Introducción

Teniendo en cuenta el escenario de posconflicto que se avecina y la necesidad de una transformación social y cultural que transita de una situación de conflicto armado interno hacia una de paz en el país, resulta pertinente analizar las propuestas y los proyectos de construcción de paz alternativos a los propuestos desde las instituciones del Estado.¹

Existen diversas iniciativas locales impulsadas por varias comunidades, que, frente a la violencia sistemática y reiterada ejercida por parte de los diferentes actores del conflicto armado interno -guerrilla, paramilitares y el propio Estado-, ejercen la resistencia civil de forma pacífica como una alternativa ante el incumplimiento de los derechos y las garantías mínimas en un Estado de Derecho. Esta alternativa, además, hace frente a la ausencia de reparación cuando los derechos han sido vulnerados por parte del Estado del que hacen parte, y se articula en torno a la vida en comunidad, la reivindicación de valores y los diversos procesos productivos motores del desarrollo.

Lo mencionado anteriormente evidencia que existen otros procesos desde la sociedad civil que se contraponen al Estado, que pese a que intenta construir paz, lo hace de una manera vertical, ignorando procesos desde lo local que representan ejemplos a seguir en la construcción de paz dentro de escenarios locales y territoriales. Esto constituye uno de los mayores retos a superar en un escenario de posconflicto.

Dichas iniciativas locales de paz comprenden diversos actores, siendo sus principales protagonistas organizaciones comunitarias con una estructura organizada en torno a la vida en comunidad, en la que cabe la formulación de proyectos productivos, la revisión de relaciones con actores armados del entorno y la organización política autónoma y diferenciada. Estas tienen su propia agenda y gestionan sus recursos, llegando incluso a plantear acuerdos para la cooperación, sin ayuda alguna por parte de la institucionalidad estatal. Dichas organizaciones se acercan a la construcción de una paz duradera ya que constituyen procesos que, al ser estables en el tiempo, pueden ser ejemplos para evitar la recaída en situaciones de conflicto una vez se ha efectuado una transición del conflicto a la paz (Salcedo, 2015).

Por un lado, es adecuado señalar que si bien el Estado realiza esfuerzos para llevar a cabo la construcción de la paz, estos esfuerzos funcionan como operaciones guiadas desde un marco que parece ser el de la institucionalidad internacional: “desplazando a los sujetos a través de la guerra y la securitización, las instituciones y el mercado; y, a menudo, contrarrestando los logros alcanzados a través de la paz, los derechos humanos, la emancipación y el bienestar” (Richmond, 2011, p. 18). Por otro lado, el Estado ignora las dinámicas locales surgidas del contexto y de la misma naturaleza del conflicto.

Por lo expresado anteriormente, resulta necesario y pertinente documentar y estudiar estas iniciativas, que desde la base aspiran a construir una paz duradera y estable. Además cabe comprender cómo el Estado, de reconocerlas, tendría insumos para saber implementar los procesos de transición en un escenario de conflicto a un escenario de paz, teniendo en cuenta que el escenario local es el idóneo para la construcción de paz y emancipación.

Construcción de paz

Los procesos de construcción de paz pueden ser definidos como todas aquellas “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Boutros-Ghali, como se citó en ONU, 2010, traducción propia), y que involucran diversos actores incluyendo Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil organizada en movimientos sociales. Esto permite afirmar que la construcción de paz es un campo amplio y heterogéneo que incluye todas las visiones acerca de la naturaleza de los conflictos y la forma de superarlos, así como lo que se entiende por paz y cómo llegar a ella, que varía dependiendo del actor y de la visión que asuman ante los escenarios de conflicto (Rettberg, 2013).

Desde un escenario político y económico cambiante como lo fue la post Guerra Fría, en el que la conflictividad pasó de consistir en guerras internacionales a conflictos armados internos, Boutros-Ghali (ONU, 2010) definió la construcción de paz como las acciones encaminadas a fortalecer la paz para evitar recaer en el conflicto. Con base en evidencias, el autor señaló que los países que tenían un conflicto armado y que emergían de procesos de transición de escenarios de conflicto a escenarios de paz tenían una alta posibilidad de recaer en una situación de conflicto, y por tanto, requerían una atención prioritaria (Anderson, como se citó en Rettberg, 2013).

