Sigelman (1979), Brody y Sigelman (1983), Lewis Beck y Rice (1982 y 1984) y Alan Abramowitz (1988), entre otros autores, documentaron que la popularidad del mandatario estadounidense permite anticipar el éxito o la derrota del candidato presidencial del oficialismo siempre que la misma se produzca por votación popular. El patrón de comportamiento revelado significó para el quehacer politológico un paso en la dirección de disminuir la incertidumbre respecto al desenlace electoral.

Sin embargo, dicha pauta no ha podido ser corroborada plenamente para el caso latinoamericano, al margen de que Echegaray (1996) alertara que la evaluación de la labor del presidente constituye el mejor predictor de las posibilidades del candidato oficialista de imponerse en la contienda.¹

En ese sentido, a partir de una muestra mucho más amplia que la utilizada por Echegaray (1996), conformada a su vez con criterios más rigurosos de selección de los casos, el propósito de la investigación fue controlar las siguientes hipótesis:

H1: En los comicios presidenciales competitivos celebrados en los países latinoamericanos una alta aprobación del ejecutivo de turno ha tendido a ser seguida de forma mayoritaria y contundente por el éxito del oficialismo en las urnas.

H2: La capacidad de la aprobación presidencial alta como predictor de la continuidad del partido o coalición de gobierno en América Latina es superior a las manifestadas por las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), el desempleo y la inflación, tomadas esas variables de forma individual o incluso de conjunto, evidenciando a su vez un comportamiento relativamente autónomo con respecto a la dinámica de las variables económicas.

La primera etapa del procedimiento de comprobación abarcó la selección de los casos realizada con base en criterios dirigidos a reducir a la expresión mínima posible la presencia de sesgo en la muestra. Una vez conformada la muestra, identificamos a los mandatarios de turno que en cada uno de los catorce países considerados arribaron a la etapa previa a los mismos con una aprobación presidencial alta (APA). A continuación, esclarecimos la magnitud en que la participación del oficialismo en comicios presidenciales competitivos concluyó en victoria para esa fuerza política, siempre que resultó antecedida por un presidente de turno evaluado satisfactoriamente.

El hallazgo que reportamos es que en el 72.22 % de los casos la APA anunció el éxito del partido o coalición en el gobierno y su continuidad en el poder, especialmente cuando los mandatarios contendieron en un entorno tan favorable como el que brinda la posibilidad de reelegirse de forma sucesiva. En general, la APA tiende a anticipar el éxito del partido o coalición de gobierno en América Latina, aunque ciertamente no lo hace de manera necesariamente contundente.

No pocos autores han documentado que variables económicas claves impactan la dinámica de la aprobación del presidente de turno (Monroe, 1978, Norpoth, 1984, Berlemann y Enkelmann, 2014). Parece razonable inferir, entonces, que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y las tasas de desempleo e inflación podrían ser, en realidad, responsables de la alta aprobación presidencial y, en consecuencia, predictores legítimos del éxito en las urnas del partido o coalición de gobierno.

En virtud de ello, en la segunda etapa comprobatoria analizamos el comportamiento del crecimiento del PIB y de las tasas de desempleo e inflación en todos los casos en que la APA fue seguida por el éxito y la continuidad del oficialismo. Las probabilidades de que las variables económicas constituyeran los predictores sustantivos dependían de que sus registros fueran también predominantemente favorables para el propósito del partido de gobierno de retener el poder.

El contraste de la APA con la dinámica de las tasas de crecimiento, desempleo e inflación no solo del año preelectoral sino también del propiamente electoral, mostró, como regla, apreciables diferencias. La evidencia apunta a que el comportamiento de la aprobación presidencial fue relativamente autónomo, en una medida significativa respecto a las tasas de desempleo e inflación y en una magnitud menor, pero suficiente, respecto a la tasa de crecimiento del PIB.

Faltaban aún los resultados del contraste de la APA con el comportamiento combinado de los tres indicadores. En ese escenario, el indicador mostró también una autonomía significativa con respecto al comportamiento combinado de los indicadores económicos en el año preelectoral; mientras en relación con el año propiamente electoral el grado de autonomía, aunque satisfactorio, fue tendencialmente más moderado.

