Algunos académicos y juristas internacionalistas han abordado lo sucedido en la Corte Internacional de Justicia y los efectos posteriores desde el ámbito del Derecho Internacional, ya sea interpretando la sentencia en pleno, a través de una diversidad de detalles de lo estipulado por dicha institución, o interpretando los efectos posteriores sobre la estructura jurídica internacional regional, junto con las alternativas que Colombia puede plantearse en términos jurisprudenciales.

Acevedo (2017) abordó el fallo desde la categoría de uti possedetis iure que podría traducirse como “lo que tenías en derecho, poseerás” y que sostuvo la definición de los límites entre los Estados que se escindieron de la Corona Española, método que fue acordado tras la propuesta de Simón Bolívar. A partir de allí, el autor inicia un análisis en dos vías: juzgar a la Corte por el fallo y juzgar la pasividad del gobierno de Colombia al sustentar su defensa solamente en el principio ya mencionado. Con respecto a lo primero, Acevedo (2017) tiene el propósito de analizar lo sucedido, pero sufre de un amplio sesgo nacionalista, con un excesivo uso de “nosotros” y críticas a las afectaciones de la soberanía, presentando a la Corte Internacional de Justicia como un organismo injerencista, sesgado y guiado por intereses económicos. Referente a la pasividad en relación con el uti possedetis iure, el Acevedo (2017) menciona que existió “una debilidad al momento de defender sus intereses [estatales] pues este condicionamiento jurídico, convierte las decisiones de cualquier estamento internacional, en una aceptación abnegada de sus decisiones” (Acevedo, 2017, p. 290).

Para el autor, los raizales son una evidencia de que “la soberanía ha recaído por doscientos años en el Estado colombiano donde los pueblos raizales que habitan estas islas son su fiel testimonio” (Acevedo, 2017, pp. 272-273), y se presentan como un actor pasivo y ratificador de la unidad nacional.

Por su parte, el trabajo de Valencia (2013) realiza su análisis desglosando en su totalidad el texto que emitió la Corte Internacional de Justicia en 2012. De nuevo, enfocado en los argumentos de los Estados, juzga que la Corte no solo se equivocó, sino que lo hizo de manera inconcebible respecto al Estado colombiano, puesto que negó todos sus argumentos, que a ojos del autor eran completamente válidos. Las acusaciones hacia la Corte, además, pasan por acusaciones de “cohecho y corrupción” (Valencia, 2013, p. 257). Los argumentos de éffectives del Estado colombiano, el meridiano 82 como límite, el material histórico de posesión y presencia estatal fueron para Valencia (2013) omitidos por la Corte de manera irresponsable e injustificada, sin dejar de lado errores de Colombia como la no declaración del “Archipiélago de Estado”.

Para Valencia (2013) los raizales son vistos como víctimas e invisibilizados por la Corte y no por el Estado colombiano. La Corte desconoció los derechos de pesca de los raizales y su sostenibilidad del mar que datan de casi dos siglos atrás, una economía de la que no dependen los nicaragüenses (Valencia, 2013). De esta forma, no se reconoce de ninguna manera alguna omisión del Estado hacia los raizales ni tampoco una perspectiva distinta a la presentada por el Estado colombiano. Además, se le da un papel de víctima a un país expansionista como Nicaragua por parte de una Corte sesgada.

La compilación de Trujillo y Torres (2013) desarrolla temas exclusivos a los Estados en materia de derecho internacional. La publicación destaca aspectos que vale la pena destacar brevemente. El primero está vinculado a la salida del Pacto de Bogotá, situación que se dio unos meses después del fallo, con el cual se suspende la obligatoriedad de concurrencia a la Corte Internacional de Justicia y según la cual los auto-res señalan que la denuncia de este tratado no niega ni a la Corte ni al Derecho Internacional en sí, dejando entre líneas una opinión de que esta es una decisión simplemente política y no jurídica. Por otro lado, están los análisis jurídicos de la posición del Estado colombiano, los cuales se hacen de manera juiciosa y desapasionada, mostrando los alcances y las posibilidades de lo argumentado por la representación colombiana y sus efectos, además de un recorrido histórico del proceso y las alternativas a futuro.

