Para comenzar, es sustancial tener presente que, en el campo de la inteligencia estatal, el concepto gobernabilidad (governance) resulta opuesto a autonomía y a penetración; es más que el gobierno en sí mismo y se relaciona con el sector público, y en particular con el ejercicio del control institucional del sector de inteligencia por autoridades políticas de un Estado que adscribe a las formas republicanas de gobierno democrático, parte de autoridades democráticas para formular una política pública, para desarrollar el ciclo de la política pública en dicho sector. Siguiendo la noción de gobernanza propuesta por PNUD (UNDP, 1997; Weiss, 2000), esta se amplía para abarcar a la sociedad, actores no gubernamentales como medios de prensa, sociedad civil, grupos de interés, etc. Además, implica ciertos niveles de transparencia del sector de inteligencia, el cual, aunque se define en términos del secreto, ello comienza a relativizarse en el actual contexto marcado por las reformas o democratización del sector. Dicha noción toma por sentado que diver-sos mecanismos de control están o deberían estar en funcionamiento. Aquí cabe ampliar sobre el uso de las nociones de secreto y de democratización de la inteligencia

El sector de inteligencia, considerado un área especial de la actividad estatal, cumple un papel vital en la protección de la seguridad nacional –y en algunos casos extremos, la supervivencia del Estado–, lo cual resulta en una fuerte imposición del secreto (Caparini, 2007, p. 3). La inteligencia comprende actividades principalmente secretas –orientación, obtención, análisis, difusión y acción– destinadas a mejorar la seguridad y/o mantener el poder respecto de los competidores, advirtiendo sobre amenazas y oportunidades (Gill y Phythian, 2018, pp. 22-23). El secreto, en particular su inviolabilidad respecto de fuentes de información, métodos e información proporcionada por terceros, distingue a la política de inteligencia de otros ámbitos de gobierno y tiene un impacto significativo en la capacidad de los actores políticos externos para controlar y supervisar lo que acontece en dicho sector. (Gill, 2016, pp. 79, 208-209). En síntesis, se entiende por democratización de la inteligencia el establecimiento de un marco institucional, mediante el cual las autoridades civiles elegidas democráticamente pueden controlar el sector de inteligencia y al mismo tiempo maximizar su potencial eficacia (Matei y Bruneau, 2011a, p. 606). Tal como sostiene Peter Gill, la idea de una “inteligencia demo-crática” –democratización de la inteligencia– es muy reciente, incluso, las democracias más antiguas del mundo todavía están en proceso de avanzar hacia ella (Gill, 2016, p. 4). Cabe agregar que las democracias de América Latina no pueden abstraerse del “dilema democracia-inteligencia”, el cual incluso también está presente en democracias consolidadas, que requieren periódicas revisiones y replanteamientos para sobrellevarlo (Matei y Bruneau, 2011b, p. 657).

Diversos autores del campo de los estudios de inteligencia reconocen la importancia de los estudios comparados (Davies y Gustafson, 2013; Gill, 2009). Por cierto, hay cuestiones generales del gobierno del sector de inteligencia que trascienden las particularidades nacionales (Gill, 2016, p. 87). Como sostiene Crosston (2015, p. 26), para entender a las comunidades de inteligencia resulta conveniente centrarse en las condiciones organizacionales y dinámicas del sector de inteligencia que evolucionan, crean fricción y producen cambio, a veces lentamente, a veces rápidamente. En particular, el control y la democratización de la inteligencia resulta ser el área de este campo en la cual se efectuaron comparaciones sistemáticas (De Graaff y Nyce, 2016, p. xxxii).

Una vez superada la etapa de gobiernos militares, las nuevas demo-cracias que se establecieron en América Latina a finales del siglo XX pusieron bajo la mira tres polémicos sectores del Estado autoritario con historia de abusos y violaciones de los derechos humanos, fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia, entre otros sectores. La pasada década en la región mostraba una significativa autonomía e independencia del sector inteligencia, que tenía su propia agenda o resultaba “ser sensible al poder político, cuando no ambas cosas a la vez” (FLACSO-Chile, 2007, p.132).

