Recibido: 29 de octubre de 2017; Aceptado: 14 de enero de 2018
Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto
Oil, Unfinished Peace, and a New Logic for the Conflict
Resumen
Este artículo describe la relación entre petróleo y el antagonismo social, laboral y armado en Colombia, por este motivo se adentra en la coyuntura que vive el país, arriesgando una reflexión prospectiva sobre la matriz energética nacional y las nuevas lógicas del conflicto. La argumentación se sustenta en cuatro áreas connaturales a los conflictos que generan las actividades minero-energéticas: (1) los conflictos ambientales generados por la actividad extractiva basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, destruyendo recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua; (2) la concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; (3) las economías de enclave y la ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; y (4) la militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y el aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.
Palabras clave:
comunidad, conflicto, enclave, fracking, petróleo, privatización, prospectiva.Abstract
This article describes the relationship between oil and the social, occupational, and armed antagonism in Colombia. For this reason one dives into the situation the country is living, risking a forward-thinking reflection regarding the national energy matrix and new logics of conflict. The argument is sustained in four areas specifically focusing on conflicts generated by mining and energy activities: (1) the environmental conflicts generated by extractive activities based on a scenario of inequity and segregation, which affect territories and ancestral cultures, destroying natural strategic resources such as biodiversity and water; (2) the concentration of income, richness, and land ownership; (3) enclave economies and the absence of regional and local economic linkages with hydrocarbon exploitation; (4) (legal or illegal) militarization of everyday life and increased conflict above the capacity of regional and local political systems to resolve said issues.
Keywords:
Community, Conflict, Economic Enclave, Fracking, Oil, Privatization, Prospective.Introducción: petróleo, combustible de la violencia en Colombia
El antagonismo es consustancial a la industria petrolera colombiana. El conflicto estructural y crónico entre palomas y halcones complejiza y dinamiza la política energética. De una parte, líderes sociales, intelectuales orgánicos, comunidades y organizaciones obreras, comprometidos con la soberanía energética nacional y sus estilos de vida, impulsores de la lucha antiimperialista y anticapitalista, defensores de la naturaleza, la democracia, la paz y los derechos humanos. De otra, la clase dirigente caracterizada por su violencia, desligada de los intereses y las necesidades nacionales, rentista y corrupta, apuntalada en una tecnocracia amoral, adepta del capital financiero y los intereses estadounidenses, las transnacionales petroleras y la banca multilateral.
La violencia, funcional a la lógica del capital, opera con alta racionalidad y eficacia en apoyo al proceso de acumulación. El petróleo y la tierra están en el corazón del conflicto colombiano. La negociación política del fin de la guerra entre el Estado y las insurgencias ha provocado en la sociedad un trastorno bipolar: la depresión por el veredicto de las urnas sobre los acuerdos de paz que arrojó la prevalencia del NO sobre el SI y la felicidad de dar término a un conflicto armado de más de medio siglo y la posibilidad de construir una paz estable y duradera y reformar estructuralmente las instituciones y el modelo de desarrollo. En paralelo, la extrema derecha implementa su estrategia política y bárbara para hacer “trizas” el frágil proceso de paz con el fin de seguir lucrándose con la guerra.
El conflicto se alimenta con los negocios e incluso genera las oportunidades de acumulación capitalista que sin él no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación. La industria petrolera hace parte de esta dialéctica.
Este artículo, describe la relación entre petróleo y conflicto en Colombia, desde los umbrales del siglo XX hasta la actualidad, y presenta una reflexión prospectiva sobre la matriz energética nacional y las nuevas lógicas del conflicto.
1. Contexto global
La industria petrolera moderna data de mediados del siglo XIX, cuando el capital inició la sustitución del carbón, reinante hasta entonces en la matriz energética. Las guerras de la primera mitad del siglo XX posicionaron al petróleo como el principal recurso energético del planeta. La geopolítica y los conflictos bélicos modernos tienen entre sus causas el control de este estratégico recurso económico y militar. Estados Unidos se fortaleció a raíz de la Primera Guerra Mundial, como secuela, las transnacionales estadounidenses de los hidrocarburos se convirtieron en las empresas con mayor poder en la Tierra.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods (Nuevo Hampshire, Estados Unidos) en julio de 1944, establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras globales. Este nuevo orden económico de la posguerra estuvo vigente hasta los años setenta cuando colapsó.
Durante los Acuerdos de Bretton Woods, se decidió adoptar al dólar estadounidense (USD) como divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal (el banco central) sostuviera el patrón oro. En 1971, el gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Nixon, puso fin, de manera arbitraria, a la convertibilidad entre dólares y oro. En adelante, el valor del dólar pasó a sostenerse exclusivamente en el poder militar de Estados Unidos y su control sobre los yacimientos petroleros del planeta como también en el comercio de hidrocarburos.
Con estos cambios, el precio del barril del petróleo no lo definen los procesos económicos tanto como la política, haciendo que la brecha entre el precio real y el nominal sea mayor y volátil. Hernández (2005) ilustra esta nueva situación:
El hecho de que las transacciones del petróleo se realicen en dólares estadounidenses hace aún más compleja la definición de su precio, por cuanto en él van a incidir las incertidumbres que acompañen la Economía estadounidense y su moneda, constituida después de la Segunda Guerra Mundial en Patrón Monetario Internacional. (Hernández, 2005, p. 71)
El precio real del barril de petróleo, sumados a los costos de exploración, explotación, transporte y almacenaje no supera los 20 dólares. No obstante, a lo largo de la historia los precios han oscilado un rango de 20 a 150 dólares por barril. Hernández argumenta que las diferencias de precios, entre lo nominal y lo real, se explican “por el carácter inflacionario que la cifra nominal oculta o contiene, debido entre otros factores al comportamiento de la Economía estadounidense y el dólar” (Hernández, 2005, p. 60).
