La planeación participativa “pretende conferir a la ciudadanía organizada la posibilidad de definir los proyectos de desarrollo local que ha de ejecutar la administración municipal” (Velázquez & González, 2003, p. 281). Samuel Huntington (1994) denominó la tercera ola de la democracia en América Latina a aquella transición hacia la democratización que vivió la región a finales del siglo XX, luego de regímenes dictatoriales establecidos en la mayor parte del continente. Colombia para la segunda mitad de este siglo estuvo sin la suficiente intervención ciudadana en el sistema político. Este hecho motivó el proceso de consolidación de la Constitución Política de 1991 donde se introdujeron elementos de la planeación participativa en sinergia con los propios de la democracia representativa (Marcedo, 2011, p. 139). La Constitución Política de 1991 incluyó en su título IV, capítulo I, las formas de participación democrática incorporando los mecanismos de participación ciudadana. De esta generación de introducción de mecanismos devienen los presupuestos participativos, ya que como se verá más adelante, los cabildos abiertos, consolidados para el país en la ciudad de Pasto (Nariño, Colombia), muestran un caso representativo de la evolución de estos cabildos a través de la materialización de los presupuestos participativos a nivel territorial.

La Constitución Política, en el artículo 347 sobre los gastos de Estado y su respectiva materialización en el decreto 111 de 1996 con relación al componente llamado gasto social del presupuesto de la nación contempla las necesidades básicas insatisfechas de la población en un contexto local ^[1] (Constitución Política de Colombia, 1991). El Presupuesto Participativo tiene relación con el presupuesto de la nación, pues su común denominador es la priorización de necesidades y recursos para la estructuración de presupuestos. En este sentido, la Constitución en su artículo 340 habilitó la participación ciudadana mediante la creación Concejo Nacional de Planeación donde concurren representantes gubernamentales y ciudadanos. Es pertinente aclarar que el mencionado Concejo tiene un carácter consultivo con relación a las decisiones entre el nivel local —gobernaciones y alcaldías— y el nivel nacional —Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda—.

Finalmente, durante el período gubernamental 2010-2018 de Juan Manuel Santos se desarrolló el Portal de Transparencia Económica del Estado Colombiano, el cual tiene por objetivo explicar de manera didáctica el gasto público a la ciudadanía, implementado en el plan de desarrollo del cuatrienio presidencial.

La Ley 388 de 1997 en relación con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en su artículo 4, determina que la participación democrática es un ejercicio que debe estar presente en todas las actividades de las administraciones municipales y distritales, en la que se consideren “los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. […] tendrá como objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores […]” (Ley 388 de 1997, artículo 4).

La ley estatutaria 1757 de 2015 define los requisitos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. De igual forma se concretan las formas por las cuales la ciudadanía participa mediante las figuras del cabildo abierto, la revocatoria del mandato, el referendo y la rendición de cuentas del nivel ejecutivo entre otros mecanismos. En virtud de lo anterior, la presente Ley crea un Concejo Nacional de la Participación Ciudadana el cual tiene un carácter consultivo pues su función es asesorar al Presidente de la República en temas relacionados con la democracia participativa. Sin embargo, es importante destacar la facultad que le otorga la Ley a las entidades del orden regional, municipal, local y Distrital para la realización de presupuestos participativos con recursos provenientes de los ingresos del Departamento, municipio o Distrito.

Guardando coherencia con el espíritu de la Ley 1757, el Ministerio del Interior (2016) desarrolló unos lineamientos específicos para la realización de los presupuestos participativos. Sin embargo, el mencionado documento no define los criterios socioeconómicos, ambientales o presupuestales para la identificación de proyectos de presupuesto participativo, ni tampoco delimita las condiciones que garantizan una participación ciudadana efectiva; es decir donde los ciudadanos puedan priorizar e intervenir proyectos acordes con un diagnóstico territorial.

