Menéndez-Carrión (2002) establece la premisa sobre la cual se erigen los regímenes políticos post-autoritarios latinoamericanos. Plantea que las personas aprendieron a vivir sin sus gobiernos a la vez que estos aprendieron a actuar sin la ciudadanía, estableciendo así una internalización e institucionalización de la desconexión entre gobierno y sociedad. Esta cuestión según Garretón (2014) se levanta como la gran problemática latinoamericana post-autoritaria, es decir, el problema central de la refundación de la relación Estado-sociedad, entre política y ciudadanía, cuya repercusión directa es la reconstrucción y refundación de la polis, que en el caso de Chile resultó -y resulta- problemática e inacabada.

Al término de la dictadura militar, Chile entró en un largo y conflictivo proceso de democratización política incompleta que “dio origen a una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios” (Garretón, 2014, p. 192), y que mantuvo las lógicas sociopolíticas, económicas y culturales de la dictadura (Moulian, 2002). Durante este periodo, la política se constituyó como actividad vacía en la medida en que los acuerdos y consensos subyacentes a su práctica tuvieron como efecto directo la despolitización de la ciudadanía dada la restricción de la discusión pública, la disminución de la participación y demandas sociales en pos de la gobernabilidad (Arrau y Avendaño, 2002). La actividad política perdió su carácter conflictivo, se neutralizó y llevó a la falta de representación de intereses ciudadanos pues desapareció el carácter simbólico-representativo de la misma. En términos de Lechner (2000) y Moulian (2002), la actividad política se desideologiza al no poner nada en juego, mientras que otros (Atria, Larraín, Benavente, Couso y Joignant, 2013) plantean que se privatiza negando el interés general.

Además, la dictadura fue sobre todo un régimen anti-ciudadano, un periodo de desintegración de la ciudadanía que se arrastró durante la transición y consolidación democrática. Como sugiere Gómez (2010), las autoridades no se interesaron en reconstruir al ciudadano democrático y mantuvieron en su lugar a una ciudadanía imaginaria. La transición no recuperó ni reconstruyó el ethos cívico existente anteriormente, por tanto, este proceso democratizador inconcluso remite también a la falta de ciudadanía (Joignant y Menéndez-Carrión, 1999). La reducción a “pueblo-elector” de la que fue víctima llevó a la ciudadanía a una crisis que minaba en su fragmentación, resquebrajando su unicidad y posibilitando el surgimiento de diversas ciudadanías basadas en la despolitización y la mercantilización (Gómez, 2010).

La tónica durante el periodo post-autoritario en cuanto a la relación política-ciudadanía fue de mutua desconexión. La política de los acuerdos diluye el conflicto político, cuestión que “trae una consecuencia inesperada: la brecha entre sistema político y la ciudadanía aumenta” (Lechner, 2000, p. 26), a la vez que la ciudadanía se configura como espacio privado y despolitizado.

Esta desconexión y desarticulación que recorre el periodo post-autoritario chileno culmina el año 2011 donde, las formas de la política, la ciudadanía y sus modos de relacionarse son puestas en tela de juicio. El quiebre tiene lugar a partir del año 2011 a razón del auge y la visibilización del malestar social: se comenzó a cuestionar las formas de desigualdad y modelo político-económico (Mayol, 2013). Una expresión de ello será la aparición de una serie de manifestaciones sociales con distintos orígenes y diversas demandas. Manifestaciones regionales, ecologistas, por la educación, de minorías sexuales, de reivindicación cultural, dan cuenta de un despertar de la sociedad (Garcés, 2012), donde emergen movimientos sociales refundacionales que tienen como objeto cambios sustanciales (Garretón, 2014). Este “auge de la sociedad” supone a la vez la apertura de la ciudadanía hacia lo público, y con ello la evidencia de que al 2011 “nuestra ciudadanía se reduce prácticamente a una dimensión formal, sin contenido” (Atria et al., 2013, p. 34).

