Es evidente que el proceso de transformaciones que se ha vivido en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en el año 1999, denominado “Revolución Bolivariana”, se encuentra en una situación de grave crisis y encrucijada, donde destacan en la actualidad severos desequilibrios económicos y una notable inestabilidad política.

Hay claros indicios que apuntan no solo a un estancamiento de dichos proceso de cambio, sino también a un avance concreto de fuerzas y políticas conservadoras, reflejados en medidas de flexibilización económica (“Venezuela establecerá Zonas Económicas”, 2015; Pardo, 2016), clausuras de espacios de participación y expresión popular (Ciccariello-Maher, 2016; Febres, 2016), e importantes cambios de actores en cargos del poder ejecutivo (“Presidente de Venezuela designa a empresario”, 2016) y legislativo (este último controlado por la oposición venezolana, desde diciembre de 2015).

En este contexto, el gobierno nacional está impulsando una significativa reorganización geoeconómica del territorio alrededor del extractivismo, teniendo como polos los proyectos del llamado “Arco Minero del Orinoco”, la Faja Petrolífera del Orinoco, junto a otros enclaves mineros, y las importantes fuentes de gas offshore.

Se trata de una expansión histórica, tanto en extensión como en intensidad, hacia las nuevas “fronteras de las commodities” (Moore, 2013), una redefinición de las funciones históricas de Venezuela en la división internacional del trabajo y la naturaleza (Coronil, 2002), en la cual se pretende incorporar a la megaminería entre sus más importantes actividades económicas. La apropiación de las últimas zonas “vírgenes”, apunta a la apertura de un nuevo proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2007). En este trabajo planteamos que Venezuela está ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza.

Presentaremos los rasgos y características de la actual expansión hacia las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, describiendo detalles de los nuevos proyectos que impulsa el gobierno nacional. En clave histórica, serán analizados por un lado, los factores históricos y coyunturales más determinantes de este proceso de reordenamiento geoeconómico; y por otro lado, cómo se produce una nueva cartografía del extractivismo, reconfigurando el mapa histórico del siglo XX, muy concentrando en la zona norte costera del país.

Examinaremos algunas modalidades de operación que se producen en esta reconfiguración planteada, y las formas cómo se lleva adelante una nueva política sobre el “tejido de la vida” (Moore, 2013), orientada a las funciones del mercado mundial tal y como ocurrió en las primeras décadas de la Venezuela petrolera.

En este sentido, se analizan críticamente las narrativas ambientales presentadas por el gobierno venezolano, al tiempo que se hace un balance desde la economía ecológica, de estas nuevas modalidades de apropiación de la vida. Serán también estudiadas una serie de políticas de territorialización implicadas en este avance de frontera, así como algunas disputas territoriales que involucran ‘recursos naturales’, el Estado, economías informales y grupos irregulares.

Algunas potenciales consecuencias e implicaciones serán descritas, con una especial mirada en la devastación ambiental que genera esta expansión de fronteras –con énfasis en los efectos de la megaminería–, en la intensificación de conflictos socioambientales en el cual juegan un papel importante los pueblos indígenas, y en procesos en los que se vinculan el déficit ecológico nacional y la crisis económica. Finalmente, plantearemos algunos horizontes de las luchas socioambientales, atendiendo también a sus potencialidades en un país tan urbanizado como Venezuela.

Es necesario plantear previamente las bases teóricas sobre las que se sostiene el análisis. El objetivo fundamental es tratar de orientar la atención no solamente en los “ajustes macroeconómicos en curso” (entendidos como políticas oficiales sobre la distribución económica), sino también cómo se opera sobre la distribución ecológica, entendida como las desigualdades o asimetrías sociales, espaciales o temporales, que se producen en el uso humano de los bienes comunes naturales y los servicios ambientales, así como también de las cargas de la contaminación y degradación ambiental (Martínez Alier, 1997).

