Las transiciones que ha vivido Colombia desde mediados de la década del 2000, han generado debates políticos y académicos sobre el pasado reciente. Las últimas décadas han estado marcadas por tensiones y discusiones que han cuestionado los sentidos que, como sociedad, damos al pasado y al futuro, las razones de la violencia, y lo que tenemos que hacer para que el conflicto armado no se repita. Esto ha movilizado discusiones profundas acerca de los “nuevos comienzos” que generan las transiciones políticas y los conceptos con los que imaginamos, describimos o pensamos la realidad.
¿Y la historia? Está allí, fuera. Entre la multitud.
Creo que en cada uno de nosotros hay un pedacito de historia. Uno posee media
página; otro, dos o tres. Juntos escribimos el libro del tiempo. Cada uno
cuenta a gritos su propia verdad. La pesadilla de los matices. Es preciso oírlo
todo y diluirse en todo, transformarse en todo esto. Y al mismo tiempo, no
perderse. Fundir el habla de la calle y de la literatura. La dificultad
adicional es que hablamos del pasado con el lenguaje de hoy. ¿Cómo se podrán transmitir
los sentimientos de entonces?
Las transiciones que ha vivido Colombia desde mediados de la década del 2000, han generado debates políticos y académicos sobre el pasado reciente. Las últimas décadas han estado marcadas por tensiones y discusiones que han cuestionado los sentidos que, como sociedad, damos al pasado y al futuro, las razones de la violencia, y lo que tenemos que hacer para que el conflicto armado no se repita. Esto ha movilizado discusiones profundas acerca de los “nuevos comienzos” que generan las transiciones políticas
En los años recientes se han expedido múltiples políticas institucionales sobre la construcción de memoria histórica y con visiones de la justicia transicional. Estas políticas han sido importantes para proponer cambios en el país, pero también han sido cuestionadas por su nivel de reconocimiento de la violencia sufrida, por el lugar que ocupan los olvidos intencionados y los procesos de negacionismo o revisionismo, y también por la centralidad o no que pueden tener las víctimas del conflicto armado, como sujetos de derechos. El camino recorrido en las últimas décadas muestra, como plantean Jaramillo y Delgado
El
recorrido del país por estas transiciones inició en 2005
Los debates sobre cómo se concebía el deber de memoria del Estado, cómo nombrar la violencia que ha vivido el país desde mediados del siglo XX, la legitimidad de la justicia y los aparatos en los que se amparaba esta ley
A diferencia de las memorias que buscaban ungirse en
lugares oficiales y que proponían una sola narrativa reiterada casi que a
manera de letanía, las iniciativas sociales se tomaban la esfera pública a
nivel local, y otras veces regional o nacional, desde su profunda diversidad y
tejían puntos de articulación propios (p. 56).
Posteriormente en el 2011, cuando se dio la confluencia de un gobierno con una posición política más cercana a los derechos de las víctimas con un movimiento de víctimas fortalecido en el país, se expidió la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta, además de cambiar la concepción del deber de memoria del Estado
La Ley 1448 abrió la posibilidad de establecer una posición política clara frente al pasado reciente en relación con el reconocimiento de la existencia del conflicto armado en el país y la centralidad en los derechos de las víctimas, lo cual se logró, en buena medida, por la presión e incidencia política del movimiento de víctimas y de derechos humanos. Allí se logró esclarecer qué entendía el país por categorías como víctimas y perpetradores, aún con todas las controversias
No obstante, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, ha sido el acontecimiento político más importante en la historia reciente del país: ha significado la desmovilización y reincorporación de una de las guerrillas más antiguas del mundo, y el fortalecimiento de la institucionalidad local, regional y nacional para la paz. Durante los diálogos de paz (2012-2016), las víctimas tuvieron un duro pulso para lograr su inclusión en la agenda de negociación. Esto provocó divisiones, tensiones y disputas, aunque también un punto de inflexión en el proceso cuando sus voces confrontaron las narrativas de los responsables de la violencia
A pesar de su importancia, la implementación del acuerdo ha sido complicada por las tensiones políticas que tienen lugar en el país. La elección de un presidente de derecha y en contra del acuerdo de paz ha incrementado las dificultades políticas, burocráticas y técnicas para la puesta en marcha de dicho acuerdo