El sistema político colombiano es dependiente del nivel ejecutivo para promover la participación ciudadana aun cuando la voluntad política debería estar fundamentada en la participación según la Ley 136 de 1994, en su artículo 3 y modificadas por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012: “promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”. Para el caso de Bogotá la participación ciudadana depende en gran medida del alcalde, debido a que el artículo 12 del Decreto 448 de 2007 nombra a la Secretaría de Gobierno como ente rector de la participación ciudadana, lo que coloca la participación ciudadana de antemano en un ambiente de desigualdad de poder en relación con el régimen unitario del Distrito. La anterior tesis la respalda Velásquez (2003) al anotar esta situación en Bogotá en su capítulo denominado “fractura entre participación ciudadana y representación política”, en la cual destaca que el principal problema con los diferentes escenarios de participación es la priorización de proyectos, generando tensiones y desconfianza en los participantes de dichos escenarios. Por lo tanto, se requiere garantizar en primera instancia una independencia en la promoción de la participación ciudadana, de tal forma que esta no dependa de los cambios políticos del corto plazo y permita abordar fenómenos estructurales como la creación de espacios de confianza con la ciudadanía, desarrollo de propuestas alineadas con las necesidades socioeconómicas y fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el desarrollo de presupuestos participativos.

El capital social es entendido como el proceso de generación de vínculos entre los individuos en aras de conseguir un bienestar común mediante la conformación de organizaciones lucrativas, organizaciones civiles (ONG) y vínculos informales generados mediante la confianza entre dichos individuos. El anterior concepto tuvo un importante aporte por parte de Putnam (2001) en su obra denominada: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. El autor expone como el incremento del ingreso per cápita excedió en una reducción del sentido comunitario de los Estados Unidos entre el período 1950-1980. En consecuencia, los ciudadanos se convirtieron en habitantes enajenados —por las labores productivas— de los escenarios de afianzamiento de la confianza con la comunidad circundante como vecinos y amigos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de manera formal el capital social es definido como: “Redes con normas, valores y saberes compartidos que facilitan la cooperación dentro o entre grupos” (OCDE, 2014, p. 103). En este sentido, los presupuestos participativos al ser un fenómeno propio de la participación no sólo se enfocan en la existencia de una presentación de demandas por parte de la ciudadanía y su consecuente financiación, sino en la promoción de aquellos vínculos asociativos donde se generen organizaciones ciudadanas capaces ^[2] y dispuestas a participar activamente del proceso participativo.

La Encuesta Multipropósito para Bogotá en 2017 muestra que el capital social en Bogotá sufre la falta de asociación entre ciudadanos con el ánimo de incidir en política. Lo anterior tiene su fundamento en la variable denominada: “Distribución de la participación en personas de 10 años o más en organizaciones sociales para el período 2014-2017”. Se muestra que el 87 % de la población no participa en ningún tipo de organización social y el 57 % de las organizaciones sociales son organizaciones religiosas, mientras que el 19 % son organizaciones que promueven el deporte (DANE & Secretaría Distrital de Planeación, 2017, p. 236).

La pobreza es un condicionante de la participación en términos generales, priva al individuo de hacer parte del proceso de formación del capital social en la medida que niega el acceso de ciertos recursos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía y por ende limita su capacidad de integrarse a la comunidad. Tales recursos son de diversa índole y van desde la credibilidad en las personas, la pertenencia a organizaciones y la capacidad económica de adquisición (Townsend, 1979). De manera complementaria, el trabajo de Ferragina, Tomlinson y Walker (2013) midió cuantitativamente ^[3] la participación como un fenómeno explicado por tres variables significativas a nivel estadístico: privación —cobertura de las necesidades básicas—, participación social y confianza. La primera variable —privación— está compuesta por el aspecto financiero de los hogares —ingresos, ahorros y deudas—, el alojamiento y calidad de vivienda. De manera agregada dicho aspecto económico tiene una correlación o influencia lo suficientemente significativa (0.98) con la privación y está a su vez de 0.54 con la variable principal: la participación (ver tabla 1); corroborando la tesis sobre la incidencia positiva del aspecto económico sobre la participación.

