Res publica era el término de los romanos para su Estado, sus negocios públicos, todos sus bienes públicos y los fines a los que servían. La palabra evade notoriamente la traducción, que aparece con mayor frecuencia en inglés como commonwealth⁷ o simplemente –y más recientemente– “república”, el uso preferido aquí. Cicerón y Tito Livio construyeron la primera y más influyente ideología integralmente republicana, para tratar de explicar cómo y por qué la república romana no había servido al bien público. Ambos acordaron que las instituciones republicanas colapsaron cuando la expansión militar y el conflicto de los partidos alteraron los pesos y contrapesos tradicionales entre el Senado, los magistrados y el pueblo de Roma.

Cicerón y Livio inauguraron una tradición republicana de “libertad” que fortaleció la resistencia contra demagogos, emperadores y reyes durante los siguientes dos mil años por medio de los principios republicanos. Maquiavelo hizo su mejor esfuerzo para revivir esta tradición republicana en Italia con su Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Machiavelli, 1983). La resistencia de los suizos, varios cantones italianos y las provincias unidas de los Países Bajos al control imperial, añadieron modelos prácticos para la libertad republicana, al igual que los escritos constitucionales y teóricos de varios autores ingleses, en sus esfuerzos por restringir o eliminar a sus reyes durante la Civil War and Commonwealth, la Glorious Revolution y las extensas controversias británicas sobre la independencia americana.

Las controversias constitucionales de las revoluciones francesa y estadounidense dejaron reliquias institucionales que establecieron ideales republicanos en las estructuras de la política occidental, con un compromiso generalizado con la “libertad”, incluso –en los Estados Unidos– una “garantía” federal de que cada Estado en la unión debe disfrutar de “una forma republicana de gobierno” (Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, art. IV, sec. 4). Disposiciones similares que requieren senadores y jueces independientes dan a los teóricos republicanos una base práctica en las constituciones de la mayoría de las democracias occidentales. Abogados como Frank Michelman y Cass Sunstein revivieron la doctrina republicana en las escuelas de derecho para justificar la intervención judicial por el bien común contra la legislación partidista y la corrupción política (Swaine, et al., 1988).

Pettit (1997) inauguró un renacimiento similar entre los filósofos, al abrazar tres reclamos centrales de la tradición republicana: que el gobierno debe servir al bien común; que ciertos arreglos institucionales harán esto último; y que la libertad será el resultado de aplicar el modelo republicano. El republicanismo, desde Cicerón, ha ofrecido una epistemología política para encontrar el bien común o aproximarlo lo más posible. La pregunta republicana no ha sido –en primera instancia– “¿Qué es el bien común?”, sino, más bien, “¿Qué procedimientos políticos encontrarán y protegerán mejor el bien común, dadas las posibilidades y limitaciones de la historia y la naturaleza humana?” (Sellers, 1991).⁸

La libertad republicana consiste en no ser interferido por otras personas o Estados, excepto según lo regulado por el bien común del pueblo, establecido por la política republicana (Harrington, 1992). Esta concepción de la libertad como “no dominación” contradice una comprensión ampliamente sostenida (pero más reciente) de la libertad como no interferencia en absoluto. Las acciones públicas y privadas que restringen o influyen en las actividades de una persona no limitan la libertad republicana, a menos que violen la ley o los principios republicanos establecidos para servir al bien común de las personas en su conjunto. La libertad republicana no puede existir sin un Estado republicano, porque los no republicanos siempre dominarán a sus súbditos, como los amos dominan a sus esclavos.

La dominación marca el fin de la libertad en la teoría republicana, ya que somete a una persona a la voluntad arbitraria de otra, sin tener en cuenta el bien común. El poder sin control del dominus (o maestro) hace que sus subordinados sean esclavos, ya sea que el maestro elija ejercer el poder o no. Los esclavos de los buenos amos siguen siendo esclavos y dominados, porque no tienen seguridad contra la voluntad de su amo. Los Estados dominan a los ciudadanos cuando las constituciones otorgan a las legislaturas o funcionarios públicos el poder arbitrario de actuar sin tener en cuenta el bienestar público. Los particulares dominan a los demás cuando las leyes y los funcionarios públicos no protegen a los ciudadanos contra la opresión privada.