La severa crisis de acceso a los medios de reproducción de la vida que se vive en Venezuela, la evidente insostenibilidad socio-ecológica del modelo económico nacional, así como la hegemonía de enfoques mecanicistas y ortodoxos en la teoría económica, representan importantes factores para reivindicar un enfoque que recupere los fundamentos ecológicos que constituyen todos los ámbitos de la vida y los saberes –no como un segmento de estudio, sino como un elemento transversal de la reproducción social–.

En este sentido, pondremos la mirada sobre las formas de intervención del espacio geográfico, el territorio y el tejido de la vida que se producen en este proceso de crisis y transformación en Venezuela. Proponemos un análisis de escalas geográficas cruzadas –cross-scale analysis–(Escobar, 2001) que estudie estos procesos de intervención ecológica en el cual se integran factores de escala global, regional y nacional con los micro-procesos territoriales; tomando en cuenta tanto factores cuantitativos (por ejemplo, extensión de fronteras) como cualitativos (transformaciones de una determinada composición ecológica).

El concepto de “territorialización” es central en este artículo y será entendido, desde la perspectiva de Deleuze y Guattari (2010), como la producción social del territorio. De esta manera, resaltamos la forma cómo el territorio se transforma, domina, amolda, controla, significa y/o disputa socialmente, incluyendo a los elementos que lo componen, como sus recursos, ciclos y seres humanos. Es importante resaltar la conexión que existe entre los procesos de desterritorialización (entendida como una ruptura de su ordenamiento y/o configuración en un momento determinado) y reterritorialización (una reconfiguración del territorio). Los referentes teóricos del presente artículo pueden ser explicitados en tres escalas geográficas entrelazadas y simultáneas en el análisis:

Basado en lo antes expuesto, “extractivismo” no es entendido solo como una particular actividad económica o un “emprendimiento específico”, que no debe ser confundido con una economía primario exportadora ni usarse para describir al capitalismo (Gudynas, 2015). A nuestro juicio, la actividad extractiva no conviene entenderla por sí misma, sin advertir su función en la dinámica de acumulación capitalista en una escala nacional, regional y global. Además, los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales del extractivismo son sufridos en varias escalas geográficas y ámbitos de la vida. En este sentido, el extractivismo se plantea en este análisis como un particular modo de acumulación capitalista que, al menos para el caso de las economías latinoamericanas, puede ser estudiado desde el ámbito social y territorial que abarca el Estado-nación, sin menoscabo de otras escalas de análisis territoriales, regionales o global. Es un sistema económico ecológico-político de escalas geográficas cruzadas que opera vinculando territorios en torno a los procesos de extracción masivo de los llamados “recursos naturales”.¹ También es un específico metabolismo social del capital (Teran, 2015), que impone no solo una estructura económica, sino también un régimen ecológico-político sobre el tejido de la vida, sobre los territorios, los flujos de energía y materia, los cuerpos, las instituciones y las tramas culturales.

Estamos asistiendo a un cambio histórico y prolongado de la territorialización del capitalismo rentístico venezolano, de su ordenamiento geo-económico, mediante el cual se busca solventar la crisis del modelo y de gobernabilidad, y que apunta a las nuevas fronteras de las commodities. Este proceso conviene entenderlo como una confluencia de factores coyunturales y factores estructurales, que aunque se vinculan con el histórico carácter dependiente y cíclico de la economía rentista venezolana, y con las complejas correlaciones de fuerza geopolíticas, también está determinado por la orientación que ha tenido la política del Gobierno nacional en la Revolución Bolivariana. Los factores más determinantes de este proceso son:

Una nueva cartografía del extractivismo se está estructurando en el país. Para comprender mejor este proceso, podemos pensar un mapa en tres tiempos: primero, uno de carácter histórico (1922-2004) en el cual se estructuró la territorialización del capitalismo rentístico venezolano bajo la lógica centro-periferia, sobre la base de la hegemonía de enclaves petroleros (extracción) en las cuencas occidental (principalmente en los estados Zulia y Falcón) y oriental (principalmente en Anzoátegui y Monagas), además de cinturones urbanos (distribución/consumo) principalmente en la zona norte costera (ver Gráfico 1). Así, al norte del río Orinoco vive el 95% de la población, por ende, para el capital el sur del Orinoco es una “zona de bajo coste” y objeto de conquista.

