Colombia ha sufrido más de 50 años de conflicto armado. Según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al 30 de junio de 2021, el conflicto armado dejó un saldo de 9.153.078 víctimas, de las cuales 8.143.758 fueron objeto de desplazamiento forzado, 273.216 de homicidio, 50.488 de desaparición forzada y 34.529 de secuestro (Unidad de Víctimas, 2021). Desde mediados de los setenta, los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) le han apostado, en menor o mayor medida, a la salida negociada del conflicto armado. Uno de los más notables fue el que lideró el expresidente Pastrana en 1997, cuyo gobierno inició un proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, finalmente, fracasó y dejó la sensación ante la opinión pública que el gobierno cedió una parte del territorio nacional a las FARC-EP. Dicho fracaso llevó al recrudecimiento del conflicto y al aumento de las actividades ilícitas en los territorios despejados durante las negociaciones.

Lo anterior condujo a que a finales de la administración Pastrana tomara fuerza el discurso de AUV, quien llegó a la presidencia de Colombia en 2002. AUV ganó las elecciones argumentando su discurso en la “mano dura” contra las FARC-EP, premisa fundamental en la construcción de la Política de Seguridad Democrática (PSD), la cual priorizó la seguridad y la defensa militar en Colombia (Espinosa, 2017). La PSD se tradujo en la presencia de las Fuerzas Armadas en todo el territorio colombiano y la confrontación bélica con las FARC-EP.

Con el fin de ganarle la guerra a las FARC-EP, el gobierno colombiano, junto a grupos paraestatales, protagonizó varias violaciones a los Derechos Humanos y en las dos presidencias de AUV las ejecuciones a civiles presentados como bajas en combate aumentaron en un 154 % (Cárdenas y Villa, 2013). En 2018, varios jóvenes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate cuando, en realidad, eran civiles que habían sido ejecutados por militares, luego de que se les ofreciera un trabajo en el noroeste del país. El caso fue expuesto por AUV el 7 de octubre de 2008 ante la opinión pública, a través de un comunicado de prensa según el cual “los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde” (Uribe dice que desaparecidos de Soacha murieron en combates, 2008). Respecto a este y otros casos similares, se llevó a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ^[1] la primera audiencia pública de los familiares de los jóvenes presentados ilegítimamente como muertos en combate en 2019 (JEP, 2019). Con informes de víctimas, instituciones del Estado y declaraciones de comparecientes de la Fuerza Pública, la JEP pudo establecer que agentes del Estado habrían presentado entre 2002 y 2008 a, por lo menos, 6402 colombianos como guerrilleros muertos en combate cuando no lo eran, periodo que coincide con las dos presidencias de AUV (JEP, 2021).

La llegada de AUV al poder transformó el enfoque que se le había dado al conflicto entre el Estado y las guerrillas —y no tanto entre el Estado y los grupos paramilitares—, así como el discurso en torno al conflicto. La PSD y la comunicación gubernamental de esta política estaban estrechamente vinculadas (López de la Roche, 2014). AUV capitalizó el sentimiento de rechazo de la sociedad colombiana contra las Farc y las convirtió en una “amenaza terrorista”. Así, el gobierno de AUV eliminó del discurso el estatus de “guerrilla” o de “grupo insurgente” de las FARC-EP para transformarlo en un grupo narcoterrorista. Como se verá más adelante, esto trajo como consecuencia una división artificial entre quienes rechazaban el terrorismo y quienes lo amparaban. A este último grupo podían pertenecer desde políticos opositores al gobierno, líderes comunitarios, hasta grupos de civiles que buscaban permanecer al margen del conflicto armado. Esta narrativa de “guerra contra el terror”, impuesta desde Washington a partir de los ataques del 9-11, así como la tesis de que los fines son superiores a sus medios fue utilizada para excusar los actos inhumanos cometidos a raíz de la PSD.

