El carbón de La Guajira: entre el olvido y el saqueo

El pueblo de Tabaco fue fundado en 1780 por un grupo de negros africanos cuando ya contaba con la presencia de algunas tribus de la comunidad indígena Wayúu. Estaban asentados sobre la ribera del río Ranchería y se dedicaban a la agricultura y cría de ganado. Para la época de la finalización de la guerra de los mil días llegaron algunas personas pertenecientes al partido conservador. Es decir, que para entonces el pueblo estaba habitado por personas afro-descendientes en su mayoría, algunas tribus Wayúu y por último personas con afiliación al partido conservador (Wilches-Chaux, 2011).

El Estado colombiano se enteró de la existencia de carbón en Tabaco a mediados del siglo XIX por medio de un informe de John May (Minas de El Canel). Sin embargo, no fue sino hasta los años setenta cuando el gobierno decidió celebrar un contrato para realizar las fases de exploración (1977-1980), construcción (1981-1986) y producción (1986-2009). Esto se produjo bajo la administración del gobierno de Alfonso López Michelsen; las empresas que realizaron dicha labor fueron: Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) e Intercor, filial de la empresa Exxon Mobil de origen norteamericano (Wilches-Chaux, 2011).

El proyecto Cerrejón tuvo el apoyo de los expresidentes Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986), que para su último año de gobierno había transportado “cerca de tres millones de toneladas a más de doce países. El operador sobrepasó los 3.200 trabajadores permanentes y al final del año la construcción de la infraestructura definitiva alcanzó el 95 %” (Wilches-Chaux, 2011, p. 47). Para ese mismo año, Betancur inauguró el complejo industrial El Cerrejón Zona Norte, que cuatro años más tarde se convirtió en la mina exportadora de carbón térmico a cielo abierto más grande del mundo. Además, la empresa firmó un contrato con el Estado colombiano para que extendieran la explotación de carbón 25 años más sobre lo estipulado, es decir, para que pudieran seguir extrayendo recursos minero-energéticos aproximadamente hasta el año 2034.

Algunas de las cifras claves de esta empresa multinacional son la producción de ochenta y nueve mil toneladas de carbón producidas diariamente. El gobierno colombiano ha recibido 1.461 millones de dólares por concepto de regalías en los últimos 25 años. Paralelamente, setenta mil indígenas de La Guajira han sido desplazados por las actividades mineras. Las reservas de carbón en la región son de al menos novecientos millones de toneladas. (PBI, 2011, p. 33)

Antes del exilio de más de nueve años a los que fueron sometidos los pobladores de Tabaco, el pueblo era un corregimiento del municipio de Hatonuevo, en el cual habitaban setecientas familias afrodescendientes con cerca de mil quinientas personas. Sus habitantes se dedicaban a la cría de cerdo, ganado vacuno, cultivo de yuca, maíz guineo y frutas (Wilches-Chaux, 2011). El pueblo contaba con una iglesia, inspección de policía, escuela rural, puesto de salud, sistema de energía eléctrica, una plaza, calles, vías de acceso, cementerio, parque infantil, caseta de bomba de agua, cancha de fútbol y dos tanques de almacenamiento de agua. El pueblo de Tabaco fue desalojado en el 9 de agosto de 2001, y ya para el 28 de enero de 2002 los habitantes habían abandonado el territorio. Desde entonces este pueblo desapareció del mapa colombiano (Wilches-Chaux, 2011).

Para el desplazamiento de la comunidad en Tabaco se utilizaron dos conceptos legales de la constitución de 1991, el primero de ellos fue el terreno baldío y el segundo fue la declaración de interés público y utilidad social. En 1999 el gobierno colombiano decretó que el territorio de Tabaco era un terreno baldío y por ende propiedad del Estado, algo que es irregular si tenemos en cuenta que la Ley 200 de 1936 expresa lo siguiente:

Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. (Ley 200, 1936)

Además, el Ministerio de Minas y Energía en el año de 1999 emitió la resolución 80244 en donde se expresa: “por motivos de utilidad pública e interés social la expropiación de los derechos de posesión y de las mejoras actualmente ejercidas y existentes en el predio rural baldío nacional denominado Tabaco” (CINEP, 2016, p. 18).

El Éxodo de Tabaco

El gobierno nacional de Juan Manuel Santos en varias ocasiones ha afirmado que con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se va a generar más desplazamiento en Colombia, indicando de una manera implícita que el conflicto armado es el principal y único responsable del desplazamiento. Gaviria (2014) -quien fue la directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), organización estatal que realiza un monitoreo sobre desplazamiento en el país-, en una entrevista con el periódico El Tiempo aseguró: “Si se firma la paz, no habrá más desplazados. La meta es que esos más de 6 millones de desplazados sean ciudadanos con sus derechos garantizados y que vivan una vida como cualquier otro ciudadano” (Gaviria, 2014, énfasis añadido).

El punto neurálgico de la anterior premisa es que sí existe una relación entre el desplazamiento y el conflicto armado. Sin embargo, este no es el único factor que incide en la aparición de este fenómeno; los intereses económicos y los megaproyectos mineros son otros factores que profundizan el desplazamiento. Un ejemplo claro fue el pronunciamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2015) donde se plantea que, a pesar del cese al fuego y el silencio de los fusiles, el desplazamiento se sigue presentando en las regiones, con la única diferencia que ya no es un desplazamiento masivo.