En segundo lugar (2004-2013), el tiempo que representa el nuevo proyecto de la reconfiguración histórica de esta territorialización. El Plan de Desarrollo Socialista (2007-2013), y especialmente el llamado “Plan de la Patria” (2013-2019) que propuso el presidente Chávez, sistematizan este mapa en transformación y, aunque puede variar en sus formas, son muestras representativas del programa económico de todas las coaliciones partidistas en disputa en el país –resaltando el Programa de la MUD (2013-2019) y “Petróleo en La Mejor Venezuela” de Leopoldo López–. Esto es así debido a que sus proyectos-país están basados unánimemente en un extractivismo repotenciado y en sus “ventajas comparativas” (sus recursos naturales).

En este segundo momento se constituye una transición territorial, que apunta claramente al movimiento de frontera –con especial énfasis en el viaje al sur– y delinea las nuevas rutas del extractivismo. La expansión de las cuotas de “producción” a partir del desarrollo de la FPO son anunciados en dicho plan, junto a la propuesta del lanzamiento de la minería a gran escala y la reproducción de nuevos “polos de desarrollo” territorial. Desde este punto de vista, el segundo tiempo del mapa es policéntrico y diverso.

Con el giro político que se produce luego de la muerte del presidente Chávez, se configura el tercer tiempo de este mapa, el cual representa una cartografía en construcción e implica la ejecución concreta de la transición territorial antes proyectada. Sin embargo, a diferencia del anterior periodo que se desarrollara en tiempos de abundancia a raíz del auge de las commodities, este mapa se produce en el contexto de crisis y debilitamiento de la capacidad de negociación del Petro-estado y parece apuntar a un formato de acumulación salvaje.

La nueva apropiación de frontera desborda el mapa histórico y se expande a áreas de reservas naturales, extracciones offshore y parques nacionales. El incremento de hectáreas ocupadas, de toneladas de materiales extraídos, de flujos de energía empleada en estos procesos, se suman a un salto en la mercantilización de la naturaleza. Desde el proyecto del “mapa minero de Venezuela” junto con el capital chino (“Venezuela y China suscribieron 12 convenios”, 2013), hasta el actual “Proyecto Magna Reserva Minero” (PDVSA, 2015), el gobierno venezolano busca hacer un inventario nacional certificado de todos los recursos estratégicos del país, con lo cual incorpora masivamente nuevas naturalezas y vidas a la valuación capitalista.

Voceros principales del gobierno nacional anuncian la apertura a 150 empresas internacionales de 35 países para la explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO), una amplia zona de 111.846 kms² (12.2% del territorio nacional) ubicada en los estados sureños de Bolívar y Amazonas, rica en oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita, entre otras. La extensión del AMO junto a la de la FPO (su registro ampliado es de 64.000 kms²) totalizan un “polo de desarrollo” de 175.000 kms², una extensión equivalente a todo el territorio de Uruguay. Un nuevo núcleo extractivo principal se concreta en la cuenca del Orinoco, lo que le otorga una nueva importancia histórica a la minería en el país (ver Gráfico 2).

La profunda crisis del modelo de acumulación y de gobernabilidad, junto al apetito del capital transnacional allanan el camino a la apertura de nuevos procesos de acumulación por desposesión. En este contexto, el Petro-estado venezolano cede progresivamente en la composición y participación de los acuerdos e inversiones planteados a favor de las compañías extranjeras: se desregulan los trámites y se plantea una flexibilización cambiaria a estas empresas (tasas preferenciales); se facilita el acceso a los territorios y los recursos naturales; se impulsan flexibilizaciones laborales y ambientales; y en general se plantean garantías concretas a estas inversiones extranjeras (Del Pino, 2016).

