Introducción

América Latina es una región que pasa por variados cambios económicos, sociales y políticos. Ha atravesado desde la segunda mitad de siglo XX un profundo proceso de modernización social, junto con la instauración generalizada —hecho inédito en la historia de la región— de la democracia de masas. Estas transformaciones han implicado nuevos desafíos y oportunidades para los actores, con el mantenimiento simultáneo de viejas —cuando no la emergencia de nuevas— desigualdades.

La modernización experimentada se ha expresado en diversas dimensiones del sistema social y económico: la expansión de la educación y el avance, así como la masificación de tecnologías de la información; el proceso de secularización cultural, relacionado con la constitución de organizaciones familiares diversas y el progresivo reconocimiento de identidades antes negadas o subvaloradas (Chackiel & Villa, 1992).

Al mismo tiempo estos procesos —aparentemente condiciones favorables para la constitución de derechos—, no suponen siempre un avance de procesos de ciudadanía, sino que refuerzan distribuciones desiguales o lisa y llanamente, el mantenimiento de desigualdades tradicionales. Así, la región, con la excepción de Honduras, se ha alfabetizado completamente, pero la educación lograda no ha funcionado certeramente como canal de inclusión e integración social. El Estado ha retrocedido en sus resultados sobre la calidad educativa dejando un vacío en la sociedad que ha sido llenado por una expansión de la educación privada, profundizando las brechas de oportunidades entre los diversos estratos.

También a nivel demográfico hay una transición, resultado del proceso de modernización, siendo la misma paulatinamente homogénea en la región, con una tendencia predominante de envejecimiento poblacional. Como veremos, la tercera edad latinoamericana —por el incremento sostenido de la esperanza de vida y la caída en los nacimientos— se vuelve cada vez más un dato poblacional contundente y rotundo, aunque con la paradójica situación que aunque tiene una franca fortaleza cuantitativa, cualitativamente y especialmente en términos de ciudadanía, reproduce situaciones de debilidad y desigualdad social, cultural y económica.

Datos socio-demográficos sobre la vejez en Latinoamérica

Los múltiples cruces transversales de la llamada “sociedad de envejecimiento” hacen observar que las transformaciones demográficas son al mismo tiempo, sociales y culturales, por lo que habría que hablar de forma más precisa de transformaciones o transiciones socio-culturales-demográficas. Un aspecto destacable de este proceso es su alta homogeneidad: con contadas excepciones todas las regiones del mundo participan del mismo (Lawhorn, Ennis & Lawhon, 1996; Leeson, 2009, 2013; Villa & Rivadeneira, 1999).

En América Latina se cuenta con diversos estudios que permiten indicar que hasta los años ochenta existían en el proceso de transición demográfica, algunas diferencias regionales, especialmente entre países como Argentina, Uruguay, Chile y otros de América Central y México (Leeson, 2011, 2014a, 2014b; United Nations, 2019). Los primeros estaban a la vanguardia en la transición demográfica con reducidos niveles de fecundidad y altos porcentajes en torno a la población de mayor edad. Especialmente se destacaba que la edad media al momento de la unión conyugal era ligeramente más tardía que la observada en el segundo grupo de países (Leeson, 2015).

La información más reciente confirma las tendencias de años anteriores, pero acentúa la paulatina disminución de las diferencias entre regiones. Asimismo se destaca que el matrimonio sigue siendo aún una alternativa válida en muchos países latinoamericanos. Correlativamente, la edad en que se accede al matrimonio es menor en comparación con países europeos. Sin embargo, daría la impresión de que estas diferencias serán cada vez menos significativas a medida que avance el siglo XXI, con lo que América Latina se asemejará cada vez más a Europa en las bajas tasas de reposición de nacimientos y alta tasa de capacidad de sobrevida (Celade, 2002).