La siguiente etapa de la comprobación consistió en verificar si la autonomía relativa evidenciada por la APA en los veintiséis casos en que antecedió el éxito del candidato oficialista en las urnas se había manifestado también en los diez casos en que el oficialismo no consiguió retener el poder. El ejercicio arrojó que, en general, también en ese escenario, el comportamiento del indicador mostró una tendencia significativa a manifestar una relativa autonomía con respecto a la dinámica de las variables económicas tomadas de manera individual o en conjunto. La excepción de ese patrón correspondió a la dinámica de la tasa de crecimiento del año preelectoral que mostró un comportamiento favorable prácticamente coincidente con el de la APA.

Tanto en los veintiséis casos en que la APA coincidió con la continuidad oficialista como en los diez casos en que no lo hizo, de todas las variables económicas clave analizadas, la tasa de crecimiento del PIB en el año preelectoral fue la que menos diferencias presentó con respecto a la dinámica de la aprobación presidencial, alcanzando ambas variables un significativo 83.33 % de coincidencia.

De modo que la APA, constituyendo un predictor razonablemente consistente, aunque no necesariamente contundente de la continuidad del partido o coalición de gobierno, tendió a manifestar un grado de autonomía moderado con respecto al comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB del año preelectoral. En tanto, su autonomía con respecto al comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB del año electoral tendió a resultar mayor, pues el nivel de coincidencia entre ambas variables fue menor (77.77 %).

Finalmente, tomando en cuenta los treinta y seis casos reportados de mandatarios con evaluación satisfactoria, las variables que demostraron mayor potencial como predictores efectivos de la continuidad del oficialismo después de la propia APA (72.22 %), resultaron la tasa de crecimiento del año preelectoral y electoral, ambas con 58.33 % y una combinación de todas las variables económicas en el año electoral (56.25 %). Mientras, sorprendentemente, el potencial de la tasa de desempleo y de la inflación como eventuales predictores resultó no significativo. En resumen, tomadas de forma individual, solo la APA y la tasa de crecimiento del PIB evidenciaron un potencial mayoritario como eventuales predictores, aunque la diferencia entre las tasas de asociación de ambas variables fue de prácticamente catorce puntos porcentuales. En tanto, cuando las variables económicas fueron tomadas en conjunto, la tasa de asociación con la continuidad del oficialismo resultó mayoritaria con los valores correspondientes al año propiamente electoral y minoritaria con los valores correspondientes al año preelectoral.

La concepción de Sartori (1992) respecto a la opinión pública como “un público o multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa pública” (p. 171) resulta idónea para alcanzar una comprensión más cabal del fenómeno de la popularidad presidencial en su doble condición de medición e indicador de un fenómeno que mantiene un nexo constituyente con la democracia.

Mueller (1973) es la fuente primigenia del concepto aprobación presidencial que de acuerdo con el autor contiene la opinión, individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario en general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral.

La aprobación presidencial puede estar influida por el partidismo o contener opiniones sobre la personalidad del mandatario, sin embargo, resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa sobre el desempeño del gobierno (Beltrán, 2015).

Popularidad y aprobación presidencial habitualmente son empleados como sinónimos. La aprobación del gobierno es la medida más antigua de popularidad presidencial. Desde agosto de 1937, la pregunta de la encuesta dice lo siguiente: ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que (nombre del presidente) está conduciendo el gobierno? (Berlemann y Enkelmann, 2014). La manera en que se formula la pregunta está concebida para que, principalmente, dé lugar a dos opciones de respuesta: aprobación o rechazo. Este instrumento es el más estable y el más utilizado para estudios de popularidad presidencial (Cohen, 1999; Gronke y Newman, 2003.

Los resultados de las encuestas a nivel agregado tienden a corresponder de forma aceptablemente precisa con el contexto real, demostrando estabilidad a lo largo del tiempo (Page y Shapiro, 2010).

Se han identificado tres componentes principales de la aprobación presidencial: el desempeño, la personalidad y el partidismo (Romero, 2009). El desempeño constituye el componente indiscutido (Mueller, 1973; Lewis Beck y Stegmaier, 2000). Por su parte, la personalidad tiene en cuenta aspectos como el carisma, la forma de interactuar con el público, el estilo de gobernar y la integridad (Kernell, 2006; Neustadt, 1991; Newman, 2003). Como tercer componente destaca la predisposición a aprobar la gestión del mandatario si milita o representa al mismo partido con el que se simpatiza (Ortiz y García, 2014)

El fundamento teórico de la tendencia de la alta aprobación presidencial a anticipar el éxito del partido en el gobierno puede ubicarse en Downs (1973), para quien la decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el mandato, constituyendo una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno. Teóricamente, gobiernos que mejoran el bienestar de los electores deben recibir como premio su respaldo, mientras gobiernos que no lo consiguen deben ser castigados en las urnas (Díaz y Santibáñez, 2020). Si la APA constituye un predictor mayoritario de la continuidad del oficialismo se debe a que, de manera general, refleja la percepción favorable que los ciudadanos tienen sobre el desempeño del gobierno.

