1. Introducción

El 5 de octubre de 2017 hombres armados sacaron de su casa en San Luis Potosí al periodista Edgar Daniel Esquela, un día después fue encontrado muerto y con signos de tortura. El periodista había denunciado amenazas en su contra por parte de policías ministeriales debido a su labor periodística, hasta el momento no hay ningún detenido por los hechos (Sandoval, 2017). En total doce periodistas fueron asesinados en el año 2017. Durante el primer mes de 2018 fueron asesinados tres periodistas más, continuando con la trayectoria de violencia que sitúa a México como el más peligroso para el ejercicio de la profesión en el continente (CIDH, 2016; Freedom House, 2017). A lo anterior se suman las denuncias de espionaje gubernamental contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos realizadas por el periódico The New York Times, y que llevó al pronunciamiento de diversas instituciones y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigiendo al gobierno mexicano que lleve a cabo investigaciones eficaces al respecto.

Durante los últimos años se han realizado diversos informes que describen la violencia contra periodistas en México (Santorum, 2016). Sin embargo, hasta ahora no hay investigaciones académicas que puedan explicar el contexto estructural y el papel del Estado en la violencia ejercida contra periodistas y la impunidad de los crímenes. A través de este artículo estudiamos dicho vínculo y argumentamos que la violencia contra periodistas se inscribe en un contexto más amplio de relaciones en el orden estatal mexicano, que hacen de la rendición social de cuentas, desde el periodismo, un factor de riesgo y vulnerabilidad para aquellos que la llevan a cabo. En este sentido, la impunidad de los crímenes cometidos se convierte en una práctica establecida debido a los arreglos extralegales que sustentan los dominios de elites en los ordenamientos mixtos, donde se administra el uso de la violencia así como los recursos y las libertades en forma discrecional, haciendo superfluos los dispositivos institucionales reconocidos constitucionalmente.

La investigación siguió la estrategia metodológica de demostración paralela de la teoría (Skocpol y Somers, 1980, p. 4) por medio del análisis de caso y contexto (Tilly y Goodin, 2006), entendiendo que el análisis de caso: “aspira a una comprensión de una unidad compleja a través del descubrimiento de las relaciones entre sus partes constituyentes” (Della Porta, 2013, p. 218). Así, para poner a prueba el concepto de ordenamiento mixto en el análisis de la rendición social de cuentas desde el periodismo, sistematizamos información sobre la violencia contra los periodistas en México, haciendo uso de un amplio conjunto de fuentes secundarias y estudios especializados para identificar actores claves, trayectorias y patrones de interacción.

El artículo está organizado de la siguiente manera: primero, presentamos la discusión teórica sobre la rendición social de cuentas en ordenamientos mixtos; segundo, explicamos el papel del Estado en la trayectoria reciente de constitución concentrada del sector de medios mexicano; tercero, caracterizamos la rendición social de cuentas desde el periodismo en el contexto de la expansión de organizaciones criminales en México, las tendencias en las dinámicas de la violencia contra periodistas y la respuesta estatal tanto a nivel nacional como a nivel regional; y por último, terminamos con unas conclusiones analíticas que sintetizan los principales hallazgos.

2. Rendición social de cuentas y ordenamientos mixtos

Las agendas de reforma institucional en las últimas décadas alrededor del mundo, especialmente en occidente, han promovido diversos mecanismos para la vigilancia del poder que permitan la rendición de cuentas y el pluralismo, como aspectos esenciales de construcción democrática. En este sentido, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas -o accountability- buscan generar garantías de control sobre los potenciales abusos del poder o de sanción de los abusos cometidos (Isunza y Olvera, 2006; O’Donnell, 2000; Olvera y Isunza, 2004). En una famosa acepción de O’Donnell (2001), los mecanismos de rendición de cuentas buscan que nadie sea el legibus solutus, esto es, que nadie pueda actuar por encima de la ley, como garantía frente a las amenazas de corrupción, arbitrariedad y exceso en el ejercicio de funciones de gobierno.

Los mecanismos de rendición de cuentas horizontal atañen a la división de poderes en un Estado de Derecho (ejecutivo, legislativo, judicial) y a los órganos especiales de control (fiscalías, procuradurías, personerías) que idealmente poseen autonomía de los tres poderes clásicos. Por otro lado, la rendición de cuentas vertical hace referencia a los mecanismos de control que ejercen los gobernados sobre los gobernantes y que en las democracias representativas se limitan básicamente al voto (O’Donnell, 2001).