En su rumbo para democratizar la inteligencia y lograr su gobernabilidad, la región sobrelleva diversas circunstancias y desafíos (Otamendi y Estévez, 2017); resumidamente, consisten en: agencias que persisten como “enclaves autoritarios”, acostumbradas a vigilar ciudadanos y hasta cometer violaciones de derechos humanos; escasa predisposición o intención de encarar autorreformas; nueva legislación sancionada en período democrático, que no impacta significativamente en cambios de prácticas; conducción y control institucional que no alcanza para aplicar normas; tendencias a la politización y uso político-partidario del aparato; escasa capacidad para controlar y administrar gastos secretos y tecnologías sensibles; y baja calidad del control parlamentario. Asimismo, se han observado asimismo problemas comunes como baja legitimidad, desprofesionalización, falta de coordinación, militarización, injerencia extranjera y privatización, que aún siguen estando vigentes (Maldonado, 2009, p. 50-1, 2016).

El punto de partida para el análisis de los casos de Argentina y Perú es el precedente de recuperación de la democracia posterior a un régimen autoritario que hizo uso extremo, ilegal y violatorio de derechos humanos de las estructuras estatales y en particular de los aparatos de inteligencia, lo cual dio lugar a la revisión de dichos hechos. Vale la pena advertir sobre la singularidad del caso del Perú:

Este artículo ahonda sobre antecedentes, iniciativas de cambio y desafíos para la gobernabilidad del sector de inteligencia de ambos países hasta el año 2017. Se los compara recurriendo a una matriz (Otamendi y Estévez, 2017) basada en Gill (2016), que contempla una serie de dimensiones para evaluar el grado de democratización y el nivel de rendición de cuentas, sobre lo cual se profundiza en la siguiente sección. Se organiza en los siguientes apartados: el primero, expone la perspectiva metodológica que sustenta el análisis de los casos; segundo, la exposición de los principales antecedentes, en términos de contexto descriptivo, legados y de transición democrática; el tercero ahonda sobre las bases normativas e institucionales de la democratización del sector de inteligencia; un cuarto acápite analiza en particular los resultados posteriores a las nuevas legislaciones. Le continúa un análisis de los procesos en cuestión y finalmente, se esbozan conclusiones, por cierto, abiertas en el entendimiento de que los procesos de cambio –y reversión– están en pleno desarrollo.

Según Gill (2016, p. 4) la gobernabilidad democrática de la inteligencia se manifiesta de dos maneras complementarias: el primer requisito es el control, por el que las agencias son establecidas y financiadas por funcionarios elegidos actuando en nombre del poder ejecutivo y, potencialmente, autorizando actividades intrusivas tales como la interceptación de comunicaciones. El segundo requisito es la supervisión (oversight), tanto interna como externa, para revisar la legalidad, pertinencia y eficacia de las agencias de inteligencia. A fin de las comparaciones en materia de inteligencia, Gill (2016, pp. 45-46) propone dos ejes, a saber, la demo-cratización de la inteligencia (accountability) y la capacidad de la inteligencia (efectividad). En lo que respecta al accountability, se consideran las siguientes ocho dimensiones: legislación, oversight económico-financiero, control político, reclutamiento, entrenamiento, recolección de información, oversight externo y oversight público. En cuanto a la efectividad de inteligencia, se reconocen seis dimensiones: recursos, gestión de la información, análisis, impacto, cooperación y conflicto, y percepción pública. A partir de ello y como contribución a los estudios comparados en este campo –y en particular en América Latina–, se ha propuesto una matriz de gobernabilidad democrática de la inteligencia, consistente en una serie de interrogantes para cada una de las dimensiones mencionadas (Otamendi y Estévez, 2017).

El control de la autonomía de las agencias de inteligencia es una condición necesaria, pero no suficiente (Gill. 2016, p. 44). Es aquí donde la accountability entra en juego. El presente trabajo recurre a los interrogantes volcados en las dimensiones de análisis de dicho eje, para comprender las particularidades de los procesos de cambio en materia de inteligencia y sopesar las experiencias de los dos países a través del prisma de la matriz señalada.