Para varios sectores afines al proceso de paz y su implementación, lo que ha sucedido con el gobierno de Duque es el revés de los intentos de paz y una política negacionista sobre el pasado reciente. Para otros, la posibilidad de una política de este corte en el país no es posible, debido a la evidencia empírica del conflicto armado y a las negociaciones del partido de gobierno con otros actores, especialmente los paramilitares; estos sectores sugieren que lo que vivimos hoy en el país es más un intento por posicionar discursos revisionistas o fragmentados sobre lo sucedido, y en los que se prioriza la impunidad como respuesta. Lo cierto es que asistimos a batallas por la memoria que “son dinámicas y sus resultados dependen del acumulado de poder que alcancen sus gestores a través de sus prácticas en los territorios, las alianzas que tejan y las plataformas de resonancia que logren desencadenar”
Como funcionaria de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una de las entidades creadas tras la firma del acuerdo de paz para esclarecer lo sucedido en el conflicto armado, asistí a varias de estas disputas por la memoria. Esto me permitió comprender la idea de que la memoria es “un proceso individual y colectivo en el que múltiples actores se disputan la interpretación sobre los hechos del pasado y, en todo caso, como un proceso dinámico y en permanente construcción”
Este texto busca darles sentido a algunas de estas reflexiones y repensar algunos puntos que se han popularizado en los discursos sobre la memoria en Colombia. Siguiendo el epígrafe con el que iniciamos el texto, aunque estamos en medio de la producción de nuestras memorias y cada quien cuenta a gritos su propia verdad, es la pesadilla de los matices la que motiva esta reflexión, pues, aunque no quiero quitarle peso a las responsabilidades y efectos nocivos de los negacionismos, sí creo importante pensar desde qué lugares se producen y si, en efecto, pueden ser catalogados de esta manera. Más aún, creo importante no olvidar el derecho de las víctimas a no recordar, pues “el exceso de memoria podría provocar efectos paralizantes en la sociedad, mientras que un olvido estratégico cumpliría una función liberadora”
El investigador
Suárez
La memoria ha permitido a las víctimas del conflicto
armado en Colombia poner en la esfera pública su sufrimiento, sus daños y su
resistencia para interpelar a los victimarios, a la sociedad y al Estado,
rebelándose contra una guerra con la que nunca estuvieron conformes, por más
que su larga continuidad la haya instalado duraderamente en su cotidianidad (p.
29).
La producción de memorias a través de procesos institucionales y no institucionales ha logrado que nociones como
En efecto, hay una serie de preguntas que nos hemos hecho en el país alrededor de la producción de memorias, pero que vale la pena volver a pensar: “¿para qué recuperar el pasado cruento? […], ¿cómo procesarlo en el presente?, y ¿cómo diseñar unas políticas hacia el futuro que sirvan para evitar su repetición?”
En los últimos años hemos asistido a múltiples debates por la memoria que nos ponen de frente a estas preguntas y a los sentidos que queremos darle al pasado. Algunos de estos debates se han dado en medio de lo que aquí denomino escenas de olvidos, negacionismos y debates por la memoria en la transición colombiana. A continuación, me concentro en dos escenas. Las elegí pensando en momentos recientes que pueden ilustrar con más detalle el lugar de estos discursos en la transición y sus matices.
Como planteamos en la introducción, la puesta en marcha del acuerdo de paz en un gobierno de derecha ha generado una serie de desafíos técnicos y políticos para su implementación que han tenido un lugar en las disputas por la memoria y por el tipo de pasado que quiere recordarse.
Desde la implementación del Sistema Integral para la Paz
La Comisión de la Verdad ha recibido ataques directos a través de pronunciamientos y declaraciones. El presidente de esta, el sacerdote Francisco de Roux, así como los diez comisionados que conforman su plenario, han sido objeto de interpelaciones sobre sus capacidades técnicas para la misión asignada y sobre sus posiciones políticas. Al menos seis de ellos, incluyendo al padre Francisco, han sido tachados de
El presupuesto ha sido uno de los caminos usados para torpedear las acciones de esta entidad y, en general, del Sistema Integral. Uno de los funcionarios encargados de las finanzas de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, explicaba a propósito de la polémica desatada por el ex presidente Uribe Vélez que, en los años de funcionamiento de la Comisión, esta recibió treinta o cuarenta por ciento menos del presupuesto que solicitaron, lo que ha tenido efectos en los procesos y actividades misionales de la entidad (“El costo de la impunidad”: polémica por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, 2022). Así pues, aunque no se niega la posibilidad de trabajo de este mecanismo transicional, sus acciones sí se limitan al restarle capacidad de maniobra.