De esta manera se observa un cambio en la llamada “pirámide poblacional” si tomamos el periodo que va de 1976 a proyecciones para el 2050, con una base poblacional cada vez menos ancha y un paulatino ensanchamiento de la parte superior de la misma (CEPAL, 2009a). Profundizando la manera en cómo estos cambios se están llevando actualmente en la región, es posible señalar que además del cambio demográfico reflejado en la estructura por edad de la población, habrá también una desaceleración en el crecimiento poblacional que se verificará aproximadamente en 2050. Simultáneamente, el crecimiento urbano se acelerará en detrimento de asentamientos rurales (Celade, 2018; Vargas, Alvarado & Atalah, 2013).

Se estima de esta manera que para el 2068, por primera vez, desde 1950 la población total de la región disminuirá de 794 a 793 millones de personas. En este sentido, se observa que en el 2014 en América Latina nacieron 2,1 hijos por mujer, número que apenas alcanza el nivel de fecundidad necesario para garantizar la sustitución de una generación por otra de igual tamaño. Este número seguirá bajando y para el periodo 2050-2055 se proyecta que en América Latina cada mujer tendrá 1,85 hijos, con lo que se interrumpirá indefectiblemente el llamado reemplazo generacional (Celade, 2018).

Por otro lado, el logro en políticas higiénicas y políticas de salud sostenidas implicarán que cada vez menos niños morirán dentro del primer año de edad, con lo que se verifica que en América Latina la tasa de mortalidad infantil disminuye progresivamente y es posible esperar que llegue a porcentajes ínfimos. Sin embargo, es necesario indicar que existen aún muchas diferencias entre países de la región. Cuba y Chile encabezan la lista. Haití, por el contrario, sigue manteniendo tasas muy elevadas de mortalidad infantil (Celade, 2013; Geib, 2012).

Seguirá aumentando la esperanza de vida y se incrementará el porcentaje de personas mayores. Se espera por ejemplo que para el 2050 Chile tendrá una esperanza de vida de 87.9 años. Para ese mismo año la población total de la región de 60 años o más, llegará al 25.4 % (Celade, 2013). Es necesario indicar que esta estructura poblacional genera la denominada “economía envejecida”, en el sentido que los recursos económicos demandados por la población adulta mayor excede en mucho la demandada por jóvenes y adultos. Sin embargo, no se trata de un panorama desolador ni mucho menos. América Latina goza aún de un bono demográfico y una ventana de oportunidad que le permite planificar a corto y mediano plazo políticas públicas que generen condiciones óptimas que ayuden a prevenir y compensar posibles desigualdades estructurales, como aumentar la oferta de trabajo, impulsar la productividad e incrementar el ahorro (Celade, 2013, 2018). De esta manera, se considera positivo para América Latina que la llamada relación de dependencia demográfica sea baja, pues ello significa que aún existe proporcionalmente menos personas que constituyen una carga que debe ser solventada por la población en edad activa.

Por último, es necesario destacar que para 2070 el gasto en salud en personas adultas mayores pasará del 30 % actual a un 53 %. Resulta patente entonces la necesidad de implementar estratégicamente políticas de salud coherentes con esta realidad, como atención ambulatoria, creación de capital humano en geriatría, inversión aquilatada en equipos médicos y recursos tecnológicos, políticas universitarias acordes con la formación de este capital profesional imprescindible (Celade, 2013).

Datos socio-demográficos sobre la vejez en México

La población en México experimentó importantes transformaciones a lo largo del siglo XX; una de las más significativas ha sido la llamada “transición demográfica”, producto del descenso de los índices de mortalidad, a partir de los años treinta, y de fecundidad, en los años setenta. Como resultado de los cambios acontecidos en estos y en otros patrones poblacionales, la población ha modificado su estructura por edad y la esperanza de vida aumentó, al igual que la cantidad relativa de adultos mayores ubicados en la cima de la estructura piramidal, al acrecentarse el número de personas con 65 y más años de edad. En términos sociodemográficos ello significa que México, al igual que el resto de Latinoamérica, dado su avanzado proceso de transición demográfica se encuentra en una evidente fase de envejecimiento (Conapo, 2013).

