¿Por qué leer a Bakunin hoy? ¿Puede la lectura de sus textos aportar algo a la reflexión política contemporánea? En particular, ¿puede significar algo la lectura de un pensador y activista político que pregona la supresión del Estado para pensar la gestión, la administración y las políticas públicas contemporáneas? Es a partir de estos interrogantes que quise orientar esta reflexión.

En efecto, cuando se atiende a las críticas y las dificultades que enfrenta la gestión pública contemporánea –es decir, la administración y las políticas públicas– y al analizar las soluciones propuestas para superar la burocratización, la frecuente ineficiencia, la ineficacia y la débil legitimidad de las instituciones públicas actuales –y no solamente en Colombia–, puede resultar sorprendentemente a priori que las perspectivas esbozadas por un anarquista del Siglo XIX parezcan pertinentes hoy en día. Contrario a lo que se podría imaginar, me parece que el anarquismo, si bien no es fuente citada habitualmente por la teoría administrativa,² aporta reflexiones e intuiciones que entran en coincidencia con una buena parte de las discusiones contemporáneas en curso tanto en el pensamiento administrativo como en el área del análisis de las políticas públicas.

Es claro que Bakunin no ofrece al lector ni una teoría ni una descripción exhaustiva de cómo organizar la gestión y la administración de una sociedad sin Estado, es más, rechaza expresamente esa pretensión. Sin embargo, su crítica aguda a los modelos políticos y administrativos que se construían en su época –así como a sus fundamentos epistémicos–, a través de la consolidación de Estados nacionales, ofrece algunas pistas pertinentes para la reflexión.

En primer lugar, considero necesario señalar que lo que Proudhon y Bakunin, y con ellos toda la corriente anarquista, rechazan de manera categórica, no es tanto la administración como tal, sino la existencia de un gobierno que ejerza el control sobre esa administración, a nombre de una abstracción sagrada llamada Estado, descendiente terrenal del poder divino. El enemigo es el gobierno, no la administración. El gobierno significa una delegación de poder en manos de algunos quienes, como diría Proudhon (1851, p. 351) en su famosa frase, “no poseen ni el título ni la ciencia ni la virtud” para hacerlo. En la concepción política anarquista, el poder político, en particular el poder del Estado es siempre un poder usurpado por una o varias personas que lo ejercen de arriba hacia abajo en defensa de sus propios intereses materiales y de los de una minoría privilegiada. Malatesta dice:

Gobierno significa delegación del poder, o sea, la abdicación de la iniciativa y la soberanía de todos en manos de algunos. Administración significa delegación de trabajo, o sea, tarea confiada y aceptada, cambio libre de servicios, fundado en pactos libremente ajustados. (Malatesta, 1982, pp. 105-106)

El mismo Bakunin señala en su Antiteologismo que, si bien la “destrucción de los Estados es una necesidad absoluta”, agrega enseguida:

O si se quiere, [se precisa] de su radical y completa transformación en el sentido que, dejando de ser potencias centralizadas y organizadas de arriba hacia abajo […] [los Estados] se reorganizan de manera libre por todas sus partes³ […] de abajo hacia arriba según sus necesidades reales y tendencias naturales, mediante la libre federación de los individuos y de las asociaciones, de las comunas, de los distritos, de las provincias y de las naciones en la humanidad. (Bakunin, 1980, p. 190)

Aquí Bakunin señala entonces la necesidad de transformar la institución estatal apoyándose claramente en la perspectiva federalista defendida por Proudhon. Bakunin, al igual que Proudhon, vio así en la organización federalista del sistema político suizo y en el de los Estados Unidos ejemplos positivos en contraste con la centralización extrema del Estado francés (Bakunin, 1980). Sin embargo, si bien el modelo político federalista le parece mejor que el monárquico, resulta absolutamente insuficiente en la medida en que este modo organizativo descentralizado no se extiende al resto de los espacios sociales. La revolución social, que se distingue entonces de la revolución política, consiste precisamente en eso: la extensión de la aplicación de estos principios a todos los espacios sociales, y en particular al mundo laboral, para que, de esta mane-ra, lo social pueda reincorporar (mas no suprimir) la función política y administrativa de dirección, en los espacios productivos, en los espacios de la vida misma.⁴ A mi juicio, a Bakunin le parece claro que la toma del control del Estado –por el medio que sea: elección, golpe de estado, dictadura– no permitirá esa transformación desde arriba, ni siquiera la dictadura del proletariado de los socialistas “autoritarios”. En mi lectura, es de esta manera que hay que entender el antiestatismo virulento de Bakunin: es el rechazo a la constitución de una esfera política separada, autónoma, profesionalizada, en relación con el resto de la sociedad. Ya que, autonomizada, la función política será, de hecho, siempre un impedimento para la libertad y para la emancipación de las masas, que se usará para el beneficio propio de los gobernantes o de algunos grupos sociales privilegiados.

