La participación política de la mujer durante la primera parte del siglo XX se encontraba a la sombra de los varones; se reconocía la importancia social y cultural de la mujer, pero muy poco su rol político. Sin embargo, con el pasar de los años y el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, se comenzó a incrementar la participación femenina; a cuentagotas, a finales del siglo XX, la mujer se reconocía como uno de los actores importantes dentro del ámbito político-electoral, pero su representación y participación en los órdenes de gobierno continuaba siendo limitada.

En este ensayo se analiza a la mujer como uno de los elementos indiscutibles para hablar del proceso de institucionalización de la democratización y de cómo su participación ha logrado posicionarla. El interrogante que da origen a este análisis es ¿qué ha obtenido la mujer en el proceso de democratización en México durante el siglo XXI?

El argumento principal es que el proceso de democratización ha permitido la inclusión de la mujer en el ámbito político-electoral. Pero, a pesar de esto, aún se requiere consolidar la efectiva participación de la mujer en la toma de decisiones en las tres esferas gubernamentales.

El ensayo se divide en cuatro apartados: el primero de ellos da cuenta de una rápida revisión teórica de los conceptos principales; el segundo aborda la democratización política; el tercero enfatiza sobre las mujeres y la toma de decisiones y se concluye con unas reflexiones finales.

Para la elaboración de esta investigación se realizó un estudio de caso en el que el objeto de estudio es la mujer dentro del proceso de democratización en el Estado mexicano, la técnica utilizada fue cualitativa y se priorizó un análisis documental.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Inegi (2015), en México existen 119 938 473 personas, de las cuales el 51,4 % son mujeres y el resto son varones, es decir que hay 94,4 hombres por cada cien mujeres; por otra parte, la edad mediana de la población es de 27 años. Con estos datos se muestra la importancia de la representatividad que debe tener el género femenino dentro de un proceso de democratización, lo que incita el interés en su estudio.

En primer lugar, la democratización es un tema de suma importancia, debido a que ha permitido cambios importantes y significativos en el poder. Evidentemente, el proceso de democratización ha sido impulsado a través de reformas, leyes, reglamentos y normas que han buscado frenar su monopolio. Se recurre al término democratización porque este representa la oportunidad de ilustrar la ampliación de derechos, negociaciones o acuerdos entre diversos actores a favor de una mayor apertura de su participación, en este caso la mujer, y su incursión en la vida político-electoral.

La palabra democratización hace referencia a la democracia, una utopía griega si se consideran las condiciones actuales de la sociedad mexicana. Es por ese motivo que se ha preferido el uso de este término. Pero ¿qué es la democratización?

Desde una primera perspectiva, se entiende como aquel “proceso de efectiva ampliación de derechos políticos y civiles, producto de acuerdos o negociaciones entre prácticamente todas las fuerzas políticas actuantes, y cuyo desenlace lógico lo constituye la instauración de un arreglo institucional, normas y valores reconocidamente democráticos” (Cansino, 2001, p. 75). Los valores reconocidos de la democracia son “la igualdad, el pluralismo, tolerancia, competencia regulada, legalidad, principio de mayoría, los derechos de las minorías, el respeto a la soberanía popular y la representación” (Silva, 2016, p. 4).

Otra definición de democratización la asume como el “proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros” (O’Donnell y Schmitter, 1988, p. 20).

La democratización no es un fenómeno espontáneo, sino que conlleva un estado anterior que involucra un proceso de liberalización, es decir, una apertura gradual y controlada por el mismo régimen, en donde no se reconocen totalmente los derechos del ciudadano pero se hace un esfuerzo por tolerarlos de manera institucional y de esta forma evitar alteraciones al orden establecido.

La diferencia entre liberalización y democratización estriba en el hecho de que la segunda es efectiva, mientras que la primera solo es una apertura; en este sentido, la democratización puede entenderse como el “proceso de estructuración y expansión de la ciudadanía que no se mueve en un solo aspecto sino también en lo civil, político y social” (Silva, 2016, p. 6), y se logra “en el momento en que se celebran nuevos arreglos colectivos dentro de las instituciones que suponen una mayor igualdad de derechos y deberes entre los miembros” (Schmukler, 1995, p. 131).

De acuerdo con Sánchez Ramos (2008), la democratización se divide en dos: la democratización política, entendida como “el tipo de pluralidad política que se institucionaliza por la vía electoral” (Sánchez, 2008, p. 23), y la democratización social, que es “todo aquello que tiene que ver con la posibilidad real de participación del ciudadano en la toma de decisiones de gobierno. Implica la posibilidad de reconocimiento de la pluralidad social, su representación en la toma de y la forma en cómo se ha distribuido el desarrollo económico” (Sánchez, 2008, p. 89). Dicha definición hace referencia a otro concepto de importancia dentro del proceso de democratización, el de ciudadano y, por ende, la ciudadanía.

Constitucionalmente, en el artículo 34 se consideran como ciudadanos a varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos cuenten con 18 años y tengan un modo honesto de vivir (Cámara de Diputados, 2020). Aunado a la definición de ciudadano, se encuentra la ciudadanía, entendida como el “producto de narrativas y experiencias que definen y redefinen las identidades, por medio de pertenecer a una membresía” (Tamayo, 2010, p. 26). En este sentido, son tres los elementos que dan cuenta de la ciudadanía: la membresía a una comunidad política, la participación ciudadana y los derechos y obligaciones (Tamayo, 2010).

La ciudadanía implica una división en dos, la formal y la sustantiva; la primera hace referencia al “aspecto normativo, el equilibrio de derechos y obligaciones conferidos a los individuos que se asumen como iguales ante la ley” (Tamayo, 2010, p. 22), mientras que la segunda se entiende como “el modo en que se expanden o reducen tales derechos y obligaciones entre individuos y grupos diversos, cada uno con identidades culturales, sociales y políticas particulares” (Tamayo, 2010, p. 22).