Además de estas formas de rendición de cuentas formalmente instituidas, a lo largo de la historia se han configurado un conjunto de “contrapoderes sociales informales” que han “organizado la desconfianza”, generando procesos cada vez más claros de control al poder estatal por medio de la vigilancia, la denuncia, la evaluación y el impulso de sanciones judiciales (Rosanvallon, 2007). Estos procesos son definidos como rendición social de cuentas, una forma vertical no electoral de control político basada:

[…] en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas. Las iniciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos y activar la operación de agencias horizontales de control” (Peruzzotti y Smulovitz, 2002, p. 32).

Los sectores organizados de la sociedad civil y los medios de comunicación ocupan un lugar central en la rendición social de cuentas, su capacidad de acción está directamente relacionada con la posibilidad efectiva de ejercer control, logrando en muchas ocasiones activar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales o ejercer una función de vigilancia y denuncia de los déficits institucionales (Isunza y Olvera, 2006; López e Hincapié, 2014; Peruzzotti, 2010). Los medios de comunicación son importantes en la rendición social de cuentas, ya que la investigación periodística puede exponer irregularidades, hechos de arbitrariedad o corrupción, brindando información necesaria tanto para impulsar movilizaciones y demandas ciudadanas como promover investigaciones y sanciones institucionales (Peruzzotti y Smulovitz, 2002). Cuando los medios informan e investigan sobre problemas puntuales tienen la capacidad de producir cambios sobre la percepción social y posicionar debates en agendas más generales y públicas. En este sentido, la calidad de la información brindada por los medios de comunicación ofrece herramientas para que los ciudadanos inicien procesos de rendición de cuentas (Thompson, 2001, 2002).¹

Como bien lo ha señalado Camps (1996), en la medida que la información, como reflejo de la realidad, es un mito, dar a conocer ciertos hechos implica “dar forma a eso que ocurre” y puede llegar a confrontar visiones establecidas por las autoridades o las “expectativas colectivas en unas creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu, 2002, p. 173). En ese sentido, los procesos de democratización de las sociedades requieren de manera fundamental el compromiso de los medios de comunicación en general y de los periodistas en particular, para posicionarse de manera vigilante frente al poder instituido, vigilando su ejercicio y haciéndolo cada vez más visible.

Aunque teóricamente las reformas institucionales impulsadas en las últimas décadas en América Latina promovieron mecanismos de rendición de cuentas tanto horizontales como verticales y sociales, lo cierto es que, en los hechos, operan otro tipo de mecanismos extralegales asociados con prácticas de órdenes estatales cerrados.² Estos mecanismos extralegales operan como contención y resistencias al cambio institucional formal de los diseños constitucionales promovidos en los procesos de democratización (North, Wallis y Weingast, 2010).

Lo anterior es aún más dramático en sociedades que han sido definidas como ordenamientos mixtos, donde los diseños institucionales, pensados para ordenar sociedades democráticas, se implementan en naciones con amplios territorios locales y regionales, donde las formas de ordenamiento son compartidas con organizaciones violentas. Dichas organizaciones actúan en complicidad con agentes estatales, transformando los arreglos sociales institucionalizados normativamente con el fin de preservar antiguos privilegios y mantener la apropiación privada de recursos (Hincapié, 2014, 2015b, 2017). Los ordenamientos mixtos no logran cambiar los marcos normativos a nivel central, pero sí las formas de proyección de la capacidad estatal en amplios territorios e incluso en sectores fundamentales de la sociedad. Lo anterior se convierte en una opción estratégica a seguir por parte de diversos actores sociales, económicos y políticos, para establecer sus propias reglas de distribución y apropiación de bienes y/o libertades (Hincapié, 2015a, 2017).