El bien común es la medida de la dominación y, por lo tanto, de la libertad en el vocabulario político republicano. Solo el bien común distingue la interferencia “arbitraria” de la acción estatal justificada. Libertas (libertad) en Roma significaba la condición de ciudadano libre en un Estado republicano. La res publica (república) representaba el interés común de todos los ciudadanos en el bien público. Restringir a los ciudadanos por igual con leyes justas en pos del bien común aumenta su libertad al restringir el poder arbitrario. La doctrina neorepublicana revive la libertad como un objeto digno de política pública al rescatar el sentido en que la palabra se desarrolló por primera vez como ideal político. La libertad no es, como Hobbes tendenciosamente la redefinió, la licencia ilimitada para hacer lo que uno quiere, sino más bien un escudo público contra la voluntad incontrolada de otros. La libertad republicana consiste en la igualdad de sujeción al Estado de derecho, el cual está hecho para el bien común a través de un mecanismo cuidadosamente equilibrado gracias a una forma republicana de gobierno.

La primera dificultad que enfrentan los republicanos para encontrar el bien común radica en definir la comunidad pertinente. Las antiguas repúblicas restringieron estrechamente su ciudadanía, excluyendo mujeres, inmigrantes y esclavos. La mayoría de los republicanos ahora extenderían la ciudadanía y la membresía en el populus o el pueblo, a todos los habitantes de un territorio determinado. Esto deja abierta la cuestión de los límites.

Cicerón respaldó una república universal o sociedad de toda la humanidad, pero también reconoció el valor de la política local. Las culturas y las relaciones humanas se desarrollan y solidifican localmente. Por lo tanto, el interés republicano en la armonía y la comunidad implica pequeñas repúblicas homogéneas, donde la gente tendrá más en común (Montesquieu, 1989). Pero la diversidad natural de talentos e intereses humanos garantiza que las pequeñas comunidades encontrarán sus propias minorías internas para dominar y oprimir. Las repúblicas más grandes con mayor diversidad protegen mejor a las minorías, haciendo más difícil para los grupos dominantes el reunirse (Hamilton, et al., 1987, pp. 122-128).⁹

La solución republicana al problema de sus propios límites ha sido alentar diferentes niveles de repúblicas anidadas, para diferentes propósitos, con diferentes capacidades. Kant abogó por una federación de repúblicas nacionales, reunidas en paz perpetua (Kant, 1795). La fórmula sugerida por los Estados Unidos y la Unión Europea moderna ha sido confiar la protección de los derechos humanos y el comercio individuales. Las mayorías locales pueden amenazar a las autoridades federales suprarepublicanas; mientras delegan las preocupaciones sociales y culturales a las repúblicas más pequeñas y homogéneas. Cuando las autoridades regionales abusan constantemente de sus poderes para oprimir a las minorías locales, su opresión reconoce implícitamente a esas minorías como personas separadas, con derecho a patrias republicanas separadas, dentro de la federación republicana (Sellers, 2006).

Los republicanos se dieron cuenta muy temprano en Roma y desde entonces han mantenido el principio, de que el bien común nunca se encontrará ni se mantendrá sin el imperium populi o la soberanía popular para apoyarlo (Cicero, 1976a, IV, p. 14; Cicero, 1926, IV, p. 8). Maquiavelo le dio crédito a Cicerón con la idea de que, aunque las personas pueden ser ignorantes, son capaces de comprender la verdad cuando los hombres buenos se la manifiestan (Machiavelli, 1983, pp. 113-115).¹⁰ El propósito de la soberanía popular republicana no es yace en que el pueblo deba gobernar todos los días, sino, como Rush (1777) sugirió al defender una “república” estadounidense, que el pueblo debería seleccionar a sus gobernantes. La gente ejerce su poder en los días de elecciones, luego difiere a los magistrados que ellos mismos han seleccionado.

Esta dependencia republicana de la soberanía popular distingue al gobierno republicano del liberalismo, que divergió de la tradición republicana a principios del siglo XIX (Sellers, 1998). Los primeros liberales rechazaron la soberanía popular a raíz de la revolución francesa, al tiempo que conservaron los compromisos republicanos con la libertad, el Estado de derecho y ciertos derechos específicos contra el gobierno (Constant, 1988). Los liberales divorciaron la libertad de su base en la deliberación pública al distinguir la “libertad política” de la independencia personal. Esto dejó a los liberales dependientes de jueces y magistrados para verificar sus afirmaciones de derechos y proteger la libertad individual contra el Estado. El liberalismo comenzó como una huida de la política, pero descubrió que implicaba una nueva definición de libertad como la capacidad de hacer lo que uno quiere, sin la regulación estatal (Pettit, 1997).

