Las políticas sociales son intervenciones del Estado ocupadas en los procesos, bienes, servicios y acciones orientadas a la reproducción de la vida y de las poblaciones. Como toda intervención, surge de la identificación de una problemática y requiere de un diseño, de implementación y evaluación. Cada uno de estos momentos es producto y productor de miradas, sentidos y sensibilidades que dan contenido, forma y color a las intervenciones. Por eso –y como ninguna intervención es inocua (Bourdieu, 1993)–, reflexionaremos sobre las políticas sociales desde una sociología de los cuerpos/emociones. Este vinculo, cada vez más presente y necesario –dada la masividad de las intervenciones–, se da por su capacidad de conformar los modos de sentir y la disponibilidad corporal para la acción. Estas se convierten en un “orden”, en modos de percibir, actuar y de estar-en-cuerpo en las intervenciones.

Como puentes entre el orden sistémico y el mundo de la vida (Barba, 1995), los modos de “hacer sociedad” de las políticas sociales implican, siempre y cada vez, la constitución de formas de sentir como resultado de las intervenciones puestas a circular. Mirar las políticas sociales desde una sociología de los cuerpos/emociones (Scribano, 2012), podría pensarse al menos en tres momentos o marcos: (1) sus diseños, normativas y letras; (2) los actores implicados en los procesos de diseño e implementación; y (3) los sujetos destinatarios de las acciones. Este artículo propone leer las vivencialidades y sociabilidades que las políticas sociales consolidan en las vidas de millones de sujetos que resultan beneficiarios de Programas de Transferencias Monetarias (PTM), con el objetivo de describir las emociones de los receptores de políticas sociales al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Argentina, por la pandemia por COVID-19. Para cumplir dicho propósito se realizaron entrevistas virtuales semi-estructuradas a través de la red social Facebook y, en vista del análisis realizado, se desarrollarán los sentires que aparecen en la indagación, principalmente aquellos vinculados a las modificaciones que implicó el comienzo del aislamiento, así como un fuerte sentido de desconfianza, con relación a las intervenciones y sus destinatarias/os. En primer lugar, desarrollaremos el punto de partida teórico conceptual. En segundo termino, recuperamos aspectos centrales de las intervenciones del Estado en el presente siglo, como son la masividad y la digitalización. Además, se sumará el repentino contexto de pandemia, que, si bien es un evento reciente, se convierte en un elemento que tensiona y otorga una “visión aumentada” de procesos de más larga data. En tercer lugar, luego de explicitar la estrategia metodológica, se analizarán las 54 entrevistas semi-estructuradas realizadas en los meses de abril y mayo de 2020, al comienzo del ASPO en Argentina. Dicho análisis nos permitirá profundizar en los primeros impactos de la cuarentena en los receptores/as de programas sociales y en la desconfianza, como un sentir que atraviesa las intervenciones del Estado. Por último, esbozaremos algunas reflexiones a modo de cierre y apertura de nuevas indagaciones.

Los diferentes desarrollos, que investigan y problematizan las políticas sociales, retoman la definición del Estado para luego abordar las intervenciones que este pone a circular. Así, en la mayoría de los constructos teóricos que las tienen por objeto, se parte de la definición de Estado moderno o Estado moderno capitalista, cuyo origen se sitúa a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El rasgo sobresaliente de la definición de Estado moderno capitalista es el de conferir a los sujetos el estatus de ciudadanía, los dota de derechos y de deberes, a la vez que conforma una superestructura de dominación propia de una sociedad dividida en clases irreconciliables (Dettano, 2019b). Este funcionamiento supone la desposesión de los productores, quienes deben vender su fuerza de trabajo en el mercado para alcanzar la reproducción de sus vidas (Grassi, 2003).

