El lunes 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de la Haya puso fin a un litigio jurídico de más de once años entre Colombia y Nicaragua, pero que convocaba políticamente a ambos países desde la década de los ochenta. El conflicto era por la soberanía de 600 km de mar territorial al este del meridiano 82, punto que establecía la línea limítrofe de ambos países desde 1928. En medio, el conjunto de islas, islotes, cayos y bajos que conforman el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luego de emitido el fallo de la corte, que extendía el limite fronterizo de Nicaragua y, a su vez, concedía a Colombia la soberanía sobre los territorios insulares y sus aguas inmediatas, gestaría un plan de reactivación económica, que ponía énfasis en el desarrollo turístico de las islas como estrategia del gobierno nacional para atender las necesidades de la población local y solventar la situación de abandono denunciada durante años por algunos grupos sociales. Como un déjà vu que trasladaba las islas a la década de los cincuenta, el turismo aparecía nuevamente en los planes del gobierno como la estrategia generadora de progreso e inclusión social, y, sobre todo, de presencia estatal como dispositivo para la soberanía nacional.

En aguas del Océano Pacífico se encuentra un caso comparable. Guardando sus particularidades, el archipiélago de las Islas Galápagos en Ecuador, también ha sido espacio de disputa territorial entre distintas naciones que han demandado históricamente la soberanía sobre su territorio o parte de él. A diferencia del caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el turismo de masas aquí es resultado de un sistema programado y planificado en la década de los sesenta como una estrategia fomentada por las organizaciones ambientalistas, y aplicada por parte del gobierno ecuatoriano. A través de esta estrategia, se procuró gene-rar recursos económicos para financiar la conservación y preservación ambiental bajo el concepto de unicidad, producto de las condiciones endémicas de su patrimonio natural asociado a los hallazgos de Charles Darwin. Además, la estrategia también sirvió para ratificar la pertenencia del conjunto de islas al territorio soberano de Ecuador, limitando la injerencia de los países europeos y de Norteamérica y, en últimas, como dispositivo para el control de los territorios de altamar.

Así, planteamos como hipótesis al turismo como dispositivo para el ejercicio de la soberanía nacional en los territorios alejados de los centros del poder. Por ello, la reflexión que presentamos aquí parte de la necesidad de deconstruir la dimensión política del turismo para entenderlo como dispositivo para el control territorial. Ponemos énfasis en el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia), y en cómo el turismo aparece asociado a la idea de integración territorial en la política de presencia estatal, especialmente en los momentos de amenaza latente a la soberanía nacional. Para comprender mejor el caso de análisis, proponemos el caso de las Islas Galápagos (Ecuador) como sistema comparativo para poner en evidencia el valor intrínseco de las políticas basadas en el turismo alrededor de los años sesenta del siglo pasado como medio de soberanía nacional. Al final, esperamos que la aproximación comparada de ambos casos enriquezca el debate sobre el ejercicio de la soberanía nacional y la política internacional de los Estados en la región.

Hablar de turismo implica necesariamente hablar de economía. En efecto, la llamada “industria sin chimeneas” (Araujo y Torres, 2013; César y Arnaiz, 2004) mueve billones de dólares anuales. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018), durante el año 2017 el turismo internacional registró ingresos de 1,34 billones de dólares, consolidándose como la tercera mayor categoría de exportaciones del mundo. Para dimensionar la idea, solo El Caribe registró ingresos por 31,7 millones de dólares, 4 % más que los ingresos registrados durante el 2016. Por otro lado, su dimensión ambiental surge paralelamente a los movimientos ambientalistas de las décadas de los setenta y los ochenta, evidenciándose su complejidad en la década de los noventa, con el ingreso de políticas e instrumentos internacionales ligados al concepto de ecoturismo, sostenibilidad e identidades locales, construidos a través de un imaginario que no era realístico ni culturalmente aceptable.

Sin embargo, a pesar del énfasis que los estudios del turismo le ponen a su dimensión económica y ambiental, también vale la pena prestar especial atención a su dimensión social y cultural. Como fenómeno social, el turismo de masas, asociado a la necesidad de ocupación del tiempo libre, surge con la modernidad. Su nacimiento, auge y consolidación, tal como lo conocemos en la actualidad, es producto directo de las sociedades industriales, el ensanchamiento de la clase obrera a nivel mundial y el resultado de la necesidad social de recuperar física y moral-mente la fuerza de trabajo, a través del aprovechamiento del tiempo libre (Getino, 2002; Molina, 2006). Como fenómeno cultural, el turismo se encuentra íntimamente ligado a procesos de hibridación y transculturación producto del intercambio de experiencias entre turistas y anfitriones (González, 2004; Salas, 2015).