Las condiciones antecedentes son de particular interés para comprender los procesos de cambio, y ello resulta aplicable al devenir del sector de inteligencia. Recientemente se han descrito cuatro tipos lógicos: contexto descriptivo, antecedentes similares, hipótesis rivales o explicaciones alternativas y antecedentes críticos (Slater y Simmons, 2010). En particular, se ha realzado la importancia de considerar los “antecedentes críticos”, definidos como los factores o condiciones anteriores a un momento o coyuntura crítica que se combinan con fuerzas causales durante una coyuntura crítica para producir divergencia a largo plazo en los resultados (Slater y Simmons, 2010, p. 889). Asimismo, un estudio comparado (Estévez, 2014) que exploró los mecanismos de cambio institucional del sector de inteligencia de tres países (Argentina, Ecuador y Perú), observó la influencia de la dependencia del camino en los procesos de cambio del sector en tiempos de democracia y el impacto de las coyunturas críticas acontecidas.

En esta sección se realiza un breve recorrido histórico de ambos casos nacionales, describiendo las etapas de autoritarismo y el rol y la caracterización de la inteligencia, sus legados y los sucesos distinguidos de la etapa de transición democrática.

En su momento, ambos países han debatido y sancionado nueva legislación de inteligencia. Perú estableció un renovado sistema de inteligencia en el 2006 con la mencionada Ley 28664, sancionada a cinco años de finalizado el régimen de Fujimori. Esa ley le dio un giro sustantivo a la legislación preexistente en virtud de la incorporación de principios, de controles de tipo judicial y legislativo, de un control institucional y rendición de cuentas, lo cual no debía entenderse como un excesivo garantismo que debilitara al sistema, sino como la legitimación de las actividades de inteligencia (Gómez de la Torre, 2008-2009, p. 46). Argentina cuenta con la Ley 25520 de diciembre de 2001, sancionada 17 años después de la reinstauración de la democracia. Debe señalarse que desde 1988 se había asumido el compromiso explícito de sancionar una ley de inteligencia, conforme lo dispuso la Ley 23554 de Defensa Nacional. Entre las razones por las cuales esa tarea no se pudo cumplir, el director de la Comisión de Defensa del Senado señaló:

Lo que sigue es un breve desarrollo de las dimensiones de la accountability mencionadas en el apartado metodológico, tomando como referencia la legislación aprobada en democracia (Ley 28664, 2005; Ley 25520, 2001) e ilustrando sus ajustes a la realidad.

El control político se refiere en principio al rol de las autoridades políticas para nombrar a los jefes, fijar las políticas y presupuestos del sector. Tanto el director ejecutivo como el subdirector de la DINI peruana resultan designados y removidos por el presidente, pudiendo ser civiles o miembros de las fuerzas armadas o la policía. El Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) es la máxima instancia colegiada del Sistema de Inteligencia (SINA), encargado de orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Es presidido por el director de la DINI e integrado por los demás responsables de las agencias de inteligencia. En su condición de órgano rector del sistema, la DINI es responsable del pliego presupuestal propio. La ley argentina previó que el presidente de la nación fije los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia. Asimismo, se estableció que el cargo de Secretario de Inteligencia, con rango de ministro era designado por el presidente.

El oversight económico-financiero alcanza en esencia a la publicidad del gasto de inteligencia, la rendición de cuentas de los gastos secretos hasta el punto de lo admisible en materia de seguridad nacional. Ningún país del orbe, por mayor grado de institucionalidad que haya alcanzado, transparenta todo. Esto no comporta autogestión del área sino la fiscalización por parte de organismos legislativos bajo pautas de confidencialidad. El control de las actividades de gestión administrativa, económica y financiera de los recursos y bienes de los componentes del Sistema de inteligencia peruano están supeditados a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. El control sobre los recursos especiales –gastos reservados del proceso de inteligencia y la gestión de contrainteligencia– es ejercido por el Contralor General de la República. En la Argentina, desde 1983, toda ley anual de presupuesto exponía el monto de “Gastos Reservados” autorizado a las jurisdicciones del Gobierno previstos en la Ley S 18302 y normas conexas. Continuando con esa tradición, la Ley 25.520 creó una nueva función denominada “Inteligencia” dentro del presupuesto, agrupando la totalidad de los presupuestos correspondientes a las actividades de inteligencia. Dichos gastos debían ser documentados mediante acta mensual y presentado a la Contaduría General de la Nación. La misma ley establece que la Comisión Bicameral de inteligencia del Congreso es competente en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación, con referencia a “Gastos Reservados”.