El Estado, además de inaugurar este espacio de contradicciones, también produce e impone las categorías de pensamiento que aplicaremos a todo lo que hay en el mundo, incluyendo, por supuesto, al propio Estado (Bourdieu, 1993). En vista de ello, reflexionar sobre este y sus intervenciones no es una tarea menor y, como veremos, involucra diferentes procesos, espacios de acción, sujetos y sentires. Sus intervenciones, en tanto “modos de hacer” son producto de “sucesivas tomas de posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas” (Oszlak y O’Donnell, 1995, p. 5).

De todas las intervenciones estatales denominadas como políticas públicas (Tamayo, 1997), aquí profundizaremos en aquellas entendidas como políticas sociales. En cuanto son objeto de problematización estas políticas poseen múltiples definiciones, aristas y campos disciplinares ocupados en su tratamiento. Han sido entendidas como aquellas intervenciones orientadas a incidir sobre las condiciones de reproducción de los grupos sociales (Danani, 2004), al logro de un mayor bienestar (Laurell, 2004), a la reproducción del régimen a largo plazo, así como a la reducción de los conflictos sociales (De Sena y Cena, 2014).

Algunos estudios hacen alusión a una clasificación empírica de la política social, la cual remite a la seguridad social: las políticas asistenciales públicas y privadas, el equipamiento comunitario, así como diferentes tipos de subsidios (Faleiros, 2004). Sin entrar en detalle acerca de si refieren a transferencias de ingresos, a la prestación de servicios o la dotación de bienes para el entorno comunitario, Titmuss (1974) sostiene que, de manera general, se vinculan con la satisfacción de las necesidades de las personas. Sea que tengan como objetivo asegurar a todos los miembros de la comunidad unos niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades (Hegenbuch, como se citó en Titmuss, 1974); sea que se posicionen como un intento para dirigir la vida de la sociedad por una senda que no seguiría si se la dejara seguir su curso (Lafitte, como se citó en Titmuss, 1974); o como acciones estatales que contribuyen con la reducción de los conflictos sociales que aseguran la persistencia temporal del régimen de acumulación capitalista (Fleury, 1997; Faleiros, 2004; De Sena y Cena, 2014), estas políticas incidirán en la producción y reproducción de la vida y, por ende, en la construcción de nuestras cotidianidades. Más allá de la definición con respecto a qué llamamos políticas sociales, estas siempre refieren a intervenciones del Estado con fines específicos y responden a las concepciones ideológicas de un gobierno determinado, que interviene la vida de la comunidad.

En línea con este plexo de definiciones, sostendremos que estas no constituyen un objeto bueno o malo en sí. Implican considerar a la sociedad como un todo, en cuanto las intervenciones se vean atravesadas por un tiempo y un espacio, y recuperen lo que cada época considera, define y erige como un problema social. En su hacer, independientemente de sus objetivos, pueden revertir el problema que las orientó, dejarlo intacto, profundizar e incluso generar uno nuevo.

Ahora bien, una mirada a las políticas sociales, desde una sociología de los cuerpos/emociones, agrega que el Estado y sus intervenciones se encuentran atravesados por múltiples sentidos y sentires que inciden en cada etapa o momento de una política o programa. La perspectiva mencionada comprende al Estado como una entidad que no está “afuera” o “arriba” de las interacciones sociales, sino que su “presencia” se materializa y hace cuerpo en los modos de ser y estar con otros (De Sena y Scribano, 2020; Cena, 2014; Dettano y Chahbenderian, 2020; Tonkens, et al., 2013; MacAuslan y Riemenschneider, 2011; Horsell, 2017; Scribano y De Sena, 2013).

Dicho abordaje toma como punto de partida que las emociones, en cuanto estructuras cognitivo-afectivas, se constituyen, consolidan y traman en la experiencia de habitar el mundo (Scribano, 2007). En este sentido, su carácter es eminentemente social e involucra al cuerpo, al pensamiento y se encuentran signadas por un contexto y por determinadas reglas de expresión (Bericat, 2000; Hochschild, 2011; Heller, 1985). Tal como señala Bericat (2012), los sujetos solo experimentan la vida emocionalmente, por lo que cada una de las prácticas, los procesos del mundo que habitan, su entorno de relaciones, así como su vínculo con el Estado, no puede pensarse si no es atravesado por sentimientos y emociones.