Pero, así como el turismo tiene una dimensión económica, social, cultural y ambiental, también tiene una dimensión política, mucho menos estudiada que las otras cuatro dimensiones y no por ello menos importante (Richter, 1983). Cuando hablamos de la dimensión política del turismo, por lo general, hacemos referencia a los aspectos formales de la política turística (Varisco, 2013), es decir, los marcos regulatorios, las estructuras institucionales, las acciones gubernamentales y las políticas de implementación y fomento turístico ligadas al crecimiento económico del Estado. Visto así, alrededor del turismo se constituye un sistema que enlaza múltiples actividades y actores, interrelacionados entre sí alrededor de un referencial espacial donde se desarrolla la actividad turística: el destino.

Más allá de ello, nuestra propuesta analítica plantea la necesidad de deconstruir la dimensión política del turismo para entenderlo como dispositivo para el control territorial y el ejercicio de la soberanía nacional. Partimos de un enfoque sistémico, para comprender cómo este sistema interrelacionado de actividades y actores integran política, económica, social, ambiental y culturalmente los destinos al territorio nacional de un determinado Estado-nación, especialmente aquellos que se encuentran más alejados del centro del poder político. En ese sentido, entendemos al turismo como un dispositivo, esto es, como “un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar –en un sentido que se quiere útil– los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres” (Agamben, 2011, p. 256).

El término dispositivo fue utilizado por Foucault (Miller et al., 1977) para hacer referencia a la red de relaciones entre saber y poder que median las prácticas discursivas y no-discursivas, a través de las cuales se configuran los sujetos. En palabras de García (2011):

Desde el punto de vista de Foucault (Miller et al., 1977), los dispositivos tienen tres niveles de problematización (García, 2011). El primer nivel corresponde al conjunto heterogéneo y reticular que se forma alrededor de discursos, instituciones, tecnologías, proposiciones filosóficas, preceptos morales, medidas administrativas, creencias, reglas sociales y rituales. El segundo nivel, obedece a la naturaleza cambiante y adaptativa de la red que entreteje y vincula estos elementos. El tercer nivel hace referencia a la emergencia del dispositivo, es decir, a sus condiciones históricas de aparición. Pero los dispositivos no solo funcionan como mecanismos de subjetivación, sino que, al mismo tiempo, operan como procesos de desubjetivación:

De acuerdo con esto, al producir sujetos los dispositivos producen identidad. Pero esta identidad, mediada por la influencia externa del conjunto de mecanismos concretos que conforman al dispositivo subyuga a los individuos, negando los sujetos y condicionándolos a una nueva identidad preconfigurada por el poder dominante. Por ello, los dispositivos, además de producir sujetos, también son maquinas de gobierno (Agamben, 2011).

Entendido el turismo como un dispositivo y, a su vez, el dispositivo como una máquina de gobierno, es mucho más claro establecer el vinculo con la soberanía nacional. Vale decir que la soberanía nacional hace referencia al ejercicio del derecho de libre determinación que abarca al poder constituyente de los pueblos (Hillgruber, 2009). En términos estrictos, la soberanía refiere a “la manifestación máxima de la existencia y el poder del Estado, que le permite organizarse y regirse jurídica y políticamente en beneficio de su territorio, y sin menoscabo de los derechos esenciales de su población” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 22). De ahí que se considere la soberanía como un acto político-jurídico de carácter reverencial más que de sumisión incondicional.

