Introducción

(Fernández, 2016)

En el Acuerdo de Paz convenido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016, el respaldo y la apuesta por las víctimas producidas por el conflicto armado, tendería a ser mayúsculo al pactarse la promulgación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, constituido por tres entidades: (1) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); (2) la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y (3) la Jurisdicción Especial para la Paz (AA.VV., 2016).

A la CEV se le encargó esclarecer y explicar diferencialmente las repercusiones de la violencia política en todas las poblaciones y grupos sociales, planteándosele y remarcándosele realizar un énfasis detallado en lo correspondiente a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). De esta forma, en Colombia, esta ordenanza atípica y novedosa por donde se le mire se presenta como una eventualidad positiva y prometedora para conocer de una manera ampliada las dimensiones y los rastros de la guerra en los NNA, que por ahora en las indagaciones académicas e institucionales se han concentrado, o si se quiere encallado, en los fenómenos del reclutamiento y del desplazamiento forzado (Bácares, 2017).

Por consiguiente, este artículo surge para proponer y organizar unos parámetros jurídicos, históricos, políticos y metodológicos de cara a la niñez violentada por las guerrillas, el paramilitarismo y el Estado, para que tengan una representación actoral en la CEV y en su desenvolvimiento se pueda elaborar un índice minucioso de las acciones bélicas que se implementaron contra ellos. Concretamente, el texto se divide en dos grandes partes: en la primera, se le presentan al lector las innovaciones surgidas en el tratamiento de los NNA vinculados o afectados por las guerras, desencadenadas por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y su postulación de que estos son sujetos de enunciación. En virtud de ello, se presentará cómo los NNA llegaron a posicionarse de a poco en las comisiones de la verdad, haciéndose hincapié en las dificultades, aciertos y enseñanzas que la CEV podría retomar o rechazar tras lo implementado en Argentina, Chile, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Sudáfrica, Perú, Sierra Leona y Timor del Este. En la segunda sección, se plantean una tríada de premisas puntuales con la intención de que la infancia pueda ser evaluada amplia y diferenciadamente en la CEV, recurriéndose a la participación y a los argumentos de los NNA, a la escritura de unas recomendaciones incluyentes con sus necesidades y derechos, y, en definitiva, distinguiendo que la infancia es una construcción social que en el transcurso del conflicto armado pudo tomar muchas expresiones desconocidas que deberían conocerse y hacerse visibles.

1. La presencia de la infancia y de sus derechos en las comisiones de la verdad

Con la aparición de la CDN y de los subsecuentes documentos inspirados en la idea del NNA como sujeto de derechos, los asuntos de las guerras en torno a la infancia se transformarían en favor de su protección y del restablecimiento de sus derechos. Paulatinamente, se prohibiría el reclutamiento de menores de dieciocho años en las fuerzas armadas, tal y como sucedió en Colombia, por efectos de una serie de demandas de sesenta y tres padres de familia ante la Corte Constitucional que obligaron al Ministerio de Defensa a ponerle fin a esta práctica en 1997 (Jiménez, 2013). Asimismo, otra situación emergería gracias al paradigma inscrito en la CDN: la incorporación de los NNA a la vida bélica por parte de organizaciones al margen de la ley se tornaría en un delito en varios Estados con conflictos armados vigentes y en el abanico conceptual del Derecho Penal Internacional se le empezaría a entender a modo de un Crimen de Guerra. De ahí que, de la década de los noventa en adelante se empezaran a emitir sanciones en tribunales nacionales y en el ámbito de la gobernabilidad global se hayan emitido diez condenas de este tipo para los casos concretos de Sierra Leona y de la República Democrática del Congo (Bácares, 2017).

Por otra parte, el surgimiento de los derechos de los NNA trajo consigo un tratamiento socio-penal diferenciado de los adultos por sus conductas en los escenarios de la violencia política. La historia muestra que antes de consolidarse la noción de víctima -y en esa medida la negación del altruismo político de los NNA que han reivindicado autores tan disimiles (Ramírez, 1999; Rosen, 2005)- a ellos se les procesó bajo leyes de acento retribucionista y se les responsabilizó por sus acciones en las hostilidades. Así sobrevino en el Perú por vía del Decreto Ley 25564, que legalizó juicios sumarios y condenas perpetuas de cara a la militancia de adolescentes en las guerrillas (Bácares, 2011), o en Ruanda, donde luego del genocidio del año 1994 se aprobó una ley para rebajar la edad penal a 14 años y en ese trance judicializar a los 120 000 NNA del pueblo Hutu que participaron de las masacres contra los Tutsis (Sedky-Lavandero, 1999).