Así, tras la primera definición de Boutros-Ghali (ONU, 2010), la construcción de paz ha pasado a ser un campo diverso y amplio que incluso cubre escenarios que van desde los procesos de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), justicia transicional, desminado, procesos de reparación, reconciliación y construcción de memoria histórica, hasta los procesos de modificaciones institucionales y de reforma del Estado (Rettberg, 2013). Además, la construcción de paz implica diversidad de actores como el Estado y sus instituciones, agentes internacionales en términos de cooperación y observación, sociedad civil nacional e internacional, organizaciones no gubernamentales, sector privado, iglesias y grupos armados ilegales.

Esto quiere decir que la construcción de paz no se limita a las negociaciones de paz o la terminación del conflicto por victoria militar, su dimensión temporal se remonta antes de un proceso de paz -incluso antes del conflicto- y se extiende hasta etapas avanzadas de posconflicto. En palabras de Rettberg (2013):

[…] constituye un proceso dinámico, no secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de acción paralelos que ocurre en múltiples ámbitos -internacional, nacional y local- e involucra a actores de diferente naturaleza -domésticos e internacionales, públicos y privados, independientes y colectivos-. (Rettberg, p. 2)

Del consenso de paz liberal a la construcción de paz posliberal

La agenda de paz surgida de las definiciones hechas por Boutros-Ghali (ONU, 2010) en la década de los noventa, denominada construcción de paz posbélica, ha sido ampliada pues incluye aspectos como “operaciones multifuncionales complejas” de carácter internacional, que incluyen programas de DDR de excombatientes, asistencia humanitaria, apoyo y vigilancia de procesos electorales, estrategias de gobierno, construcción de infraestructuras, entre otras, y que se han sistematizado hasta constituirse en lo que algunos denominan consenso de paz liberal (Ferrão y Mateos, 2011).

Este consenso de paz liberal se ha logrado, si bien mayoritariamente entre actores internacionales, también con las élites locales y grupos receptores de las mencionadas operaciones multifuncionales complejas, su fin es:

[…] implantar y consolidar la democracia parlamentaria y la economía de mercado como ejes indiscutibles, a través de la constitución de tres pilares alrededor de los cuales giran las reformas: el afianzamiento de la seguridad, la liberalización política y el desarrollo económico. (Ferrão y Mateos, 2011, p. 5)

Cabe resaltar que las principales críticas a este consenso de paz se relacionan con la efectividad técnica (problem-solving approach) de las operaciones de paz mencionadas, encaminadas a efectivizar los procesos de coordinación, ejecución y aprendizajes de dichas operaciones. Sin embargo, esta forma de construcción de paz de los años noventa concebida como de tipo bottom up, tras el 11 de septiembre de 2001, se vio modificada por una de tipo top-bottom, pues, frente a Estados débiles y de baja institucionalidad había que fortalecer al Estado como a sus instituciones, pasando de un consenso de paz liberal a un consenso “liberal realista”, cuyas reformas iban encaminadas al sector de seguridad y a la creación de instituciones fuertes y viables a los objetivos planteados desde el Estado.

Este consenso de paz liberal cuyo objetivo es la consecución de una paz soberana, centrado en los Estados y sus territorios, se constituyó como un proyecto occidental hegemónico ejecutado únicamente por los Estados y las organizaciones internacionales; pero ignorando a los sectores tradicionalmente excluidos, así como sus dinámicas locales en contexto desviándose “de las condiciones individuales y comunitarias de la paz en el contexto de lo internacional y lo local [y que] ha quedado arrinconado a favor del Estado, la élite burocrática y las clases política y empresarial” (Richmond, 2011, p. 15).