La soberanía también tiene un carácter interno y otro externo. El interno, hace referencia al carácter de poder supremo que tiene un deter-minado Estado. Alude al carácter popular (referido al pueblo) y al atributo jurídico de unidad de organización social al interior del territorio que la legitima. Por su parte, el carácter externo hace referencia a las relaciones interestatales que se construyen por fuera de sus fronteras territoriales y que constituyen al Estado en sujeto de derecho internacional con relación a los principios de independencia, igualdad, conservación, no intervención y respeto (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005). Al respecto, Hillgruber (2009) menciona que:

Desde el punto de vista político, Krasner (2001) reconoce cuatro tipos de soberanía. La primera es la soberanía internacional, referida al carácter jurídico del reconocimiento mutuo entre Estados. El segundo tipo de soberanía es producto de la Paz de Westfalia, relacionada con la exclusión de actores externos a las estructuras de autoridad del territorio. La tercera es la soberanía interna, que tiene que ver con la organización de la autoridad política al interior del Estado. Finalmente, la soberanía interdependiente, asociada a las formas de regulación en los límites del Estado.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hace parte de la región Caribe colombiana. Se encuentra ubicado a 755 km (aprox.) de la costa norte continental, la mayoría de su territorio está conformado de agua y tiene una extensión de 350.000 km² (aprox.), de los cuales 297.000 km² corresponden a mar territorial y 52 km² a tierra firme. Toma su nombre de las tres islas principales, de las cuales se destaca San Andrés, como centro político y poblacional (Abello, 2008).

El turismo surgió aquí en la segunda mitad del siglo XX producto de una iniciativa del Estado colombiano para fortalecer su presencia territorial e integrarlo política y económicamente al país. Aunque parezca paradójico, antes de esta época, la vida en el territorio insular trascurrió de manera aislada a la del territorio continental. Aunque la distancia era un factor que influía para que esta situación se presentara, en realidad había un motivo histórico más fuerte: la vida social en el Archipiélago fue producto de la colonización inglesa (Parsons, 1992).

Aún para la década de los cincuenta, el legado de la colonización inglesa de las islas prevalecía entres sus habitantes. Su población hablaba un dialecto distinto al español, el creole, profesaba una fe distinta a la fe católica, la propiedad de la tierra era comunitaria, las principales actividades económicas eran la pesca y la agricultura, y no existía preponderancia económica entre sus habitantes (Clemente, 1994). Esta distancia económica, social y cultural hacía ver al Archipiélago como un territorio ajeno a Colombia, por lo que era necesaria su integración al territorio nacional. En 1953, el archipiélago recibió por primera vez en su historia la visita de un presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien anunció un plan para solucionar algunos problemas que aquejaban a la población, asociados al atraso económico y urbanístico que vivían las islas (Robinson, 1974).

La solución propuesta fue la declaración del archipiélago como puerto libre, es decir, como puerto comercial neutro en relación con los derechos aduaneros. Según Serra (2006), en un puerto libre pueden “introducirse, almacenarse, seleccionarse, manipularse, comprarse, venderse y reexportarse toda clase de mercaderías procedentes del exterior o del mismo país sin devengar ningún derecho fiscal” (Serra, 2006). La declaración de puerto libre influyó en el surgimiento del turismo, pues era un incentivo para la adquisición de mercancías importadas a bajos costos.

Pero para el despegue de la actividad turística era necesario emprender una serie de obras de infraestructuras que adecuaran el entorno de las islas para recibir a los turistas. A inicios de la década de los cincuenta, las islas carecían de servicios hoteleros adecuados para recibir a los visitantes que se hospedaban en algunas residencias de la población local que se ofrecían para dicha actividad. Las islas tampoco tenían aero-puerto. Por tanto, no sería sino hasta 1955, cuando se inauguró la pista del aeródromo al que empezaron a llegar los primeros viajeros prove-nientes del resto del país motivados por los beneficios arancelarios del puerto libre (Cabrera, 1986). La construcción de la pista también propició el crecimiento de la actividad comercial, pues se empezaron a abrir los primeros locales destinados para la venta de productos. Adicionalmente, este flujo económico llevó a la apertura de las primeras instituciones financieras, con el propósito de participar directamente en el reparto de las rentas locales (Robinson, 1974).

