La Amazonía se ha constituido como uno de los principales ejes de interlocución política nacional, latinoamericana y global, no solo por su importancia ecológica, social y cultural, sino porque contiene reservas estratégicas sujetas a los intereses nacionales y transnacionales de intensificar las actividades de extracción, apropiación económica y consumo de sus recursos naturales bajo la lógica del proceso de reproducción del orden sociometabólico del sistema del capital. En Brasil, este bioma fundamental para la manutención de la vida en el planeta, extendido por ocho países sudamericanos, se constituyó como un tema transversal en los discursos proferidos durante las campañas presidenciales del 16 de agosto de 2022. En ese sentido, la región Amazónica se constituyó como un enclave geopolítico que delimitó partes elementales de los discursos, las entrevistas y los debates públicos entre las diferentes candidaturas presidenciales, especialmente, de Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes representan proyectos particulares de poder político y económico.

A su vez, la Amazonía se tornó un eje gravitatorio para la discusión de asuntos críticos, como los impactos de la pandemia del covid-19, el aumento de las emergencias sociales, la corrupción gubernamental, la comunicación política basada en noticias falsas y el empeoramiento de la crisis humanitaria y ecológica derivados del afianzamiento de las actividades extractivas, legales e ilegales, en diferentes biomas del país durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022). Así, durante el ciclo electoral se estableció un escenario común de discusiones concretas entre las cuatro principales candidaturas presidenciales: Ciro Gomes, Bolsonaro, Lula y Simone Tebet. De esta forma, la dimensión ambiental no solo ganó mayor relevancia dentro del proceso político interno, sino que situó la disputa electoral en el marco de las decisiones en torno a la crisis ecológica global por la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación.

Desde el punto de vista del sistema de relaciones multilaterales centralizadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el bioma amazónico representa una pieza clave de tratados, acuerdos y convenciones ambientales globales, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (1994), el Acuerdo de París (2015) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (2021), en los cuales se han formulado instrumentos de política pública para estructurar modelos de gobernanza ambiental, con especial énfasis en los sistemas políticos de América Latina y el Caribe, así como en otras regiones del sur global. Estas prerrogativas, enmarcadas en normas internacionales, se refieren a la implementación de mecanismos institucionales para la cooperación internacional y la coordinación de estrategias para la ejecución de acciones que abarcan los objetivos de restauración, protección y conservación de los ecosistemas, hasta la consolidación de las garantías constitucionales para la efectiva realización de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que coexisten en distintos territorios. Pese a esta intencionalidad, numerosos ecosistemas que conforman biomas como el de la Amazonía siguen subordinados al devenir de la racionalidad económica, la cual profundiza la capitalización de la vida y la neoliberalización de la naturaleza (Leff, 1998, 2006).

Ante este panorama, el repaso de los sucesivos discursos sobre laAmazonía en la coyuntura política electoral de Brasil revela algunas particularidades de la racionalidad económica mediada por el sistema del capital que los permea y que, al mismo tiempo, subyace en la tensa correlación de fuerzas entre el gobierno de turno, la oposición política, los sectores privados y los movimientos sociales que, en cierta medida, han logrado visibilizar los conflictos socioambientales en aquellos territorios impactados por políticas y dinámicas extractivistas. Sin embargo, esta racionalidad económica moldeada por el sistema del capital y circunscrita a las leyes del mercado no solo revela una deuda de la razón fundada en un orden sociometabólico específico que ha producido una deuda ecológica inconmensurable y una deuda financiera impagable, ampliando las desigualdades del hiperconsumo del norte global y la sobreexplotación ecológica del sur global (Leff, 1998).

Precisamente, en el ciclo electoral de 2022, la cuestión ambiental, étnico-racial y agraria en torno al bioma amazónico se configuró como un tema específico del debate público, especialmente en la evaluación del cuatrienio de Bolsonaro. Esto ocurrió concretamente tras la implementación de políticas de gobierno respaldadas por la mayoría parlamentaria del Congreso Nacional, que desmantelaron políticas públicas para flexibilizar las normas de fiscalización ambiental sobre las actividades agropecuarias, minero-energéticas y madereras. Al compás de esta coyuntura, el extractivismo legal e ilegal recrudeció ciertos fenómenos como la deforestación, la acaparación ilegal de tierras y la contaminación, además de las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en el Amazonas.

A partir de estos elementos introductorios, el presente artículo dereflexión se apoya en una metodología de análisis cualitativo de corte exploratorio sustentada en fuentes secundarias, para examinar, desde la perspectiva teórica de Mèszáros, los discursos proferidos por los candidatos Jair Bolsonaro y Lula da Silva, en los que posicionan a la Amazonía Legal de Brasil como parte constitutiva del desarrollo de sus proyectos de poder y ejercicio gubernamental. De esta forma, el texto se estructura en tres momentos representativos: el mandato de Bolsonaro, la campaña presidencial de 2022 y la transición hacia el tercer gobierno de Lula.

Con este propósito, se adopta la perspectiva crítica de Mèszáros (2002, 2011, 2015), desde la cual se asume que el sistema del capital debe comprenderse como un modo específico de control del orden sociometabólico que opera de manera hegemónica y dominante a través del círculo vicioso del segundo orden de mediaciones del capital. Marx (2013), en su crítica de la economía política del capital, plantea que el proceso del trabajo debe entenderse como un proceso transformador entre los seres humanos y la naturaleza; por ende, en este reside un sistema de mediación, regulación y control del metabolismo social con la naturaleza. Esta mediación incide en la formación de una sociedad alienada de sus medios de producción y de sí misma, así como refuerza el proceso de reificación, es decir, la objetivación y la cosificación de las relaciones sociales que subordinan la fuerza de trabajo y el proceso productivo a la materialización de las mercancías en el sistema del capital (Valencia Orrego 2023).

En este artículo, por tanto, se comprenden los discursos políticos electorales sobre la Amazonía Legal de Brasil como fuentes reveladoras de las tensiones entre el orden sociometabólico —indisociable del capital, el trabajo y el Estado— y los esfuerzos por reorganizar el proceso de reproducción material de la humanidad, basado en el bien común y la satisfacción de las necesidades sociales y naturales desde el espectro de la mediación primaria. En últimas, son las mediaciones de segundo orden del capital las que dominan los proyectos de poder contemporáneos, la toma de decisiones públicas y la misma formación del Estado. Según Mèszáros (2002), el Estado es una parte integral, aunque sujeta a las determinaciones del círculo vicioso que radica en las estructuras de reproducción material del capital. Por tanto, argumenta Mèszáros (2011, 2015), no se puede disociar el papel del Estado como forma de organización política de la sociedad de la crisis estructural del sistema del capital que, en el tiempo presente, pone en riesgo la vida de la humanidad y de la biodiversidad del planeta.