En tal sentido, se puede concluir que la democratización es un proceso efectivo de derechos políticos y civiles que aprueban las fuerzas políticas, y su existencia debe garantizar el derecho de valores reconocidos en una democracia. Así, la democratización es resultado de la apertura de derechos y obligaciones que ha permitido el mismo régimen. Es evidente que a través de los años se han celebrado arreglos colectivos al interior de las instituciones que, sin duda, han abierto espacio para la participación de la mujer.

Por tanto, la democratización ha permitido la incorporación de la mujer en la participación política y electoral. A continuación se ilustra este camino en las tres esferas del poder, y se exponen algunos ejemplos de cómo la mujer ha ganado espacio paulatino en cargos estratégicos.

El primer plano que obliga la revisión de la situación política de la mujer es la esfera federal. En este caso, el avance de la participación de la mujer es una cuestión innegable en la historia política de México, y si bien ha sido lento, ha sumado triunfos importantes desde el siglo pasado. Los antecedentes femeninos por participar en la política se remontan a 1910, con el envío de una carta en donde se reclama el derecho a votar al entonces presidente provisional Francisco León de la Barra; la carta no dio resultados positivos y las mujeres se mantuvieron sin la ciudadanía, negándoseles así la posibilidad de ser consideradas en la toma de decisiones públicas y reduciendo su derecho de participación al ámbito familiar.

La inquietud por participar de manera activa en la política se mantuvo en voz de Hermina Galindo, quien solicitó al Congreso Constituyente de 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres (Instituto Nacional Electoral - INE, 2020). A pesar del momento de reacomodo institucional que sufría el país, la solicitud no prosperó y nuevamente las mujeres quedaron relegadas a ser observadoras de la política nacional, lo cual no impidió el deseo por participar: las mujeres continuaron luchando por sus derechos, pero sin reconocimiento formal.

El que no hubiera un reconocimiento institucional de la participación política de la mujer no significa que no existiera una participación activa; uno de los momentos que evidencia esto fue en 1934, durante la campaña de Lázaro Cárdenas del Río, en donde se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas, organizaciones que fueron acogidas por el Partido Nacional Revolucionario, entre las que se encontraban la Liga Orientadora de Acción Femenina (1927), el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (1929), Partido Feminista Revolucionario (1929) y la Confederación Femenil Mexicana (1931) (INE, 2020). Todas estas organizaciones demuestran el accionar social y político de las mujeres, a pesar de la falta de reconocimiento pleno de su ciudadanía. Como candidato, Cárdenas se manifestó en diciembre de 1933 a favor de la mujer, y abogó porque

[...] se vigorice y crezca el esfuerzo que hace la mujer mexicana por incorporarse a la vida pública de la Nación, en proporción justa y con tendencia progresiva, a fin de que se aproveche como es debido el gran caudal de energía que encierran las virtudes que posee, en beneficio general, ya que se trata de un ser eminentemente comprensivo de los problemas humanos y generoso en grado bastante para acoger los intereses comunes. (Macías, 2002, p. 171, citado en González, Gilas y Báez, 2016, p. 29)

Si bien el discurso no es muy progresista y se mantiene en el imaginario de cómo debe ser una mujer, al menos es un avance y proyecta el tema en la agenda pública. Reconocer que la inclusión femenina debe ser con justicia e incrementarse paulatinamente se convierte, con el paso del tiempo, en una exigencia.

Sin embargo, hubo una resistencia por parte de las instituciones representadas por varones para incluir a las mujeres. Dos casos ilustran dicha situación; el primero se da al interior del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en donde se había aceptado la participación femenina en las elecciones internas, como el caso de María Tinoco y Enriqueta L. de Pulgarón, quienes fueron precandidatas a diputadas por Veracruz y ganaron por mayoría de votos; sin embargo, “su triunfo no fue reconocido por el Comité Nacional del PNR” (Cano, 1991, p. 285, citado en González, Gilas y Báez, 2016, p. 30). El segundo caso lo vivió María del Refugio García, quien fue designada como diputada en Uruapan, Michoacán, pero el “Comité Electoral de la Cámara de Diputados se negó a darle el triunfo y eligió a un oponente varón en su lugar” (González, Gilas y Báez, 2016, p. 30). El camino de la mujer para participar al interior de las instituciones que deberían representarlas no fue sencillo, ni en los partidos políticos que deberían postularlas y menos en el Poder Legislativo, que debería representarlas y atender sus necesidades. Hasta este momento se evidencian algunos intentos de liberalización política que permiten participar a la mujer, pero todavía sin una verdadera inclusión; se aprecia mayor tolerancia, pero no legitimación de su participación, e incluso prevalece un rechazo y negación durante los primeros intentos por permitir su participación.

Ya como presidente de la República, Cárdenas envió en 1937 una reforma para modificar la Constitución a favor de las mujeres; sin embargo, un proceso bastante extraño impidió que la modificación se lograra y las mujeres continuaron buscando el reconocimiento como ciudadanas. Este punto es otro ejemplo de un proceso de liberalización que comenzó a favor de las mujeres y que, si bien no se concretó, marcó la pauta para una posterior apertura y reconocimiento. González, Gilas y Báez (2016) consideran que la cercanía de la sucesión presidencial y el apoyo del cual gozaba Andrew Almazán con las mujeres impidió que se concretara su reconocimiento político, es decir que se sobrepuso el interés del varón por mantener el poder al reconocimiento formal de los derechos de la mujer.

A pesar de no tener la ciudadanía, en 1941 se nombró a Matilde Rodríguez Cabo como jefe del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación; ella era esposa de Francisco J. Múgica, uno de los hombres más cercanos al general Cárdenas y quien junto con “María del Refugio y Esther Chapa crearon el Frente Único Pro Derechos de la Mujer” (González, Gilas y Báez, 2016, p. 29) en 1935. Si bien los cargos no son de elección popular y la designación está fuertemente vinculada a la pareja sentimental, la inclusión de las mujeres en un mundo de hombres es destacable y evidencia que el proceso de liberalización estaba en curso.

También en 1941 se nombró a Palma Guillén como embajadora en Colombia (INE, 2020), con lo cual se vislumbra una modificación, pequeña pero significativa, en la importancia de la mujer para la vida institucional mexicana. Nuevamente se aprecia un poco de liberalización, aunque se mantiene a la mujer al margen del reconocimiento de sus plenos derechos político-electorales.

