Para ilustrar el contexto político y burocrático de la legitimidad de la inteligencia en Colombia, la Figura 1 describe la red de relaciones de control e investigación entre la comunidad de inteligencia y las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y organismos de vigilancia del Estado colombiano. Los rectángulos dobles simbolizan las instituciones que ejercen control e investigación, independiente y autónomamente de otros organismos estatales. La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia de carácter bicameral del parlamento, aparece en un rectángulo en negrilla para simbolizar su papel de control con orientación política, similar a la Presidencia de la República en todos los asuntos de inteligencia y su paridad con el Poder Ejecutivo, está indicada con la línea de puntos.

Los inspectores generales que vigilan las actividades de las unidades de inteligencia militar y de inteligencia policial rinden cuentas ante el Ministerio de la Defensa en asuntos administrativos y ante la Comisión del Congreso para dar cuenta de su acuerdo con las disposiciones de la ley. El Inspector General de la DNI y la Oficina de Control Interno de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), respectivamente, se reportan ante la Presidencia de la República y la Comisión Legal del Congreso.

La Fiscalía General de la Nación pertenece al poder judicial del Estado e investiga y acusa a los presuntos infractores de la ley y goza de plena autonomía administrativa y presupuestal. Una línea quebrada representa la autonomía judicial del fiscal frente a las autoridades centrales de la comunidad de inteligencia. Las entidades autónomas de control fiscal y disciplinario también se muestran en rectángulos dobles. La Defensoría del Pueblo goza de cierta autonomía, pero dentro de los límites permitidos por la Procuraduría General de la Nación, el organismo que investiga las irregularidades cometidas por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo.

La presencia de organismos de control e investigación en toda la estructura institucional de la comunidad de inteligencia sugiere una responsabilidad integrada al sistema para la actividad de inteligencia y los productos de inteligencia. El vínculo de responsabilidad social más directo con los ciudadanos individuales, tanto teóricamente como en la práctica, ocurre a través de la Defensoría del Pueblo. Los principales medios de periodismo impreso de Colombia proporcionan una fuente de respaldo o de equilibrio para la rendición de cuentas de la inteligencia, particularmente durante los periodos de transición entre las administraciones públicas de cambio en política. Como se desarrollará en una sección posterior de este artículo, la arraigada supervisión ciudadana descansa sobre la vigilancia mostrada por la permitida libertad de expresión periodística, como bastión de la legitimidad.

A partir de la premisa de que los servicios de inteligencia legítimamente democráticos satisfacen la necesidad de información y análisis de un país que resulte consistente con los principios internacionales para preservar los derechos humanos y proteger un sistema de gobierno apoyado constitucionalmente, proponemos que la legitimidad de las actividades de inteligencia nacional en una sociedad democrática surja de la combinación del respeto mutuo y la rendición de cuentas legal entre la administración política de un país, sus ciudadanos y las acciones a largo plazo y la reputación de larga data de sus servicios de inteligencia. La evidencia de la legitimidad de la inteligencia en un lugar y tiempo particular proviene de: (1) leyes y regulaciones de inteligencia sólidas, que refuercen principios éticos reconocidos internacionalmente, particularmente los asociados con los derechos humanos; (2) vigilancia activa, interna y externa de las actividades de inteligencia a favor de los ciudadanos por parte de los medios de comunicación y de funcionarios elegidos para ello de conformidad con la Constitución del país y las leyes pertinentes; (3) agentes y agencias de inteligencia con suficiente habilidad, capacidad, sensibilidad ética y libertad táctica para crear una reputación sostenible y positiva entre los ciudadanos y agencias similares en países amigos y neutrales.

Ahora podemos considerar cómo examinar el sistema de inteligencia de este país con el objetivo de estimar el crecimiento o declive de su legitimidad social.

El concepto de legitimidad de la inteligencia captura la interacción entre lo que es seguridad con enfoque cultural de lo personal y nacional, el entorno político nacional en el contexto colombiano y las perspectivas de supervivencia de las instituciones de inteligencia a través de sucesivas administraciones. En este estudio, las leyes de Colombia y su Constitución de 1991, un conjunto de memorias profesionales de inteligencia y de artículos periodísticos en línea con temas de inteligencia aparecidos en tres medios líderes en comunicación, electrónica e impresa⁵ ofrecen una forma de evaluar las relaciones experimentales entre ciudadanos, leyes, funcionarios de inteligencia, instituciones gubernamentales y el sector de los medios de comunicación del país. Se proporciona así una base empírica para arrojar luz sobre el concepto de legitimidad de la inteligencia y detectar tendencias que se especifican en su manifestación. Cepik y Ambrose (2014) piden “una mejor sinergia entre los programas de investigación culturalista, contextual e institucionalista en el campo de los estudios de inteligencia” (Cepik y Ambrose, 2014, p. 543). El siguiente material representa un caso de estudio inicial de cómo eso se puede lograr a pequeña escala.

Comenzaremos con un análisis de contenido de la Ley de Inteligencia colombiana de 2013, para avizorar su impacto potencial en la legitimidad de la inteligencia y luego procederemos a explorar el funcionamiento del sistema de inteligencia de Colombia, buscando evidencias de interacciones culturales, contextuales, institucionales y su impacto sobre la legitimidad.

Como el primer estatuto socialmente examinado en Colombia dirigido a regir las autoridades y responsabilidades de los profesionales de inteligencia, la Ley 1621 se benefició de un extenso trabajo preparatorio y revisión por parte de legisladores y el poder judicial entre 2010 y 2013, año de su promulgación. La evidencia de su potencial legitimidad en guiar esta actividad a menudo sensitiva, algo invasiva, pero necesaria de los servicios de inteligencia para proteger la seguridad nacional a través de medios secretos, se percibe fácilmente en la Tabla 1.

Aunque la mayoría de los elementos de la Ley 1621 se dirigen naturalmente a las autoridades y responsabilidades de los funcionarios y agencias de inteligencia del Poder Ejecutivo garantes de la operación diaria de esta función gubernamental, varios de los términos clave que aparecen en la Tabla 1 también abordan preocupaciones especiales de la sociedad civil, así como de los Poderes Legislativo y Judicial. Por ejemplo, la Ley emplea el primer término, “actividades”, en asociación con una idea general de lo que los ciudadanos pueden esperar en términos de la destrucción de cualquier dato recopilado accidental o incidental-mente, y para alertar a todos los ciudadanos de que sus comunicaciones pueden ser monitoreadas, pero no “interceptadas” (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 17 y 30) mientras las agencias de inteligencia llevan a cabo sus responsabilidades asignadas (fines). La ley también añade en atención a los medios de comunicación que el personal de la inteligencia no puede divulgar información de inteligencia (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 38) a nadie fuera de los círculos de inteligencia, excepto a aquellos miembros pertenecientes al poder judicial, en caso de informar sobre un comportamiento inapropiado dentro de la comunidad de inteligencia o actividades delictivas fuera de esta. Los funcionarios legislativos del Comité Legal de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 22 y 36) también son alertados de sus responsabilidades en el control político de las actividades de inteligencia y de la protección de la información de inteligencia de la que tienen acceso privilegiado.