El texto difícilmente reconoce el papel de los raizales, de hecho, les da un papel de marginalidad e invita al Estado a intervenir sobre las fronteras para evitar este tipo de sucesos sin empoderar a los mismos:

Un trabajo básico por su amplitud y multidisciplinariedad es presentado por Gaviria (2014), en el cual realiza un recuento de todo el proceso con Nicaragua además de presentar la posición de Colombia hacia la región del Caribe. A través de una fuerte crítica a las estrategias del Estado colombiano como la no definición de un Archipiélago de Estado (o doctrina Gaviria); la aceptación de la línea media como punto de referencia para la elaboración de los límites con Nicaragua; y otros detalles menores en la defensa colombiana en la región del Caribe, Gaviria (2014) explica las razones por las cuales se consolidó de esta forma finalmente la decisión de la Corte. Lo valioso del trabajo es la reconstrucción desde el siglo XVI de la modificación de los límites de la Corona española y la existencia de un conflicto bilateral entre Colombia y Nicaragua que existe desde la misma consolidación de los Estados nación en la segunda década del siglo XIX.

Sin duda, Gaviria (2014) también tiene una perspectiva altamente estatalista, pero en su reconstrucción histórica los raizales juegan un papel preponderante incluso desde el siglo XIX. La modificación de la muy mencionada Cédula Real de 1803 fue solicitada al rey Fernando VII y a través de ella la Mosquitia y las Islas del Caribe pasaron de la Capitanía de Guatemala al Virreinato de la Nueva Granada:

Este es solo el inicio de una diversidad de menciones a la participación de los raizales, los cuales no son vistos de manera instrumental o alineada con el Estado, sino que se destacan como agentes históricos que se enfrentan o respaldan al Estado, pero no se encuentran exclusivamente a la sombra de este. Gaviria (2014) menciona dicha participación al destacar las reclamaciones de los raizales por la exclusión del equipo de defensa ante Nicaragua y el abandono del meridiano 82 como estrategia de defensa (Gaviria, 2014, pp. 157-188), las cuales muestran que, dentro de la perspectiva del Derecho Internacional, también se producen presiones y acciones por parte de otros actores (en este caso los raizales). Sin embargo, a pesar del acervo histórico, Gaviria (2014) termina ubicando al margen a los raizales al desarrollarse los escenarios de análisis presentes y futuros al fallo de 2012.

Una crítica a lo propuesto por Gaviria (2014) es realizada por Benavides y Encinales (2017), en donde interpelan la “doctrina Gaviria” al decir que la posibilidad de consolidar un Archipiélago de Estado no parece muy claro en las dinámicas del derecho del mar, la jurisprudencia sobre el particular es nula y la consolidación del hecho como costumbre inter-nacional no es tan sencillo como la simple declaración. Además, al contrario de Gaviria (2014), para los autores la nueva delimitación fue una victoria jurídica colombiana debido a que la Corte tomó puntos de referencia insulares para demarcar la frontera y no continentales. Más allá de un análisis jurídico, los autores no ahondan de ninguna forma en la cuestión étnica raizal ni les da un lugar en la discusión jurídica y política dentro del diferendo.

Aunque estos escritos buscan explicar de manera analítica los fallos, escenarios y alternativas jurídicas a lo sucedido en 2012, no reparan en la importancia de los raizales como actores relevantes, no solo en la discusión jurídica, sino en la legitimación de la soberanía colombiana. Para estos análisis, hay una relación vertical entre el Estado y los raizales, y no se indaga sobre el papel que haya podido tener el grupo étnico en los argumentos de defensa de Colombia y cómo la omisión del grupo étnico pudo devenir en un perjuicio para la defensa colombiana.

