la continuidad de esto depende en gran parte de la flexibilidad y capacidad de adaptación que tenga el sistema de partidos políticos, incluyendo la consolidación de una centro izquierda programática.

A pesar de las tensiones y de la emergencia de nuevos partidos, el PLN ganó la presidencia en el año 2006 con Oscar Arias y en el 2010 con Laura Chinchilla cuando la abstención se redujo por primera vez desde 1998, (con excepción de las provincias periféricas con menor nivel de desarrollo como Guanacaste, Puntarenas y Limon). Aunque el PLN luego iba a sufrir algunas divisiones, también mantuvo un amplio dominio a nivel de alcaldías, mientras que el PUSC obtuvo solo un 4% de los votos para presidente. Para mediados del periodo presidencial de Chinchilla los indicadores sociales no habían mejorado y entraban a debate de la opinión pública numerosos casos de corrupción, aumentando la apatía hacia los partidos políticos. Así se dieron las elecciones presidenciales del 2014 donde por primera vez en el periodo democrático un partido no tradicional, el PAC con Guillermo Solís, ganó la presidencia en segunda vuelta. Sin embargo, la abstención fue superior al 30% y el PAC aún no logra tener una presencia nacional estando su apoyo en las regiones del centro (Gómez-Campos y Villarreal, 2013; Alfaro-Redondo y Gómez-Campos, 2014, 2016).

Al igual que en Costa Rica, en Colombia el bipartidismo llegó a su fin. Si bien se pueden identificar algunos rasgos de debilitamiento del bipartidismo en los años noventa, donde por ejemplo se presentaron 48 partidos políticos a las elecciones regionales de 1997, ganando sus candidatos y los independientes 10 de 32 gobernaciones incluidas Bogotá, Medellín y Barranquilla, no es sino hasta el año 2002 con la elección de Álvaro Uribe como presidente (2002-2010) y su obtención de la mayoría en el legislativo que se da por finalizada la hegemonía Liberal-Conservadora. Uribe, antiguo líder de una facción liberal que alcanza la presidencia como independiente con un discurso anti bipartidista y de mano dura contra la guerrilla, obtuvo importantes logros en materias de interés nacional. Gracias a las victorias militares se avanzó hacia el monopolio de la violencia del Estado, se redujo la tasa de homicidio, los secuestros y los desplazados, pero también aumentó el autoritarismo, se violaron derechos humanos y se hizo evidente el vínculo de su gobierno con el paramilitarismo. Uribe logró reformar la constitución para poder reelegirse, ganó las elecciones en el año 2006 y buscó otra reforma constitucional para poder reelegirse de nuevo en las elecciones del 2010, pero esta vez, la Corte Constitucional declaró ilegal dichas pretensiones (Gutiérrez, 2006; Dargent y Muñoz, 2011; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016).

Este fallo de la Corte Constitucional ha sido una muestra de solidez institucional. La dimensión liberal y el Estado de derecho es fundamental para cualquier democracia, y a diferencia de lo que ha ocurrido en Venezuela como veremos más adelante, esta autonomía de poder ha garantizado un mínimo de democracia en Colombia.

Heredero de la popularidad uribista, Juan Manuel Santos fue elegido presidente en la segunda vuelta de las elecciones del 2010 con la votación más alta en la historia del país. Santos se diferenció rápidamente de Uribe mostrándose menos autoritario y privilegiando el dialogo y las negociaciones de paz con las guerrillas antes que la fuerza. También conformó una coalición de gobierno denominada Unidad Nacional que estaría integrada por el tradicional partido Liberal y los nuevos partidos: partido de la U, Cambio Radical y el partido Verde, reduciendo así los niveles de conflictividad (Wills-Otero y Benito, 2012; Montilla, 2014).

Este es el gran reto histórico de la democracia colombiana: poder mudar los conflictos nacionales del espacio de la violencia a la política democrática. Aunque el acuerdo de paz firmado en La Habana perdió el plebiscito, nunca la democracia colombiana ha estado tan cerca de conseguir la Paz.

Por su parte, en Venezuela también se agotó el sistema bipartidista. Como señalamos anteriormente, la renta petrolera fue fundamental para mantener la estabilidad del sistema político venezolano, por lo que al caer los precios del petróleo en los años ochenta y su consecuente deterioro del bienestar socioeconómico de la población, aunado a los actos de corrupción y la incapacidad de los partidos políticos de renovarse, se presentó una significativa volatilidad y desalineación en el sistema político. Y al igual que en Costa Rica y en Colombia, la oferta partidista de centro izquierda estuvo ausente debido al desplazamiento hacia la centro derecha del partido de masas histórico, el antes partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).

Hasta los años ochenta la participación electoral estuvo alrededor del 90% de los votantes, pero en las elecciones presidenciales de 1988 donde fue electo por segunda vez no consecutiva el adeco Carlos Andrés Pérez (1989-1993), la abstención estuvo cercana al 20%, asimismo las primeras elecciones locales y regionales en la historia del país en 1989 la abstención superó el 50%, y finalmente en las presidenciales de 1993 donde fue electo por segunda vez no consecutiva Rafael Caldera (1994-1999) estuvieron cerca del 40%. Estas elecciones presidenciales marcan el final del bipartidismo venezolano. Por primera vez en la historia democrática del país ganó un presidente que se postulaba fuera del bipartidismo, el fundador de COPEI Rafael Caldera, con una coalición llamada Convergencia Nacional que incluía al Movimiento al Socialismo (MAS) y a otros dieciséis pequeños partidos locales. Es significativo apuntar que también por primera vez en la historia democrática del país el partido La causa radical, con miembros que habían formado parte del golpe de Estado de 1992 y con un candidato antisistema de izquierda como Andrés Velásquez, obtuvo más del 20%. Para las elecciones de 1998 la popularidad de los partidos e incluso de la democracia en general, seguía descendiendo, y fue electo con un discurso anti sistema el líder del golpe de Estado de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez con su partido político Movimiento Quinta República (MVR) en alianza con el MAS y el Partido Patria para Todos (PPT). Mientras que los partidos tradicionales, cuatro días antes de las elecciones, alinearon su apoyo en un solo candidato: Henrique Salas Romero quien obtuvo menos del 40% de los votos (Coppedge, 1994; Kornblith, 1994; López, 1996; Caballero, 2000; Kornblith, 2003; Molina y Thibaut, 2005).