En el año de 1946, Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil, aprobó la iniciativa que otorgó a las mujeres la posibilidad de votar y ser votadas, pero solo para las elecciones municipales. Ese reconocimiento parcial de los derechos de las mujeres evidencia un proceso de liberalización que dio como resultado la elección de la primera presidente municipal de Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo.

El reconocimiento pleno de los derechos político-electorales de las mujeres se logra hasta el año de 1953, con Adolfo Ruiz Cortines, quien reconoció en la mujer un “ejemplo de abnegación y de trabajo” (De la Torre, 1952, 10-A, citado en González, Gilas y Báez, 2016, p. 17); evidentemente, la primera característica está asociada a la concepción del comportamiento femenino de la época. Si bien la lucha tenía una larga historia, uno de los grandes logros fue la participación de “Amalia Castillo Ledón, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, quien en 1952 se acercó al entonces candidato del PRI (heredero del PNR-PRM) para solicitarle que se concedieran plenos derechos políticos a las mujeres mexicanas” (González, Gilas y Báez, 2016, p. 37). Este es un claro ejemplo de la naturaleza del proceso de liberalización, en el sentido en que “el voto de la mujer se concibió —de acuerdo con la prensa del momento— como una concesión, aunque debe quedar claro que es un derecho” (González, Gilas y Báez, 2016, p. 37). En suma, a pesar de una visión errada en su momento, Castillo Ledón propició el fortalecimiento del papel de la mujer en el ámbito político-electoral, aunado a un reclamo por parte de las periodistas de la época, quienes consideran el triunfo del sufragio como “una necesidad social, un derecho político y una exigencia de justicia” (Galindo, 1953, citado en González, Gilas y Báez, 2016, p. 44) no un regalo de la Presidencia de la República. Finalmente, el proceso de liberalización resultó y se consolidó con el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, posibilitando la apertura del proceso de democratización política.

Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal en 1954 por Baja California (INE, 2020), y se le sumaron Remedios Albertina Ezeta (Estado de México), Margarita García Flores (Nuevo León), Guadalupe Ursúa Flores (Jalisco) y Marcelina Galindo Arce (Chiapas), quienes formaron parte de la XLIII Legislatura federal. El proceso de democratización que comenzó con el reconocimiento de la mujer como ciudadana empezó a rendir frutos.

A partir de este momento se van cristalizando los triunfos electorales de las mujeres, y no solo de las militantes del otrora partido oficial (PRI), sino también de la oposición, como el caso de Macrina Rabadán, diputada por el Partido Popular Socialista (PPS) en la XLIV Legislatura y quien, además, tuvo como suplente a una mujer, un hecho memorable debido a que mantiene al género representado a pesar de la ausencia de la propietaria; así, se impide el ingreso del varón a través de las suplencias, fortaleciendo y garantizando la participación de la mujer.

El inicio de ese proceso de democratización se vio reflejado en la década siguiente. Así, en el año de 1964 llegaron a la Cámara de Senadores Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina, que se convirtió en presidente del Senado. Cabe destacar que cada una de estas mujeres contaba con participación política previa y a favor de impulsar el reconocimiento pleno de los derechos femeninos, de modo que su arribo al Poder Legislativo se puede considerar como un triunfo ante su constante y activa participación política, al tiempo que reflejó el proceso de liberalización que se gestaba en uno de los poderes del Estado mexicano.

Con el paso de los años, el avance en el Poder Legislativo por parte de las mujeres se incrementó y se visualizó un proceso de democratización debido a que se incluyó verdaderamente a la mujer y se concretaron realmente sus derechos político-electorales, tal como se aprecia en la figura 1.

La figura 1 inicia con la XLII Legislatura, en 1952, y un porcentaje de mujeres del 0,6 % que fue incrementándose al paso de los años. La L Legislatura (1976-1979) fue de las primeras en superar el 10 % de participación femenina, al contar con 11,3 % de participación, legislatura emblemática debido a que se realizó una de las reformas electorales más importantes del sistema electoral mexicano y que marcó el inicio del proceso de transición política al tiempo que enfatizó la liberalización mexicana.

En dos ocasiones el porcentaje fue inferior al 10 %: en la LI Legislatura (1979-1982) y en la LV Legislatura (1991-1994), en las que las mujeres fueron representadas por el 8,2 % y 8,8 % respectivamente. A partir de la LVI Legislatura (1994-1997), el arribo de la mujer se consolidó y fue en aumento (ver figura 1); en dicha legislatura se obtuvo el 14,1 %, y en la LVII la representación femenina alcanzó el 17,4 %; la primera legislatura (LVIII) del nuevo milenio tuvo una leve disminución, al pasar a 16 % de mujeres en la Cámara de Diputados.

En las legislaturas que coinciden con el cambio del Ejecutivo federal, el porcentaje de mujeres es menor que en el de las intermedias; así, en la LX Legislatura (2006-2009) hubo un 23 % de mujeres, en la LXII Legislatura (2012-2015) se alcanzó el 37 % de mujeres en la Cámara de Diputados, mientras que las legislaturas intermedias LIX, LXI y LXIII muestran mayor porcentaje de representación femenina que aquellas en las que son concurrentes, al haber obtenido 22,6 %, 28 % y 42,4 % respectivamente. Es decir, en las intermedias existe mayor disposición para postular a las mujeres a los cargos para renovar la Cámara de Diputados, al contrario de lo que sucede cada seis años, que se elige a la Cámara de Senadores y al Ejecutivo federal, ambos por un periodo de seis años. Dicha disposición se entiende al ser el poder Ejecutivo el cargo mayormente deseado por los partidos políticos y en el cual suele existir mayor porcentaje de participación; en este sentido, las candidaturas, antes de las cuotas de género, son mayormente masculinas, pues los partidos políticos temen “perder” al postular una mujer. Evidentemente, el avance en el ámbito electoral de la mujer es innegable, pero también resulta cuestionable al tener que establecer normas que aseguren la inclusión de la mujer, como si la participación femenina fuera un privilegio cuando debe reconocerse como un derecho, no un regalo.

