Entre 2019 y 2022, Brasil fue (des)gobernado por un grupo desprovisto de cualquier principio ético y de capacidad administrativa, corrupto, intelectualmente nulo y avalador de los prejuicios sociales más sórdidos. Gente que se había enriquecido en el submundo de la trampa política, los fraudes, las maletas de dinero y la mafia carioca. Llevado al poder por una ola extremista de derecha que no afectó solo a Brasil (un fenómeno cuyo debate no corresponde aquí), legó al país, en el apogeo de su des-empeño criminal, al menos 100.000 muertes evitables, si la vacunación contra la covid-19 no hubiera sido irresponsablemente retrasada y luego sistemáticamente saboteada por el Gobierno Federal.

El gobierno de Lula se vio obligado, desde enero de 2023, a recomponer parte de la maquinaria administrativa que había sido desmantelada por el descalificado gobierno ultraderechista anterior, así como a poner en marcha el funcionamiento básico de importantes ministerios y sus escalones inferiores, como el de Educación y el de Salud. También tuvo que refundar ministerios esenciales para el país, antes extintos por Bolsonaro, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo. Lula también creó el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ministerio de Igualdad Racial, todos temas absolutamente descuidados o incluso rechazados públicamente por el gobierno anterior.

Para vencer a Bolsonaro, que, a pesar de todo, aún era muy popular en ese momento (la diferencia de votos a favor de Lula fue del 1,72 %), Lula necesitó montar una red de aliados bastante amplia, que incluyó incluso a antiguos adversarios de la derecha tradicional brasileña, como el propio vicepresidente Geraldo Alckmin, que también ocupa el cargo de ministro de Industria y Comercio, y la ministra de Planificación, Simone Tebet, por mencionar solo algunos nombres centrales de esta amplia alianza. Otro de esos nombres conservadores es el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, un agropecuarista, ex presidente de la Asociación de Productores de Soja y Maíz del estado de Mato Grosso y actual senador con licencia del estado. Independientemente de la permanencia de Fávaro en el Ministerio, es innegable que la cartera de Agricultura y Ganadería fue reservada para la representación de los intereses del agrobrasileño, en el marco del arco de alianzas que permitió la victoria del Partido de los Trabajadores (PT). Y este es uno de los problemas más sensibles de la gestión actual.

Aunque Lula haya nombrado a un miembro del PT para el Ministerio de Desarrollo Agrario que, en teoría, es el organismo responsable del avance de la reforma agraria en el país, existe un flagrante desequilibrio de fuerzas a favor del agronegocio y de los grandes productores de materias primas. Para garantizar una gobernabilidad tenue, Lula no puede desagradar demasiado a la relevante bancada ruralista del parlamento brasileño, que ya tiene una tendencia prácticamente gravitacional hacia la oposición de derecha. Este sector fue uno de los principales aliados electorales y apoyadores del gobierno de Bolsonaro y del golpe de 2016 contra Dilma Rousseff.

En el mes de junio, el gobierno federal lanzó el “Plan de Cosecha” de 2023, una iniciativa gubernamental que destina préstamos a intereses subsidiados a la producción agropecuaria. Este año serán R$ 364.200.000.000 para préstamos a medianos y grandes productores, y R$ 77.700.000.000 para la agricultura familiar (Rodrigues, 2023). Lula apuesta por un aumento de más del 25 % en comparación con los valores del año pasado para mejorar su relación con los grandes ruralistas. Una parte de ellos sigue viendo un “sesgo ideológico” en el gobierno a favor del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, explotando episodios de declaraciones de Lula exaltando al pequeño productor y a la agricultura familiar (Buss, 2023). Mientras tanto, las perspectivas para la reforma agraria en el tercer gobierno de Lula no son alentadoras. En el presupuesto para 2023, la partida para la adquisición de tierras para la reforma agraria tendrá solo R$ 2.400.000, y la concesión de crédito y asistencia a las familias asentadas tendrá R$ 48.000.000, “muy por debajo de los R$ 1 mil millones requeridos por el Grupo de Trabajo (GT) de Desarrollo Agrario del Gobierno de Transición para cada una de las acciones” (Hermanson, 2023).