Paralelamente, la política también experimentó cambios alrededor del 2011. Un año antes finaliza el ciclo político de la Concertación, llega al gobierno la derecha político-empresarial, y con ella un proceso de desarticulación y descomposición política. El fin del ciclo histórico de la Concertación supuso el nacimiento de la Nueva Mayoría. La crisis de la otrora coalición posibilitó el surgimiento de organizaciones como el Partido Progresista y Fuerza Pública. La Coalición por el Cambio, por su parte, se fragmentó dando paso a partidos como Evópoli y Amplitud. A su vez, las movilizaciones sociales posibilitaron el surgimiento de Revolución Democrática, dieron fuerza a Izquierda Autónoma y revitalizaron organizaciones como el Partido Comunista, por nombrar algunos. En definitiva, junto con el auge de la ciudadanía se evidenció una tendencia de crisis institucional de la política expresada. Como plantea Garcés (2012), en parte por la fragmentación del mercado político, a la vez que por un creciente debilitamiento institucional (Mayol, 2013).

En un primer momento, la problemática política-ciudadanía se vio suprimida por la legitimidad y vigencia del discurso transicional y por una ciudadanía minimizada. Por el contrario, desde el 2011 se dio paso a una nueva forma de relación -ahora tensionada- motivada por un escenario social y político distinto. De esta manera, resulta necesario abordar las claves de esta nueva forma de relación/tensión que adopta la relación política-ciudadanía a través de una revisión del contexto sociopolítico, las formas en las que se manifiestan la política y la ciudadanía, y la posible existencia de una crisis de legitimidad, con el fin de comprender las claves confrontacionales entre política y ciudadanía.

El concepto de política es amplio y encierra un sinnúmero de indeterminaciones, por lo tanto, la inclusión del concepto de “lo político” será lo que nos permitirá comprender de forma más acotada la idea de política. Esta diferencia implica pensar al primer término como autónomo y primario a partir de la relación fundamental e irreductible del antagonismo amigo/enemigo (Schmitt, 1998). Lo político vendría siendo la esfera antagónica constitutiva de lo social, mientras que la política es reducida a la esfera del Estado en tanto manifestación histórico-empírica de lo político (Mouffe, 2007). Así, cuando hablamos de política nos estamos refiriendo a su sentido empírico, a “[…] la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones” (Rosanvallon, 2002, p. 20).

Weber (1998) fija la idea de que la política va mutando su forma de acuerdo al periodo al que pertenece su existencia. En este sentido, durante la época moderna se corresponde un tipo específico de política. El desarrollo del capitalismo, dirá Weber, trae aparejado un fuerte proceso de racionalización de la sociedad, que en el caso de la política se materializa en la aparición de un Estado burocrático como expresión más acabada del Estado moderno (Weber, 1998). Este tipo de política racional-burocrática moldea la forma de la política tanto en sus instituciones como en sus agentes y prácticas.

La organización partidaria se ha adaptado a este nuevo contexto. Ha experimentado un creciente proceso de desociologización, burocratización y profesionalización como expresión de su distanciamiento con la sociedad. Los partidos se orientan a la función gubernativa, a las elecciones y obtención de cargos, ejerciendo marginalmente su función de representación social (Rosanvallon, 2015). Simultáneamente, el proceso de racionalización invita a la vez a el surgimiento de un agente político específico. Weber (1998) plantea que existen tres tipos de políticos: los “políticos ocasionales” -que Bourdieu (2001) define como “profanos”-, los “semi-profesionales” y los “políticos profesionales” que se dedican únicamente a la política. Estos últimos son agentes profesionales que poseen los medios de producción política, de discursos y acción, de visión y división del espacio social (Bourdieu, 2001), y que se levantan por sobre el resto en la medida en que son poseedores de capital político ya sea que esté “basado en el hecho de ser conocido y reconocido como persona [o producto] de la transferencia limitada y provisional […] de un capital poseído y controlado por la institución [política]” (Bourdieu, 2001, p. 93).

Al igual que Weber, Bourdieu también vislumbra la profesionalización de la política pues la concibe como un campo que “descansa sobre una brecha entre profesionales y profanos” (Bourdieu, 2001, p. 11), en donde los asuntos políticos son vistos como asuntos de especialistas, característicos de un saber científico-racional (Bourdieu, 2001; Weber, 1998, 2014). Debido a que para ser político es necesario ciertas competencias, la actividad política opera en una lógica de desposeimiento ciudadano y monopolización de profesionales en tanto se delega la soberanía a una elite profesional.