La Amazonía es un bioma fundamental que alberga una biodiversidad inconmensurable, ecosistemas complejos, pueblos originarios y vastas reservas de agua que comparten ocho países sudamericanos. Con toda su complejidad ambiental, el sistema del capital objetivó esta región como un enclave estratégico y necesario para la reproducción del orden sociometabólico anclado en la apropiación económica de los recursos naturales yacentes en los ecosistemas amazónicos. En Brasil, este bioma se delimita geográficamente mediante el concepto de Amazonía Legal —en términos político-administrativos— puesto que abarca casi el 60 % del territorio brasileño, distribuido en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Maranhão. Además, en esta región de 5.000.000 km2 coexisten cerca de 28.000.000 de personas, especialmente más de 600.000 indígenas agrupados en 198 etnias y 49 familias lingüísticas habitantes de este bioma desde hace más de10.000 años (Nobre et al., 2023).

El eslogan de campaña “Brasil por encima de todos, Dios por encima de todos” y el emblemático del himno nacional, “Patria Amada Brasil”, delimitaron el sentido nacionalista y religioso de las acciones políticas de su gobierno entre 2018 y 2022 que, a su vez, apuntalaron la defensa institucional de los intereses privados en el marco del sistema del capital en su fase neoliberal. Los hechos políticos que precedieronel devenir histórico de este cuatrienio remiten, en parte, al proceso de destitución de 2016 contra la entonces presidenta reelecta Dilma Rousseff. Este juicio político en la Cámara de Diputados y el Senado no solo determinó la destitución de Rousseff y la asunción de su fórmula vicepresidencial, Michel Temer, a la cabeza del Poder Ejecutivo, sino que también impulsó la reverberación de pautas nacionalistas, militaristas y religiosas que formaron los pilares discursivos de la oposición política al Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Así, lo que siguió a este golpe institucional fue un ciclo electoral permeado por discursos y estrategias electorales orientadas a la formación de un Estado autoritario sustentado en un orden social conservador representado por la figura del Capitán Bolsonaro. En este contexto, sumado a una hábil estrategia de comunicación política a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, la candidatura presidencial de Bolsonaro, con el aval del Partido Social Liberal (PSL), apuntó hacia la resignificación de la dictadura empresarial-militar (1964-1985), la deslegitimación del proceso de redemocratización que sentó las bases de la Constitución de 1988, el rechazo a casos de corrupción como la Operação Lava Jato (2014) y la sublimación de la recesión económica de 2015. Como resultado, Bolsonaro se abrió paso hasta la segunda vuelta presidencial de 2018 y venció con más de 57.000.000 de votos frente al candidato del PT, Fernando Haddad, quien obtuvo cerca de 47.000.000, de acuerdo con los datos abiertos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Durante la transición gubernamental, el presidente electo Bolsonaro estimuló la participación política de los militares activos y de la reserva a través de su nombramiento en diversos cargos de los órganos e instituciones del poder público, principalmente en su gabinete ministerial (Redação Jota, 2022). Asimismo, promovió el nombramiento de líderes religiosos de la iglesia evangélica y aliados empresariales en carteras estratégicas vinculadas con el sector ambiental, agrario y de derechos humanos. En ese orden, su equipo de gobierno se caracterizó por la participación dominante de hombres blancos en la toma de decisiones públicas en el Ejecutivo. No obstante, fue congruente con su discurso de campaña de rasgos heteronormativos, patriarcales y colonialistas, así como de prejuicios discriminatorios por raza, género y clase, especialmente contra los pueblos indígenas y comunidades tradicionales negras y quilombolas habitantes de territorios estrechamente ligados con el bioma amazónico,1 lo cual se puede corroborar en los subsecuentes discursos como presidente en ejercicio.

En su primer discurso ante el Congreso Nacional, Bolsonaro delimitó el territorio que compone este bioma como un núcleo estratégico para materializar las reformas institucionales necesarias para lograr la unidad nacional, basándose en la subordinación de las actividades productivas de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales a los intereses económicos establecidos en los planes de desarrollo local propuestos por el sector privado empresarial e industrial del país:

Este objetivo, que expuso la racionalidad económica de su gobierno en relación con la apropiación económica de la naturaleza, sentó un pilar representativo para la formación de una coalición mayoritaria en la casa del Poder Legislativo. Por un lado, esta coalición era favorable a las reformas del gobierno entrante y, por otro, proclive al fomento del extractivismo y la mercantilización de los bienes naturales de la Amazonía Legal y otros biomas del país. Esto fijó una posición política en contravía de los acuerdos de cooperación internacional previamente firmados en el marco de las convenciones globales de la ONU y con bloques regionales como la Unión Europea (UE) en torno a la sostenibilidad ambiental y la protección de ecosistemas de importancia global.

Bolsonaro se pronunció sobre este aspecto en el mismo discurso de posesión ante el Congreso:

Necesitamos crear un círculo virtuoso para la economía que aporte la confianza necesaria para abrir nuestros mercados al comercio internacional, estimulando la competencia, la productividad y la eficacia, sin sesgos ideológicos. En este proceso de recuperación del crecimiento, el sector agrícola seguirá desempeñando un papel decisivo, en perfecta armonía con la preservación del medio ambiente. (UOL, 2019) (traducción propia)

En su discurso en la Praça dos Três Poderes de Brasília, ante la opinión pública, no señaló directamente su intencionalidad de acelerar las actividades extractivistas en los biomas del país, como sí lo expuso en el escenario parlamentario; sino que indicó los principales nichos productivos para su gobierno: el sector minero y agropecuario: “Tenemos abundantes recursos minerales, tierras fértiles bendecidas por Dios y un pueblo maravilloso. Tenemos una gran nación que reconstruir y lo haremos juntos” (MRE, 2019) (traducción propia).