El ‘nacionalismo energético’ que caracterizó al gobierno del presidente Chávez aparece cada vez más desdibujado. Se han creado las condiciones y los marcos para que las compañías transnacionales jueguen un rol político, económico y territorial más trascendental en este nuevo escenario del extractivismo en el país.

Conviene ahora ofrecer más detalles de este redimensionamiento del extractivismo, de la expansión cuantitativa y cualitativa propuesta en las nuevas fronteras de las commodities. Los principales enclaves de este proceso son:

Al tener en cuenta estos factores de cambio descritos, en el marco de un agotamiento del ciclo progresista en Venezuela y América Latina, es importante evaluar también qué nuevas modalidades y operaciones le dan forma a estos proyectos, formas de gestión y gobernanza de los “recursos naturales” además de los territorios.

Desde el enfoque de la ecología política, no solo puede verse cómo se configuran nuevas estructuras de ejercicio del poder político o qué rasgos macroeconómicos adquiere el modelo de acumulación de capital, sino también cómo se va a territorializar este proceso, remodelando la geografía nacional. Además se ve cómo se impulsa una política de apropiación y mercantilización sobre el “tejido de la vida” (Moore, 2013), y cómo se intenta construir una nueva “legibilidad” sobre la naturaleza (Robbins, 2004): una narrativa funcional a esta reestructuración del extractivismo. Estos son tres grupos de modalidades de operación:

La notable inestabilidad política y la caotización de la economía venezolana no solo es causa, sino también consecuencia de intensas disputas políticas que se desenvuelven en el país, sea por el control del Petro-Estado, de la renta petrolera o bien por el dominio de territorios y recursos específicos. De esta forma, es importante mencionar que esta ampliación de frontera impulsada por el gobierno nacional, ocurre en un contexto muy conflictivo en el cual diversos modos informales de violencia organizada no solo tienen una participación cada vez más importante en el desarrollo de la crisis en el país, sino también una evolución hacia formas cada vez más sofisticadas.

Una creciente estructuración de redes delincuenciales de escala nacional y transfronteriza se ha desarrollado, vinculada a operaciones masivas de extracción de bienes de consumo e incluso de producción en forma de contrabando, esto ha tenido un impacto severo en los circuitos económicos de la economía nacional.⁴ Lo que interesa resaltar es cómo este tipo de grupos delincuenciales se han venido conformando y vinculando con la extracción informal de recursos naturales como el oro, el diamante, el coltán, entre otros.

Aproximadamente desde el año 2006 ha comenzado un progresivo auge de la minería ilegal en varias zonas del estado Bolívar (Morillo, 2014; Kuyujani, 2015), cuando numerosos episodios de violencia vinculados a esta actividad se presentaron, como el ocurrido en Tumeremo en marzo de 2016 con el asesinato de al menos diecisiete personas relacionadas con la extracción en una mina de oro en el sector (Pardo, 2016), lo cual indica que varios de estos conflictos en la región pueden ser de alta intensidad. Estos grupos tienen en la actualidad una considerable incidencia sobre las nuevas fronteras de las commodities.

Grupos armados, vinculados a las minas de oro, la extracción maderera y de coltán, hacen presencia en zonas de la cuenca del río Caura; río Paragua; del parque Canaima en el Municipio Gran Sabana (cuenca del río Caroní); el perímetro que se define entre El Manteco, El Callao, Tumeremo y El Dorado al nororiente del estado (cuenca río Cuyuní); y desde Parguaza hasta San Fernando de Atabapo en el occidente del estado Amazonas (ver Gráfico 3).

El diputado Américo De Grazia, de la Causa R. por el estado Bolívar, ha declarado que aproximadamente desde el año 2009 principalmente en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de “sindicatos mineros” quienes extorsionan a los mineros e imponen su ley (Poliszuk, 2014). Molina (2014) ha denunciado esta misma problemática, señalando que estas mafias actúan articuladas con sectores de las fuerzas militares y policiales nacionales, factor también señalado por algunas organizaciones indígenas del Amazonas.