Esta distinción se debe a las lógicas y dinámicas internas de la política en tanto “campo”. Los campos, dirá Bourdieu, son “espacios estructurados de posiciones”, que poseen leyes generales e invariables. Todo campo es un espacio de lucha, que se define por los “objetos en juego [enjeux] e intereses específicos” (Bourdieu, 2011, p. 113). Las dinámicas internas de la política en tanto campo político referirán a un estado de la relación de fuerzas de los agentes a partir de la distribución del capital político al interior del mismo. Dicha lucha es particular del microcosmos político, pues se da en una doble dinámica, a saber, lucha por los intereses representados del espacio social, pero principalmente lucha por intereses propios de los agentes políticos, cuestión que implica pensar la política como espacio de disputas individuales independientes del interés social.

Cuando hablamos de legitimidad nos estamos refiriendo al fundamento sobre el cual se apoya y domina el poder sin necesidad de utilizar la fuerza, es decir, tan solo a la obediencia de la que proviene su justificación. En este apartado, se establecen tres formas en las que se presenta la legitimidad en un contexto democrático-electoral, a partir de tres autores que fijarían distintos momentos de la justificación política.

Toda asociación política, según Weber, es a la vez asociación de dominación, y toda dominación descansa en diversos motivos de obediencia, por ende toda relación de dominación debe “despertar y fomentar la creencia en su legitimidad” (Weber, 2014, p. 336). Desde este enfoque, debe entenderse por legitimidad la probabilidad de que los sujetos crean válida la dominación y sus fundamentos, o sea, establezcan como válida la obediencia a las ordenaciones de la asociación política. En la modernidad, esta obediencia responde a un principio legal-racional en tanto que la dominación del Estado moderno descansa en la “creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber, 2014, p. 338). Así, la legitimidad estaría dada por el carácter racional, legal y objetivo de las ordenaciones, basada en normas objetivas legalmente establecidas.

El concepto de legitimidad weberiana refiere a una capacidad “estructural” de la asociación política de presentarse como válida frente a los dominados. A esta interpretación “objetiva”, anteponemos su versión, si se quiere, “subjetiva”. De ello se sigue la inclusión de la perspectiva de Habermas, para quien la legitimidad sirve para “mostrar cómo y por qué las instituciones existentes […] son adecuadas para emplear el poder político” (Habermas, 1992, p. 249). Esta perspectiva se orienta al reconocimiento de la validez de un orden por parte de los dominados, a las justificaciones que posibilitan dicha dominación. El carácter subjetivo de la legitimidad habermasiana se interpreta como reconocimiento ciudadano, como el hecho de creer que el poder político y sus agentes existentes son “dignos” para emplear el poder y por tanto merecen reconocimiento.

Un tercer momento de la legitimidad en un contexto electoral-representativo, refiere a la relación entre poder y sociedad, entre instituciones, gobernantes y ciudadanos. Desde la óptica de Rosanvallon, la legitimidad “permite que la relación entre gobernados y gobernantes se establezca sólidamente […] [Y en su variante democrática tiene] como función más exigente la de tejer lazos constructivos entre el poder y la sociedad” (2009, p. 31). Aquí la legitimidad cobra un carácter relacional que nace a partir de la noción de generalidad social entendida desde la lógica de la singularidad, es decir, desde la atención a la particularidad de los sujetos (Rosanvallon, 2009, 2012), cuestión que implica una re-conceptualización de la legitimidad democrática. Bajo esta perspectiva, Rosanvallon (2009) visualiza tres formas de generalidad, a saber: negativa, de multiplicación y de particularidad. Cada una responde a lógicas particulares y por ende requieren un tipo específico de legitimidad. En el caso de la generalidad negativa, esta refiere a un principio de desconfianza y por tanto exige una relación política-ciudadanía imparcial, que no esté dominada por particulares. En el segundo caso, la generalidad de multiplicación exige la ampliación de momentos de interacción entre política y ciudadanía, de ello se sigue un tipo de legitimidad de reflexividad que permita la proliferación de dichos momentos. Finalmente, la generalidad de particularidad plantea la singularidad de los sujetos de acuerdo a sus vivencias, exigiendo una relación de cercanía entre político y ciudadano, promoviendo una legitimidad de proximidad que dé importancia al ciudadano y sus problemáticas.

La idea de ciudadanía puede tematizarse de diferentes maneras, pero en lo sustantivo refiere a un doble principio del que se siguen sus lecturas preponderantes. Así lo evidencia Rosanvallon al plantearla “bajo dos formas de aprehender un sujeto: portador de derechos propios y miembro de una comunidad. Es individuo y pueblo […] es reconocimiento del individuo-igualdad […] y al mismo tiempo manifestación del individuo-comunidad” (Rosanvallon, 2012, p. 55).