Ya se ha notado que Lula ha evitado la expresión “reforma agraria”: “Sibien la atención dada a la lucha contra el hambre —que atravesó campaña, toma de posesión e inicio de gobierno— ha sido destacada, también es notable que el presidente haya mantenido silencio sobre la expresión ‘reforma agraria’” (Hermanson, 2023). Una búsqueda en el archivo de discursos oficiales muestra que, desde la toma de posesión, Lula no se ha referido a esta expresión. De hecho, ha habido una recomposición de la inversión en programas dirigidos a la agricultura familiar, como el de Alimentación Escolar (PNAE) y el de Adquisición de Alimentos de pequeños productores (PAA). Sin embargo, la partida de la reforma agraria sigue con la misma escasez heredada del gobierno anterior. Tal situación dificulta mucho las promesas de Lula de eliminar el hambre en Brasil durante su tercer mandato, considerando que la reforma agraria y la lucha contra el hambre son dos cuestiones necesariamente relacionadas.

El gobierno actual también tiene el desafío de disminuir la violencia contra las comunidades autóctonas y campesinas, causada por los intereses de expansión de varias ramas del agronegocio. En 2023, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) ya ha registrado diez muertes en el campo (Ferreira, 2023). El año 2022 ya se había revelado como el más letal desde 2018, con 47 asesinatos. Se registraron 2018 casos de violencia contra campesinos, involucrando la disputa por más de 80 millones de hectáreas de tierra en todo el territorio nacional. Estos incidentes no se limitan solo a la tierra, sino que también abarcan la disputa por el agua, rescates de trabajadores esclavizados, asesinatos y atentados contra líderes campesinos e indígenas (Vilela, 2023). La expectativa de la Coordinación Nacional de la CPT es que la nueva administración federal invierta esta tendencia. Sin embargo, las principales formas de reducir esta violencia pasan por garantizar a las comunidades el acceso a la tierra y al territorio, mediante medidas como la demarcación de tierras indígenas y la continuación de los planes de reforma agraria, lo cual implica reducir el poder de los latifundios y la minería. Una vez más, estas medidas se enfrentan a las restricciones presupuestarias del gobierno federal y a su confrontacióncon un parlamento fuertemente conservador.

Otra dificultad para equilibrar esta relación de fuerzas ha sido la masiva propaganda ideológica del agro en Brasil (Zafalon, 2023). Está compuesta por agresivas piezas publicitarias insertadas en los intervalos de los programas de televisión de mayor audiencia en el país, tiene presencia constante en las agendas de los noticieros y en los medios electrónicos e impresos, e incluso ahora es el trasfondo de un culebrón romántico en horario estelar de la Rede Globo de Televisão. Bajo el lema publicitario “Agro es pop, agro es tech, agro es todo”, la sociedad brasileña se “informa” diariamente sobre la actual importancia del agronegocio para el PIB, la generación de empleo, los impuestos, la balanza comercial:

Conquistar corazones y mentes para adoptar este discurso y construir esta convicción es el enfoque de la campaña publicitaria patrocinada por JBS, la mayor empresa de carne del mundo, y por Ford, la industria automotriz con productos dirigidos a la agropecuaria. (Mitidiero Juniory Goldfarb, 2021, p. 2)

Un análisis más detallado desmiente esta euforia interesada y nos acerca más a la realidad brasileña en este tema.

“O agronegócio no Brasil recebe muito e devolve pouquíssimo para a sociedade. Em 2020, por exemplo, sob o governo Bolsonaro, a renúncia fiscal da União com agricultura e agroindústria representava R$ 29.2 bilhões” (Oliveira, 2021). En el mismo año, el agronegocio pagó apenas R$16.300 en impuestos de exportación, a pesar de exportaciones que superaron los US$ 90.000.000.000, lo que representa un 0,003 % del total de las ventas, o un centavo en impuestos por cada R$ 323.000. La tasa oficial es del 30 %, pero la legislación permite al gobierno cambiar el impuesto para estimular sectores específicos de la economía. También se otorgan beneficios fiscales para la producción de agrotóxicos, que mueve anualmente US$ 10.000.000.000 en Brasil y está oligopolizada por empresas extranjeras. Alrededor del 80 % de los agrotóxicos consumidos en el país se destinan a solo cuatro cultivos: soja, caña de azúcar, maíz y algodón. Entre los impuestos de los cuales esta industria está exenta se encuentra la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (PIS/ COFINS). Solo el estado de São Paulo, el más rico de la nación, otorga al sector agroexportador exenciones y subsidios que representan más que toda la economía estimada con la reforma de la previsión paulista (que eliminó numerosos derechos salariales de los funcionarios públicos activos y jubilados, y privatizó el servicio de previsión y jubilación, obligando a sus trabajadores a contratar servicios de bancos privados para la constitución de fondos de previsión).