A partir de la década de los setenta se viene redefiniendo un nuevo orden geopolítico y económico mundial configurado. De una parte, por un multipolarismo fragmentado y antagónico. De otra, por el “nuevo espíritu del capitalismo”: la privatización, desnacionalización e internacionalización económica; la financiarización, esto es, dominio del capital financiero sobre el productivo; el neoliberalismo, la globalización, la apertura económica y el mercado como principal regulador de la sociedad; el debilitamiento de la conciencia de clase obrera, la destrucción de sus organizaciones y la represión de las luchas de los trabajadores; y finalmente, la incorporación de las tecnologías de tercera y cuarta revolución industrial (TICS, Inteligencia Artificial, fabricas automatizadas, economía digital y convergencia e integración de las ciencias modernas), generadoras de desempleo tecnológico, desarrollo desigual, concentración y centralización del capital.
Weber planteaba que el “espíritu del capitalismo” es el conjunto de elementos “éticos” que, ajenos en su finalidad a la lógica del capitalista, inspiran a los empresarios en sus acciones a favor de la acumulación de capital (Weber como se citó en Boltanski y Chiapello, 2002). En el “nuevo espíritu”, el vínculo entre el precio del petróleo con la economía financiera es inquebrantable. El precio de los hidrocarburos es el soporte de nuevos productos, créditos y actividades bancarias. Vásquez (2016) afirma que:
Esta conexión entre la situación del petróleo y la de la economía mundial es tanto más clara cuando se toma en cuenta que vivimos tiempos en los que el sistema financiero domina sobre el conjunto de la economía capitalista, donde se especula por arriba y por abajo con todas las cosas y productos, y el petróleo, lejos de ser ajeno a esta dinámica, se halla incrustado en el corazón de la misma. Es tan fuerte el vínculo entre la banca y la industria petrolera, que muchos autores hablan que la recuperación y disparada de precios desde 2009 hasta 2014, aparte de por el crecimiento económico de China, estuvo impulsada por una burbuja económica de los precios del petróleo, lo que se evidencia en la superexpansión de la industria del fracking en Estados Unidos, una industria que produce barriles a precios muy altos, pero que estuvo aceitada por enormes inversiones de la banca, y que ahora colapsa, deprimiendo de paso a toda la economía real. (Vásquez, 2016, pp. 42-43)
La tercera guerra mundial está en curso. La expresión del conflicto es, por ahora, económica, monetaria (de divisas, incluidas las virtuales), financiera, energética y comunicacional (manipulación de la opinión pública). Su materialización es espacial y sobre colectividades humanas focalizadas. La lucha por la hegemonía registra conflictos bélicos regionales, migraciones étnicas, genocidios y el apogeo del complejo militar industrial. La lucha por el control de las principales fuentes energéticas y sus cadenas de valor constituye uno de los principales factores de la geopolítica internacional actual. La amenaza de la guerra global se traduce, en el corto y mediano plazo, en una escalada alcista del precio del barril de petróleo. Los actuales conflictos regionales y la turbulencia económico-financiera global pueden llevar el precio del petróleo a 80 dólares.
Las catástrofes ambientales ocasionadas por la cadena del sector de los hidrocarburos (exploración, perforación, explotación, transporte, refinación, comercialización, consumo, residuos químicos y desechos tóxicos) no son los únicos impactos negativos que genera esta actividad extractiva (impactos en el medio biótico, abiótico y socioeconómico). Adicional a las guerras del petróleo que ha soportado y padecido la humanidad, la inconformidad manifiesta de grupos poblacionales evidencia que los impactos o externalidades del sector minero-energético implica más riesgos que beneficios: genocidios, desplazamiento forzado de comunidades, desestructuración violenta de los territorios, crecimiento desordenado de la población, rompimiento del tejido social y la identidad cultural, debilitamiento de las actividades económicas tradicionales, convergencia violenta de grupos armados, legales e ilegales, militarización de la sociedad civil, lucha política por la captura de rentas y la concomitante corrupción en el ejercicio de los cargos públicos.
En síntesis, la explotación minero-energética genera un equilibrio precario, conflictivo, inestable, incierto e insostenible en las dinámicas regionales y locales del desarrollo. Las actividades puntuales de mitigación, control y compensación de estas externalidades negativas, ejecutadas de manera atomizada por el Estado o las empresas del sector, son paliativos que no logran resolver la compleja problemática de tipo estructural, sistémica, caótica, abierta y dinámica. En conclusión, de acuerdo con Galindo, experto en el tema de hidrocarburos:
Los conflictos generados en la forma de explotación del petróleo y el modo como se organiza el trabajo trascienden el campo de las disputas por la propiedad. Por su condición estratégica y la falta de reservas suficientes, el recurso debe ser apropiado donde se encuentre. Las prácticas para garantizar la apropiación del petróleo van desde fundar Estados, derrocar gobiernos o invadir países, como una constante para la explotación de los países “bendecidos con recursos naturales”. Muchos movimientos sociales surgen ante las condiciones de explotación de tales bienes, sin participar del desarrollo en ciencia y tecnología asociado al proceso. En general, esos movimientos defienden como horizonte el reconocimiento a los pobladores de su propia riqueza, así como el derecho a construir un futuro propio con la dotación natural del suelo que habitan. (Galindo como se citó en Hernández, 2005, pp. 15-16)
2. Contexto colombiano: los orígenes
Si bien en Colombia el petróleo era conocido y utilizado de tiempo atrás, la industria de hidrocarburos tiene su origen a principios del siglo XX con la concesión de dos campos petrolíferos por parte del ex presidente Rafael Reyes a un ahijado y a un “camarada” de tiempos de la guerra: al primero, Roberto de Mares, le entregó el campamento de infantas cerca de Barrancabermeja; y al segundo, el general conservador Virgilio Barco, las selvas del Catatumbo. Posteriormente, los poseedores de estas concesiones las enajenaron de manera fraudulenta a la Tropical Oil Company, quien a su vez revendió sus acciones a la poderosísima Standard Oil de Nueva Jersey.