El estudio y análisis crítico que proponemos sobre cómo la Amazonía se convierte en un espacio de disputa política se basa en la perspectiva crítica de István Mèszáros (2002). Esta perspectiva interpreta que la intencionalidad gubernamental se ajusta a la dinámica contemporánea de reproducción del orden sociometabólico del sistema capitalista. Es decir, en esta dinámica operan las mediaciones de segundo orden que impulsan la intensificación de proyectos extractivistas, potenciando los efectos de la reificación en la consciencia humana. Estos efectos inciden sobre la reproducción social y sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, el trabajo humano y el Estado. Por lo tanto, se impone la objetivación de las relaciones sociales, especialmente sobre las comunidades tradicionales, y se naturaliza la cosificación de los “recursos naturales” como mercancías para garantizar el flujo de materiales y energías del ciclo del metabolismo social, caracterizado por los procesos de apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción (Toledo, 2008).

Las mediaciones de segundo orden del capital constituyen un círculo vicioso del cual aparentemente no hay escapatoria. Pues ellas se interponen, como ‘mediaciones’, en último análisis como destructivas de las ‘mediaciones primarias’, entre los seres humanos y las condiciones vitales para su reproducción, la naturaleza. (Mèszáros, 2002, p. 179) (traducción propia)

Sobre esta óptica, las acciones políticas de los gobernantes desde elEstado profundizan la disociación y el extrañamiento de las relaciones entre la naturaleza y la humanidad, es decir, la ruptura del metabolismo social —ruptura metabólica— derivada de la explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo humana, fundamentada en la racionalidad económica destructiva que subyace en el proceso de trabajo y en el modo de producción del sistema de capital, pero en detrimento de los límites ecológicos del planeta (Marx, 2013; Leff, 1998, 2006). De acuerdo con la perspectiva crítica de Mèszáros (2002), esta mediación está sujeta precisamente a la lógica de la reproducción del círculo vicioso del segundo orden de mediaciones del capital.

En vista de este círculo vicioso del sistema capitalista, se destaca que el afianzamiento de la apropiación económica de la naturaleza, a través de las políticas extractivistas y la mercantilización de los biomas, está permeado concretamente por esta lógica de las mediaciones de segundo orden y por su preponderancia

Las mediaciones de segundo orden no solo inciden en la explotación de la fuerza de trabajo humano y la naturaleza, sino también en la formación del Estado y la toma de decisiones públicas gubernamentales. En este sentido, cabe señalar que lo que resulta representativo en los gobiernos autodenominados progresistas, en contraste con aquellos que se basan en la defensa inflexible del capitalismo como forma de funcionamiento de la vida en sociedad, consiste en la capacidad de los primeros para resaltar los límites sociales, ecológicos y humanos del capital para la sobrevivencia de la humanidad (no siendo una generalidad ni una posibilidad concreta). Por su parte, la reciente asunción de gobiernos tipificados como de extrema derecha permite identificar una tendencia a desestimar la posibilidad de transitar hacia un paradigma alternativo de la producción anclado en mediaciones primarias atravesadas por principios éticos, ecológicos y democráticos (Mèszáros, 2002, 2011; Leff, 2006).

En el horizonte de dicha racionalidad económica, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron la flexibilización de la legislación ambiental orientada al control, monitoreo y fiscalización de las actividades económicas de los sectores agroindustriales, mineros y madereros. De tal forma, otorgaron un sustento legal, aunque irregular, para la intensificación de la ampliación de la frontera agrícola de la agroindustria, la deforestación y la extracción de minerales. En la práctica, en el círculo virtuoso de la economía bajo el gobierno de Bolsonaro se privilegió el extractivismo y la cosificación de los bienes naturales en forma de mercancía, en detrimento de las condiciones materiales y naturales necesarias para la reproducción de la vida social y política de numerosos pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Como resultado, el Estado aparentemente mínimo y desprovisto de sesgos ideológicos promovido por su gobierno operacionalizó el aparato institucional para fortalecer la agroindustria y el agronegocio administrados por grandes propietarios de tierras, la eliminación de multas ambientales y la liberación del uso de agrotóxicos prohibidos en los países de fabricación (Rede Brasil Atual, 2022).

Esto expone una de las incidencias concretas del Estado para garantizar el proceso de trabajo en el modo de producción del capital. Frente a ello, Davi Kopenawa, xamã del pueblo yanomami, señala el carácter nocivo de esta cosificación que el Estado y las prácticas gubernamentales reproducen en las tierras indígenas,

En efecto, en 2019 se discutió públicamente el aumento de la deforestación en la Amazonía, dadas las advertencias técnicas del entonces director de la Agencia Nacional de Estudios Espaciales (Inpe), Ricardo Galvão. Los datos compilados mediante los estudios satelitales de esta entidad confirmaron que este fenómeno había aumentado en un 68 % en julio de ese mismo año en comparación con el mismo mes de 2018 (Spring, 2019). Como respuesta a estos estudios, el gobierno de Bolsonaro solicitó el despido inmediato de Galvão, argumentando que los datos sobre deforestación eran “mentirosos”; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció posteriormente el aumento de la deforestación (Exame, 2019). Esto, a su vez, fue confirmado por el Informe Anual de Deforestación producido en Brasil por MapBiomas (2020) para la vigencia de 2019, el cual mostró que 1.218.708 hectáreas (12.187 km²) de vegetación nativa habían sido deforestadas en todo el territorio nacional, especialmente en los biomas de la Amazonía y el Cerrado, donde se identificó el 96,7 % de las áreas más afectadas, seguido del Pantanal, la Mata Atlântica, la Caatinga y la Pampa.

Ante este panorama, el gobierno de Bolsonaro defendió las actividades de explotación de la tierra y el extractivismo en los biomas como una estrategia para la “recuperación” del país y la superación de la crisis económica “heredada” de los gobiernos del PT. En este sentido, su gabinete consolidó la alianza tripartita entre los intereses del agronegocio, los sectores evangélicos y los armamentistas —la bancada parlamentaria de Boi, Bala y Biblia— en el Congreso. Al mismo tiempo, potenció su estrategia de comunicación política para promover los valores conservadores bíblicos y la urgencia de ampliar el porte de armas entre la sociedad civil bajo el pretexto de la seguridad ciudadana y la defensa de la propiedad privada, especialmente, la propiedad rural. Esto se logró con la mediación de más de 6000 militares nombrados en cargos del Poder Ejecutivo (Redação Jota, 2022), quienes brindaron seguridad jurídica y militar a las actividades extractivas de los sectores capitalistas en el país, promovieron la inversión extranjera y la expansión comercial de los mercados agrícolas hacia nuevos nichos productivos globales.