Algunos términos reflejan las preocupaciones propias de la inteligencia colombiana. La designación del personal de inteligencia como “servidores públicos” tiene un significado especial, ya que el personal del DAS, miembros de una organización explícitamente politizada, operaban en un entorno de conflicto donde su lealtad ante el presidente podría superar la lealtad al bien común de la colectividad, según lo definido por la Constitución. ⁶ La Ley de Inteligencia enumera tres principios generales que deben observar los agentes y organismos para alcanzar los fines del Estado: necesidad, idoneidad y proporcionalidad (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 5). El concepto de “reserva legal” (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 33) demuestra cómo estos principios se aplican ampliamente en la sociedad: El personal de inteligencia está legalmente protegido frente a la divulgación de cualquier información que produzcan y archiven, por un periodo de treinta años a partir de la recolección de la información. Este principio también favorece a los ciudadanos contra las actividades de inteligencia que pueden amenazar “la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar y al debido proceso” (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 4).

La ley creó una organización de coordinación y supervisión interna, integrada por funcionarios del poder ejecutivo y por los jefes de los principales organismos de inteligencia: la Junta de Inteligencia Conjunta (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 12 y 13). La ley deja abierta la opción de cuál, entre los miembros de la comunidad de inteligencia, servirá como cabeza de esta autoridad central de facto y de jure, pero el Ministro de Defensa es la primera autoridad que la preside, reflejando la fuerte influencia de las fuerzas armadas sobre los círculos de inteligencia.

Ahora bien, a pesar de la atención cuidadosa del proyecto de Ley a una variedad de sectores de opinión de la sociedad, y justo antes de su sanción (Ley Estatutaria 1621, 2013), Rivera-Rugeles, abogado y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, encontró fallas en sus formulaciones con respecto a la protección de los derechos humanos sancionados internacionalmente (Rivera-Rugeles, 2013, pp. 142-143). Su crítica más notable de la Ley es que los funcionarios de inteligencia, sin participación del Congreso, disfrutan de demasiada libertad para iniciar acciones de recolección de información por su propia cuenta, una visión que va en contra de la autonomía usual que forma parte de la independencia de los propios servicios, en la activación de operaciones de inteligencia (Rivera-Rugeles, 2013, p. 158). Un elemento presente en el anteproyecto de ley que revisó era que la información de inteligencia podrá mantenerse en secreto por treinta años y que el presidente podría extender la reserva a quince años más, lo cual permitía un amplio margen de discreción. Sin embargo, Rivera-Rugeles no tomó en cuenta que la versión final de la ley no lo permitió (Rivera-Rugeles, 2013, p. 160).

Además, Arciniegas (2011) señalaba que la Ley de Inteligencia 1288 de 2009, que posteriormente se cayó por su inconstitucionalidad, no incorporaba una disposición similar a la Ley de Inteligencia del Perú 1141 de 2012, que exige a las autoridades judiciales aprobar o denegar cualquier solicitud de los servicios de inteligencia para realizar “operaciones especiales” (Arciniegas, 2011, pp. 84-85). La etiqueta de “procedimientos especiales” (operaciones especiales) pondría un velo sobre la actividad de inteligencia cuya legitimidad, en ausencia de aprobación judicial previa, solo podría juzgarse por revelaciones posteriores. En la nueva versión y actual Ley de Inteligencia 1621 de 2013 no se insertó esa aprobación previa de procedimientos especiales.

A pesar de sus posibles deficiencias, la apertura a la atención ciudadana conferida por la Ley 1621 sobre los variados actores gubernamentales y no gubernamentales en Colombia se sustenta como un punto de referencia para las aspiraciones y expectativas de la sociedad con respecto a la construcción y el mantenimiento de servicios de inteligencia legítimos. En la Tabla 1, el término “cumplimiento” recuerda a todas las partes la obligación de proteger los derechos humanos, como lo exige el artículo 4 de la ley (Ley Estatutaria 1621, 2013).

La Constitución de 1991 de Colombia garantiza los derechos básicos de las personas, incluido el mandato de que “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser inter-ceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y en las formalidades que establezca la ley” (Const. 1991, art. 15). La disposición de la Ley 1621 (Ley Estatutaria 1621, 2013, art. 17) para monitorear el espectro electromagnético, pero no “interceptar” las comunicaciones dentro del país, potencialmente socava la intención del artículo 15 (Const. 1991, art. 15), transfiriendo a los funcionarios de inteligencia la cuestión ética de hacer y cómo acceder al monitoreo de comunicaciones con fines informativos. Esta fisura entre la Ley de inteligencia y las disposiciones constitucionales abre el camino a una conducta de inteligencia ilegítima. Al mismo tiempo, la ausencia de conducta ilegítima en esta área demostraría la legitimidad de la inteligencia, si tales hechos contrarios a la Ley se dan a conocer al público.⁷

Evelio Buitrago Salazar (1977), un suboficial del Ejército y agente de inteligencia encubierto vivió entre “bandidos” desde 1960 hasta 1965, mientras el gobierno buscaba cerrar los últimos episodios de la violencia (Buitrago, 1977). Buitrago, trabajó en las montañas del centro oeste de Colombia como agente de inteligencia, solo pero en enlace con la organización de seguridad civil (DAS) a nivel nacional. Escribió sus memo-rias poco después de que concluyeran sus experiencias de campo, y su publicación, promovida por las Fuerzas Militares de Colombia en 1968 no obstaculizó su carrera, ya que alcanzó la condecoración más alta de Colombia, la Cruz de Boyacá (Buitrago, 1968). El hecho de que las Fuerzas Militares actuaran oportunamente para publicar estas memorias sugiere la existencia de una preocupación oficial de que el público tomará conciencia del enfoque concienzudo del deber del personal de inteligencia del Ejército, en apoyo de la seguridad pública.