John Sudarsky (2001) calculó el capital social y para Bogotá, encontró que el indicador de capital social era de -0.54, el cual es bajo con respecto a otros departamentos como Amazonas, Chocó, Cesar y Bolívar, con un puntaje de 1.57, 1.33 y 1.26 respectivamente. Este indicador fue calculado operando variables como activismo político, confianza en medios, solidaridad y habilidades políticas, donde al operar el puntaje de estos valores se obtiene el del “K-social”, término que hace referencia al capital social. En consecuencia, Bogotá cuenta a nivel histórico con niveles regulares o inferiores de estas variables, así se rescata la necesidad de impulsar el capital social dentro de la promoción de la participación ciudadana.

Tabla 1 Tabla 1 Variables influyentes en la participación: factor, sub-factor y aspecto Fuente: elaboración propia con base en Ferragina, Tomlinson y Walker (2013, p. 10).

Funcionarios que generen confianza en la comunidad debido a su capacidad de gestión y técnica para soportar los procesos de participación en dos vías: fungiendo como orientadores del diálogo y como catalizadores de proyectores comunitarios viables jurídica, económica y socialmente. Según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (2017), la ciudadanía considera que las instituciones que más están realizando acciones por mejorar su calidad de vida son la Alcaldía (28 %), la Policía (22 %) y las Juntas de Acción Comunal (JAL) (18 %), mientras que en último lugar se encuentran Gobierno Nacional (9 %), Gobernación (6 %) y Concejo (5 %) (2017, p. 91). En cuanto a la percepción de corrupción, el 51 % de la ciudadanía considera que esta ha aumentado durante el último año, el 14 % afirma que ha disminuido, mientras que el 35 % afirma que esta sigue igual (Bogotá Cómo Vamos, 2017, p. 96). Además, encontraron que el 84 % de la población encuestada percibe como desfavorable el gobierno del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Lo anterior muestra un panorama desfavorable en relación a la imagen de las instituciones públicas y en particular muestra la debilidad de la Alcaldía para promover la participación ciudadana pues la desconfianza de los ciudadanos es un obstáculo para la construcción de propuestas y el logro de acuerdos.

El teorema de la imposibilidad de Arrow afirma que el tamaño de una colectividad afecta su capacidad de llegar a consensos y sobretodo de “diseñar un sistema de votación —o un procedimiento de elección— que permita generalizar las preferencias de los individuos hacia una “preferencia social de toda la comunidad” (Mora, 2013, p. 109). Es necesario entonces los presupuestos participativos con un enfoque territorial, tal y como lo advierte la Organización de Estados Americanos (OEA, 1974) donde “el criterio básico utilizado para determinar una región es que constituya una unidad geográfica y socioeconómica que pueda producir un crecimiento auto sostenido y no de dependencia exclusiva al núcleo central”. Lo anterior se traduce en organizaciones sociales activas que pueden definir las necesidades de la comunidad en los procesos que afectan el territorio, ya que en definitiva son estas organizaciones y su grado de formalidad las que pueden llegar a contribuir a la organización de la ciudadanía con base en el conocimiento sobre el ámbito local, articulando consensos entre líderes sociales, reconociendo y convocando las diversas colectividades que habitan en el territorio —organizaciones sociales religiosas, deportivas o musicales— a participar e incidir en la organización de los recursos públicos.

Según el Banco Mundial (BIRF-AIF) mediante su plataforma de LAC Equity Lab: Plataforma de Análisis de Pobreza y Desigualdad para Colombia y en general para América Latina, el ingreso laboral y otras fuentes de ingreso —remesas, e ingreso proveniente del trabajo informal— fueron el principal mecanismo para disminuir la pobreza ^[4] durante el período 2012-2017. El ingreso laboral jugó un papel central por encima de otras fuentes de ingreso no laboral (Banco Mundial, 2016). En consecuencia, los proyectos de presupuesto participativo deben enfocarse hacia la lucha contra la pobreza mediante proyectos locales que articulen a los actores del territorio en función de la construcción de las propuestas comunitarias. Tales proyectos deben permitir el desarrollo de las habilidades pertinentes en el marco de la cuarta revolución industrial cuyo uso no solamente favorezca la empleabilidad de los miembros que las adquieren, sino en aras de multiplicar los beneficios del desarrollo humano a nivel territorial. En el capítulo 4 se muestra como recurrente el uso de herramientas digitales para la promoción de la participación ciudadana en ciudades como Nueva York, Bogotá o Edmonton; por lo tanto, resulta esencial la alfabetización digital de la ciudadanía en el marco de la participación ciudadana.