Los datos estadísticos intercensales para las décadas de 1990, 2000 y 2010 revelan que en México hay poco más de diez millones de adultos mayores (Conapo, 2017; Inegi, 2011). Desde de 1990 al 2010 el número de personas mayores de 65 años pasó de 3.7 millones a 7.7 millones, duplicándose el número de individuos en un periodo de treinta años (Inegi, 2011). La proporción de mujeres y hombres con sesenta años o más con respecto al total de la población en 1990 era de 6.6 % y 5.1 %, respectivamente; mientras que en 2030 se proyecta que la incidencia de mujeres y hombres con sesenta años o más con respecto al total de la población será de 15.6 % y 13.7 % (Sedesol, 2017).

De manera adicional, los datos poblacionales reflejan que la expectativa promedio de vida al nacer en México pasó de 49.7 años en 1950 a 74 años para el 2000; será de 75.34 años en 2017 y de 76.97 años en 2030 (Sedesol, 2017). Reflejando que el número de años promedio de vida de los mexicanos se amplió en 38 años en cinco décadas, lo cual es proporcional y demostrativo tanto del incremento del número de efectivos de adultos mayores, como del envejecimiento relativo a las sociedades avanzadas.

Las proyecciones de Conapo (2013), constatan que para el 2020 se mantiene la tendencia de envejecimiento, induciendo a que en unos cuantos años la población de adultos mayores alcanzará su tasa máxima de crecimiento (de 4.2 %) con 9.8 millones de individuos para dicho año y una participación de 12.1 % en el tamaño de la población. A partir de ese periodo, el ritmo de crecimiento demográfico comenzaría a disminuir, hasta alcanzar un crecimiento negativo (-1.58 %) en el 2050, cuando se prevé que habrá cerca de 34 millones de adultos de la tercera edad, que representarán más de la cuarta parte de la población total, con un 27.7 % del total de la población (Villagómez, 2009).

Un diagnóstico social y cultural preocupante para la tercera edad latinoamericana

En un lugar diametralmente opuesto a su relevancia poblacional y demográfica, todos los datos que se manejan acerca de la situación social y cultural de los adultos mayores latinoamericanos y mexicanos indican una despreocupación y una debilidad social con marcados tintes de violencia, desamparo y vulnerabilidad que no pueden dejar de llamar la atención (Abusleme & Caballero, 2014; Andrade et al., 2012; Carmona, Paredes & Pérez, 2017; García, Álvarez & De Man, 2012).

Por ejemplo, los niveles educativos de los adultos mayores son extremadamente deficitarios. Tanto es así que se estima que los adultos mayores que residen en áreas urbanas apenas han completado seis años de estudio, es decir, no más que el ciclo primario —4.6 años en Colombia y Paraguay, alrededor de 3 años en Venezuela, República Dominicana, Brasil, Honduras y El Salvador—. Solo en Uruguay, Argentina, Chile y Panamá los promedios superan este umbral (Lima-Costa et al., 2012; Villagómez, 2009). A este “analfabetismo” estructural se unen índices alarmantes de pobreza. Más de la mitad de los países latinoamericanos mantienen a sus adultos mayores urbanos en una línea de pobreza del 30 %. Este porcentaje se agudiza en las áreas rurales. Se constata que al menos en cuatro países este índice de pobreza urbana sube a 50 %. En Bolivia y Honduras este porcentaje sube increíblemente a 70 % (Gonzálvez, 2017; Senama, 2005, 2009; Ursine, Cordeiro & Moraes, 2011).

Esta pobreza estructural se conjuga con que menos de la mitad de adultos mayores urbanos recibe cobertura de protección social. Esta situación de extrema vulnerabilidad se agudiza nuevamente en las áreas rurales. En pocos países —Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay— la protección social alcanza a más del 50 % de los adultos mayores (Rodrigues & Neri, 2012). En contraste, en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela no alcanza ni el 25 % de la población de adultos mayores (Millán-León, 2010; Sedesol, 2017; Valenzuela, 2016; Villa & Rivadeneira, 1999).