Desde algunos años atrás, el fenómeno ha sido reconocido por el Gobierno nacional. El diputado por el PSUV Freddy Bernal, quien estuvo al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, planteaba que esta “cultura paramilitar” se ha ido extrapolando en diversas partes del país, una de ellas el sur del estado Bolívar (Bernal, 2015). En el año 2016, el Ministro Del Pino subrayaba la importancia de aumentar la presencia militar en la zona del AMO para combatir la minería irregular (Del Pino, 2016).

En este sentido, desde el año 2015 el gobierno venezolano ha impulsado una serie de medidas especiales, como la puesta en marcha de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos) para “combatir el hampa”. También se ha declarado en el año 2015 estado de excepción en varios municipios de los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure, con lo que se pueden suspender las garantías constitucionales (“Maduro extiende estado de excepción”. 2015). Respecto al AMO, desde el primer trimestre del año 2016 se ha ordenado el despliegue de unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resguardar todos los municipios del estado Bolívar que cuentan con reservas minerales (“Zona Militar Especial resguardará Arco”, 2016).

A pesar de que esta nueva reestructuración del extractivismo se hace en nombre de la “diversificación” de la economía, de salir del rentismo petrolero (“Merentes: Nuevo esquema minero apunta a la diversificación”, 2016), o bien del impulso de un modelo económico para proteger el ambiente, las fuentes de vida y los sectores de la población que serían sacrificados en este proceso así como la expansión y profundización de un modelo insostenible, apuntan a consecuencias muy significativas para el país. Algunas de ellas son:

A pesar del acelerado avance de las fronteras de extracción y la serie de desafíos que este implica, diversas resistencias y conflictos se desarrollan en el país, bien sean contra el extractivismo, la minería ilegal –al sur del Orinoco–, por la defensa de los territorios o bien por la justicia ambiental, en los cuales los pueblos indígenas del país tienen un papel fundamental.

Dichas resistencias varían en intensidad y pasan desde declaraciones públicas, a través de interpelaciones al poder constituido, movilizaciones y ocupaciones, hasta enfrentamientos con violencia. Además de destacar la lucha yukpa en la Sierra de Perijá por la defensa de sus territorios ancestrales (la cual se ha convertido en una de las luchas emblemáticas de los movimientos sociales del país –surgiendo una popular consigna, “Sabino marca el camino”, reivindicando al cacique Sabino Romero asesinado en el año 2013–), es necesario mencionar las resistencias al sur del río Orinoco que han tenido momentos de alta intensidad, como la del pueblo pemón, que participan en complejos conflictos con los sectores militares y grupos armados irregulares, alrededor de la minería en el sur de Bolívar (Arias, 2013), o los pueblos ye’kwana y sanemá en la cuenca del río Caura (Alto Caura) contra la invasión de la minería ilegal.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía venezolana (COIAM) y la Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas (ORPIA) han rechazado públicamente desde el año 2013 hasta la actualidad la reactivación de los proyectos mineros en el AMO, resaltando la terrible y contradictoria práctica de la minería ante un proyecto político que se hace llamar ecológico, además:

Sin embargo, cabe resaltar que ante llamados de este tipo, la población de las ciudades suele estar desvinculada o apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita. La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su avance, parece necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades.

¿Podría la crisis del capitalismo rentístico, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las ciudades, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Es posible creer que sí. Esto en ningún sentido es una tarea fácil si tomamos en cuenta no solo el papel que juega el Estado para cooptar las reivindicaciones socioambientales, sino también que los patrones culturales y políticos dominantes, que en buena medida han configurado nuestros imaginarios, cuerpos y prácticas, se han proyectado en un ideal dominante de perfil urbano, anti-agrícola y colonial con la naturaleza.