Las modalidades de reclutamiento, por ejemplo, ya sea por un sistema meritocrático, público, y abierto es otro aspecto importante. La ley argentina establecía la prohibición de integrar organismos de inteligencia a que quienes registraran antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por violación a los derechos humanos. La ley peruana no profundizaba sobre el particular.

En materia de entrenamiento, cuestiones como habilidades técnicas y respeto de derechos son trascendentales. Corresponde interrogarse: ¿qué enfoques se deberían priorizar para una nueva profesionalización de analistas y agentes (de modo que se ajusten a la nueva legislación)? Según la legislación de ambos países, la formación y la capacitación del personal de los organismos quedó a cargo de una escuela nacional de inteligencia. La ley argentina incluía, por ejemplo, que la formación y capacitación del personal debía abarcar lo vinculado al derecho, a lo científico y técnica general y al contenido humanístico, sociológico y ético. Sin embargo, en el caso argentino, se expresaba que “La Secretaría de Inteligencia constituía un organismo con un grado bajísimo de profesionalización” (Saín, 2016b, p. 82).

La recolección de información requiere procedimientos específicos a los que se suman criterios para la clasificación de la información. Tiene su importancia en función de los necesarios cambios en la cultura y en la práctica en función de la ley.

De la norma argentina sobresale una cláusula referida a la protección de derechos y garantías de los habitantes:

La ley peruana previó la clasificación de información, la obligación de guardar secreto y su posterior desclasificación. La ley fijó los siguientes plazos para la desclasificación de información: información confidencial a los diez años, información reservada a los quince años y la información secreta a los veinte años. También contempló la destrucción de información innecesaria. El control judicial de las operaciones especiales¹ se ejerció por dos Vocales Superiores Ad hoc designados por la Corte Suprema de Justicia de la República. Por su parte la norma argentina estipuló en esencia que el acceso a la información reservada sería autorizado en cada caso por el presidente de la nación.

El oversight externo se manifiesta por la combinación de los órganos legislativos, judiciales y/o expertos que monitorean la efectividad y la corrección de las agencias. En el caso peruano, la Ley 28664 estableció la Comisión de Inteligencia del Congreso con poderes para controlar las actividades del SINA, solicitar información clasificada, investigar ex officio, supervisar el plan anual y requerir un informe reservado. Sin embargo, no tenía competencia sobre los gastos reservados de inteligencia. El Capítulo III de la ley peruana se refería al control judicial para operaciones especiales de inteligencia y al control por la Comisión de Inteligencia del Congreso. la cual podía, entre otras funciones, requerir información clasificada y no clasificada.

En el caso argentino, los organismos del sistema de inteligencia están supervisados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales previstas constitucionalmente, los Tratados de Derechos Humanos suscritos, así como los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia. El antecedente inmediato fue la creación de una Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia por la Ley 24059 de 1992, la primera en Latinoamérica a la que le fue asignada la supervisión y el control de los órganos y organismos de dichos ámbitos.

Un aporte a la transparencia sería conocer cómo ha evolucionado en los últimos años el control y la supervisión de ambas comisiones. Sin embargo, con respecto a Argentina no se cuenta con información pública que permita saber, por ejemplo, si la Comisión Bicameral incidió en el sector de inteligencia a partir de las facultades que la ley le asigna, en qué aspectos, qué tipo de supervisión efectuó, si incidió en el debate sobre el presupuesto anual de inteligencia o cuántos informes reservados ella produjo.