Toda política social contiene definiciones, sentidos e interpretaciones acerca de los modos “adecuados” de “solucionar” –o al menos mitigar– los problemas que amenazan las condiciones de producción y reproducción de la vida en el capitalismo. A través de sus –reiteramos, nunca inocuos– “contenidos”, las diferentes propuestas de “soluciones” van a incidir en aspectos centrales para la reproducción de las sociedades: los cuerpos, la distribución de las energías, la gestión de la malnutrición e incluso los consumos a los que podemos o no acceder. De esta forma, la vinculación, cada vez más presente y necesaria – dada la masividad de las intervenciones– entre las políticas sociales y las emociones, yace en su capacidad de conformar los modos de sentir y la disponibilidad corporal para la acción (De Sena, 2020).

En línea con lo dicho en el punto anterior, las políticas sociales se encuentran atravesadas por los planteamientos, problemáticas y procesos de una época, por ello debemos considerar tres elementos nodales de dichas intervenciones en la segunda década del siglo XXI, que se han consolidado en el orden global: la masividad (De Sena, 2011); el uso de internet en la gestión e investigación (Sordini, 2017; Weinmann y Dettano, 2020); y el contexto de la pandemia por COVID-19 junto a las distintas formas de aislamiento de la población.

La masividad refleja profundos cambios al interior del modo de producción capitalista que vienen teniendo lugar desde el último cuarto del siglo XX (De Sena, 2011). Esto implicó modificaciones y cierto desplazamiento del eje de las políticas sociales, desde aquellas orientadas hacia el trabajador asalariado, hacia unas intervenciones que procuran atender el creciente desempleo, la informalidad laboral y la pobreza. Esto evidencia no solo mayor cantidad de receptores de programas de atención a la pobreza, sino que además deja expuesta la tensión entre los conceptos que rodearon las intervenciones del siglo XX: seguridad y protección son reemplazados ahora por la vulnerabilidad, la exclusión, la inseguridad, la incertidumbre y el riesgo.

A propósito de la masividad, el presente siglo se ha convertido en el escenario de despliegue de una modalidad de atención a la pobreza de gran alcance y cobertura como son los Programas de Transferencias Monetarias. Estos pueden ser caracterizados, a grandes rasgos, como una transferencia monetaria o no monetaria –depende de los autores– a hogares con menores a cargo (núcleos familiares), a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en salud, educación y nutrición. Albergan una serie de objetivos como: (a) reducir la pobreza por ingresos o la “pobreza de consumo”; (b) evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano; (c) colaborar en la reducción de las desigualdades; (d) romper el “circulo vicioso” de la pobreza; y (e) ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre otros, que dependen de cada programa (Fiszbein y Schady, 2009; Cecchini y Madariaga, 2011, p. 11; Correa, 2009).

Esta modalidad de atención a la pobreza se ha expandido a nivel global y se aplica en Asia, África subsahariana, Turquía y Estados Unidos (Correa, 2009; De Sena, 2018). Para algunos autores, estos programas “minimalistas-focalizados” (Villatoro, 2007, p. 6) “están de moda” o se han convertido en la forma predilecta de abordaje de la pobreza (Lavinas, 2014). Además, han alcanzado para 2016 en América Latina a 129,8 millones de destinatarios y significan el 0,4 % del PIB de la región (Cecchini y Atuesta, 2017, p. 22). Los datos dejan en evidencia el peso de los programas y la cantidad de personas que requieren de estos, lo que se vuelve aún más complejo si se consideran las restantes intervenciones destinadas a situaciones de pobreza y desempleo (programas alimentarios y sociolaborales, etc.).