La descentralización política en procesos democráticos se debe pensar no sólo como una delegación de funciones, sino también en la búsqueda de procesos participativos en los distintos entes locales, como por ejemplo las Alcaldías de cada una de las localidades de Bogotá, donde cuenten con la definición de la forma en la cual se articulan el nivel distrital y local de la participación y se genere una sinergia con la población en busca de lograr una mejor participación. El enfoque territorial de los presupuestos participativos hace que sus respectivos objetivos a nivel local no sean uniformes y por lo tanto la presencia de las entidades públicas varíe conforme las competencias que soportan de manera técnica el objetivo de los proyectos que sustentan el presupuesto participativo. Con base en lo anterior, se debe considerar una plataforma donde se articule la presencia de las entidades públicas y se ponga al servicio del ciudadano participante el conocimiento de los servidores públicos, a fin de contar con proyectos de presupuesto participativo viable, legal y sostenible.

Definidas como una distorsión de la participación ciudadana donde no existe el objetivo genuino de permitir la incidencia de los ciudadanos en las políticas públicas, sino bajo el pretexto de educarlos para la participación. Se mantiene el poder en instituciones del establecimiento. Arnstein (1969) define estos escalones como la imposición de ideales políticos con el objetivo de “curar” a los ciudadanos por su incapacidad sobre cómo participar.

Es el escenario en el cual la ciudadanía conoce de las actuaciones de la administración pública. Sin embargo, el autor advierte sobre dos fenómenos que distorsionan la información como mecanismo de inclusión de los ciudadanos: comunicación en una sola vía donde no existe una deliberación entre lo comunicado por el establecimiento, sino la entrega de un mensaje y, por otro lado, el manejo inadecuado del lenguaje, donde lo informado por el establecimiento tiene tal complejidad técnica que la comunidad no logra tener entendimiento sobre lo informado.

Se informa a los ciudadanos sobre la toma de decisiones y se les inquiere sobre su opinión. El autor advierte que la principal debilidad del presente escenario pueda ser la inexistencia del compromiso genuino en tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos. Por lo tanto, se puede confundir promoción de la participación ciudadana con la mera confluencia de la comunidad a una reunión sin que ello implique una verdadera incidencia de las opiniones de los ciudadanos sobre la toma de decisiones.

El autor advierte que este es el primer escenario real de participación de los ciudadanos y consta de la inclusión de unos representantes ciudadanos a los órganos que toman las decisiones en el ámbito de lo público, en calidad de asesores. Los factores claves para asegurar la incidencia de la ciudadanía en este escenario son: la existencia de un equilibrio en dichos órganos o instancias de decisión entre representantes de la ciudadanía y representantes del poder político; la calidad de la asistencia técnica que permita la elaboración de propuestas por parte de los ciudadanos que requiere un manejo de conceptos técnicos tales como hacienda pública o derecho administrativo, entre otros, por lo tanto, la asistencia técnica independiente de los intereses del establecimiento constituye una herramienta para lograr una participación ciudadana efectiva en la incidencia; la capacidad de las comunidades de organizarse en torno a un mismo fin común para la demanda del cumplimiento de sus peticiones.

Existe una mayor distribución del poder entre ciudadanos y autoridades; tal distribución redunda en la decisión de compartir la participación en todas las instancias y organismos decisorios. El autor señala que el presente escenario resulta más efectivo con comunidades de base organizadas. Adicionalmente es sobre este escenario donde se empieza a mostrar la importancia en la asignación de los recursos a las comunidades como un factor catalizador para una participación ciudadana efectiva:

[…] Cuando el grupo de ciudadanos tiene los recursos financieros para pagar a sus líderes honorarios razonables por sus esfuerzos que consumen mucho tiempo; y cuando el grupo tiene los recursos para contratar (y despedir) a sus propios técnicos, abogados y organizadores comunitarios. Con estos ingredientes, los ciudadanos tienen cierta influencia de negociación genuina sobre el resultado del plan (siempre y cuando ambas partes consideren útil mantener la asociación). (Arnstein, 1969, p. 9)