A pesar de las condiciones naturales que ofrecían las islas, ideales para el disfrute de sol y playa, las personas que visitaban el archipiélago lo hacían motivadas por las actividades comerciales y su estancia era corta. Por ello, en 1958, un consejo de las Cámaras de Comercio de Colombia solicitó al gobierno nacional generar estrategias para hacer que los visitantes pernoctaran más tiempo. La respuesta del gobierno llegó a través del Decreto no. 2024 de 1959 que creó el “Permiso Especial de Turismo” (Decreto 2024, 1959). Entre las acciones que contemplaba, se destacan la exigencia de permanecer un mínimo de cuatro noches en las islas y las facilidades en el ingreso de turistas extranjeros. Esta situación, presionó a los hoteleros a aumentar la capacidad de alojamiento, dando inicio a una nueva etapa de masificación de la oferta y la demanda turística en el archipiélago. Asimismo, la promulgación de la Ley Primera de 1970 (Ley 1, 1970) (que le dio el carácter de Intendencia Especial al Archipiélago) y la Resolución Ejecutiva no. 344 de 1972 (Resolución ejecutiva 344, 1972) (que lo declaró Recurso Turístico Nacional), potenciaron el desarrollo de la infraestructura turística del archipiélago, especialmente en San Andrés, en donde se concentró la mayor parte del turismo, eximiendo el pago de impuestos a la construcción de hoteles, edificios de apartamentos y edificaciones destinadas para fines culturales y de ocio.

En el caso colombiano, la declaración del archipiélago como puerto libre y el impulso al turismo que implicó esta medida, estaban fundamentados en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en su territorio. Dos razones llevaron al gobierno de turno a tomar estas medidas: la integración cultural de la población raizal a Colombia y la defensa de la soberanía nacional ante las demandas de soberanía de otros países.

A pesar de que la adhesión del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al territorio colombiano data de 1822 (Bush-Howard, 1992), aún para 1953 era poco el conocimiento que se tenía de la cultura y las costumbres de sus habitantes:

Vale decir que, a lo largo de la historia del archipiélago, existieron varias intenciones por parte del Estado colombiano de integrarlo política, económica y culturalmente. Este proceso es denominado por algunos autores como colombianización (Albuquerque y Stinner, 1977: Bush-Howard, 1992; Ross, 1999). No obstante, a diferencia de los anteriores intentos, esta vez la integración llegaría a través de la presión social y no por las disposiciones gubernamentales. Gracias al auge del turismo, el archipiélago empezó a recibir un importante número de migrantes provenientes del resto del territorio colombiano, atraídos por las oportunidades laborales que ofrecía el puerto libre. Este flujo migratorio, sumado al volumen de turistas nacionales que muchas veces superaba a la población local, obligó a esta a empezar a adoptar las prácticas culturales de la población colombiana para adaptarse mejor a los nuevos cambios.

Pero la articulación cultural del archipiélago al territorio colombiano le serviría al Estado para otro propósito, el de proteger el territorio nacional ante una eventual demanda de soberanía por parte de otra nación. En efecto, la estratégica posición que ocupa el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo puso en el centro de múltiples disputas por su dominio desde la época de la Colonia. Sin embargo, la última década del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por grandes presiones regionales que se mantienen latentes hasta nuestros días. La mayor de estas presiones proviene de Nicaragua que, desde 1890 viene reclamando el archipiélago como parte su territorio nacional. Otra presión importante fue la que presentó el gobierno de los Estados Unidos para obtener facilidades sobre el territorio, con el fin de obtener ventajas comerciales y militares en la región (Eastman, 1992). Para enfrentar estas presiones, el Estado colombiano acudió a vías jurídicas y militares. Sin embargo, solamente cuando se logró integrar culturalmente a la población local al proyecto de nación colombiana y alcanzar un importante grado de presencia institucional, se generó el vinculo de identidad necesario para que sus habitantes se reconocieran a sí mismos como colombianos.

Vale anotar que la disputa por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene varios capítulos. No obstante, dos de ellos son caracterizados como los más importantes.

El primer capitulo tiene que ver con la firma del tratado EsguerraBárcenas en 1928, que ubicaba el límite entre ambos países, concedién-dole a Colombia la soberanía sobre el mar y los territorios ubicados al este del meridiano 82. La importancia de este tratado radica en que puso fin a un conflicto que ocupó a ambas naciones por más de treinta años y que se generó a partir de la ocupación de la costa centroamericana de Mosquitos y la Isla Mangles por parte de Nicaragua (Eastman, 1992). Con el tratado, se reconoció la soberanía de Nicaragua sobre los territorios ocupados y la pertenencia de los territorios del archipiélago a Colombia.