Precisamente, la conjugación entre el capital, el trabajo y el Estado, desde la reflexión crítica de Mèszáros, devela ciertos principios orientadores que se han adoptado para regular y controlar el metabolismo social para la reproducción del capital, sobre todo cuando se trata de la determinación en los discursos como condicionante y determinante de la ideología, así como de los efectos que se producen y que se relacionan con el conflicto socioambiental, revelando los intereses que se disputan de forma antagónica en el escenario del bioma en cuestión. Según Mèszáros (2015), los principios que rigen el control sociometabólico pueden mantener o anular el proceso de reproducción general necesario para la sobrevivencia de la humanidad, puesto que estos principios, sean adecuados o no, inciden sobre las fuerzas productivas de la sociedad y sus avances en términos productivos y científicos. En este ámbito, el Estado, en representación de los gobiernos, realiza el ejercicio de poder de subordinación de la naturaleza a los intereses del capital, y este proceso social es de suma relevancia, dado que a través de esta forma de organización política se conjugan el proceso de trabajo, las acciones productivas materiales y la toma de decisiones públicas gubernamentales.

Así, el funcionamiento saludable de la sociedad depende, por un lado, de la naturaleza de las acciones productivas materiales, de acuerdo con las condiciones históricas específicas que definen y moldean su caráctery, por otro, de la modalidad del proceso general de toma de decisiones políticas que complementa el proceso sociometabólico, tal como se activa en la multiplicidad de unidades reproductivas materiales particulares, ayudándolas a cohesionarse en un todo sustentable. (Mèszáros, 2015, p. 93) (traducción propia)

En este sentido, uno de los aspectos más llamativos de la mencionada ‘recuperación’ consistió en reafirmar al mercado como ente regulador de la “armonía” entre la naturaleza y la aceleración del crecimiento económico sujeto al orden sociometabólico del capital. Esto resultó contraproducente para su gobierno en términos de expansión internacional del comercio, ya que incidió en la fragilización de las relaciones diplomáticas con el bloque regional de la UE, debido a los compromisos adquiridos por el país en materia de protección ambiental y al deterioro de la sanidad pública por los impactos mortales de la pandemia, principalmente en el Amazonas (Hur et al., 2021; Fonseca et al., 2021).

Durante la reunión del Grupo de los 20 (G20) en Japón en 2019, la entonces primera ministra de Alemania, Angela Merkel, problematizó el aumento de los índices de deforestación de la Amazonía. Ante ello, Bolsonaro apeló al proteccionismo nacionalista de los recursos naturales y señaló que “Alemania tendría mucho que aprender con Brasil sobre medio ambiente” (G1, 2019). Esta postura diplomática causó el congelamiento de la cooperación económica de Alemania y Noruega para la ejecución de proyectos sociales y ambientales a través del Fondo Amazonía, así como el debilitamiento financiero de los principales órganos de control ambiental, como el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (Figueiredo, 2022). De esta forma, el gobierno eliminó parcialmente la condición de entregar datos transparentes para facilitar el rastreo de los indicadores de gestión ambiental en este bioma y logró inviabilizar el monitoreo internacional sobre la Amazonía a favor del extractivismo, en detrimento de las necesidades sociales y naturales de las comunidades locales.

En esta fase de la práctica discursiva y en la acción pública, se puede identificar una tendencia a la negación tanto de la causalidad como de la teleología en la relación de los seres humanos con la naturaleza, así como los límites intrínsecos del capital (Mèszáros, 2002, 2011, 2015). Así, se sentó el interés estatal para garantizar la producción de riqueza y la acumulación concentrada de capital en consonancia con la implementación de estrategias políticas para la diseminación de discursosmilitaristas, negacionistas y anticientíficos desde el ejercicio del poder político del Estado respecto a los conflictos ecológicos, el cambio climático o la salud pública (Hur et al., 2021; Fonseca et al., 2021), incluso en contravía de los intereses primigenios de su base electoral, que demandaron el mejoramiento de la calidad de vida. Con estos elementos, es posible comprender que lo que se disputó en el mandato de Bolsonaro y en el tránsito hacia el proceso electoral por su reelección fue un proyecto nacional subordinado al sistema del capital, a los intereses de clase y a la amenaza del uso de la fuerza a través de los sectores militares instalados en cargos de función pública. Paralelamente, la articulación de las bancadas parlamentarias aliadas a su gobierno con los intereses de empresarios extractivistas constituyó ese círculo virtuoso del proyecto nacional “Patria Amada, Brasil”.

La observación de la coyuntura nacional a finales del cuatrienio del gobierno de Bolsonaro, previa al inicio de la campaña electoral de 2022, dejó en evidencia no solo la falta de respaldo de una parte de la comunidad internacional, como fue el caso de la UE, sino también la permisividad del gobierno de turno sobre los usos públicos y de terceros del territorio de la Amazonía Legal. Este conflicto alcanzó mayor repercusión mediática luego de que la atención de la opinión pública, la comunidad científica y los medios de comunicación se focalizó en los conflictos socioambientales acrecentados por la grave crisis humanitaria en Manaus durante la pandemia y el aumento de los incendios forestales que afectaron algunas áreas de los biomas de la Amazonía y el Pantanal durante 2020 (BNDES, 2023). Además, el congelamiento de recursos internacionales y la reducción del gasto público para este sector agravaron la capacidad de los órganos ambientales para atender las contingencias sociales propias de la pandemia, la deforestación ilegal y la ocurrencia de incendios en la temporada de sequías.

Aún así, el gobierno nacional afianzó sus planes de explotación de la Amazonía, sumando la supuesta anuencia de los pueblos indígenas en el marco de un esfuerzo gubernamental de corte civilizatorio para dinamizar la producción de riqueza en la región.

Sobre este mismo prisma, Bolsonaro contrapone la “civilización”, enrepresentación de la “familia tradicional”, a la barbarie, representada en lo que él llama “indios”, utilizando la “libertad humana” en cuanto derecho de propiedad privada de terceros para la tenencia de la tierra. Esto sugiere la posibilidad de legitimar la expropiación de los territorios de las comunidades indígenas bajo el presupuesto que lo justificaría: los “indios” “quieren utilizar cada vez más sus tierras para la agricultura y otras actividades”. Al respecto, el líder Kopenawa expone la contradicción de tal proyecto civilizatorio.