Los actos inhumanos pueden resignificarse a partir de mecanismos de desconexión moral. Estos son atajos psicológicos para calificar como morales, actos inmorales. Estos mecanismos fueron definidos por Bandura (1994, 1999) quien describe que las personas, en virtud de sus procesos de socialización, pueden reconocer y aprender normas morales. Cuando las personas actúan contra esas normas, experimentan culpa. Sin embargo, en ocasiones, los individuos pueden suprimir esa culpa para permitirse actuar de forma censurable. Estos mecanismos se utilizan de forma consciente y son muchas veces empleados por dirigentes políticos para eludir una responsabilidad o justificar su negligencia. Luego de las declaraciones que AUV hizo respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2005, la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano retractarse respecto a estas en 2012 (Auto 164/12, 2012), pero solo hasta el 2013 el Estado ofreció disculpas formales por estos señalamientos. En mayo de 2017, AUV tuvo que retractarse por unas declaraciones que hizo en Twitter ^[2] respecto a los jóvenes de Soacha presentados como bajas en combate en 2008 (Obligado, Uribe se retracta con las madres de Soacha, 2017).

Ahora bien, tanto la masacre en San José de Apartadó como el caso de los “falsos positivos” —como fue denominado en los medios de comunicación a las ejecuciones extrajudiciales— han sido analizados desde lo jurídico y lo político, pero poco desde lo moral. Sin ánimo de hacer un juicio respecto a las cualidades morales de AUV, sus declaraciones frente a estos hechos resultaron estigmatizantes, revictimizantes e, incluso, hoy tienen repercusiones políticas y sociales para los afectados. Las víctimas fueron culpabilizadas de las violencias a las que fueron sometidas y hasta muchos años después se logró determinar que agentes del Estado colombiano habían actuado de forma conjunta con los perpetradores. Estas estigmatizaciones pueden estudiarse desde la perspectiva descrita por Bandura y es por ello por lo que en este artículo se pretende responder qué mecanismos de desconexión moral se pueden identificar en las declaraciones que AUV hizo respecto a los sucesos ya referidos.

Con base en lo expuesto, el propósito del artículo es realizar un análisis discursivo de los mecanismos de desconexión moral presentes en las declaraciones de AUV respecto a la masacre de San José de Apartadó y las ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Para conseguir dicho propósito, es menester: definir y contrastar las declaraciones de AUV con los ocho mecanismos de desconexión moral definidos por Bandura (1994, 1999); establecer una relación entre esos mecanismos de desconexión moral y la construcción de imaginarios en torno a las víctimas sobre las que recae dichos mecanismos; así como concluir si hay alguna correlación con el discurso de AUV con la percepción que la opinión pública tiene de los grupos victimizados.

Este artículo sentará un modesto precedente en el campo, pues los análisis de desconexión moral se han hecho, hasta el momento, para evaluar el terrorismo o el comportamiento en combate entre ejércitos irregulares (Villegas de Posada, Flores y Espinel, 2018), pero no para estudiar la violencia de Estado o la violencia paramilitar amparada en el Estado. De igual manera, se toma el discurso de AUV por su gran influencia en la política y la sociedad colombianas. Lo anterior con el ánimo de establecer, en últimas, si hay alguna correlación con el discurso de AUV y la percepción que la opinión pública tiene de los grupos victimizados. Los mecanismos de desconexión moral le permiten al victimario hacer una reconfiguración moral y discursiva de su víctima. Es decir que, para hacer de la víctima merecedora del acto deshumanizante al que es sometida, es necesario crear un imaginario en torno a ella. En el caso mencionado, el discurso de AUV establece una equivalencia entre las víctimas de una masacre y las FARC-EP, de ahí que sea legítimo y comprensible ejercer violencia hacia ellas y ese imaginario es el que se convierte en insumo para justificar la violencia hacia las víctimas.

La teoría de la desconexión moral de Bandura (1994) es una teoría cognitiva que, a diferencia de otros enfoques que se centran en el razonamiento moral, estudia cómo se comporta la gente en situaciones concretas. Bandura et al. (1996) se propusieron de-terminar la relación que hay en el mundo social y el comportamiento de los individuos.