La desigualdad del sistema tributario brasileño no se debe a la canti-dad de impuestos cobrados, sino principalmente a su carácter regresivo, indirecto y centrado en la tributación sobre el consumo. Mientras tanto, la agropecuaria de exportación está exenta de varios impuestos (Mitidiero Junior y Goldfarb, 2021). Por el contrario, la recaudación de impuestos del “agro” es insignificante en comparación con otras actividades económicas, alrededor de R$ 6.000.000.000 en 2019, mientras que las actividades vinculadas al sector de servicios, como el comercio minorista, generaron una recaudación de casi R$ 112.000.000.000 en el mismo período.

Por otro lado, las actividades vinculadas al sector de servicios recaudan significativamente más, como es el caso del Comercio Minorista, casi 112 mil millones; Actividades Jurídicas, de Contabilidad y Auditoría, casi 13 mil millones; Publicidad e Investigación de Mercado, más de 9 mil millones; y una actividad que llama mucho la atención, Educación, más de 60 mil millones de reales recaudados en 2019. La Educación paga muchos más impuestos que el Agro. (Mitidiero Junior y Goldfarb, 2021, p. 17)

La participación en el PIB brasileño —la suma de toda la riqueza en forma de bienes y servicios finales producidos en el país durante el transcurso de un año— es igualmente minúscula en comparación con otros sectores. La agricultura y la ganadería representan la fracción más pequeña. Entre 2002 y 2018, el “agro” contribuyó con solo el 5,4 %, en promedio, mientras que el sector industrial lo hizo con el 25,5 % y el sector de servicios con el 52,4 %.

La explicación es simple. Las materias primas tienen valores bajos en comparación con otros productos (tecnología, manufacturados, servicios, etc.) y, en el caso nacional, como hemos visto, la mayor parte de la materia prima producida no tiene valor agregado a través de procesos industriales. La potencia del Agro se resumió, entre los años 2010 y 2018, a un poco más del 5 % del PIB. (Mitidiero Junior y Goldfarb, 2021, p. 12).

Incluso las deudas oficialmente existentes no son pagadas por el “agro”. Según la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), los cien mayores deudores del Impuesto Territorial Rural (ITR) acumulan un total de R$ 15.600.000.000, o el 55 % del total adeudado. Todos son grandes propietarios que continúan renegociando su deuda, con la benevolencia del Estado brasileño, con el objetivo de reducir cada vez más el monto adeudado, obteniendo descuentos que pueden llegar hasta el 95 % de ese valor (Junior, 2021, p. 24).

El agronegocio también contribuye muy poco a la generación de empleos en el campo, en marcado contraste con su propaganda ideológica. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), siempre accesibles al público, desmienten este argumento de manera flagrante. El Censo Agropecuario de 2017 registró un total de más de 15,1 millones de trabajadores en el campo, entre formales e informales. De este total, 10,1 millones pertenecen a la agricultura familiar y 4,9 millones a la agricultura no familiar, lo que significa que los empleos en el campo son generados por el campesinado, quedando en segundo plano la agropecuaria patronal. No es casualidad que la narrativa del agronegocio, especialmente a través de los anuncios transmitidos por Rede Globo, intente borrar la diferencia entre la agricultura patronal y la agricultura familiar, agrupando esta última con ejemplos de aplicación de nuevas tecnologías, productividad, etc. Un elemento aún más convincente de la falacia en la generación de empleos se pudo observar durante la pandemia de covid-19 en 2020. A diferencia de los sectores industrial y de servicios, el sector agropecuario no se detuvo, alcanzando récords en producción y exportación. Sin embargo, 185.477 trabajadores del “agro” perdieron sus empleos.

“La robotización y digitalización de la producción agrícola y ganadera, tractores guiados por GPS, sensores de reconocimiento para el suelo, siembra y cosecha, drones de reconocimiento y pulverización, entre muchos otros ejemplos, están creando un campo sin gente” (Mitidiero Junior y Goldfarb, 2021, p. 28). André Rocaglia, profesor de Economía de la Universidad Federal de São Paulo, presenta el siguiente panorama:

La agricultura y la ganadería representan el 7,9 % del PIB y apenas el 3 % de los empleos formales de la economía, pero aportan menos del 1,5 % de la recaudación total de impuestos. Es el único sector que recibe una parte de los beneficios fiscales (13,5 %) mayor que su contribución al PIB. En comparación, la industria representa el 12,9 % del PIB y el 15 % de los empleos formales, siendo responsable del 31 % de los impuestos recaudados y del 12,5 % de los beneficios fiscales. Además, el agro no sería tecnológico sin las pesadas inversiones realizadas por el Estado en investigación agropecuaria. Embrapa costará R$ 3,7 mil millones al erario público en 2023. Alrededor de 2500 investigadores ofrecen innovaciones que mejoran la productividad del sector. En contraste, Embrapii (Asociación Brasileña de Investigación e Innovación Industrial) recibe R$ 1,1 mil millones, mientras que Ceitec, la estatal de chips que preocupa a los liberales, cuesta R$ 53 millones al presupuesto federal. (2023)