Pero, más allá del presupuesto y de las declaraciones que intentan deslegitimar esta entidad, el escenario más claro de la posible ola de negacionismo que vive el país es la disputa por el pasado con el nombramiento del director del CNMH. Con la renuncia de Gonzalo Sánchez, quien se desempeñó como director de esta entidad desde sus inicios, el CNMH se convirtió en el bastión del gobierno de Duque para hacerle frente a las acciones de la Comisión de la Verdad y para revisar lo que afirme su informe final.
Luego de proponer dos nombres de personas abiertamente contrarias al acuerdo de paz y cuestionadas por sus trayectorias académicas
El nombramiento de Acevedo puso de frente la importancia de la memoria para el proceso transicional y estableció claramente la disputa por esta. De acuerdo con Wills
Ahora bien, lo interesante del caso de Acevedo no está solamente en sus posiciones políticas previas al nombramiento como director del CNMH, sino en lo que ha acontecido con su dirección. Por un lado, el discurso contrario a la existencia de un conflicto armado en Colombia ha tenido que ser matizado por Acevedo y ajustado a lo jurídico. En varias entrevistas, el historiador afirmó que no puede ser juzgado por sus posiciones anteriores y que, como funcionario público, se ceñirá al papel que le endilga la ley. En sus palabras,
Para tranquilidad de las víctimas quiero aclarar que,
por filosofía, por estipulaciones de la función pública y por experiencia en mi
vida académica, no mezclaré ni afectaré la recolección de sus memorias con mis
opiniones personales. Como alto funcionario del Estado habré de respetar y de
garantizar la inviolabilidad de los testimonios, se traten de víctimas de los
grupos paramilitares, de los grupos guerrilleros o de agentes del Estado que
hayan abusado de la autoridad
Lo jurídico y la racionalidad burocrática han sido usados como argumentos para señalar que no importan las posiciones políticas a la hora de asumir el cargo. Lo paradójico es que, pese a sus declaraciones, el guion previamente construido para el Museo Nacional de la Memoria se vio alterado por las posiciones de Acevedo, quien retiró voces y transformó piezas, “argumentando en unos casos que las consideraba ‘panfletarias’; en otros, porque juzgaba las metáforas de cuerpo, agua y tierra como faltas de rigor; y censuró palabras que no encontraba adecuadas”
El caso de Acevedo tiene otra particularidad. Si bien el CNMH tiene como responsabilidad investigar lo ocurrido en el conflicto armado a través de la memoria histórica, el director decidió, para darle imparcialidad a su mandato, lanzar una convocatoria con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) para que sean los proyectos financiados los que se encarguen del proceso de investigación
El lanzamiento de la convocatoria pone otro acento en este caso: la búsqueda de neutralidad bajo la premisa del conocimiento científico. En varias declaraciones se argumentó que esto dotaría de neutralidad y legitimidad y que permitiría la democratización de la memoria. En una nota periodística publicada en el portal del CNMH, el director aseguró: “Le damos más legitimidad a los conocimientos en la medida en que en el esclarecimiento de los problemas nacionales intervengan grupos calificados por entidades respetables, que tienen autoridad en la materia”
La convocatoria tuvo varias polémicas porque se acusó al CNMH de estar tercerizando sus funciones. También se alegó que el llamado a la neutralidad científica era otra manera de deslegitimar los trabajos de la anterior dirección y de poner en duda sus hallazgos. Este llamado cuestiona las metodologías con las que se ha construido memoria histórica en el país e, incluso, vuelve a las discusiones que asumían a la memoria como un campo poco riguroso. Los centros académicos que trabajan en dicho campo han planteado reflexiones teóricas, políticas y éticas derivadas de todo este proceso.
Como cierre de este apartado, el último elemento que destacamos de los discursos de Acevedo son sus declaraciones acerca de que la memoria es plural y que esto puede justificar la inclusión de voces de sectores como la fuerza pública o gremios económicos como el ganadero, que tiene investigaciones abiertas por sus vínculos con grupos paramilitares y por la financiación de la guerra para favorecer el despojo. Al respecto, llama la atención cómo la idea de la pluralidad de las memorias implica un “todo vale” en su inclusión, pero advierte el peligro de repetir como un lugar común la idea de pluralidad.