De acuerdo con Bandura (2002), en el proceso de socialización de los seres humanos, las personas aprenden normas morales —estándares de lo que es lo bueno y lo malo— que sirven para orientar la conducta. Lo anterior supone que “[u]na vez se ha desarrollado el control interno, las personas regulan sus acciones por medio de las sanciones que se apli-can a sí mismas. Hacen cosas que las satisfacen y construyen su sentido de autovaloración” (Bandura, 1994, p. 173). Lo anterior implica que las personas tienden a reforzar las conductas que son buenas y a castigar las que son malas. Aunque dichas conductas pueden estar determinadas por aspectos sociales, culturales y religiosos, así como cada comunidad privilegia un grupo determinado de valores morales sobre otros, las normas religiosas o sociales no sustituyen las morales. En Occidente se tiende a privilegiar la libertad, la igualdad y la justicia, por ejemplo, pero los individuos pueden jerarquizar estos valores de forma particular y también pueden cuestionar las instituciones sociales, políticas o económicas si contradicen dichos valores. Todo esto produce la ética: orientadora de la conducta humana.

Actuar en contra de las conductas buenas causa culpa, es decir, genera un mecanismo de autosanción y hace que los humanos actuemos conforme a unas pautas morales internas. Las personas pueden alterar una norma social o una norma religiosa, pero quebrar una norma moral atenta directamente con la propia imagen de sí mismo. De ahí que las personas “se abstengan de actuar de forma que atenten contra sus conductas morales porque dicha conducta puede causar auto-condenación” (Bandura, 2002, p. 102). De esto se desprende que actuar de forma humana o inhumana sea una opción para el individuo. De acuerdo con Bandura (1994):

Las pautas morales no funcionan como reguladores internos fijos de conducta. Los mecanismos autorreguladores no funcionan a menos que sean activados, y existen muchos procesos psicológicos por medio de los cuales las reacciones morales pueden desconectarse de la conducta inhumana. La activación selectiva y la desconexión del control interno permiten diferentes tipos de conducta por parte de las personas que tienen las mismas pautas morales. [...] Las au-tosanciones se pueden desconectar mediante la reconstrucción de la conducta como si sirviera para propósitos morales, la desconsideración o malinterpretación de las consecuencias nocivas de las acciones propias, o bien echándole la culpa a las víctimas y deshumanizándolas. (p. 173)

Lo anterior supone que, si bien las personas son capaces de reconocer las pautas morales, pues su conducta está regulada por ellas y por la culpa que implica actuar en contra de ellas, hay momentos en que el individuo se permite “poner en pausa” dichos mecanismos de auto sanción para cometer actos inmorales. Esto no quiere decir que el individuo deliberadamente quiera hacer un acto inmoral, sino que lo resignifica para que no esté en contravía de sus pautas morales. Siguiendo a Bandura et al. (1996) “existen diferentes tipos de pensamiento que pueden justificar el robo, el fraude fiscal o el bombardeo militar del enemigo utilizando razonamientos muy sofisticados, o por el contrario muy simples” (p. 25). Este proceso cognitivo, que Bandura (1994, 2002) denomina desconexión moral, puede identificarse en el discurso de AUV cuando presentó sus declaraciones respecto a la masacre en San José de Apartadó y a los “falsos positivos” en Soacha. La desconexión moral se puede presentar a través de diferentes niveles y mecanismos que se detallan a continuación.

Para lograr identificar los mecanismos de desconexión moral es necesario centrarse en el enunciado como parte del discurso y entendido en relación con el contexto que le da sentido. Esto, en primer lugar, porque el discurso es expresión del mecanismo de desconexión en la medida en que es el único vehículo a través del cual se exterioriza y se establece en la comunidad de hablantes y, en segundo lugar, porque el discurso más allá de su equivalencia con el texto, “está articulado con las condiciones de producción, circulación y recepción” (Haidar, 2006, p. 73). Dicho lo anterior, las categorías de análisis que servirán para lograr los objetivos de investigación propuestos son: los sujetos discursivos, la coyuntura y las formaciones imaginarias. El lector podrá notar que dichas categorías no se pueden aislar, sino que, al contrario, deben entenderse de manera conjunta. Para Haidar (2006), el análisis de coyuntura es uno de los abordajes analíticos más trabajados en lo que a las condiciones de producción y recepción del discurso se refiere. Para este análisis de discurso, lo fundamental es comprender que la relación entre el discurso y la coyuntura no es directa, sino como lo explica Haidar (2006), “es necesario recurrir a los conceptos de formación ideológica, discursiva, aparatos discursivos para dar cuenta de su complejidad” (p. 175). A lo anterior hay que añadirle que el discurso no solo se da en la coyuntura, sino que la modifica y la constituye. De igual manera, el universo discursivo no se puede entender de forma paralela al universo social en el que se manifiesta. Esta relación está influida por “las formaciones ideológicas que se materializan en aparatos hegemónicos” (Haidar, 2006, p. 176).