La breve narrativa de Buitrago enfatiza su compromiso con la misión. Cuando recibe una orden para presentarse de inmediato en el campo, después de un entrenamiento de inteligencia en Bogotá, muestra su desprecio por los civiles, quienes nada saben de lo que significa para los militares “una presentación inmediata” a la vez que explica su orgullo de obedecer órdenes “duras de corazón” del Ejército (Buitrago, 1968, p. 36). Su clara preferencia por la prosa concisa coincide con la frecuente enunciación de refranes populares o citas expresivas. Él los usa como herramientas para transmitir los sesgos institucionales con los que se siente cómodo: “La justicia cojea, pero llega”; “La guerra no se hace por el amor a Dios”; y “Con la vara que midas, serás medido”. Solo en raras ocasiones Buitrago se vuelve introspectivo, pero esas pocas instancias ayudan a preservar una imagen humana de este enigmático y osado militar. Cuando ha llegado a su límite de decir mentiras a los bandoleros con los que vive, se confía a sí mismo:

Cansado con la vida que llevaba con Tista, volví donde [operaba] “Zarpazo” [su objetivo]. Estaba agotado, fatigado, y temeroso de que dormido o despierto, una palabra pudiera condenarme. La tensión nerviosa llegaba al límite de resistencia y francamente, los resortes espirituales querían fallar. (Buitrago, 1968, pp. 82-83)

Esta descripción altamente personal de la actividad de inteligencia de un dedicado servidor público dentro de las filas del Ejército colombiano tiene el potencial de atenuar las críticas ligeras a la inteligencia como una herramienta fuera de control para evitar acciones de sedición por parte de los ciudadanos. Su tono genuino, al humanizar la cultura encarnada por un “simple” soldado, ejemplifica y define ante el lector la acción legítima del trabajo de la inteligencia, basada en la acción contra los bandoleros. En contraste, frente a las vivencias directas de Buitrago, los colombianos en general probablemente reaccionarían con mucha más suspicacia ante argumentos abstractos de nivel político, sobre cómo el país podría enfrentar mejor el problema de los bandidos para proteger la “seguridad nacional”. En las sociedades democráticas, el concepto de “seguridad nacional” tiende a permanecer alejado de las experiencias del diario vivir (Donovan, 2005).

En contraste con las memorias de Buitrago, Jesús Emilio García Acosta, un exfuncionario de la inteligencia civil, corrió el riesgo de ofender a sus compañeros de profesión al recrear en una novela, El Ave del Pantano, sus experiencias como operativo y analista dentro de una supuesta organización como el DAS que en la obra aparece como Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en los noventa y la primera década del siglo XXI (García, 2007).

El alter ego del autor, Ingencio Cadena, aprovecha su tiempo libre nocturno en la academia de inteligencia, la que forma a los estudiantes en contra de las prácticas corruptas de la vida burocrática cotidiana, para sondear a sus compañeros sobre sus planes y expectativas profesionales. Incluso en este entorno protegido, reconoce que el entrenamiento de inteligencia confiere un tipo de lavado de cerebro: un estudiante logra distinguir el comportamiento laboral correcto del incorrecto, pero siempre que sea dentro del contexto institucional.

Asignado para vigilar la frontera con Venezuela al principio de su carrera, Ingencio admira su propia sensibilidad de inteligencia estratégica nacional (velando por el bienestar del Estado, cosa que no hace el gobierno actual, en el poder) y denuncia su contradicción: el comportamiento egoísta de la policía local y sus colegas corruptos de larga data del SIN. Señala la hipocresía de que algunos individuos “que más hablaban de honestidad y transparencia en el país, eran los más corruptos” (García, 2007, p. 73). También aprende a no confiar en los directivos de nivel medio, cuyas débiles habilidades de gestión le resultan inquietantes: “Es que la misión de inteligencia es algo tan delicado como pintar sobre una tela de araña el mapa de nuestra seguridad y se le tratara tan desprevenida y deportivamente” (García, 2007, p. 84).

El título simbólico de la novela sirve como tema o motivo para la historia de vida de Ingencio en el servicio de inteligencia: para ser reconocido como un analista u operativo exitoso, el agente debe ser como el ave que cruza el pantano de la corrupción colombiana sin untarse las patas. Para encajar con sus colegas, Ingencio acepta escuchar sus razones para aceptar dinero a cambio de no denunciar actividades delictivas. Los colegas lo instan a continuar con esta racionalidad: “Analiza, Ingencio que estas actividades no ponen en riesgo la institución ni a uno mismo, como sí lo serían la venta de información clasificada o la delación de informantes o la venta de la hoja de vida de compañeros” (García, 2007, p. 92).

En Bogotá, con el ocaso de su carrera, Ingencio da voz al orgullo del autor por resistir las tentaciones de las prácticas corruptas porque “sus análisis eran tan objetivos y sinceros, que empezó a ganar respeto [de los superiores] en su trabajo” (Garcia, 2007, p. 121). Para resaltar las percepciones de su carrera, Ingencio transforma el adagio que insta a un tomador de decisiones “a no matar al mensajero” (que porta malas noticias), en la frase “páguese al portador” (Garcia, 2007, p. 99), de modo que, en todas las circunstancias, una actitud positiva por parte de los practicantes podría alentar futuras alertas oportunas de inteligencia. García compromete a Ingencio cuando sopesa adagios ampliamente utilizados entre los profesionales de inteligencia activos, tales como “El que manda, manda; aunque mande mal” (Garcia, 2007, p 106); “a los funcionarios les pagan por lo que duren, no por lo que hagan” (Garcia, 2007, p. 106); “el detective y el soldado ni se regala ni se niega” (Garcia, 2007, p. 107), entre otros. El propósito de su jefe inmediato cuando le pide a Ingencio que compile una lista de máximas institucionales, es el de orientar las conciencias colectivas de los profesionales de inteligencia, cuyos hábitos de trabajo deben acercarse al ideal de la profesionalidad en los servicios públicos descrita por Weber (Bendix, 1977, pp. 105-108).⁸

Ingencio declara que “hacer inteligencia” sigue siendo un esfuerzo humano que no requiere educación formal para ejercerla. Ya sea que se use tal vez para conocer un posible cónyuge o se aplique para verificar la fidelidad de una esposa, descubrir secretos continúa siendo una motivación básica y natural, especialmente si los secretos del sujeto están ocultos o se practique en operaciones de seguridad de Estado donde los fines varían al igual que la sofisticación técnica para obtener la información (García, 2007, p. 97). Esta idea, si fuese asimilada por la “clase política”, podría conducir a una valoración más amplia de la legitimidad innata de la función de inteligencia del gobierno, cuando es llevada a cabo por servidores públicos contra fuentes que el público perciba como amenaza. Sin embargo, un clima institucional apropiado sigue siendo esencial para permitir que los funcionarios de inteligencia lleven a cabo sus acciones sin invocar la desaprobación pública o incluso el ridículo. Ingencio observa que la práctica en el SIN de usar sus agentes para proporcionar seguridad fronteriza de manera visible y pública socava el secreto y fácilmente lleva a la población a la burla de los procedimientos de seguridad de la agencia, cuando posteriormente se asignaba a los mismos agentes trabajos de carácter clandestino o encubierto (García, 2007, p. 49).