Según lo expuesto anteriormente, el análisis que se hace en el corregimiento de Tabaco tiene una gran relevancia en relación con la coyuntura del país, pues en el eventual escenario de pos-acuerdo el desplazamiento deberá ser analizado desde otras perspectivas, como la entrada de multinacionales con actividades extractivas al país y el desplazamiento causado por los intereses económicos de un grupo en particular. Además, nos lleva a analizar el desarrollo rural como un concepto que debe generarse y desarrollarse en las regiones, enfocado en la solución de los principales problemas de los pobladores, y no como un concepto de desarrollo entendido y empleado por el mundo occidental donde la inversión extranjera tiene un gran enfoque. Suficiente evidencia de esto es lo sucedido en el pueblo de Tabaco, que a pesar de los constantes señalamientos del gobierno nacional y de las entidades territoriales sobre el desarrollo de la región, por medio de la llegada de empresas multinacionales para la extracción del carbón, el departamento y el municipio tendrían mejores oportunidades en materia de inversión y modernización.

Para el año 2015 CODHES determinó que el desplazamiento había aumentado a pesar de los acuerdos de La Habana: para ese año se registraron 225.842 desplazados (CODHES, 2015). Además, se presentó un incremento del 9 % respecto al año 2014 donde hubo 204.832 personas desplazadas, lo que ratifica que el desplazamiento se desliga de las dinámicas del conflicto armado y obedece a otro tipo de circunstancias (“A pesar de avances”, 2016).

En el año 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que Colombia es el país que más personas desplaza dentro de sus fronteras en el mundo (la cifra llegó a 7,7 millones). Jozef Merkx representante de la ACNUR afirmó que solo en 2017 hubo 3500 desplazados (“Durante 2017 hubo 3500 desplazados”, 2017). A esto se suma la afirmación de Salgar (2016): “El proceso de paz no ha reducido significativamente el desplazamiento en Colombia” (Salgar, 2016)

Rodríguez (2011), exdirector del Centro de Estudios del Carbón de La Guajira, ha sido profesor universitario en la Universidad de La Guajira y uno de los principales promotores y organizadores del Comité Cívico de La Guajira (que tiene como propósito salvaguardar los principales derechos de los guajiros y denunciar penalmente los atropellos a los que se han visto enfrentados con las autoridades y El Cerrejón); él relata cómo fue el proceso de desplazamiento que vivieron los habitantes de Tabaco:

El día 9 de agosto del 2001, irrumpe en el pueblo un piquete de la policía en número de 500, del ejército más 200 efectivos, lo mismo, que la seguridad privada de Intercor, disfrazada de civiles unos y otros con uniformes de la defensa civil y de la cruz roja, comienza el desalojo a sangre y fuego de estos humildes y pacíficos pobladores. Esta fecha, desnuda la naturaleza de Cerrejón, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus propósitos, lo mismo, que la naturaleza lacayista del estado colombiano que se confabula con los intereses foráneos en contra de sus gentes. La señora juez, la encargada de impartir justicia, llego en los carros propiedad de la multinacional, enfundada en un chaleco antibalas, calada su cabeza con casco de seguridad, el cual, portaba los colores distintivos de Intercor. (Rodríguez, 2011)

Desde que se generó el proceso de desplazamiento de la comunidad de Tabaco la población se agrupó en algunos movimientos buscando una ayuda legal y social para impedir la expropiación de sus bienes y obtener una asistencia social que les permitiera sobrevivir. Gracias al accionar del movimiento social Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, la Corte Suprema de Justicia emitió una respuesta a una demanda el 7 de mayo de 2002 en donde indica que la alcaldía de Hatonuevo y el alcalde del municipio debían iniciar inmediatamente los trámites para realizar un proyecto de reubicación y construcción de viviendas para los habitantes de Tabaco. En el año 2008 se celebró una reunión entre los habitantes y los directivos de la empresa Cerrejón para darle inicio a los procesos de indemnización y reubicación. Pese a todos los esfuerzos, para el año 2015 aún no se había reubicado a nadie.

El desplazamiento por motivos de desarrollo empleado en Tabaco tuvo más de diez años de impunidad a pesar de tener un fallo a favor por parte de la Corte Suprema de Justicia. El pueblo dejó de existir y sus habitantes se vieron forzados a desplazarse a lugares cercanos de La Guajira y algunos otros a emigrar a Venezuela. Cabe mencionar que este no ha sido el único caso de pueblos desaparecidos por la extracción de carbón en ese departamento. La Tabla 3 muestra el número de pueblos desalojados y cuáles han recibido el proceso de la reubicación.

Tabla 3: Comunidades desplazadas y/o reasentadas debido a la extracción de carbón por parte de El Cerrejón

Nota. Elaborado a partir de testimonios de las comunidades en La Guajira (CINEP, 2016).

Impactos en la población: desarrollo y desplazamiento

Varios autores vienen desarrollando la categoría de desplazamiento por desarrollo, esta hace referencia a la expulsión de personas de una manera forzada relacionada con los proyectos de desarrollo económico por parte de algunas empresas o por políticas públicas de los Estados.