El liberalismo contemporáneo ha abandonado en gran medida el miedo a la democracia que separó en primer lugar al liberalismo del republicanismo. La mayoría de los liberales ahora saben la amplia participación política de los ciudadanos en las elecciones (Rawls, 1993). La soberanía popular republicana nunca significó democracia en ningún caso, sino más bien un mecanismo cuidadosamente equilibrado y controlado para recopilar las ideas de todos los miembros de la sociedad, a través de un proceso de deliberación pública en pos del bien común. A medida que los liberales modernos han buscado un método de deliberación democrática, para legitimar su sentido de comunidad y regular los intereses privados en conflicto, han vuelto cada vez más a los principios e instituciones republicanos ya integrados en la democracia constitucional occidental.

El principal desafío centrado en el proceso para los republicanos ha sido identificar aquellas instituciones que encuentran y aseguran el mejor bien común. La soberanía popular proporciona acceso a los intereses y las percepciones de todos los ciudadanos, pero la democracia se convertiría en un despotismo electivo, sin pesos y contrapesos para contenerlo (Pettit, 1999). Cicerón culpó de las desgracias de los griegos a la turbulencia de sus asambleas populares, que carecían de equilibrio interno o de un senado para controlarlas (Cicero, 1976b). Las repúblicas desde Roma han mantenido legislaturas bicamerales para evitar la auto-búsqueda en cualquiera de las asambleas (Harrington, 1992, p. 22). La democracia es uno de varios fundamentos de la libertad, no un fin en sí mismo.

Los pesos y contrapesos son necesarios en el gobierno republicano para impedir que los funcionarios públicos se hagan a sí mismos y no a la res publica, el objeto del Estado (Paine, 1989, p. 168). La dispersión del poder a través del bicameralismo, el federalismo y la separación de poderes hace que sea más difícil para una persona o facción, incluida la mayoría, ejercer un poder arbitrario sobre los demás (Pettit, 1997, p. 177).

Republicanos estadounidenses como John Adams (1788, pp. ii-iii) y Alexander Hamilton (Hamilton, et al., 1787, pp. 118-121) agregaron la representación y la tenencia de la vida de los jueces al bicameralismo, y el control de los poderes gubernamentales como desiderata básica de las instituciones republicanas equilibradas. Si las personas y los jueces están fuera del gobierno, pueden controlar mejor los errores de su gobierno (Hamilton, et al., 1787, pp. 369-374).

Los republicanos modernos, como Pettit, difieren de los demócratas en considerar la democracia como un valor derivado, al servicio del ideal más amplio de un gobierno equilibrado o “disputado” (Pettit, 1997, p. 187). Todas las decisiones gubernamentales deben estar sujetas a impugnación por parte de instituciones que impidan que las inclinaciones privadas rijan los intereses e ideas públicas. Los republicanos han propuesto declaraciones de derechos, audiencias públicas y muchos otros dispositivos diseñados para restringir y canalizar la toma de decisiones públicas, para que los ciudadanos comunes puedan influir en las decisiones de su gobierno, sin desviar los propósitos públicos del Estado.

El imperia legum o “imperio de las leyes y no de los hombres” protege la libertad republicana al impedir el poder arbitrario. Los autores republicanos desde Livio hasta Pettit han protegido el elemento moral en el concepto republicano de “ley” contra las simplificaciones de los positivistas jurídicos, comenzando con Hobbes. Las leyes aseguran la libertad contra la dominación al delimitar y proteger la línea a través de la cual el comportamiento privado o estatal viola la autonomía individual contra el bien común. Cicerón insistió en que tales leyes deben servir al bienestar público (populi utilitas), no a la voluntad pública (populi voluntas) (Cicero, 1976c, I, p. 25), porque los votos no pueden alterar las leyes naturales de la justicia (Cicero, 1998a, I, p. 44). Las repúblicas requieren instituciones que encuentren justicia asegurando el bien común.

La condición de imperio de ley del gobierno republicano implica que las leyes deben promulgarse públicamente, ser inteligibles, consistentes, estables, generales y aplicarse a todos, incluidos los propios legisladores. Esto último evita decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos, al someter su voluntad a limitaciones y propósitos conocidos. Las repúblicas mantienen una presunción general de que la acción gubernamental, cuando sea necesaria, operará por ley, no por decisiones ad hoc o ex post. Todas las agencias de gobierno deben actuar a través de estructuras reguladas por principios y mantener el “debido proceso” de las leyes para evitar el abuso del poder gubernamental (Pettit, 1997, pp. 174-175).

La codificación de la ley en cada detalle no será posible o deseable. Debe quedar algo de discreción, pero sujeto a los procedimientos de dispersión de poder y soberanía popular que generan leyes republicanas en primer lugar. La discreción sujeta a restricciones contra la arbitrariedad a veces puede asegurar el bien común, pero la discreción ilimitada produce errores sobre la justicia, a través de la parcialidad natural y el punto de vista limitado de cualquier persona que toma decisiones. El Estado de derecho republicano protege la libertad al respetar el bienestar de cada miembro de la sociedad, y une sus ideas para garantizar el bien común de las personas. La legislación es la razón pública de la república y protege la libertad de los ciudadanos contra el poder privado (Harrington, 1992, pp. 19-20).