El idealismo burocrático de Ingencio tiene sus límites. Declara que los colombianos deben dejar de culpar al legado de sus antepasados por la corrupción pública actual. Sin embargo, no llega a decir que los servidores públicos pueden terminar con la corrupción. En cambio, él culpa la falta de una legislación de la inteligencia que resulte apropiada, sin tener en cuenta la cuestión de si las leyes pueden o no aplicarse. Reconoce que el favoritismo da como resultado la contratación de funcionarios de inteligencia deficientes. Ingencio también comenta, irónicamente, que los equivocados nombramientos y promociones “meritocráticas” pueden crear una envidia debilitante entre los colegas por la incomprendida designación de funcionarios que no estén a la altura. Al apropiarse de un adecuado proverbio del SIN para captar esa situación, declara que “Al que nunca se le ha aparecido la virgen, cuando se le aparece lo piensa matar” (García, 2007, p. 147), un aforismo que sugiere que todos aquellos que llegaron al poder no tardaron en abusar de este y limitaron la posibilidad para una reforma a la inteligencia, en el marco de los servicios de seguridad pública por sí solos.

Una entrevista con García (2016) en su oficina en Colombia, ofreció la oportunidad de conocer las intenciones del autor al escribir esta memo-ria ficticia de sus quince años de servicio en el DAS. Afirmó que el libro es un enfoque novedoso para criticar las influencias corruptoras en el DAS, dirigido a lectores de todas las clases sociales, académicos y a los propios servicios de inteligencia. No buscó ni una revisión del manuscrito por el moribundo DAS antes de su publicación, ni aprobación, porque era una obra crítica pero preponderantemente literaria. Aunque muchos de sus excolegas del DAS al principio no encontraron útil la novela, a medida que la agencia avanzó hacia su extinción en 2011 la vieron como una documentación útil para revelar las razones de su disolución. Señaló que la prensa colombiana y algunos académicos han aplaudido la novela porque se trataba de un tema inédito y llenaba vacíos en el registro de conocimientos entre los ciudadanos. No conoce memorias similares publicadas, pero varios excolegas se le acercaron para buscar recomendaciones sobre cómo escribir bajo el nombre de otro o para obtener ayuda en expresar sus propios recuerdos del servicio de inteligencia. Su preocupación restante es que la corrupción en el DAS refleja una tendencia delictiva similar en otras instituciones colombianas (García, 2016).

El periodista colombiano Germán Castro Caycedo, en su novela Objetivo 4, combina las historias de 24 oficiales de la Policía Nacional, la mayoría de ellos especialistas en inteligencia, quienes rastrearon y finalmente capturaron dos sujetos subversivos y dos personas “objetivos” del narcotráfico (Castro, 2010; “Germán Castro Caycedo y el libro más vendido”, 2010). Aunque las memorias combinadas aparecen en un estilo narrativo, novelístico, Castro Caycedo las considera como hechos. Así lo dice porque “nuestra situación de seguridad es tan desoladora que supera cualquier esfuerzo por crear situaciones novelescas” (Castro, 2010, p. 11). Castro organiza las perspectivas separadas en una secuencia lógica para cada uno de los cuatro casos de búsqueda como objetivos de inteligencia. La variedad de actores incluye agentes encubiertos de inteligencia policial, analistas y sus supervisores, junto con comandos que no son de inteligencia y comandantes operativos experimentados. El autor crea suspenso ampliando gradualmente el campo de visión del lector. Este enfoque permite al lector identificarse con la determinación de un tenaz personal de campo aislado que tiene un conocimiento limitado del estado de la misión y que habitualmente enfrentan circunstancias difíciles.

La evidencia que respalda la legitimidad pública de la Policía Nacional y su rama de inteligencia aparece en muchas formas. A pesar de las repetidas fallas en la captura de un objetivo, los informantes del autor expresan su interés en mantener la legitimidad con buenas prácticas de inteligencia profesional y una ética sólida al mismo tiempo: “no es bueno obligar a las personas a que colaboren porque eso afecta mucho la seguridad y la información” (Castro, 2010, p. 38). Además, la percepción de legitimidad de la comunidad de inteligencia recibe un impulso con la noticia de que los oficiales de inteligencia de la policía en el campo efectivamente compartieron las coordenadas de la ubicación de un cabecilla con la Fuerza Aérea, una novedad que reconoce la superioridad de los objetivos nacionales sobre los de la Policía Nacional sola (Castro, 2010, p. 164). Finalmente, la evidencia de que los funcionarios en Bogotá monitorean continuamente las operaciones de campo de la inteligencia policial debe tranquilizar a los ciudadanos respecto a que las actividades sin control se detendrían rápidamente (Castro, 2010, p. 244). La narración reconoce que algunos oficiales de la policía local habían sido “comprados” por los sujetos objetivo, pero las memorias combinadas demuestran el idealismo obstinado y de servicio público de los agentes de la Policía Nacional.