Si bien la memoria colectiva debe catalogarse como plural
Si existe una memoria colectiva en la cual los
diferentes actores armados y civiles puedan reconocer su verdad, confrontada y
matizada con otras verdades, y donde los sujetos puedan verse como elementos
constitutivos de esa historia común (que se reitera, ya no será una historia de
héroes y villanos, de glorias y fracasos, sino de gentes corrientes atrapadas
en los laberintos de las guerras y las violencias endémicas), es posible que de
allí pueda surgir un discurso público que posibilite aquel ajuste de cuentas,
así como alguna forma de reparación y justicia para las víctimas (p. 19).
No se trata de asumir la pluralidad de las memorias como un repositorio de voces sin aparente intencionalidad política. Se trata de reconocerla como un proceso complejo, con efectos sociales, que puede impactar de múltiples modos a las víctimas y que, cuando se trata de la construcción de memorias ejemplares —necesarias para nuestras sociedades en transición—, siempre hay que reconocer un principio ético fundamental:
Si la puesta en escena del dolor y el sufrimiento
propios y la confrontación con el ajeno no tiene propósitos curativos, es
decir, si no tiene una orientación hacia el aprendizaje social para transformar
las condiciones que hicieron posible el drama político que golpeó a las
víctimas y envolvió a los victimarios, se pierde el carácter liberador de las
memorias biográficas puestas en público y las sociedades pueden quedar
encerradas en el laberinto de los espejos. Un laberinto donde la víctima de
ayer es el victimario de hoy, en una cadena semejante a la de la serpiente
urubouros que siempre se muerde la cola hasta su total aniquilación
El actual proceso transicional y las instituciones creadas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, han puesto en circulación varias narrativas sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. Las voces de las víctimas han vuelto a la escena pública para contar su dolor, pero también para exigir y reclamar sus derechos. También han emergido las memorias de los responsables de la violencia, de los victimarios, quienes han contado versiones de lo sucedido y han abierto nuevas preguntas y debates sobre el conflicto armado.
Correal
Mario Montoya, general retirado del Ejército colombiano y comandante de este entre el 2002 y el 2008, se acogió a la JEP para, desde allí, tener su proceso judicial. El 13 de febrero de 2020, afirmó lo siguiente en una audiencia,
Me duele decirlo, pero los muchachos que van al
Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato 2 ni 3 ni 4. Nos
toca, voy a hablar con el corazón aquí como comandante, nos toca enseñarles a
ver cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, esa es la calidad.
Esta afirmación, junto a otras en las que se asociaba la victimización a la pobreza de los soldados, dio la vuelta al país. Hubo indignación en las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, pero también entre soldados que asumieron su responsabilidad ante la JEP y la Comisión de la Verdad. El general no reconoció su responsabilidad en estos hechos, a pesar de que el 78 por ciento de las 6.402 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales según la JEP se cometió bajo su comandancia, lo que muestra la sistematicidad de la victimización. Según Montoya, él exigió “resultados operacionales, operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar, ni que me enteré que habían matado”
Las respuestas de Montoya coinciden con lo que Bieńczyk-Missala señala como causas del negacionismo. Para ella, estos discursos buscan evadir la responsabilidad y se basan en circunstancias externas para justificar sus crímenes al hablar de “la realidad de la guerra, razones de seguridad y la necesidad de defender la soberanía”
Desconocer, socavar o minimizar los hechos equivale a
faltar a la verdad y hace prácticamente imposible la reconciliación, prolonga
la victimización y crea una sensación de peligro. Tolerar o justificar los
actos criminales aumenta la probabilidad de que estos actos vuelvan a
repetirse, ya sea sobre el mismo grupo de víctimas o sobre cualquier otro grupo
minoritario, o sobre los autores, como acto de venganza.
Otras escenas polémicas han sido las voces de algunos ex combatientes de las FARC sobre el secuestro. Sus declaraciones no niegan la existencia de la violencia, pero sí la minimizan. Basándose en la idea de tener prisioneros de guerra, en muchas declaraciones públicas y privadas se negaban a utilizar la noción de secuestro, pues no reconocían haber cometido tal crimen. La preparación de encuentros por la verdad sobre el secuestro de personas y el reconocimiento público de estos hechos implicó para funcionarios y funcionarias de la Comisión de la Verdad tener un proceso lento, cuidadoso y paciente que ayudara a que los ex combatientes no revictimizaran a las víctimas y aportaran conscientemente a los procesos de esclarecimiento de la verdad y, eventualmente, de reconciliación.