Así, la función administrativa persiste como una necesidad, pero su control no debe estar a cargo de un gobierno, siempre constituido por una minoría –no importa que esta se autoproclame revolucionaria o que sea elegida–. Para Bakunin el control de la administración debe ser ejercido democráticamente y no de manera delegada, y es el resultado de un proceso de autogobierno por parte de los asociados.

En la práctica política de Bakunin, esto se verá por ejemplo en su insistencia radical en oponerse a la constitución de una dirección permanente en el seno de las asociaciones de trabajadores tanto en la Primera Internacional (AIT) como luego, en la escisión antiautoritaria liderada por la Federación del Jura en 1872. En su lugar, Bakunin prefiere una oficina de estadísticas; es decir, una institución administrativa encargada de recolectar información y eventualmente de realizar encuestas e investigaciones que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones por parte de los asociados. El conocimiento científico es útil como argumento para la toma de decisiones, permite la formación de las opiniones de todos y de allí la importancia de su divulgación. Pero el dominio de este conocimiento no puede legitimar la disposición de un mayor poder de decisión. Un gobierno, aunque compuesto por científicos, sigue siendo un gobierno ilegítimo.⁵

Rechazar a la política como una función separada del resto de las actividades sociales –productivas en sentido amplio– se explica en Bakunin por su consideración –que me parece tener aun pertinencia hoy– sobre lo que él designa como dos sentimientos inherentes a la profesión política: “el desprecio por las masas populares y la exageración de sus propios méritos” (Bakunin, 1980, p. 210).

Estos fenómenos me parecen particularmente visibles en la inmensa mayoría de los procesos políticos que se fundamentan sobre la delegación de poder, en particular en los procesos electorales. Varias décadas después, la sociología política y organizacional calificará a este fenómeno como la tendencia inexorable a la oligarquización y elitización, así como a la burocratización de las organizaciones sociales y políticas. Los líderes empiezan a considerarse como indispensables –por ejemplo, las tendencias generales hacia los procesos de reelección y de caudillismo– y como portadores de la razón, sino de la verdad, y les resulta siempre más difícil “retornar a la base” o concertar y consultar decisiones. Vale la pena apuntar que los representantes políticos, por lo general, no son los portavoces de sus electores –¿y de cuáles, entre tantos?–, sino más bien hablan en lugar de estos –lo que alimenta y legitima la pasividad política–, transformando inexorablemente la función representativa o delegativa en una autorepresentación partícipe de la confiscación elitista del proceso de decisión sobre los asuntos colectivos. De allí la lógica de los movimientos sociales que privilegia la acción directa sin la intermediación política, la democracia participativa vs. la democracia representativa.

La perspectiva de Bakunin –la reincorporación de la política en lo social– nos retrotrae de una cierta forma a una época en donde la dirección de la sociedad no tenía la capacidad y, tal vez, tampoco la pretensión de monopolizar y concentrar los atributos de la función política, en particular de la fuerza, de la justicia, del saber y de los tributos en un punto único. Es decir, a un momento preestatal en donde los atributos del poder aparecían fragmentados y distribuidos entre varios estamentos y lugares. Esta situación dio origen en el Siglo XII, al parecer en Francia, al concepto de gobernanza, como manera de entender la toma de decisiones en cuanto proceso de negociación entre varios actores que disponen de un cierto grado de autonomía entre ellos. El concepto cayó en desuso con la construcción progresiva del Estado, primero absolutista de derecho divino y luego moderno, como una innovación institucional monopolizadora y confiscadora de los atributos del poder político, como un sustituto de la perspectiva monoteísta de la verdad religiosa, que se fundamentó progresivamente en una verdad científica (Ilustración, positivismo, socialismo científico). El siglo XX fue sin lugar a duda el siglo del triunfo del Estado como institución monopolizadora del poder.

A final del siglo pasado, el derrumbe del Estado soviético y del socialismo estatal y autoritario que encarnaba, significó el fin de un mundo bipolar dominado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. El fin de la confrontación abrió una era nueva, que tal vez podría ser calificada de postestatal, debido a la pérdida de centralidad de la institución estatal para la orientación de la sociedad. Es sintomático de este repliegue de la dominación omnisciente y omnipotente del Estado, que el término de gobernanza reapareciera con un nuevo significado, referido en particular al fin del monopolio estatal sobre la regulación social y como un poder compartido. Si bien no todos entienden o desean lo mismo bajo este concepto, es de anotar que hay un acuerdo en considerar que marca una inflexión clara tanto en el papel del Estado, como del gobierno, en su relación con la sociedad. Es decir, existe una transformación cualitativa de su quehacer.