La disputa limítrofe y el fallo de definición de límites marítimos entre Colombia y Nicaragua han inspirado un gran número de trabajos que apuntan en dos direcciones: una, el análisis de la forma en que se hace la política exterior y su relación con lo sucedido en La Haya; y dos, los intereses internacionales en el Caribe y su relación con el fallo. Estos análisis tienen una gran variedad de matices, pasando por un análisis crítico del centralismo estatal, por el descuido del territorio nacional y por el apetito de potencias extranjeras y el señalamiento de la “voracidad” del actuar de Nicaragua a través de la demanda.

La cuestión marítima entre los Estados y sus efectos sobre la política exterior han sido en buena medida inspirados en la famosa frase de que Colombia es “un país de espaldas al mar”. Para ellos, el proceso previo a la demanda y el conflicto han sido resueltos con cierta tibieza por parte de Colombia desconociendo la realidad geopolítica en la región (Bush, 2014; Drekonja, 1982). Además, se destaca la falta de planeación, la desinformación y el secretismo como graves problemas de afrontar el fallo a posteriori (Bermúdez, 2014; Robles, 2014).

El análisis de Drekonja (1982) deja algunas pistas sobre el origen oficial del proceso con la emisión de dos libros blancos por cada uno de los países en sus reclamaciones de soberanía, cuestión que para el caso del Estado colombiano transformó su perfil de política exterior de activo, a alineado con Estados Unidos. Por su parte, Bush (2014) es enfático en mostrar que lo sucedido en La Haya es una muestra del continuo desinterés por parte de Colombia hacia El Caribe, que inició con la pérdida de Panamá, aunque con algunas movidas diplomáticas interesantes en el marco del periodo que se conoce como réspice similia.¹

Robles (2014) por su lado menciona que antes, durante y después del fallo, el manejo de la información fue parcial y que los efectos sobre la política exterior en el tema fueron más fuertes debido a lo que se podrían denominar como “sofismas”, lo cual resultó en presiones desde distintos ámbitos hacia el gobierno y hacia la estrategia estatal. Para Bermúdez (2014) el acontecimiento llevó a “cuestionamientos por parte de muchos analistas internacionales sobre el diseño y la práctica de la política exterior colombiana” (Bermúdez, 2014, p. 342). De este asunto se ocupa su artículo, que, aunque destaca la participación de la sociedad civil y los gremios, no otorga ningún reconocimiento a los raizales como un actor étnico que puede tener incidencia en la política exterior.

La perspectiva de los raizales es tratada por los autores de manera similar y todos se ven incluidos dentro de los análisis como actores marginados dentro de las discusiones de la construcción y el desarrollo de lo sucedido en La Haya; aunque no es muy claro el nivel de inserción que estos debieron tener en la construcción de esta política exterior. Drekonja (1982), por ejemplo, pone en el centro de los Estados a los habitantes de las islas (y también de la costa nicaragüense) al afirmar que “ni Colombia ni Nicaragua le han pedido su opinión a la población isleña –de tez negra y de habla inglesa–” (Drekonja, 1982, p. 144), pese a no destacar qué opinión tienen.

Para Robles (2014) la pésima estrategia de información llevó a un descrédito ante los raizales del grupo de defensa pues se dieron “intentos fallidos de acercarse a la comunidad sanandresana, directamente afectada para debatir los puntos clave que estaban en juego ante la CIJ” (Robles, 2014, pp. 34,39). Y aunque se destaca aquí a los raizales como un actor, el autor los presenta como una mera estrategia gubernamental de legitimación.

En Bermúdez (2014) no hay una mención específica a los raizales, pero sí encuentra en el fallo de La Haya un punto de inflexión para iniciar una forma distinta de hacer la política exterior, a través de la inclusión de diversos agentes que se relacionan con las problemáticas de la política exterior en juego. Aunque podríamos decir que es una afirmación válida, los raizales vuelven a ser invisibilizados como uno de esos agentes para la construcción de la política exterior.