En uno de los autos sobre el caso 001 relativo a los secuestros, la JEP nombró el caso como
La Sala de Reconocimiento [de la JEP] determinó la
existencia de un patrón de malos tratos en los cautiverios en todos los bloques
de las FARC-EP, que se manifiesta en hechos repetidos en la mayoría de las
narraciones de los informes y de las víctimas acreditadas. Se trata de
encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; marchas forzadas
sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y
psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la
intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser
observadas por guerrilleros armados; la existencia de campamentos donde los
encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta
de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando
podían brindarla; comida insuficiente y en mal estado.
A pesar de que las FARC reconocieron su responsabilidad en estos hechos, otras voces han hecho uso de formas de minimización de la violencia. Dentro de estas estuvo la del ex canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien planteó que los secuestrados no realizaron trabajos forzados en cautiverio, sino que “pidieron trabajar”. Por su parte, Sandra Ramírez, ex combatiente y hoy senadora de la república por el partido Comunes, dijo que los secuestrados “tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo”
Aunque los ex combatientes se retractaron, la revictimización a la que sometieron a las víctimas fue sancionada por distintos sectores sociales, y hace parte de los riesgos en los procesos transicionales. De acuerdo con Correal
El propósito de no olvidar es poner los recuerdos, los relatos y las historias al servicio del presente y del futuro; pero la intención ejemplarizante de la historia colectiva o de las memorias ejemplares, como las llama Todorov, implica un largo recorrido, procesos difíciles y llenos de peligros, y demanda una voluntad consensual respaldada por el estado para que pueda llevarse a cabo.
Ahora bien, apelando a la pesadilla de los matices, hay una pregunta que se genera en esta escena. ¿Qué sucede cuando hay memorias que no se reconocen? Especialmente, ¿qué podemos decir acerca de las voces de los responsables que no se consideran verdad?
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, víctimas organizadas no aceptan voces distintas a las de Mario Montoya o las de los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Para estos sectores, mientras que los altos mandos no reconozcan sus responsabilidades, otras voces de rangos menores no deberían tenerse en cuenta. Esto ha llevado a cuestionar la metodología de “abajo hacia arriba” en el caso 003 de la JEP, que prioriza las voces de los cientos de rangos medios que han confesado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales para ir escalando y responder la pregunta “¿quién dio la orden?
En el caso de las FARC, aunque ha habido reconocimiento de las responsabilidades por parte del secretariado y de comandantes medios, para algunos sectores sociales y de víctimas esto no es suficiente. Debería haber, para algunos, castigos de corte punitivo, y para otros, una mayor conmoción por parte de los responsables de la violencia. En el encuentro por la verdad del secuestro Verdades que liberen, organizado por la Comisión de la Verdad, Ingrid Betancourt, una de las víctimas de secuestro más reconocidas en el mundo, interpeló a las FARC y propuso lo siguiente:
[…] mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras que ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros, estaremos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió. Volver a ser humanos es llorar juntos, algún día tendremos que llorar juntos.
Aunque las palabras de Betancourt son profundas y su reclamo legítimo y válido, también ponen una pregunta respecto a si, en efecto, esto es lo que es necesario para comprender lo sucedido o para vivir juntos. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales vale la pena considerar si ese reclamo de las víctimas invalida otro tipo de memorias que circulan más allá del primer puesto en la cadena de mando. En ambos casos estamos ante una pregunta respecto a qué hacer cuando las voces de los victimarios no satisfacen los reclamos de verdad.
Una voz que puede dar pistas es la de la politóloga Payne
Las confesiones de los perpetradores inquietan a
quienes oyen, a veces por primera vez, detalles perturbadores y espeluznantes
de la violencia del pasado. Ellos alteran o rompen el silencio impuesto por
fuerzas dentro de sociedades democráticas que desean cerrar el capítulo sobre
ese tema. Estas confesiones, sin embargo, no necesariamente revelan verdades
sobre el pasado. Son meramente relatos, explicaciones y justificaciones de
comportamientos desviados, o versiones personales del pasado.