Vale decir que, pese a estos cambios impulsados por las nuevas formas de leer a los NNA derivadas de la CDN, esto es, de su estatus reciente de poseer derechos, en el terreno de las desmovilizaciones y de las negociaciones de paz, a los NNA se les minimizaría. Lo sucedido en el remate del conflicto que vivió Nepal entre los años 1996 y 2006 fue ejemplar al respecto: mientras los adultos de la guerrilla del Partido Comunista nepalí al momento del desarme “recibieron un único pago por persona entre 5000 y 8000 dólares. Los menores de edad desmovilizados apenas recibieron 100 dólares, como ‘ayuda para el transporte’ que les permitiera regresar a sus aldeas” (De Currea-Lugo, 2014). Y es que, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en muy poco a los NNA se les ha tomado en cuenta o se les ha incorporado en la discusión concerniente a la cesación de las actividades emprendidas en la guerra, así como en las deliberaciones orientadas a planear reformas para amortiguar los ecos guerreristas y en el diseño de programas de carácter social, económico y cultural para la niñez en los posconflictos:

En un análisis de 30 acuerdos de paz alcanzados entre 1999 y 2007, solamente en seis se hace referencia a imperativos relacionados con la protección de la infancia. Otro análisis más amplio de 103 acuerdos de paz con acceso público, firmados entre 1989 y 2005, descubrió que poco más de la mitad abordaban de alguna manera la educación. (Unicef, 2009, p. 51)

Específicamente en Colombia, las opiniones de los NNA en el marco de las conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado, resultaron limitadas a ejercicios pedagógicos y lúdicos enfocados a consolidar un cúmulo de mensajes infanto-adolescentes con la intención de ser enviados a los negociadores en La Habana, por gracia del primero de los mecanismos de participación establecido en el Acuerdo General de la Mesa de Conversaciones: “Recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones” (AA. VV., 2013, p. 3). La principal de estas acciones, auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue un proyecto en el que participaron 614 NNA durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, en talleres realizados en Bogotá, Soacha, Mocoa, Magangué, Cali, Buenaventura, Bucaramanga y Villavicencio. De aquí salieron rumbo a la isla doscientas propuestas colectivas con las percepciones, ideas y exigencias de los NNA para que la paz se pudiera asir en sus territorios y comunidades. Una muestra de ello la brinda la siguiente reflexión escrita por cuatro niños de nueve y ocho años:

Nuestro tema es el desplazamiento. Yo, Fabián Camilo, Danilsa, Sofía, Antonio consideramos que ese es un problema y proponemos que realicen los siguientes pasos porque a causa de este problema hay mucha gente sufriendo y pasando necesidades, yo soy testigo, he vivido en carne propia ese sufrimiento pues mi familia y yo somos desplazados por la guerra. Les explicaré cuales son mis propuestas en los siguientes pasos, lo que propongo con mis compañeros de grupo es: primero, llegar a un acuerdo para concientizar y darse cuenta que devolver las tierras no es suficiente porque es mucho lo que se ha sufrido, y para que entiendan que cuando uno vuelve a su finca tiene que empezar de nuevo porque es seguro que no van a entregar las tierras tal como las dejamos, simplemente las van a devolver. Les propongo que antes de la devolución de las tierras se haga un aporte económico para que pongan a producir su territorio y tengan forma de vivir dignamente porque creo que nos los merecemos. (Álvarez y Montaña, 2015, p. 55)

Sobre este particular, llama la atención la reducción informativa, decorativa y desprovista de verificaciones que se hizo del derecho a la participación de los NNA, que obvió el hecho de que por el mandato del Artículo 12 de la CDN es una obligación informarles de los alcances de sus propuestas, las razones de su inclusión o rechazo, y permitirles intervenir seguidamente en el campo de los debates alrededor de los fenómenos que les afectan. De esta manera lo recomendó en su momento la propia Defensoría del Pueblo a las delegaciones de las FARC-EP y del gobierno nacional, cuando se planteó la necesidad de que para fomentar la construcción de la paz era cardinal incluir orgánicamente en las negociaciones un enfoque de derechos que tomara en consideración la voz de los NNA afectados por la guerra colombiana:

se recomienda: A los equipos negociadores de las FARC-EP y del Gobierno colombiano: Garantizar la participación activa de NNA en las negociaciones, a través de la creación de una sub-comisión de niñez y adolescencia que asesore técnicamente a la Mesa de Conversaciones en los aspectos relacionados con el enfoque de derechos de los NNA y sus opiniones, que incluya mecanismos que desde y en las diferentes zonas del país recoja las voces de ellos y ellas para ser tenidas en cuenta desde el proceso mismo de negociación así como en adelante, especialmente en la etapa de implementación de los acuerdos y reglamentación del marco jurídico para la paz, en atención de la Convención sobre los derechos del niño y la Observación general núm. 12 de 2009 del Comité de Derechos del Niño.

Al Gobierno colombiano: Garantizar que se recupere la voz de los NNA en todos los procesos asociados a la reparación integral y transformadora, que cada niño, niña y adolescente pueda participar de manera directa en sus planes de reparación como sujeto social de derecho y no como objeto del Estado.

[…] En tanto el presente proceso es una oportunidad de los actores negociadores de recuperar la confianza de la sociedad colombiana y en particular de la comunidades directamente afectadas, se recomienda fortalecer los mecanismos de participación, veeduría ciudadana y campesina locales que den cuenta del cumplimiento de los compromisos y de las condiciones de tal cumplimiento y que incluyan participación de NNA. (Defensoría del Pueblo, 2014, pp. 139-140)

De cualquier modo -haciendo caso omiso de una participación activa, dialógica y permanente de los NNA-, en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a los NNA se les tomó en consideración, o, dicho de otro modo, se les calificó como víctimas y sujetos de restituciones de derechos en atingencia a varios fundamentos. Vale destacar entre ellos el reconocimiento ciudadano de los NNA en los programas sociales enmarcados en el punto de la Reforma Rural Integral, fundado en la premisa de que la “superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna” (AA. VV., 2016, p. 23); o el vinculado a visibilizar a los NNA en la CEV, con base en su misión de recabar el “impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes” (AA. VV., 2016, p. 134).

Así, no es descabellado preguntar: ¿en qué medida la CEV en Colombia puede subsanar la ausencia de los NNA, afincada en la mayor parte del proceso de paz y en la consolidación del acuerdo final firmado por el gobierno Santos y las FARC-EP? Ciertamente, una lectura comparada permite observar que, a los NNA, por lo general, no se les ha invitado a ser oídos en las audiencias públicas o a la hora de llevarse a cabo la recolección de testimonios, como tampoco en ocasiones se han documentado ampliamente las violencias específicas que vivieron en determinados contextos bélicos. Lo anterior lo destacan las pocas y a veces inexistentes entrevistas a NNA afectados por los conflictos armados o el limitado espacio concedido a este grupo poblacional en los primeros textos de las comisiones de la verdad, que se concentraron fundamentalmente en analizar la persecución y el asesinato de los opositores y activistas políticos mayores de edad (Unicef-IRC y ICTJ, 2010, p. 10). A excepción de Argentina, donde se investigó el rapto de NNA por la dictadura militar, la infancia en un gran formato y con todas sus aristas quedaría relegada a un segundo renglón en las iniciativas sucesivas. En cierto modo, gracias a la presión de las organizaciones de derechos humanos, a la magnitud del delito y a los ecos logrados en la comunidad internacional que derivaron en que en la CDN se constituyera el derecho a la identidad (Pilotti, 2000), uno de los puntos que guio la elaboración del Nunca Más dirigido por Ernesto Sábato fue: “Determinar la ubicación de niños sustraídos de la tutela de sus padres” (Conadep, 1984a, p. 23).