Los estudios recientes han dado un “giro repolitizador” a los estudios de construcción de paz que se centran en las resistencias locales, pero que a su vez analizan las operaciones de paz surgidas del consenso de paz liberal y/o las contradicciones que de ellas surgen, además, cuestionan las agendas surgidas del consenso liberal realista. A este nuevo enfoque se le conoce como construcción de paz posliberal, tiene en cuenta las agencias locales de la cotidianidad, antes ignoradas en el consenso de paz liberal, y está enfocado en mayor medida hacia las dinámicas locales expresadas en formas de resistencia civil y en redes de significado discursivas.

En palabras de Richmond (2011), consiste en una realidad híbrida pues cuenta con las cualidades de ser liberal y a la vez local, es decir, que por una parte el consenso de paz liberal ejecuta su agenda o sus operaciones, pero es acogido y modificado por agentes y actores locales de forma sustancial, involucrando diversas formas de relacionarse como sujetos en la sociedad, de manera que se puede hablar de reconocimiento, convivencia y negociación entre lo local y lo liberal. Esta forma de construcción de paz, comprende, además, agencias locales -en otras palabras, la capacidad de modificar el contexto- a partir de formas de movilización política que no necesariamente desconocen la paz liberal, sino que la apropian y la modifican desde un espacio de cotidianidad en el que individuos y comunidades realizan acciones y estrategias políticas desde lo local local, hacia el Estado y los modelos internacionales de manera transversal y transnacional.

Este “giro a lo local” ejecutado desde espacios alternativos de cotidianidad y que se opone a la paz desde el Estado, debe tener en cuenta las costumbres locales de la vida cotidiana. De igual manera, los desequilibrios y las desigualdades materiales existentes se expresan en forma de resistencia frente a la paz liberal vivida por quienes han sido excluidos y reivindican su identidad, justicia, derechos y soberanía. Por último, dicha paz posliberal puede entenderse en dos sentidos: como una renegociación del contrato social surgida de la resistencia y negociación entre lo liberal y lo local, y como una inversión del carácter hegemónico del proyecto de paz liberal, surgido del encuentro entre lo local y lo liberal (Richmond, 2011).

Donais (2011), por su parte, se refiere a la apropiación de lo local como “la medida en que los actores domésticos controlan tanto el diseño como la implementación de los procesos políticos en los contextos de posconflicto” (Donais, 2011, p. 48), partiendo de la idea de que los procesos actuales de construcción de paz, en la práctica, son ejercicios ejecutados por los Estados bajo directrices internacionales. Y aunque teóricamente se reconoce la importancia de la construcción de paz desde lo local, en la realidad casi nunca se lleva a cabo: “se acaba pareciendo a un ejercicio burocrático que consiste en colocar los pilares básicos del Estado democrático liberal” (Donais, 2011, p. 53). Además la población local es vista como sospechosa o desde la conmiseración, haciendo más difícil esa apropiación local.

Por lo anterior, Donais (2011) defiende una noción de construcción de paz a partir del intercambio cultural para reconciliar las posibles tensiones entre los actores involucrados y, más allá de una apropiación absoluta y radical de los actores locales -como lo plantea Richmond (2011)-, propone analizar los escenarios de posconflicto a partir de las interacciones de fuerzas políticas domésticas e internacionales. Esto, de una manera más pragmática, ayuda a escoger la forma idónea para construir paz de manera sostenible.

Iniciativas locales de paz y Resistencia civil

Las iniciativas de paz desde la base, iniciativas locales de paz, o paz territorial (PAS, 2014), son acciones colectivas que cuentan con una agenda orientada a lograr la paz y pueden ser entendidas como “procesos organizativos en torno a diversos valores, constitutivos para la paz y la democracia, que son generados y jalonados por comunidades, o conjuntamente por estas y las iglesias, dentro del territorio común en el que residen” (Hernández, 2004, p. 22).

Por lo anterior, cuentan con una especial importancia frente al continuo y sistemático ejercicio de la violencia en Colombia, perpetuado a lo largo del tiempo, ya que ante una situación prolongada de conflicto sin la cercanía de una salida negociada o bien ante una victoria militar de alguna de las partes, se constituyen formas de inclusión de sectores tradicionalmente excluidos encaminados a fortalecer la democracia (Hernández, 2004).