El presente escenario tiene la particularidad que, en el proceso de deliberación entre autoridades y ciudadanos, el resultado puede favorecer los intereses de la ciudadanía sobre los intereses de las autoridades. Existen dos casos de delegación del poder: el primero le permite a la comunidad contar con la autonomía sobre los recursos, mientras que el segundo dota a la comunidad de la facultad adicional de definir la autonomía administrativa para ejecutar aquello que se propone; lo anterior tiene como antecedente importante en Estados Unidos el descrito a continuación:

[…]En New Haven, los residentes del vecindario de Hill han creado una corporación a la que se le ha delegado el poder de preparar todo el plan de Ciudades Modelo. La ciudad, que recibió una subvención de planificación de $ 117,000 del HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano), ha subcontratado $ 110,000 de la corporación del vecindario para contratar a su propio personal de planificación y consultores ... (Arnstein, 1969, p. 11)

Es el último escenario de participación ciudadana donde los ciudadanos tienen autonomía sobre un determinado programa o institución. En este aspecto el autor señala como escasos los eventos en los cuales los ciudadanos están dotados de plena autonomía. Sin embargo, aquellos casos que enmarca datan sobre comunidades al mando de instituciones educativas, proyectos de renovación urbana y empresas creadas con fondos públicos para la contratación de personal de la comunidad.

En síntesis, se puede inferir que la pertinencia de los presupuestos participativos se da a lugar cuando en la relación entre instituciones políticas y ciudadanía existe: un canal o plataforma de información sobre las necesidades a nivel local; unas instancias donde exista la voluntad política de deliberar con la ciudadanía y, a su vez, está última tenga las condiciones de apoyo técnico para la estructuración de sus propuestas; participación de la ciudadanía en instancias decisorias, donde la voluntad de implementación no esté subordinada per se a las figuras de autoridad o poder.

Al ver los porcentajes de satisfacción ciudadana con la política nacional y distrital presentados por la organización Bogotá Cómo Vamos (2017), se logra evidenciar que la democracia representativa está atravesando una crisis de legitimidad, caracterizada por una falta de gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad es entendida como “un estado de equilibrio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001, p. 36), y la gobernanza, diferenciada de la primera por ser esta el ejercicio de poder y autoridad en los asuntos de un territorio (Cabannes, 2004).

Complementariamente, la gobernanza según Cabannes (2004), está cimentada en la transparencia y en las decisiones presupuestales puesto que permite:

[…] mejorar la transparencia del gasto municipal y estimular la participación de la ciudadanía para la toma de decisiones en cuanto a la disposición de los recursos locales; pueden aumentar los ingresos de una ciudad y canalizar la inversión municipal hacia la infraestructura básica en barrios de escasos recursos; pueden reforzar las redes sociales y ayudar a mediar las diferencias entre los líderes electos y los grupos de la sociedad civil. (Cabannes, 2004, p. 3)

Es decir, la incidencia ciudadana en la toma decisiones y la vigilancia de los recursos públicos promueve el fortalecimiento de las organizaciones sociales al establecerse un canal entre la ciudadanía para la concreción de propuestas y una interacción con los actores públicos y las demás partes interesadas.

Se debe crear un esquema focalizado en determinar los temas prioritarios a tratar en los presupuestos participativos en cada territorio. Este presenta consigo una forma diferencial de comprender el desarrollo económico y social donde se promueva la articulación de culturas y la diferenciación territorial “que permite identificar las necesidades y recursos con los que cuenta cada territorio para su desarrollo, proceso en el cual interactúan las instituciones públicas y privadas” (Carvajal, 2017, p. 66).

Se requiere identificar en el nivel local las organizaciones sociales o comunitarias y sus competencias, donde estas deben cumplir tres condiciones a priori indispensables: experiencia exitosa en el desarrollo de proyectos de desarrollo local, independencia política para la exigencia objetiva de derechos e idoneidad moral. Los actores identificados a continuación deberían contar con una integración que depende de la observancia de los criterios a continuación:

· Juntas de Acción Comunal (JAL) y Alcaldía Local: se debe reconocer su legitimidad en función de su representatividad. Lo anterior puede verificarse estableciendo la relación entre el número total de proyectos identificados, formulados y ejecutados y el número de habitantes de la comunidad que consideran que los proyectos formulados afectaron de manera positiva/negativa su calidad de vida y sus oportunidades de desarrollo.