En ese sentido, el reconocimiento de las verdades o la circulación de las narrativas de los excombatientes, no siempre genera un efecto reconciliador en las sociedades. Al contrario, pueden polarizarlas aún más. Sin embargo, esto no es necesariamente malo, según Payne. Para ella, la coexistencia contenciosa de memorias se refiere a que:
Las pugnas sobre el pasado no desaparecen; permanecen
perturbadoras y sin resolverse. Sin embargo, grupos contendientes aprenden a
vivir juntos —a coexistir— con sus diferencias irreconciliables en democracias
imperfectas. Estos aprenden, a través de la práctica, a utilizar los recursos
políticos de expresión para negociar los términos de la democracia. Víctimas y
sobrevivientes utilizan las confesiones para avanzar en sus metas particulares
hacia la democracia, venciendo frecuentemente grandes obstáculos, incluyendo
conflictos internos, en el proceso. Ellos son un argumento a favor de la
coexistencia contenciosa como un modelo democrático.
En una visita de la Comisión de la Verdad al corregimiento Encarnación en el municipio de Urrao, Antioquia, un campesino se negó a conversar con la entidad. Argumentó que lo dicho estaba dicho, que no había que devolverse en las palabras y que solo estaba esperando una reparación coherente con sus victimizaciones. En Guarne, Antioquia, una mujer familiar de una persona desaparecida forzadamente decidió no dar su relato a la Comisión de la Verdad porque no quería exponerse a posibles riesgos en una transición que, para ella, no está completa por las amenazas de las disidencias de las FARC y la permanencia de estructuras como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En Medellín, una víctima de desplazamiento forzado, se acercó a la Comisión de la Verdad y, temerosa, dio su relato, no sin antes manifestar que lo hacía por una responsabilidad con el país y su colectivo de víctimas, pero que si por ella fuera, guardaría silencio.
Aunque la Comisión de la Verdad en Colombia ha escuchado más de 27.000 voces, y en Antioquia hubo una voluntad muy grande de las víctimas a contribuir con sus relatos, también hubo lugar para los silencios y para los olvidos voluntarios. Esto coincide con la propuesta de Suárez
[…] seres humanos que no escapan a las influencias, a
las oportunidades y a las limitaciones de los contextos sociales de los que
hacen parte, ni de los imperativos del presente, lo que implica que sus
memorias históricamente situadas deben convivir y tramitar con dilemas y
contradicciones permanentemente. (p. 30)
Si bien en estos silencios no hay una posición negacionista, revisionista o justificatoria del conflicto armado, conecto ambos escenarios porque en tiempos donde la memoria parece ser una obligación, los derechos a olvidar o a no decir aquello que sucedió también corren riesgo. El olvido, como lo señala Jelin
Los debates sobre negacionismos y revisionismos en Colombia, motivados en buena medida por las disputas políticas sobre qué versión quedará del pasado reciente, y por la circulación de memorias de víctimas, responsables y testigos, deben volver a la pregunta sobre
[…] nos habla desde un mundo en el que, pese a la
emergencia necesaria del recuerdo, también deviene una especie de tendencia a
“violar brutalmente lo que la memoria puede conservar”, especialmente por la
mentira deliberada, por la deformación de fuentes y archivos, por la invención
de pasados recompuestos y míticos al servicio de ciertos poderes. Es un llamado
a que no pasemos por entero todo “discurso sobre la memoria” (p. 131).
La transición colombiana está atravesada por discursos que obligan a la memoria, otros que la tergiversan, otros que la niegan y otros que la reducen, la fragmentan o la minimizan. Al respecto, y siguiendo los argumentos sobre el olvido voluntario con las que abrimos este apartado, es importante preguntarnos por el sentido de nuestra producción de memorias, para qué queremos narrativas sobre el pasado y cómo promovemos nuevos sentidos comunes sobre el pasado reciente que se enfoquen en memorias para la construcción de paz y no en narrativas para la producción de la guerra.
Una versión preliminar de este artículo se presentó como ponencia en el XIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria: memorias y derechos humanos, realizado en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, entre el 27 y el 30 de abril de 2022. Agradezco a Juan David López Morales por la revisión hecha a este texto.
Una versión preliminar de este artículo se presentó como ponencia en el XIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria: memorias y derechos humanos, realizado en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, entre el 27 y el 30 de abril de 2022. Agradezco a Juan David López Morales por la revisión hecha a este texto.