Sumidos en el analfabetismo crónico, la pobreza estructural y la vulnerabilidad de protección social, estos adultos mayores urbanos se ven obligados a trabajar en situaciones precarias y desprotegidas. Sus salarios son más bajos que el promedio, sin que reciban prestaciones sociales. De esta manera se estima que más del 30 % de los adultos mayores latinoamericanos está inserto en el mercado de trabajo, remitiendo una vez más a un ciclo de pobreza y discriminación que se muestra perverso y extremadamente hostil (Alves, Leite & Machado, 2010; Sánchez, Samaniego & García, 2018; Villa & Rivadeneira 1999).

Al mismo tiempo, la especificidad de género es una característica importante de la precariedad del envejecimiento latinoamericano. La vida más prolongada de la mujer de la tercera edad la lleva a enfrentar mayores situaciones de viudez, soledad, desamparo u otros. La desigualdad de género se acentúa aún más en este grupo etareo, sufriendo situaciones de inequidad social, salarial y laboral, con poco o ninguna incidencia en la participación económica (Barbot, 1999). De allí, se destaca una relación estrecha entre altos niveles de pobreza y jefatura femenina del hogar. Para agravar la situación, este grupo de mujeres es más excluido que el de los hombres en torno a la seguridad social, manteniendo la dependencia hacia la figura masculina, sea de marido o de hijos (Arango & Peláez, 2012; Benítez, 2005).

Todo lo anterior implica la imposibilidad para el adulto mayor latinoamericano de mantener la independencia de un hogar autónomo. La inestabilidad económica recurrente hace que pasen a depender de hijos, nietos u otros miembros de la familia dentro de hogares muchas veces multigeneracionales. Se estima que en uno de cada cuatro hogares —urbanos— reside al menos una persona adulta mayor; por lo que se observa que en Latinoamérica y México la familia sigue siendo el principal dispositivo de resguardo del adulto mayor (Celade, 2013; Cepal 1997, 2000, 2009a). Pero el caso contrario también se verifica: familias que recurren a la pensión o jubilación del adulto mayor para su propia sobrevivencia (Cepal, 2002, 2017).

Finalmente cabe indicar que otro factor de vulnerabilidad es la fragilidad de las redes sociales y las organizaciones sociales de los adultos mayores latinoamericanos. Es pobre o casi nula la constitución de redes nacionales de organizaciones, clubes deportivos y sociales u otros de adultos mayores lo que dificulta la lucha por sus derechos civiles y ciudadanos (Caballero & Massad, 2013; Help-Age International 2000). Sin embargo, en países como Chile, Uruguay y Argentina la realidad parece ser más auspiciosa (Red Tiempos, 1999). Aunque se podría generalizar a toda Latinoamérica, los datos que arrojan los resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Inapam, 2010) indican que en el caso de México el 27.9 % de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 % describe que sus problemas principales son los económicos, 37.3 % apunta a la enfermedad como tema preocupante por la dificultad al acceso a servicios de salud y medicamentos y, el 25.9 % finalmente señala la falta de consideración a sus derechos laborales. A estos porcentajes habría que agregar la falta de política de vivienda, agotamiento de procesos de integración social y las miserables condiciones de retiro que no son garantizados por los sistemas actuales de previsión social (Barbosa et al., 2017; Cepal, 2000).

Estos datos se duplican en la mayoría de los países latinoamericanos. De allí que no se pueda sino ubicar a los adultos mayores como uno de los grupos más vulnerables de México y Latinoamérica (Atchley, 1977; Etxeberria, 2016; Peláez, 2004). De esta manera, la población de adultos mayores latinoamericanos sufre procesos de discriminación diversos, lo que los coloca en situaciones de precariedad y ante debilidades estructurales del Estado latinoamericano (Cepal, 2004; Congreso Nacional de Chile, 2016; Viveros, 2001). Por lo anterior, podría indicarse que a pesar de los datos contundentes manejados, la tercera edad y sus problemáticas aún permanecen pobremente reflejadas en la agenda de las políticas públicas (Guerra & Caldas, 2010; Moreno, Sánchez-García & Doubova, 2017).