En los contextos de ordenamientos mixtos los diseños institucionales establecen los mecanismos de accontability horizontal y vertical, así como las libertades necesarias para la rendición social de cuentas. Sin embargo, en la práctica los procesos se siguen rigiendo sobre principios personalistas para preservar los antiguos dominios de las elites establecidas, administrando el uso de la violencia en forma discrecional, controlando y restringiendo los accesos a recursos y libertades. En este escenario, la rendición social de cuentas se constituye en una práctica peligrosa porque subvierte y pone en riesgo el orden establecido de facto, al hacer visibles los lazos criminales que sustentan de manera extralegal los fundamentos prácticos que permiten el mantenimiento de privilegios, como botín de camarillas que hacen uso discrecional de los recursos públicos y los bienes comunes para beneficio privado.

3. Trayectoria de la rendición social de cuentas en el periodismo mexicano

Amplios y profundos trabajos de investigación han documentado cómo, a lo largo del siglo XX, el Estado mexicano estructuró un ordenamiento altamente concentrado y estable sustentado en la centralización vertical de todas las capacidades y recursos estatales, administradas a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La alta concentración de recursos de poder en el partido hegemónico se basó en un amplio pacto corporativo y en la legitimidad popular, reforzada a través del ejercicio de actos instituyentes con gran efecto simbólico que dieron identidad al orden postrevolucionario. Gracias a su funcionalidad como mito “La Revolución” fue incorporada y profundamente asociada a la comunidad política mexicana. El PRI como partido de la revolución logró configurarse como la expresión institucionalizada de dicho orden (Meyer, 1995; Reséndiz, 2005).

La rígida centralización y verticalidad del partido hegemónico configuró un ordenamiento estatal cerrado, donde el PRI era la vía de acceso a los más diversos recursos y posiciones dentro y fuera de las organizaciones estatales, en ese sentido, era la red que garantizaba la distribución de privilegios y garantías. Esta estructura centralizada, concentrada y vertical del ejercicio del poder se extendió a los más amplios sectores, promoviendo no solo monopolios públicos, sino también monopolios privados protegidos por el orden priista. La estabilidad de las élites posicionadas en el PRI -configurada en buena medida gracias al pacto y la cooptación-, permitió dar salida a las exigencias de diversos intereses, fortaleció el presidencialismo y asoció la efectividad -posible gracias a la capacidad de tomar decisiones de manera unilateral subordinando los demás poderes- con el perfeccionamiento del orden estatal (Hincapié, 2013, 2015b).

En ese contexto, se constituyeron los monopolios privados de telecomunicaciones durante el siglo pasado. Un importante cuerpo de literatura especializada ha debatido y demostrado ampliamente las condiciones que posibilitaron la configuración del sistema de medios de comunicación en México como un sistema altamente concentrado gracias a la acción estatal (Esteinou, Alva y Solís, 2009; Márquez, 2014; Rodríguez, 2007; Sánchez, 2005; Trejo, 1995, 2004).

Desde el surgimiento de la radio en 1921, el Estado fue decisivo en la historia de la construcción contemporánea del sistema de medios y la formación de monopolios, otorgando concesiones y favoreciendo de diversas maneras los capitales privados. En 1930 se otorgó importantes concesiones para el manejo de la radio en el país a XEW de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Más adelante, se otorgaron las concesiones para televisión: en 1949 la licencia del Canal 4 a la empresa Televisión de México S.A. de Rómulo O’Farril, en 1950 el Canal 5 a la XHGC de Guillermo González Camarena y ese mismo año el Canal 2 a Azcárraga Vidaurreta y su empresa XEW TV. Las tres fueron fusionadas cuatro años después en Telesistema Mexicano S. A., como empresa monopólica de la televisión mexicana (Hernández, 1996; Vidal, 2015). Una nueva concesión para televisión empezó sus operaciones en 1969 a cargo de Televisión Independiente de México, pero rápidamente fue fusionada con Telesistema Mexicano dando surgimiento a Televisión Vía Satélite S.A. (Televisa) en 1973, que terminó por constituirse en el monopolio productor y distribuidor de contenidos más importante en habla hispana (Sánchez, 2005; Trejo, 1985).