La pérdida de la agenda programática y el desplazamiento hacia la centro derecha del partido Acción Democrática, y la expulsión en COPEI de su líder, aunado al deterioro sistemático socioeconómico de la población y la corrupción, propiciaron un espacio privilegiado para que la alternativa populista pudiera canalizar el malestar.

Inmediatamente después de ser elegido, Chávez convocó una Asamblea Constituyente que le permitió, entre otras cosas, alargar el periodo presidencial a seis años y la posibilidad de una reelección inmediata. La Asamblea Constituyente llamó a elecciones presidenciales en el año 2000 dejando a Chávez como ganador. En el año 2006, en medio de una bonanza petrolera, ganó de nuevo las elecciones presidenciales. En las elecciones del legislativo obtuvo la mayoría absoluta de diputados luego de que la oposición se retiró alegando que las condiciones electorales no garantizaban un proceso justo y equitativo. Así pues, también obtuvo el control del legislativo. En el año 2007 Chávez convocó un referendo para poder reelegirse indefinidamente y perdió, pero forzó una excusa legal para convocar nuevamente el referendo en el año 2008 y esta vez sí gano. En los siete primeros años de gobierno se realizaron once elecciones y referendos semicompetitivos que imprimieron a las elecciones un carácter plebiscitario y de legitimación del populismo. Adicionalmente, el poder electoral también ha mostrado parcialidad a favor del chavismo, evidenciado en la poca o nula sanción a las campañas y ningún control de los fondos públicos para las actividades proselitistas del chavismo. La Asamblea Constituyente de 1999 también le permitió controlar el poder jurídico, declaró en crisis al poder judicial y destituyó a más de cien jueces, la nueva constitución disolvió la Corte Suprema y la reemplazó por un nuevo órgano. En el año 2004 se llevó a cabo una nueva reorganización de la Corte Suprema luego de que se presentó una facción disidente dentro del más alto tribunal (Ramos, 2006; Álvarez, 2008; Maingon y Welsch, 2009; Ramos, 2011; Sagarzazu, 2013; Penfold, Corrales y Hernández, 2014; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016; Sánchez, 2016).

Como Weyland (2001) afirma, son dos los fenómenos que distinguen al populismo: el primero es la relación directa entre el líder y la sociedad, es decir, es anti institucional; y segundo, es cortoplacista, ya sean sus ofertas electorales o sus políticas el horizonte de acción es de corto plazo. El discurso y las políticas de Chávez y posteriormente de Maduro coinciden con estas características. Ambos presidentes han buscado desde el ejecutivo coaptar los otros poderes del Estado y cuando la oposición ha ganado elecciones de gobernadores, alcaldes y de la asamblea se han desconocido sus atribuciones.

En la actualidad se ha configurado un sistema político bipolar centrifugo, siendo los dos lados de la fractura el chavismo y el anti chavismo, en el primer polo se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de extrema izquierda, antiliberal y autoritario, y el segundo polo tiene como principal autor la coalición llamada la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) donde se encuentran partidos moderados como el tradicional AD hasta partidos de extrema derecha como el Partido Vente Venezuela y el Partido Voluntad Popular, pasando por nuevos partidos que han logrado tener un alcance nacional como el Partido Primero Justicia.

Así pues, el espectro político de Venezuela se ha ampliado pero a diferencia de lo que ocurrió en Costa Rica, la ampliación del espectro incluyó espacios no democráticos los cuales llegaron al gobierno.

Conclusión

Costa Rica, Colombia y Venezuela mostraron una significativa fuerza en sus instituciones democráticas durante la década de los setenta para poder resistir el giro autoritario de América Latina. Cada uno de estos países ha experimentado importantes cambios desde este periodo: en Venezuela se quebró una de las democracias más sólidas de la región; en Colombia se terminó uno de los más sólidos bipartidismos del mundo; y la sólida democracia en Costa Rica se flexibiliza para intentar dar respuesta a las demandas contemporáneas de su sociedad.

De la experiencia de estos países se puede extraer que la condición de solidez democrática puede ser perjudicial para la democratización, a saber, que una democracia de calidad no es la que se presenta necesariamente como la más estable, sino la que tiene mayor capacidad de adaptación para incorporar institucionalmente las tenciones sociales.

Ni la tradición histórica ni los largos periodos de bonanza económica garantizan la continuidad democrática, las relaciones no son automáticas y la relación entre las variables están mediadas por otras variables y el contexto. No obstante, se puede afirmar que uno de los factores fundamentales para evitar los fenómenos antidemocráticos como el populismo y la violencia política es la cobertura de izquierda a derecha del espectro político democrático por parte de los partidos. Al frente de un consenso programático partidista generalmente hay una sociedad plural que al no encontrar representación en el espacio democrático puede ser articulada por un populista o devenir en violencia.