La perseverancia del equipo de la misión policial y de inteligencia ante los repetidos fracasos en la captura de un narcotraficante emerge como un tema central de los cuatro casos. La frustración de no poder capturar un objetivo, incluso después de varios intentos, también gene-ra una mayor camaradería entre el personal de campo, sobre todo porque cualquier alternativa al trabajo en equipo lleva al estancamiento. Incluso un analista de campo que prefiere trabajar solo tiene que admitir las ventajas de un enfoque de equipo:

[...] y el jefe entró a orientarme y me envió a Carlos, otro analista para que trabajara conmigo. Bienvenido. Es un hombre de gran experiencia. Es que... El trabajo de inteligencia no puede tener el menor viso de egoísmo y hay momentos en los cuales uno debe aceptar que, hasta cierto punto, existen límites, que uno no está viendo más adelante. (Castro, 2010. p 343)

Un alto funcionario activo en el campo de operaciones de la policía le recordó al autor que los miembros de un equipo habían trabajado juntos durante trece años, permitiendo que las relaciones profesionales se convirtieran en personales. En la práctica, esta familiaridad dio la tranquilidad de que se expresaran preguntas, dudas y sugerencias entre todos sin importar el rango (Castro, 2010, p. 229). Mientras tanto, una analista de inteligencia indicó por qué el personal de inteligencia desarrolla confianza mutua, cuando ella le confió al autor que un solo operador de inteligencia en el campo produjo una mayor cantidad de datos precisos sobre un objetivo que una docena de informantes utilizados durante toda la misión (Castro, 2010, p. 168). Todo esto no descarta la contribución de los principales líderes de la inteligencia policial en la definición de las misiones. El autor solo menciona esta contribución de pasada (Castro, 2010, p. 189); sin embargo, también la narrativa deja en claro que una definición inicial del problema por parte de altos funcionarios dio forma a la inteligencia y la planificación operativa para la eventualmente exitosa campaña contra cuatro objetivos difíciles. El trabajo en equipo y la coherencia de la misión en los rangos policiales hablan en voz alta de la legitimidad de este esfuerzo nacional, con apoyo del público.

Para ubicar estas memorias de inteligencia policial en un contexto más amplio, a partir de 2010, el Centro de Inteligencia Anticipativa de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional ha puesto a disposición del público estudios en línea que demuestran el compromiso de la policía de utilizar la inteligencia como un servicio público de anticipación para lograr el objetivo estratégico de “prevenir, en vez de reaccionar”, a condiciones y acciones que amenazan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos colombianos (Vargas, 2010). La inteligencia policial sigue siendo un escenario natural para crear legitimidad para los servicios de inteligencia, debido a la visibilidad y la ubicuidad de esta parte de la Fuerza Pública, reforzada por los testimonios de la prensa sobre su eficacia para salvaguardar la seguridad pública (“El Corazón de la Inteligencia Policial”, 2013).⁹

Objetivo 4 valora los lazos de la Policía Nacional con las instituciones militares, reforzados oficialmente por su formación conjunta de la Fuerza Pública del país. La obra también destaca las habilidades policiales únicas al usar la inteligencia para atacar y llevar ante la justicia a los clásicos criminales de la sociedad –insurgentes y narcotraficantes–, aun en los rincones más remotos de Colombia.

Cuando la inteligencia policial, militar y civil (DAS) se combinaron para llevar a cabo una operación espectacularmente exitosa y ampliamente publicitada, como la Operación Jaque Mate para rescatar rehenes de alta visibilidad, la legitimidad de todos los servicios de inteligencia recibió un estímulo (“Los Gringos de la Operación Jaque”, 2008; Porch, 2009, p. 441). Tratar con las legendarias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de esta manera multiplica la legitimidad de los servicios de inteligencia. Colombia no está sola en América del Sur para combinar el esfuerzo de otros servicios de inteligencia con el fin de combatir el crimen organizado (Brandão y Cepik, 2013).

Aunque los funcionarios de inteligencia generalmente prefieren que sus métodos o fuentes no se discutan abiertamente, como sucede en estas memorias, el robo por parte de Edward Snowden de gran cantidad de documentos de planificación, análisis y operaciones de los Estados Unidos ha demostrado que el acceso público al funcionamiento interno de las agencias de inteligencia puede tener un efecto positivo sobre la legitimidad percibida por el público de organizaciones cuyas acciones secretas quedan expuestas (Pillar, 2014). A raíz de la publicación periodística de documentos robados, la inteligencia puede ser vista como competente y analíticamente sólida, de la misma forma como las memorias aquí revisadas permiten que una muestra de funcionarios de inteligencia colombianos sean vistos como servidores públicos competentes y apasionadamente dedicados.

El hecho de que estas memorias registren experiencias similares entre los miembros de inteligencia militar, policial y civil da credibilidad culturalmente orientada al surgimiento de una comunidad de inteligencia nacional, que mejora su legitimidad en Colombia.

Existen muchas similitudes en la práctica de la inteligencia y ejercicio del periodismo en las democracias constitucionales. Ambos son servicios públicos de información intensiva que apoyan la seguridad pública y están interesados en proteger sus propias fuentes de información. La inteligencia puede influir en la narrativa de los medios a través de una liberación controlada de información, así como las historias de los medios pueden influir en la conducta de la Inteligencia a través de la sensibilización del público. Los medios pueden servir específicamente como un mecanismo de legitimación para la inteligencia, especialmente al informar acerca de operaciones exitosas y la institucionalización de la inteligencia (Hillebrand, 2012; Nomikos, 2013; Matei, 2007; Teirilä y Nykänen, 2016). Los profesionales de inteligencia pueden monitorear su propio comportamiento como servidores públicos preguntándose si una acción podría ser autodestructiva, si podría poner en peligro su agencia o dañar la seguridad pública y nacional, si esta se revela públicamente en los medios abiertos.¹⁰ En términos de la supervisión de inteligencia y responsabilidad, la cobertura mediática intensiva, que incluye periodismo de investigación, equivale a efectuar “regulación por revelación” (Aldrich, 2009), particularmente cuando la supervisión externa por parte del poder legislativo es débil o inexistente.

La cantidad, tema y tono de las historias periodísticas proporcionan evidencia del nivel y los cambios en el estado de la legitimidad de la inteligencia. Además de realizar un periodismo de investigación moderno, los periódicos colombianos han informado de forma retrospectiva sobre los abusos a los derechos humanos por parte de los servicios de inteligencia, desde antes de la implementación de la Ley 1621 (Dover y Goodman, 2009). La Ley 1621 de Colombia no obliga a los periodistas a proteger datos sensibles o clasificados, si los obtienen y luego desarrollan una historia sobre información sensible o clasificada. Los principales medios de comunicación en Colombia, y especialmente algunos medios periodísticos impresos, han mostrado su inclinación por publicar narraciones para informar a los ciudadanos sobre las instituciones de inteligencia.