· Organizaciones sociales del territorio: entidades sin ánimo de lucro con experiencia en el desarrollo de proyectos comunitarios o de índole social. Se debe verificar su capacidad para la administración de recursos.

· Organizaciones financiadoras de proyectos: las empresas forman parte del ambiente comunitario sea por su presencia física o por sus intereses particulares. Se debe identificar como posible fuente de recursos, en la medida que dichas empresas convergen en su compromiso con la responsabilidad social empresarial.

· Ciudadanos idóneos: Todos aquellos individuos de la comunidad con experiencia y competencia en estructuración de proyectos, financiamiento de estos. Adicionalmente en virtud de la interacción con la comunidad también es indispensable su capacidad de generar equipos de trabajo sustentados en el dialogo.

Luego de los dos pasos iniciales, se procede con la articulación de actores dentro de cada territorio. A continuación, se describen los cinco lineamientos a considerar, a la hora de articular actores políticos y fomentar la voluntad política, especialmente, en los presupuestos participativos:

· Claridad de los objetivos de los actores: desde Alcaldías hasta Juntas Administradoras Locales, se pueden trazar visiones compartidas entre ellos que beneficien el territorio sin que necesariamente exista una alineación de las posturas políticas, ideológicas o consensos en todos los aspectos, simplemente se trata de generar coordinación en las visiones que permita optimizar recursos y evitar que se dupliquen esfuerzos (Arias et al., 2016).

· Ventana de oportunidad: es importante determinar el momento preciso para llevar a cabo el mecanismo de articulación. Lo que propone Arias et al. (2016) es que esa ventana se abre cuando convergen por lo menos dos de los siguientes elementos: actores que entienden el territorio y las circunstancias especiales del territorio que permitan trabajar en una articulación.

· Rol del agente dinamizador del mecanismo: aquí lo fundamental es encontrar uno de los actores políticos que sirva como coordinador y dinamizador, que además se caracterice por: tener un alto grado de legitimidad, genere espacios de mediación y lidere el trabajo articulado entre todos. Para este caso las JAL podrían funcionar como dicho agente, por supuesto, según los casos.

· Evaluación y aprendizaje del mecanismo: adaptación de una herramienta que examine el mecanismo y permita mejorarlo en el proceso siguiente. Se recomienda disponer de instancias colegiadas con actores pertinentes que sean rotativos y se encarguen de este balance de manera objetiva.

Con la lectura del territorio se debe proceder a asegurar la representatividad que están teniendo los grupos y organizaciones sociales pues esto constituye un factor clave al momento de garantizar proyectos de presupuesto participativos imparciales. Una herramienta útil para lograr el anterior cometido es la bitácora de las participaciones y los aportes de los grupos en las discusiones que se llevan a cabo. Conocer sus propuestas y tener unas listas detalladas de estas facilitará que al final del proceso se pueda medir cuáles de estas fueron consideras y aprobadas, en relación con aquellas planteadas por la institucionalidad o el gobierno local. Con este método se podrán evaluar diversos aspectos como: el grado de incidencia de los representantes de las comunidades, el nivel de asociación o capital social en el lugar y el tipo de presupuesto participativo que se lleva a cabo en el territorio; es decir, en términos de Arnstein (1969), si se está hablando de manipulación y terapia o control ciudadano.

Al implementar un proceso de presupuesto participativo es necesario crear un mecanismo que permita evidenciar si efectivamente se están logrando los resultados deseados: aumento de la incidencia de la ciudadana (escenarios de la escalera de Arnstein asociativos o más avanzados) en las decisiones políticas que facilitan la superación de la pobreza. Con base en lo anterior los métodos estadísticos resultan claves hacia la diferenciación entre los beneficios y los recursos invertidos para lograr mayor equidad (Aedo, 2005, p. 23). Con base en lo anterior, la evaluación de impacto encuentra como principales indicadores un aumento del capital social y una mayor tasa de inversión social liderada por ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.