La visión geopolítica se ha concentrado, por su parte, en los efectos sobre la región de lo que la Corte Internacional de Justicia dictaminó respecto a la frontera insular de Colombia y costera de Nicaragua. Aquí, los análisis pasan por los temas de seguridad y soberanía (Peña, 2015; Ramírez, 2014), y los intereses de algunas potencias globales (Sánchez-Aguirre, 2015; Sanín y Ceballos, 2013).

Ramirez (2014), por ejemplo, analiza la erosión de la frontera tácita existente y cómo su desaparición produce un cambio fundamental en la geopolítica del Caribe, sobre todo en la soberanía nacional. En su análisis, parte del principio de que Nicaragua ocupa un lugar geoestratégico fundamental y que el otorgamiento hecho por la Corte, a partir de una inteligente estrategia jurídica, le permite pensar en la posibilidad de un Canal a través del río San Juan. Para el autor, esto no solo afecta al meridiano 82, sino que también extiende su afectación a otros acuerdos como el Sanín-Robertson que delimita las zonas marítimas con Jamaica y el Fernández-Facio que establece las fronteras con Costa Rica; aspectos que amenazan la seguridad nacional y la presencia de Colombia en El Caribe.

El trabajo de Sanín y Ceballos (2013) incluye a China como un actor fundamental en la construcción de la geopolítica de la región. Los auto-res sostienen que Colombia debía de presentar un recurso de revisión debido a una variedad de errores que cometió la Corte en la delimitación de los límites con Nicaragua, además, por la injerencia de una jueza china (Xue Hanquin) en la decisión. A dicha jueza se le acusa en el libro de poseer un conflicto de intereses, tanto por su nacionalidad como por su participación en una reunión social convocada por la delegación del Estado de Nicaragua, a la que la delegación colombiana no asistió, pero a la que sí asistió el pleno de la Corte. La mayor evidencia para los auto-res es que el Canal de Nicaragua, que planea construir China, estaba en negociaciones previamente al dictamen del fallo, lo cual sugiere que se conocía de antemano una sentencia favorable para los nicaragüenses.

Ambos textos se enfocan en las fronteras como espacios de soberanía y de explotación de recursos por parte de los Estados. Aquí no hay ningún espacio para otros actores, en el caso de este trabajo, los raizales del archipiélago: que no cuentan dentro del gran juego geopolítico del Canal, de la presencia rusa o china en el Caribe.

Sánchez-Aguirre (2015), por el contrario, ubica a los raizales dentro de la discusión en medio de la disputa geopolítica. El autor afirma que:

Sin embargo, su discusión sobre la soberanía se inclina hacia Colombia al afirmar que está en juego la lealtad de los pobladores de las islas en el juego geopolítico.

Peña (2015) realiza un análisis de las estrategias que debería llevar a cabo Colombia tras la decisión de la CIJ. Tras interpretar el fallo de 2012 como un punto de inflexión para la consolidación de dinámicas neocolonialistas sobre “el mediterráneo de América” (el mar Caribe), el autor indica que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podría convertirse en un escenario de disputa abierta o soterrada entre Rusia y China por la consolidación de intereses geopolíticos. La debilidad de los Estados colindantes a la región reconfigurada con el fallo sería la razón que promovería una lucha de potencias en El Caribe. Sin embargo, en su análisis los habitantes de esas islas y su población autóctona no son parte esencial de la acción de los Estados.

El estudio de Barrera (2015) sobre la importancia geográfica y geopolítica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, visibiliza a la población étnica por su carácter beligerante. Al percibir al grupo étnico como una amenaza a la soberanía nacional, señala que puede existir oportunismo de los raizales ante la indefinición territorial producida por las determinaciones de la Corte Internacional de Justicia. Para Barrera (2015), en el seno de la comunidad raizal puede ser justificada una pretensión separatista si Colombia no defiende su territorio y Nicaragua logra expandir el suyo. Los raizales están entre ambos Estados y desde el Estado deben ser contenidos para asegurar la soberanía nacional de Colombia sobre los pobladores y el territorio. Aquí su capacidad de agencia es reducida a ser nicaragüenses.