Se ahonda en lo anterior. De acuerdo con Verón (1971), los sistemas ideológicos, tal y como los veían Marx y Engels, “encerraban una interpretación general de la realidad social y no social” (p. 3). En Haidar (2006), la ideología tiene dos efectos sobre los destinatarios: el reconocimiento y el convencimiento (p. 200). A su vez, se puede decir que la ideología les imprime a las palabras “no sólo un sentido, sino también un poder de persuasión, convocatoria, consagración, estigmatización, rechazo, legitimación, excomunión” (Haidar, 2006, p. 200). Las formaciones ideológicas-hegemónicas ofrecen el marco interpretativo a partir de la cual los miembros de una sociedad interpretan su mundo.

Ahora bien, Pêcheux (1978) destaca el lugar de las formaciones imaginarias en las condiciones de producción del discurso: “las formaciones imaginarias designan el lugar que el emisor y el receptor se atribuyen a sí mismos y al otro en el discurso, así como la imagen que se hacen de su propio lugar y del lugar del otro” (p. 48). Además de ello, las formaciones imaginarias dan cuenta de la imagen que tanto emisor como receptor tienen del referente, es decir, del objeto discursivo. Aquí vale la pena aclarar que ese objeto discursivo es un “objeto imaginario —el punto de vista de un sujeto— y no pertenece a la realidad física” (Haidar, 2006, p. 214). De igual forma, es necesario aclarar que el productor y el receptor del discurso no corresponde a personas individuales, concretas, sino que “designan lugares determinados en la estructura de la formación social” (Haidar, 2006, p. 214). Con lo anterior en mente, se procederá a presentar la metodología empleada en el análisis en cuestión.

El estudio que se propone será de tipo cualitativo, pues se hará una indagación dinámica entre el discurso de AUV y su interpretación. Con esto en mente, la estrategia analítica que se utilizará es el análisis de discurso por dos razones. La estrategia permite estudiar el lenguaje en uso, así como “la realidad social que tienen los discursos” (Santander, 2011, p. 207). Esto posibilita una concepción activa del lenguaje. El análisis de discurso deja leer las emisiones de los hablantes con el ánimo de entender la realidad social (Sayago, 2014). Como el objeto de estudio son los mecanismos de desconexión moral de un político influyente en Colombia, es imposible separar dicho estudio de sus implicaciones políticas, sociales y morales. El análisis de discurso propuesto parte de los mecanismos descritos por Bandura (1994, 1999) y del concepto de coyuntura de Haidar (2006), así como de sujeto discursivo y formaciones imaginarias definidos por Pêcheux (1978). Estas categorías de análisis —la coyuntura, los sujetos discursivos y las formaciones imaginarias— resultan útiles para determinar cómo se evidencian en el discurso los mecanismos de desconexión moral indicados previamente porque permiten entender el contexto en el que se produce el discurso, así como las imágenes que se forman de los grupos afectados a partir de los mecanismos de desconexión moral. Así las cosas, en primer lugar, se tomarán las declaraciones que emitió el expresidente AUV en 2005 a propósito de la masacre en San José de Apartadó y en 2008 respecto al caso conocido como los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales en Soacha. Después, se empleará como unidad de análisis el enunciado, que no puede ser interpretado como una unidad aislada de su contexto, sino que debe dar cuenta de toda la carga política, social y, por supuesto, moral que contiene. Se recuerda que un enunciado es una unidad mínima de comunicación, de un acto de hablar, en cuya producción intervienen un hablante, un oyente y un mensaje que se comunica en un contexto (Fuentes, 2007). De ahí la necesidad de analizar dichos enunciados en función de su contexto de producción y de los mecanismos de desconexión moral definidos por Bandura (1994, 1999).