El republicanismo filosófico contemporáneo reafirma la concepción republicana de la libertad y propone nuevas instituciones republicanas para apoyar la libertad republicana en el Estado moderno y cultural. Pet-tit (1997) ha presentado la propuesta más detallada para la política neorepublicana, al suplantar la oposición liberal benthamiana de libertad “negativa” y “positiva” con concepciones republicanas más antiguas de libertad, como no dominación y protección contra el poder arbitrario. Pettit (1997) entiende que el poder arbitrario (arbitrium) incluye cualquier acción contra los “intereses e ideas” de aquellos que sufren interferencia. Esto supera el antiguo estándar republicano, que medía el poder arbitrario por su violación de un bien público objetivo, común o colectivo.

La deferencia neorepublicana a los intereses e ideas privadas refleja el compromiso liberal residual con el pluralismo moral y la diversidad cultural. Esta duda persistente para anular las ideas personales de cualquiera hace que el estándar revisado de no dominación sea muy fuerte. La interferencia o influencia sobre las elecciones de los demás se convierte en dominación a menos que rastree sus valores privados. Esto introduce un elemento subjetivo en la doctrina republicana. Los ideales republicanos más antiguos toleraban la jerarquía y las influencias privadas cuando la tolerancia servía al bien común de todos los ciudadanos.

La retórica neorepublicana describe al Estado como la búsqueda por promover la libertad como no dominación, donde los republicanos más viejos habían entendido que la búsqueda republicana del bien común simplemente es libertad como no dominación. La diferencia radica en el lenguaje pluralista de las nuevas teorías. Algunos sugieren que los grupos de inmigrantes y las culturas minoritarias mantendrán sus identidades separadas en las repúblicas, porque las repúblicas ayudan a preservar las diferencias hereditarias dentro de la cultura más amplia (Pettit, 1997, p. 144). Esto dicho representa una desviación significativa de la doctrina tradicional. Las repúblicas existen precisamente para crear y mantener una cultura global que abrace a todos los ciudadanos. Lo anterior necesariamente influye y desalienta las subculturas disidentes al promover una imagen de unidad nacional, que tenderá a asimilar las perspectivas de las minorías.

El compromiso neorepublicano con el pluralismo alienta un mayor énfasis en los aspectos contra-mayoritarios de la soberanía popular republicana (Pettit, 1997; Swaine, et al., 1988). Los neorepublicanos adoptan la condición de imperio de ley del gobierno republicano y la restricción que promueve la dispersión del poder, pero a menudo buscan desplazar la toma de decisiones públicas en paneles independientes de científicos sociales o tribunales (Pettit, 1997; Sunstein, 1993; Swaine, et al., 1988). Esto favorece la “disputa” sobre el consenso para limitar el peso de la opinión pública unificada.

Los neorepublicanos no respaldan el pluralismo de los grupos de interés en el sentido amoral clásico de la democracia liberal, pero su concepto de representación favorece a las minorías culturales. Algunos creen que las políticas públicas deberían poder justificarse de acuerdo con las luces de cada miembro de la sociedad (Pettit, 1997, p. 169). Esto último exagera el valor de las percepciones erróneas del bien. El gobierno republicano difiere de la democracia liberal precisamente porque ofrece una técnica deliberativa para anular puntos de vista erróneos, al tiempo que permite la disidencia constructiva de aquellos que se oponen al consenso.

Las repúblicas tradicionales mantuvieron una representación geográfica para alentar el desarrollo de las comunidades locales. Las propuestas más recientes prefieren la diversidad religiosa, cultural o sexual. Las elecciones populares ahora parecen demasiado crudas para identificar la competencia administrativa o para garantizar una representación estadística mínima para cada grupo de partes interesadas (Pettit, 1997, p. 192). Los neorepublicanos a menudo proponen deliberaciones entre funcionarios “representantes” estadísticamente seleccionados, en lugar de representantes electos o asambleas públicas. Esto lleva a dificultades para identificar qué subculturas o grupos de interés representar. La mayoría de las personas tienen muchas fuentes de identidad parciales o autodefinidas.