Contrariamente, en escenarios como en el chileno y el salvadoreño, a los NNA se les dejó de lado, aun pese a que en la base de datos de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación decretada por el presidente Aylwin en 1990 se aportara la pista de noventa menores de edad a quienes los carabineros y militares asesinaron o desaparecieron durante la dictadura de Pinochet (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991); o que en el informe final de El Salvador se les mencionó como víctimas de tres masacres, siendo la más precisa en lo informado, la de El Mozote, perpetrada por el Batallón Atlácatl en 1981 en contra de 143 civiles, de los cuales “131 correspondían a niños menores de 12 años de edad” (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1992-1993, p. 121). Efectivamente, en De la Locura a la Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador, que se redactó por ordenanza del Acuerdo de Chapultepec con el que se puso fin a la confrontación armada con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), los NNA no tuvieron cabida como narradores de sus propias vivencias ni de los sucesos que se concentraron expresamente en ellos. Otra prueba que lo confirma es la de la desaparición forzada que, calculada hoy en día en un total de 888 NNA explotados por una economía de adopciones a cargo de militares y funcionarios judiciales, fue omitida, pues “hubo denuncias a las que no se les hizo siquiera la justicia de ser consideradas en la redacción del Informe” (Ocampo, 2013, p. 191).

Por supuesto, cada Comisión de la Verdad es un campo de tensión en sí mismo y responde a coyunturas muy precisas que explican en parte la pobre o mayor relevancia dada a los NNA en lo que atañe a la memoria histórica. Por ejemplo, la recién mencionada tuvo que sobreponerse, como lo revelaría uno de sus comisionados, el estadounidense Thomas Buergenthal, a una infinidad de dificultades que impidieron un trabajo más amplio al logrado, como el limitado tiempo para investigar y escribir el informe (seis meses), las presiones del gobierno de Alfredo Cristiani y de la cúpula militar encabezada por los generales René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda para que no se divulgaran los nombres de los responsables de crímenes cometidos por las fuerzas armadas junto a la decisión de los investigadores de tomar únicamente dos o tres casos para referenciar lo que le exigía su ámbito de acción: investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclamaba con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad (Buergenthal, 1996).

No obstante, con el transcurrir del tiempo esto cambiaría. El paulatino posicionamiento de la niñez en la agenda de las comisiones de la verdad obedeció a la popularización del discurso de los derechos de los NNA, a las obligaciones y transformaciones legislativas nacionales emanadas de la CDN (Bácares, 2012), y a un hecho paradigmático que subrayó su Artículo 38 atenido a que los Estados Parte deben: “asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado” (Unicef, 2006, p. 26). Justamente, esto fue lo que posicionó el famoso documento Las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños (Machel, 1996) encargado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Graça Machel en 1994, a partir del cual, se tuvo a la mano casi por primera vez una radiografía mundial del estado de la cuestión de la infancia en las guerras y se volvería un lugar común el rechazo tajante a la vulneración de la dignidad de los NNA por su calidad de sujetos de especial protección.

Quizás por esto, las comisiones posteriores a dicho momento de inflexión se interesarían por la suerte de los NNA en lo que tiene que ver con las violaciones a sus derechos humanos en los períodos estudiados por cada una. El trabajo realizado por la guatemalteca, en este sentido, comenzaría un viraje a lo ya hecho, dado que tras definirse su existencia en el Acuerdo de Oslo en 1994 y tras ponerse en marcha gracias al Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996 -que el gobierno de ese entonces firmó con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)- se escribiría Guatemala. Memoria de Silencio, un documento en el que fueron significativos “los aportes sustantivos que, sobre diversos fenómenos analizados en el Informe, en especial los temas económicos y de la niñez, proporcionaron consultores del Sistema de las Naciones Unidas” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, p. 55). Sucintamente, acogiendo la buena voluntad de sus comisionados para que esto se diera, Unicef contribuiría durante los doce meses de funcionamiento de la comisión con una funcionaria, la periodista colombiana Claudia Duque, para acompañar el análisis diferencial de la información obtenida y la escritura de un micro capítulo de 21 páginas respectivo a las violencias sufridas por los NNA.