Esta segunda acepción demanda la centralidad de la ciudadanía en la discusión pública. Asume un rol fundamental en la construcción de la sociedad, en tanto que esta se configura en “la praxis de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación” (Habermas, 1998, p. 622), volviendo a la ciudadanía pieza central en el quehacer político en la medida en que detenta el poder y la soberanía en el proceso de agrupación (Arendt, 2009; Habermas, 1998). Reivindica a la vez el principio de pluralidad, “básica condición tanto de la acción como del discurso [y que] tiene el doble carácter de igualdad y distinción” (Arendt, 2009, p. 200), cuestión que posibilita la aparición no de la “ciudadanía-una”, sino de muchas que responden a procesos de subjetivación política diversos. Es una igualdad-distinción que se produce en la aparición “ante-otros”, donde el individuo deviene sujeto social. Este proceso de aparición implica que el sujeto salga de su espacio íntimo y se disponga al ámbito público, espacio de aparición de los hombres en comunidad, mediante la acción y el discurso (Arendt, 2009), configurándose así la idea de ciudadanía como proceso, como momento de agrupación, aparición y participación de los hombres en la esfera política.

Este escenario de aparición es el espacio público, lugar donde los hombres aparecen libres e iguales y devienen ciudadanos (Arendt, 2009). Es un espacio, según Habermas, de deliberación que permite que los individuos dejen su “papel de sujetos jurídicos privados y, entrando en el papel de ciudadanos, adopten la perspectiva de miembros de una comunidad jurídica” (1998, p. 94). Por otro lado, para Rancière (1996) es el espacio del ver y el decir, del aparecer de sujetos políticos mediante la puesta en acto de su visibilidad siempre conflictiva.

Este proceso deviene a la vez opinión pública, que nace como proceso intersubjetivo de los ciudadanos en espacios públicos informales (Habermas, 1998). Un proceso consensual que, debido a la pluralidad humana, no está exento de conflictos, pues para Rancière (1996) la opinión pública se constituye mediante la aparición de subjetividades excluidas del mundo sensible. Aquí, consenso y conflicto coexisten posibilitando el pluralismo como espacio de la diferencia y la existencia de minorías sociales.

El actual contexto sociopolítico da cuenta de grandes cambios, principalmente en el ámbito de la sociedad que ha mutado respecto a su versión previa. Por otro lado, la política ha entrado en un periodo crítico debido a su estancamiento y a los nuevos problemas y demandas a las que no puede acoplarse.

Este panorama establece un contexto que emerge y otro que se hunde. La desafección política-ciudadanía de la transición queda relegada en un panorama que lleva, en primer lugar a hacer patente la otrora desconexión política-ciudadanía, y en segundo lugar, a tensionarla: “Hay una separación entre política y sociedad que hace que la política sea vista cada vez más como una actividad que gira en torno a sí misma y que no responde a los grandes problemas de la sociedad” (Ojeda, 2015).

Se da paso a un periodo altamente convulsionado y que tiene temáticas bastante claras y recurrentes. El primer punto está directamente relacionado con la fatiga del relato transicional: “El llamado relato concertacionista bastó para mantener durante 20 años el sistema en una quietud al amparo de la idea de transición a la democracia, pero no pudo hacerle frente a la necesidad de transformaciones político-sociales que Chile necesitaba” (Vallejo, 2011). Este agotamiento potenció su deslegitimación a raíz del ahora evidente vínculo entre política y dinero y los generalizados hechos de corrupción: “Los chilenos […] han empezado a sentirse molestos con tanta evidencia de corrupción. De a poco, tomamos consciencia que no vivimos en una democracia verdadera” (Richard, 2015).

Por otro lado, el actual contexto nos muestra un creciente sentimiento de malestar social que se origina en tiempos de la transición, pero se hace patente en el momento político actual: “El 2011 irrumpe un malestar largamente acumulado, que remite a las privatizadas condiciones de vida que alcanza la sociedad chilena” (Boccardo y Guajardo, 2014, p. 6). Y que se materializa en un fuerte cuestionamiento social y un creciente interés en la construcción del país. Acudimos a un proceso de politización en donde comienzan a cuestionarse los cimientos de la sociedad chilena: “La sociedad chilena se encuentra inmersa en un proceso de discusión sobre sí misma […] Los actuales son tiempos de politización porque ha emergido un espacio para preguntarse colectivamente por las cuestiones básicas de la sociedad”. (PNUD, 2015, p. 29).