Predicción y predictor constituyen conceptos cercanos. La interrelación entre ambos es producto de que la identificación de predictores favorece la proyectabilidad de los fenómenos, incluso en el terreno de las ciencias sociales. Sin embargo, dichos conceptos tienen diferencias sustantivas y la aceptación con que cuentan entre los politólogos es divergente. En Mill (1917) y Popper (1973) predominó la cautela en relación con la predictibilidad de los fenómenos sociales, mientras Stephen Toulmin (1961) redujo la predicción a una aplicación o destreza técnica. Dichas posturas no impidieron el desarrollo de una tradición dentro de la filosofía de las ciencias en la que la predicción científico social es plenamente factible, aunque diferente a la que se da en las ciencias físicas. Lakatos (1976), Wesley Salmon (1981), Merrilee Salmon (2005), Mario Bunge (2000) y Nicholas Rescher (1998) esclarecieron la relación entre explicación, teoría y predicción, definieron las características de la anticipación social, identificaron las causas de que las predicciones en ciencias sociales a menudo resulten fallidas y revelaron las condiciones del éxito predictivo.

No obstante, “una gran mayoría de científicos políticos son prudentes y escépticos sobre la prognosis hacia el futuro, porque se contentan únicamente con la contemplación filosófica de sus conocimientos sin tratar de influir en políticas específicas” (Gamboa, 2010, p. 124). Desde esa perspectiva se suele omitir a la predicción como uno de los objetivos de las ciencias sociales, tal fue la postura asumida, por ejemplo, en el influyente libro de King, Keohane y Verba (2000), se sostiene que la democracia política es la institucionalización de la incertidumbre (Przeworki, 1986) o directamente se rechaza la posibilidad de anticipación en ciencia política (Panebianco, 2011; Morlino, 2014); pero, la realidad es que internamente nunca dejó de existir un debate. Sartori (2014) reconoció que siempre sostuvo que la ciencia política en particular y las ciencias sociales en general deben intentar ser disciplinas predictivas, capaces de prever. En ese sentido, la reelaboración del concepto popperiano de “control plástico” por Almond y Genco (2001) sugiere que la predicción política eventualmente transita a través dos fases: (1) el discernimiento de pautas de comportamiento y (2) la identificación de las condiciones en que dichas pautas resultan inhibidas o no actúan debido a que plasticidad significa que habrá excepciones a cualquier generalización que podamos hacer acerca de los fenómenos que nos interesen. En tanto, Landman (2014) argumentó que las razones por la cuales hacemos política comparada son cuatro: descripción, clasificación, contraste de hipótesis y predicción.

(Landman, 2014, p. 33).Argumentos como los defendidos por Sartori (2014) y Landman (2014) y la elaboración de modelos de pronóstico electoral, como los de Sigelman (1979), Lewis-Beck y Rice (1982 y 1984), Abramowitz (1988), entre otros, apuntalan la existencia entre los politólogos de un debate soterrado sobre la predictibilidad de ciertos fenómenos políticos.

En lo que han coincidido quienes en ciencia política rechazan o defienden la legitimidad de la predicción es en omitir su definición conceptual. Habría predicción, en el uso restringido del término, cuando estamos ante lo que, en términos estrictos, no es conocido. La predicción muestra el estado de una variable dentro de un periodo temporal, cuando la variable no está realmente ante nuestro control (González, 2010). En virtud de ello, denominamos predictor a la variable o las variables que con un nivel razonable de certeza permiten proyectar anticipadamente el comportamiento más probable de la variable que no controlamos sin que necesariamente constituyan su causa.