La legislatura actual (LXIV Legislatura) se considera como la de paridad de género porque el porcentaje femenino alcanzó el 48,2 %, por lo que se presume hay una representación femenina casi igual que la de los varones.

Este proceso de incremento (ver figura 1) de la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados evidencia una democratización política que se consolida en una de las Cámaras que componen al Poder Legislativo mexicano, debido a que existe postulación femenina y sobre todo reconocimiento de su triunfo, además de un fuerte respaldo normativo que posibilita la inclusión de las mujeres en uno de los espacios de representatividad como lo es la Cámara de Diputados.

El caso de la Cámara de Senadores se aprecia en la figura 2. El Senado de la República es la otra Cámara que compone al Poder Legislativo; a diferencia de las diputadas, el acceso a las mujeres tardó todavía varios años más por considerarse un lugar políticamente privilegiado. Es hasta el año de 1964 (XLVIII Legislatura) que las mujeres son representadas con el 3,12 %; tal como se aprecia en la figura 2, el acceso ha sido gradual.

El ingreso de la oposición del antes partido hegemónico al Legislativo se originó hasta 1988, en la LIV Legislatura, cuando Ifigenia Martínez Mendoza, representante de la izquierda mexicana, accedió a una curul.

Es importante destacar que la mayoría de las mujeres partícipes del Legislativo antes del año 2000 provenían de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gozaba de hegemonía, por lo que resultaba un espacio seguro para postularse y obtener el triunfo. Las mujeres de la oposición resultaron mayormente relegadas, de esta forma, a pesar del incremento gradual de las mujeres, de modo que la representación no era equitativa, pues las opositoras no encontraban formas de acceder y, por lo tanto, carecían de representación.

El logro constante se da a partir del año 2006, en la LX Legislatura, con una participación del 17,2 %, que casi se duplica para la LXII Legislatura (2012), al lograr el 32,8 %; al igual que en la Cámara de Diputados, la LXIV Legislatura se considera como de paridad al estar compuesta en un 49,2 % por mujeres.

El avance de las mujeres en el Poder Legislativo obedece a la institucionalidad de la democratización política, que también se vio reflejada en la modificación de las normas electorales, tal como se aprecia en la tabla 1.

La tabla 1 muestra el avance del principio de paridad en las candidaturas para la integración del Poder Legislativo, tanto federal como local. Es necesario señalar que para las suplencias en las Cámaras de Diputados y Senadores se debe considerar que sean del mismo género, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional; así, se asegura la representación por género para evitar la renuncia de las mujeres propietarias y el arribo de los varones suplentes, acción recurrente dentro del sistema electoral mexicano, y de esta forma se busca consolidar a la mujer como un actor importante dentro de la toma de decisiones. Asegurar la permanencia del género en la representatividad del Poder Legislativo también evidencia el proceso de democratización, debido a que se garantiza la permanencia de las mujeres en el recinto legislativo, lo cual indica un avance en la representación de las mujeres que poco a poco han incursionado en la política.

Otro avance significativo tiene que ver con la alternancia de género, la cual establece que, para su integración, las listas de representación proporcional deberán estar conformadas de manera alternada, a fin de garantizar el principio de paridad. En este caso la democratización política es evidente, ya que se garantizan los espacios de inclusión de las mujeres a través de las normas electorales.

Tal como se apreció en las figuras 1 y 2 la inserción de la mujer en el Poder Legislativo se ha visto impulsada por la modificación normativa (ver tabla 1), que obliga a los partidos políticos a reconocer la participación de la mujer. Podemos decir que esta transición es un acto de justicia para con el trabajo político y partidario de la mujer mexicana, gestora y movilizadora de las bases, pero no representada en los órganos de decisión; tal situación era, por lo tanto, una incongruencia sistemática, pues el apoyo de la mujer se buscaba solamente en tiempo electoral mientras que en año ordinario se dejaba de lado. Las modificaciones, entonces, expresan un pleno derecho a la mujer para participar, así como una democratización política. Y solo en la medida en que esta participación logre, de manera permanente, garantizar curules a la mujer, se estará frente a una democratización fortalecida.

Otra medida que ha consolidado la democratización política a favor de la mujer ha sido la modificación al Reglamento de Fiscalización; en 2012 se aprobó que el 2 % del gasto ordinario de los partidos se destinara para la “capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres” (INE, 2020: párr. 1), presupuesto que se modificó dos años más tarde al incrementar a 3 % el recurso que se debe destinar de manera particular para las mujeres.

Como se puede apreciar, el camino ha sido largo y paulatino. Sin embargo, se ha ganado terreno en la participación política de la mujer, pues hoy se goza de inclusión femenina en el Poder Legislativo, se ha logrado la institucionalización formal de dicha participación y el reconocimiento pleno de las obligaciones y de los derechos femeninos, lo cual se debe al proceso efectivo de ampliación de derechos políticos que permite la democratización. En esta lucha por el reconocimiento de la inclusión de la mujer en la arena política están implícitos también valores democráticos que de ninguna manera pueden faltar en la democratización, como la igualdad, la competencia regulada y la representación.

Además, se puede notar que la democratización ha logrado frenar, con el paso del tiempo, actos arbitrarios que impedían la participación institucionalizada de la mujer antes de 1953, pues sin la liberalización no se hubieran permitido reformas para la mayor representación femenina en el escenario político.

Con estos ejemplos en la esfera federal se puede reflejar que el proceso de democratización permite una apertura gradual de la incursión de nuevos actores políticos y con mayor capacidad de intervención social, pues a pesar de una concentración de poder por parte del llamado régimen hegemónico, se pudo a lo largo del tiempo ser testigo de un proceso de apertura gestado dentro del mismo sistema, proceso que era necesario para aumentar la legitimidad y legalidad dentro de la lucha femenina por reconocerse como un actor importante para la toma de decisiones.

Algo que no se puede ignorar es que el proceso de democratización fue creando las condiciones para que instituciones como el Congreso y Senado fueran ampliando y estructurando reformas para una mayor participación política de la mujer.