Dentro de este contexto emergen nuevas dinámicas y formas de expresión de la ciudadanía que dan cuenta de su desarrollo. La nueva ciudadanía que se reposiciona en Chile rompe con los parámetros del ciudadano de antaño: “Como condición necesaria para entender esta nueva ciudadanía es reconocer […] que se despoja de las ataduras autoritarias que definió la antigua ciudadanía” (Gangas, 2013).

Esta ruptura está dada por el surgimiento de nuevas identidades sociales que vienen a ser el núcleo de la nueva ciudadanía: “la radical transformación del panorama social chileno […] proyecta nuevas identidades sociales que no encuentran cabida en un sistema político” (Boccardo y Guajardo, 2013, p. 7). Y que se amparan en el recambio generacional. Son los jóvenes quienes toman las riendas de la acción y el discurso desde la ciudadanía, jóvenes a la vez difícil de captar políticamente: “los jóvenes de hoy […] son cada vez más autónomos, son cada vez menos fieles a marcas, partidos y coaliciones. Eso los hace extremadamente difíciles de capturar para fines políticos y electorales” (Joignant como se citó en TVN, 2016).

Esta cuestión implicó una re-conceptualización de la ciudadanía en cuanto a su relación con la política: “Tal parece que los ciudadanos están alejándose de las formas clásicas de organización y participación” (Moreno, 2017). Esta nueva ciudadanía rompe con la política como mediación institucional, pero a la vez rompe con ella en tanto política de los consensos, como expresión de la sociedad de la transición: “Rechazamos la política de los consensos tal como se ha desarrollado durante los últimos 20 años: los consensos han sido generados entre cuatro paredes” (Vallejo, 2011).

Esto no implica un desinterés o despolitización ni mucho menos, al contrario, es expresión y parte del proceso de politización que vive la sociedad, pues esta tendencia al alejamiento institucional trae aparejada nuevas formas de expresión y manifestación política que vendrían siendo la clave distintiva del nuevo tipo de ciudadanía: “La nueva ciudadanía busca en el espacio público no institucional su espacio de acción. […] rompe con el inmovilismo reproductivo del orden social amparado en la estabilidad institucional y la gobernabilidad, y se construye desde el conflicto” (Gangas, 2013).

La política, por su parte, atraviesa un periodo de crisis que se condensa en el debilitamiento de su institucionalidad a partir de los modos de relacionarse con la sociedad, de sus agentes, de sus prácticas internas y de las formas que adopta: “Uno de los rasgos más característicos del periodo 2010-2014 es el debilitamiento del sistema político institucional chileno” (Boccardo y Guajardo, 2014, p. 8). Debilitamiento motivado principalmente por la incapacidad de modificar sustancialmente su estructura para ir a la par y de forma armónica con los cambios sociales ya avizorados. La estructura política no ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos:

Esta fragilidad, debido a su forma extemporánea, produce una disociación con la esfera social expresada en una falta de sincronía entre partido político y sociedad. La política no ha podido reinventarse a la par con la sociedad, imposibilitando su lectura, interpretación, representación y expresión política: “Los partidos políticos que lideraron durante largo tiempo a la sociedad civil, […] hoy no comprenden sus códigos, son cuestionados y la relación de fuerzas se revierte, la historia les ha pasado la cuenta” (Davis, 2012, p. 12).

Pero este también es un debilitamiento suscitado por el tipo de agente y por las dinámicas internas que adopta la política. Esta se ha configurado al alero de una elite sempiterna que se ha aferrado a las esferas del poder: “El poder se reparte y se ha repartido entre las mismas personas desde la fundación de la república y hasta los cargos técnicos se entregan en función de intereses de la casta política” (Rodríguez, 2016).

La existencia de una elite que maneja los hilos de la política es un problema fundamental pues repercute en la actividad de la misma. Las prácticas políticas se orientan a los intereses particulares de esta elite más que a los intereses sociales que debiera representar. Se configura como espacio de luchas internas motivadas principalmente por el poder: “La política y la institucionalidad pública se ha convertido en otro campo de batalla de intereses particulares” (Rodríguez, 2016). En estos intereses el empresariado juega un rol fundamental, pues a través del dinero tiene la capacidad de influir en el juego interno de la política, distanciándola aún más de la sociedad, pasando a constituirse como una práctica ajena al interés general: “Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia. […] Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos […] para obtener ventajas personales” (Bachelet como se citó en “Dirección de prensa”, 2015).