El tipo de estudio cualitativo aquí propuesto es relevante en aras de responder a la pregunta de investigación porque integra las unidades de análisis del discurso, a saber, enunciados extraídos de las declaraciones de AUV, contrastables a través de los mecanismos de desconexión moral, con los contextos de comunicación en que se dan los discursos. Esto es fundamental porque la mera identificación de los mecanismos de desconexión moral es insuficiente para comprender qué implicaciones tiene que un jefe de Estado emplee dichos mecanismos como estrategia para justificar la violencia hacia sectores vulnerables. El recorte espacio-temporal elegido —las declaraciones respecto a la masacre en San José de Apartadó en 2005 y al caso de “falsos positivos” en Soacha en 2008— obedece a casos paradigmáticos en el conflicto armado colombiano, así como el papel que la institucionalidad y el gobierno se otorgó en dicho conflicto por oposición a otros actores como son la sociedad civil o grupos armados al margen de la ley.

Soacha es un municipio ubicado al sur de la capital colombiana, que cuenta con una población de más de medio millón de habitantes, de los cuales el 53.8 % se encuentra por debajo de la línea pobreza (Gobernación de Cundinamarca, 2012). Entre los años 2006 a 2009, el Ejército colombiano comenzó a presentar como bajas de guerrilleros en combate a civiles que fueron ejecutados y luego vestidos de camuflado. Entre esos civiles se encontraban 16 jóvenes de Soacha a quienes se les llevó a otra zona del país con la excusa de ofrecerles trabajo como jornaleros en haciendas:

Los hechos conocidos como los “falsos positivos” de Soacha hacen referencia a la privación de manera injusta de la libertad de dieciséis jóvenes, su traslado a un lugar apartado, seguido del ocultamiento del paradero de las víctimas y su posterior ejecución extrajudicial en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), que utilizaron reclutadores para el cobro de incentivos económicos, hechos que acontecieron de manera secuencial y sistemática en un corto periodo de tiempo y que obedecen a patrones de realización comunes. (Uribe Tirado, 2010, párr. 80)

Respecto a estos hechos, AUV dijo lo siguiente: “El fiscal general aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha, fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde” (Duzán, 2018). Estas palabras fueron proferidas por el expresidente en una reunión con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y están enmarcadas en el mismo discurso de la guerra contra el terrorismo. ¿A quiénes se les presenta el éxito en las operaciones militares? A los banqueros colombianos que buscan estabilidad y seguridad económica.

De igual manera, estas ejecuciones extrajudiciales, como se conoce en el derecho internacional humanitario al homicidio en persona protegida, los “falsos positivos”, se dieron en la segunda presidencia de AUV y en el marco de la PSD. Como se mencionó en el apartado anterior, la PSD tenía como propósito:

Combatir el terrorismo y el narcotráfico, recuperar y mantener el monopolio de la fuerza del Estado en el territorio nacional y la protección de la población civil, propósitos que obedecían a pilares básicos de eficacia, cooperación de la sociedad civil con las Fuerzas Amadas, fortalecimiento de toda la estructura militar, la retórica del respeto a los derechos humanos y, se decía, un apego estricto a la legalidad. (Uribe Tirado, 2010, párr. 28)

El periodo en el que ocurren estos hechos coincide con el de la masacre de San José de Apartadó y corresponde a una lógica más o menos parecida: las Fuerzas Armadas son protagonistas en una contienda contra un grupo terrorista que tiene a la sociedad civil como rehén. Es importante destacar que, bajo esta narrativa, el gobierno se niega a hablar de conflicto armado y, en su lugar, lo sustituye por una amenaza terrorista. Asimismo, la PSD hace coincidir el trabajo conjunto de todas las Fuerzas Armadas más la participación civil o cooperación activa. Como se dijo previamente, esto empujó a los civiles a hacer parte de un conflicto del que resultaba imposible permanecer aislado.