La historia de la oligarquía colombiana, de la acumulación de su riqueza y poder, está asociada a todo tipo de abusos de poder, robos, violencia, complots, ausencia de sentido patrio y sometimiento total al poder del vecino del norte. Un ejemplo emblemático lo constituye la dinastía Barco. En 1931, la familia Barco, que no había invertido un peso ni movido un dedo para sacar el petróleo existente en el territorio otorgado por su compañero de faenas bélicas, tres décadas atrás, vende la concesión a la empresa estadounidense Gulf Oil. El contrato Chaux-Folsom contó con el respaldo militar estatal para “blindar” a la transnacional durante el tiempo que necesitara para explotar los yacimientos de hidrocarburos, aun a costa de la supervivencia de los pueblos nativos. En la cláusula XIX, aprobada por la Ley 80 de 1931, se afirma:
El Gobierno prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de los Motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto fuere necesario. (Ley 80, 1931, XIX)
La guerra entre motilones y petroleras-gobierno duró 20 años, hasta el cercano exterminio del pueblo indígena. A la par de esta, también destruyeron los ecosistemas que integran este extenso territorio.
Según Concha (1981), lo acordado por el Gobierno y la multinacional precisa una distribución de lo producido así: 88,25% para las transnacionales petroleras; 8,25% para el Estado colombiano y 3,5% para la familia Barco (Concha, 1981). Ese “pequeño” porcentaje le significó a la dinastía Barco “regalías” mensuales que, manejadas a través de un banco en Nueva York, le generaban una renta líquida mensual de 52.000 dólares. A este apellido, del cual recordamos a Virgilio Barco (homónimo y nieto de quien empezó la dinastía) con su mentalidad de “gringo” administrando una Colonia durante el cuatrienio 1986-1990, le corresponde la vileza de haberse enriquecido con la renta nacional petrolera.
Por su parte, a las multinacionales que pusieron mano en territorio indígena, el Estado colombiano les permitió, a lo largo de cuarenta años, extraer 256 millones de barriles de petróleo, que traducidos en dólares les significaron 615,8 millones de dólares (un promedio de 2,1 dólares por barril). Pero no solo percibieron tales ganancias. Además de entregarles la riqueza nacional a las multinacionales a precio de remate, terminaron comprándoles unos pozos ya exhaustos y una maquinaria obsoleta y envejecida. En efecto, en una negociación realizada entre los años 1972-1975 la Colombian Petroleum Company y la Mobil Oil recibieron 22,6 millones de dólares de parte del Estado por los “derechos” que tenían sobre los yacimientos petroleros en territorio colombiano.
El 3 de febrero de 1919, el diario El Espectador publicó un mapa del país, levantado por la compañía petrolera Carib Syndicate Limited, en el que se muestra cómo las transnacionales de hidrocarburos controlaban el 90% de los yacimientos más ricos de petróleo, siendo dueñas de 341.000 hectáreas (ha) del territorio colombiano. La indignación pública generada por este despojo obligó al gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-1921) a expedir el Decreto 1255 de junio de 1919: “Por el cual se reglamenta la exploración de terrenos petrolíferos y se dispone llevar la estadística de minas de la misma materia” (Decreto 1255, 1919). Esta sentencia solo ratificaba el Decreto del libertador Simón Bolívar, firmado en Quito el 24 de octubre de 1829, quien declaró que toda clase de minas existentes en el territorio pertenece como propiedad a la República.
Como se haría norma, al conocer lo decretado el Senado estadounidense envío nota de protesta argumentando que “el gobierno de Colombia había nacionalizado el subsuelo y por ende los petróleos, lo que conduciría, al igual que en México, a la confiscación de las propiedades privadas del petróleo” (Sarmiento, 2017a).
No se hicieron esperar las sanciones financieras, comerciales y políticas ni las amenazas bélicas por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el país. La clase política colombiana cedió a las presiones y entregó sin pudor los recursos energéticos a las transnacionales “gringas”. Esta política antinacionalista se profundizó a partir del gobierno de Olaya Herrera (1930-1934), a este gobierno le correspondió, sin asomo alguno de nacionalismo, expedir la Ley 37 de 1931 o ‘Ley del Petróleo’, que amplió las ventajas para las empresas extranjeras. Entre ellas, la más sobresaliente fue con relación al régimen de regalías con el que estas compañías deberían de retribuir al país: solo quedó establecido entre el 2% y el 10% del producto bruto explotado.
En paralelo, en la clandestinidad se fundó en 1923 el primer sindicato de trabajadores petroleros en Colombia, bajo la denominación de Unión Obrera, nombre originario de la actual Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).1 Su primer secretario general fue Raúl Eduardo Mahecha, el líder obrero y antiimperialista colombiano más importante de los años veinte. Las luchas sindicales y sociales contra los enclaves de capital norteamericano comienzan con la gran huelga de 1924 en la ciudad petrolera de Barrancabermeja. La Tropical Oil Company, filial de la Standard Oil de Nueva Jersey fundada por la poderosa familia Rockefeller en 1870, había instaurado allí un régimen autárquico e infrahumano sobre sus tres mil trabajadores. Este “bautizo” sindical de los trabajadores petroleros en el campo de batalla de la lucha de clases tuvo como motivaciones la soberanía nacional, el autoabastecimiento energético al servicio de la sociedad colombiana, la unidad y los derechos de los trabajadores.