Por lo mismo, la política se transforma en una actividad autónoma, donde no hay cabida para los ciudadanos y sus intereses, en la medida en que agentes políticos y económicos se apoderen de ella: “La política ha sido secuestrada por intereses particulares y por la bajeza de individuos sin escrúpulos que han puesto el esfuerzo de una comunidad al servicio de una minoría” (Rodríguez, 2016).

El actual contexto sociopolítico, la nueva ciudadanía y los problemas de la política, dan cuenta en muchos aspectos de una crisis que palpita durante los últimos años. Esta, tiene múltiples aristas que dan cuenta de una crisis política integral que abarca diversos ámbitos.

En un primer momento, la crisis política se manifiesta como crisis de confianza, principalmente hacia los políticos y las instituciones: “Lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos” (Soto, 2016). Además, es una crisis de confianza que se hace extensible a otros planos, pues se centra en el rol de las elites, y por tanto, el argumento se traslada hacia las cúpulas que detentan el poder: “Esta crisis es muy dolorosa porque es una crisis de las elites, no todas las elites pero, para ser franco las tres elites que figuran entre las más esenciales para el desarrollo armónico de un país” (Icare, 2016).

Otra arista refiere directamente a la relación política-ciudadanía. Esta perspectiva responde a una crisis de representatividad, y por tanto a una separación entre intereses políticos y sociales. Podría exponerse, por un lado, que dicha crisis estaría motivada por una incapacidad de la política de representar intereses sociales: “[…] la política […] no tiene la capacidad -política- de dar respuestas a estas presiones, demandas y exigencias […] De este modo, ‘los representantes’ no pueden satisfacer la demanda de ‘los representados’” (González-Llaguno, 2013). No obstante, también es una crisis de representatividad provocada por una ciudadanía que no percibe los canales institucionales como espacios validos de representación: “Tener que incidir a través de los partidos políticos tradicionales quedó atrás, en el 2011. Ahora la ciudadanía se expresa y quiere incidir sin estar en los partidos políticos” (San Cristóbal, 2012).

Esta deficiencia de representación de carácter bidireccional podría condensarse en la ruptura entre política y sociedad sufrida durante la transición y que hoy se vuelve conflictiva: “La crisis política que tenemos hoy día en Chile de representatividad […] tienen sus raíces en la separación que se establece entre política institucional y sociedad en el gobierno de la transición” (Boric como se citó en T13, 2016).

Las visiones de la crisis política no hacen sino sentar las bases de la existencia de una crisis de legitimidad del sistema político y, por tanto, visibilizan la situación actual a partir de un problema de validez de la estructura política que supera lo meramente coyuntural: “No toda crisis política se convierte necesariamente per se en crisis institucional. Pero, al parecer, la nuestra sí lo es […] Lo que está en cuestión cada vez más es la legitimidad del orden constitucional y sus instituciones” (Salvat, 2015).

El actual contexto sociopolítico de Chile da cuenta a grandes rasgos de un desfase entre ciudadanía y política. Esta divergencia es la expresión de una coexistencia conflictiva de dos formas de sociedad: la sociedad de la transición y la sociedad actual. Las dinámicas problemáticas entre ambas tienen su origen en esta incongruencia que supone la convivencia en un mismo tiempo y espacio de dos expresiones de sociedades dispares, o más bien, el arrastre de un modelo político y social que actualmente resulta incongruente con respecto a las nuevas formas y dinámicas ciudadanas.

La política, en tanto expresión de la transición, busca reproducir la precedente desconexión política-ciudadanía, la autonomía política y el desinterés ciudadano que vislumbra Menéndez-Carrión (2002), pero lo hace en un periodo distinto, en un contexto en el que la desafección y despolitización ciudadana no son una opción viable en una nueva sociedad. Por tanto, la convivencia entre los vestigios de la transición, expresados en la política y la nueva sociedad manifiestada en la ciudadanía, se vuelve problemática y de confrontación.