El Centro de Justicia social Tierra Digna (2015) indica que el tipo de desplazamiento presentado en Tabaco, La Guajira, corresponde a la categoría de “desplazamiento por desarrollo”, un término que en Colombia es muy pertinente por la coyuntura política.

Sin embargo, cuando esa misma reflexión intenta construirse en torno a la expulsión de población de su territorios, por cuenta no de actores armados, sino de actores económicos autorizados por el Estado para explotar los recursos naturales de una región, el asunto pareciera no ser tan pacífico. Pese a que la categoría “desplazamiento por desarrollo” ya ha hecho carrera en distintos escenarios internacionales con competencia en materia de derechos humanos, en otras latitudes, especialmente domésticas, como en Colombia, existe una tendencia a negar que una expulsión por razones del desarrollo deba ser reconocida como desplazamiento forzado, y mucho menos que ella merezca alguna clase de tratamiento o acompañamiento, como aquel que hoy se reconoce para las víctimas del generado por razones del conflicto armado. (Tierra Digna, 2015, p. 51)

El desplazamiento que se genera en La Guajira responde a las dinámicas que se enmarcan en un modelo de desarrollo adoptado por el Estado colombiano. Desde la perspectiva de Pizarro (2007), en la historia de Colombia el despojo de comunidades negras, afros e indígenas obedecen a las “necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que se disputan el poder” (Pizarro, 2007, p. 16). La premisa de Pizarro (2007) se adapta al caso de Tabaco, porque el desplazamiento en este caso es violento y “obedece a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales” (Pizarro, 2007, p. 16).

Es pertinente resaltar que en La Guajira la comunidad de Tabaco no ha sido la única afectada y desplazada, gran cantidad de indígenas Wayúu (144.003 indígenas que equivalen al 42,4 % de la población en La Guajira) han sido desplazados de manera intermitente, lo que no permite visibilizar la magnitud del problema. Sin embargo, “entre 2002 y 2010, 62.194 personas fueron desplazadas forzosamente” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2008, p. 16). Este fenómeno responde a dos factores: primero, el interés de la multinacional frente la expansión de la mina; y segundo, la victimización de indígenas Wayúu a manos de grupos paramilitares, en especial en Bahía Portete (la intimidación y el homicidio selectivo fueron las prácticas más comunes). Al respecto la Corte Constitucional ha mencionado lo siguiente:

Según reporta la Misión Internacional de Verificación, se registró en 2006 el asesinato de 16 mujeres líderes que ejercían resistencia contra los distintos megaproyectos que se busca construir en La Guajira. Debe reportarse a este respecto que existe la percepción, entre las autoridades Wayúu, de que existe un vínculo entre los megaproyectos mineros en el área impulsados por el Gobierno, y la violencia paramilitar, especialmente en Bahía Portete. El propósito, para ellos, es el de apoderarse de los territorios mediante el terror y el exterminio. (Corte Constitucional como se citó en Villalba, 2015, p. 14)

Los actuales dueños de la mina El Cerrejón aseguran que el desplazamiento en Tabaco sucedió en el año 2001, en ese momento la mina era propiedad de Carbocol S.A. e Intercor, por lo cual no tienen por qué responder ante esos actos. Sin embargo, hay que decir que Tabaco dejo de existir hasta el año 2002 donde la mina ya había sido adquirida por los actuales dueños, lo que significa que la responsabilidad por los daños causados a la población recae en la concesión multinacional y son ellos quien deben repararlos en su totalidad. En este punto no es válido el argumento que dice que debe ser únicamente el Estado colombiano quien atienda a la población desplazada. En un panel realizado en el año 2008, llevado a cabo por expertos nacionales e internacionales en temas de desarrollo social, se hizo una revisión social independiente de la administración de Cerrejón (revisión ejecutada por Social Capital Group de Lima, Perú) y se estipuló la estrecha relación de la mina con respecto al fenómeno del desplazamiento: “[e]l desplazamiento ocasionado durante el desarrollo de la mina ha involucrado a poblaciones enteras, y en muchos casos ha dado lugar al rompimiento de redes sociales y a la pérdida de ‘seguridad territorial’” (Cerrejón, 2008, p. 6).

Esta dicotomía entre empresa multinacional frente al bienestar de la población siempre tendrá una solución de acuerdo con la postura que tenga el Estado en su legislación y su marco jurídico (González, 2010). Sin duda, esto no sucedió en Tabaco pues, a pesar del fallo de la Corte Constitucional en el año 2002, que ordenaba a la empresa, a la gobernación del departamento y a la alcaldía de Albania el proceso de reubicación de la población junto a la reconstrucción del pueblo en otro sector, los habitantes de Tabaco duraron nueve años sin ser reubicados.

Diferentes organismos internacionales se han manifestado frente al desplazamiento generado por empresas multinacionales, el Banco Mundial, La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han anunciado que las empresas multinacionales que generen desplazamientos involuntarios deben implementar un Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR), todo para evitar que los impactos generados a la población desplazada no sean totalmente negativos. Los principales derechos que se deben tener en cuenta, “la participación, consulta y consentimiento previo, intercambio libre de información y resolución de quejas, entre otros, deben ser siempre respetados y garantizados” (González, 2010, p. 3).