Estos continuos y agudizados conflictos concluyeron después de tres décadas con el triunfo de los trabajadores del sector minero-energético y los movimientos defensores de la soberanía nacional. En 1948, bajo el lema “El petróleo es de Colombia y para los colombianos”, la USO declara la huelga a la Tropical. Los obreros logran que se reconozca la legalidad de la protesta y colocan en el debate público el tema de la reversión y la nacionalización del petróleo. Consiguen que el Gobierno conservador de Mariano Ospina (1946-1950) ratifique el fin de la Concesión De Mares en 1951 y concrete la creación de una empresa colombiana de petróleos. La creación de Ecopetrol, en 1951, se enmarcó desde un principio dentro del ordenamiento legal de la Nación como una empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar los recursos petroleros de la Nación. El mismo día del nacimiento de Ecopetrol, desaparece la USO temporalmente porque el Gobierno le retiró la personería jurídica. Se fundan dos sindicatos: Sintranal y Sincopetrol, dando inicio al paralelismo sindical.
En 1960 los obreros aprobaron la huelga en contra del sistema de contratistas de la Colombian Petroleum Company (COLPET). Exigían la derogatoria del sistema de contratistas y de la “cláusula de reserva”, una norma que autorizaba a la empresa petrolera poder despedirlos sin fórmula de juicio. Un año después realizaron multitudinarias manifestaciones callejeras para demandar la nacionalización de la COLPET. Hernando Durán Dussán, ministro de minas del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), negó reiteradamente la solicitud. En 1961 Ecopetrol asumió el manejo directo de la Refinería de Barrancabermeja, en este año se fusionan Sintranal y Sincopetrol y recuperan el nombre de Unión Sindical Obrera (USO). La década de los sesenta pasó a la historia de Colombia como el período de mayor auge del movimiento obrero y popular.
El 24 de julio de 1965 el sacerdote Camilo Torres visitó Barrancabermeja, donde recibió un inmenso apoyo popular. Semanas antes, el 12 de marzo de 1965, el director del Frente Unido había presentado en Medellín la “Plataforma Política”, a partir de esto planteaba que la explotación de los recursos naturales sería del Estado. Además, la explotación del petróleo se haría por el Estado mientras sea posible la financiación de la industria y no se harán concesiones petroleras a compañías extranjeras sino bajo las siguientes condiciones: (a) establecer simultáneamente refinerías en el país; (b) dejar el 80% de las utilidades al Estado colombiano; (c) devolver al Estado la explotación a más tardar dentro de diez años; y (d) los salarios de los empleados y obreros colombianos serán por lo menos iguales a los de los extranjeros.
En la cuna del movimiento obrero colombiano, Barrancabermeja, los combates sindicales y sociales emprendidos por la USO habían creado unidad, conciencia clasista, organización y experiencia de lucha en la clase trabajadora frente a los enclaves norteamericanos, el imperialismo y la oligarquía nacional. A las históricas huelgas de los años 1924, 1927, 1935, 1938, 1948 y 1960, seguieron otras no menos importantes en los años 1963, 1971, 1977, y la última en 2004.
3. Crisis y contragolpe neoliberal
En 1971 el movimiento obrero declara una nueva huelga en Ecopetrol. El gobierno conservador de Misael Pastrana (1970-1974) criminaliza la protesta. El ejército asesina al trabajador Fermín Amaya dentro de la refinería, 117 trabajadores son despedidos y 36 condenados en Consejo verbal de guerra.
En el plano internacional, durante la década de los setenta ocurren dos crisis petroleras. La primera de ellas en el año 1973 y la segunda en el año 1979. Estas crisis fueron generadas por los intereses y objetivos antagónicos que sse manejaban entre los miembros de la Organización de países Exportadores de Petróleo (OPEP), las compañías petroleras más importantes del mundo y las principales naciones compradoras (como, por ejemplo, los Estados Unidos). Durante la crisis, la inestabilidad fue incontrolable, caracterizada por el incremento constante de los precios del barril de petróleo y alimentada por los intereses económicos de los reinos árabes y la acumulación de excedentes por parte de las compañías petroleras, afectando a los países importadores del crudo y a los consumidores. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una depresión económica global.
Producción nacional
En medio de esa relación de sumisión y ausencia de proyecto nacional soberano insertado en la geopolítica global centro-periferia, a lo largo de varias décadas el país se caracterizó como exportador de petróleo, una condición perdida en los años setenta que llevó al país a ser importador del importante recurso energético de vuelta hasta inicios de la década de los ochenta. Sin embargo, la producción de petróleo hasta 1970 mostró una tendencia creciente y alcanzó un nivel de 80 millones de barriles durante ese año. Posteriormente empezó la declinación, hasta llegar en 1982 a un nivel de 51,8 millones de barriles. En consecuencia, la característica principal del sector petrolero durante la década de los setenta fue la progresiva caída de las reservas, las cuales pasaron de un nivel de 857 millones de barriles en 1970 a 533 millones en 1981. El déficit de la producción doméstica fue cubierto con importaciones crecientes: 6,7 millones de barriles en 1976 y 7,3 millones en 1982, con un clímax de 9,4 millones en 1977.