Una de las estrategias que empleó el gobierno de AUV para animar la efectividad de la Fuerza Pública era una política de incentivos por capturas, desmovilizaciones y bajas. A lo anterior se suma que el municipio de donde eran los jóvenes abatidos por el Ejército es un contexto propicio para la práctica de los “falsos positivos”, a causa de sus condiciones socioeconómicas. Como lo describe Uribe Tirado (2010), Soacha es un municipio que:

[s]e ha constituido en el lugar de ubicación de las capas sociales más excluidas, que a con-secuencia del desarrollo urbano de la capital han sido paulatinamente expulsadas hacia la periferia. Igualmente, Soacha ha sido un municipio receptor de población en situación de desplazamiento (a consecuencia de hechos de violencia sociopolítica propios de la dinámica del conflicto armado), toda vez que, por sus condiciones de cercanía con la capital, se ha convertido en lugar de paso en algunos casos o de residencia en otros, de quienes llegan producto de tal circunstancia. (Uribe Tirado, 2010, párr. 55)

Este contexto ha vinculado a los habitantes de Soacha —de forma directa o indirecta— al conflicto armado y ha convertido a la población civil en un enemigo (Uribe Tirado, 2010). En otras palabras, en Soacha vive gente en condición de pobreza, que soporta el estigma de ser asociada a los grupos armados ilegales. Esto hace que los homicidios ocurridos en este municipio no despierten interés e, incluso, se justifiquen.

Es a partir de esta configuración y estigmatización que AUV construye a un sujeto discursivo —los jóvenes de Soacha— de la misma forma que lo hizo respecto a la comunidad de San José de Apartadó: el destino de las víctimas es producto de sus vínculos con la ilegalidad. Esta idea se refuerza cuando dice que los jóvenes “no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales”. Además, establece una nueva dicotomía: por un lado, está la legalidad, el Ejército, en su justo ejercicio institucional y, por el otro, la delincuencia y el terrorismo, que debe estar dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Algo que profundizó esta equivalencia entre “delincuencia”, “terrorismo” y “FARC-EP” fue la forma en que AUV se refería a esta organización guerrillera como “La FAR”, sin la “C” de Colombia, con el fin de excluirla de la patria: “al referirse a ésta como ‘la far’, lo que hace es minimizarla de manera inconsciente en lo lingüístico. Pensará que negándola en lo simbólico y trivializando la alusión a su identidad, cambiándole el nombre para mejor decir, va a desaparecerla del lenguaje y a volverla una referencia paria sin asidero con lógica política alguna” (Duque-Naranjo, 2013, párr. 4). Esto juega un papel en la construcción de este sujeto discursivo, pues determina quienes hacen parte —o no— de la “patria”. Así, “el uso reiterado de esa palabra desde el discurso político puede terminar estableciendo, de manera dogmática, quiénes son verdaderos patriotas y quiénes no lo son, constituyéndose estos últimos en potenciales traidores a la patria” (López de la Roche, 2014, p. 137). Esta diferenciación, que media el discurso a través del cual se presentó el caso de los “falsos positivos” de Soacha, se constituye como una herramienta de deshumanización en la medida en que contribuye a eliminar rasgos humanos en el enemigo. Si dicho enemigo —el delincuente, las FARC-EP, el terrorismo— no posee cualidades humanas, se objetualiza y, en ese orden de ideas, puede ser tratado sin empatía.

Esta configuración del sujeto discursivo —“el delincuente merecedor de su suerte”— y de la manera en que este discurso se presenta ante la opinión pública expresa otros mecanismos de desconexión moral. Como sucedió en el caso anterior, las víctimas pertenecen a un sector vulnerable de la población, cuya identidad queda construida por el discurso hegemónico, en este caso, el construido por AUV. Las víctimas, nuevamente, son culpables de su suerte. De esta manera, “[u]no puede seleccionar de la cadena de eventos un acto defensivo del adversario y retratarlo como iniciador provocación. Luego se culpa a las víctimas por traer sufrimiento a sí mismas” (Bandura, 1994, p. 11). Dicho de otra forma, quien comete un delito es responsable de su propia muerte y del sufrimiento que esta le pueda causar a su familia.