Mientras existen dudas acerca de si los cientistas políticos sostienen un debate sobre la legitimidad de la predicción de ciertos fenómenos en su campo de estudio, de manera significativa, una abundante cantidad de investigaciones politológicas dan cuenta de la importancia que dentro de la disciplina se le asigna a la identificación de predictores. Se han identificado predictores de la personalidad política de los presidentes norteamericanos (Carpenter, Jordan, Kaplan, Levin y Bergman, 1978), del liberalismo en valores políticos y personales (Brint, 1985), de la retención de las comunicaciones políticas (Price y Zaller, 1993) de las actitudes migratorias excluyentes y de la tolerancia hacia la inmigración (Green, Sarrasin, Fasel y Staerkle, 2011), de las crisis de ingobernabilidad en países latinoamericanos (Pérez-Liñán, 2012), del aumento de la violencia política en los estados (Bell, Cingranelli, Murdie y Caglayan, 2013), de la supervivencia de los ministros en los gabinetes de la Concertación de centroizquierda en Chile entre 1990 y 2010 (González-Bustamente y Olivares, 2016), de la confianza institucional (Segovia, Haye, González, Manzi y Carvacho, 2008) y del rechazo a las medidas gubernamentales de aislamiento social, preventivo y obligatorio en tiempos de pandemia (Rabbia, 2021), entre otros.

Las pautas respecto a eventuales predictores de la continuidad del oficialismo provienen de las interpretaciones que tomaron distancia de las distintas vertientes del voto ideológico o programático y defendieron que los votantes también pueden ser motivados a votar por razones no programáticas y no ideológicas, como las relaciones clientelares, los rasgos personales de un candidato y el desempeño del gobierno de turno (Mainwaring y Torcal, 2005). En ese sentido, Ferejohn (1986), Fiorina (1981) y Sánchez-Cuenca (2003) argumentaron que los electores pueden tomar en cuenta la actuación del gobierno más que las posiciones ideológicas de los partidos. Si bien el voto ideológico alcanza un peso considerable en las sociedades industrializadas, su capacidad predictiva es menor en las democracias y semidemocracias del mundo menos desarrollado como consecuencia de la débil institucionalización de los sistemas partidistas (Mainwaring y Torcal, 2005). En correspondencia, la capacidad predictiva de indicadores que responden a lógicas alternativas o no necesariamente ideológicas del voto podría ser mayor; uno de ellos es la alta o baja valoración ciudadana del desempeño presidencial. Al respecto, Echegaray (1996) reportó que en América Latina la percepción sobre el desempeño del ejecutivo constituye el mejor predictor de cuán bien le puede ir al candidato oficialista en la contienda electoral. Tomando en cuenta solo el caso costarricense Pignataro (2017) encontró que, en efecto, el estar satisfecho con el gobierno promueve un voto hacia el partido en el poder, inclusive sin contar con reelección inmediata. En tanto, Díaz (2019), al analizar la serie temporal de comicios presidenciales en siete países de la región cuyas elecciones se han celebrado en un entorno tendencialmente libre y competitivo (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica y México), documentó que, en general, la aprobación del mandatario de turno constituyó un predictor robusto del éxito o la derrota del oficialismo. Restaría corroborar la conservación del patrón de comportamiento descrito en una muestra mucho más amplia y representativa de casos. Con ese propósito. la investigación se centró en la comprobación de la capacidad de la aprobación presidencial alta como predictor del triunfo oficialista, aplazando para una investigación subsiguiente el análisis de la consistencia entre aprobación presidencial baja y derrota del partido en el gobierno.

La muestra de treinta y seis comicios presidenciales celebrados en catorce países de la región se conformó a partir de los siguientes criterios de selección:

Tomando en cuenta que existe un vacío en la literatura respecto a cuándo clasificar como alta la aprobación de un mandatario, a efectos de la investigación consideramos como alta la aprobación del ejecutivo de turno si antes del inicio de la campaña electoral y después de que los partidos contendientes seleccionaron a sus respectivos candidatos presidenciales, el número de ciudadanos que tiene una percepción aprobatoria de su desempeño es superior al número de los que desaprueban su gestión. Así, por ejemplo, un mandatario que cuenta con una aprobación de 47 % y una desaprobación de 40 % es un ejecutivo con una APA.