El oversight público expresado en una sociedad civil comprometida con el debate público sobre cuestiones de inteligencia, en medios de comunicación también involucrados, en particular frente a escándalos y en actores del mundo académico, construye transparencia en el sector. A ello se suma el acceso a los archivos de los gobiernos autoritarios previos. En Perú se destacó el Instituto de Defensa Legal (IDL) y medios escritos como la revista Caretas. También cumplieron un papel importante los expertos civiles, provenientes del mundo académico y de las organizaciones de derechos humanos. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad previa de conducir el área –este fue un suceso casi inédito en América Latina–, pero no tuvieron suficiente tiempo ni apoyo político para consolidar cambios. En Argentina sobresalieron los editoriales publicados por diarios como Clarín y La Nación (Estévez, 2017). También son destacables los informes anuales sobre derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad respecto de la cual corresponde advertir sobre perspectivas sesgadas de sus lecturas –ya que sus autoridades han abiertamente comulgado con las perspectivas del Kirchnerismo–, los aportes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), conformado en 2010 como un espacio centrado en los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia argentino, y de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Como ya se ha sostenido, la mera aprobación de legislación de inteligencia en democracia no garantiza la consecuente transformación de las prácticas viciadas del sector. Y ello no depende incluso de la calidad de las cláusulas acuñadas en los nuevos textos legales, sino más bien de la voluntad política de ponerlos en práctica, así como de sus formas de implementación, estas no siempre acertadas o suficientes. Por ello es interesante observar las derivaciones en el sector desde la vigencia de los textos legales sancionados por sus congresos. Como se verá, en algún momento cada país observó eventos significativos y también atravesó por situaciones de crisis en el sector bajo la imposición de la nueva legislación.

Se ha reconocido que además de la natural resistencia de los servicios de inteligencia, las nuevas democracias de América Latina, así como también las de Europa del Este, encontraron obstáculos para controlar y supervisar el sector de inteligencia. Se destacó el escaso tiempo para la maduración y obtención de legitimidad por parte de las instituciones democráticas en los años de transición; legados tales como corrupción, favoritismos, nepotismo y chantajes, así como un limitado acceso a información gubernamental. (Bruneau y Matei, 2010, p. 766).

Argentina y Perú mostraron trayectorias diferentes en sus legados y procesos de democratización del sector de inteligencia. Ambos observaron coyunturas críticas que generaron oportunidades para el cambio, aunque con distintos resultados. Ambos países también han atravesado por situaciones delicadas como las debilidades estructurales de sus sistemas políticos, las crisis políticas y económicas recurrentes, así como un factor novedoso y hasta desestabilizador como lo es el auge del delito organizado transnacional y del narcotráfico.

Las diferencias observables y concretas de los regímenes autoritarios de cada país descrito explican los perfiles distintivos de los organismos de inteligencia de mayor nivel dentro del sistema durante tales períodos. El SIN del Perú fue en esencia un órgano concebido como híbrido, como policía/política, con alta penetración y baja autonomía. La SIDE de Argentina fue instrumental para la represión durante el “Proceso” militar y la “guerra sucia”.

Como se señaló en este texto, las formas distintivas en que se afrontó la cuestión de inteligencia durante la etapa de transición democrática de cada país resultan también destacables. En particular se observa en Perú el impulso de modificaciones normativas y la creación de nuevas estructuras de inteligencia, aunque con variado nivel de institucionalización y de cambios sustantivos y duraderos, los cuales ocurrieron generalmente en el marco de crisis. El SIN fue reconvertido sin éxito como CNI, hasta que en 2006 se sancionó una nueva ley de inteligencia, la Ley 28664, sustentada en principios adecuados para una gobernabilidad democrática del sector y se crea la DINI, con controles diversos incluyendo el parlamentario.