Algunas características básicas de la agricultura en el capitalismo mundializado ayudan a explicar la situación contemporánea del campo en Brasil (de Oliveira, 2013). Contradictoriamente, el desarrollo del capitalismo en la agricultura muestra que está unificando lo que separó en sus inicios, es decir, la industria y la agricultura. Esto ocurre, en resumen, porque el capitalista también se convierte en propietario de tierras, latifundista: “El capitalista de la industria, propietario de tierra y capitalista de la agricultura tienen un solo nombre, son una sola persona o una sola empresa” (de Oliveira, 2013, p. 127). La creciente inserción de Brasil en el agronegocio ocurre bajo esta lógica contradictoria. La integración capitalista de las élites brasileñas al capital mundial tiene como una de sus expresiones ideológicamente más fuertes al agronegocio y sus commodities. Se trata de garantizar el saldo de la balanza comercial para mantener al país en la rueda financiera internacional de pago de los intereses de la deuda pública; de ahí el voluminoso financiamiento estatal para el sector. Al mismo tiempo, esta política deja al país vulnerable en cuanto a la soberanía alimentaria. “O país produz e exporta a comida que falta no prato de grande parte dos trabalhadores brasileiros” (de Oliveira, 2013, p. 132).

Como es consenso entre los grupos y movimientos que actúan en defensa de la reforma agraria en Brasil, la democratización del acceso a la tierra y la lucha contra el hambre son dimensiones indisociables. Datos del IBGE muestran que la producción de alimentos básicos ha estado disminuyendo anualmente en Brasil, perdiendo espacio frente al agronegocio. Entre 1991 y 2021, la producción per cápita de mandioca ha disminuido un 47 %, la de frijoles un 26 % y la de arroz un 12 %. Por otro lado, la producción per cápita de soja ha aumentado un increíble 600 %, la de maíz un 180 % y la de caña de azúcar un 100 % en el mismo período (Hermanson, 2023). De acordo com pesquisadores em segurança alimentar, em 2022 a fome atingia 33 milhões de brasileiros, cerca de 15 % da população total do país. No campo, 22 % dos produtores rurais encontravam-se em estado de insegurança alimentar grave (Hermanson, 2023).

El hecho es que el agronegocio tiene como objetivo el mercado mun-dial, promoviendo el surgimiento de una nueva burguesía nacional e internacionalizada. Todo este proceso interesa al sector financiero internacional y a los capitalistas nacionales e internacionales. El primero se beneficia de los intereses de la deuda pública, pagados generosamente por el Estado brasileño con superávit primario. Los segundos aumentan sus beneficios con el crecimiento de las exportaciones.

Internamente, este proceso modifica la composición de los trabajadores urbanos y rurales. El capital expulsa del campo a los trabajadores y campesinos, concentrándolos en las ciudades. A favor del capital monopolista, estos trabajadores ahora actuarán en la industria, el comercio o los servicios, o regresarán para ser asalariados en el campo. El capitalista/propietario de la tierra ahora se apropia simultáneamente de los beneficios de la actividad industrial, comercial y agrícola, y la tierra se convierte en un “mar” de caña, soja, naranjas, pastizales, etc. (de Oliveira, 2013, pp. 127-129). En el ámbito de este mismo fenómeno, el capital también crea, recrea y redefine las relaciones familiares de producción campesina. En este caso, el capital impone las condiciones para que el campesinado produzca materias primas de interés para sus industrias, o los obliga a consumir los productos de estas en el campo (por ejemplo, alimento para aves y cerdos). Así, la renta de la tierra producida por los campesinos queda sometida a la lógica del agronegocio y es apropiada por él: “estamos ante la metamorfosis de la renta de la tierra en capital” (de Oliveira, 2013, pp. 127-129). “A ênfase na agricultura patronal como modelo prioritário de desenvolvimento agrícola acelera os processos de decomposição da agricultura camponesa, empurrando para fora de sua atividade econômica uma imensidão de camponeses que se tornam então ex-produtores rurais. Duas das consequências são a elevação da pobreza no campo e a ampliação das relações de produção assalariadas (permanentes e temporárias), fazendo surgir um enorme proletariado rural” (Guedes, 2017, pp. 269-297).