Respecto a la esfera estatal, los primeros triunfos se obtuvieron en el ámbito local; en 1922 se eligió a la primera candidata al Congreso de Yucatán, Elvira Carrillo Puerto, pero desafortunadamente dejó el cargo dos años más tarde por amenazas de muerte. Ella fue ejemplo de participación política femenina activa y de un proceso incipiente de liberalización que chocaba fuertemente con el arraigo cultural y social del lugar que debía ocupar la mujer. El siguiente triunfo local ocurrió en el estado de San Luis Potosí, cuando el gobernador Rafael Nieto permitió que las mujeres participaran en los procesos electorales y estatales de 1925. En este caso, se les concedió a las mujeres aprender a leer y escribir (INE, 2020); el hecho de dejar el analfabetismo significaba un triunfo para la mujer, al tiempo que recuerda el atraso social y político en el que vivía. Esa idea de permitirles aprender a leer y escribir rememora la condición de las mujeres durante la época colonial, en donde la escritura era un lujo que no se podían dar debido al miedo que provocaba el hecho de que pudieran establecer una relación epistolar; la lectura, en cambio, era considerada necesaria para conocer rezos y cánticos, de modo que el impulso a la alfabetización de la mujer es uno de los primeros pasos para reconocer plenamente los derechos que debe gozar, además de un reconocimiento al su intelecto, como un ser que no necesita depender de la decisión de otro para actuar.

Otras entidades que al pasar de los años sumaron a la mujer para participar en la vida político-electoral del Estado fueron Chiapas, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, aunque ya fue prácticamente a mediados del siglo XX; es decir, el proceso de liberalización en torno a la mujer se dio de manera gradual.

El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con plenos derechos posibilitó el incremento de su participación político-electoral, y los triunfos se incrementaron al paso de los años; Baja California Norte fue la primera entidad en donde se realizaron comicios con participación femenina al elegir gobernador y diputados locales.

El caso de los congresos estatales se mueve más o menos al ritmo de los cambios impulsados desde la federación; así, en la figura 3 se detalla el promedio nacional de la inclusión femenina a partir de los cambios constitucionales.

El promedio de acceso de las mujeres a los legislativos locales se ha acercado cada vez más a la paridad, otra situación que permite visualizar una democratización política consolidada.

Si bien la democratización subnacional no es el tema principal de este ensayo, conviene mencionarla debido a que evidencia la apertura política hacia la mujer que permite su consolidación como un actor indiscutible dentro del proceso de democratización.

En el caso del acceso de las mujeres al Ejecutivo estatal se dio hasta 1979 con Griselda Álvarez Ponce de León, en Colima, y a partir de ese momento se fueron sumando mujeres que dirigen una entidad, claro ejemplo de democratización política (ver tabla 2), pero este es un ámbito en donde se le ha complicado mucho más el acceso a la mujer, ya sea por la resistencia que aún se tiene de su inclusión en la toma de decisiones políticas o bien porque los partidos políticos prefieren no “arriesgarse” en la postulación femenina. Aunque también habría que recordar que suelen incluirlas en suplencias o cargos de menor impacto decisional.

La posibilidad de que una mujer gobierne una de las 32 entidades que conforman la República mexicana se incrementa al paso del tiempo, pero son únicamente nueve casos desde 1979 hasta 2018. En la tabla 2 destacan dos interinatos, el de la priista Sauri Riancho y de Robles Berlanga, quien estuvo al frente de la capital del país; el resto de las gobernadoras han sido elegidas por los ciudadanos de sus respectivas entidades.

Al observar detalladamente la tabla 2 también se aprecia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha tenido mayor posibilidad de llevar al triunfo a una mujer, seguido por la izquierda representada por el PRD y Morena; el primero ha tenido posibilidad de gobernar la capital del país y Zacatecas, mientras que Morena actualmente gobierna la Ciudad de México.

La derecha, representada por el PAN, logró un triunfo en Puebla. Desafortunadamente, Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018, por lo que actualmente se encuentran gobernando únicamente dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Claudia Pavlovich; es importante señalar que esta última es hija de Alicia Arellano Tapia, una de las primeras senadoras del país.

A pesar de un avance lento y gradual de la mujer para dirigir una entidad, esos nueve casos evidencian que realmente se están concretando los derechos de las mujeres, y que esa expansión de la ciudadanía es real, tanto que actualmente dos mujeres son gobernadoras, una de ellas de la entidad más importante de la República mexicana, debido a que se asientan en la Ciudad de México los poderes federales. Sin embargo, también son claro ejemplo de la lentitud del reconocimiento de la mujer como un ser con plenas capacidades, habilidades y, sobre todo, derechos, pues su inclusión paulatina e incluso hasta temerosa demuestra que hace falta seguir impulsando las carreras políticas de la mujeres.

Con los ejemplos citados a nivel estatal se pueden apreciar cambios de manera diferente; aquí el proceso de democratización ha sido mucho más lento, y el avance suele confrontarse con la idiosincrasia cultural de la imagen femenina.

Sin embargo, a lo largo de los años, la lucha por la incorporación política de la mujer se puede notar en los Legislativos locales, pues su composición se ha acercado a la paridad, lo que permite visualizar una democratización política consolidada.

Por tanto, con los datos revisados en este apartado se puede apreciar que la democratización política ha favorecido a las mujeres, debido a que se le han reconocido plenamente sus derechos como ciudadanas, se ha obligado a los partidos políticos a incluirlas como candidatas y su participación cada vez más activa las ha posicionado como un actor importante dentro del proceso de democratización que se ha abierto paso entre instituciones lideradas por varones.

El espacio con mayor democratización política para la mujer es el Poder Legislativo, a través de la paridad de género. Sin duda, hace falta que realmente se reconozca a las mujeres por el solo hecho de serlo, sin tener que recurrir al cumplimiento de las normas para garantizar su inclusión, de la misma manera que falta una mayor participación de la mujer en el ámbito local, desde los congresos hasta las gubernaturas, para que realmente exista una representación del sector social más grande en el país.

