La Comisión Investigadora de 1958⁵ que entregó su informe al primer gobierno del FN tuvo entre sus objetivos: hacer la radiografía local y nacional de la violencia, plantear recomendaciones para adelantar procesos de pacificación y, sobre todo, establecer el discurso de que el FN era un nuevo comienzo para el país (Jaramillo, 2014). Como resultado, se formuló la idea de que la violencia no tenía límites temporales claros (esto es, sin comienzo) y era responsabilidad de todos. De esta manera se propició un olvido sobre lo sucedido: atrás quedarían la masacre de las bananeras, el asesinato de Gaitán, las medidas de excepción tomadas por los gobiernos para el ejercicio de la violencia contra trabajadores, políticos y opositores, el Estado de Sitio, La Ley Heroica de 1926, el Decreto 3518 de 1949, entre otros.

Esta es una fase (hasta los años setenta) donde se desarrolló una literatura tradicional de tipo testimonial y apologética. La Violencia como concepto se convirtió en un sujeto histórico que trajo como consecuencia la des-personificación de las responsabilidades y la resignación a creer que la conflictividad bipartidista era parte del orden natural de las cosas (Sánchez y Peñaranda, 2015).

Un suceso no previsto por el Gobierno de entonces fue la presencia del Padre Germán Guzmán en la Comisión quien, en representación de la iglesia, recolectó información y relatos que permitieron organizar un archivo que dio lugar a la publicación en 1962 de La violencia en Colombia (escrito por Orlando Fals, Germán Guzmán y Germán Umaña). Ya no se trataba, como quería la clase política de la época, de generar olvido sino de realizar una terapéutica social y poner en evidencia “el papel de las élites en el desangre” (Jaramillo, 2014, p. 258) entre 1945 y 1958. El libro destacó el protagonismo de los sectores sociales que el bipartidismo había ocultado (los campesinos); la conquista de ideologías más allá del bipartidismo tradicional (en las guerrillas del Llano); y la propuesta sociológica de encontrar las causas del conflicto en los procesos políticos y económicos de los años treinta (Ortíz, 1992). En otras palabras, había que establecer una continuidad con el pasado.

El momento cierra con la formulación de explicaciones causales más globales: la de Oquist (1978), quien argumenta que con la violencia ocurrió una pérdida de legitimidad del Estado entre la población y la consecuente utilización de altos grados de represión para lograr la coerción, formulando así la noción del derrumbe parcial del Estado (Pizarro, 2004); y la de Pecaut (1987), quién planteó que Colombia era una democracia civil restringida, con la violencia en el centro de un fractura de lo social, convirtiéndose esta última en consustancial al ejercicio de la democracia. Esto lleva a que no se reconozca al Estado como agente legítimo unificador de la sociedad.

En resumen, este momento historiográfico muestra el tránsito desde la personificación abstracta de la violencia hacia una interpretación sociológica y concluye con búsquedas de explicación globales como el derrumbe parcial del Estado y la democracia civil restringida.

En 1987 se dio un giro explicativo cuando el gobierno contrató la Comisión de Expertos, la cual debía explicar una realidad nacional atacada por múltiples actores y construir una agenda de lucha contra los diferentes agentes provocadores de las violencias. Ya no había un pacto político que defender y lo que se buscaría sería la obtención de más democracia. La violencia se clasificó entonces según la siguiente tipología, sin asignarle un peso relativo a cada una:

Violencia política: aquella originada en enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados o de carácter insurreccional. Se la asocia a hechos como la extorsión y el secuestro (Cristancho, 2012).

Violencia urbana: era un fenómeno nuevo para la época. Se explica por la acción de intereses privados de individuos armados frente a otros ciudadanos indefensos y garantiza un beneficio económico para los primeros (Cristancho, 2012).

Violencia organizada: se trata de agresiones, producto de estrategias calculadas por organizaciones que tienen un plan para la liquidación de otro, con el fin de obtener algún beneficio privado (Cristancho, 2012).

Violencia contra minorías étnicas: como su nombre lo indica, se asocia a los ataques contra grupos indígenas o de comunidades negras.

Violencia de los medios de comunicación: aquí se trata de la forma como los medios de comunicación desencadenan una actitud mental en la población que no estaría permitiendo la reconciliación en la sociedad.