Con los datos de los acápites precedentes queremos establecer la primera hipótesis central de este artículo: la situación inversamente proporcional entre una enorme y cada vez mayor fortaleza demográfica de los adultos mayores acompañada de la situación diametralmente opuesta de una privación de derechos sociales que los fragilizan en términos políticos y los colocan en categoría etárea y política de “sub-ciudadanía”.

El campo de las sub-ciudadanías en el adulto mayor latinoamericano

Esto supone poner de manifiesto la preeminencia en América Latina de realidades ambiguas con fuertes contradicciones entre normas jurídicas y situaciones sociales. A diferencia del caso inglés, donde la evolución de la ciudadanía siguió un recorrido “unitario” entre lo formal y lo sustantivo, en el sentido de que la realidad de los derechos —formales y sustantivos— es una sola; y donde los derechos —civiles, políticos y sociales— implicaron instituciones correspondientes —tribunales, parlamentos y agencias de salud— (Bendix, 1964) que son efectivas; en América Latina, la democratización y las ciudadanías no son unitarias, además suponen generalmente el reconocimiento formal de derechos, pero burlados sistemáticamente en la realidad (Russo, 2017).

De esta manera y en tanto emergente de situaciones sociales de desigualdad que se reproducen de forma mecánica, la tercera edad, pasa a ocupar un estatus de sub-ciudadanía en tanto no se le reconocen un conjunto de derechos, los que permanecen en el terreno formal, siendo al mismo tiempo personas excluidas del ejercicio efectivo de un conjunto de derechos. Es decir, se trata de un simulacro de ciudadanía donde se sub-ejercen derechos. Esta situación de ambigüedad es la base de lo que se denomina “sub-ciudadanías” (Russo, 2018a). En esta categoría de sub-ciudadanía ingresan los pobres que viven en los márgenes de la dignidad, las comunidades culturales despreciadas en su identidad, las mujeres violentadas o los “enfermos mentales”, entre otros grupos etareos, culturales o sociales (Russo, 2013).

La sub-ciudadanía es un tipo de ciudadanía que se podría decir que se desarrolla de modo incompleto. Por lo antedicho, la constitución de sub-ciudadanías parece ser un rasgo característico importante de los Estados de derecho en América Latina, y permiten comprender como, desde el advenimiento de la democracia en los años ochenta, los derechos se instauraron sin ningún tipo de resistencia —a diferencia de lo acontecido en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX— por parte de las elites tradicionales, debido a su carácter parcialmente formal (Russo, 2013).

La sub-ciudadanía se puede plantear de dos modos: porque se expanden derechos en un área y no en otras, por ejemplo, expansión de derechos políticos y restricción de derechos civiles. Pero además la sub-ciudadanía puede ocurrir porque el reconocimiento proviene de una sola parte, el Estado o la comunidad, y no de ambos. Esto se corresponde con ciudadanías parciales (Russo, 2013).

La tercera edad ha llegado a ser en este momento demográfico y poblacional un epítome de esta realidad. Por lo que se plantea la segunda hipótesis central de este trabajo: la tercera edad latinoamericana y mexicana es tanto un dato que refleja cambios en torno a lo inédito y la novedad, como un emergente de pretéritas y consuetudinarias desigualdades sociales y políticas en torno a la sub-ciudadanía.

La tercera edad latinoamericana y mexicana como dato que refleja cambios en torno a lo inédito y la novedad

Más allá y a pesar de situaciones de desigualdad social, cultural y política, cada vez más se va imponiendo una nueva concepción alrededor de lo que es, qué implica y qué consecuencias trae una nueva generación de la tercera edad. Frente a la misma surge una actitud de ruptura en relación a antiguos modelos de la tercera edad relacionados a situaciones de pérdida y déficit. Ni los estudios recientes al respecto ni la propia población de tercera edad acepta esos estereotipos por considerarlos inadecuados y poco expositores de nuevas formas de envejecer que conservan al mismo tiempo parámetros de actividad, resolución y búsqueda de nuevas oportunidades en la vida (Walter, 2006).