El Contrato de Asociación se creó con la Ley 20 de 1969 con el fin de establecer un instrumento jurídico para incentivar la exploración y producción de petróleo en Colombia. Durante el gobierno del expresidente López Michelsen (1974-1978) se prohibió el otorgamiento de nuevos contratos de concesión y se comenzó a implementar el contrato de asociación moderno. En septiembre de 1983, en los municipios de Arauquita y Arauca (Arauca), se produjo el descubrimiento (regulado por el contrato de asociación firmado entre Ecopetrol y Occidental de Colombia en 1980) del Campo Caño Limón, un yacimiento con reservas estimadas en 1.200 millones de barriles de petróleo. Gracias a este campo, en el año 1986 Colombia volvió a ser un país exportador de petróleo y logró elevar la producción hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios en los años 2013 y 2015. En 1986, los recursos transferidos por el sector de hidrocarburos a los entes públicos sumaron 17.798 millones de pesos.
A partir de 2016, empiezan a declinar en el país las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción: durante 2017 fue de 856.000 barriles de petróleo diarios. En 2018 se pronostica una producción promedio nacional de 870.000 barriles diarios por una parte, debido a la recuperación del precio del petróleo y la reactivación de las actividades de exploración y explotación, y por otra, a la introducción de técnicas de recobro mejorado de crudo.
Precios del petróleo
El horizonte histórico perfila tres niveles, entre principios del siglo XX y el año 2018, en relación con las variaciones que registra el precio internacional del barril de petróleo. Entre 1920 y 1973 el promedio del precio Brent, referencia para Colombia, fue de 2,1 dólares; en el período 1974-2005 el precio promedio aumentó a 23,3 dólares (en este último año el valor fue de 54 dólares); de 2006 a 2018 el precio del barril alcanza 81 dólares, registrando un valor superior a los 110 dólares durante los años 2011-2013. En los años 2015 y 2016 el precio promedio cae a 49,3 dólares, y en 2017 aumentó a 54,7 dólares. En el transcurso del año 2018, el barril de petróleo referencial Brent se negocia a 69 dólares.
Los precios reales del petróleo siguen ciclos de larga duración: de unos 30 años, con más años de debilidad que de fortaleza. El último ciclo petrolero registró precios altos entre 1974 y 1985 seguidos de precios bajos entre 1986 y 2002. El nuevo ciclo ascendente se inició en 2003 y terminó a mediados de 2014. La recuperación de los precios del petróleo en 2017-2018 es apalancada por el aumento coyuntural de la demanda mundial y el éxito de los catorce países que hacen parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en sociedad con otros productores como Rusia, para restringir la oferta. No obstante, el escenario de largo plazo sigue siendo uno de disminución en la demanda y de caída de precios. Las proyecciones del mercado estiman un promedio de 65 dólares por barril de petróleo para 2018 los más optimistas llegan a 70 dólares y los menos a 58 dólares (ver Gráfico 1).
Gráfico 1: Producción de petróleo total país (miles de barriles diarios) y precio barril de petróleo (Brent USD) 1920-2018
Tanto por el volumen de producción como por el alza de los precios, los excedentes de exportación y los ingresos fiscales, Colombia vivió desde la década de los ochenta un “boom” petrolero y la sociedad se volvió dependiente de la economía minero-energética. La secuela: una enfermedad holandesa que acabó con la frágil industria nacional; la tasa de cambio quedó atada al precio del petróleo; el gasto público, adicto a la renta petrolera, se desbordó; el ciclo económico comenzó a depender de las actividades minero-energéticas; la corrupción afectó a la totalidad de las instituciones; y la violencia política y social escaló a niveles delirantes, reflejo del antagonismo colectivo en medio de un país en guerra (ver Gráfico 2).
Gráfico 2: Colombia: producción petróleo (kbpd) y violencia (tasa de homicidios), 1920-2017
Hasta mediados de la década de los ochenta la contribución de las actividades minero-energéticas al PIB era inferior al 5%. Entre 2011 y 2013 esta participación escaló a más del 10%. En 2018 se estabiliza en 7% después de su caída a 5,4% en 2016. La sociedad colombiana depende cada día más de los recursos naturales y de la explotación de minas y canteras, y en particular de la extracción de petróleo. La dinámica del crecimiento de su economía está atada a los ciclos de larga duración de los precios reales de productos básicos y refleja, a la par, la volatilidad que los caracteriza (ver Gráfico 3).
Gráfico 3: Participación de la explotación minero-energética en el PIB (%) y crecimiento anual de la economía (% PIB), 1925-2018
Petróleo y conflicto social
Al finalizar la década de los ochenta, la sociedad colombiana era considerada como uno más de los “Estados fallidos en el mundo”. En este contexto deliberó la Asamblea Constituyente aupada por la crisis del Estado y la insubordinación civil. La Constitución que surgió de esta Asamblea es una mezcla de derechos humanos, democracia, neoliberalismo y financiarización. El periodo posconstitucional (1991-2018) se caracteriza por la desnacionalización, la privatización, la especulación financiera, la impúdica corrupción, la reprimarización de la economía, la continuidad de la violencia en contra de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, los intentos parciales de negociación de la paz, la concentración del ingreso y la riqueza, al igual que el monopolio de la tierra en un puñado de empresarios, políticos colombianos y transnacionales.