Violencia familiar: esta es una violencia ejercida a los miembros del grupo familiar al que se pertenece. Se trata de golpes físicos y violaciones. Este sería un medio que no le permite a la democracia materializarse (Cristancho, 2012; Jaramillo, 2014; Ortiz, 1992).

El informe se conoció como Colombia. Violencia y Democracia (Arocha y Sánchez, 1987). Su foco de análisis se concentró en los años setenta y comienzos de los ochenta, un nuevo periodo que implicaba un reto ante el surgimiento de nuevos actores y problemas. Los expertos presentaron una explicación de la confrontación reinante que rompió con el discurso dominante, y sentó “los principios del polimorfismo, multidireccionalidad y multicausalidad de la violencia” (Ortíz, 1992, p. 57); surgió la noción de cultura de la violencia y se develaron las formas emergentes del conflicto tales como: el paramilitarismo, la violencia sicarial y el narcotráfico. Atrás quedaría el bipartidismo. La solución propuesta por la Comisión al Gobierno era que hubiese más democracia política en el sistema. Lo que resultó fue un desconcierto intelectual, que parecía dejar la dimensión política en el marco de un conjunto de violencias que parecían incorporadas en la psiquis y el comportamiento habitual de los colombianos.

El informe no se ocupó de problemas estructurales como la distribución de la tierra, no dimensionó las consecuencias negativas del narcotráfico ni alertó la masacre iniciada contra los militantes de la Unión Patriótica, partido político surgido de los primeros acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno (Jaramillo, 2014).

En esa perspectiva multidimensional se incluyó el estudio sobre violencia urbana, de Camacho y Guzmán, Colombia, ciudad y violencia, quienes rechazaron el determinismo unilineal y plantearon una concepción abierta y plural de los procesos sociales (Arias, 1990; Ortíz, 1992). Estos refutaron la idea de la relación directa entre pobreza y violencia, y concluyeron que los problemas del momento no se debían únicamente al programa desestabilizador de las guerrillas (Arias, 1990).

A pesar de la incertidumbre que creaba el informe de 1987, otras investigaciones abrieron paso en la interpretación de la violencia. Es así como Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda realizaron un balance historiográfico que tuvo dos ediciones (en 1991 y en 2007) y dos reimpresiones (en 2009 y 2015). La intención fue “reunir una muestra significativa de trabajos que dieran cuenta de los avances que, […] se habían dado en torno al […] periodo de La Violencia” (Sánchez y Peñaranda, 2015, p. 17). Allí se recogieron los temas del bandolerismo, las guerras del siglo XIX, los problemas agrarios, la modernización y el desarrollo desigual de la primera mitad del siglo XX, para luego insertarse en el periodo 1945-1965, el 9 de abril, la violencia en el Quindío y Tolima y el papel del ejército colombiano. Dieciséis años después, en la segunda edición, ingresaron los temas del narcotráfico, el paramilitarismo y la paz.⁶ Ya para esa fecha los editores señalaron que: “la inundación de materiales hace ya casi imposible llevar un registro y un balance acumulativo de las publicaciones sobre el tema” (Sánchez y Peñaranda, 2015, p. 12).

En 2007, los editores visualizaron un “nuevo ciclo del conflicto colombiano” e incorporaron el concepto de guerra interna, la internacionalización de la misma y el involucramiento de la sociedad entera en el enfrentamiento. Lo que resulta más importante de esta edición es la “invitación a pensar el conflicto armado colombiano en una dimensión histórica, a interpretar la crisis […] desde una perspectiva de mediana duración, y en últimas a reflexionar sobre el papel de la violencia en la conformación de la Nación” (Sánchez y Peñaranda, 2015, p. 9). Fueron incluidos como nuevos temas la sociología política del narcotráfico y el análisis de los homicidios producto de diversas violencias en el periodo 1975-2001. El último texto recoge el análisis del discurso y la práctica de la autodefensa armada, el surgimiento de nuevos poderes regionales y la evaluación del proceso de negociación entre el Gobierno del Presidente Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El balance realizado por Sánchez (1985) planteó como tendencias de investigación: la superación de la literatura apologética de los setenta; el surgimiento de una historiografía que pasó de la coyuntura a la perspectiva de larga duración, colocando a la violencia como “un elemento estructural de la evolución política y social del país” (Sánchez, 1985, p. 25). Asimismo, el inicio de la indagación por las continuidades y discontinuidades entre el periodo de la primera violencia y la creciente conflictividad ocurrida en los años ochenta.