El “viejo-no viejo” de la tercera edad es un protagonista decidido de su vida, de sus relaciones, de su destino, manejando factores identitarios y sociales que lo ubican a su vez como eje central de los hechos políticos, culturales y sociales de su época (Butler, 1969; University of Canberra & Healthpact Research Centre for Health Promotion and Wellbeing, 2006). En este sentido, es que se afirma que en el siglo XXI emerge una revolución de la tercera edad (Leeson, 2014).

Los ya caducos esquemas donde el estudio de la vejez se centraba en discontinuidades y pérdidas son ahora reemplazados por un énfasis cada vez más pronunciado en situaciones de gestión, empoderamiento y búsqueda de nuevas oportunidades, desde un reclamo cada vez más sostenido, por parte de las nuevas formas de estos adultos mayores, de seguir participando y contribuyendo al tejido social (Atchley, 1977; Baltes, Dittmann-Kohli & Dixon, 1984; Rosow, 1963).

Algunos autores hablan de envejecimiento “exitoso”, donde insisten en que la capacidad productiva del adulto mayor es capaz de compensar el llamado envejecimiento biológico. Este enfoque (Baltes, Dittmann-Kohli & Dixon, 1984) es digno de ser tenido en cuenta, pero no advierte que no se trata aquí de “compensación” de déficits sino de la aparición de nuevos e inéditos procesos identitarios y sociales que no tienen parangón en la historia de la cultura occidental. Y que inclusive se podría comenzar a considerar que aparecen novedosas formas de envejecimiento que promueven activamente la capacidad política, vincular, familiar, amorosa y hasta cognitiva del sujeto de la tercera edad.

Sin duda, además de conservar y generar nuevas formas vinculares satisfactorias, el adulto mayor de hoy reclama que se lo siga considerando un ser productivo, capaz de mantener su autonomía e independencia personal. Pero la productividad en sí se relaciona a un proceso mucho más profundo y radical en el sentido de que esta nueva tercera edad produce y sostiene imágenes personales y sociales, que sí desde procesos psicosociales inéditos plantean nuevas formas de integración de lo biológico, lo emocional, lo social y lo cognitivo, lo que unido a las nuevas formas de correlación poblacional que hemos mencionado más arriba, señalan desafíos para las cuales no tenemos aún un sistema conceptual totalmente adecuado (Rosow, 1963).

Desde los factores mencionados nunca se insistirá lo suficiente en la capacidad de creatividad e innovación de esta nueva generación de adultos mayores (Klein, 2010). Simultáneamente, como ya se indicó, la importancia de las redes sociales es cada vez mayor y fundamental, desterrando la imagen del adulto mayor aislado en una plaza de la ciudad “tirando migas” a las palomas o internado en una casa de salud y señalando, por el contrario su capacidad de contribución con una alta dosis de comunicación y vinculación, así como con amigos y grupo de pares (Arias, 2013; Baltes, Dittmann-Kohli & Dixon, 1984).

De esta manera, aparecen los clubes de adultos mayores, junto con los grupos que realizan actividades turísticas, de baile, teatro, entre otros (Arias, 2013). Se entiende que estas actividades son fundamentales para la prevención y la promoción de la salud, que permiten gestar herramientas primordiales para las estrategias de calidad de vida, fortaleciendo y revalorizando a las personas de edad que las implica de manera protagónica en el logro de entornos favorables para que mejoren su calidad de vida.

Así es posible considerar cómo prácticas comunitarias y vinculares, que son decisivas, habilitan un sentimiento de renovada confianza, experimentación de la subjetividad y de reconocimiento del otro desde un lugar solidario (Czernikowski et al., 2003). Contribuye a habilitar un entorno social acogedor, que compensa aquel otro, que como decíamos es empobrecedor y carente. De esta manera, las nuevas posiciones políticas alientan nuevas posiciones identitarias y sociales y viceversa en una retroalimentación que empodera y es resiliente (Zukerfeld y Zonis Zukerfeld, 2003) y donde las situaciones de adversidad social dejan de ser catastróficas para dejar paso a oportunidades y opciones (Aulagnier, 1975). En este sentido, es posible afirmar que el conjunto restablece posibilidades de creatividad, pensamiento y de restauración de procesos identitarios que avizoran procesos emergentes de nuevo posicionamiento personal y comunitario (Klein, 2018a, 2018b; Puget & Kaës, 1991). Por todo lo anterior, es ya imposible indicar que los viejos-no viejos de hoy son continuidad de la llamada vejez de antaño. El campo de la ruptura que protagonizan estas nuevas generaciones de adultos mayores augura nuevos hitos de ciudadanía y de protagonismo social.