De esta manera, los enfoques de derecho internacional, política exterior y geopolíticos dentro de sus análisis ponen al margen a los raizales. Dentro de su propósito por comprender los efectos del fallo a partir de sus abordajes, el papel del Estado es el que prima en el análisis, considerando que este cuenta con intereses unitarios los cuales se imponen sobre un territorio y una población. Sin embargo, la circunstancia es más compleja, pues, en el caso de los raizales, estamos ante un grupo étnico que cuenta con capacidad de agencia y que ha sido más activo y menos subordinado en sus relaciones con el Estado colombiano.

Para las perspectivas identitarias (Balci, 2017; Davies, 1996; Zhu y Blackford, 2005) hay una construcción de grupo y una escisión entre un “nosotros” y un “ellos”, a través de estrategias discursivas ya sea de disidencia, de diferencia respecto al Estado y contra este. Gracias a esta edificación discursiva, empiezan a surgir llamados por la autodeterminación, luchas contra los procesos de aculturación y demandas en el ámbito internacional, las cuales son atizadas por algún vacío institucional o una crisis del poder dominante (Balci, 2017).

Davies es enfático en indicar que:

El factor determinante para la incidencia o no de un grupo étnico está vinculado a la posibilidad de que este construya una narrativa del mundo, en donde se reivindica un sujeto de resistencia en medio de una diversidad de identidades sociales disponibles. En otras palabras, se busca que la identidad étnica se ponga en debate y se inserte dentro del mundo, para lo cual se construye una narrativa co-constitutiva (Balci, 2017). Además, cobran relevancia sus demandas cuando existen expectativas secesionistas que amenazan al Estado (Zhu y Blackford, 2005).

Las estrategias desde esta perspectiva pasan inicialmente por la edificación de un discurso contraidentitario, es decir, un relato contranacionalista (Balci, 2017). Lo “nacional” para estos grupos se presenta como una forma de socavar su identidad y se resisten a asumirlo. Por ello, la apuesta contranacionalista busca consolidar un discurso propio para presentarse externamente como un grupo diferenciado que lucha contra la opresión. De allí surge una bandera política como la autodeterminación, fundamentada en la base del derecho internacional y de las normas globales (Zhu y Blackford, 2005). A través de esta se ha edificado un instrumento muy poderoso de movilización y resistencia respecto al Estado y la etnia mayoritaria dentro del mismo. Configurar un discurso con base en una herramienta jurídica consolidada en el derecho inter-nacional, independientemente de su alcance, produce ya un ejercicio de defensa de lo étnico en un territorio ante una mayoría étnica estatal dominante.

Los casos de los kurdos y los uigures en China son buena muestra de este proceso identitario de contraposición frente a un estado o sociedades étnicamente mayoritarias. Los kurdos representan una lucha constante por la reivindicación de su identidad étnica en medio de mayorías étnicas que controlan los territorios en donde se emplazan. Los uigures, por su parte, buscan defenderse de la mayoría Han en China, tratando de mantener su herencia musulmana, sus costumbres y sus espacios religiosos tradicionales.

Así, la relación con el Estado es de confrontación, se lucha en el ámbito internacional para recibir reconocimiento y contra la política exterior oficial, la cual busca mostrarse como un Estado unitario y sin fisuras, además, reconoce por igual a todos sus ciudadanos. En estas prácticas de confrontación es en donde se pone en discusión la política exterior del Estado y donde las etnias buscan transformarla para poder hacer visible sus demandas.