En términos de proceso, durante la corriente renovadora del período del presidente Toledo “no existió un correcto análisis de qué modelo o que cambios debían realizarse para que el modelo que se buscó implantar lograra combinar la eficiencia con los controles” (Arias, 2017, p. 97). Es más, mediante un decreto legislativo de 2012 se derogó la ley, lo cual constituyó un retroceso en el gobierno democrático del sector, esto fue corregido posteriormente mediante una nueva ley de diciembre de 2016. Así pues, como fue mostrado anteriormente, los legados, intentos de reforma y regresiones ilustran la situación actual en el sector de inteligencia peruano, con liderazgos civiles erráticos, débiles o en algunos casos irrelevantes (Estévez, 2016, p. 120). En palabras de Gómez de la Torre (2018), en el contexto peruano se observa “una incipiente política legislativa de Inteligencia Nacional, caracterizada por una profusa diferencia histórica en materia de categorías de normas legales para regular al sector, siendo escasísimas las experiencias de modificaciones a las normas que en su momento se promulgaron” (Gómez de la Torre, 2018, p. 266).

Durante la transición democrática de Argentina la existencia institucional de la SIDE no fue materia de cambios sustantivos. En las décadas posteriores, aún a pesar de que a fines de 2001 se sancionó la nueva ley de inteligencia, la situación no tuvo novedades significativas. Y transcurrió un prolongado lapso hasta 2006, cuando se promovió el control institucional de los organismos de inteligencia militar. Como consecuencia de la crisis de 2014-2015, ahora comenzaron algunos cambios respecto del sistema de inteligencia. Como bien se ha ilustrado:

Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles consideraba que desde 1983 no existieron condiciones políticas favorables para una demo-cratización de la inteligencia, que no hubo voluntad de modificar sus prácticas autoritarias y que:

Esta afirmación bien podría extrapolarse al caso peruano en el período estudiado.

Resulta destacable mencionar el papel de los “hombres fuertes de la inteligencia” que resultaron siendo protagonistas de las crisis, guardando las peculiaridades y los momentos históricos de su respectivo país. Así, es posible afirmar que Stiusso resultó ser a los Kirchner lo que Montesinos fue a Fujimori.

La demora en la sanción legislativa en materia de inteligencia, tal como el caso argentino o la profusión de leyes de variado tenor en la materia como es el caso peruano, debe ser entendida con las dificultades propias de los procesos de cambio dirigidos a lograr la gobernabilidad democrática del sector. Las democracias “viejas” o estables tardaron más de cien años en lograr un control y supervisión democráticos apropiados de sus agencias de inteligencia, y resultaba poco realista esperar que países que emergían de décadas de autoritarismo o guerra interna reformen rápidamente sus agencias (Gill, 2016, p. 169).

En otro orden, se pueden constatar diferencias en cada país en el impacto de la justicia transicional. Las acciones ilegales y violatorias de derechos humanos descriptas por la CVR sobre casos específicos impactaron tanto en la opinión pública como en la esfera judicial, y evidentemente en la necesidad de replantear la actividad de inteligencia. No obstante, en Argentina los descubrimientos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con respecto al accionar de elementos de inteligencia en el marco de la guerra sucia conducida por las Fuerzas Armadas, en donde sobresale el “Batallón 601 de Inteligencia del Ejército”, su sistema de inteligencia permaneció, como ya se dijo, sin grandes alteraciones durante las primeras décadas del período democrático.

En los dos casos estudiados, en particular hacia el final de la administración Kirchner en Argentina y durante la gestión del presidente Humala en Perú, se develó el accionar ilegal de sus sectores de inteligencia, lo cual derivó respectivamente en una “reforma” legal y en un “cierre” temporal. Uno de los problemas señalados que aqueja a las democracias actuales en la región daba cuenta inevitablemente de la politización de dicho sector, en cuanto la inteligencia politizada es ineficaz porque desatiende las amenazas existentes y futuras a la seguridad en favor de las preocupaciones políticas inmediatas del gobierno (DCAF, 2017).

Lo anterior se encuadra en dos observaciones de los estudios de inteligencia. Se ha observado que en ocasiones los responsables políticos prefieren “no darse cuenta de” o “estar ajenos a” las acciones que los organismos de inteligencia realizan en nombre de ellos (Gill y Phythian, 2018, p. 308). En el caso argentino, después de los tres períodos de gestión presidencial desde 2003, esta lectura resultaba políticamente inaceptable e indefendible, indicando que la SIDE había sido funcional a las necesidades del gobierno, entre otros aspectos, a través de los vínculos espurios entre justicia federal y los agentes de inteligencia. (Estévez, 2017).