El segundo capítulo está relacionado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el 2012, que puso fin a un litigio jurídico ante este organismo internacional de más de once años entre ambos países, pero que convocaba la atención de los gobiernos desde 1980. En este caso, la pretensión de Nicaragua era extender el límite territorial entre ambas naciones más allá del meridiano 82, por lo que el archipiélago pasaría a formar parte de su territorio debido a que estaba ubicado en su plataforma continental. En contraposición, la defensa de Colombia argumentaba la existencia de un tratado limítrofe firmado por ambos países y la presencia de población colombiana en los territorios en disputa. Finalmente, la Corte falló a favor de Nicaragua, reconociendo un nuevo limite territorial. Pero ratificó la soberanía de Colombia sobre los territorios insulares y sus aguas inmediatas (“Colombia conserva los cayos”, 2012).

Como todo proceso social, la integración cultural alcanzada a través del turismo no estuvo exenta de conflictos relacionados con el acceso a la tierra, la provisión de servicios públicos y la pérdida de identidad de la población local. Sin embargo, a diferencia de otros intentos por alcanzar la integración cultural como el que se presentó en los años vein-te, cuando el gobierno nombró una comisión de misioneros capuchinos para que acudieran a las islas a enseñar el castellano e instruir la fe católica (Albuquerque y Stinner, 1977), procurando fomentar el sentimiento nacionalista y el patriotismo entre la población raizal, la estrategia adoptada con el fomento del turismo fue diferente.

La afluencia de migrantes continentales que llegaban a ocupar plazas laborales y el flujo constante de turistas que acudían a disfrutar del destino turístico, obligó a la población de las islas a aprender castellano para competir en un modelo económico destinado a la prestación de servicios. Por su parte, el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de escuelas, contingentes de las fuerzas militares e instituciones de gobierno, expuso de manera más directa los símbolos de identidad patria a la población raizal. Finalmente, los vínculos interpersonales acercaron aspectos de la cultural nacional a la cultura raizal, generando procesos de hibridación (García-Canclini, 1994) y transculturación (Ortiz, 2002) que perviven aún hoy en día.

En síntesis, gracias al turismo, el Estado colombiano consiguió la integración cultural de la población de las islas y garantizó la presencia histórica de instituciones de gobierno, logrando que en el 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ratificara su soberanía nacional sobre el archipiélago.

El archipiélago de Colón o Islas Galápagos está ubicado en el Océano Pacífico a 10.000 km (aprox.) de la costa continental ecuatoriana. Tiene una extensión de 8.010 km² (aprox.) y se compone de un conjunto de 129 islas, islotes y rocas, de las cuales solo cuatro se encuentran habitadas: San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Isabel o Isabela y Santa María. El origen de su nombre se remonta al siglo XVI y se deriva de la presencia de poblaciones de tortugas gigantes (islas de las tortugas), una de las especies más características de su fauna local (Tuci et al., 2011).

El origen del turismo en las Galápagos se remonta a los años veinte con la llegada de extranjeros a las islas, atraídos por el mito de la naturaleza única y virgen del archipiélago. Los primeros migrantes extranjeros que colonizaron las islas a inicios del siglo pasado, llegaron atraídos por programas económicos impulsados desde Noruega y Alemania ligados a la agricultura, la pesca y el turismo. Más tarde, el impulso del turismo estaría ligado al proyecto de conservación naturalista vinculado con la creación de la Fundación Charles Darwin, en 1959. De acuerdo con Grenier (2007), la ciencia desempeñó un papel importante en la aparición del fenómeno turístico en las Galápagos. En 1923, por ejemplo, una expedición naturalista patrocinada por la New York Zoological Society (NYZS) representó el primer intento de convertir a las islas en el paraíso de todo naturalista, guiado por la idea de laboratorio botánico mun-dial. Para entonces, las islas ya eran mundialmente reconocidas gracias al paso de Charles Darwin por ellas.

Otro acontecimiento que contribuyó al surgimiento formal de la actividad turística en las islas fue la creación del Parque Nacional Galápagos por parte del Estado ecuatoriano, también en 1959, y su inclusión dentro de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO en 1978. Fue a partir de entonces, que el gobierno ecuatoriano en su afán por ganar legitimidad sobre el territorio empezó a hacer presencia institucional, a partir del fomento de una política de turismo de redes que pretendía una rápida canalización de la oferta turística a través de empresas especializadas en capturar un nicho de mercado especializado: “se trata de un itinerario organizado y tarifado por agencias de viajes, compañías aéreas y operadores turísticos, por cuyas redes, que se extienden por todo el mundo, circulan los clientes” (Grenier, 2007, p. 143).