Sampaio Jr. (2013) sugiere que el patrón de desarrollo vigente durante décadas en el país reproduce las dos condiciones que mantienen a Brasil como un capitalismo subordinado y dependiente: el control del capital internacional sobre los eslabones estratégicos de la economía y la perpetuación de la segregación social como base de la sociedad nacional. Así:

El Agro no es y no produce la ‘riqueza de Brasil’ (según los datos del PIB-IBGE), pero recibe la mayor parte de los recursos públicos en créditos, incentivos, exenciones fiscales, condonaciones de deudas, etc. Las grandes ganancias van a parar a empresas de capital extranjero como Bunge y Cargill. No es un gran generador de trabajo y renta, y depende de paquetes tecnológicos importados. Desde el punto de vista ambiental, es el principal responsable de la deforestación y el envenenamiento de suelos, aguas, hombres, mujeres y niños... El Agro no alimenta al mundo porque no alimenta ni siquiera a los brasileños, como se puede ver desde la óptica de la inflación de los precios de los alimentos y el aumento del hambre en Brasil. ¿Dónde están las ganancias del Agro? ¿Qué tan fuerte es la evasión de divisas? ¿Cuál es la participación del Agro en la formación de la deuda pública? ¿La soja es realmente brasileña, dado que las multinacionales extranjeras son las principales comercializadoras?(Mitidiero Junior y Goldfarb, 2021, p. 34)

La reforma agraria, en tal contexto, es combatida de forma agresiva y sistemática por las fracciones de clase que dependen de la superex-plotación del trabajo en el campo y en la ciudad, un combate liderado por el latifundio y las grandes empresas agroindustriales. Así, no solo el latifundio llamado “improductivo” tiene interés en impedir la democratización de la tierra. “A grande empresa agrícola moderna também requer a concentração da estrutura fundiária, o bloqueio do trabalhador pobre no acesso à terra e uma estrutura jurídica que garanta a total disponibilidade das terras aos imperativos da exploração do capital agrário” (Sampaio, 2013, p. 199). Así, para depreciar el valor de la fuerza de trabajo y maximizar el excedente extraído de la agricultura, la preservación de las desigualdades sociales en el campo es un elemento central. La ausencia de una política de reforma agraria consistente responde a una “razón de Estado”. Al anular las posibilidades de soluciones efectivas para la cuestión agraria, las élites políticas y económicas afirman la importancia estratégica del latifundio como uno de los pilares del patrón de acumulación del capitalismo brasileño dependiente (Sampaio, 2013).

En su libro Coronelismo, enxada e voto, publicado por primera vez en 1948, Victor Nunes Leal ofrecía algunos datos sobre la concentración de tierras en Brasil. Citando el censo agrícola de 1940, registraba que el 48,31 % del área total cultivable en el país, en forma de establecimientos con 1000 hectáreas o más, estaba en manos del 1,46 % de los propietarios (Leal, 2012, p. 50). Ya en 2017, los datos del censo agrícola informaban prácticamente los mismos números: considerando los establecimientos con 1000 hectáreas o más, el 48 % de las tierras estaban en manos del 1 % de los propietarios. Si ampliamos el porcentaje de los propietarios al 10 %, llegamos al 73 % de toda el área agrícola de Brasil (Atlas do espaço rural brasileiro, 2020, p. 321).

Una decidida política de reforma agraria por parte del Estado brasileño podría mitigar este panorama de concentración de tierras en el país. El primer gobierno de Lula señaló tímidamente en esa dirección. Entre 2003 y 2006, se asentaron 381.300 familias (36.300 en 2003; 81.200 en2004; 127.500 en 2005; 136.300 en 2006, un récord hasta la fecha para un solo año). Sin embargo, el segundo gobierno de Lula (2007-2010) comenzó a desacelerar los asentamientos, alcanzando un total de 232.400 en los siguientes cuatro años (67.500 en 2007; 70.100 en 2008; 55.400 en 2009; 39.400 en 2010). La política de asentamientos se debilitó aún más en los gobiernos de Dilma Rousseff y, innecesario decirlo, desapareció a partir del gobierno golpista de Michel Temer (2016-2018). En cualquier caso, el hecho es que en casi ochenta años los números relativos de concentración de la propiedad de tierras en Brasil no han cambiado. Es decir, los pequeños avances de la truncada reforma agraria en el país ocurrieron al mismo tiempo que nuevas áreas de latifundio fueron incorporadas por pocos propietarios. En esta dinámica, la deforestación, el robo de tierras públicas y la expropiación de pequeños campesinos continúan siendo prácticas comunes, mientras que el agronegocio mantiene consolidados sus dominios políticos, económicos e ideológicos regresivos. Ya en 2023, al inicio del tercer mandato del presidente Lula, no hay indicios ni siquiera retóricos de que vaya a ocurrir alguna recuperación de la política de reforma agraria.