En segundo lugar, en el escenario de masividad mencionado debemos considerar los diferentes modos de digitalización de la vida (Cena y Dettano, 2020). El uso de internet y demás tecnologías de la información en los mecanismos de implementación de las políticas, suscita alusiones a un “Estado ampliado” y alude a cómo la intromisión de internet en sus mecanismos de gestión incluye nuevos elementos en su estructura, y nuevas formas de comunicar e interactuar (Esteinou, 2001). Esto también se ha denominado “gobierno electrónico”, como una relación entre los ciudadanos y algún nivel de gobierno por medio del uso de tecnologías de la información (Cerbino y Richero, 2006).

Por lo tanto, en contextos de sociedad 4.0 (Scribano y Lisdero, 2019), las políticas sociales despliegan su accionar en el mundo digital/virtual a partir de tres modalidades: primero, el uso de internet en los mecanismos de la implementación (entrega de documentación, inscripción, verificación del cumplimiento de condicionalidades); segundo, las relaciones entre sus receptores a través de redes sociales y de blogs para comunicarse y compartir información; y tercero, la exposición en dichas redes de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones (Weinmann y Dettano, 2020).

Es en este marco que surge el tercer elemento en el año 2020 con la circulación del virus COVID-19 a nivel global. Esto llevó a que más de tres mil millones de personas debieran cumplir con variados regímenes de aislamiento social. La pandemia de COVID-19 se convierte en un evento que modifica la cotidianidad de nuestras vidas y las prácticas sociales a escala planetaria. Esta es una situación inédita: las ciudades, las escuelas, los templos, los locales comerciales, las fábricas, los bancos y los lugares de entretenimiento fueron cerrados temporalmente, sin ningún conocimiento respecto del comportamiento del virus. La incertidumbre se fue colocando como la emoción con mayor relación a la COVID-19 dado que la única certeza, fue y es, el alto nivel de contagiosidad. El “aislamiento” se presenta como el único modo de prevención: un método utilizado en otras pandemias como en la gripe española de 1918.

En Argentina, a efectos de no colapsar el sistema sanitario, el 20 de marzo del 2020 las autoridades nacionales establecieron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por medio del decreto 297/2020. Este último limita las posibilidades de movilidad y desplazamientos por rutas, vías y espacio público, y solo habilita realizar aquellas tareas determinadas como esenciales. Si bien en cada provincia se dieron situaciones diferentes con relación a sus niveles de contagio y su capacidad sanitaria, la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio conocido como “cuarentena” se mantuvo –con algunas aperturas– hasta el 7 de noviembre del 2020.

Una vez más, la pregunta con respecto a dónde llega la COVID-19 y en dónde se aplican estas medidas de aislamiento, adquiere sentido si se considera que la situación de la pobreza en Argentina viene en ascenso. A lo largo de los últimos cincuenta años pasó del 3 % al 32 % (Arakaki, 2011; De Sena, 2020). Esto muestra un promedio de alrededor de un 36 % desde la recuperación de la democracia (año 1983), donde un 25 % es estructural e intergeneracional según fuentes oficiales (Bravo, 2020). Esta situación se profundizó con la cuarentena y el cierre de actividades, más aún si se considera que el empleo informal ronda en torno al 35 % pre-pandemia y a raíz de la cuarentena dicho porcentaje aumenta según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2020a).

En el primer semestre del año 2020, el 41 % de las personas eran pobres y 10,5 % indigentes (INDEC, 2020a). Así, la restricción de actividades efecto de la cuarentena disminuyó las posibilidades de generación de ingresos, mayormente en las actividades de tipo informal. Esto limitó aún más los magros ingresos de la población, a lo que también debe sumarse la alta inflación de la economía argentina.¹ En este punto es importante tener en cuenta que las personas que son receptoras de un programa social de atención a la pobreza, en general, realizan este tipo de actividades informales con el objeto de mejorar sus ingresos, cuestión que retomaremos en el siguiente apartado.