Esta tensa relación se ve agravada por el agotamiento del relato transicional, toda vez que los fundamentos que originaron y dieron sustento a la forma “política de la transición” hoy resultan inverosímiles y desactualizados. El discurso de la gobernabilidad, los acuerdos y la disolución de los conflictos no encajan en una sociedad caracterizada por hacer patente los desacuerdos y problemáticas. Pero también, y siguiendo en esta línea, la tensión política-ciudadanía se fortalece a razón de los hechos actuales de corrupción, cohecho y tráfico de influencias que transparentan los vínculos entre dinero y política, en donde esta se muestra como actividad vinculada a intereses particulares-empresariales.

Esta relación problemática entre política y ciudadanía termina por constituirse a sazón de la “visibilización” ciudadana que supone el auge y explosión del malestar social. Un malestar generalizado “con la política, con los políticos, con todas las instituciones, con el Estado, con las empresas, con los sindicatos [etc.]” (Atria et al., 2013, p. 11), y motivado a grandes rasgos por las repercusiones sociales del tipo de modelo instaurado en la dictadura y legitimado en la transición (Moulian, 2002). Todo esto deviene en la politización de la sociedad donde, como establece el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD por sus siglas en inglés, 2015), se ha puesto en cuestión la imagen de país que se construye.

La nueva ciudadanía que se reposiciona en Chile adquiere gran relevancia en el quehacer político, y se enmarca dentro del proceso que Cheresky (2015) denominó como “expansión ciudadana”. Este resurgir se produce a sazón de la aparición de una nueva generación que nació en el neoliberalismo, que padece sus repercusiones y limitaciones, y que advierte nuevas problemáticas y demandas, invitando a la ruptura con la expresión limitada de la ciudadanía de antaño.

Además, esta nueva ciudadanía tiene como característica el conflicto con la dimensión institucional-electoral de la política, rompiendo con sus canales tradicionales de expresión y reivindicando nuevas formas de acción política. De acuerdo al PNUD, “desde 1989 se ha registrado una baja sostenida en la participación electoral de la población en edad de votar, especialmente entre los jóvenes” (2014, p. 33), cuestión que expresa la ruptura ciudadana con los procedimientos electorales-representativos. Esta crítica hacia la institucionalidad se ve fortalecida, además, por los procesos de mutación democrática (Cheresky, 2015; Rosanvallon, 2009, 2011, 2012, 2015) y por la creciente falta de identificación con los partidos y agentes. Así, la ciudadanía no se refleja en las expresiones político-tradicionales,¹ reniega de ellas y busca canales y agentes “no tradicionales” en los cuales depositar su confianza e identificación.²

Estamos en presencia de un cambio de paradigma en la concepción de ciudadanía. Pasamos de un ideal liberal-individual del ciudadano de derecho a una concepción principalmente participativa. Se reivindica y reposiciona la idea de un cuerpo ciudadano, un principio participativo y un ideal cívico del conjunto de sujetos pertenecientes a una comunidad. A diferencia del principio individual-liberal, el republicano pone énfasis en la ciudadanía como un sujeto colectivo que se construye como tal en la medida en que participa de la organización de la sociedad (Arendt, 2009; Habermas, 1998). Dentro del contexto social y político, la ciudadanía comienza a pensarse como un conjunto de individuos que comparten problemas, soluciones y un espacio en común del cual deben hacerse cargo. Es por ello que la ciudadanía reivindica un principio de asociación, acción y manifestación conjunta. La emergencia ciudadana en el acto participativo, fundamental para Arendt (2009) y Habermas (1998), resulta evidente en la actualidad en la medida en que esta se organiza y posiciona en el espacio público para manifestar sus demandas. Esto da lugar a diversos procesos de subjetivación política que rompen con las formas y prácticas consensuadas (Rancière, 1996); el auge de las manifestaciones públicas da cuenta de ello. La ciudadanía tiende a la asociación y participación horizontal en los espacios públicos informales, extra-institucionales y espontáneos, organizándose “contrademocráticamente” en el rechazo a las lógicas político-tradicionales. La disposición a expresarse en público no solo se limita a la reapropiación de los espacios físicos como sucede en las marchas u otro tipo de intervenciones, sino que se expande a la vez a nuevos espacios como Facebook, Twitter o diversas plataformas digitales que operan como espacio común donde la ciudadanía se organiza, socializa, opina y confronta. El principio de pluralidad también es patente en esta figura de ciudadanía pues promueve la aparición no de “una” ciudadanía sino de “muchas” que responden a procesos de subjetivación diversos, que bien se muestran en el surgimiento de diversos movimientos y organizaciones como el educacional, de reivindicaciones culturales, regionalistas, ambientalistas, e incluso organizaciones que promueven derechos como los movimientos a favor de la legalización del consumo de marihuana, pro aborto y el actual movimiento No + AFP.