Días después de la ejecución de los jóvenes en Soacha, la Presidencia de la República de Colombia emitió un comunicado en el que anunció la creación de una comisión para investigar las desapariciones y posteriores homicidios de los jóvenes. De este comunicado hay que destacar cómo, en primer lugar, la creación de la comisión es una respuesta a la política de “cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos” (Presidencia de la República de Colombia, 2008). Se ubica, en un primer plano, el papel de la institucionalidad y del Gobierno, así como en un segundo plano, el de las víctimas. En segundo lugar, los homicidios son presentados como “negligencias” cometidas por individuos aislados y no corresponden a una práctica sistemática: “La Comisión concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resulta-dos irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática y de la doctrina y el honor militar” (Presidencia de la República de Colombia, 2008).

El calificativo “negligencia” expone en el comunicado otro mecanismo de des-conexión moral: las denominaciones eufemísticas. Para Bandura (1994), “el lenguaje eufemístico suministra un mecanismo conveniente para enmascarar las actividades censurables e incluso para otorgarles un estatus respetable” (p. 182). Decir “negligencia” atenúa el delito y lo hace ver menos grave. La negligencia es una contravención menor, una imprudencia, mientras que una ejecución extrajudicial atenta contra el Estado de derecho. Esta diferencia no es menor, en la medida en que para el gobierno de AUV y para la PSD era imposible admitir que los protectores del Estado, los encargados de recuperar la institucionalidad eran perpetradores. En ambos casos, tanto en la masacre de San José de Apartadó como en los crímenes de Soacha hubo participación directa de miembros del Ejército.

Otro mecanismo que se puede observar a través de las formaciones imaginarias, aunque en menor medida, es el desplazamiento de la responsabilidad. AUV no se presenta a sí mismo como portavoz de la verdad, aunque sea oficial, sino como un vocero del fiscal general. La justificación del crimen, “no estaban recogiendo café”, fue algo que le dijo un tercero y no es algo que pueda defender por sí solo: “El Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha, fueron dados de baja en combate...”. Este mecanismo también se hace presente cuando Uribe Vélez califica sus acciones como desea-das o por el bien del pueblo: “tenemos que hacerlo bien para que se restablezca la fe de un pueblo que jamás ha rendido la cabeza pero que reclama firmeza en el timonel para interrumpir el triste discurrir de la miseria y el atentado criminal”, no es que “quiera” hacer lo que está haciendo, sino que “tiene que” (Discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002).

A partir del análisis realizado, es posible encontrar algunas coincidencias con los antecedentes explorados para esta investigación. Por un lado, se observa que el discurso de AUV establece y legítima el poder en torno a su figura. Si bien nuestro énfasis no es determinar qué legítima el poder político, sí resulta clave entender cómo se construye AUV como sujeto discursivo y cómo, a través de dicha construcción, crea un imaginario en torno a sus enemigos que son, a su vez, enemigos de la patria. La identidad social se vuelve un valor moral superior a la hora de tolerar una conducta inmoral y, a su vez, una justificación de dicha conducta. Así, cuando se ubica al contendor en un escena-rio contrario al propio y en contradicción con los valores que se comparten con otros miembros del grupo al que se pertenece, es más fácil desproveerlo de rasgos humanos. De ahí que sea fundamental la etiqueta de “terrorista” o “terrorismo”, como lo señala Delgado (2013) y que tenga una relevancia no solo discursiva, sino también moral.