Según Hernández (2004), existen diversas modalidades de paz desde la base que pueden presentar factores comunes a la escala de los actores, los escenarios, los antecedentes, la finalidad y los valores que protegen, siendo sus modalidades las experiencias de resistencia civil a la violencia estructural, la profundización de la democracia y el desarrollo local, las resistencias contra la violencia estructural, el conflicto armado y el modelo neoliberal y las modalidades mixtas, surgidas como resistencia frente al conflicto armado con una profundización de las instituciones y los mecanismos democráticos.

Colombia cuenta con diversos procesos locales de construcción social, que desde la base social y de manera subyacente a las negociaciones de finalización del conflicto del Estado con los actores armados, organizan su resistencia civil pacífica y su participación a través de mecanismos propios en ocasiones durante fuego cruzado (Hernández, 2004), defendiendo sus derechos básicos como la vida, la dignidad, el territorio, la autonomía, la integridad de las comunidades y, por supuesto, la paz. Aquellas experiencias han surgido en mayor medida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y sus logros consisten principalmente en “la recuperación y protección de sus culturas y territorios, la disminución de la intensidad del conflicto armado, la protección de la vida y otros derechos, la reconstrucción del tejido social a partir de la solidaridad, la organización comunitaria” (Hernández, 2011, p. 4), entre otros.

En ese sentido, atendiendo a la naturaleza local de estos escenarios de construcción de paz posliberal, las manifestaciones zonales y regionales manifiestan su neutralidad o su rechazo a todos de los actores del conflicto armado interno -incluyendo al Estado- como una forma de resistencia pasiva que constituye un medio de presión, de lucha política colectiva y de defensa preventiva expresada en acciones no violentas.

La resistencia civil se caracteriza por ser un proceso organizado, planeado y consolidado a lo largo del tiempo, y a su vez, una acción colectiva con la capacidad de transformar el contexto local a partir de acciones positivas y negativas (mecanismo de lucha y defensa). Dichas acciones están encaminadas a construir la paz evitando cualquier forma de violencia y se ejecutan en un principio por la sociedad civil, pero involucrando paulatinamente otros actores. Cabe agregar que las acciones comportan un elemento de fuerza moral que legitima el proceso, pues “convoca, cohesiona y dinamiza el ejercicio de resistencia civil” (Hernández, 2009, p. 124), fortaleciendo la democracia y generando una cultura de la paz.

Más allá de las iniciativas de paz: infraestructuras de paz

Además de lo mencionado anteriormente, estas acciones colectivas -que responden a una agenda- han logrado establecer alianzas y redes, y atendiendo a su carácter de proceso cambiante en el tiempo, se adaptan a las dinámicas del contexto nacional e internacional. Estas se transforman hasta contar con una estructura organizacional propia, con capacidad para captar recursos y establecer alianzas horizontales (con otras iniciativas locales o con movimientos sociales) y verticales (Estado y comunidad internacional), es decir, tienen vocación de infraestructuras de paz. Esto significa que, a partir de la reivindicación de valores propios, se pueden articular con valores internacionales como los objetivos de desarrollo del milenio, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Una infraestructura de paz se puede definir como un sistema de instituciones, actores y recursos, conformado por una red de actores y organizaciones que cuenta con una formalidad y medios para construir paz por medio del diálogo y la mediación pacífica de los conflictos (PNUD, como se citó en Paladini, 2014). De la misma forma, este concepto parte de la afirmación de que para finalizar un conflicto sin victoria militar de alguna de las partes, se requieren espacios permanentes y legítimos, y que además cuenten con los recursos para que la paz sea sostenible (Pfeiffer, 2014).

Aunque las infraestructuras de paz generalmente necesitan de cierto grado de formalidad, las movilizaciones sociales también merecen apreciación siempre que tengan la capacidad de convocar, promover la paz y mediar conflictos (es decir, de impulsar su propia agenda, y establecer alianzas con actores verticales y horizontales para gestionar recursos), pues: “involucran múltiples sectores y organizaciones sociales, tienen la capacidad de convocar y articularse en redes y plataformas de carácter social, político y cultural con diversos sectores sociales en distintos niveles territoriales” (CINEP-PPP, 2016, p. 5). En otras palabras, participan activamente mientras mantienen sus propias agendas (Richmond, 2011).