Los datos de la aprobación y desaprobación de los mandatarios y las fechas de los registros de las mismas fueron tomados de Encuestas Nacionales de Opinión Pública registradas en Student Innovation Fellowship [SIF], Georgia State University y en cada país considerado corresponden a la misma fuente primaria o casa encuestadora, seleccionada con base en la solidez de la ficha técnica y la longevidad de la institución.²

En la mayoría de los casos, la ficha técnica de las encuestas reunió prácticamente requisitos similares.³ El fraseo de las encuestas, aunque bastante semejante, no es homogéneo. Diferentes investigadores han comprobado que aun las más triviales diferencias en los fraseos tienen un efecto sobre la plena confiabilidad de las respuestas y en la ampliación del margen de error de la medición (Schuman y Presser, 1981).

La lectura de la medición de la aprobación de los mandatarios de turno la tomamos de una fecha anterior al inicio de las campañas presidenciales, siempre que el titular del ejecutivo no fuera a su vez el candidato presidencial oficialista en correspondencia con la metodología de Lewis Beck y Rice (1982), quienes recomendaron tomar la lectura de la aprobación en un periodo de relativa calma política, que es aquel cuando ya fueron designados los candidatos presidenciales de todos los partidos, pero aún no han comenzado las campañas electorales.

En cambio, cuando el candidato oficialista fue el propio presidente de turno, implicando un involucramiento directo en la campaña electoral por parte del ejecutivo, la metodología empleada fue la sugerida por Sigelman (1979), para quien el registro de aprobación del mandatario de turno que contiende por su reelección sucesiva debe tomarse preferentemente en los días finales de la campaña electoral.

Los treinta y seis comicios presidenciales precedidos por una APA que conforman la muestra, fueron celebrados con posterioridad al inicio de la transición democrática en la región enmarcada en la tercera ola. Por lo tanto, corresponden a los siguientes catorce países latinoamericanos cuyas elecciones se celebran en un entorno tendencialmente competitivo y transparente: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana. En ese sentido, con el propósito de conformar una muestra razonablemente homogénea, garantía de prevenir eventuales distorsiones, descartamos países donde el problema fundamental de la transición democrática es la supervivencia del autoritarismo y su carácter determinante como, por ejemplo, Honduras (Romero, R., y CLACSO, L. D. C. S., 2014).

Del mismo modo, no se integraron a la muestra países donde los mandatarios se reeligieron o intentaron hacerlo indefinidamente de derecho o de facto (Bolivia, Venezuela y Nicaragua), factor que compromete la competitividad y equidad de los comicios (Serrafero, 2016). A su vez, tampoco fueron estimados los resultados de las elecciones que significaron el retorno a la democracia desde un régimen autoritario (Chile 1989, Argentina 1983, Brasil 1985, Uruguay 1985, República Dominicana 1978, Perú 1980, Guatemala 1985, El Salvador 1994, Ecuador 1978, Panamá 1989 y Paraguay 1993) o el tránsito a la alternancia desde un régimen hegemónico (México 2000). En esas circunstancias, los datos sobre la popularidad de los mandatarios oficialistas no pueden considerarse razonablemente fiables. En esas condiciones es necesaria una distinción crucial entre opinión en y del público (Sartori, 1992).

En el caso de Colombia y Costa Rica, el punto de partida fueron las elecciones presidenciales en las que en esas naciones comenzó a registrarse la aprobación de los mandatarios.

En los procesos electorales celebrados en dos vueltas, los resultados de la primera etapa no fueron considerados, salvo cuando el oficialismo resultó eliminado en esa instancia.

Por último, no tomamos en cuenta los comicios precedidos por interrupciones del mandato constitucional (impeachment o renuncias). En esos casos se incumplió el plazo constitucionalmente establecido y en favor de la homogeneidad optamos por considerar que no debían coincidir en la muestra gobernantes con mandatos concluidos con ejecutivos con mandatos inconclusos. La decisión afectó a un total de cinco mandatarios que no fueron considerados: Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff (segundo mandato), Fernando Lugo, Fernando de la Rúa y Pedro Pablo Kuczynski.

H1: En los comicios presidenciales competitivos celebrados en los países latinoamericanos, una alta aprobación del ejecutivo de turno ha tendido a ser seguida de forma mayoritaria y contundente por el éxito del oficialismo en las urnas.

El procedimiento seguido fue esclarecer la magnitud en que, en los comicios presidenciales competitivos celebrados en los países considerados en la muestra, la participación del oficialismo concluyó en éxito para esa fuerza política, siempre que resultó antecedida por un presidente de turno, cuyos márgenes de aprobación eran superiores a los de desaprobación ciudadana.