Uno de los peligros siempre presentes en materia de democratización de la inteligencia desde la década los ochenta es, según Gill y Phythian (2018), que las reformas legales resulten simbólicas y que, detrás de refinadas arquitecturas de legalidad y rendición de cuentas, sobrevivan las subculturas no reconstruidas de la policía política y la negación de los derechos humanos (Gill y Phythian, 2018, p. 277). En los dos casos se observa la persistencia de estos “enclaves autoritarios”.

Es de destacar asimismo que en ambos países hubo iniciativas para instaurar bases para desplegar la vigilancia masiva de los medios modernos de comunicaciones personales, tanto vía web como de telefonía digital. En el caso de Argentina esto se vio frustrado en el año 2009 luego de la declaración de inconstitucionalidad de la llamada “ley espía”. En cuanto a Perú, la aprobación de un decreto legislativo de 2015 conocido como “Ley Stalker” legalizó dicha vigilancia masiva a cargo de la Policía Nacional.

Finalmente, en los dos países analizados se constataron coyunturas críticas que sucedieron durante el período democrático, lo cual refuerza la idea de que para superar la inercia y provocar replanteos en el sector de inteligencia, más allá de nuevas leyes sancionadas en democracia, fue necesario que se dieran en el marco de situaciones límites. En el siglo XXI ambos casos siguen en revisión y queda pendiente ver los resultados concretos que se van produciendo en términos de gobernabilidad demo-crática de la inteligencia.

En el pasado autoritario los servicios de inteligencia fueron instrumentos de abusos caracterizados por altos niveles de secretismo, autonomía y falta de rendición de cuentas. Sin embargo, la transformación del sector inteligencia, aunque estuvo en la agenda, a diferencia de lo observado en el campo de las relaciones civiles-militares o más recientemente en la seguridad pública y las policías no fue un tema central en la región o, como en los casos estudiados, una urgencia. Los logros parciales en la región Latinoamericana conviven con problemas como “confusión entre actividad de inteligencia y actividad policial; involucramiento de la actividad de inteligencia en apoyo del partido o gobierno de turno; dedicación de organismos de inteligencia militares a la seguridad interior; y debilidad de los controles” (Ugarte, 2016, p. 72), por sumar algunos a los ya mencionados al comienzo del artículo.

Como sugieren Andregg y Gill (2014), en cierto sentido la inteligencia es la última frontera de los intentos de democratizar estructuras y procesos preexistentes originarios de gobiernos autoritarios. Complementando esta apreciación, dichas estructuras pueden datar, tal como se observa en los dos casos aquí analizados, de regímenes demo-cráticos en transición que mantuvieron por un tiempo sectores de inteligencia casi sin cambios, sin legislación democráticamente sancionada ni prácticas ajustadas a estándares democráticos.

Se subrayan entonces tres aspectos de relevancia que surgen a partir de este artículo para comprender lo que los gobiernos quieren o pretenden de sus servicios de inteligencia en democracia; en otras palabras, lo que la inteligencia estatal representa para las dirigencias políticas. Primero, la importancia de explorar la consistencia o inconsistencias entre la política de inteligencia establecida por las leyes con espíritu democrático y las nuevas prácticas en función de la norma y su implementación. En segundo lugar, la verificación de si en dicho marco las prioridades estratégicas de inteligencia y sus usos se han modificado, eventualmente alejándose de lo aceptable en una democracia. En tercer lugar y atento a que los decisores políticos civiles son actores fundamentales del proceso de inteligencia, es relevante comprender en qué medida los responsables políticos han asumido y asimilado con convicción la doble responsabilidad de orientar la inteligencia que se sostenga en los principios de la gobernabilidad democrática, que resulte eficaz y a la vez que garantice la rendición de cuentas.