En el caso de la prensa escrita se marca la misma trayectoria de formación monopólica sustentada en la protección estatal. La concentración de periódicos en la familia García Valseca se constituyó en la Organización Editorial Mexicana, dueña de la más amplia red de periódicos regionales llamados en su gran mayoría El Sol, la cual se ha mantenido hasta hoy como la empresa dominante en el sector. Es importante subrayar que la importancia de la prensa escrita es relativa, en la medida que la televisión sigue siendo la principal fuente de información para la mayoría de la población mexicana (Gómez, Sosa-Plata, Téllez, y Bravo, 2011). Paradójicamente, la pauta publicitaria en periódicos de baja circulación en la capital del país es costosa, pagada en su gran mayoría con recursos gubernamentales, debido a las prácticas establecidas de comunicación entre las elites a través de sus tribunas de opinión (Huerta y Gómez, 2013; Márquez, 2014).

A medida que entraron en decadencia los mecanismos de ordenamiento corporativo/clientelar que había articulado el PRI durante el siglo XX, la alternancia política llegó como conquista de fuertes y sostenidas presiones, planteadas tanto interna como externamente en búsqueda de mayores formas de acceso y transparencia en el ejercicio del poder. Asimismo, en un ambiente de crisis económica e ilegitimidad política extendida, viejos agentes insertados en las lógicas del ordenamiento estatal ya no estuvieron dispuestos a conformarse con ganancias marginales o seguir los viejos mecanismos de intermediación que les ofrecía la organización partidaria hegemónica; y se sumaron a las diversas redes de presión, que exigían cambios inmediatos imposibles de evadir. En el centro de las demandas se reclamaba la práctica y garantía del pluralismo en el orden estatal como eje articulador de nuevas relaciones sociales, que hiciera posible el ejercicio libre de los derechos civiles y políticos, y las elecciones transparentes y competitivas, con posibilidad de libertad de expresión e inclusión de los intereses más diversos de grupos y sectores sociales, así como la instauración de una democracia participativa y descentralizada (Bizberg, 2003; Olvera, 2008, 2011).

Ante las movilizaciones sociales de diversos sectores, el PRI, con su solidez corporativa y clientelar en decadencia, promovió reformas políticas y económicas que permitieron el reacomodamiento de las elites y la distribución de privilegios concentrados anteriormente en el partido hegemónico, ahora con grandes partidos estructurados verticalmente, conteniendo la entrada de agentes subalternos a las dinámicas electorales de manera autónoma (Aziz, 2003; Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000; Merino, 2003). De otra parte, se profundizó la transferencia de recursos económicos estatales a manos privadas, favoreciendo su concentración en condiciones privilegiadas y desreguladas, cambiando de manera drástica la trayectoria intervencionista del Estado (Alba, 2005; Clavijo y Valdivieso, 2000).

A pesar de los cambios políticos y las nuevas oportunidades de diversificación tecnológica, se mantuvo la configuración del sistema de medios construido durante el siglo XX que concentraba “muchos medios en pocas manos” (Trejo, 2010). Lo que en teoría sería una oportunidad para la entrada y apertura a nuevos actores, en los hechos se mantuvo limitado debido a las escasas posibilidades de pluralismo, necesarias para la configuración de órdenes más abiertos y la construcción de sociedades democráticas. En ese sentido, Huerta y Gómez (2013) han sido enfáticos en señalar que el resultado de este proceso: “[…] en general, ha sido un sistema de medios públicos marginal, intelectualizado o elitista y un poderoso sistema privado de medios que soslaya las premisas de la gestión del Estado y el interés público” (Huerta y Gómez, 2013, p. 114).

El sistema de medios dominado por monopolios privados y favorecido por las políticas de privatización y desregulación estatal, limita de manera evidente las posibilidades de rendición social de cuentas y el ejercicio del pluralismo en la esfera pública. La convergencia de intereses entre elites políticas y económicas del sistema de medios permitió el ensanchamiento de los monopolios con los nuevos canales y tecnologías disponibles. Estas tendencias de estabilidad en la concentración se han mantenido en el siglo XXI. Los datos de estudios comparados sobre concentración de medios en democracias, establecen que, en México, la concentración de las industrias de distribución de contenidos, de comunicación y de servicios de telecomunicaciones está muy por encima de los países desarrollados (Huerta y Gómez, 2013).