Otra experiencia que seguiría esta senda incipiente, agregándole lo suyo, sería la de Sudáfrica. La denominada Comisión para la Verdad y la Reconciliación creada por el Parlamento sudafricano con la Ley 34 de 1995 -para contextualizar e iluminar los efectos del apartheid afrikáner sobre la población negra en lo corrido de 1960 a 1994- innovó al recoger las voces de los NNA, aunque sin facilitarles una autonomía en este proyecto. En un comienzo se consideró invitarlos para testificar en las audiencias públicas que caracterizaron la metodología de esta comisión, pero ante la falta de precedentes que le sirvieran de guía y “debido a los posibles riesgos emocionales y físicos, se decidió que los niños no darían declaraciones individuales ni participarían en audiencias públicas” (Unicef-IRC y ICTJ, 2010, p. 10, traducción propia). La opción escogida se decantaría en que los adultos de organizaciones no gubernamentales y varios miembros de la comisión recogieran sus relatos en audiencias especiales para testificar en su nombre (Unicef-IRC y ICTJ, 2010), escuchándose a la par los testimonios brindados por los mayores de edad alrededor de eventos donde a los NNA se les violentó. Adicionalmente, para que la noción de la niñez no pasara desapercibida en la primera parte del informe final que se le presentó a Nelson Mandela en 1998, la comisión impulsaría un sinnúmero de modalidades de discusión como talleres ad hoc con especialistas en las consecuencias del régimen del apartheid en los NNA y varias audiencias especiales con NNA víctimas, en las que tuvieron la oportunidad de expresarse sobre los abusos del pasado, haciendo uso de talleres de teatro en dos sesiones ocurridas en mayo y junio de 1997 (Truth Reconciliation Commission, 1998).

Más tarde, en el año 2003, el registro de los acontecimientos de los NNA en el espectro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, configurada para develar qué ocurrió en los años de enfrentamiento del Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado, tuvo lugar por medio de testimonios retrospectivos enfocados a introducir en el relato histórico los impactos y las rupturas producidas por las hostilidades durante la infancia de las víctimas. Así, varias personas narraron episodios de la guerra retrotrayéndose a cómo la vivieron cuando eran NNA en mención a un inventario de hechos como el control y la organización de masas impuesta por el senderismo a las comunidades altoandinas, o la estigmatización por provenir de alguna zona bajo el imperio de una organización armada ilegal:

Nos decía “terruco”, hasta en el colegio mismo. Los profesores “oye terruquito” me decían. Había una profesora joven, tenía miedo de hablar del Sendero. “Ah tú eres, tú has sido terrorista”, me pregunta un día. “Ah, sí” le digo. Desde ahí me tenía como miedo, se asustó. Cuando yo le contaba, como le estoy contado hoy día, cómo mataban, hasta se ponía a llorar. Después se hizo mi amiga… Yo era el único ayacuchano y Ayacucho estaba sonado como senderista, todo el mundo era senderista para ellos y mis compañeros me tenían cierto recelo, no tenía mucha amistad. Decían “si le hacemos algo qué tal nos mata”... pero yo les hablaba, les trataba de hacer entender que eso no era así como lo piensan ellos, que yo no he sido senderista. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, p. 374)

Lo acontecido en la Comisión de la Verdad y la Justicia en Paraguay, creada por la Ley 2225 de 2003, cuyo objeto consistió en sacar a la luz pública las violaciones de derechos humanos ejercidas por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) también es de subrayar en este repaso, puesto que introduciría en su quehacer una perspectiva etaria y diversificada de las violencias dirigidas a los NNA por los organismos y agentes estatales al servicio del dictador. Para tal propósito, se dedicó una de las ocho audiencias públicas que se realizaron, más exactamente la penúltima, acaecida el 24 de julio de 2007, para oír y recolectar en exclusiva información sobre las afectaciones que vivieron los NNA y las mujeres en la vigencia del régimen stronista (Comisión Verdad y Justicia, 2008, p. 25). Algo similar se implementó en la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación de Timor Oriental (CAVR), que se organizó en el año 2001 gracias al apoyo de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), una misión internacional a la que se le encargó apoyar y asistir el reclamo de independencia votado en el referendo de 1999, la formación de un autogobierno y el colofón de las violencias heredadas de la invasión de Indonesia en 1975 y de sus grupos paramilitares que terminarían veinticuatro años después. Precisamente, las últimas audiencias públicas de esta comisión, fechadas el 29 y 30 de marzo de 2004, se concentraron en oír varios incidentes de conculcación de derechos humanos a cargo de efectivos indonesios que fueron descritos por una niña de catorce años y por doce testigos adultos que eran NNA en el momento de los hechos; las historias “describían una serie de violaciones, incluidos los homicidios en el cementerio de Santa Cruz, el encarcelamiento de niños y la experiencia de niños reclutados por el ejército indonesio” (Unicef-IRC y ICTJ, 2010, p. 40, traducción propia).