La concepción republicana fundamental del bien común fomenta la solidaridad social al buscar una comunidad de interés entre la populus o pueblo de cualquier república. Cicerón describió las repúblicas como propiedad de un pueblo (res populi), en el pasaje más influyente y repetido con frecuencia en el canon republicano. Un populus no es simplemente una colección de humanos, sino una asociación sobre la justicia, en pos del bien común (Cicero, 1998b, I, p. 39). No habrá república sin pueblo ni pueblo (en el sentido más amplio) sin república, es decir, el reconocimiento mutuo de la ciudadanía común (fraternidad) y la igual importancia (igualdad) de todos los ciudadanos a los ojos del Estado.

El concepto de pueblos representa el elemento más disputado en la doctrina republicana contemporánea y la fuente más probable de desacuerdo entre los filósofos neorepublicanos. La carta de las Naciones Unidas reconoció el principio republicano de autodeterminación de los pueblos (ONU, 1966), lo que implica el derecho de un pueblo a establecer “libremente su condición política” (ONU, 1966). Esto le da a la identidad republicana una importancia práctica en la política internacional, lo que implica que el estatus reconocido como “pueblo” conlleva cierto grado de separación política. Los ejemplos más destacados de “pueblos” liberados han sido los habitantes de los territorios coloniales, que constituyen los pueblos del derecho internacional con el propósito de perseguir su independencia de la dominación imperial.

Algunos neorepublicanos separan los principios nacionales y territoriales para crear pueblos republicanos políticamente separados sobre la base de afinidades étnicas, religiosas o lingüísticas dentro de imperios multinacionales más grandes. Se aplicaron diferentes leyes a diferentes sujetos del Estado general, de acuerdo con su “ciudadanía” o estado interno diferente. Esto viola el principio republicano de igualdad de ciudadanía para lograr la ambición republicana de solidaridad social entre los subgrupos de población mantenidos por el Estado. La doctrina republicana tradicional insistió en que todos los ciudadanos disfruten de los mismos privilegios e inmunidades en sus capacidades públicas, al tiempo que permite que las iniciativas privadas busquen afinidades electivas. Esto protege – pero puede desanimar sutilmente– la diversidad privada, porque las personas, como ciudadanos públicos, serán las mismas según el derecho.

La filosofía republicana desde Cicerón ha tratado de construir una armonía de intereses y un sentido común de justicia entre los ciudadanos a través del “imperio de las leyes y no de los hombres”. Las leyes republicanas trazan la línea entre la libertad y la licencia, en pos del bien común. La teoría republicana busca encontrar y establecer buenas leyes, para descubrir los principios y la estructura básica que mejor sirven a la res publica. Entonces, a pesar de que la filosofía republicana comienza, como lo expresó Paine, al hacer que la “res publica, los asuntos públicos o el bien público” sean el objeto de todos los gobiernos, y “el gobierno republicano no es otro que el gobierno establecido y dirigido por el interés del público” (Paine, 1989, p. 168),¹¹ la idea de la república implica una constelación de estructuras políticas para asegurar la legislación republicana, la cual tiene incrustada dos mil años de tradición republicana derivada de Roma.

El compromiso republicano con las instituciones políticas que protegen la libertad desafía la posterior fuga “liberal” de la política después de la revolución francesa. Exrepublicanos como Benjamin Constant esperaban asegurar ciertos derechos o libertades para proteger su propia libertad privada contra el Estado. Pero la filosofía republicana reconoce la futilidad de los “derechos” sin poder. La doctrina republicana ofrece una epistemología política para descubrir y proteger la justicia pública y los derechos humanos fundamentales.

Los republicanos creen que, sin la soberanía popular, el Estado de derecho, los senadores deliberativos, los ejecutivos electos, los jueces independientes, una asamblea popular representativa y los pesos y contrapesos adecuados, la gente no puede conocer o disfrutar de sus derechos y deberes entre sí o con el Estado. La desiderata básica del gobierno republicano puede parecer más o menos importante en diferentes contextos, de modo que incluso una monarquía podría parecer casi “republicana” cuando está limitada por dos ramas independientes en la legislatura y sujeta al Estado de derecho (Adams, 1788, I, pp. xxi-xxii).

Los filósofos republicanos contemporáneos adaptan los principios republicanos a las nuevas circunstancias para proteger la libertad pública contra la dominación inadecuada (dominium), por intereses privados o el gobierno arbitrario (imperium) del Estado (Pettit, 1997). Lo que hace que esas teorías sean republicanas es su compromiso fundamental con el bien común y con las estructuras políticas que apoyan mejor la res publica. La filosofía republicana es una teoría de la libertad y el gobierno o, más bien, de la libertad a través del gobierno, para garantizar un sentido compartido de justicia, en pos del bien común. Los republicanos creen que no puede haber justicia sin comunidad ni libertad sin derecho.