Por otro lado, en su concepción moderna (Casari, 2008), el turismo para el caso de las Islas Galápagos comenzó a implementarse formal-mente como política de Estado en la década de los sesenta. Su implementación estuvo basada en los resultados del informe Jenning (Grenier, 2007) en el cual se definían los criterios técnicos del sistema turístico de las islas basado en una alianza estratégica entre los sectores públicos y privados, así como en el denominado tercer sector (organizaciones no gubernamentales). La implementación de un sistema turístico para las Galápagos estaba fundamentada en varios factores, ente otros, la presencia americana en las islas a partir de la Segunda Guerra Mundial y el requerimiento de soberanía en varias ocasiones por parte de potencias como Francia e Inglaterra. Posteriormente, en la década de los noventa, y como una medida para impedir las pérdidas económicas y sociales en el territorio a causa de las inversiones extranjeras en el sector turístico, se promulgó la Ley Orgánica del Régimen Especial para Galápagos (LOREG), que estableció el estatus de residencia permanente como requisito para establecer empresas en el territorio insular (Tuci et al., 2011), remarcando así la soberanía y el poder del Estado sobre el territorio.

De acuerdo con Luna-Tobar (1997), el interés en las Islas Galápagos por parte de las potencias mundiales radicó en el control económico de las vías comerciales. Debido a su posición estratégica frente a vías interoceánicas, las Galápagos representaban un territorio interesante como coaling stations para la circulación de los barcos. Ya en la Colonia eran asociadas como zona de alivio para piratas y corsarios que atacaban los navíos españoles que salían del puerto de El Callao, en Perú, cargados con el producto de la explotación de las minas de plata del Potosí. Posteriormente, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, su ubicación llamó la atención de las potencias bélicas en su afán por ganar posiciones estratégicas sobre el Pacifico Sur. Finalmente, otro foco de atención está asociado al interés científico de declararlas centro de investigaciones de interés internacional, asociado al imaginario social que generó su referencia dentro de la obra de Darwin como uno de los puntos del planeta en donde se puede evidenciar empíricamente la evolución de las especies.

Vale decir que, históricamente, las pretensiones de soberanía sobre las Islas Galápagos no tenían una connotación marcadamente económica. Por el contrario, el interés que despertaba su ubicación estratégica en aguas del Océano Pacifico radicaba en la importancia que representaba para la geopolítica internacional. Por ello, para el caso de Estado ecuatoriano, la dinámica turística propuesta por las organizaciones ambientalistas, canalizada a través de una estrategia de redes y liderada por unas cuantas empresas que se alzaron con el monopolio de la actividad turística –y que beneficiaba a unas cuantas familias–, sirvió como un instrumento de autoridad y control territorial en la medida que logró fortalecer su presencia institucional sobre el sistema insular.

Adicionalmente, el caso de las Islas Galápagos se diferencia del caso colombiano por el hecho de no existir población natural en las islas. El origen de su poblamiento corresponde a flujos migratorios, inicialmente desde Ecuador en el siglo XIX y posteriormente desde Europa en el lapso marcado por las dos Guerras Mundiales. Este flujo se incrementó en la década de los ochenta, debido al alto número de organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional que se instalaron en el territorio con la finalidad de garantizar la conservación del ecosistema. Posteriormente, en la década de los noventa, hay otro ciclo migratorio procedente del territorio continental ecuatoriano como producto de políticas públicas que incentivaban la apropiación nacional del territorio.

No obstante, desde su nacimiento y hasta el cambio de siglo, el turismo permaneció como una actividad vetada para la escasa población local, salvo para algunas familias acaudaladas que llegaron tras las primeras olas migratorias en el periodo entreguerras. De hecho, la diná-mica de la actividad turística de las islas estuvo limitada a unas pocas familias encargadas de controlar el sistema implementado a partir del “informe Jenning”. Los años 2007 y 2010 son importantes pues marcaron una ruptura respecto a la forma de hacer turismo en el archipiélago de las Galápagos.