Magister en Ciencia Política y Antropóloga por la Universidad de Antioquia, Colombia. Profesora del Instituto de Estudios Políticos de la misma Universidad e integrante del grupo de investigación “Hegemonía, Guerras y Conflicto”, el cual financió parte de esta presentación a través de la estrategia de sostenibilidad 2020-2021. Correo electrónico: irene.piedrahita@udea.edu.co https://orcid.org/0000-0002-0180-898X
Por nuevos comienzos nos referimos a la propuesta teórica de Anders y Zenkers (2015) en la que se propone que las transiciones pueden generar nuevos comienzos para la imaginación política. Esto no implica una literalidad en la expresión, sino una percepción de que en las sociedades van generándose cambios importantes para materializar el paso de la guerra a la paz.
Si bien este artículo fue producido antes de la actual transición derivada de la negociación de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC, consideramos que la afirmación de los autores sigue teniendo relevancia para explicar los dilemas del proceso transicional colombiano.
Aunque en Colombia hubo procesos de paz desde finales de la década de 1980, lo que ha sucedido desde el 2005 en adelante ha estado direccionado por los modelos de justicia transicional internacionales. Así mismo, los procesos más recientes han tenido en el centro procesos y políticas de la memoria (Wills, 2022).
Por ejemplo, uno de los discursos más reiterativos es la justificación de que el paramilitarismo emergió en el país por una necesidad de autodefensa ante las acciones de las guerrillas. Esto, aunque tiene algo de cierto, es un relato incompleto de lo que ha sucedido en el conflicto armado.
Particularmente, los tribunales de Justicia y Paz han tenido varias interpelaciones por la lentitud de los procesos judiciales y las pocas estrategias de difusión de sus postulados, así como por la centralidad de los relatos heroicos de los excombatientes. Por su parte, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también fueron cuestionados por la ambigüedad frente al esclarecimiento de las responsabilidades de agentes del Estado y por las limitaciones burocráticas y técnicas (Comisión Colombiana de Juristas, 2007). Sin embargo, el GMH logró cierta independencia y posicionar su trabajo aun en medio del conflicto armado (Riaño y Uribe, 2017).
Mientras que en la Ley 975 de 2005 el deber de memoria del Estado se entendía como que este debía producir memorias asociadas a lo sucedido en el marco del conflicto armado, en la Ley 1448 de 2011 se estableció que el rol del Estado debía garantizar la producción de memorias desde distintos sectores plurales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reemplazó al Grupo de Memoria Histórica, pero en esencia, siguió teniendo la misma estructura y metodología.
La publicación derivada fue el informe
¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad (GMH, 2013). También han surgido otras
piezas pedagógicas y audiovisuales como el documental
Por ejemplo, la ley establece que son sujetos de reparación administrativa aquellas víctimas que sufrieron la violencia posterior al 1º de enero de 1985. Esto trajo incomodidades en diferentes sectores. Además, vale decir que esto no es una discusión cerrada. Las últimas elecciones para senado y congreso, celebradas el 13 de marzo de 2022, pusieron nuevamente un debate en torno a quién puede considerarse víctima, pues Jorge Tovar, hijo del paramilitar alias Jorge 40, fue elegido como congresista en una de las curules especiales para las víctimas (Jorge Tovar, hijo de Jorge 40: el nuevo representante de las víctimas en el césar, 2022).
Hablamos de un incremento porque, incluso con un gobierno favorable al acuerdo de paz, la implementación iba a significar desafíos para el Estado y para la sociedad.
Antes conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Compuesto por la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
Ver, por ejemplo, este video de la revista Semana en donde se ponen en entredicho a los y las comisionadas (Revista Semana, 2020).
Los dos nombres fueron Mario Javier Pacheco, quien, según el portal Verdad Abierta, “había señalado que el CNMH era una ‘estructura infiltrada por la guerrilla’”, y Vicente Torrijos, a quien se le demostró que había mentido sobre su título de doctorado (Nuevo director fractura confianza hacia el Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).
“En la práctica, las posturas,
comunicaciones y actuaciones del director General y del director Administrativo
siguiendo sus instrucciones,
La convocatoria se llamó “Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente del conflicto”, y financió 17 proyectos de distintos lugares del país.
Especial caso 001, disponible en:
Esto lo dice en el documental