En este contexto de aislamiento y de modo compulsivo, la mayoría de las actividades debieron ingresar a la virtualidad. Esto implicó un interrogante con respecto a los modos, los escenarios y las estrategias habitualmente utilizados para la reproducción de la vida. Además, esto puso en escena rápidamente la centralidad de las políticas sociales, en cuanto manera de contener, alivianar y subsanar las consecuencias del aislamiento en los sectores más rápidamente afectados, tal como lo indica el reporte de acciones estatales de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (2020).

El 23 de marzo, tres días después del inicio del ASPO, se publicaron en el boletín oficial una serie de medidas destinadas a acompañar a los sectores definidos como más perjudicados. Entre estas medidas se encuentra la implementación automática de bonos por una cuantía de tres mil pesos argentinos² a receptores/as de Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados y otros receptores de programas sociales.³ Así, además de reforzar los ingresos de los sectores previamente asistidos, rápidamente se decretó la aplicación de un bono denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se implementaría de manera virtual y beneficiaría a personas trabajadoras informales o monotributistas de las primeras categorías, y otorgaría una suma de diez mil⁴ pesos argentinos por única vez. En noviembre de 2020 hubo tres ediciones del IFE, el cual alcanzó a 8,9 millones de personas (ANSES, 2020a). Esto evidencia la situación de informalidad y desempleo aludida, que viene siendo objeto de diferentes –y superpuestas– intervenciones por parte del Estado.

De esta forma, el contexto de pandemia expuso sin rodeos las vulnerabilidades existentes desde hace décadas, donde ya se implementaban en el ámbito nacional argentino al menos veinte programas de atención a las diversas situaciones de pobreza (relacionados con actividades sociolaborales, cuestión alimentaria, capacitación, transferencias monetarias, entre otros) (De Sena, 2020). Entre ellos destacamos la AUH y AUE, que consiste en una transferencia monetaria⁵ destinada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años residentes en Argentina o discapacitados sin límites de edad, que sean argentinos nativos, naturalizados o con una residencia legal mínima de tres años, que no perciban otra asignación familiar y que formen parte de hogares cuyos padres/madres se encuentren desocupados, estén ocupados en el sector informal, en el servicio doméstico o perciban un salario menor al mínimo vital y móvil.

La medida fue creada en el año 2009 por medio del decreto 1602/09, la titularidad del programa es femenina y el monto se calcula por hijo. Para mayo de 2020, la política alcanzó a 4 367 629 de receptoras (es uno de los programas con mayor cantidad) y consiste en una transferencia en efectivo a través de una tarjeta magnética cuya periodicidad de pago es mensual (ANSES, 2020b). Lo expuesto con respecto a esta intervención justifica ampliamente la importancia de su observación y análisis en el contexto de cuarentena.

La sociedad 4.0, entre muchas otras cosas, ha transformado las capacidades de comunicar a través de texto, fotografías, videos y audios expresadas en términos de dispositivos móviles inteligentes. Su creciente uso también ha implicado el desarrollo de técnicas para registrar, retratar e interpretar el mundo (Scribano, 2017; Lansen y García, 2015). El punto de partida es la consideración de que, lo que sucede en el mundo virtual, en internet o en el denominado ciberespacio, no es una realidad “otra” o paralela: el mundo online y offline se cruzan y entrecruzan (Hine, 2004). De esta forma, “El aludido mundo digital/móvil es, en realidad, una simplificación de un conjunto de mundos de la vida que (superpuestos, instantáneos y simultáneos) constituyen las superficies de inscripción de nuestras sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades” (Scribano, 2017, p. 9), por lo que su abordaje es relevante para comprender los modos de estructuración de lo social y los contornos que adquiere la denominada cuestión social.

