* Historiadora de Universidad Industrial de Santander, Colombia y Candidata a Magíster en Historia de la misma universidad. El presente artículo es derivado del proyecto "El Centro de Historia de Santander 1929-1946: Una institución creadora de memoria regional". Correo electrónico: monik_gonzalez_88@hotmail.com

** Historiador de Universidad Industrial de Santander, Colombia y Candidato a Magíster en Historia y Profesor Cátedra de la misma universidad. Correo electrónico: davidsalon16@gmail.com

El artículo examina y describe las reacciones que tuvo el Centro de Historia de Santander (CHS), tras el inicio del conflicto con el Perú en 1932. En la primera parte del trabajo se caracteriza sucintamente la llamada Guerra con el Perú (1932-1933) con el fin de ubicar al lector en los acontecimientos que generaron la movilización de un grupo de hombres de letras en Bucaramanga (Colombia) en la defensa simbólica de su Patria. En la segunda, se procura mostrar cómo una entidad cultural dedicada a la creación del pasado regional, como fue el CHS, desarrolló una serie de eventos, actividades y publicaciones que dan cuenta de un uso político del pasado nacional. Con ello, sus miembros cumplieron el objetivo misional de defender la integridad territorial de Colombia y difundir el sentimiento patriótico en la sociedad santandereana.

Palabras Claves: conflicto, historiografía, patria, intelectual, Centro de Historia de Santander, Colombia, Perú.

This paper examines and describes the reactions which took the Centre of history of Santander (CHS) after the start of the conflict with Peru in 1932. In the first part of the paper, the so-called war with Peru (1932-1933) is described succinctly to place the reader on the events which generated the mobilization of a group of men of letters in Bucaramanga (Colombia) in the symbolic defense of their homeland. The second part seeks to show how a cultural entity dedicated to the creation of the regional past as it was the CHS, developed a series of events, activities and publications that reflect a political use of the national past. With this, its members met the missionary aim of defending the territorial integrity of Colombia and disseminate patriotic sentiment in the society of Santander.

Keywords: conflict, historiography, country, intellectual, Center of History of Santander, Colombia, Peru.

El Centro de Historia de Santander (CHS) fue creado oficialmente en 1928 a través de la Ordenanza N° 46 impulsada por el Director de Educación Pública, el médico e historiador Martín Carvajal Bautista (Arias 1954). La entidad tenía dentro de sus propósitos, servir de espacio para defender y promover el sentimiento patriótico por el Departamento de Santander y la nación colombiana en su conjunto (Asamblea de Santander 1931). En 1932, se dio la ocasión para que cumpliera la misión para la que fue creado, pues además de contribuir a crear la identidad santandereana, sus miembros se comprometieron en la defensa de la patria con motivo de una invasión al territorio amazónico por parte de algunos ciudadanos peruanos. El acontecimiento tomó ribetes de una "guerra internacional", que movilizó a la nación en contra de los enemigos de turno, que mancillaron la integridad territorial.

El artículo pretende mostrar cómo la movilización que se desató por este suceso, no sólo consistió en recursos económicos, tropas y armamento para recuperar la soberanía nacional, sino que también incluyó una defensa a nivel simbólico liderada por hombres de letras asociados, en este caso, en un centro de historia regional. Estos personajes realizaron un uso del pasado deliberado y consciente para argumentar, con datos presentados como irrefutables y verdaderos, la justeza y legitimidad de la causa colombiana (Acevedo 2011).¹ Tal labor se desarrolló a través de tres mecanismos: El empleo de citas históricas de líderes tutelares, la realización de conferencias públicas, y la difusión de argumentos jurídicos internacionales.

El trabajo se estructura en dos secciones. En la primera, se describirán los antecedentes del conflicto colombo-peruano, así como los principales acontecimientos en torno al diferendo fronterizo a partir de la historiografía disponible sobre el tema. En la segunda parte, se describirán los mecanismos empleados por el CHS para defender y estimular el patriotismo a través del uso del pasado. La promoción del patriotismo en Santander, la defensa irrestricta de la Patria y la vinculación a una coyuntura política internacional aguda, fueron sólo una parte del papel que jugó el CHS en la elaboración de una memoria regional y nacional desde la creación académica del pasado.