Sumado a lo anterior, se puede decir que, en las investigaciones revisadas, la deshumanización se hizo presente como mecanismo de desconexión moral. En estas páginas se expone un modesto avance en la medida en que no solo se identifica el mecanismo, sino su lugar en las formaciones imaginarias y en las construcciones de los sujetos discursivos y de los lugares de cada uno en los discursos. Así, deshumanizar al otro a través del discurso permite justificar acciones inhumanas y hacerlas pasar como actos morales sustentados en valores como la seguridad, la legalidad o la patria. Respecto a esto habría que agregar que, así como lo vieron investigaciones más centradas en el análisis del discurso político, los medios de comunicación tienen un papel fundamental a la hora de reproducir estos imaginarios. En el caso de AUV, su comunicación gubernamental tuvo un fuerte apoyo en los medios de comunicación que solo hacían las veces de vehículo del mensaje, sin lugar a cuestionamientos o reflexión. Esto debido, en primer lugar, a que los medios de comunicación en Colombia pertenecen a grandes grupos económicos que poco actúan en contravía del poder a menos que este atente contra sus intereses y, en segundo lugar, los medios “interesados en la promoción de la inversión extranjera [...] decidieron también bajarle el perfil al conflicto armado en la información nacional y regional, para no espantar a los potenciales inversionistas” (López de la Roche, 2014, p. 132). Esta particularidad de los medios facilitó la transmisión del discurso hegemónico no solo respecto al conflicto armado, sino a sus victimarios y a sus víctimas.

Después de presentar el análisis del discurso previo, se llega a las siguientes conclusiones que alimentan el objetivo de investigación propuesto. Dichas conclusiones son: la Política de Seguridad Democrática estableció la coyuntura y el contexto a partir del cual se en-tendió el conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. AUV intentó dominar el relato y construyó un sujeto discursivo en torno a su figura como un padre estricto, pero cercano, así como el proveedor de seguridad y legalidad. A partir de esta construcción, el discurso de AUV estableció una dicotomía entre un “nosotros” pertenecientes a la patria y un “ellos” —delincuentes y terroristas— contrarios a ella.

Los sujetos discursivos excluidos son susceptibles de ser deshumanizados y culpabilizados de conductas inhumanas en su contra. Dicha deshumanización se alimenta a través del discurso que es replicado por los medios de comunicación y la opinión pública. La deshumanización y la atribución de la culpa, como mecanismos de desconexión moral, se convierten en el eje de la justificación de conductas inhumanas hacia las víctimas de San José de Apartadó y Soacha. Estas últimas son vinculadas, por medio del discurso, a las FARC-EP, lo que da pie para que la violencia hacia ellas sea naturalizada. Este discurso es imperante y determina la forma en que se entiende el conflicto armado en Colombia, lo que ha excluido discursos divergentes o, por lo menos, complementarios con el hegemónico.

Adicional a lo anterior, hay que mencionar que los mecanismos de desconexión moral identificados se sustentan en una supuesta oposición entre “patriotas-antipatriotas” o, lo que es lo mismo, “nosotros-ellos”. Para esta construcción fue fundamental la figura de AUV como “padre” y la relación con la ciudadanía constituida, en primera instancia, a través de los Consejos Comunales ^[6] y, en segunda instancia, a través de los medios de comunicación que funcionaron como replicadores del discurso hegemónico sin la posibilidad de incluir discursos disidentes. Es así como esta división sigue afectando a las comunidades señaladas en el análisis del discurso, las cuales, años después de los eventos deshumanizantes que las aquejaron, siguen asociadas a las FARC-EP y a la delincuencia, revictimizándolas. Esta configuración del “nosotros-ellos” se ha extendido a cualquier voz opositora o, por lo menos, que cuestiona el statu quo ya sean maestros, estudiantes, indígenas, líderes sociales o activistas protectores del medioambiente. Esta polarización ya no funciona con la oposición entre “los colombianos de bien” y los “terroristas” de las FARC-EP, sino a través de otras imágenes. Un ejemplo de ello es la forma en que el expresidente se ha referido, en 2019, a través de Twitter, a las protestas protagonizadas por las comunidades indígenas que habitan en la zona suroccidental del país, mediante las cuales dichas comunidades le exigían al Gobierno nacional atención en este lugar del país y el cumplimiento a unos acuerdos previamente pactados (Sigue polémica por trino Uribe sobre “masacre” y protesta, 2019). Aquí AUV, nuevamente, plantea la dualidad entre la “legalidad” —el Estado— y la “ilegalidad” —los ciudadanos-terroristas—, dualidad que justifican acciones inhumanas hacia quienes se oponen al establecimiento. Esto último queda pendiente para posteriores investigaciones. De igual manera, queda por abordar en otro espacio cuánto contribuyen los receptores del mensaje hegemónico en su esparcimiento y aceptación.