Asimismo, tal como lo hemos mencionado, las políticas sociales han conquistado el ciberespacio y es a través de la realización de etnografías virtuales en redes sociales de destinatarios de PTM, que nos hemos dado cuenta⁶ de que se constituyen como entornos que concentran cientos de miles de participantes e interacciones cotidianas (Hine, 2004; De Sena y Lisdero, 2015; Sordini, 2017; Weinmann, 2019; Faracce, 2019; Dettano y Cena, 2020). Por esta razón, no observar lo que allí sucede sería dejar de lado un espacio central de desenvolvimiento de las interacciones sociales y, en este caso, de las intervenciones por parte del Estado.

La situación de aislamiento no solo fue un elemento vertebrador de la cotidianidad que como investigadoras debíamos analizar, sino que nos obligaba a hacerlo desde la virtualidad. En dicho contexto se llevó a cabo una etnografía virtual en grupos de Facebook de destinatarias de AUH residentes en Argentina⁷ y se realizaron 54 entrevistas semi-estructuradas en la mencionada red social; con el objeto de describir las emociones asociadas a la recepción del programa, sus vivencialidades y las prácticas del consumo y endeudamiento.

El diseño de la investigación fue de tipo cualitativo. Este refiere a un modo de participar y adentrarse en los mundos de la vida del actor y de comprender los significados de la experiencia desde sus propias vivencias (Schutz, 2008), sin desconocer la intervención de quien investiga y observar la espiral autoreflexiva que puede provocar (Denzin y Lincoln, 2012). Ahora bien, el análisis de las emociones puede ubicarse a partir de las miradas en relación con el interaccionismo simbólico (Goffman, 1997, Vergara, 2014), en consonancia con la etnometodologia de Garfinkel (2006) en cuanto interacciones y prácticas de la vida cotidiana.

El análisis e interpretación de la información se desarrolla a partir del cruce entre el trabajo de campo y su procesamiento, para lo que se construye un texto con base al dialogo, que se transforma en un documento sobre la realidad social. De este modo, la dialéctica entre diseñar, preparar, indagar, analizar, rediseñar e interpretar es la mediación para la construcción de dicho documento en conexión con la teoría y la permanente vigilancia epistemológica (Scribano, 2008). Esto permite pasar de la “sistematización de la información a la imputación de sentido” (Scribano, 2016 p. 140). De este modo, la estrategia analítica general para el análisis de los modos de sentir refiere a: (a) inducción analítica; (b) teoría generativa; y (c) comparación constante (Scribano, 2016). En el siguiente punto avanzaremos respecto de algunos de los resultados obtenidos y se tomarán en cuenta algunos hallazgos de investigaciones anteriores.

En indagaciones previas hemos observado diferentes aspectos relacionados con los modos de sentir y vivenciar las intervenciones del Estado (Scribano, 2007), los sentidos que se arman y las emociones que se consolidan. En este punto, hemos observado cómo las politicas sociales son vivenciadas como ayudas (Scribano y De Sena, 2018); como ayudas que no alcanzan (De Sena y Dettano, 2020); la aparición del miedo y la incertidumbre en relación con la pérdida de estas (Cena, 2018; 2019); los modos de orientar los consumos y las emociones que dicha práctica suscita con relación a utilizar el dinero del programa (Dettano, 2020b; Faracce, 2019); en dirección a las diferentes intervenciones alimentarias (Sordini, 2020); el uso de créditos al consumo y diferentes prácticas de endeudamiento (Chahbenderian, 2017), entre otros. De esta forma, se muestra un volumen de producciones que han indagado sobre los modos de sentir, las sociabilidades y vivencialidades que se consolidan con relación a las intervenciones del Estado, bajo la forma de políticas sociales.