Además de la configuración histórica del sistema de medios en su relación con las disposiciones estatales, para explicar las prácticas de acoplamiento de intereses es fundamental considerar el financiamiento que pasa de las arcas públicas a los grandes medios por concepto de publicidad. De acuerdo con el último informe de Fundar (2017), el Gobierno Federal entre 2012 y 2016 ha gastado en publicidad oficial 36.261 millones de pesos, 71 % más del presupuesto aprobado por el Congreso, siendo Televisa y Tv Azteca las empresas más beneficiadas. Los colosales gastos en publicidad administrados de manera discrecional en todas las escalas de gobierno, dificultan las posibilidades de independencia de los medios de comunicación y del ejercicio periodístico. En ese sentido, la trayectoria de las empresas mediáticas como poderes concentrados y los enormes intereses en juego, han generado un entorno donde el periodismo y la prensa -por lo menos aquella que cuenta con mayores recursos-, no son proclives a detonar procesos de rendición social de cuentas y por el contrario son fundamentales en los procesos de legitimación del orden social.

4. Democratización y resistencia criminal: violencia contra periodistas como síntoma

Las reformas políticas de las últimas décadas en México, aunque transformaron los mecanismos de articulación a nivel central en la distribución de recursos entre elites, permitieron la continuidad en las prácticas que sustentaban el orden del antiguo régimen (Olvera, 2011). En un proceso de militarización creciente, cientos de agentes estatales entrenados en campamentos militares dentro y fuera del país pasaron a engrosar las filas de organizaciones criminales. Estas se extendieron y diversificaron sus actividades a lo largo y ancho del país, facilitando el desarrollo de ciertas actividades económicas (legales e ilegales) ajustadas a las nuevas dinámicas globales y reprimiendo las acciones colectivas disruptivas de comunidades locales (Astorga, 2007; Benítez, 2005; Hincapié, 2013, 2015a, 2015b; Piñeyro, 2003, 2010).

Durante los últimos diez años las organizaciones criminales se han transformado de manera radical mediante procesos de fragmentación, competitividad, expansión y diversificación de actividades, esto las ha llevado a tener un mayor control territorial, incrementando los niveles de violencia y degradando la seguridad pública (Beittel, 2011; Grayson y Logan, 2012; Guerrero, 2011; Schelder, 2015).

La respuesta de los grandes medios a este contexto, ejemplificado de manera paradigmática en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia firmado en 2011, es clave para entender la vulnerabilidad en la que se encuentran los que deciden hacer periodismo independiente en México. En medio del incremento exponencial en las tasas de homicidios y el cuestionamiento, cada vez más extendido, a la política estatal de “guerra contra las drogas” llevada a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), los grandes grupos monopólicos del sistema de medios en el país (Grupo Televisa y Grupo Salinas) firmaron el Acuerdo cupular (AA.VV., 2011) sobre cómo generar información y cubrir un escenario de conflicto armado, respondiendo a la necesidad del Gobierno Federal de defender su política de seguridad y tratar de incidir en un cambio de percepción sobre la misma (Aristegui, 2011; Martínez, 2011).³

Sin duda, el acuerdo entre los grandes medios monopólicos tuvo implicaciones profundas en la formación de opinión pública en la medida que, según los propios datos generados por el Observatorio creado para monitorear su cumplimiento, entre 2012 y 2013 se redujo en un 50 % el cubrimiento sobre los hechos de violencia desatados en todo el país (Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, 2013). Considerando la gran capacidad de estos medios para construir el clima de opinión, los portavoces de la versión oficial consideraron indeseable cubrir la crisis de derechos humanos. La política editorial fue profundizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en un país donde buena parte de la población, especialmente rural, tiene como único medio de información la programación de las televisoras de los grandes monopolios.

A pesar de la alta concentración en el sistema de medios y las escasas posibilidades de construir rendición social de cuentas en este sector, en el plano nacional, además de clásicos medios impresos alternativos como la Revista Proceso, se crearon medios de comunicación digitales como Animal Político y SinEmbargo, entre otros, que han realizado investigaciones profesionales y sistemáticas sobre casos de corrupción e impunidad. Aunque con menos recursos, algunos medios regionales han realizado documentaciones y reportajes sobre las relaciones entre el crimen organizado y los poderes políticos locales y estatales, rastreando y haciendo visibles casos de corrupción pública en los que se ven involucrados diversos actores poderosos.