Esta característica de vocación de infraestructura de paz no solo faculta a las iniciativas locales interactuar con organizaciones internacionales y el mismo Estado, sino que además posibilita la comunicación con los actores armados ilegales. De esta manera se convierten en “espacios locales intermedios” entre el conflicto y el diálogo, y están facultadas para conversar de forma horizontal, sin que ello implique la legitimación de las acciones, tácticas y aspiraciones ejercidas por los grupos armados ilegales; pero sí contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad humana y construcción de paz. (CINEP, 2015).

Algunos ejemplos

Generalmente, las iniciativas de paz son adelantadas por sectores sociales históricamente marginados como indígenas, afrodescendientes y campesinos que están expuestos a violencia estructural, expresada en racismo, pobreza y exclusión política, frutos del conflicto armado interno. El Estado colombiano, pese a reconocer algunos derechos de las minorías, las ha excluido a partir de la negación de sus derechos y de su propia condición étnica, de ahí que sus principales reivindicaciones consistan en el reconocimiento de su etnia y cultura, así como la protección de sus territorios y saberes ancestrales. Los campesinos, por su parte, más que luchar por el reconocimiento, ejercen sus resistencias a partir de la demanda de mejoras en las condiciones de vida en el campo, el acceso a la propiedad de la tierra y la finalización de la violencia directa derivada de la situación de conflicto.

Según González (2010), las iniciativas comunitarias de paz en Colombia emergieron a partir de la década de los ochenta para contrarrestar los efectos adversos del conflicto, y han tenido efectos de tipo legal e institucional: cambios en la conciencia individual (actitudes y mentalidades) de los miembros de la comunidad; influencia en la opinión pública con efectos en la cultura política; política pública y redes de organizaciones, así como diversas visiones sobre la paz y cómo lograrla.

Por lo anterior, se describirán tres procesos de acción colectiva que por sus resultados en términos de construcción de paz, han sido reconocidos como exitosos y coinciden con la clasificación realizada por Hernández (2004): consistentes en resistencia civil frente a la violencia estructural, el conflicto armado y el modelo neoliberal en primer lugar, resistencia civil a la violencia del conflicto armado y experiencias proyectadas como profundización de la democracia y el desarrollo local.

Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA)

En 1982, en el Medio Atrato chocoano, surgió la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) como un proceso organizativo de comunidades afrodescendientes que reclamaban el reconocimiento étnico y la defensa de sus territorios ancestrales, su cultura y su autonomía. De la mano de la iglesia católica, esta comunidad se organizó de forma pacífica con el fin de mejorar sus condiciones de vida y reivindicando su condición étnica.

En mayo de 1987 la ACIA obtuvo su personería jurídica. Ello no significaba que no existiera la organización desde años atrás en defensa de los intereses colectivos de la comunidad negra (Cocomacia, 2002b). Los intereses comprometían el reconocimiento del territorio como el lugar donde habitan en comunidad, un espacio de vida que no solo comprende la tierra sino un lugar donde se ha desarrollado la tradición cultural y la identidad, de ahí que una de sus principales demandas fuese la titulación colectiva y no la individual.

Pese a la escalada del conflicto y la violencia ejercida sobre esta comunidad y su resistencia étnica, en el año 1997 se incorpora un elemento de resistencia civil al conflicto armado con un importante elemento étnico e histórico. Esta resistencia manifestada en acciones pacíficas frente al conflicto armado interno en específico, tenía como fin lograr la protección de la vida, el territorio, la autonomía y la cultura.