Yendo más allá, la comisión de Sierra Leona, creada una vez se pactó la paz con el Frente Revolucionario Unido (FRU) a través del Acuerdo de Lome en 1999, optó por escuchar a los propios NNA echando mano de dos audiencias temáticas celebradas el 16 y 17 de junio de 2003, y atendiendo posteriormente a once presentaciones concernidas a los NNA que realizaron expertos y varias organizaciones de NNA como Children’s Forum Network (Unicef, 2004, p.6). Y es que, a ellos, a raíz del todavía vívido maltrato sistemático por el reclutamiento forzado, la orfandad o las mutilaciones tan comunes en las operaciones del FRU (Denov, 2010), se les integró una vez comenzó a funcionar la comisión en 2002, en audiencias especiales y en sesiones confidenciales que facilitaron recolectar trescientos testimonios a puerta cerrada en las que se trató inclusive casos de violencia sexual (Freeman, 2006-2007, pp. 47-48). Sin embargo, lo más sorprendente de la experiencia sierraleonés atañe a que su informe final, por la petición de un puñado de NNA en un encuentro piloto que convocó Unicef en el 2001 llamado Los niños y la verdad y la reconciliación. Comisión para Sierra Leona, se presentaría en dos versiones, una para adultos y otra para NNA. Ciertamente, su solicitud apuntó a la “producción de una versión simplificada para los niños” (Unicef, 2004, p. 13, traducción propia), que llevaría a que por primera vez en el mundo más de cien NNA hicieran parte de la redacción de un texto de esta naturaleza y al unísono tuvieran una plataforma para expresar sus reflexiones y reclamarle a los adultos por haber creado una guerra que incumplió y violó sus derechos:

¿Cómo podemos decir lo que pasó? ¿Para nosotros? No hay palabras para describir lo que hemos atestiguado. Lo que vimos, lo que escuchamos, lo que hicimos y cómo cambió nuestras vidas, está más allá de toda medida. Fuimos asesinados, violados, amputados, torturados, mutilados, golpeados, esclavizados y obligados a cometer crímenes terribles. Todos hablan sobre “el impacto de la guerra" en los niños”. Pero ¿cómo se mide el impacto de la guerra? ¿Quién sufre el mayor horror, el niño que es violado, o el niño que se ve obligado a convertirte en un perpetrador? Somos las víctimas, el perpetrador y el testigo, de repente. Si hablamos, ¿quién nos entenderá? Y, sin embargo, no podemos y no nos quedaremos silencio. La guerra nos ha enseñado el significado de injusticia, y sabemos que los niños de Sierra Leona tienen derechos. Es nuestro derecho hablar, intentar y encontrar las palabras para contar nuestra historia.

Nuestros derechos, como niños, son claramente declarados en la Convención de los Derechos de los niños. […] Es la promesa que hacen los países para proteger a los niños y garantizar que tengan el mejor comienzo posible en la vida. El artículo 38 de la Convención obliga a los Estados Partes a “tomar todas las posibles medidas para garantizar la protección y el cuidado de los niños afectados por conflicto armado”. Pero no estábamos protegidos. Nosotros fuimos testigos de la destrucción de nuestras vidas y de las vidas de todos a nuestro alrededor. Nuestra cultura y tradiciones que apreciamos fueron deliberadamente atacadas. Nuestros padres y maestros y otros que intentaron protegernos fueron impotentes. El mundo fue pisoteado ante nuestros ojos. Es nuestra responsabilidad hablar y atestiguar. Porque somos nosotros quienes sobrevivieron, somos la voz de nuestras hermanas y hermanos que fueron asesinados en la guerra. Es nuestra carga y nuestra bendición poder hablar por ellos. Pero la historia que tenemos que contar no es una historia para niños. No es “amigable para los niños”. Aun así, somos niños y no le haremos entrega de nuestra infancia a la guerra.

Somos lo suficientemente fuertes como para detener la guerra. Eso es lo que creemos. Escúchennos. No somos la generación del mañana. Somos la generación del hoy. Los eventos del ayer se han convertido en parte de lo que somos. Al igual que alguien que se despierta de una larga pesadilla. Estamos saliendo al mañana para encontrar nuestro lugar en el mundo, para buscar el camino a seguir. Y si incluso el camino ha sido destruido, entonces, con nuestros pasos, miles y miles de nosotros construiremos un nuevo camino hacia el futuro.