Al entrar a evaluar la cobertura de las historias publicadas que han aparecido en medios impresos colombianos sobre temas de legitimidad de inteligencia, anticipábamos encontrar que la mayoría de las crónicas enfatizaron las fallas e insuficiencias de las instituciones de inteligencia y el personal que opera a nivel nacional. Si esta expectativa correspondiera con la realidad del cubrimiento de la prensa, entonces el número de artículos originales e importantes de los principales periódicos y revistas de noticias podría ser visto como una medida derivada y proporcional de la ilegitimidad percibida en la inteligencia (Shiraz, 2015). Sin embargo, debido a que el cubrimiento de la prensa ya sea positivo o negativo por definición se correlaciona con mayor transparencia de la inteligencia, se establece una línea de base informativa que sirve para que el público estime si los servicios de inteligencia se están volviendo más o menos legítimos. Al dividir la búsqueda en las noticias en dos periodos, tres años antes y tres años después de la promulgación de la ley de inteligencia 1621, la Tabla 2 muestra el número bruto de menciones de instituciones relacionadas con la legitimidad de la inteligencia en los tres medios de comunicación impresa líderes. Más tarde, la Tabla 4 agregará una estimación de las tendencias en legitimidad de inteligencia en Colombia, basada en una interpretación de las historias positivas y negativas meramente enumeradas en la Tabla 2.

Los tres medios de comunicación elegidos para este examen informan regularmente sobre temas de inteligencia, y cada uno de ellos ha demostrado independencia periodística durante varias décadas.¹¹ Los autores revisaron la versión en línea de 300 artículos sobre asuntos de inteligencia publicados desde principios de abril de 2010 hasta finales de marzo de 2016. Este periodo de tiempo reconoció la aparición de tendencias notables en los reportajes. Las consultas con periodistas afiliados a estos medios confirmaron que es probable que aparezcan importantes historias relacionadas con la inteligencia en los dos periódicos de circulación diaria, tanto en edición impresa como en línea. Sin embargo, en el caso de la revista noticiosa Semana, aparece una combinación algo diferente de artículos de opinión en cada presentación, impresa y online. Por ejemplo, el trabajo de cinco columnistas de opinión particulares aparece en la edición impresa, mientras que el de otros diez autores figuraban en la edición en línea.¹²

Las numerosas menciones de las instituciones y del marco de veeduría de la inteligencia de Colombia que se muestran en la Tabla 2 sugieren que una lectura cuidadosa de los artículos de los medios en línea puede familiarizar a los ciudadanos colombianos con la amplitud de la comunidad de inteligencia y sus bases democráticas. Sorprendentemente, el Defensor del Pueblo fue nombrado en menos artículos que cualquier otro elemento relacionado con la legitimidad. Este hallazgo sugiere que el Defensor del Pueblo aún no se ha convertido en una parte activa de la supervisión de la inteligencia, a pesar del papel previsto para esta entidad, como mediadora en conflictos entre los derechos individuales de los ciudadanos y el establecimiento de Inteligencia.

Para proporcionar algún matiz adicional a esta sencilla compilación, se pueden plantear algunas preguntas sobre la legitimidad de la inteligencia colombiana tal como la interpretan los principales medios en línea. Una pregunta posible es cuántos periodistas diferentes (autores registrados) están representados en el conjunto de los 300 artículos, y qué podría significar eso destinado al cubrimiento de la inteligencia. Anticipamos que cuanto mayor sea la variedad de autores, menor será la probabilidad de complicidad entre las fuentes de información del gobierno y la postura adoptada en el artículo sobre asuntos de inteligencia. La falta de adhesiones cómplices también reduce la posibilidad de que los medios pasen por alto prácticas de inteligencia cuestionables, que debilite su legitimidad. Además, cualquier periodista renombrado en particular, preocupado por su reputación de independencia en un mercado laboral competitivo en los medios no claudicaría ni abandonaría la cobertura de comportamientos erráticos de la inteligencia.

Un total de 27 autores utilizaron su nombre al escribir artículos de opinión para los tres medios (ver la siguiente Tabla 3). En suma, un total de solo 34 periodistas, incluidos los 27 escritores de opinión, fueron identificados como autores, en el total combinado de 300 artículos revisados en los tres medios de comunicación en línea. La preponderancia de artículos escritos anónimamente traslada el asunto de la colaboración entre autores individuales y fuentes de inteligencia del gobierno a la cuestión de la reputación por su independencia de las tres publicaciones periódicas. La buena reputación de reportajes independientes de cada una de las tres empresas periodísticas, sumado al tono directo y relativamente duro de los 27 autores de artículos de opinión independientes, respalda la conclusión de que cada medio continúa manteniendo su reputación de independencia frente a la interferencia del gobierno con la libertad de expresión. La relativa falta de interferencia del gobierno con los informes de los medios y los comentarios obstinados también sugiere que existe un entorno propicio para el crecimiento de la legitimidad de la inteligencia en Colombia, al menos desde 2010.

Otro asunto involucra el efecto práctico de la disposición sobre libertad de expresión en la Constitución colombiana de 1991 (Const. 1991, art. 20).¹³ La generosa disposición de esta Constitución para la libertad de prensa está controlada por el artículo 33, parágrafo 4 de la Ley de Inteligencia 1621 (Ley estatutaria 1621, 2013, art. 33) , que establece un límite auto regulador a la libertad de prensa con respecto a reportajes relacionados con la inteligencia.¹⁴ La capacidad de un periodista para ejercer la libertad de expresión sobre asuntos de inteligencia en nombre de los ciudadanos debería contribuir a la legitimidad de esta función gubernamental al promover la transparencia entre las instituciones y actividades de inteligencia. Por otro lado, ¿se puede cuestionar dicha legitimidad si algún periodista ha sido amenazado o retirado de su cargo, debido a la insatisfacción del gobierno con los reportes sobre inteligencia? (Otis, 2014).

Algunos casos de obvia interferencia del gobierno con la libertad de expresión periodística surgieron en la revisión de artículos de medios en línea en el periodo de tiempo 2010-2016. Dicha interferencia incluyó, desde el "hackeo" de la computadora y la destrucción de archivos electrónicos a un periodista hasta un caso claro de vigilancia punitiva, electrónica, de inteligencia de la Policía Nacional en la vida personal y profesional de Vicky Dávila, la directora de noticias de un programa radial a nivel nacional, la FM y otros dos periodistas, uno de ellos columnista de Semana.¹⁵

En 2014, Dávila había transmitido noticias reveladoras sobre la “Comunidad del Anillo”, una supuesta red de prostitución homosexual dentro de la Policía Nacional. En respuesta, según fuentes de investigación judicial, la inteligencia policial comenzó a monitorear su actividad y amenazar su seguridad (“El informante”, 2015; “Diez frases”, 2015). Al final, los funcionarios del gobierno presionaron a Dávila para que publicara un video sin editar de su conversación con un informante sobre el escándalo de la policía, y se vio obligada a renunciar a la FM (“Vicky Dávila renuncia”, 2016). El comandante de la Policía Nacional renunció a su cargo en febrero de 2016 a raíz de la investigación continua sobre la participación de la policía en el caso Dávila. La citada investigación había sido solicitada por el presidente Santos, y fue realizada por la Fiscalía General de la Nación (“El trasfondo”, 2015; “Escándalo”, 2016). Siempre y cuando los perpetradores acusados de intimidar a Dávila sean solamente personal de la Policía Nacional, y resulten procesados con éxito, el daño a la legitimidad de la inteligencia seguirá siendo limitado.