La dificultad esencial de los medios alternativos para ejercer una rendición social de cuentas desde el periodismo, está relacionada con la capacidad de violencia por parte de organizaciones armadas. Según el índice de libertad de prensa elaborado cada año por Freedom House (2017), en México no existen las condiciones suficientes para el ejercicio de la libertad de prensa, lo que posiciona al país en el grupo de Prensa No Libre junto con Honduras, Ecuador, Venezuela y Cuba.

Al cruzar los datos de Freedom House (2017) y Article 19 (2016) sobre agresiones a periodistas, podemos observar una relación entre el aumento sostenido de los actos violentos desde la década pasada y la reducción de las condiciones para la libertad de prensa. En el Gráfico 1, observamos que en el año 2007 se registraban poco menos de cien agresiones contra la prensa en todo el territorio nacional. Para el año 2009, año a partir del cual México se ubicó en el grupo de países con “prensa no libre”, este indicador se había duplicado con 230 agresiones, con un crecimiento sostenido que en el año 2017 superó las quinientas agresiones en todo el país.

Gráfico 1: Índice de libertad de prensa y agresiones a la prensa en México, 2006-2017

Nota. Elaboración propia con datos de Freedom House (2017) y Article 19 (2016).

Las cifras muestran con claridad una tendencia constante en las agresiones contra periodistas en el país. Estas agresiones, que aumentaron en un 478 % en nueve años, se refieren a amenazas, ataques a medios, ataques físicos, asesinatos, hostigamiento, intervención de comunicaciones, privación de libertad de periodistas, violencia institucional, desaparición y desplazamiento forzado (CIDH, 2017).

4.1. La violencia regional de los ordenamientos mixtos: periodismo bajo fuego

En los escenarios locales y regionales de los ordenamientos mixtos es donde más claramente pueden explicarse los procesos interdependientes de los diversos agentes legales e ilegales, políticos, económicos y militares. Lo anterior se debe a que las sociedades regionales son menos complejas, las élites acaparadoras de recursos son más visibles y tienen mayores relaciones cara a cara.

Estos mismos contextos de relaciones más cercanas y próximas exponen a un mayor nivel de violencia a quienes se atreven, de manera valiente, a ejercer la rendición social de cuentas y mostrar a través de sus investigaciones, las relaciones de connivencia y complicidad entre las autoridades estatales, los intereses corporativos y las organizaciones armadas ilegales (Olvera y Del Palacio, 2018). En el Gráfico 2 observamos las tendencias regionales de la violencia, la mayoría de los asesinatos y desapariciones a periodistas entre el año 2000 y 2016 se presentaron en los estados de: Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Michoacán, que concentran el 76 % de los casos de homicidios y el 74 % de los casos de desaparición forzada del país. Estos estados se caracterizan por una alta dinámica de conflicto y violencia en contra de la prensa, donde las organizaciones criminales tienen una presencia clara como ordenadores de las dinámicas político-sociales (Del Palacio, 2015a, 2015b, 2018).

Gráfico 2: Estados con mayor número de periodistas asesinados en México 2000-2017

Nota. Elaboración propia con datos de la CNDH (2016) y Article 19 (2016).

Los ataques a periodistas envían un mensaje contundente sobre el ejercicio de rendición social de cuentas en el periodismo, esto no ha impedido que, sobreponiéndose al miedo, periodistas independientes hagan visible los vínculos de gobiernos estatales abiertamente coludidos con el crimen organizado. Por ejemplo, gracias a las investigaciones publicadas por Animal Político fue posible hacer de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional las alianzas de corrupción criminal durante la gestión de Javier Duarte como gobernador del Estado de Veracruz (Ángel y Arteaga, 2016). Aunque el trabajo periodístico permitió probar los actos y las redes de corrupción del equipo de gobierno del estado de Veracruz además de su divulgación nacional e internacional, el PRI nombró como líder del partido en el estado de Morelos a uno de los exfuncionarios investigados por su responsabilidad en los desvíos de recursos públicos, lo que demuestra, una vez más, que este tipo de prácticas lejos de ser una excepción se constituyen en características definitorias del ordenamiento estatal (Ángel y Arteaga, 2017).