Desde este ángulo discursivo, es posible notar que la lectura gubernamental de Bolsonaro sobre la región amazónica se sustentó en la desfiguración de la complejidad social y ambiental de este territorio y, al mismo tiempo, en la reconfiguración del mismo como una moneda de cambio y, por tanto, sujeto a la mercantilización de la naturaleza in situ. Igualmente, en esta fase discursiva de su tercer año de mandato se pueden identificar de manera más concreta los pilares colonialistas que condujeron su acción política, toda vez que objetivó esta región como un territorio a ser colonizado por una sociedad civilizada, capaz de explotar sus riquezas y de subordinar a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales a los intereses del proyecto de poder. Por consiguiente, es posible anotar la deformación externa del orden social de la vida comunitaria de las poblaciones que allí habitan, con la que se deslegitima su propia existencia, dada la incompatibilidad con el proceso de trabajo en el modo de producción del capital; en otras palabras, la aparente incapacidad y falta de interés de las comunidades locales para lucrarse mediante la explotación intensiva de la tierra en el corto plazo, pese a la posibilidad de los impactos ecológicos negativos en el mediano y largo plazo.

En este sentido, es posible establecer los argumentos de la hipótesis que sostenemos con este análisis y en relación con el problema expuesto, ya que se puede notar la contradicción concreta que existe entre las mediaciones de segundo orden del capital y lo que se entiende por mediaciones primarias, pues son estas las que se sustentan en las relaciones comunitarias con la naturaleza para la satisfacción de las necesidades sociales vitales. De acuerdo con Kopenawa (2019), los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales viven a partir de la apropiación colectiva e histórica de la naturaleza en sus territorios, colocando en el plano de lo concreto cómo esta forma de vida y aprovechamiento de los recursos está en oposición con la apropiación económica de la naturaleza, que conduce a la privatización y mercantilización del territorio amazónico con fines de acumulación de capital, los cuales caracterizan materialmente la reproducción de las mediaciones de segundo orden del capital.

Este orden sociometabólico, mediado por la racionalidad económica del capital, se contrapone, desplaza y destruye la mediación primaria que remite a la dialéctica humanidad-naturaleza, necesaria para la reproducción social de la vida. Frente a esta sinrazón, Leff (1998, 2006) propone la construcción de una nueva racionalidad productiva, fundada en principios éticos, políticos y ecológicos, para crear de manera democrática nuevos sentidos civilizatorios que orienten, a partir de una racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza y la reinvención de nuestras formas de habitar el mundo. Al respecto, Mèszáros resalta que esta posibilidad histórica para ir más allá del capital supone desafíos.

En el sistema del capital prevalece la estructura de la reificación en la conciencia de los seres humanos, principalmente de la clase trabajadora (Valencia Orrego 2023). De acuerdo con Marx (2013) y Lukács (1974), el fenómeno de la reificación consiste en la objetivación y cosificación de las relaciones sociales, lo cual debe comprenderse como un proceso histórico que sustenta las bases de la reproducción del capital y el carácter fetichista de las mercancías. En consecuencia, la reificación no solamente forma subjetividades que alimentan las ideologías burguesas en el capitalismo contemporáneo, sino que también refuerza el carácter heterogéneo de alienación del modo de producción del capital, donde hasta los seres humanos son cosificados como mercancía en el marco de las relaciones en torno al trabajo en la sociedad capitalista (Valencia Orrego 2023).

En efecto, como lo expresa la imagen anterior, la inocultable degradación ambiental de los ecosistemas y la agudización de las desigualdades sociales, como expresión material de la crisis estructural del capital durante el mandato de Bolsonaro, visibilizaron las tensiones y contradicciones que marcaron la configuración temática de la campaña electoral de 2022. En esta instancia, el Informe Anual de Deforestación de MapBiomas (2023) concluyó que este fenómeno creció un 22,3 % en 2022 y que el 90 % de la superficie deforestada se concentró en los biomas de la Amazonia y el Cerrado. Así, en este cuatrienio se reportaron 6.6 millones de hectáreas afectadas (lo equivalente a una vez y media al área del Estado de Río de Janeiro), y el 66 % se concentró en territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades tradicionales de Pará (PA), Amazonas (AM), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT) y Bahía (BA) (MapBiomas, 2023).

En este ámbito, también se discutió el aumento de la violencia en la Amazonía a partir de dos casos emblemáticos e interrelacionados. El primero trató del asesinato del indigenista y servidor público Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips de The Guardian en la región conocida como el Vale de Javari, la segunda mayor tierra indígena (TI) de Brasil, después de la tierra yanomami, mientras investigaban los conflictos en la zona. El segundo obedeció a las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, que debían ser salvaguardados por la Fundación de los Pueblos Indígenas (Funai). Estos casos evidenciaron las consecuencias del debilitamiento de la gestión institucional de otros órganos públicos de fiscalización ambiental y control de actividades críticas, como el garimpo3 y la grilagem4 de tierras, como son el Ministerio de Ambiente o el mismo Ibama.Con relación a esta discusión, el gobierno reiteró su defensa de la flexibilización de las actividades agropecuarias y extractivas en las TI demarcadas, a pesar de las normas ambientales que lo prohíben. Esto se configuró como parte de la plataforma de oposición política a la existencia constitucional de las TI ya demarcadas y en proceso de demarcación, bajo el argumento de inviabilizar el agronegocio en Brasil (UOL, 2022). En un discurso que antecedió a su participación en la Cumbre del G-20 en Arabia Saudita en 2020, Bolsonaro se refirió a las TI.

En esta misma línea, el presidente de la Funai de la época, Marcelo Xavier, niveló la situación de los grupos de garimpeiros ilegales con la de los yanomami. En esta declaración, Xavier afirmó que los garimpeiros y el pueblo yanomami eran ‘víctimas’, y agregó que el garimpo ocurría con la anuencia de las comunidades locales (Jovem Pan News, 2022). Al tanto, la promoción de la regulación institucional de las actividades extractivas y agropecuarias en las TI se valió no solo de la desfiguración cultural, sino de la cosificación de las relaciones sociales de los pueblos originarios de la Amazonía para legitimar la mercantilización de los bienes naturales con una participación cosmética de las comunidades locales.