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, existen evidencias paulatinas en la incorporación de la mujer en la vida político-electoral, y ahora es interesante conocer los espacios donde la mujer ha ocupado cargos de alto nivel jerárquico; así se revisará la cuestión femenina, considerando en dónde se pueden tomar decisiones de gobierno. Se recupera la postulación al Poder Ejecutivo, la inclusión en el Poder Judicial, la participación en las secretarías de Estado y la participación de las mujeres como alcaldesas.

Respecto a la participación en el Poder Ejecutivo, el acceso por parte de una mujer no se ha concretado, pero han existido postulaciones como candidatas desde 1988 con Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y tras ella se han dado los casos que se aprecian en la tabla 3.

En la tabla 3 se aprecia que solamente un partido político que ha permanecido desde 1939 hasta nuestros días ha postulado a una mujer, el PAN, en tanto que todos los otros partidos no han logrado permanecer en el sistema de partidos; lo que se debe enfatizar es que están vinculados ideológicamente con la izquierda mexicana, son partidos “pequeños” o efímeros cuya participación se reduce solamente a ese año electoral y desaparecen por no alcanzar el umbral.

En el 2018 dos mujeres intentaron participar bajo la forma de candidatura independiente, Margarita Zavala, exmiembro del PAN y además primera dama en el sexenio 2006-2012, que reunió los requisitos para participar a través de esa figura pero renunció argumentando que lo hacía “por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política” (Redacción BBC Mundo, 2018); la otra participante fue María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como “Marichuy”, médica tradicional, nahua, representante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que logró 281 952 adhesiones (Hernández, 2018), pero resultaron insuficientes para que el INE le otorgara el registro como candidata independiente.

En este sentido, todavía se deben de concretar y hacer efectivos los derechos de las mujeres para el acceso al lugar político más importante, que es la Presidencia de la República, debido a que es el espacio en donde se toman las decisiones más importantes para el curso político del país, y una mujer no ha logrado conquistarlo. Así, se limita a las mujeres desde el ámbito partidista, al no postularlas como candidatas por temor a perder la elección, por considerar que el país no está preparado para ser gobernado por una mujer o, en el peor de los casos, que no existe una mujer preparada para gobernarlo. La democratización política ha cumplido con la función de aperturar los espacios de participación y garantizar las condiciones para que una mujer pueda postularse como candidata, sin embargo, todavía no se ha logrado que otros actores del proceso de democratización, como son los partidos políticos, impulsen la carrera política de una mujer para la Presidencia de la República, al menos por parte de los partidos con posibilidades mayores de ganar una contienda político-electoral.

El otro de los poderes del Estado es el Poder Judicial. En este se toman grandes decisiones, pero la situación tampoco es muy alentadora para las mujeres: el primer caso de participación en este ámbito se remonta a 1961, cuando María Cristina Salmorán de Tamayo fue designada como la primera ministra de la Suprema Corte, si bien entre los “abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la ‘Suprema Corte y Confección’” (Martínez, 2015, p. 1). Esto demuestra que en la época era normal considerar a la mujer como un ser menor y, además, dedicada a los quehaceres del hogar, que se pensaban eran propios del género femenino; a partir de ahí se han integrado paulatinamente las mujeres, pero en clara desventaja frente a los varones (ver tabla 4).

El Poder Judicial se diferencia de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) debido a que no pasa por la voluntad popular, es decir, sus miembros no son elegidos directamente por la ciudadanía, por lo que no tienen que realizar una campaña política, no están sujetos a una ideología partidista y, sobre todo, se les exige credenciales amplias y suficientes en su área de especialización para garantizar que manejen los conocimientos propios de su formación. En este sentido, todas las mujeres que llegan a la Suprema Corte de la Nación son ejemplo de preparación en el ámbito del derecho, además de una independencia ideológica respecto a los partidos políticos existentes.

En la tabla 4 se señalan las mujeres que han llegado a ser ministros de la Suprema Corte. El segundo caso es lamentable, debido a que a la abogada Livier Ayala falleció al día siguiente de habérsele notificado su designación (Martínez, 2015); es por eso que en ese año aparecen dos mujeres, pero realmente ejerció una. Las ministras de 1983 a 1985 fueron designadas por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, vinculadas al Partido Revolucionario Institucional pero con un trabajo dentro del Poder Judicial; Olga Sánchez Cordero se desempeñó como secretaria de Gobernación en los primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente es senadora por Morena, además de que fue la primera mujer notario en el Distrito Federal (Martínez, 2015).

Actualmente, la Suprema Corte se encuentra conformada por once ministros, de los cuales el 73 % (ocho ministros) son varones, mientras que solo hay tres mujeres; entonces, no existe realmente una posibilidad para la toma decisiones desde este espacio, y parece ser que se necesita de una norma que establezca la paridad de género para garantizar el acceso, ya que no se reconoce la representación de la mujer de una manera justa. Al no pasar por la voluntad popular, el Poder Judicial no se somete a la norma electoral que garantiza un espacio de participación para las mujeres, de modo que la democratización política no alcanza este ámbito de gobierno.

Otro espacio desde el cual puede incidir en tomar decisiones son las secretarías de Estado. En la tabla 5 se aprecian las mujeres que han formado parte de los gabinetes.

La inclusión de la mujer en el círculo más cercano al presidente de la República, es decir, en el gabinete, se dio hasta 1981, en el sexenio de José López Portillo, con la designación de Rosa Luz Alegría Escamilla frente a la Secretaría de Turismo, ella representó el 5 % frente al 95 % de los varones.

Con el paso de los años, las mujeres comenzaron a aparecer como titulares de las secretarías, pero no en las más importantes; en el sexenio de la alternancia, el 12,82 % del gabinete lo ocuparon las mujeres, además, “el mandatario de este periodo se caracterizó por ser altamente misógino, incluso con un lenguaje despectivo contra las mujeres” (Toledo y Gallardo, 2019, p. 24).

En la administración de Felipe Calderón ocuparon un lugar como secretarias seis mujeres, es decir, el 15,38 % (Toledo y Gallardo, 2019) frente al 86,85 % que representaban los varones.