Tratando de enderezar parte de la legislación existente para el sector minero-energético, en el año 1994 la USO promovió la recolección de un millón de firmas para respaldar un proyecto de Ley Petrolera que introdujera modificaciones sustanciales a la normatividad existente en esa materia, promoviera la soberanía nacional y el monopolio estatal de la producción. El proyecto de Ley fue presentado en el año 1995, con número 212/95 en el Senado, “Por el cual se establece el Régimen Normativo de la industria de los hidrocarburos y sus derivados en todas sus ramas y se adoptan otras disposiciones”. El Artículo segundo señala que:
El aprovechamiento y manejo de los hidrocarburos, por su carácter de recurso natural no renovable y por su valor económico-político estratégico, deben ser organizados y planificados para garantizar el autoabastecimiento nacional, el desarrollo sostenible de la industria y su sustitución como fuente energética. (Proyecto de Ley 212, 1995, art. 2)
Esta industria, en toda su cadena de valor, es calificada de “utilidad pública y de interés social”. El proyecto de Ley no alcanzó ni siquiera a rendir Ponencia para el primer debate y se archivó.
Dos años después de esta derrota, en 1996, la USO, el gobierno nacional y Ecopetrol convocaron la Primera Asamblea Nacional por la Paz. En esta se exploraron caminos con las empresas del sector petrolero y con las organizaciones insurgentes para que la infraestructura petrolera, sus trabajadores y las comunidades no fueran involucrados en el conflicto armado.
A partir del año 2002, el país vuelve a la época de la Colonia, esto es, la era de las concesiones, los enclaves petroleros y la reducción de regalías. Al finalizar el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el Artículo 16 de la Ley 756 del 23 de julio de 2002 (que modificó a la vez la Ley 141 de 1994) estableció como regalías por la explotación de hidrocarburos de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca de pozo, los porcentajes que van de un mínimo de 8% (cuando la producción diaria es menor a 5 KBPD) hasta un máximo de 25% (para una producción mayor a 600 KBPD) (Ley 756, 2002). Es claro que el porcentaje de la regalía es por pozo, no por contrato, yacimiento o campo, lo cual disminuye la regalía global entregada por las transnacionales petroleras. En general, la normatividad que comenzó a regular los contratos de asociación a partir de 2002 era abiertamente favorable a los intereses de las transnacionales: bajó el porcentaje de regalías; Ecopetrol asumió un valor más alto en los costos de exploración; y la distribución de la explotación, después de restar el monto de las regalías, quedó en 30% para Ecopetrol y 70% para la empresa asociada. Para los entes territoriales significó una pérdida de regalías entre 9,5% y 12%, porcentaje que fue apropiado por el Estado Central y las empresas contratistas. Al respecto, Hernández (2005) comenta:
En los nuevos contratos, se establecen modificaciones que les permiten a las empresas apropiarse ahora del 70% de la producción, en vez del 50% de antes, lo que les otorga mayor incidencia en la conducción de la política petrolera y la administración de los campos; señala, además, que Ecopetrol hará efectiva la participación de su 30% sólo una vez que el inversionista recupere el 150% de los costos, amén de incluir una nueva fase en el proceso, llamada Producción Temprana o prueba previa de comercialización, en la que Ecopetrol no recibe producción. (Hernández, 2005, p. 122)
En continuidad con su antecesor, durante los dos gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se promovió e implementó, de una parte, la fragmentación y privatización de Ecopetrol y, de otra, la deslaborización de las relaciones entre los trabajadores y la empresa, al igual que el exterminio de la USO. Además, en favor de las transnacionales petroleras, Uribe les entregó a perpetuidad (hasta la extinción del recurso no renovable) concesiones de yacimientos petroleros y gasíferos. El régimen impuesto por el gobierno no estaba interesado únicamente en la privatización de Ecopetrol sino en su liquidación.
La aprobación del decreto 1760 de 2003 generó la fractura de Ecopetrol, con lo cual la empresa quedó como un operador más. De manera simultánea se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encargada de administrar los recursos hidrocarburiferos, regular y administrar información al capital extranjero y privado para invertir en la explotación de gas y petróleo. También se funda la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, empresa encargada de celebrar contratos con compañías extranjeras. A partir de 2004, la ANH creó una “Nueva concesión petrolera” lesiva a los intereses de la Nación.
En contra de estas políticas, en 2004 la USO declara un cese indefinido de la producción en Ecopetrol. Nueve eran los objetivos perseguidos: (1) recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos; (2) abrir un debate nacional sobre el Decreto 1760 y lograr su derogación; (3) limitar el accionar de las multinacionales y privilegiar el interés nacional; (4) consolidar un frente patriótico por la defensa de Ecopetrol; (5) dotar a Ecopetrol de mecanismos y recursos para realizar la actividad petrolera; (6) revisar la forma como se fijan los precios de los combustibles; (7) anular el Laudo arbitral y hacer respetar la Convención Colectiva de Trabajo; (8) garantizar el derecho de asociación y libertad de los detenidos; y (9) lograr el reintegro de los despedidos. La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Protección social. Esta huelga evidenció la crisis por la cual atravesaba el movimiento social y sindical en los umbrales del siglo XXI.
Dos años después, en el año 2006, el gobierno de Álvaro Uribe hace aprobar por el Congreso de la República la Ley 1118 con la cual entregó a Ecopetrol al capital privado. Por medio de esta Ley el Gobierno privatizó la empresa al modificar su naturaleza jurídica. El Artículo primero autoriza a Ecopetrol S.A.:
la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas […] la Sociedad quedará organizada como de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. (Ley 1118, 2006, art. 1)
Durante los dos gobiernos de la administración Uribe (2002-2010) se diseñó e implementó la política denominada “seguridad inversionista”, continuada y profundizada por su sucesor Juan Manuel Santos (2010- 2018), con la cual se rodeó de todo tipo de garantías y exenciones a las empresas minero-energéticas en materia tributaria, regalías, concesiones y resolución de conflictos.