El conflicto territorial entre Colombia y Perú tiene sus antecedentes desde que el Rey Felipe V expidió, en el año de 1717, una Cédula Real que erigió el Virreinato de Santafé del Nuevo Reino de Granada y le asignó la Real Audiencia de Quito con todos sus territorios. Sin embargo, seis años después, el 5 de noviembre de 1723, se suprimió este Virreinato y la Audiencia de Quito pasó a depender del Virreinato de Lima (Paredes 1999).

Ante los avances de los portugueses en las provincias de América, el Imperio Español se preocupó por delimitar sus fronteras con Portugal y así poder mantener sus puntos clave: Casanare-Orinoco, Mojos, Chiquitos, Guaraní y Maynas. El 1 de octubre de 1777, se firmó el Tratado de Paz y Límites entre las coronas de España y Portugal, donde se reconocieron como límites los ríos Yavari por el Sureste y Yapura por el Noreste. La Corona de España envió a Francisco de Requena como encargado para la realización de las negociaciones con Portugal, pero no se llegó a ningún acuerdo (Betancur y Restrepo 2001, 51). El 15 de junio de 1802, la Provincia de Maynas, que pertenecía a la Audiencia de Quito, pasó al Virreinato del Perú. La Cédula Real expuso:

A partir de la conformación de las nuevas repúblicas que alcanzaron la independencia de la Corona Española, se empezaron a definir las fronteras de acuerdo al Uti Possidetis Juris.² Sin embargo, Colombia y Perú iniciaron una serie de confrontaciones a partir de la conformación de la Gran Colombia. Perú, a través de acciones diplomáticas quiso conseguir la incorporación de Jaén y Maynas, basándose en los informes de Francisco de Requena de 1777, y también quería la agregación de Guayaquil, argumentando la declaración de la Junta de Gobierno, que se conformó después de la emancipación de Guayaquil, la misma que manifestó su intención de ponerse bajo la protección de San Martín (Betancur y Restrepo 2001, 45).

En 1823 se celebró el Tratado Mosquera-Galdeano, con el cual los dos países acordaron los límites con base a los territorios de los antiguos virreinatos, pero no se pusieron de acuerdo en el punto de la desembocadura del río Tumbes y la línea de demarcación hasta el territorio de Brasil. Los desacuerdos continuos en torno a las fronteras, la desconfianza de Perú hacia el gobierno de Simón Bolívar, las deudas económicas por la Independencia, la invasión de las tropas peruanas en los territorios de Maynas, Jaén y Tumbes y la intervención peruana en el derrocamiento del gobierno de Bolívar en Bolivia, fueron las causas para que la Gran Colombia le declarara la guerra a la República de Perú el 3 de julio de 1828.

Perú dispuso de una organizada Marina de Guerra, que emprendió un exitoso bloqueo naval en los puertos colombianos y ocupó los territorios de la Loja, Azuay y Guayaquil. Sin embargo, esta campaña de victorias para Perú, cambió el 27 de febrero de 1829, durante la batalla de Tarqui. El Mariscal Sucre, al mando de la primera división colombiana, con 1.600 hombres —compuesta por tres batallones y un escuadrón—, derrotó a las tropas peruanas. Como consecuencias de la derrota de las tropas peruanas, Perú firmó el "Tratado de Girón",³ que lo obligaba a entregar Guayaquil, pero no cumplió lo acordado, por lo que la guerra continuó cinco meses más hasta que el presidente José de La Mar (1822-1823 y 1827-1829) fue derrocado por un golpe de Estado. El nuevo gobierno de Perú dio por terminada la guerra y firmó el Tratado de Guayaquil el 22 de septiembre de 1829. En este tratado se acordó lo siguiente: "Ambas partes reconocerán como límites de sus respectivos territorios, los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos Virreinatos de Nueva Granada y Perú, con las variaciones que juzgasen convenientes acordar entre sí (De la Vega 1993).

El 11 de agosto de 1830, en la ciudad de Lima, se firmó el Protocolo Mosquera-Pedemonte. Este protocolo determinó que los límites entre Colombia y Perú tomarían como referencia al río Marañón, cuya margen izquierda pertenecería a Colombia y la margen derecha a Perú. Quedaron pendientes los límites definitivos entre los Ríos Chinchipe y Huancabamba donde se localizaba Jaén de Bracamoros. Se le otorgaron 180.000 kilómetros cuadrados al Perú del territorio ecuatoriano. Con la muerte de Simón Bolívar y la disolución de la Gran Colombia, el Protocolo no se ratificó y careció de toda validez.