El caso del pueblo yanomami fue uno de los más representativos en cuanto a violaciones de los DD. HH. durante el mandato de Bolsonaro. En agosto de 2022, se denunció que el gobierno ignoró más de 21 pedidos de ayuda humanitaria que la Asociación Yanomami Hutukara envió al Ministerio Público Federal, a la Funai y al Ejército. En estos pedidos, la asociación expresó que, dentro del área de la TI yanomami en el estado de Roraima (9000 hectáreas), diversos grupos de garimpeiros estaban realizando invasiones violentas y acciones de exterminio contra la vida de las comunidades locales, al compás de sus operaciones ilegales de extracción de madera y minerales como el oro y la casiterita (oro negro) (Castro, 2022; Costa y Cowie, 2022). Por su parte, Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana (2022) denunciaron que las omisiones sistemáticas del Estado favorecieron las condiciones para el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, además de la precarización de la salud colectiva por causa de la transmisión de enfermedades, la explotación sexual contra niñas y mujeres indígenas y la falta de acceso a servicios médicos, lo cual resultó en el fallecimiento de 538 menores de edad yanomami y en la posibilidad de configurarse como un crimen de genocidio (Ministério da Saúde, 2023; Steiner y Bastos, 2023).

A la par de esta coyuntura, el TSE oficializó el inicio de la campaña presidencial en agosto de 2022. La Amazonía, los pueblos indígenas y el agronegocio en el Norte y el Nordeste del país se destacaron como elementos temáticos en el transcurso de los debates entre las candidaturas presidenciales de Bolsonaro, avalado esta vez por el Partido Liberal (PL), y Lula, por el PT. Aunque en el primer debate presidencial no se abordó directamente la cuestión ambiental, Lula señaló los efectos de la suspensión de los recursos internacionales para el Fondo Amazonía y la deforestación asociada con las actividades agropecuarias.

Esta falta de un abordaje directo sobre la dimensión social y ambiental en torno a los biomas creó un vacío político-electoral que la candidatura de Lula dotó de sentido público y significado político a partir de sus encuentros con diputados del Parlamento Europeo para tratar asuntos sobre inversión extranjera y el fomento de proyectos de ciencia y tecnología para la protección y exploración de la biodiversidad de la Amazonía (Dolabela, 2022). Como resultado, en el desarrollo de la estrategia electoral del PT, de cara al interés nacional y extranjero, se hizo hincapié en la necesidad de superar el aislamiento diplomático del país.

En la víspera de la primera vuelta, se realizó un último debate con la participación de Bolsonaro y Lula. Allí se abordaron los temas de ‘cambio climático’ y ‘medio ambiente’, movilizados por el cuestionamiento de la candidata Tebet a Bolsonaro.

Bolsonaro sostuvo que los incendios ocurren periódicamente en ciertas áreas de Mato Grosso y que su política de preservación de los dos tercios de los bosques y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es efectiva; sin embargo, negó los impactos de los incendios en los biomas del Pantanal y la Amazonía entre agosto y noviembre de 2020. Por su parte, Lula destacó el avance de la grilagem y el garimpo ilegal, así como la urgencia de recuperar las políticas de fiscalización ambiental (TV Globo, 2022). A su vez, el informe anual del Fondo Amazonía (BNDES, 2023) concluyó que Brasil fue el quinto mayor emisor de GEI del mundo y que precisamente el 70 % de las emisiones estuvo relacionado con el cambio de uso del suelo, la deforestación y los incendios en la Amazonía, que afectaron cerca de 76. 818 km².

El 2 de octubre de 2022 se realizaron los primeros comicios presidenciales cuyos resultados favorecieron a Lula y Bolsonaro. De acuerdo con el TSE, el primero obtuvo la mayor votación con 57,2 millones, seguido de los 51 millones del candidato del PL, los 4,9 de Tebet y los 3,5 de Gomes. Un análisis general de la distribución de votos para los dos primeros candidatos muestra que el Nordeste y el Sudeste fueron enclaves electorales dominantes que le otorgaron, por un lado, 21,6 millones al PT frente a los 8,7 del PL, y por otro, 23,4 millones al PL en contraste con los 21 millones para el PT. Con relación a la región del Sur, hubo una diferencia entre los 9,5 del PL y los 6.4 millones del PT. En términos de geolocalización discursiva en el desarrollo del ciclo electoral (en presente y futuro), esto debe comprenderse como un asunto estratégico tanto para la administración pública de los biomas y sus reservas energéticas, como para la ampliación de las bases electorales en el nivel municipal, estatal y federal.

Durante el transcurso hacia la segunda vuelta, se realizaron dos debates entre Bolsonaro y Lula. En el primero, se libraron discusiones; Lula resaltó el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental durante sus mandatos y la reducción de las tasas de deforestación, para luego exponer su propuesta de reforzar las políticas de preservación ambiental y alentar la inversión extranjera.

Bolsonaro, por su parte, apeló a la defensa de la soberanía del territorio nacional y cuestionó la intención del PT de buscar controlar la prensa para defender los intereses de gobierno:

En estas intervenciones aparecen dos elementos representativos que permiten comprender ambas posturas frente a la Amazonía dentro de los límites de la mediación del sistema del capital. El primero consiste en la intención de mantener el diseño de las políticas ambientales sobre la Amazonía subordinadas a los procesos de explotación y mercantilización de los bienes naturales que puedan ser apropiados económicamente en este bioma. Si bien Lula destaca el deber constitucional de incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones públicas, restringe la acción pública institucional al condicionamiento financiero de la UE. Por su parte, Bolsonaro reafirma su política nacionalista y de control militarista para orientar la explotación de recursos naturales de manera unilateral y sin intervención externa, en coherencia con su plan de gobierno dirigido al aumento de las exportaciones de materias primas agrícolas, madereros y minero-energéticos de la Amazonía. El segundo elemento remite particularmente a las tensiones entre las demandas campesinas por la reforma agraria, en el que sobresale el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), en contraposición a los intereses económicos-financieros del agronegocio latifundiario orientados a la acumulación de capital, que durante el cuatrienio resultaron en el recrudecimiento de la violencia rural, la criminalización de los movimientos sociales y la degradación ecológica.

Estos elementos son problemáticos porque, a pesar de las diferencias discursivas, en el abordaje de la racionalidad económica que permea las propuestas, es posible observar que la transición gubernamental no supone necesariamente una ruptura sustantiva frente a la reproducción del orden sociometabólico establecido por el capital. Por el contrario, sugiere que la transición, aunque adopta mecanismos de participación política en democracia, no cuestiona la dinámica de mercantilización de los bienes en tierras indígenas y su subordinación a las fuerzas destructivas del capital bajo la cubierta del capitalismo verde; es decir, se restringe a lo lógico de la neoliberalización de la naturaleza (Leff, 2006).