Con base en los acuerdos suscritos en la nueva Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 con Ecopetrol, la USO lideró durante 2015 la Segunda Asamblea Nacional por la paz (ANPP), que tuvo como objetivos: (a) promover la reflexión y deliberación de diversos sectores de la sociedad en torno a las dinámicas regionales que requiere Colombia para hacer sostenible la paz a largo plazo; (b) construir iniciativas en clave de paz relacionadas con el modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos minero-energéticos; (c) aportar en la consolidación de la democracia y la construcción de una institucionalidad realmente participativa como requisito para el afianzamiento de la paz y el buen vivir de las comunidades; e (d) impulsar la consulta participativa, popular y territorial del “Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos” diseñado y promovido por la USO. Simultáneamente, la USO lanzó dos campañas nacionales: (1) ‘Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo’, con el fin de abrir el debate a nivel nacional y colocar en primer renglón la defensa de Ecopetrol como empresa pública, nacional y estatal; y (2) la divulgación y el debate nacional a través de la Mesa Minero-energética y ambiental del Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de generar conciencia sobre la necesidad de modificar la política petrolera nacional y su aprobación por medio de un referendo.
La ANPP se enmarcó dentro del contexto de los diálogos de paz, y aportó ideas sobre lo que debe ser la construcción colectiva de los modos y planes de vida que acerquen a la población a la aspiración de aprovechar los bienes naturales y minero-energéticos para el buen vivir, la democracia profunda y la paz integral. Los insumos recogidos permitieron definir tres ejes temáticos: (1) Política Minero-Energética, (2) Desarrollo Regional y (3) Cultura para la paz y pos-acuerdo.
En agosto de 2016, el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el acuerdo de fin del conflicto armado. El 2 de octubre de ese mismo año los colombianos votaron en el plebiscito por la paz, el cual arrojó como victorioso el NO, y cuestionó la legitimidad del proceso. Todo esto generó: (a) una pérdida del blindaje jurídico de los acuerdos de paz firmados por las partes; (b) el desfinanciamiento de los programas para la paz; e (c) impunidad para la oligarquía política-empresarial y los militares que apoyaron la guerra irregular y sus aparatos paramilitares.
Como continuidad del escenario ya abierto, en febrero de 2017 fueron instalados los diálogos exploratorios de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la mesa de negociación, el tema minero-energético es fundamental. El debate sectorial deberá estar articulado al desarrollo territorial y contar con la participación democrática y decisoria de las comunidades directa e históricamente afectadas por la presencia de las transnacionales de la industria petrolera. En esencia, la plataforma política del ELN respecto a la política petrolera no ha cambiado desde el manifiesto fundacional de Simacota (7 de enero de 1965). En 1989, con motivo del II Pleno de Dirección, el ELN construyó una propuesta que se sustenta en torno a cinco ejes: nacionalización, legislación soberana, explotación racional, desarrollo alternativo y nuevo plan nacional de desarrollo.
El fin del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades, entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero del 2018, volvió a agudizar el conflicto armado, siguieron los ataques contra la infraestructura petrolera y generó escepticismo sobre el futuro del proceso de negociación a través de una solución política. Según Ecopetrol, en los dos primeros meses de 2018 se han presentado 12 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas: ocho se han dado en Norte de Santander, uno en Boyacá y tres en Arauca.
Por otra parte, las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema político: crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos que se benefician de los gastos. El presupuesto materializa la política pública. Los presupuestos públicos ejecutados por las administraciones de Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018) registran una sorprendente identidad pese al énfasis (alternativo) de cada administración en la guerra y la paz. Los rubros privilegiados son el pago de la deuda externa, el gasto militar y demás aparatos de represión (incluida la “justicia”), la reproducción de la clase política y la burocracia, el sostenimiento del precario sistema educativo y el control de una clientela social a través de las políticas asistenciales. Estos últimos presupuestos públicos de la nación dejan ver, sin sonrojo, el “conejo” que las clases dominantes le han hecho a los acuerdos de paz y a las negociaciones con las movilizaciones populares y de trabajadores (Sarmiento, 2017b).
Estos acontecimientos permiten deducir que el proceso de guerra-paz no pasa de ser un engatusamiento al que han sometido al país los presidentes Uribe y Santos (y la base social terrateniente-empresarial-financiera-militar-comunicacional y del capital transnacional que ellos representan). Las estrategias son distintas: la guerra abierta en el primero y el engaño en el segundo. Su fin es el mismo: el exterminio de la insurgencia, el sometimiento del pueblo trabajador y la destrucción del tejido social y organizativo de las comunidades.
El 21 de noviembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la violencia y los sostenidos y crecientes asesinatos de promotores de la paz en las zonas que hacen tránsito hacia la construcción de la paz. En el mensaje, la ONU subrayó que esos lamentables hechos generan desconfianza en las negociaciones de paz. En 2016 fueron asesinados cerca de un centenar de promotores de la paz. En 2017, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entregó una radiografía sobre el crimen de líderes sociales: según la agencia han sido asesinados 78 líderes, y 1.500 campesinos han sido desplazados (el número de víctimas fue de 105 durante el año 2017 en todo el territorio nacional).
4. Petróleo y nuevas lógicas del conflicto
Desactivado el conflicto armado, queda al desnudo el núcleo del crónico conflicto colombiano del que hacen parte las comunidades regionales, el territorio y el modelo de desarrollo. Este conflicto enfrenta al Estado, los terratenientes, los dueños del capital y las transnacionales, con la clase trabajadora y las comunidades, en su proceso de construir poder popular y soberanía.
Las actividades minero-energéticas son connaturales a este conflicto. La experiencia histórica permite concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en cuatro áreas: (1) conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, y destruyen recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua; (2) concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; (3) economías de enclave y ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; (4) militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.