La cultura ciudadana del adulto mayor como rasgo de participación política creciente

Por lo anteriormente enunciado, no se puede desconocer que al menos a nivel urbano se van constituyendo cada vez más nuevas cohortes de población de tercera edad —focalizado especialmente en sectores de clase media y con educación— insertas exitosamente en el mercado de trabajo, con roles económicos relevantes en las familias y cada vez con mayor participación política, lo que contribuye a una capacidad de participación y defensa de derechos ciudadanos con un nuevo sentido de dignidad (Cepal, 2009b; Klein, 2015).

Dentro de esta cultura urbana de mayor participación, la actitud política de los adultos mayores no se puede desconocer. Los datos demográficos presentados junto a tendencias electorales —lo que está muy claro en el caso de México— parecen indicar que a muy breve plazo los adultos mayores serán un factor decisivo en las elecciones gubernamentales, lo que a su vez parece señalar que sería muy difícil que los gobiernos no tengan en cuenta a este grupo de población en sus agendas sociales y de gobernanza (Huenchuan, 2009; Nicodemo & Godoi, 2010; Parra-Rizo, 2017; Ramírez, Ortega & Martos, 2015).

Podemos suponer que estamos ante un avance de derechos políticos con desmedro de logros sociales; es decir, como ya indicamos, una variante de sub-ciudadanía. Sin embargo, los datos que se comienzan a perfilar nos obligan a ser cautelosos en tal sentido. Si consideramos que la ciudadanía puede definirse como una posición ^[1] —relacionada con la tutela de derechos adquiridos por la pertenencia jurídica a un territorio o comunidad—, y como un proceso político —mediante el cual se adquieren, conquistan o pierden derechos que contribuyen a una mayor dignidad—, relacionados ambos con procesos de adquisición, reconquista, y salvaguarda de derechos que dignifican (Russo, 2018b), creemos que estamos ante procesos de ciudadanía de la tercera edad novedosos.

Profundizando en el caso de México los datos indagados parecen ser contundentes. En las elecciones de 2012 el segmento de población con más alta participación fue el de 60 a 69 años con una participación de 73.84 %, 11.76 puntos por arriba de la media nacional, que fue del 62.08 % (IFE, 2012). En esa misma elección el grupo etareo de 50 a 59 años tuvo una participación de 72.24 % y el grupo etareo de 70 a 79 tuvo un 69.48 % de participación (Klein & Ávila-Eggleton, 2015).

Lo anterior indica claramente el peso electoral que va tomando, cada vez con mayor fuerza probablemente, la tercera edad. El que los adultos mayores sean los que más participan electoralmente implica una exigencia del reconocimiento de sus derechos de ciudadanía y la satisfacción de demandas concretas. Dentro de este reclamo es posible concebir que las políticas sociales que le atañen sean cada vez más robustecidas y permanentes, con lo que el Estado y la sociedad no podrán ya desconocer, ignorar o violar los derechos sociales y civiles que atañen a este grupo poblacional. Este ejercicio de derechos implica asimismo la apelación a la dignidad, por lo que la adquisición de derechos contribuye a la autonomía o agencia ciudadana, opuesta a los procesos con políticas públicas clientelares (Hakkert & Guzmán, 2004; Walker, 2006) o de sometimiento.

El adulto mayor pasa de ser un actor político desplazado a pleno actor y participante de la esfera política y social (Kymlicka & Wayne 1997). Aunque aún es difícil de concebir, se puede diseñar un escenario donde los adultos mayores se transformarán en un grupo de poder legitimado plenamente por el Estado. Un actor político impensable en otra época, capaz de hacer reconocer —ahora sí— sus intereses comunes (Mouffe, 1999). De una forma más clara aún: si las elecciones parecen hoy por ganarse por el llamado grupo de los indecisos, en un futuro de apenas algunas décadas, serán ganadas en función de lo que voten los adultos mayores. Su poder político y urbano se torna ya imposible de ignorar.