En el 2007, la UNESCO evidenció el mal manejo de las islas por parte del sector turístico, notando una importante afectación a su entorno natural. A partir de ahí, los esfuerzos de la cooperación internacional se focalizaron en proyectos tendientes a la conservación del entorno y con ello potenciando el ecoturismo (Celata y Sanna, 2012). Por su parte, en el 2010 se dio inicio a la apertura geográfica definitiva del sistema turístico al resto del Ecuador continental con la llegada de la aerolínea LAN a las islas (Tuci et al., 2011).

A partir de estos acontecimientos, la participación de las empresas turísticas en el sistema turístico de las Islas Galápagos presentó un crecimiento exponencial. Su punto máximo se alcanzó en el 2015, con la liberación del mercado declarada en la nueva Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, que eliminó el requisito de residencia permanente para ejercer una actividad productiva en las islas. En este año se pasó de 27 operaciones en tierra a más de 156 registradas en el 2017, dando origen a una serie de conflictos sociales entre la población local y los operadores históricos por el acceso equitativo al sistema turístico.

Gracias a la nueva Ley, la población local empezó a buscar en socios nacionales o extranjeros fuentes financieras óptimas de inversión, transformando su ingreso en la actividad turística, en parte, debido a la construcción de un imaginario local que ve al turismo como una fuente económica segura y rentable (Giordano et al., 2018). Pero esta situación ha generado un desbalance en la economía local con una sobreoferta de servicios atractiva para el turismo de bajo costo, en comparación con el turista de alto nivel que llegaba originalmente y que podía mantener el sistema insular por completo. Más allá de ello, lo que nos interesa resaltar es que el nacimiento y auge del turismo es producto de un proceso político más amplio y complejo, que lo evidencia como instrumento político para el ejercicio de la soberanía nacional por parte del Estado ecuatoriano en las Islas Galápagos.

En este artículo hemos puesto a consideración la hipótesis del turismo como dispositivo para el ejercicio de la soberanía nacional. El turismo fue abordado desde una visión sistémica, haciendo énfasis en la necesidad de deconstruir la dimensión política para abarcar un fin más amplio como lo es el vínculo que se puede establecer entre Estado, gobernabilidad y territorio. Pusimos a consideración dos casos que nos ayudan a entender cómo un fenómeno, mayormente abordado desde la perspectiva económica, social, ambiental y cultural, también nos puede ayudar a comprender cómo se configuran los Estados modernos y cuáles son los vínculos de subjetividad asociados a la idea de ciudadanía. La noción de dispositivo formulada por Foucault (Miller et al., 1977) y replanteada por Agamben (2011), sirvió de puente analítico entre ambas categorías.

Gracias a ello, pudimos ver cómo –aunque con notables excepciones– el desarrollo de la actividad turística en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia) y las Islas Galápagos (Ecuador) abre el debate sobre el rol de esta actividad como dispositivo para el ejercicio de la soberanía en los territorios alejados de los centros del poder estatal. En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la declaratoria de puerto libre en 1953, el Estado colombiano logró garantizar la presencia de sus instituciones en un territorio históricamente olvidado. Esta medida de índole política influyó en el desarrollo del territorio, fomentando el comercio y el turismo como principales actividades económicas. A su vez, estas actividades aseguraron la representatividad cultural necesaria para contrarrestar las pretensiones de soberanía de otros países en la región, apelando al sentimiento nacionalista y el patriotismo de sus habitantes.

Entretanto, en las Islas Galápagos el nacimiento del turismo estuvo ligado al naturalismo romántico producto de la experiencia darwiniana de unicidad del patrimonio natural. Entretanto, su auge inicial se debe a los resultados de un informe técnico de creación de un sistema que propiciara la conservación del entorno natural vía la explotación turística de sus principales atractivos. En un inicio, la articulación entre el sector privado (representado por las empresas turísticas), sector público (representado por el Estado) y el denominado tercer sector (organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional), fue determinante para la construcción de un imaginario social de las Islas Galápagos como laboratorio del mundo, accesible para unos pocos. Más adelante, a través de una política de liberación de mercados liderada por el Estado, se instituyó con mayor ahínco la adscripción territorial de las Galápagos a Ecuador, mediante la inclusión de la población local en esta actividad productiva.

Por último, cabe decir que el trabajo que motivó este artículo aún se encuentra en estado exploratorio y la reflexión que se presentó aquí en ninguna circunstancia pretende ser la última palabra en una temática compleja que recién proponemos analizar.