En este mismo año, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) otorgó el título que surge del Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato a las (Cocomacia, 2002a):

[…] comunidades negras localizadas en los municipios de Quibdó, Bojayá y Medio Atrato en el Departamento del Chocó y Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao en el Departamento de Antioquia, con una extensión total de seiscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro (695.254 hectáreas). (IIIAP, 2005, p.98),

Comunidad de paz de San José de Apartadó

En el año 1998, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó surgió como un proceso de resistencia civil a la violencia surgida del conflicto armado interno en el Urabá Antioqueño, siendo ejemplo de resistencia pacífica frente a las violaciones de derechos humanos y la violencia directa ejercida por diversos actores.

Luego de la incursión paramilitar en la región del Urabá en el año 1995 y de la incursión en el corregimiento de San José de Apartadó con apoyo de las Fuerzas Militares en el año 1996, el casco urbano del corregimiento tuvo que ser abandonado por sus habitantes luego de una masacre y de diversos ataques a la población civil. La barbarie por parte de grupos paramilitares aumentó sus efectos sobre los pobladores, por lo que la Diócesis de Apartadó propuso la conformación de una zona neutral para proteger a la población. Después de realizar una serie de capacitaciones la población llegó a la conclusión de declararse como comunidad de paz, declarada el 23 de Marzo de 1997 con unos principios y una estructura administrativa propia (CDP San José, 1997; Hernández, 2004).

Esta experiencia organizativa involucró la participación de aproximadamente 650 personas en un principio, las cuales se organizaron en pro de la defensa -de manera pacífica- de sus derechos humanos, los territorios y los bienes naturales, rechazando convertirse en objetivo militar e invocando la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (Vicepresidencia de la República, 2001).

Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes

En 1998 la Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes surgió como un proceso participativo con el fin de profundizar la democracia local, en medio de una incursión armada de la insurgencia en el municipio que tenía como objetivo secuestrar al alcalde por estar acusado de corrupción. Este proceso de resistencia comunitaria y pacífica consistió en la convocatoria a una Asamblea Municipal Constituyente, logrando alejar la presencia del grupo insurgente del área urbana y rural del Municipio de Mogotes (Molina y Valderrama, 2007).

La importancia de este proceso radica en la participación ciudadana para evitar la corrupción y lograr una cultura política democrática, profundizando así la democracia y sus instituciones. Tras la toma del municipio en 1997 por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tenía como objetivo hacer un juicio político al entonces Alcalde, las autoridades religiosas convocaron a los habitantes en torno a la conformación de la Asamblea Municipal, para rechazar la violencia y las constantes amenazas a la vida e integridad de los pobladores (Sarmiento, 2007a).

Inicialmente convocados por las autoridades de la Iglesia católica del municipio, se realizó una peregrinación exigiendo el respeto de la vida, repudiando los actos violentos y exigiendo la liberación del alcalde secuestrado. Posteriormente y luego del reconocimiento del proceso de resistencia civil frente a la violencia que estaba iniciando, en el año 1998 se instaló oficialmente la Asamblea Constituyente Municipal de Mogotes, integrada por una presidencia colegiada, un comité operativo, un equipo asesor de la diócesis, asambleas constituyentes locales, mesas de trabajo, entre otras (Rondón, 2009).

Esta Asamblea creó el plan de gobierno único, con objetivos y puntos importantes decididos por la población del municipio, y creó seis comisiones encargadas de realizar seguimiento a la administración municipal promoviendo la participación ciudadana.

Conclusiones

La construcción de paz posbélica ha sido prioridad de los Estados y otros actores del sistema internacional para evitar recaídas en los conflictos que se suponen terminados. Por ello, a partir de la década de los noventa se estableció una agenda para la paz, denominada consenso de paz liberal. Este consistente en las acciones encaminadas a crear estructuras para solidificar y evitar la recaída en un escenario conflictivo, teniendo como principal actor al Estado que cumple con las recomendaciones dadas por organizaciones internacionales.

Sin embargo, existen contextos en los que el Estado ha provocado situaciones de exclusión política y social, que se configuran como causas estructurales del conflicto armado interno perpetuándose por acción u omisión. Es decir, el Estado se convierte en otro actor del conflicto y deslegitima su actuar cuando en lugar de proteger a sus ciudadanos atenta contra sus derechos fundamentales. Esto genera desconfianza y miedo entre la población que cuestiona el ejercicio monopólico que realiza el Estado en términos de construcción de paz, pues se organiza de diversas formas para crear su propia agenda de paz.