Disuelta la Gran Colombia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil se disputaban no sólo los territorios de Maynas, Jaén y Tumbes, sino que reclamaban para sí los territorios entre los ríos Caquetá, Napo, y Amazonas, hasta el puerto de Tabatinga. Cada país buscó desde 1830 delimitar sus fronteras haciendo tratados con sus países vecinos. Por ejemplo, en 1832 Diego Noboa de Ecuador y José María Pando de Perú suscribieron un tratado llamado "Amistad y Alianza", el cual tenía como intención reafirmar el tratado de Guayaquil y hacer una delimitación definitiva de sus fronteras. Sin embargo, no se llevó a cabo, porque no fue ratificado y el representante de Perú afirmó que el convenio no debía incluir los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas.

Colombia con el objeto de dar una solución equitativa a los límites de los tres países, gestionó una convención tripartita en Lima el 11 de octubre de 1894. Allí se reunieron Aníbal Galindo y Luis Tanco como representantes por Colombia, Julio Castro ministro plenipotenciario del Ecuador y el abogado Luis Felipe Villarán representando al Perú. Cada delegado presentó una propuesta para la definición de límites, pero no fue posible llegar a ningún acuerdo. Entonces, en la convención, Colombia firmó un acuerdo donde se adhirió a la convención de arbitraje, que había sido firmada por Perú y Ecuador el 1 de agosto de 1887. Firmado el arbitraje, los gobiernos de Colombia y Perú lo aceptaron, pero el congreso de Ecuador no lo aprobó.

En los albores del siglo XX, Colombia suscribió un pacto con Perú, el 6 de mayo de 1904, en el que delegaron en el Rey de España la definición de las fronteras. Mientras se daba un fallo, se declaró un statu-quo en el área comprendida entre los ríos Caquetá y Napo. De hecho, este pacto se convirtió en una serie de acuerdos denominados "Modus Vivendi", los cuales se extendieron por ocho años. Acuerdos, que se dieron durante el nacimiento y el auge de la explotación cauchera, y que favorecieron a Perú, porque aunque no estaban definidas legalmente las fronteras, los peruanos ocuparon los territorios que se estaban disputando legalmente por vía diplomática.

Esta ocupación de los territorios desembocó en un nuevo enfrentamiento entre Colombia y Perú en 1911, cuando tropas peruanas invadieron territorio colombiano en el Amazonas. El gobierno colombiano envió un pequeño grupo de militares, los cuales instalaron una guarnición en La Pedrera (Donadio 2002). Las tropas peruanas vencieron a la guarnición colombiana y confirmaron no sólo la superioridad local que poseía Perú en la zona, sino la organizada marina de guerra, que tenía por objetivo cuidar y salvaguardar los puertos peruanos y la defensa de la parte del Amazonas que reclamaban para sí.

Once años más tarde, después de largas e infructuosas negociaciones entre Colombia y Perú, el 24 de marzo de 1922, se firmó el Tratado Lozano-Salomón. Este tratado fue llevado a cabo por los ministros de relaciones exteriores: Alberto Salomón y Fabio Lozano, en representación de Perú y Colombia, respectivamente. El acuerdo fijó los límites en su Artículo 1° de la siguiente manera:

El acuerdo limítrofe fijado adquirió para Colombia una salida al Amazonas y Perú se hizo acreedor de una frontera hacia la margen derecha del río Putumayo. Posteriormente, el acuerdo se envió a los congresos de cada país para su ratificación. En Colombia, el tratado fue aprobado en 1925, pero en Perú hubo una serie de controversias y sólo se ratificó hasta 1928. La demora en la ratificación del tratado se dio porque no fue bien acogido por diversos actores, que consideraron que lesionaba sus intereses económicos y llevó a una guerra nuevamente entre Colombia y Perú entre 1932-1933.

En América Latina, finalizando el siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, la economía se caracterizó por la búsqueda de recursos naturales, determinada por precios favorables en los mercados internos y externos. Como parte de este proceso, inició el auge del caucho para su extracción y exportación en la zona del suroeste amazónico y se extendió a los países de Bolivia, Perú y Colombia.