Con respecto a estos reasentamientos y derechos que poseen las comunidades desplazadas según los organismos internacionales, en Colombia no se ha llevado a cabo el debido proceso y la protección de los mismos, esto se ve reflejado en el caso del corregimiento de Tabaco en el municipio de Hatonuevo en La Guajira.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un informe denominado Desplazamiento por desarrollo en el cual recogen estudios realizados por el Banco Mundial sobre el desplazamiento generado por proyectos de desarrollo:

En 1994, un estudio de todos los proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial entre 1986 y 1993 que causaron desplazamiento de personas, mostró que más de la mitad eran proyectos de transporte, aprovisionamiento de agua e infraestructura urbana. (Observatorio de Desplazamiento Interno, 2010, p. 1)

En el caso de México, específicamente en el Estado de Chiapas, Domínguez (2013) identifica un desplazamiento producto del desarrollo que se manifiesta a la par del desplazamiento causado por los enfrentamientos entre la fuerza pública y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional: “En este sentido, diversas agencias internacionales coinciden en que el desplazamiento físico y el desplazamiento económico constituyen las afectaciones más graves que un individuo o una comunidad pueden sufrir como consecuencia de un proyecto de desarrollo” (Domínguez, 2013, pp. 20-21).

Machado (2014) analiza el desplazamiento causado por proyectos de desarrollo en Argentina y llega a describir los conflictos que se presentan con las comunidades y con el medio ambiente, resaltando el modo en que actúan las empresas multinacionales y sobre todo la imposición de los intereses de los grandes monopolios económicos por encima del bienestar de las comunidades:

Por otro lado, el brutal arrasamiento de los bosques nativos va acompañado de un no menos violento proceso de expulsión de poblaciones rurales, pues se trata de un modelo en el que las corporaciones necesitan “territorios libres de habitantes”. En consecuencia, como indica Jorge Rulli “el despoblamiento del campo es hoy un hecho terrible en Argentina y ha ido creciendo en paralelo a la creciente sojización”. Diversos estudios dan cuenta del desplazamiento de más de 200.000 familias de campesinos en la última década, que se suman a la extinción de más de 100.000 unidades productivas registradas por el último Censo Agropecuario, 44 % de las cuales corresponden a unidades de menos de 5 hectáreas. Como contracara, crece la concentración: en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3 % del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas. (Machado, 2014, pp. 79-80)

Escobar (2014), quien también tiene un extenso estudio sobre el desarrollo y cómo este concepto ha evolucionado desde la segunda guerra mundial,¹ plantea que el “desarrollo” sirvió como una especie de recetario que tenían que seguir los países tercermundistas para transitar hacia el lugar de los países del primer mundo. Lo que permanecía en la sombra del discurso del desarrollo era la conservación del statu quo de las potencias mundiales para seguir explotando los recursos naturales de los países subdesarrollados.

Según Escobar (2014), los países desarrollados habían alcanzado una industrialización a base de materias primas halladas en otros países que no poseían ni los medios ni la capacidad tecnológica para transformar dichas materias primas. Así, los Estados occidentales apelaron al discurso del “desarrollo” que puso arbitrariamente sobre la mesa los principales problemas de índole social y económica: solo mediante la inversión extranjera, la modernización y el avance tecnológico las naciones pueden considerarse “desarrolladas”.

Después de varias décadas aplicando el mismo discurso del desarrollo, pero con diferentes enfoques -a veces era la seguridad, otras la inversión en infraestructura, luego la pobreza, la desigualdad, entre otros-, los resultados no fueron los esperados y los únicos países que obtuvieron algo de desarrollo fueron aquellos que usufructuaron las materias primas de otros países. El principal problema que plantea Escobar (2014) es que el desarrollo es un proceso “etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como conceptos abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro” (Escobar, 2014, p. 96).

Como dice Escobar (2014), una de las consecuencias de los problemas en el desplazamiento por desarrollo en La Guajira radica en que “las poblaciones indígenas tenían que ser ‘modernizadas’ y aquí la modernización significa la adopción de los valores ‘correctos’, es decir, los sustentados por la minoría blanca, y, en general, de los valores implícitos en el ideal europeo” (Escobar, 2014, p. 95). Si bien la inversión extranjera deja grandes sumas de dinero esto no se ve reflejado en la inversión social, por ende, el desarrolló no se materializó en La Guajira. Es pertinente cuestionarse si realmente los parámetros del desarrollo están en función de las necesidades de la población o si por el contrario el desarrollo en estas comunidades pasa por el fortalecimiento de los cultivos de autoconsumo, la descentralización, las economías comunitarias y los programas con enfoques de participación ciudadana.

Impactos en la población de Tabaco: desarraigo

Para estas comunidades el desplazamiento solo es uno de los aspectos en los que se ven afectados, este problema trae consigo otras consecuencias como por ejemplo el desarraigo, la ruptura del tejido social y los daños ambientales que inciden en el aumento de desplazados.

En Tabaco confluían pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas los cuales tienen un imaginario muy particular en cuanto a la concepción de la tierra y su construcción de identidad, sus prácticas, sus rituales, y todas sus manifestaciones se enmarcan en su relación con la tierra. Los Wayúu se consideran como los hijos de la tierra y consideran que todo lo que hay en su entorno les pertenece por derecho propio y asentamiento ancestral.