También en 2014, el Fiscal General abrió una investigación “extremadamente grave” sobre la posesión de una lista de los contactos de correos electrónicos de periodistas y funcionarios nacionales e internacionales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por parte de la inteligencia militar colombiana. La implicación era que las personas en la lista habían sido objeto de rastreos y escuchas telefónicas ilegales (“Fiscalía investiga”, 2014). La investigación realizada por periodistas de Semana estableció que esta lista de correos fue entregada a piratas informáticos privados por parte de funcionarios de inteligencia militar, como parte de la práctica común de la contratación externa, para obtener información de cuentas privadas de correos electrónicos. El informe de una comisión especial del Ministerio de Defensa sobre este caso y otras irregularidades resultó en sanciones y destitución a unos 30 miembros de las fuerzas de seguridad (“El informe”, 2015). Los informes de Semana alentaron las investigaciones del Fiscal General sobre las acciones del personal de inteligencia militar.

Los reporteros de los medios en línea continúan señalando su preocupación por el problema mayor, en el que las compañías de tecnología de la información se dedican de manera privada a la vigilancia de las comunicaciones personales en el país y venden dicha información al mejor postor (Laverde, 2014). Aunque, ahora los servicios de Inteligencia parecen no estar involucrados en esta práctica, pierden legitimidad por estar asociados, a los ojos del público, con prácticas de inteligencia similares a los tiempos del DAS, que incluían la intimidación a periodistas.

La Tabla 3 muestra el número y la principal preocupación de los artículos de opinión que aparecieron en cada una de las tres publicaciones periódicas.

Como se documenta a lo largo de este ensayo, las respuestas positivas de las instituciones gubernamentales y de la clase política a las preocupaciones expresadas por los autores de artículos de opinión sugieren una tendencia de refuerzo de la legitimidad de la inteligencia en todas las áreas temáticas exento en una (el excesivo secretismo gubernamental). El gobierno colombiano podría abordar esa deficiencia al reducir la intimidación de los periodistas, junto con la implementación de otras iniciativas de transparencia.

Un artículo de opinión de El Espectador, que discute la composición de la nueva Ley de Inteligencia, ofrece una descripción breve de tales inquietudes y su posible solución. El artículo ilustra el pensamiento de un columnista de opinión, Ramiro Bejarano, sobre el tema del monitoreo ilegal de inteligencia. Bejarano, ex director del DAS, preguntó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la época, Almirante Álvaro Echandía, ¿cómo hará la DNI para producir sus documentos de inteligencia, si no pueden hacer interceptaciones sin orden judicial? Echandía respondió que “Nosotros sí podemos hacer vigilancia del espectro electromagnético, que es diferente. No podemos interceptar conversaciones privadas, por ejemplo, las que se hacen a través de un celular. El uso del espectro electromagnético es una cosa diferente” (Bejarano, 2011). Bejarano interpretó las palabras de Echandía en el sentido de que el monitoreo del espectro electromagnético es poco menos que acceder a la información y conversaciones privadas, sin permiso de los jueces, en violación de la Constitución. En opinión de Bejarano, el pronunciamiento que recoge esta visión distorsionada estaba a punto de ser incluido en la ley propuesta y si la Corte Constitucional, después de su revisión automática de constitucionalidad, diera su bendición a esta maniobra, (lo que pronto hizo) Bejarano preguntó: “¿dónde andará el Defensor del Pueblo?” (Bejarano, 2011).

La responsabilidad del periodismo de investigar las acciones de las autoridades gubernamentales y reforzar los ideales democráticos en nombre de los ciudadanos está consagrada en la Ley 1621 de Colombia (2013, art. 33). La desconfianza de las agencias de inteligencia y la intimidación a periodistas, lejos de ser exclusivas de Colombia, sigue siendo un tema común incluso en democracias estables (Savage y Weisman, 2013; “Plugging Leaks”, 2015; Ball, 2015). No es sorprendente, entonces, encontrar en la Tabla 3 una proporción comparativamente grande de artículos de opinión de periodistas preocupados más por la libertad de expresión de prensa que respecto a su cobertura relacionada con los problemas de gestión de la inteligencia.

Un aumento dramático en el volumen del cubrimiento de la prensa a los asuntos de inteligencia desde antes hasta después de la promulgación de la Ley 1621 se hace evidente en los resultados totales. El mayor número de artículos posteriores a la ley que adoptaron una visión de inteligencia positiva, negativa o neutral (65 en comparación con 25 de los primeros dos indicadores y 95 a 66 para “historias de prensa, críticas con las agencias de inteligencia”) respalda la idea de aumentar la legitimidad, simplemente porque la cobertura más extensa y crítica de la prensa de buena reputación, promueve la legitimidad a través de una mayor transparencia. Las historias sobre el enjuiciamiento penal de delitos cometidos por funcionarios de inteligencia que actúan por cuenta propia también aumentaron dramáticamente después de la promulgación de la ley de inteligencia, y aunque las disposiciones de la Ley 1621 no figuraban directamente en el enjuiciamiento de más de 20 empleados en su mayoría de alto nivel para 2015 (“Los audios”, 2015), la difusión acompañante ha ayudado a confirmar a los ojos del público que la mayoría de los servidores públicos llevan a cabo sus funciones de manera honorable y legítima.¹⁶ El creciente sentido de coherencia entre lo esperado (un servicio público ético) y el comportamiento real del profesional (16 historias positivas después de la ley versus 4 historias positivas antes de la ley) demuestra este punto.¹⁷ Los informes de prensa que indican una mayor colaboración de la agencia de inteligencia, de forma posterior a la ley también indican un aceptable comportamiento orientado al servicio público.