La perspectiva paradiplomática, por su parte, considera a los grupos étnicos en su mayoría como “naciones sin Estado”. Los grupos que son considerados aquí son los catalanes y vascos (Lecours y Moreno, 2001), los quebecois (McHugh, 2015; Paquin, 2004), los Aymaras y los Mapuches (Aranda y Salinas, 2015). Aunque no ha sido un concepto definido de manera clara, pues también se consideran paradiplomacia las acciones de gobiernos locales no necesariamente configurados como grupo étnico o distanciado del Estado, una de las líneas de trabajo de este enfoque, la protodiplomacia, sí considera a los grupos étnicos en Estados federales o en América latina a grupos étnicos indígenas como actores que, a través de acciones internacionales, se “saltan” al Estado para ratificar su identidad (Zeraoui, 2011).

En los estudios de paradiplomacia las variables giran alrededor de la complementariedad o no con el Estado. Zeraoui (2011) ha articulado una gran variedad de conceptos, entre los que se encuentran la micro-diplomacia, la diplomacia constitutiva y la paradiplomacia identitaria. Estos están articulados entre sí con acciones que refuerzan desde los niveles subnacionales el quehacer del Estado en materias de lo que se conoce como “baja política”, como cooperación en distintas materias; o, por el contrario, refieren a acciones donde los gobiernos subnacionales étnicos con reivindicaciones ejecutan acciones propias, promocionando su capacidad y su identidad en pro de lograr una legitimidad con sus acciones internacionales (Aranda y Salinas, 2015; McHugh, 2015; Paquin, 2004; Zeraoui, 2011).

Los autores de la paradiplomacia determinan formas de acción vinculadas al carácter de sus protagonistas. Ya que en muchos casos los grupos étnicos cuentan con lo que podríamos llamar una “potestad subnacional”, a través de sus gobiernos federales o autónomos movilizan acciones de cooperación en distintas materias como política económica, inversiones, exportaciones, ciencia y tecnología, energía, medio ambiente, educación, inmigración, desarrollo. Se busca a partir de distintas estrategias: Cabildeo, redes y alianzas internacionales, medios de comunicación, oficinas de representación y subsecretarías de asuntos internacionales, y se tienen distintas motivaciones: económicas, lingüísticas, culturales, problemas fronterizos y nacionalismo (Zeraoui, 2011). En otros casos donde no se presenta esta potestad, lo que prima son acciones internacionales directas como visitas de los grupos étnicos a espacios multilaterales, comisionados a foros de denuncia ante Estados de la comunidad inter-nacional (Aranda y Salinas, 2015). En ambos casos, el Estado nacional no tiene un papel tan relevante y las estrategias se “saltan” a este porque se hacen de forma directa.

Por ello, la perspectiva paradiplomática tiene una relación ambigua con el Estado. Por un lado, complementa las acciones estatales y aunque realiza acciones por fuera del control del Estado, estas no tienen propósito distinto que armonizar las relaciones que el Estado tiene en el ámbito internacional o simplificar su accionar a través de Estados subnacionales. Por otro lado, la relación también puede ser conflictiva, pues algunos edifican acciones protodiplomáticas que pasan por encima del Estado y que buscan reivindicar los intereses subnacionales y no los nacionales. Es una categoría que debe ser debatida con mayor profundidad, pues bajo este paraguas se han agrupado una gran variedad de acciones. Para el caso de los grupos étnicos, entendidos aquí como “naciones sin Estado”, la confrontación prima sobre la complementariedad.

La perspectiva de cabildeo constituye lo étnico a través de una percepción de filiación nacional desplazada de su origen, ya que su preocupación pasa por las diásporas que presionan sobre la política exterior estadounidense que se identifican a través de su vínculo nacional (Haney y Vandebush, 1999; Mathias, 1981; Rubenzer, 2008; Rubenzer y Reed, 2010; Shain, 1995; Vanderbush, 2009 Watanabe, 1984). En el enfoque de cabildeo se produce un debate sobre lo étnico y el “interés nacional” del país receptor, en términos del prejuicio de atender a los intereses étnicos de grupos como los judíos norteamericanos, los cubanos exiliados y los árabes-americanos por encima del interés nacional y su distorsión (Mathias, 1981) o la visión más positiva de la intervención étnica como refuerzo a los ideales de la política exterior estadounidense, tensión que se puede definir en perspectivas aislacionistas e integracionistas (Shain, 1995). Independientemente de esta valoración, lo étnico como diáspora en este enfoque refiere a un grupo de “promotores”, grupos de interés o incluso emprendedores de política dentro de un Estado que han sido exiliados por diversos motivos políticos de su tierra de origen y buscan en el Estado receptor un aliado para promover sus agendas políticas.