En el segundo debate, estos elementos se revistieron de un aspecto cuantitativo en términos de los resultados de gestión ambiental durante los mandatos de ambos candidatos. En este espacio, Lula se situó desde la ‘agenda climática’ para cuestionar a Bolsonaro: “¿Hasta cuándo va a continuar su política de deforestación de los biomas brasileños, sobre todo, en la Amazonía?”. En esta oportunidad, el candidato del PL citó datos del Inpe sobre la reducción de este fenómeno hasta 11 mil km² anuales, en comparación con los 20 mil km² anuales bajo los mandatos de Lula y Rousseff. En contravía, da Silva defendió la reducción de este fenómeno en un 80 %, la disminución de emisiones de GEI y las operaciones de aprehensión de madera extraída ilegalmente (G1, 2022). Con todo, los aspectos cualitativos subyacentes en ambas gestiones permiten identificar el ánimo de perpetuar el orden sociometabólico al crecimiento económico, derivado particularmente de la exportación de commodities del agronegocio y la agricultura familiar, la extracción regulada de madera y la reactivación de financiación internacional para el desarrollo de proyectos sociales y económicos en la Amazonía.

Asimismo, debe considerarse la dinámica de inversiones extranjeras de países como Italia, Francia y España para la construcción de mega infraestructuras en el Norte y el Nordeste del país, destinadas a la generación de energía limpia mediante el uso de fuerza eólica e hidroeléctrica, claro está, en el marco global de la denominada transición energética bajo el capital. Contrario a la retórica de la energía limpia y sostenible con inclusión social impuesta por el capital desde el inicio del siglo XXI, los actuales megaproyectos de energía eólica en las regiones del Norte y el Nordeste se han constituido como una fuente de conflictos territoriales. Los reportajes investigativos de Gimenes (2022; 2023) exponen que algunos de estos proyectos multinacionales se han valido de brechas normativas que les han facilitado la ocupación irregular de tierras de pequeños agricultores familiares, descendientes de indígenas, comunidades quilombolas e incluso de yacimientos arqueológicos prehistóricos de gran valor patrimonial. Además de los impactos ambientales que alteran las actividades de producción agrícola y de pesca artesanal, las mujeres agricultoras de base comunitaria agroecológica se han visto perjudicadas debido a que en las zonas de influencia ocurren fenómenos de explotación sexual y laboral, así como la pérdida de autonomía económica y el aumento de la carga de trabajo de cuidados, debido al deterioro de las cisternas de recolección de agua que las obligan a buscar otras fuentes (Gimenes, 2022; 2023).

El PT obtuvo una victoria representativa en el Norte y Nordeste del país en un contexto de incertidumbre creada por el gobierno de Bolsonaro mediante estrategias de deslegitimación del sistema electoral de urnas electrónicas y de omisión ante las operaciones irregulares de la Policía Federal de Carreteras (PRF), que obstaculizaron el tránsito normal hasta los puestos de votación en varios municipios de dichas regiones (G1, 2022). Aun así, Lula obtuvo 60.3 de 118.5 millones de votos válidos frente a los 58.2 de Bolsonaro, es decir, con una diferencia muy ajustada de apenas 2,13 millones de votos, de acuerdo con los datos abiertos del TSE.

En su primer pronunciamiento como presidente electo, Lula expuso públicamente su posición inmediata frente a la Amazonía:

Lula reiteró su compromiso con el combate contra las actividades extractivistas ilegales, como el garimpo y la ampliación irregular de la frontera agrícola. En este mismo discurso, reafirma su intención de posicionar a la Amazonía como un enclave ‘soberano’ para impulsar el crecimiento económico y la ‘generación de riqueza’ con la participación de las comunidades locales (UOL, 2022). No obstante, esto está condicionado a la apertura económica multilateral para la inversión extranjera y la investigación científica orientadas al desarrollo sostenible y la preservación de este bioma.

Desde el inicio de la transición gubernamental hacia el tercer mandato de Lula, se agudizó la incertidumbre creada desde la primera vuelta presidencial debido a la falta de reconocimiento oficial e inmediato de los resultados electorales por parte del gobierno saliente de Bolsonaro (Poder 360, 2022). En distintas regiones, grupos conformados por simpatizantes del gobierno saliente, especialmente empresarios, militares retirados, fundamentalistas religiosos, antivacunas y negacionistas, ejecutaron acciones antidemocráticas desde el punto de vista del Supremo Tribunal Federal (STF) (G1, 2022), como el bloqueo de carreteras nacionales y la instalación de campamentos improvisados en las entradas de cuarteles militares. A partir de allí, estos grupos llevaron a cabo acciones coordinadas para exigir la intervención militar del Estado, argumentando un supuesto fraude electoral y sospechas de manipulación de las urnas electrónicas, lo que condujo hasta el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en la Praça dos Três Poderes, donde fueron atacados el Palacio de Planalto, el STF y el Congreso (Richter, 2023; G1, 2022).

El tercer mandato de Lula inició sobre este escenario convulsiona-do de gobernabilidad que le implicó, por un lado, estimular el diálogo interno con la diversidad de sectores sociales, cívicos, empresariales y militares, y por otro, la búsqueda de apoyo internacional. Por ello, Lula inició su estrategia de reposicionamiento geopolítico mediante su participación en las discusiones de la 27.ª reunión de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en Egipto. Allí discursó articulando la Amazonía con la legitimidad de su victoria electoral:

En el plano nacional, Lula insistió en la protección de la Amazonía Legal, no obstante, apuntando a la necesidad de incorporar al sector agropecuario, arraigado en el modelo del agronegocio, a su política de gobierno. De esta manera, sus políticas de transición ecológica y la fórmula de generación de riqueza mediante la explotación sostenible de la biodiversidad de este bioma quedaron sujetas a la correlación de fuerzas con estos sectores, que obtuvieron una significativa representación parlamentaria en el Congreso, al cual se dirigió en su discurso de posesión.

En esta fase entrante, Lula expuso una perspectiva económica orientada a retomar el proceso de reindustrialización del país, con base en acuerdos de cooperación público-privada para la implementación de innovaciones en ciencia y tecnología en las actividades productivas, especialmente en el sector de los hidrocarburos, la minería y la agricultura, en el marco de la bioeconomía y la transición energética.