En respuesta a esta situación, las autoridades y los pobladores locales están realizando consultas populares y democráticas para votar si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio. En las nueve consultas realizadas, entre 2013 y octubre de 2017, el rechazo popular a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluto. La décima deliberación que debió realizarse en Granada, Meta, el 22 de octubre de 2017, fue obstaculizada por el gobierno nacional y la Registraduría. Actualmente hay en espera y bloqueadas otras 59 consultas.
Un reciente informe (Sáenz, 2017) de las empresas petroleras presentes en el país afirma que “cada vez es más difícil operar en Colombia”. Esgrimen razones como que empeoró la seguridad jurídica por consultas populares, y aunque reconocen que el orden público mejoró, “la percepción sobre la conflictividad social empeoró” (Sáenz, 2017). De otra parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado responsabiliza a las consultas populares o acuerdos para ponerle freno a la minería y evitar que las actividades de explotación de hidrocarburos le generen al país un costo de 226 mil millones de pesos, lo que ya implica un hueco fiscal de 1,2 billones de pesos en los próximos cinco años.
En respuesta a los empresarios, en relación con su preocupación respecto a las consultas populares y a la explotación no convencional (fracturación hidráulica o fracking), el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que el Gobierno va a generar las condiciones:
para explorar estos recursos, porque pueden cambiar completamente el mapa de producción del país. Estamos hablando de multiplicar por unas cuantas veces las reservas del país y hablamos de matar el fantasma de que en cinco años tendremos que importar crudo. (Arce como se citó en Sáenz, 2017)
La actitud antidemocrática y excluyente de los intereses populares, por parte del gobierno nacional, está confabulada con los intereses de las empresas petroleras y las transnacionales.
Al bloqueo de la autonomía de las comunidades locales para definir democráticamente sus planes de vida, ordenar su territorio y defender los recursos naturales vitales para su vida cotidiana, se une, de una parte, el malestar por el incumplimiento con los “Acuerdos de La Habana”, además del “conejo” a los convenios resultantes de las negociaciones con las movilizaciones efectuadas desde 2013 hasta 2017 por las comunidades rurales y, de otra, la preocupación por el continuo asesinato de líderes populares y gestores de paz.
A las puertas del fracking
La posibilidad de que el país vuelva a ser importador de petróleo, de acuerdo con lo proyectado por el gobierno y las empresas petroleras, abre las puertas para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales, a pesar de los graves daños ambientales y desplazamientos de población que implica. Las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma que se han desarrollado en el país, como también las nuevas técnicas de fracking.
Prospectiva
En este contexto, a mediano plazo (2018-2022) pueden pronosticarse tres escenarios:
Catastrófico. La reconquista del poder por parte de la extrema derecha; el desconocimiento de los acuerdos de paz; la privatización total de Ecopetrol; la persecución a las organizaciones sindicales; la desnacionalización y entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales; vía libre a la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales; y el recrudecimiento del conflicto social y armado.
Previsible. La ampliación de las zonas de exploración y explotación minero-energética (en áreas donde las transnacionales no habían podido penetrar por presencia y control de parte de la insurgencia); la consolidación financiera de las empresas petroleras; una tercera ronda de venta de acciones de Ecopetrol; la venta de empresas de alta rentabilidad que integran al Grupo Ecopetrol; mayores exenciones, garantías y protección a la inversión extranjera; la concertación y regulación para la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales; la abolición de las consultas populares y la confrontación-represión en contra de las organizaciones rurales y ambientalistas.
Deseable. La aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) dependiendo de la correlación de fuerzas capital/Estado-USO/movimientos sociales; un balance final favorable del proceso de paz y la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno Nacional, el ELN y la sociedad civil; el cumplimiento de los acuerdos y la construcción de la paz firme y duradera; una alianza ganadora con partidos políticos simpatizantes del proyecto de LOH en 2018; y la conformación de un movimiento social con arraigo espacial, defensor de la soberanía nacional y de una política pública democrática que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar y autonomía de las comunidades, el desarrollo territorial sostenible, la organización y el fortalecimiento del poder popular.
Acknowledgements
Reconocimientos
Agradezco a los compañeros de la USO por las enseñanzas que he recibido durante el tiempo que he trabajado con ellos y al profesor Pedro Galindo por su amabilidad de invitarme a escribir este artículo y abrirme la posibilidad de publicarlo en Ciencia Política.
Referencias
- Boltanski, L. y Chiapello, E. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal. 🠔
- Comisión Quinta del Senado de la República. (15 de diciembre de 1995). Proyecto de Ley régimen Normativo de la Industria de Hidrocarburos. [Proyecto de Ley 212, 1995]. DO: 212/95 🠔
- Concha, A. (1981). La concesión Barco: síntesis histórica de la explotación petrolífera del Catatumbo. Bogotá D.C.: El Ancora. 🠔
- Congreso de Colombia. (20 de junio de 1931). Ley de explotación de petróleo nacional de yacimientos del Norte de Santander. [Ley 80 de 1931]. DO: 21723.25 🠔
- Congreso de la República. (23 de julio de 2002). Modificación de la Ley 141 de 1994. [Ley 756 de 2002]. DO: 44878 🠔
- Congreso de la República. (27 de diciembre de 2006). Ley de modificación naturaleza de Ecopetrol S.A. [Ley 1118 de 2006]. DO: 46.498 🠔
- Hernández, L. (2005). Colombia: petróleo y política. Bogotá: Ediciones desde abajo. 🠔
- Presidencia de la República. (20 de junio de 1919) Decreto 1255. DO: 16796 🠔
- Vásquez, A. (2016). Panorama económico y laboral del sector minero-energético colombiano. Bogotá D.C.: Luciano Torres. 🠔