Peñaranda (2007) nos recuerda la producción de intentos globales de interpretación con: Palacios (1995), Entre la legitimidad y la violencia 1875-1994;Sánchez (1991), Guerra y política en la sociedad colombiana; La Comisión de Expertos coordinada por Arocha y Sánchez (1987), Colombia. Violencia y Democracia; y Pecaut (1987), Orden y Violencia. De ellos enfatiza que la violencia surge como el fenómeno regulador de los conflictos individuales y colectivos, en medio de una acelerada modernización económica y de inacabados procesos de colonización. También formula las preguntas que seguirán resonando en 2015:

Esas preguntas planteaban un escenario distinto para los años ochenta: los investigadores comenzaron a sostener que el conflicto interno era una guerra de cuatro décadas.

En síntesis, la historiografía producida ente 1987 y el cierre del siglo XX muestra avances conceptuales al considerar una continuidad entre la violencia de 1945-1964 y los nuevos fenómenos que se hacían presentes al final del siglo XX, entre ellos, la reforma agraria, la modernización y el desarrollo desigual. Asimismo, comenzó a hacer carrera la noción de cultura de la violencia, que por momentos implicaba un cierto desconcierto sobre lo que estaba sucediendo.

El inicio del siglo XXI trajo una nueva discusión acerca del carácter del conflicto que se continuaba prolongando, para entonces sucedió la segunda gran ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC e inició una etapa de ofensiva militar estatal, dentro de la cual no se ahorraron interpretaciones que justificaran la opción militar como búsqueda de la derrota de las guerrillas.

Dos hitos historiográficos marcan las nuevas discusiones del momento: (1) el debate sobre el carácter del conflicto interno; y (2) el régimen de verdad o la trama narrativa que se construyó con las dos comisiones encargadas por el gobierno en 2007 y 2015 para explicar la confrontación (Jaramillo, 2014).

En la primera mitad de la década del dos mil se dio un debate sobre el carácter del conflicto con las preguntas: “¿vive Colombia una guerra civil? ¿qué hay entre ese ayer turbulento del siglo XIX, la mitad del siglo XX y el hoy, terriblemente dramático, que parece unir bajo una larga confrontación la mayor parte de nuestra historia?” (Ramírez, 2002, p. 153). La guerra civil habría tomado forma desde el momento en que, en los años ochenta, las guerrillas deciden expandirse financiándose con las rentas del narcotráfico, el petróleo y el oro (Ramírez, 2002). Esta visión es rechazada por Posada (2001) quien no propone una visión alternativa, y Pizarro (2004) quien propone la noción de democracia asediada referida a la ocupación que hacen del territorio los actores armados (paramilitares y guerrilla) limitando así el sistema electoral.⁷

Otras nociones fueron la de guerra contra la sociedad de Daniel Pecaut y guerra ambigua o guerra anti-terrorista de las agencias norteamericanas (Pizarro, 2004). En todos los casos, las guerrillas estarían fuera de la sociedad y por lo tanto no serían un actor político válido y objeto de negociación política. Recientemente, Uribe (2011, 2013) ha realizado una actualización de este debate a favor de la idea de una guerra civil prolongada desde 1964, la cual se ha configurado por la coexistencia del veto de las élites a la Nación, un estilo de desarrollo concentrador de la riqueza con sesgo anti-campesino y una adopción irrestricta de las élites a la política norteamericana. Estos son elementos que se retroalimentan mutuamente generando una ruta a partir de la cual la guerra civil es la marca distintiva.

Richani (2003) planteó que la prolongación de la guerra se asocia con la valoración del costo-beneficio que los diferentes actores (militares, guerrillas, paramilitares, crimen organizado y clases dominantes) obtienen de la guerra o la paz. Se dio un equilibrio de fuerzas en el cual ninguno tiene capacidad para derrotar a los otros.