Aquí es fundamental comprender que los grupos étnicos diaspóricos buscan promover sus agendas a través del Estado, pues es este el que tiene la capacidad de poner en acción sus intereses. Por ello, la convergencia, la permeabilidad del Estado, la capacidad de votar adversamente y el respaldo público de sus agendas (Rubenzer, 2008) permite a estos grupos tener incidencia en la política exterior de un Estado.

Las minorías étnico-diaspóricas movilizan sus estrategias directamente con los representantes del congreso, funcionarios del ejecutivo, entre otros, los cuales harán uso de estos grupos para darle mayor sustento a la política exterior que desean ejecutar, en lo que Watanabe (1984) ha identificado como “relaciones simbióticas”. Así, tras consolidar un grupo de presión de base étnica y en correspondencia con los intereses del gobierno, diseñan estrategias de comunicación que logren llegar al país de donde fueron exiliados, bloquean políticas contrarias a sus intereses, invierten en candidatos y votan por quienes se comprometan con su agenda, tejen relaciones con las agencias gubernamentales que permitan el financiamiento de su acción y producen un discurso de marketing sobre la situación en su país de origen, que fortaleza una postura en el país de acogida que lleve a una política exterior hostil hacia el régimen del primero y legitimada por el segundo (Haney y Vanderbush, 1999; Vanderbush, 2009). Sin duda, en este enfoque se producen muchas estrategias (bloqueo del reconocimiento de Palestina en el caso de los judíos; creación de TV y Radio Martí en el caso de los cubanos; sanciones a turcos en el caso de los griegos) que están enmarcadas en la dinámica del sistema político estadounidense, en donde la consecución de votos, una fidelidad electoral y el mantenimiento de una imagen de defensor de la democracia (Shain, 1995), abren la puerta a estos grupos étnicos-diaspóricos que movilizan su agenda para incidir en la política exterior de esos países.

Así, encontramos que en el enfoque de cabildeo existe una relación de cooptación y cooperación puesto que se produce una necesidad mutua entre los grupos étnico-diaspóricos y el Estado. La posición que ocupan estos grupos es minoritaria pero influyente según dinamicen sus estrategias. Haney y Vanderbush (1999; Vanderbush, 2009) han mostrado claramente cómo los propósitos de política exterior de los Estados Unidos se pudieron tejer junto con los intereses de los cubanos exiliados y los iraquíes exiliados, con lo cual la relación es de cooperación en términos de la articulación de la agenda étnico-diaspórica, con acciones estatales, pero también de cooptación, con la utilización de estos grupos como legitimadores y fundamento del marketing para justificar la acción (o inacción) de los gobiernos de turno en la política exterior. La única tensión posible aquí es la de amenazar el “interés nacional” (Mathias, 1981), aunque algunos estudios demuestran que lo difuso de este hace que sea una crítica irrelevante (Shain, 1995).