Un afrocolombiano manifiesta lo siguiente: “Nuestra tierra es nuestra vida, si tenemos que dejar nuestra tierra y nuestro territorio colectivo desapareceremos como grupo y terminaremos viviendo un estilo de vida occidental en la ciudad y perdiendo nuestra identidad” (Angulo, como se citó en ABColombia, 2012, p. 6, énfasis añadido).

Lozano (2008), un investigador con larga trayectoria en los procesos de desplazamiento en Colombia, afirma que el desarraigo y la ruptura del tejido social son procesos complejos que lo han llevado a comprender el fenómeno desde una perspectiva histórica:

El intento de comprensión del desplazamiento que durante las últimas décadas se ha vivido de una manera muy extensa en Colombia me ha llevado a observar dicho fenómeno en una perspectiva histórica. Constato que asistimos no solo a un fenómeno coyuntural marcado por la migración forzada de personas debido a eventos de carácter militar, sino a unos procesos mucho más complejos de construcción y dominio de territorio que he denominado desarraigo y que defino como un proceso de rupturas complejas producidas en el ser y el hacer de personas, grupos y comunidades dentro de estrategias de subyugación y sometimiento. Dichas rupturas incluyen tanto los cambios de lugar -desplazamiento- como la permanencia forzada en los lugares tradicionales de vivienda y trabajo -confinamiento-, los cambios en los modelos económicos -por ejemplo, de la economía del autoabastecimiento e intercambio de productos a la de relaciones salariales y monetarias-, las rupturas e imposiciones de visiones e imaginarios de comprensión del cosmos y de las relaciones sociales -modelos éticos y religiosos-, la imposición de formas de autoridad -apropiación de las instituciones públicas por parte de alguno de los actores-, la negación de los derechos políticos -destrucción de redes sociales, asesinato de líderes comunitarios y sindicales- y la afectación de la autoestima y seguridad psicológica, entre otras. (Lozano, 2008, p. 295 énfasis añadido)

La anterior afirmación es pertinente para las dinámicas que se presentaron en el proceso de desplazamiento en Tabaco. Cuando afirma “constato que asistimos no solo a un fenómeno coyuntural marcado por la migración forzada de personas debido a eventos de carácter militar” (Lozano, 2008, p. 295), se relaciona con las acciones que tomó el Estado mediante sus fuerzas de coerción (el Escuadrón Móvil Antidisturbios [ESMAD] y el Ejército Nacional). Con relación a la parte resaltada en cursivas, Iguarán (2013) plantea que El Cerrejón influenció en la noción de territorio de los indígenas porque cautivaron a las comunidades con falsas promesas “que en el futuro las comprometen y esclavizan a un mundo supeditado a la producción y reproducción masificada” (Iguarán, 2013, p. 3). En las comunidades afro el hecho de obligarlos a desistir de sus tradicionales cazas nocturnas, prohibirles el trabajo de la tierra y las actividades agrícolas también se convierte en lo que Lozano (2008) denomina como rupturas en el ser y el hacer.

El confinamiento, que también es tomado en cuenta por Lozano (2008), también fue otra de las estrategias de los dueños de la mina. Como parte de la represión sobre las personas que se resistían a abandonar sus terrenos, a los pobladores se les compró la mayoría de terrenos productivos que estaban alrededor y posteriormente se cercó aquellos terrenos pertenecientes a la mina, a esto se suma la construcción del ferrocarril que dividió muchos territorios e incluso el desabastecimiento de los servicios de agua y alcantarillado.

Hubo cambios significativos en el modelo económico de la población, antes de la llegada de la multinacional sus habitantes se dedicaban a la siembra y cría de ganado. Si bien no obtenían grandes sumas de dinero ni poseían grandes extensiones de tierra, en su cosmovisión percibían un buen vivir y su relación con la tierra era la ideal. Con la entrada de la multinacional en sus tierras tuvieron que cambiar sus prácticas económicas, algunos se unieron a trabajar al interior de la mina, pero lo más afectados fueron sin duda los desplazados. Estos tuvieron que abandonar sus tierras y adaptarse a otras formas de relaciones económicas además de concebir la vivienda de forma diferente.

Villalba (2015) indica que el proceso de desarraigo en La Guajira pasa por las constantes intimidaciones y asesinatos de mujeres líderes. El hecho de que asesinen mujeres Wayúu acarrea el rompimiento del tejido social de la comunidad: “[la mujer Wayúu representa] una autoridad en su relación y representación frente a los blancos y en su papel de ruta matrilineal en la evolución y desarrollo de los clanes” (Villalba, 2015, p. 14).

Impactos en la población: ruptura del tejido social y daños ambientales

Iguarán (2013) realiza un análisis de los impactos generados en la población Wayúu con uno de los programas sociales que desarrolló Cerrejón evidenciado en el rompimiento del tejido social a través del proyecto de vivienda de la comunidad. Este proceso buscaba insertar a la comunidad en las dinámicas del neoliberalismo, es decir, interiorizar las dinámicas del mercado en sus prácticas sociales. Cabe señalar, por un lado, que las casas entregadas a la comunidad Wayúu estaban construidas con materiales que ellos nunca habían usado; las familias, que siempre habían vivido en el mismo techo, estaban separadas por la arquitectura; y la estructura solo reflejaba un espacio de individualización de las personas: cada casa contaba con su propio patio, lavadero y cocina, sabiendo que, tradicionalmente, los Wayúu lavaban sus prendas en el rio y cocinaban de forma comunitaria. Por otro lado, ya estaban obligados a pagar un impuesto por dicha casa y contar con los recibos de los servicios públicos domiciliarios. La aparición de la propiedad privada dentro de la comunidad, debido a la arquitectura de las casas (donde cada familia tiene un territorio específico sin interesar su clan), fomentó el individualismo y la creación de límites entre los habitantes e incluso la invención de estratos socioeconómicos.