En este escrito se analizan las entrevistas virtuales realizadas al comienzo del ASPO durante los meses de abril y mayo, y se verá cómo aparecen aspectos ya abordados previamente, a los que se suman las emociones ligadas a la inestabilidad e incertidumbre causadas por el escenario descrito, y la imposibilidad de salir a trabajar, de realizar trámites, de colaborar con el comedor, etc. En otras palabras, el “quédate en casa” instalado como uno de los grandes consejos de prevención, significó una ruptura del orden cotidiano y con ello la emergencia de nuevas vivencialidades. A su vez, hemos podido observar en las narrativas de las receptoras de la AUH, distintas formas de desconfianza, con relación a la implementación del programa, la fiscalización y las penalidades implicadas en el incumplimiento de las condicionalidades, y a la utilización del dinero por parte del resto de destinatarias.

El recorrido realizado, habilita reflexiones y cuestionamientos acerca de las emociones, sentires y miradas que atraviesan las intervenciones del Estado, que aquí hemos conceptualizado como políticas sociales. Desde el diseño y los procesos de implementación, hasta las evaluaciones y las vivencias de los propios receptores, las políticas sociales, contienen sentidos y significados que proceden de la estructura social a la vez que contribuyen a configurarla, y aluden –tal como sostenía Adelantado, et al. (1998)– a distintas formas de recursividad. Son elementos que no solo contienen miradas de y sobre el mundo, sino que también incorporan las transformaciones del tiempo-espacio donde operan. De modo que masividad, digitalización y pandemia han sido elementos, no solo centrales en el ejercicio analítico propuesto, sino también –por la presencia en las redes sociales– la condición de posibilidad para poder observar en un contexto de aislamiento.

Desde el comienzo de la pandemia, las emociones han ocupado un lugar central en nuestras vidas cotidianas y han sido retomadas por los medios de comunicación, por las instituciones del Estado y sus funcionarios. Esto evidencia, pese a su naturalización y reducción a un aspecto subjetivo e individual, el lugar central que poseen en los entramados sociales.

En el análisis realizado, la desconfianza recorre de modo permanente las narraciones y las interacciones de las receptoras de programas de atención a la pobreza, no solo con relación a los procesos de implementación e instituciones involucradas, sino también a las miradas sobre otros receptores, quienes se vuelven el indicador del mal comportamiento, de lo incorrecto y del incumplimiento a la norma. La desconfianza también se presenta en el diseño de las intervenciones a partir de la existencia de controles y reaseguros (como las condicionalidades de las prestaciones), y nos permiten, al menos, reflexionar sobre cuáles son las hipótesis contenidas en los diseños de los programas sobre el comportamiento de la población receptora.

Por ello, lo dicho hasta aquí nos deja en la puerta de la ausencia del sentido de la confianza hacia el Estado, el programa y las otras receptoras del programa, en un estado de alerta permanente que dificulta pensar a futuro y con ello frente a un tejido social con hilos deshilachados: sobre esto queremos llamar la atención. En este sentido, este escrito persiguió observar las sociabilidades, vivencialidades y formas de sentir que se hicieron presentes al inicio del aislamiento. Todo condujo no solo a reflexionar sobre la incertidumbre e inestabilidad, sino también sobre las distintas formas de desconfianza que también estaban presentes antes de la pandemia, pero que ahora se vivencian entre el desasosiego de “no contesta” y el horizonte de la incertidumbre.

Si la confianza es necesaria para establecer, no solo lazos e interacciones, sino el pulso y orden de la vida social, la desconfianza se presenta como su opuesto en cuanto descreimiento e incerteza sobre el accionar ajeno. Si la confianza, arma y organiza, la desconfianza desarma y fragmenta: la confianza se relaciona con las expectativas regulares como modo de disminuir la incertidumbre del futuro; al contrario, la desconfianza dificulta el establecimiento de expectativas. En vista de lo mencionado, a partir de esta observación realizada en los primeros meses de aislamiento, quedan planteadas algunas preocupaciones con relación al par confianza/desconfianza y se reafirma el lugar central de las emociones en los procesos de estructuración social, en cuanto prácticas que transforman el mundo (Sartre, 1989).