Lula, entonces, proyectó una apertura institucional dada a la incorporación de emprendimientos sociales a su política de industrialización y transición energética, basadas en la lógica de la bioeconomía, con especial énfasis en la Amazonía, dado su interés en posicionar a Brasil como uno de los países rectores del orden sociometabólico desde el Sur Global. Por ello, pese a su compromiso público de garantizar efectivamente los derechos territoriales de las comunidades tradicionales e indígenas, esta postura ante el Congreso resulta problemática, en tanto no presenta una reformulación sustantiva de los patrones de extracción, producción y consumo de los recursos naturales. Por el contrario, sugiere una articulación entre las demandas sociales y ambientales con la continuidad del actual modo de producción, aunque desde el ámbito de consensos globales ambientales anclados en un sistema de relaciones multilaterales mediado por el capital.

Este discurso, pronunciado ante los representantes del Poder Legislativo, infiere una revitalización de un acuerdo de conciliación de clase que busca, principalmente, asegurar nuevamente una mayoría parlamentaria que posibilite la gobernabilidad de su tercer mandato, posicionando la cuestión agraria y los conflictos por la tierra como parte constitutiva de la negociación política entre los partidos de gobierno, el bloque denominado como el centrão y los movimientos sociales que apoyaron su candidatura desde la base de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, así como al campesinado, el sindicalismo rural y la agricultura familiar. Esto supone, en consecuencia, un desafío gubernamental frente a las tensiones derivadas del fortalecimiento de la representación política de la agroindustria, el armamentismo y las iglesias evangélicas en oposición a Lula, la reorganización de las fuerzas partidistas en el Congreso y las discusiones inconclusas sobre la demarcación institucional de las TI brasileñas.

Considerando este campo de disputa, en su primer discurso como presidente, Lula expuso hacia el exterior de la esfera parlamentaria una interpretación complementaria del escenario sociopolítico que enfrenta su gobierno, donde introduce la cuestión agraria y étnico-racial como foco de atención institucional para la superación de la desigualdad, los prejuicios raciales y la pobreza extrema en el país, particularmente en la Amazonía.

La gestión ambiental de la Amazonía Legal durante este tercer mandato será un ejercicio crucial para lograr la ‘Unión y Reconstrucción’ del país. Por tal razón, los planteamientos institucionales sobre este bioma dependen, por un lado, de la recomposición concreta de las políticas ambientales y económicas, y por otro, del trabajo diplomático para el reposicionamiento geopolítico de Brasil y su conversión en un país mediador en los nuevos procesos de reintegración regional multilateral, especialmente de los bloques del BRICS, la CELAC, el Mercosur y el G20. Sin embargo, la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la reestructuración de la práctica gubernamental, definirán o no los alcances reales en la resolución de la deuda histórica mediante la ampliación de la participación política étnico-racial en la toma de decisiones públicas, sobre todo considerando a la Amazonía como el epicentro de la intención de transitar hacia gobiernos y sociedades más democráticas. Restará ver los resultados concretos de la Cumbre de la Amazonía en 2023 en Leticia (Colombia), la reunión del G20 en Río de Janeiro y la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30) en Belém do Pará, en el segundo semestre de 2024.

Los discursos electorales y presidenciales son fuentes reveladoras de posicionamientos ideológicos, políticos y económicos. En estos subyacen los principios de la racionalidad económica que guían a la administración pública en materia, por ejemplo, de la gestión ambiental de los biomas y la apropiación económica de la naturaleza. Al adoptar los recursos teóricos que brindan las corrientes de la perspectiva crítica de Meszaros, es posible identificar cómo la lógica hegemónica de la reproducción del orden sociometabólico del sistema del capital puede fundar una base estructurante que incide tanto en el ejercicio discursivo como en la praxis gubernamental desde el Estado. Por esta razón, revelar la cosificación de la Amazonía y de otros biomas permite comprender la racionalidad económica que opera en la formulación e implementación de proyectos de poder y de formación social anclados en un sistema de partidos políticos constituido por diversas alternativas de intervención social que, en tiempos recientes, oscilan entre las corrientes democráticas y las más autoritarias y totalitaristas, no obstante, subordinadas al modo de producción del sistema del capital.

En este ámbito, el abordaje de los discursos pronunciados durante el ciclo electoral del 2022 destaca la reproducción de apenas una cara de la moneda del orden sociometabólico, sustentada en la definición de las formas en que se produce o producirá la riqueza a partir del valor de cambio de la naturaleza. Los proyectos de poder en disputa aquí analizados han asumido estos aspectos como enclaves de mercantilización y explotación de recursos económicamente cuantificables. Esto se plantea en función de las promesas de crecimiento económico para suplir los intereses del Estado, pero implica de manera problemática la prolongación de la acumulación y concentración de la riqueza en sectores específicos como el agronegocio y el minero-energético.

En efecto, la toma de decisiones políticas que involucra la esfera ambiental desde el Estado seguirá incidiendo, principalmente, sobre la vida de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que coexisten en los distintos territorios y ecosistemas vitales, los cuales proveen las condiciones ecológicas favorables para la reproducción de la vida social y su conjunto de relaciones culturales, económicas y simbólicas. En la actualidad, nos enfrentamos a desafíos sociales que requieren la estructuración de un dominio consciente no solamente de las condiciones estructurales sociometabólicas necesarias para la reproducción social, sino también de la conducción colectiva de los procesos históricos emancipadores para la desestructuración de los dispositivos de objetivación de las relaciones sociales y la cosificación mercantil de la naturaleza que se han afianzado a través de la racionalidad económica del sistema capitalista en su fase neoliberal.

Ante esto, es necesario comprender que la complejización de las necesidades humanas y la forma de satisfacerlas serán determinantes para definir las condiciones históricas concretas que mediarán las acciones de extracción, preservación y conservación de ecosistemas. Esto significa una oportunidad histórica para posibilitar una transición desde la racionalidad económica que agudiza la apropiación de los bienes naturales, subordinada al metabolismo del capital, hacia la construcción de una racionalidad ambiental que estimule la reapropiación social de la naturaleza, estructurada en un nuevo paradigma de producción y, sobre todo, garantizando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.

Por esto, debe advertirse, finalmente, que la intensificación del modo de producción extractivista, bajo las mediaciones sociometabólicas de segundo orden del capital, y las disputas políticas de los venideros ciclos electorales en Sudamérica gravitarán en torno a las posibilidades de agudizar o superar la neoliberalización de la naturaleza, que estimula la primarización de las economías de los países, la mercantilización de los bienes naturales y la apropiación económica de biomas protegidos como la Amazonía. Esto supone, entonces, la constitución de un nodo común y transnacional de instrumentalización discursiva de la naturaleza, que se instalará como un componente estratégico en los próximos ciclos electorales, tanto en Brasil como en los países vecinos que comparten este bioma de especial interés para Occidente y Oriente.