Montero y Mestra (2008) consideran que existe una ruptura del tejido social y un proceso de desarraigo porque los Wayúu no consideran que la tierra sea un bien comercial “que requiera ser cuantificada para valorarla, es simplemente un bien de uso y su única limitación es la que esté siendo utilizada por otro” (Montero y Mestra, 2008, p. 148). Los Wayúu tuvieron un gran problema con la multinacional. Según Montero y Mestra (2008), para esta tribu el cementerio es un elemento importante en sus relaciones, cosa que Cerrejón no tuvo en cuenta cuando implementó algunos programas de reubicación para estos indígenas.

Los habitantes de Tabaco, con el apoyo de algunas entidades y medios de comunicación, decidieron realizar un documental en donde se evidenció cómo fue el proceso de desplazamiento. Muchos de sus habitantes expresan los impactos que tuvieron que sufrir, al respecto una mujer del pueblo decía:

Yo vendí mi casa porque el señor Fabio Esteban Barrera, funcionario de Cerrejón, me decía que si no vendía me iban a expropiar mi casa y la situación sería peor. También me vi presionada a vender porque nos cerraron las vías de comunicación y quedamos incomunicados, también nos quitaron los profesores de la escuela, la enfermera del Centro de Salud. (Producciones Londoño Televisión, 2001)

González (2010), quien hace un énfasis en el desplazamiento por desarrollo, argumentó que lo más grave del desplazamiento es la pérdida del tejido social y el desarraigo: “Lo complejo del desplazamiento, es la pérdida de las fuentes de ingresos, como tierras agrícolas, bosques, potreros, almacenes y otros recursos de producción, los cuales deben ser reemplazados” (González, 2010, p. 2). El desplazamiento involuntario es un mecanismo que permite expropiar los territorios de las comunidades para afianzar la inversión extranjera conforme a las políticas de la confianza inversionista: “con el desplazamiento involuntario se pueden perder bienes inmateriales o ganancias culturales de las comunidades por el impacto generado al cambiar de territorio; impacto que se evidencia en lo que los sociólogos denominan el rompimiento del tejido social” (González, 2010, pp. 2-3).

La modificación de los espacios sociales en los que influyen los procesos extractivos también son parte de los impactos que asume la población, en donde también la significación del territorio:

[…] modifica los espacios locales, regionales, nacionales, conllevan graves efectos colaterales como el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de poblaciones y el solapamiento y fragmentación de las lógicas de relacionamiento con la naturaleza propias de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinos. (González y Melo, 2015)

Roa (2014) afirma que el ingreso de empresas multinacionales ha tenido como prioridad la privatización de recursos vitales para la supervivencia de la población, “en la minería se desatan formas de privatización de las fuentes de agua y muestra cómo el fenómeno privatizador ha traído sed y peligro para la vida de la población indígena y afrodescendiente” (Roa, 2014, p. 29). Esto tiene grandes implicaciones si pensamos que el agua es un factor que influye en la ruptura del tejido social. “También profundiza el análisis de la contaminación y la apropiación del patrimonio hídrico como elementos que impactan la calidad de la vida de la población y exacerban la degradación territorial” (Roa, 2014, p. 29). Lo anterior junto al desabastecimiento de los servicios por parte de las instituciones de La Guajira -en alianza con la multinacional- representa lo que Lozano (2008) denomina como “imposición de formas de autoridad”.

El daño en el ecosistema es otro efecto colateral de la minería que genera el deterioro en la calidad de vida de las personas. Roa (2014) plantea que “los proyectos extractivos amenazan con destruir los medios de subsistencia de las poblaciones, contaminar las principales fuentes hídricas y finalmente despojan a los pueblos de sus territorios ancestrales” (Roa, 2014, p. 41). En medio de su análisis Roa (2014) asegura que en La Guajira la característica de El Cerrejón es la privatización de recursos vitales para la supervivencia de la población. En este caso el recurso vital es el agua, trascendental y escaso en la vida de los guajiros en parte por la misma geografía desértica de algunas partes del departamento, pero también porque se convierte en un elemento que establece lazos al interior de las comunidades. Ejemplo de la privatización impuesta por la multinacional fue el desvío de 26 km del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de la región y esencial para los asentamientos posicionados sobre su ribera.

Acosta plantea los efectos que producen la actividad minera en el país y los daños irreparables al ecosistema, además de desmitificar los argumentos con los que seducen a la población para permitir la entrada de dichas empresas multinacionales a sus territorios.

Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha venido haciendo carrera en el imaginario colectivo, como fijación, que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva. Planteada así, de esta manera simplista, dicha dicotomía, es obvio de toda obviedad que primero está la preservación, conservación y el acceso al preciado líquido. (Acosta, 2017)

Villalba (2015) dice que la comunidad en La Guajira fue afectada por la “polución del polvillo del carbón en el aire además de la contaminación sonora y los movimientos de la tierra a raíz de las explosiones a cielo abierto” (Villalba, 2015, pp. 12-13). El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, dedicado a la defensa de la tierra, indica que el desplazamiento también se produce por la contaminación que se presenta en los territorios donde se ejecuta la explotación de recursos mineros La contaminación afecta la salud y la subsistencia de los habitantes de la zona carbonífera:

[C]omo narraron a Tierra Digna algunos pobladores de Boquerón, un pueblo amenazado de sufrir un desplazamiento forzado debido a que la explotación carbonífera que rodea el pueblo ha llevado la calidad del aire a niveles tóxicos para la vida humana, “el problema no es la extracción de carbón en sí, sino el hecho de que el Estado permita que se realice de forma contaminante en el país y, además, saque provecho de ese negocio” (Tierra Digna, 2015, pp. 16-17).

Reformas de la política de atención y reparación de víctima

El gobierno nacional actualmente ha desarrollado un gran marco jurídico para la protección de las víctimas del desplazamiento forzado. Como lo señala el ACNUR (2017) el documento CONPES 2804 se destaca como el inicio del reconocimiento de la gravedad del fenómeno del desplazamiento y el intento por realizar un política pública sobre la atención y prevención de este fenómeno por medio del programa de Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) en el año 1995. A partir de allí se vino instaurando una serie de medidas que incluyeron la participación activa de las mujeres, la garantía de los derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la educación, diferentes enfoques diferenciales como la población juvenil, infantil y las madres gestantes y lactantes, así como la protección de las minorías indígenas y afro en los desplazamientos forzados.

Todos los avances que ha tenido el gobierno nacional han estado estrechamente vinculados con los principios rectores del desplazamiento planteados por el ACNUR. No obstante, según este organismo el desplazamiento se desprende en 90 % de los conflictos armados internos de los países.

Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra el desplazamiento arbitrarios que alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual, […] en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial. (ACNUR, 1998, pp. 6-7)

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV, 2016) realizó un informe sobre el “Análisis de emergencia humanitaria en La Guajira” en el año 2016, sin embargo, en este informe se plantea el desplazamiento solo desde la perspectiva del conflicto armado, resaltando los principales actores armados que operan en la región y las principales actividades económicas ilegales. Todo confirma la tesis de que el gobierno aún no reconoce al desplazamiento como un fenómeno producto de múltiples variables. Cabe reclamar que en el escenario del pos-acuerdo es necesario tener en cuenta el despojo por motivos económicos y por los megaproyectos.

Sin duda podemos notar que existe una gran cantidad de atención para las víctimas del desplazamiento forzado que son a su vez víctimas del conflicto armado, de los grupos ilegales y del Estado; pero no existe una visión muy clara del desplazamiento como producto del desarrollo y de los megaproyectos que residen en el país. La única aproximación que se encuentra de este desplazamiento se encuentra en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015) Una nación desplazada: “El desplazamiento no solo ha sido funcional a las economías ilegales sino también a megaproyectos y proyectos económicos que requieren importantes extensiones de tierra, independientemente de su naturaleza jurídica o de su régimen por ser territorios étnicos” (CNMH, 2015, p. 255).

En el anterior informe del CNMH (2015) se destaca el reconocimiento que se le hace a la falta de atención y prevención de este desplazamiento, que según ellos se ha hecho más evidente con la desmovilización de grupos armados ilegales como las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, el informe denuncia la compra de tierras a pequeños agricultores acompañado de hostigamientos y afirma que el papel del Estado ha sido fundamental pues ha otorgado concesiones mineras sin la vigilancia y el control adecuado “esta situación ha generado un choque de intereses que han exacerbado las manifestaciones de violencia a partir del conflicto entro los tradicionales mineros informales y las grandes empresas” (CNMH, 2015, p. 256).

En particular, el auge minero de la década pasada, especialmente a partir del 2008 y fortalecido en el 2010 a través de la “locomotora minera”, ha agudizado los problemas de inequidad, violencia y desplazamiento en varias regiones del país (Contraloría General de la República, 2013, p. 182). Esta situación se ha presentado con mayor intensidad en departamentos con gran potencial de explotación minera como Antioquia (oro), Arauca, Casanare, Meta (petróleo), Cesar, La Guajira (carbón) y Córdoba (carbón y ferroníquel) (CNMH, 2015, p. 257; Contraloría General de la República, 2013, pp. 41-51).

El corregimiento de Tabaco representa los nuevos retos que tiene el Estado colombiano para la construcción de una paz estable y duradera, ya que con la desmovilización de las FARC y con la entrada del ELN al proceso de negociación de desarme, se podrán observar otros conflictos sociales que aquejan a la sociedad colombiana.

Es por esto que la Ley 1448 de 2011 es una forma jurídica insuficiente para reparar a las víctimas provenientes de otros tipos de conflictos sociales, como es el caso del desplazamiento por extracción de recursos minero energéticos -en especial con el ingreso de las multinacionales en las regiones-. El Estado colombiano debe comprender que existe una diversidad de victimas que responden a diversos tipos de problemas y que el problema no se manifiesta como algo homogéneo que parte del conflicto armado interno.