Diversas organizaciones y movimientos urbanos han nacido en los últimos años bajo premisas ecológicas que se incorporan a sus reivindicaciones y agendas. Recientes movilizaciones en contra del proyecto del AMO parecen asomar nuevas voces, nuevos rostros y nuevas narrativas (Provea, 2016). Estas experiencias representan la base orgánica de una deseable y necesaria transformación de la relación con la naturaleza y modelos de sociedad, que tengan como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.

A lo largo del artículo se han detallado los factores y las características de una expansión de frontera sin precedentes en la historia de Venezuela. Hemos afirmado que está en curso una diversificación del extractivismo –con la mega-minería jugando un rol fundamental– que se distingue no solo por su mayor extensión sino también por su mayor intensidad, en el marco de claros patrones de flexibilización económica. Fueron descritos diferentes factores históricos, estructurales y coyunturales que determinan estas importantes transformaciones. La severa crisis del modelo de acumulación de capital en Venezuela tiene un notable impacto en las nuevas políticas de territorialización, de apropiación y de control del tejido de la vida que se impulsan desde el gobierno nacional.

Diversas modalidades del extractivismo fueron analizadas, en los ámbitos del discurso, de la mercantilización de la vida y de las políticas territoriales. En este sentido, se destacó el desgaste de la fuerza de la narrativa ambiental en la Revolución Bolivariana, la expansión de la mercantilización de la naturaleza, y la regionalización del país a favor de procesos de acumulación flexible de capital. Esto plantea mucha ambigüedad en la distinción entre progresismo y neoliberalismo.

A partir de estas modalidades en ejercicio y/o en construcción, los rasgos que han caracterizado al “neoextractivismo progresista” venezolano durante al menos la última década se han modificado notablemente, por lo que es pertinente reabrir un debate conceptual sobre el extractivismo que pueda dar cuenta de las nuevas características que operan en este modo de acumulación de capital. Los debates sobre el “fin de ciclo progresista” en América Latina, sirven de marco para la ampliación de este debate planteado.

Severas consecuencias socio-ecológicas, económicas, culturales, sociales y geopolíticas fueron remarcadas en este artículo. A diferencia del período de crisis (1983-1999), el actual se desarrolla con un mayor agotamiento de la biocapacidad nacional y del margen geográfico para la expansión de un desarrollo capitalista “equilibrado” en el país; además de un mayor metabolismo social y una mayor cantidad de población, entre otros factores. Esto supone escenarios más complejos, inciertos y complicados para enfrentar los desafíos ya mencionados.

En el artículo se destaca también que el Estado no es el único actor en las transformaciones geoeconómicas en curso en Venezuela. La crisis económica ha debilitado su fuerza política tradicional fragmentando las disputas territoriales. Así, varios grupos de actores emergen en este escenario: un entorno de caos generalizado y la configuración de redes delincuenciales que participan de la extracción, distribución y comercio de commodities y preciosities se suman al mapa de actores en disputa. El peligro de estas formas de territorialización pone en jaque todo el juego democrático en Venezuela y establece formas de control social en extremo violentas.

Por otro lado, sobresalen las diversas expresiones de organización social que impulsan formas de territorialización alternativas y resisten el avance del capital en disputa con las modalidades delincuenciales de territorialización. Dadas las características de la territorialidad del capitalismo rentístico venezolano, con un muy marcado sesgo urbano, es necesario que se desarrolle un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. Las condiciones de insostenibilidad socio-ecológica y los crecientes conflictos por problemas de distribución ecológica en el país generan, desde nuestra perspectiva, condiciones propicias para ambientalizar las luchas populares.

Los altos niveles de caos, crisis y conflictividad suponen adicionalmente un alto nivel de incertidumbre sobre el desenlace de la situación. En este texto se ha apostado por un análisis de escalas geográficas cruzadas, donde además se puedan producir análisis situados. La reivindicación del territorio como unidad de análisis fundamental es clave no solo para dar cuenta de la materialización de procesos de lo macro a lo micro-político, sino también para abrir alternativas a la participación de organizaciones sociales y comunidades que puedan tener mayor incidencia. Ante los altos niveles de incertidumbre parece ser una de las alternativas más viables.