En estas condiciones de inseguridad para el ejercicio periodístico y con la impunidad como práctica establecida, medios locales se han visto limitados a la autocensura, en la medida que dichas investigaciones pueden afectar poderosos intereses y promover fatales retaliaciones. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión (2017), presentó al estado de Tamaulipas como un caso paradigmático de “zona de silencio”. Aquí se impuso la autocensura como estrategia de supervivencia, no solo frente a los ataques de las organizaciones criminales, sino también frente a su exigencia de imponer determinadas notas periodísticas, llegando incluso a irrumpir en las redacciones para tal efecto (CIDH, 2017).

Durante el 2017 fueron asesinados once periodistas que pertenecían a medios regionales,⁴ superando la cifra de asesinatos del 2016. De estos asesinatos tuvieron especial difusión en medios internacionales el asesinato de la periodista y reportera Miroslava Breach (23 de marzo en Chihuahua) y la ejecución del periodista y cronista Javier Valdez (15 de mayo en Sinaloa). Ambos habían recibido reconocimientos internacionales por sus investigaciones sobre las acciones del crimen organizado, el narcotráfico y la relación de estos con actores gubernamentales locales y estatales (Díaz, 2017; “La periodista Miroslava”, 2017; Paullier, 2017).

En general, podemos afirmar que la realidad del periodismo regional, donde algunos pocos persisten en liderar investigaciones para la rendición social de cuentas, estos se han visto expuestos a todo tipo de ataques, amenazas y riesgos inminentes por el ejercicio responsable y comprometido de la profesión periodística.

5. Garantías para la opacidad e impunidad

En 2010, Relatores Especiales para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron una visita in loco a México. A partir de las recomendaciones planteadas en su informe, el gobierno mexicano decidió adoptar un mecanismo especializado para la protección de periodistas en riesgo. Se creó un Comité Consultivo encargado de recibir solicitudes de protección, definir y dar seguimiento a medidas de prevención y protección para periodistas, así como facilitar la implementación de dichas medidas a nivel federal y local. A pesar de ello, como una muestra de la poca capacidad de los diseños institucionales para cambiar las prácticas en los ordenamientos mixtos, el mecanismo no tuvo ningún impacto favorable de protección a periodistas, y por el contrario los índices de letalidad fueron en aumento como se ve claramente en el Gráfico 3. Para Estévez (2015), el mecanismo de protección adoptado se ha convertido en un “dispositivo de control necropolítico gubernamental” en la medida que, en lugar de aumentar la protección de las víctimas, se ha generado todo un entramado burocrático que alarga los tiempos de las denuncias y hace más torpes las investigaciones.

Gráfico 3: Periodistas asesinados en México, 2000-2017

Nota. Elaboración propia con datos de Article 19 (2016).

Las organizaciones estatales han sido incapaces de prevenir los ataques a los periodistas e inoperantes para la investigación de los casos, con índices de impunidad del 90 % tal y como ha sido establecido por la propia CNDH (2016) en su recomendación general número veinticuatro:

Los casos de agresiones a periodistas no investigados ni sancionados evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian cómo se ha arraigado la impunidad. (CNDH, 2016, p. 54)⁵

En el trabajo de investigación Violencia y periodismo regional en México se presenta evidencia sobre el aumento de este tipo de violencia, señalando como característica especial la incapacidad de las fiscalías regionales encargadas de llevar a cabo las investigaciones a nivel estatal. Estas fiscalías cuentan con escaso presupuesto, poca capacitación y poca voluntad para llevar a cabo las averiguaciones (Del Palacio, 2015a). Lo anterior explica cómo, a pesar de las investigaciones periodísticas que han documentado casos de corrupción criminal a gran escala en gobiernos estatales de Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, entre otros, no se castiga a los responsables ni se avanza en las investigaciones judiciales.

A la falta de acción de los agentes estatales para prevenir y perseguir los crímenes cometidos a los periodistas, se suma la persecución que las autoridades llevan a cabo en contra de periodistas dispuestos a ejercer una rendición social de cuentas a través de su trabajo. Los casos de espionaje documentados en la investigación Reckless Exploit: Mexican Journalist, Lawyer, and a Child Targeted with NSO Spyware, que llegaron al dominio público gracias a la publicación de un reportaje en The New York Times en junio de 2017, dejaron al descubierto el hostigamiento a reconocidos periodistas por medio de mensajes. Cabe recordar que el programa de espionaje “Pegasus” fue vendido de manera exclusiva a gobiernos para el combate al crimen organizado (Ahmed y Perlroth, 2017; Marczak, Scott, Abdulrazzak, Nishihata, y Deibert, 2017).