La organización de la población en escenarios locales de construcción de paz responde a una lógica de neutralidad frente a cualquier actor armado -y de no violencia- que tiene en cuenta las agencias de la cotidianidad y está enfocada en las dinámicas locales de resistencia civil frente a la violencia, así como redes de significado discursivas alrededor de la reivindicación de factores comunitarios como la identidad, el territorio, los derechos fundamentales y el rechazo a la violencia.

Estas formas locales de construcción de paz obedecen al “giro repolitizador hacia lo local” planteado por Richmond (2011) y son el núcleo esencial de la denominada paz posliberal que entiende el ejercicio de la paz como un ejercicio de resistencia desde la localidad y la cotidianidad. Además, constituye una forma de emancipación y de reequilibrio en las formas de ejercer la política por parte de los actores, frente a la paz hegemónica occidental adelantada por las operaciones estatales.

En Colombia existen múltiples ejemplos de construcción de paz desde lo local denominadas por algunos “paz desde la base” (Hernández, 2004), que se constituyen como procesos de acción colectiva estables en el tiempo y se manifiestan de diversas maneras: la resistencia civil a la violencia del conflicto armado, la resistencia civil a la violencia estructural, el conflicto armado y el modelo económico neoliberal. Es decir, atienden a un carácter más étnico, cultural-ancestral, y los procesos locales tendientes a profundizar la democracia y sus instituciones a partir de la participación local.

Aquí se tomaron los casos de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) como ejemplo de la resistencia civil frente a la violencia estructural, la violencia del conflicto armado y los efectos nocivos sobre la comunidad que trae el modelo económico neoliberal. Se declaró como un proceso autónomo de construcción de paz en torno al reconocimiento de su condición étnica y autonomía territorial, logrando sus objetivos y la titulación colectiva de su territorio para reforzar su identidad étnica como negritud. También cabe nombrar la defensa de los recursos naturales como medio de vida y no de enriquecimiento de la comunidad, así como la unidad de sus comunidades, el respeto de sus territorios por parte de las empresas multinacionales y el reconocimiento como ejemplo internacional de construcción de paz (la asociación ganó el Premio Internacional de Derechos Humanos en el 2000).

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es quizá el ejemplo más representativo de resistencia civil frente a la violencia del conflicto armado, pues desde la incursión de los grupos paramilitares en la zona del Urabá a mediados de los noventa, hubo una escalada del conflicto cuya barbarie fue soportada por la población civil que, de la mano de la Iglesia católica, decidió organizarse alrededor de la no violencia, la economía solidaria y la vida en comunidad. La comunidad logró disminuir la intensidad del conflicto y alcanzar la cooperación directa con organismos internacionales sin mediación alguna del Estado; entre otros logros, consiguieron la unidad, el reconocimiento de instancias jurisdiccionales y nacionales internacionales de su derechos fundamentales y el premio de la Paz Internacional Pfeffer.

La Asamblea Constituyente Municipal de Mogotes es la primera experiencia de asamblea municipal en Colombia y sentó las bases para otros procesos similares que, como resistencia al conflicto armado, la corrupción y la pobreza, realizan procesos participativos locales para recuperar la institucionalidad y ejercer la soberanía popular a partir de la participación de sus miembros.

Estos procesos, además de erigirse como verdaderas alternativas en términos de construcción de paz, son entendidos como procesos estables en el tiempo que van adquiriendo cierta formalidad, pues cohesionan las comunidades alrededor de valores comunes, reducen la intensidad del conflicto y adquieren el reconocimiento y la cooperación de actores internacionales. Los procesos tienen vocación de infraestructuras de paz, lo que facilita no solo su interacción directa y horizontal con el Estado y las organizaciones sociales, sino también con los grupos armados ilegales, convirtiéndose en espacios locales intermedios entre el conflicto y el diálogo que deben ser observadas y tenidas en cuenta si se desea construir paz.