El ejercicio arrojó que el oficialismo fue vencedor en veintiséis de los treinta y seis casos en que su participación en comicios presidenciales competitivos fue antecedida por una APA. En diez casos no pudo conservar el poder: Chile 2009/2010, Argentina 2015, Costa Rica 1990 y 1994, Guatemala 1999 y 2011, Panamá 2009 y 2014, México 2012 y República Dominicana 2020.

La tasa de asociación general resultante del contraste entre la APA y los resultados del oficialismo en los comicios presidenciales es de 72.22 %. Destaca que, en cuatro países, Uruguay, Brasil, Ecuador y El Salvador, la tasa es de 100 %, mientras en otros cuatro, Chile, Costa Rica, Argentina y República Dominicana, la asociación entre APA y éxito oficialista manifiesta también una tendencia mayoritaria. Paraguay y Perú no reportan casos de mandatarios con APA. En tanto, Guatemala y Panamá son los únicos países que exhiben tasas de asociación negativas, acumulando ambos el 40 % del total de casos inconsistentes.⁴

En general, la APA tiende a anticipar el éxito del partido o coalición de gobierno en América Latina, aunque no lo hace de manera necesariamente contundente. Por otra parte, en ninguno de los diez casos en que el oficialismo resultó derrotado, pese a contar con un presidente bien evaluado, se trató de comicios de reelección sucesiva del mandatario de turno. El resultado apunta a corroborar las ventajas que este tipo específico de contienda electoral representa para el propósito del partido o coalición gubernamental de conservar el poder.

A continuación, presentamos los cuadros que contienen los resultados arrojados en la comprobación en cada uno de los catorce países considerados en la muestra. Los cuadros recogen los datos referentes al nombre del mandatario de turno y del partido o coalición gobernante, el periodo abarcado por el mandato, la fecha de celebración de los comicios presidenciales, el registro de aprobación y desaprobación del mandatario y la fecha de su publicación, el resultado electoral obtenido por oficialismo en términos de victoria o derrota y el tipo de asociación que se produce entre el mismo y la aprobación del ejecutivo.

Los politólogos latinoamericanos solemos resistirnos a aceptar que la alta aprobación del gobernante de turno puede constituir un predictor razonablemente fiable de la continuidad en el poder del oficialismo o que la percepción ciudadana de la actuación del gobierno es una lógica de votación alternativa con significación relevante en la región. Los diez casos de inconsistencia reportados en esta investigación, diseminados entre siete países, podrían constituir la razón en la que hasta ahora descansa dicha postura. Sin embargo, la comprobación empírica más amplia y puntual apuntaría a que dicho enfoque carece de fundamento. La aprobación presidencial importa en la decisión electoral. El votante latinoamericano es propenso a premiar al partido o coalición de gobierno si la percepción que tienen sobre su desempeño es satisfactoria.

El hallazgo de que la APA tiende a anticipar la continuidad del partido en el gobierno en América Latina en siete de cada diez casos, evidenciando una consistencia superior como predictor con respecto a las variables económicas claves tomadas de forma individual o de conjunto, revela la presencia de una posible pauta del comportamiento electoral. No obstante, la relativa falta de contundencia de la tendencia representa un problema para efectos de su aplicabilidad. Ante un eventual ejercicio en tiempo real con un caso específico, la proyectabilidad que brinda el hallazgo resultaría a todas luces insuficiente. Las pistas que proporciona la APA podrán contribuir de un modo más efectivo a la disminución de la incertidumbre con respecto al desenlace electoral, una vez resueltos otros dos enigmas investigativos asociados con el hallazgo: (1) ¿La consistencia de la aprobación presidencial baja como predictor de la derrota del oficialismo es mucho mayor que la arrojada por la APA? (2) ¿Por qué razón si en la mayoría de los casos la APA anuncia la continuidad del oficialismo, en otros no lo hace? La reevaluación de la función voto de la aprobación presidencial alta en la región, así como de su posible contribución a la disminución de la incertidumbre respecto al desenlace electoral, depende de que por intermedio del análisis comparado podamos ofrecer una respuesta cabal a ambas preguntas.

Finalmente, la autonomía moderada evidenciada por la APA con respecto al comportamiento en general de la tasa de crecimiento del PIB tiende a que se mantenga vigente el debate existente, respecto a quién corresponde la supremacía entre predictores económicos y políticos de la continuidad del oficialismo.