Como si fuera poco, en más de la mitad de los estados del país se sanciona, hasta con ocho años de prisión, aquellos actos o conductas tendientes a obtener información sobre las actividades de las instituciones de seguridad pública y de justicia, lo que se constituye en un impedimento y una obstrucción práctica para cualquier proceso de investigación periodística. Gracias a la acción de inconstitucionalidad 9/2014, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en julio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 133 del Código Penal del estado de Michoacán, que tipificaba el delito de “halconeo” en cuanto contravenía el derecho a la información y a la libertad de expresión, entre otras (Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tribunal Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 9/2014, 2015).

A pesar de este antecedente y aun cuando la misma CNDH ha interpuesto diversas acciones de inconstitucionalidad que se encuentran en trámite, este tipo penal sigue rigiendo en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Tanto el espionaje como la penalización en la búsqueda de información son consistentes con los datos recabados por la organización de derechos humanos Article 19 (2016), en la vinculación de funcionarios públicos con presuntas responsabilidades en las agresiones a periodistas. Como vemos en el Gráfico 4, en las denuncias presentadas las autoridades estatales han sido señaladas en mayor porcentaje como los presuntos responsables de los ataques, involucrando a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno: federal, estatal y local. En buena medida esto explica por qué periodistas como Gibler (2017) no exageran al afirmar que en México es mucho más fácil cometer un asesinato que investigarlo.

Gráfico 4: Presuntos responsables de las agresiones a periodistas en México 2010-2017

Nota. Elaboración propia con datos de Article 19 (2016).

Conclusiones

A través de este artículo hemos analizado la rendición social de cuentas desde el periodismo en el ordenamiento estatal mexicano. Hemos demostrado cómo más allá de las reformas institucionales, que buscan favorecer procesos de democratización con mecanismos de rendición de cuentas horizontales, verticales y sociales, operan otro conjunto de mecanismos extralegales que funcionan como contención de las reformas y preservan las relaciones de poder basadas en la concentración, la opacidad y el acaparamiento de las oportunidades y libertades. En este contexto el ejercicio del periodismo vigilante como rendición social de cuentas de las acciones gubernamentales se constituye en una práctica peligrosa, ya que amenaza el orden establecido de facto, siendo objeto de persecución y violencia.

El papel del Estado en la constitución del sistema de medios durante el siglo XX favoreció la concentración intensiva y monopólica de los medios de comunicación, creando las condiciones para la formación de una pequeña élite dueña de los medios y estrechamente vinculada a las dinámicas políticas. Con una estructura monopólica y altamente concentrada, similar a la organización política hegemónica, el sistema de medios de comunicación se convirtió en eje fundamental de defensa y tribuna de los fundamentos del orden estatal. En ese sentido, podemos advertir un patrón de interacción de legitimación, sustentada por la trayectoria de reforzamiento de las elites de poder y donde el ejercicio periodístico es poco proclive a la rendición social de cuentas.

Por otro lado, en medio de la violencia creciente contra periodistas, considerando los pocos incentivos para la rendición social de cuentas y los altos costos que conlleva, algunos medios regionales han optado por la autocensura como mecanismos de supervivencia frente a la amenaza constante y directa de la que son objeto.

Los poderosos intereses que acaparan las oportunidades y libertades para el beneficio privado defienden con fiereza la opacidad del poder, es por ello que, frente al ejercicio periodístico, quieren imponer sus términos sobre lo que es permitido publicar e informar a la ciudadanía. Quienes han asumido la exigencia de la rendición social de cuentas en el ejercicio periodístico se enfrentan a la persecución. Sin embargo, este periodismo comprometido todavía marginal, pero cada vez más necesario y vital, ha ganado presencia en la construcción del debate público exhibiendo la opacidad, corrupción e impunidad extendidas que sostienen a los poderes instituidos. A través del trabajo del periodismo independiente se han logrado generar solidaridades de diversos organismos e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que defienden al pluralismo como el pilar fundamental de una construcción democrática y la posibilidad de una rendición social de cuentas.