Un cuarto enfoque para el estudio de lo étnico y la política exterior está vinculado a la teoría de la Alianza Étnica Transnacional (AETN). Aquí lo étnico se entiende en términos diádicos, es decir, en una extensión de vínculos que trascienden los límites estatales o lo que se llama la “afinidad étnica” (Davis y Moore, 1997) por parte de un grupo étnico mayoritario que controla el Estado, sobre sus “hermanos étnicos” en otro Estado que son minoritarios. Para Moore (2002) aquí lo étnico se compendia en una fusión entre el esencialismo étnico y la adaptación de identidades, dinamizado por la movilización de los grupos étnicos que construyen una identidad. Tienen como objeto construir una “empresa” política que tenga como resultado un Estado que interviene sobre otro, donde sus “hermanos” con los que “simpatizan” son sometidos por sus anfitriones, con resultados que pueden ir desde el conflicto (Davis y Moore, 1997; Lutz, 2017) hasta la cooperación interestatal (Moore, 2002; Petersen, 2004).

La AETN tiene como interés explicar la actuación de un Estado en un escenario bilateral, teniendo en cuenta un vínculo entre una etnia que es mayoritaria y dominante dentro de uno de los Estados mientras que existe otra minoritaria dentro de otro. El trabajo pionero de la AETN es el de Davis y Moore (1997), este destaca la importancia de la afinidad, es decir, la existencia de un vínculo de identidad entre la etnia dominante en un Estado y la minoritaria en el otro, a través del cual se traslade información que motive la acción.

La relación diádica se produce con base en esta afinidad, pues la minoría de un Estado B pide a la mayoría del Estado A que interceda para transformar la situación del estatus de la primera. Para que esto suceda deben existir un par de díadas: (1) acceso al poder de un grupo (A) y (2) movilización política y activa en el otro grupo (B). (1) Privilegios económicos y políticos en un grupo (A) y (2) ningún privilegio en el otro (B). De esta relación étnica se pueden producir dos resultados en el comportamiento de los Estados: (1) cooperación o diálogo para el mejoramiento de la condición del grupo étnico en el Estado B a través de encuentros y acuerdos; y (2) conflicto interestatal manifestado en sanciones, desacuerdos verbales y amenazas por parte del Estado A. Un resultado de estas variables en los casos explicados por los autores es que los Estados actúan en correspondencia a las acciones del otro, por lo cual lo étnico importa porque activa la relación interestatal, pero la forma en que esta relación interestatal se da depende de otros factores.

Vale señalar que es fundamental la capacidad de la etnia en el Estado B de lograr mostrarse como víctima para activar el vínculo con el Estado donde se ubica el grupo “hermano” de manera mayoritaria y en el poder (o Estado A) (Moore, 2002). Además, un elemento importante es el que señala Lutz (2017) al indicar que el autointerés geopolítico del Estado A puede ser un factor determinante de intervención a nombre de sus hermanos étnicos.

Desde la AETN, la relación entre grupos étnicos y Estado y la posición de los primeros en la sociedad política se presenta de forma dual: un grupo étnico domina un Estado y es sometido en otro (Davis y Moore, 1997). Desde este punto de vista, lo étnico es una motivación para el comportamiento del Estado, para lo cual la relación entre el Estado y los grupos étnicos es de desencadenamiento de justificación de las acciones cooperativas o conflictivas.

Las etnias han sido estudiadas en el subcampo de la política exterior a partir de distintos puntos de partida. Es fundamental comprender que cada uno de los abordajes cuenta con una particularidad geográfica y empírica, y esto muestra la existencia de una atomización de abordajes. Sin embargo, en cada uno de ellos hay un ejercicio de reflexión sobre como un grupo doméstico configurado como etnias, en el sentido en el que se ha señalado, logra movilizar recursos, intereses y agendas para afectar la política exterior a través de distintas estrategias. De allí también se ven acciones de confrontación, cooptación y cooperación entre etnias y Estado.

La exploración de estos abordajes permite ver la existencia de elementos analíticos que pueden ser transversales para el análisis del papel de las etnias en la política exterior colombiana. Sin embargo, esta es apenas una aproximación. Es necesario sistematizar de mejor manera estos enfoques para poder construir una matriz analítica que permita abordar a los raizales y caracterizar el tipo de relación que tejen con el Estado, principalmente en la coyuntura sucedida posteriormente al fallo de La Haya.