En contraste, un mayor número de historias de prensa mostró una disminución de la legitimidad de inteligencia, asociada a dos indicadores: el mal uso de los fondos públicos y la continua intimidación de periodistas por parte de funcionarios de inteligencia. El mal uso de los fondos públicos, y en particular los “fondos reservados” de la operación de inteligencia, por parte de la inteligencia de la Policía Nacional y la Contraloría, según lo informado por la prensa, han deteriorado la confianza cada vez mayor en que los funcionarios de inteligencia se comporten de manera correcta y honorable como servidores públicos (Laverde, 2013b). Los ataques de inteligencia a periodistas continuaron siendo un problema durante el periodo de estudio, pero surgieron en el discurso público como un problema dramático después de mediados de 2013, cuando los periodistas llegaron al extremo de poner a prueba su libertad, al apoyar los artículos con información de inteligencia de la que habían tenido conocimiento privilegiado.¹⁸

Durante la administración de Uribe (2002-2010), algunos funcionarios del DAS se dedicaron a la vigilancia electrónica organizada, la infiltración a periodistas, políticos de oposición y organizaciones no gubernamentales. Su director, Jorge Noguera, en 2011 fue sentenciado a 25 años de prisión por contribuir con la muerte de un profesor universitario a través de la entrega ilegal de información confidencial a las fuerzas paramilitares (“Infiltrando la democracia”, 2011; “Jorge Noguera, condenado”, 2011).

En la nueva administración de Santos, y al menos hasta 2013, algunos elementos de los servicios de inteligencia colombianos continuaron la vigilancia generalizada de políticos y periodistas, incluso después de la disolución del DAS y la creación de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las tardías confesiones públicas en 2015 de un jugador clave en el espionaje a la Corte Suprema de Justicia de la era Uribe, William Romero, el subdirector de Fuentes Humanas del DAS hasta 2009, recuerda lo similar, aunque menos inquietante, de hechos admitidos contados por otros agentes de inteligencia colombianos, tal como se registra en las narrativas (revisadas anteriormente) (Laverde, 2015).

Sin embargo, los escándalos menos generalizados que ocurrieron después de la promulgación de la Ley 1621 han no obstante recibido una cobertura más completa que las noticias anteriores a la ley, publicadas por estos tres medios periodísticos. Poco después de la entrada en vigor de la Ley 1621, el subdirector de la DNI fue implicado por su supuesta participación y responsabilidad en interceptaciones ilegales a periodistas, otrora realizadas por el DAS (“Por seguir a periodistas”, 2013). Más tarde, en 2013, la prensa informó acerca de la sospechosa contratación para la adquisición de sofisticados equipos de interceptación electrónica por parte de la Contraloría (Laverde, 2013b). El jefe de inteligencia del Ejército fue relevado de su cargo por permitir el monitoreo electrónico no autorizado de las negociaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2014 (“Jefe de inteligencia”, 2014). Como se señaló anteriormente en el caso de la (comunidad del anillo), el comandante de la Policía Nacional renunció a principios de 2016 a raíz de la publicidad generalizada sobre la vigilancia electrónica y en particular, por el acoso a los periodistas responsables de iniciar el cubrimiento a las irregularidades de la inteligencia policial posteriores a la ley de inteligencia (“Chuzadas a periodistas”, 2015; “Las claves”, 2015).

Una pregunta clave que debe responderse a mediano plazo es si la Dirección Nacional de Inteligencia se habrá ganado la legitimidad que le permitirá sobrevivir intacta cuando la administración de Santos llegue a su fin. Al momento de escribir este artículo, parece que la respuesta será afirmativa, como producto de ser ya no el brazo operativo de la Casa de Nariño. Desde mediados de 2013, ha escapado en gran medida de los escándalos provocados anteriormente por la estrecha asociación del DAS con las administraciones presidenciales.¹⁹ Si la DNI u otros funcionarios de inteligencia no se ven frustrados al reportar irregularidades en las que hayan participado u observado, la legitimidad de esta función del gobierno continuará mejorando.

Además, para 2015, quedó claro que las autoridades judiciales colombianas garantizarían que la impunidad por actividades delictivas, un fenómeno común en el país, no se extendieran a los ex funcionarios de inteligencia. María del Pilar Hurtado, directora del DAS 2007-2008, regresó del exilio en Panamá y estuvo detenida hasta que fue sentenciada a 14 años de prisión por su papel en el monitoreo ilegal a la toma de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, entre otros sujetos considerados objetivos internos (“Uribe lamenta”, 2015). Al mismo tiempo, el secretario personal del presidente Uribe, Bernardo Moreno, fue sentenciado a ocho años de arresto domiciliario por colaborar con funcionarios del DAS contra los mismos funcionarios objetivo (“Condenan a 8 años”, 2015).

Como lo explica la evaluación neta variable de los indicadores (una mezcla de “aumento”, “disminución” y “ningún cambio” en la columna final de la Tabla 4), el fuerte cubrimiento de la prensa en gran medida sin restricciones sobre los escándalos relacionados con la inteligencia, ambos antes y después de abril de 2013, revela que la incertidumbre permanece con respecto a la legitimidad de la inteligencia en Colombia. El registro mixto, documentado por la prensa, cubre no solo la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que se extiende a toda la comunidad de inteligencia. Sin embargo, una tendencia a “mejorar” la legitimidad aparece en el resultado final de la Tabla 4 (Totales), donde el registro revela una cobertura de prensa más extensa después de la promulgación de la Ley 1621, lo que facilita una mayor comprensión pública de esta función del gobierno y la factibilidad de un escrutinio continuo de instituciones de inteligencia y sus actividades.

Las instituciones de seguridad colombianas tienen una larga historia de colaborar voluntariamente con los servicios de seguridad de otros países, construyendo su reputación junto con una confianza internacional mutua. Las fuerzas militares colombianas participaron bajo los auspicios de las Naciones Unidas en el conflicto de Corea (1950-1953) (Coleman, 2005; Danley, 1998; Ramsey, 1967). En el campo de la inteligencia, en particular, Colombia coopera regularmente con el Reino Unido, Israel y los Estados Unidos, entre otros (Tase, 2014). Bajo la administración de Santos, Colombia ha exportado su modelo de operaciones militares y policiales a Centroamérica (Mercado, 2013). En conjunto, estos episodios de colaboración internacional, bilateral o multilateral han construido una base de confianza mutua para la mejora constante de la legitimidad de la inteligencia desde la perspectiva de proyectar una colaboración útil con potenciales aliados extranjeros de inteligencia.