En la tabla 5 destaca en dos ocasiones Josefina Vázquez Mota como secretaria de Estado, además de que fue candidata a la Presidencia de la República por un partido político considerado como “grande”: Acción Nacional (PAN).

Con Enrique Peña Nieto nuevamente hay menor espacio para las mujeres debido a que solo ocuparon el 13,15 % de las secretarías (Toledo y Gallardo, 2019).

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador resulta ser el más equitativo en la historia del país, debido a que de 19 secretarías de estado, siete secretarías son ocupadas por mujeres, es decir, el 36 % de las mismas; es preciso señalar que Josefa González Blanco renunció en mayo de 2019, por lo que se designó a un varón, de lo contrario, ese porcentaje sería más alto. En este sexenio también se delegó a una mujer una de las secretarías más importantes, que es la de Gobernación, sin embargo, renunció para ocupar su curul en el Senado de la República, y su espació lo ocupó un varón.

Es importante mencionar el hecho de que el gabinete se conforma a discreción del presidente de la República, y no hay una normatividad para elegir a las personas que deben ocupar cada una de las carteras. De este modo, los lugares suelen estar ocupados por los hombres y las mujeres más cercanos al Ejecutivo, o bien resultado de las múltiples negociaciones que se realizan con los diferentes grupos en el poder; a pesar de esto, las mujeres continúan siendo subrepresentadas, aunque conformen la mayoría de la población.

En este sentido, se está limitando a la mujer en el aspecto de la democratización política, porque a pesar de gozar de la ciudadanía y de ejercerla, no se le considera para una verdadera toma de decisiones, entonces se le relega a cuestiones de menor importancia; su participación se incrementa en número, pero no en lugares estratégicos. En palabras de Toledo y Gallardo (2019) “Los sectores dentro de la administración pública que tradicionalmente se consideran ‘ligeros’ o ‘feminizados’ son la cultura, la educación, la salud y el turismo” (p. 25), espacios en donde se le han otorgado mayores posibilidades de participación al género femenino, cada uno de ellos vinculado a los rasgos y habilidades que socialmente se les han impuesto a las mujeres. Podemos decir, entonces, que la democratización no se está cumpliendo con las mujeres mexicanas.

En la tabla 5 no se aprecian mujeres en las áreas de seguridad como la Secretaría de Marina o de la Defensa Nacional, tampoco en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es otra área importante para la toma de decisiones. “Cerca del 50 % de quienes forman parte de la administración pública son mujeres, pero solo el 29 % de ellas se colocan en niveles de toma de decisiones. Las mujeres tienden a contar con puestos de menor rango, con menos prestigio y sueldos más bajos” (Toledo y Gallardo, 2019, p. 21).

Toledo y Gallardo (2019) afirman que generalmente las mujeres ocupan puestos administrativos que no exigen mucha capacidad intelectual y que son más de apoyo; en este sentido, tampoco se aprecia un reconocimiento pleno de los derechos ni de las capacidades de la mujer, por lo que pareciera que la mujer, en pleno siglo XXI, todavía es considerada por una parte de los actores de la transición como un ser que debe ser guiado, sin capacidad propia para la toma de decisiones y minimizada por los estereotipos de género que históricamente se le han impuesto; es decir, la democratización política está ausente de todos aquellos espacios en los que puede incidir.

Referente al ámbito municipal, que es el lugar más cercano para la población en general y en donde se toman decisiones de gobierno, la mujer tampoco ha logrado una representación elevada, pues no se llega ni siquiera al 30 % de mujeres alcaldesas (ver Figura 4).

Lo que se puede notar es un avance mínimo del periodo que va de 2015 a 2018 en el número de mujeres que han sido alcaldesas; al revisar la figura 4, en el 2015 solo el 9,4 de los más de 2400 municipios mexicanos los encabezaba una mujer, es decir que solo 232 municipios tuvieron una presidenta municipal. En el año 2016 hubo una ligera disminución, puesto que solo 221 municipios tuvieron una mujer presidente municipal; para el año 2017 se incrementó el número de municipios bajo el liderazgo femenino, ya que hubo 346 (14,1 %); los años de 2018 y 2019 resultan favorables, puesto que en el primero 537 mujeres lograron dirigir un municipio, cifra que aumentó en el siguiente año a 545 municipios gobernados por una mujer.

En ninguna de las 32 entidades federativas se ha logrado la equidad de género en el ámbito de los gobiernos municipales. Los estados que más se acercan a esta condición son Baja California, Baja California Sur y Tabasco: en los dos primeros, 40 por ciento de sus municipios están gobernados por mujeres, mientras que en Tabasco, 41 por ciento de los alcaldes son mujeres. En contraste, Oaxaca y Tlaxcala son los estados con la menor equidad, ya que en cada entidad solo 1 de cada 10 alcaldes es mujer. (Sandoval, 2020, párr. III)

La toma de decisiones más cercana a la población dista mucho de tener mayor representatividad del género femenino; en este nivel de gobierno no se ha consolidado la participación femenina de manera efectiva.

Uno de los elementos para reflexionar tiene que ver con el desarrollo económico, debido a que una autonomía económica permite también la toma de decisiones, y no solamente en el ámbito privado sino en el público. El caso mexicano no es nada alentador para las mujeres, debido a que México tiene la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina: las mujeres perciben ingresos menores y, para igualar el salario de un hombre, deben trabajar hasta 35 días más (Forbes Staff, 2019). Una mujer tiene un salario promedio de $ 5029,00, mientras que el hombre gana $ 5825,00 (Forbes Staff, 2019), es decir que la diferencia entre los géneros es del 16 %; a esto se le debe sumar el hecho de que las mujeres se desempeñan en el ámbito doméstico, situación que no es remunerada y en la cual sufren de violencia de distintos tipos. Se carece de una repartición de la riqueza de manera equitativa, en la que la mujer se vea beneficiada de la misma manera que el varón, sin embargo, este tema merece ser tratado en otro momento por su amplitud e importancia dentro de cualquier Estado.