Así, Moreau-Defarges (2003), un autor contemporáneo cuya simpatía con Bakunin parece poco probable, señala que la era gubernamental se diferencia de la era de la gobernanza a pesar de que su dominio es el mismo: la organización y la gestión de las estructuras colectivas (Moreau-Defarges, 2003). Mientras la primera se ejerce de manera vertical y centralizada, la segunda tiende a la constitución de estructuras flexibles y horizontales. Para Moreau-Defarges (2003), el gobierno se asocia con asuntos públicos a través de la escasez, la guerra, el verticalismo y la jerarquía, el orden, el comando-control y la unidad alrededor del Estado. Mientras que la gobernanza se asocia con asuntos colectivos a través de la abundancia, la paz, el horizontalismo, la democracia, la negociación, los procesos, la creatividad, la diversidad y las autoridades independientes. En otras palabras, con la gobernanza, los procesos de decisión política se desconcentran y están idealmente reapropiados por los diversos actores organizados de la sociedad: ¿no existe allí una perspectiva similar a la concepción bakuniniana de la libre federación de los individuos y de las asociaciones?, ¿o a la de los pactos libremente ajustados de Malatesta? Los procesos de consulta previa actualmente admitidos pueden también inscribirse en este nuevo rol del Estado que actúa como organizador, facilitador y garante “no político” de la deliberación pública entre asociados, y no como el guía ideológico y difusor de la fe nacional en una perspectiva autoritaria, de arriba hacia abajo.

Ahora bien, es evidente que existe una diferencia clara entre la gobernanza neoliberal, dominada por la lógica del mercado, y la que podría denominarse democrática o, por qué no, libertaria. En particular, es obvio que el mismo concepto de gobernanza debería ser incorporado no solamente en los procesos de negociación formales entre organizaciones, sino también como una práctica implementada en el interior de todas las organizaciones colectivas (es decir, empresas, asociaciones, etc.), para generar, en consecuencia, procesos de autoorganización. Como lo señala el mismo Moreau-Defarges (2003), la filosofía de la gestión que emana de la gobernanza es similar a la del anarquismo: la autogestión. Allí sigue entonces en pie la necesidad de una revolución social.

Es con este concepto de gobernanza que toda una corriente crítica del área de estudio de las políticas públicas –por ejemplo, Fischer (2009) o la revista Critical Policy Studies– concibe hoy en día el trabajo administrativo para la formulación, decisión e implementación de las políticas públicas. Se busca fomentar la participación deliberativa y directa de los involucrados (lo que se relaciona también con la temática de la democracia radical). Esta tarea implica el cuestionamiento a las instancias políticas tradicionales –representativas y administrativas– y el desarrollo de un proceso de construcción y experimentación de una nueva institucionalidad basada en el reconocimiento del pluralismo y la diversidad sociales y políticos, y la participación activa de ciudadano-as, no profesionales de la política, sino de ciudadano-as “comunes y corrientes”.

Se busca confiar también en los saberes locales y en la necesaria rein-troducción o, más bien, en el reconocimiento del papel de las emociones en el proceso político. Este punto tiene tal vez relación con el instinto o el espontaneísmo bakuniniano, el cual, en la acción política, permite “corregir”, “orientar” o simplemente “situar” (perspectiva constructivista) los resultados siempre sesgados y frecuentemente autoritarios del discurso racional y tecnocrático (racionalidad instrumental) de los expertos políticos y científicos.

En conclusión, me parece que la perspectiva política de Bakunin tiene la virtud de ofrecer pistas para la recomposición de la organización y el funcionamiento de las estructuras colectivas y de los procesos de decisión colectiva, señalando con mucha claridad el riesgo de usurpación y oligarquización del poder inherente a todo proceso de delegación o de representación política. Es una invitación entonces a desacralizar las instituciones administrativas burocráticas existentes para experimentar desde ahora nuevos mecanismos institucionales comprometidos con la participación y la deliberación directa de la ciudadanía. Se trata de democratizar el funcionamiento de la administración pública para hacer de esta –en muchos sectores de actividades– una institución dedicada a la organización de la deliberación pública como elemento fundamental para los procesos de formación y decisión en materia de políticas públicas (tal vez se podría hablar de políticas “comunes”). Para ello, las metodologías participativas de investigación desarrolladas por las ciencias sociales pueden hacer una contribución fundamental a la legitimación de los procesos políticos participativos y deliberativos.