De esta manera postulamos la tercera hipótesis central de este trabajo: se ha iniciado en el grupo de la tercera edad, de forma irreversible y más allá de probables resistencias, el pleno pasaje de sub-ciudadanías con formato de hecho pero no de derecho, al pleno ejercicio de ciudadanía con capacidad decisoria, articulando un proceso de empoderamiento que se acentuará progresivamente.

Conclusiones

El concepto de sociedad de envejecimiento incluye un factor cuantitativo, en el sentido de un aumento progresivo y sostenido de la población adulta mayor. Pero cualitativamente hablando, y tal como hemos señalado, aún existe una disparidad importante entre este número creciente y la calidad de las realidades sociales y políticas que atañen a esta población. El bono demográfico por el que pasan actualmente los adultos mayores no es suficiente ni totalmente relevante para poder hablar de una plena y activa situación de valoración social, perfilada en derechos consagrados que sancionan una mejor calidad de vida para estos. Se sugiere por tanto, que para consolidar cualitativamente una “sociedad de envejecimiento” hay que cristalizar derechos de ciudadanía que no están garantizados “a priori” por los cambios demográficos y poblacionales, sino desde una plena actividad de empoderamiento del grupo de adultos mayores.

Seguramente aún hay un número importante de adultos mayores que viven en situación de sub-ciudadanía, en el sentido de la existencia de protocolos formales nacionales o internacionales o emanados de una legislación que contempla derechos, sin embargo, estos, en la práctica no se cumplen; situación que va cambiando paulatinamente.

Hay que indicar que salir de la situación de lo que denominamos sub-ciudadanía hacia la ciudadanía plena, es imposible si simultáneamente no se deconstruye la imagen del adulto mayor como decrépito, inestable y deficitario. Al ser aparentemente un sujeto tan desamparado y deficitario las políticas públicas justifican su intervención desde un lugar fuertemente asistencialista. El único destino posible para un sujeto sub-ciudadano e infantilizado es el de la custodia familiar o estatal a través de centros aparentemente especializados para tal fin. Si no tiene autonomía se debe tomar decisiones por él. Si no puede autosustentarse hay que proveerle de todo —aunque sea de forma mínima—. Con lo que pierde no solo condiciones de autonomía sino además de reivindicación y dignidad.

No obstante, daría la impresión de que progresivamente la intensa reelaboración que los adultos mayores están haciendo de su lugar generacional e identitario, unido a procesos resilientes y de empoderamiento, va volviendo cada vez más anacrónico el paradigma de desvalimiento que ubica o ubicaba a los adultos mayores en ese lugar de decrepitud y déficit social. Probablemente, mientras los adultos mayores aumentan esta capacidad de ciudadanización, se mantienen al mismo tiempo situaciones de violencia contra el mismo, generándose un vaivén paradojal entre situaciones de alta novedad y situaciones de repetición de desigualdades e injusticias consuetudinarias.

Los derechos de ciudadanía no solo se van reconociendo, sino que se van ganando y ejerciendo de forma paulatina pero firme y sostenida. De esta manera, lenta pero efectivamente, se van deslizando importantes prácticas de ciudadanía que implican la expansión efectiva de derechos de diverso tipo. Sin duda es un largo transitar lleno de novedad que se une a su vez a la conciencia que va adquiriendo este grupo etario de su capacidad de agenciamiento y resiliencia.

De forma irreversible, la tercera edad se torna cada vez más protagonista de primera línea de nuestras democracias, en una actitud cada vez más contundente y empoderada. Podría inclusive indicarse que las nuevas generaciones de adultos mayores, directa o indirectamente van profundizando no solo procesos de ciudadanía, sino además nuevos modelos de ciudadanía cuyas características escapan, sin embargo, a los límites de este artículo.