Los datos expuestos motivan varias reflexiones, por ejemplo, que el proceso de democratización política ha tenido un impacto positivo en la inclusión de la mujer en cargos de representación; es incuestionable que la liberalización ha sentado las bases en la formalización de las reglas de inserción de la mujer en la arena política. Sin embargo, aunque las mujeres ocupen mayor número de cargos, aún son debatibles aspectos como la falta de concreción para que una mujer se convierta en presidente de la República, si bien el hecho de que los partidos políticos, al pasar del tiempo, se decidan a postular a mujeres como candidatas a presidentas de la República mexicana ha sido un avance paulatino.

En el caso del Poder Judicial, se ha valorado la trayectoria y formación profesional de las mujeres que han logrado ser ministros de la Suprema Corte; en el periodo que va de 1961 a 2019, doce mujeres han estado al frente en el Poder Judicial. Para el caso de las mujeres que han sido secretarias de Estado, en el periodo que va de 1981 al 2018 no se nombraron mujeres al frente de áreas como Marina y Hacienda y Crédito Público, áreas que se consideran de mayor impacto en la toma de decisiones. En el ámbito municipal, existe una brecha salarial y son pocas las mujeres que han logrado convertirse en alcaldesas. En pocas palabras, el mayor logro se concentra en el aspecto de la democratización política.

En un Estado como el mexicano, que ha transitado del autoritarismo a un proceso de democratización en donde el mismo régimen ha impulsado un proceso de liberalización y se ha manifestado una institucionalización de la democratización, los actores políticos se han beneficiado con el paso de los años y se han hecho efectivos los derechos que se consagraban en las normas, aunque todavía se mantiene una deuda con uno de esos actores: las mujeres.

A lo largo de este ensayo se ha dado cuenta de la participación de la mujer de acuerdo con el avance de la democratización, un proceso que no ha sido lineal, sino que ha sufrido un proceso de sobresaltos, en donde la inserción ha sido paulatina y con penetración desigual en los espacios de representación.

El mayor ejemplo del inicio del proceso de democratización es el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer como ciudadana, aspecto que repercutió de manera positiva en el ámbito político-electoral, en donde se ha consolidado debido a las modificaciones normativas que posibilitan el ingreso de la mujer como una obligación de los partidos políticos, de manera específica en el Poder Legislativo. Sin embargo, en el acceso a los otros poderes todavía falta mucho para incluirla de manera regular y, por lo tanto, respecto a la participación efectiva, los lugares importantes de toma de decisiones carecen de una vasta presencia femenina, situación que aún requiere atención para evitarlo.

Si bien es cierto que el ámbito legislativo es el lugar que mayor presencia femenina tiene y que evidencia el aumento de la pluralidad política y de la institucionalización de las normas a su favor, también ha sido el espacio en donde se les ha utilizado solamente para cumplir las normas. No se debe olvidar el caso de las “Juanitas¹”, un hecho injusto que no debe repetirse porque de ser así se estaría insultando la capacidad intelectual y política de las mujeres, además de simular un avance en la democratización que resulta ser totalmente falso. Situaciones como estas, más que avanzar en materia de democratización, representan un retroceso y demeritan la participación de la mujer en asuntos políticos.

Cabe mencionar que el proceso de democratización se tiene que entender en un marco amplio de derechos y obligaciones, pero también de transformaciones; una de ellas tiene que ver con la pérdida de la hegemonía por parte del Partido Revolucionario Institucional y la inclusión de la oposición como una verdadera opción de cambio político electoral. A pesar de la hegemonía que prevalecía en el ámbito político electoral, la mujer se vio beneficiada en el ámbito normativo, debido a que se le reconocieron derechos y obligaciones que impulsaron el proceso de democratización; así su inclusión, a cuentagotas, se dio durante la época de control más fuerte por parte del PRI, lo que marcaría una primera etapa en el proceso de democratización política a favor de la mujer, es decir, se inicia en una época marcada por la falta de competencia y competitividad electoral.

Los mismos cambios electorales y el triunfo de la oposición marcan otra etapa en la democratización política, en donde la pluralidad se manifiesta y la participación política de la mujer asciende. Esta etapa, que iniciaría desde finales de la década de los ochenta, define tanto el aspecto normativo como el fáctico; las transformaciones legales van estableciendo una cuota de género cada vez más equitativa y se amplían las opciones partidistas que postulan a las mujeres, además de empezar a ganar espacios como en el Poder Judicial y las secretarías de Estado

En estos primeros 20 años del nuevo milenio los resultados para las mujeres en el ámbito político-electoral son bastante significativos, pero todavía falta concretar la participación de la mujer en la toma de decisiones, elemento pendiente en el proceso de democratización en México. Todo indica que se necesita legislar para asegurar la inclusión de las mujeres en cada uno de los espacios, pero ¿eso es necesario? En verdad se tiene que obligar a los varones a incluir a las mujeres, no simplemente reconocer los derechos y ofrecerles un lugar para evitar una sanción; tampoco se trata de sentir que la inclusión femenina en el ámbito público es un regalo o una dádiva, cuando es un derecho que simplemente por gozar de ciudadanía se tiene. Se trata de hacerlo efectivo, verdadero.

En este sentido, hace falta establecer nuevos arreglos institucionales para que se garantice la equidad en el acceso a la mujer en aquellos espacios en donde se toman decisiones y no solamente se incluya para cumplir con la ley. Además, y no menos importante, es preciso que las mujeres que logran un cargo público en verdad luchen por los derechos de las mujeres, es decir, que efectivamente las representen. No es entonces utópico pensar que con la institucionalización de la democratización política se pueden eliminar las cuotas de género y no depender de ellas para garantizar un acceso.

Por tanto, el avance que ha logrado la mujer en la inserción política y electoral es producto de la democratización que ha experimentado el país, y la representación en las instituciones por figuras femeninas ha implicado que los diversos actores políticos pacten a favor de esto y que a través de un proceso gradual las féminas ganen terreno a pesar de las dificultades como la idiosincrasia o la aceptación masculina para que ellas puedan gozar de una igualdad y equidad de género.