Comenzamos siempre con una oración. Oramos en nombre de todos los niños de Sierra Leona. Oramos entre nosotros y el uno por el otro. Y nuestra oración también es una promesa, un voto solemne. Los hijos de Sierra Leona no lo olvidarán. Juntos construiremos nuevas esperanzas para un futuro en paz en nuestro país. (Unicef, 2004, p. 14, traducción propia)

Como se ve, es evidente que las obligaciones políticas, jurídicas y éticas con la infancia en las etapas y mecanismos de desactivación y examinación de las guerras tomaron su tiempo. Su preponderancia ha sido entre nula, progresiva y distinta en cada comisión de la verdad. De cierta manera, cada una de ellas estableció unas pautas y directrices que le sirvieron a las recién estrenadas y aportaron, poco a poco, robustez a unos antecedentes en la materia. En aras de acogerlas, o si se quiere, de ordenarlas, en el segundo apartado se abordarán algunas ideas y opciones que pueden serle de utilidad a la CEV en su tarea de brindarles a los NNA un espacio para su participación, y una investigación en la que se acentúen holísticamente las violencias ocultas y poco estudiadas que el conflicto armado colombiano les ha propinado desde mediados del siglo XX.

2. Algunos apuntes para la investigación de la infancia en la CEV

Son varios los documentos que formulan los requisitos y elementos más perentorios para la constitución de una comisión de la verdad (Gonzáles y Varney, 2013). Incluso Unicef tiene una publicación de carácter general que esboza los grandes pasos a seguir para tener presente a los NNA en la formulación de una institución semejante (Unicef-IRC y ICTJ, 2010). En este caso, para no repetirlos al pie de la letra y teniendo en cuenta que el interés que subyace a este escrito es aportar una visión localizada desprovista de indicaciones administrativas y generales, en las siguientes páginas se presentarán unas cuantas pistas específicas y contextualizadas en Colombia para que los NNA no pasen inadvertidos en la labor de la CEV. En síntesis, se compartirán unas reflexiones de acento metodológico, otras vinculadas a las recomendaciones a emitirse en el informe final y por último los tópicos de estudio más olvidados en las investigaciones nacionales dedicadas a la infancia y a las hostilidades que deberían ser observadas y superadas por la comisión de la verdad colombiana.

A modo de conclusión

Las responsabilidades encargadas a la CEV por el Acuerdo de La Habana y el Decreto 588 de 2017 para esclarecer los modus operandi y el volumen de los atentados a los derechos humanos de los NNA, los grupos armados y agentes involucrados en esas infracciones, las infancias más victimizadas, y los juicios militares y psicosociales que sostuvieron y avalaron que a los NNA se les vinculara al conflicto armado colombiano, son complejas y exigen diferentes miradas, apoyos, consultas, y revisiones históricas, jurídicas y procedimentales para concretar dicha empresa.

Por tal razón -con la intención de aportar a esa discusión- en este artículo se realizó una exploración comparada de los métodos utilizados en otras comisiones de la verdad, el papel que tuvieron los NNA como informantes en las mismas y la importancia dada a la niñez en los informes finales de Argentina, Chile, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Sudáfrica, Perú, Sierra Leona y Timor del Este. Sobre esta base, se puede concluir que los NNA no tuvieron la ocasión de expresarse ni de ser incluidos en la organización de los datos en las primeras organizaciones de esta envergadura, hasta que por fuerza mayor de los compromisos de los Estados adscritos a la CDN y la movilización internacional derivada del informe Machel en 1996, el derecho a la opinión de los NNA y su figuración como sujetos de derechos se materializó, eso sí, indistintamente en lo indagado por cada comisión de la verdad.

Así pues, la CEV en la delegación que tiene de aplicar un enfoque diferencial que dé luces sobre los alcances del conflicto armado en la infancia, podría tomar como punto de partida lo consignado en los textos de las comisiones de la verdad que más avanzaron en dichas temáticas, esto es, la guatemalteca, la peruana, la paraguaya, la sierraleonés y la timorense. Por ese camino, sería posible seleccionar lo pertinente y útil a refrendarse en el contexto nacional, y dicho sea de paso, tener un plataforma desde la cual se pueda innovar en escuchar las voces y puntos de vista de los NNA víctimas; en posicionar una postura retrospectiva y etaria en el área testimonial y metodológica; en presentar una versión alternativa y amigable del informe final para los NNA; y en escribir un capítulo consistente y unas recomendaciones precisas que cumplan con las expectativas despertadas por el mandato de la CEV para validar los derechos de los NNA a la verdad y a la reparación por intermedio de la memoria histórica.