Esta nueva forma de ciudadanía nos invita a repensar la acción política. Al cambiar su esencia, también mutan sus formas de expresión e interacción, cuestión que nos obliga a observar la práctica política ciudadana desde una perspectiva diferente a los paradigmas clásicos.

La política por su parte se ha ido debilitando. Esto se debe en parte a la coyuntura nacional, pero sobre todo a la forma que adopta la actividad política.

El origen de sus padecimientos data de la transición, donde se instauró un tipo de política que hoy se hace insostenible y que carece de autocrítica y disposición para el cambio, la “política de la transición” existe en la actualidad sin ningún arraigo social. Esta forma política, que ha sobrevivido a las nuevas dinámicas sociales, lo ha hecho, sin embargo, a costa de un creciente divorcio con la ciudadanía y una constante autonomización en sus prácticas. La actual política chilena se encuadra en la óptica weberiana como práctica especializada, técnica, profesional, orientada por la instrumentalidad de la acción, a la vez que dentro del diagnóstico de Bourdieu (2001) como una actividad autonomizada del espacio social.

Desde la transición hasta la fecha, la política se ha transformado en una actividad exclusiva, perteneciente a un pequeño grupo de personas, operando en la exclusión y diferencia profesional-profano (Bourdieu, 2001), esta transmuta en carrera profesional y con ello, también su agente. La figura del político se caracteriza por la búsqueda del poder, es un político vacío, el Machpolitiker weberiano, que vive de la carrera política, y que de acuerdo al PNUD (2015) son vistos como ajenos a las personas y sus necesidades. Es fácil advertir la repetición de caras y apellidos en los espacios de poder desde la transición hasta la fecha para dar cuenta de esta tendencia de los agentes políticos al perpetuarse en los cargos. Junto con ello, estos tienden a personalizar la práctica política y organizarla en torno a intereses y necesidades personales. Luchas entre “Allendismo” y “Escalonismo” en el Partido Socialista (PS), “Laguismo” y “Girardismo” en el Partido por la Democracia (PPD) o entre “Jovinistas” y “Pungueiras” en la Unión Demócrata Independiente (UDI), etc., son ejemplos palpables de luchas políticas personalizadas. De igual forma, es una práctica vinculada al empresariado, agentes que, al igual que la elite política, tienden a su apoderamiento. Los vínculos entre las esferas del poder político y económico en los recientes y sonados casos Penta, SQM y Caval dan cuenta de ello.

Por otra parte, el rol de los partidos políticos se ve debilitado debido a la forma que adoptan. Estos han ido perdiendo su arraigo social en la medida en que flexibiliza sus ideas y programas en pos de necesidades electorales y de la excesiva propensión a la personalización. La actual tendencia a incorporar personajes reconocidos, como ex futbolistas, cantantes, modelos, “chicos reality” y personajes de farándula, dan cuenta de un nuevo fenómeno, donde los partidos buscan incorporar capital de reconocimiento de personajes en muchos casos ajenos a la política, únicamente buscando réditos electorales.

La política así descrita, pasa a constituirse como una práctica carente de sentido, un espacio de batallas individuales y de intereses privados tanto políticos como económicos en busca de ventajas y de beneficios personales. De ello se sigue una suerte de privatización, de apropiación de la política por parte de sus agentes y sus intereses particulares de mantención y posicionamiento en el poder, renunciando a vincularse con la ciudadanía más allá del momento electoral, adquiriendo la “forma de un intercambio entre productores profesionales y simples profanos […] descrita dentro de la lógica de la oferta y la demanda” (Bourdieu, 2001, p. 65).

Esta monopolización y privatización por parte de la elite política y empresarial decanta, como diría Bourdieu (2001), en un campo autonomizado e independiente. La política deviene escenario de intereses particulares, mas no un espacio de representación social. Lo anterior degenera la relación política-ciudadanía al distanciarse de quienes debieran ser su fundamento, los ciudadanos.