El desplazamiento es un fenómeno que no va a desaparecer con la desmovilización de los grupos armados ilegales. Como se observa con Tabaco, también existe un desplazamiento que responde a las dinámicas del desarrollo y los intereses económicos de una clase social y empresas trasnacionales. Esto es algo que se refleja con las masivas manifestaciones en las consultas mineras, de lo que va en el 2017 se han realizado más de siete consultas populares y están pendientes más de cincuenta y cuatro consultas mineras (Cajamarca, Cumaral, Quindío, Arbeláez, Tolima, Casanare y Meta). En todas las consultas el rechazo del pueblo ha sido contundente debido al gran impacto negativo que la minería causa en las regiones.

La forma como el Estado colombiano ha abordado la comprensión de las víctimas es reflejo de que para la institucionalidad solo existe un tipo de víctimas: aquellas que han sufrido las dinámicas de la guerra y que deben ser reparadas (Ley 1448, 2011). Sin embargo, Tabaco es la muestra más clara de que existen otros tipos de víctimas que responden a las dinámicas de los conflictos económicos.

Conclusiones

Uno de los principales postulados que se presentaron en el artículo es la estrecha relación que existe entre el desplazamiento y la explotación de recursos naturales, en este caso el carbón en La Guajira. Esta afectación se produce principalmente porque en los territorios donde están acentuadas las poblaciones se encuentran grandes reservas de carbón, y las empresas multinacionales aprovechan los beneficios que les otorga el Estado para desarrollar su actividad extractiva sin tener en cuenta el daño y la reparación de los ciudadanos.

Ante este panorama el desplazamiento en La Guajira se desliga de la tesis de que el fenómeno solo es producido por actores armados que se disputan el territorio. Se deben tener en cuenta las nuevas dinámicas que producen estos daños en la población, por tal motivo lo más pertinente es señalar que el desarrollo de los proyectos mineros de las grandes multinacionales son los responsables de estos daños.

El desplazamiento por desarrollo se instaura con la implementación de una serie de estrategias que utiliza la empresa multinacional para generar un contexto de incertidumbre en la región. De esta manera existe una ruptura del modo como venían viviendo los pobladores del pueblo, ya no pueden obtener recursos básicos para la subsistencia como lo es el agua, la cacería y la cría de ganado, los ciudadanos son sometidos a procesos de subyugación, acoso y terror que finalmente se traducen en un confinamiento o desalojo involuntario.

Con la entrada de la explotación de recursos naturales, sin un control efectivo por parte del Estado y sin tener en cuenta las opiniones y perspectivas de las comunidades, las afectaciones son tan complejas que se empiezan a generar procesos de desarraigo que acarrean la perdida de las tradiciones, la forma de comprender y entenderse con el mundo, así como una ruptura en el ser y el hacer de las personas. Si, como lo manifestó un habitante afrodescendiente de Tabaco: “nuestra tierra es nuestra vida”, el desplazamiento de la comunidad representa un fenómeno tan abrupto que solo genera traumas en su ser. Otra de las afectaciones es la ruptura del tejido social traducido en pérdidas de las fuentes de ingreso, así como la transformación de los espacios sociales de convivencia y relación con sus semejantes. Por último, se produce un daño ambiental, que en la mina de El Cerrejón es irreparable por las características en las que se desarrolla. Esta es mina a cielo abierto, lo que indica que hay que remover todas las capas vegetales y grandes fuentes de agua a través de la utilización de explosivos.

De acuerdo con el discurso de desarrollo y progreso que trae consigo la entrada de las empresas multinacionales en los territorios, el Estado debe propender por el cuidado de los derechos fundamentales de los pobladores, esa función tan trascendental se desdibuja porque el Estado termina garantizando los derechos de las multinacionales y abandonando su deber con los pobladores.

La incidencia de lo macro político es fundamental para comprender lo que sucede en La Guajira, ya que el poder político nacional y global se impone sobre el poder político local. Esto se evidencia con la facilidad con la que ingresó la multinacional Cerrejón, además de la seguridad que ofreció el Estado colombiano en materia de la celebración de contratos, el auxilio para la expropiación de pueblos, los beneficios en el otorgamiento de licencias ambientales y lo más importante cómo, a pesar del fallo de la Corte Constitucional para la reubicación de Tabaco, pasaron más de diez años sin que el consorcio multinacional hiciera efectiva esa orden. Lo anterior da cuenta del nivel de poder que tienes las empresas multinacionales, que en muchas ocasiones poseen muchos más recursos económicos que el mismo Estado.

Un último factor que ha estado presente en la historia del país ha sido la corrupción. En Colombia se puede observar cómo alcaldes falsifican títulos y empresas multinacionales -Odebrecht- posicionan presidentes, financian campañas políticas, adquieren contratos irregulares y adquieren préstamos y pagos por parte del Estado de manera ilícita. La Guajira no ha sido ajena a este contexto, de hecho, se convierte en uno de los departamentos que mayor índice de corrupción presenta. De sus últimos gobernadores, todos han estado implicados en asuntos como robo del erario público, homicidio, intento de homicidio, cohecho, corrupción al sufragante, tráfico de influencias, además de la fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Todo esto termina afectando a los pobladores de La Guajira, quienes para el año 2016 padecieron la muerte de cien niños Wayúu a causa de la desnutrición.