Rodríguez (2006) ⁸ abordó la pregunta por la evolución del conflicto en los noventa y, con cierta perplejidad, por ¿cómo ha sido posible que haya continuado cohabitando la violencia, el caos de la guerra, la democracia y el orden jurídico? El mismo título dejaba el sinsabor de que no se tenía una explicación plausible a lo que estaba sucediendo. Se trataba de “una curiosa y nueva visión académica [que coincidía con la negación del conflicto por el gobierno] con el fin de rebajar la insurgencia guerrillera a un nivel de simple delincuencia común” (Ramírez, 2015, p. 11). El interés principal era entender la violencia de fin de siglo: en lo político, ya sin el bipartidismo, se destacó como explicación el carácter excluyente del sistema electoral; en lo económico, se analizó el control de las rentas generadas por el narcotráfico y de otras economías legales e ilegales.

Un balance reciente (Cartagena, 2016) presenta la periodización de la violencia bajo la lógica de la acción de las clases dirigentes como un largo conflicto de clases: al interpelar el sistema político por su ampliación en los cincuenta, este se cierra para eliminar la violencia bipartidista, pero abre un nuevo escenario insurreccional, cambiando la perspectiva de interpelar al poder por sustituirlo.

En 2007 el gobierno creó la tercera gran Comisión de Estudios de la Violencia, bajo la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sus resultados, presentados en 2013, no solo superaron el mandato gubernamental sino que fueron más allá (aun en contra del gobierno) de documentar casos emblemáticos de victimización y resistencia, para crear una visión del pasado en que lo ético predomina. Por este motivo, se ocupó de recuperar y hacer públicos varios sucesos de terror provocados por diversos actores materializados en las masacres. Las víctimas, por primera vez, fueron el sujeto mediador entre el pasado y el futuro. A diferencia de las anteriores comisiones, esta ha logrado tener más permanencia y posibilidades de investigar y recabar en los hechos seleccionados (en seis años produjo 21 informes documentados de masacres). Aquí la noción que reemplaza a las de violencia y conflicto interno es la de guerra prolongada y degradada. Eso implica el reconocimiento de actores políticos y permite identificar diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a lo sucedido (CNMH, 2013).

Finalmente, en este grupo historiográfico se incluye a la CHCV surgida de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC en La Habana (Pizarro y Moncayo, 2016). Como ya se ha mencionado, su resultado fue un grupo de ensayos disimiles que abren distintas perspectivas de explicación y que una vez más, cuestionan las periodizaciones y las causas del conflicto político en los siglos XX y XXI. No obstante, agrega un elemento nuevo, la pregunta por la persistencia del conflicto: implícitamente el mandato buscó indagar por factores estructurales y permanentes que hacen que la guerra desde la segunda mitad del siglo pasado, surja, se renueve y cobre nuevos aires más letales y autodestructivos que el anterior ciclo.

Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo como relatores propusieron, entre otros factores explicativos, la cuestión sobre la continuidad o discontinuidad del conflicto. Si se mira enfáticamente a la continuidad, el conflicto por la tierra es el elemento que sigue estando en el centro del debate (Fajardo, Molano y Estrada como se citó en CHCV, 2015). También se considera estructural el cierre de los espacios políticos en los dos periodos de violencia. Igualmente, está la respuesta desproporcionada y reiterada de las élites frente a la protesta social (Estrada y Wills como se citó en CHCV, 2015). Por último, algunos comisionados incorporan a la explicación la aparición de un capitalismo extractor de rentas, donde el narcotráfico es parte consustancial del sistema (Estrada y Moncayo como se citó en CHCV, 2015).

Por otro lado, con énfasis en la discontinuidad, los comisionados centran su atención en destacar que el FN terminó con la violencia bipartidista de mitad del siglo XX; el narcotráfico y paramilitarismo se sitúan como actores nuevos de la violencia; y que los actores armados solo tienen como finalidad de su accionar la extracción de rentas (a través del secuestro y el “boleteo”), haciendo tabla rasa del periodo anterior a los años ochenta en una aceptación tácita de la forma cómo la clase política ha construido el pasado (sin verdad, sin memoria, sin historia) (Duncan y Torrijos como se citó en CHCV, 2015).