En Perú, desde 1875, se fueron creando varias colonias para la explotación del caucho, inicialmente en el territorio de Iquitos (al margen izquierdo del rio Marañón), pero se fueron extendiendo hacia el Caquetá y el Putumayo. En este contexto, llegó el peruano Julio César Arana, quien se convirtió, junto a su familia, en el dueño y señor de la extracción y comercialización del caucho en la región del Amazonas. Según Juan Camilo Restrepo:

El Tratado Lozano-Salomón afectó los intereses económicos, no sólo de la casa Arana, sino de una hacienda llamada El Encanto, cuyo propietario peruano Enrique Vigil, observó con recelo que sus grandes extensiones de tierra en Caquetá quedaban en manos del gobierno colombiano. La zona, donde se ubicó la hacienda, fue entregada a Colombia por parte de Perú con el tratado de 1922. Enrique Vigil y la Casa Arana se convirtieron, entonces, en enemigos acérrimos del tratado Lozano-Salomón y caldearon los ánimos de los pobladores de la Provincia de Loreto, para comprometer al gobierno y a los militares en la defensa de sus propios intereses en el trapecio amazónico.

El 1 de septiembre de 1932, un grupo peruano armado, tomó la población de Leticia, depuso a las autoridades, izó una nueva bandera tricolor e instaló un gobierno peruano en suelo colombiano. Las reacciones iníciales frente a este hecho se manejaron de manera diplomática, porque fue tachado como un "problema doméstico", ya que Colombia aceptó la versión de Perú, según la cual "unos comunistas se tomaron a Leticia para provocar una perturbación en el país y atacar el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro". Tal era la confianza en la versión del presidente peruano, que el presidente Colombiano, Enrique Olaya Herrera, expidió una declaración pública alegando que la toma de Leticia no tenía "carácter internacional y las relaciones entre los dos países eran completamente cordiales" (El Tiempo 1932).

Diez días después la realidad era otra. Perú no había hecho nada para sacar a los supuestos "comunistas" del territorio colombiano, tampoco había condenado la toma, ni había pedido excusas formales a Colombia. El presidente Enrique Olaya preguntó al gobierno de Perú, si permitiría el paso de las cañoneras para las guarniciones militares apostadas en el Putumayo y así poder enfrentarse a las tropas peruanas apostadas en Leticia. La respuesta oficial de Perú fue que "Colombia debía prescindir de toda medida de fuerza si quería un arreglo pacífico del conflicto, porque la ocupación de Leticia era una espontanea manifestación de incontenibles aspiraciones nacionales" (Uribe 1994). Esta fue la llama necesaria, para que el presidente colombiano presentara ante el Congreso las verdaderas intenciones de Perú. El Congreso no vaciló en su respuesta, e inmediatamente aprobó un empréstito para la adquisición de equipos bélicos y el mantenimiento de las tropas. Colombia acababa de aprobar la guerra contra Perú.

La guerra con Perú llegó en un momento en que Colombia estaba inmersa en una crisis económica, derivada de la pérdida de los créditos internacionales, la baja compra del café y el petróleo, la poca inversión extranjera, la caída de los precios agrícolas y unos ingresos fiscales reducidos. A esto se sumó, una situación política compleja, porque el partido conservador había perdido su hegemonía en el poder y el partido liberal asumió las riendas del gobierno. Pero la toma de Leticia, hizo olvidar por un momento estas cuestiones económicas y "políticas" (Atehortúa 2007, 42-55). Todo el país se unió para la defensa del territorio ocupado y por la defensa del honor perdido.

El entusiasmo colombiano por la defensa de la soberanía del país contrastaba con la realidad del ejército. Para 1932, el estado del ejército colombiano era deplorable, porque no tenía suficientes hombres, carecía de oficiales y suboficiales, sus armas eran muy viejas, su "Fuerza Aérea"⁴ muy pequeña, y no contaba con una "Marina de guerra" que pudiera enfrentarse a la "Marina peruana" en el Amazonas (Donadio 2002, 223-224)⁵.

Colombia, en poco tiempo, organizó una fuerza militar, preparada cuidadosamente y dotada con nuevos materiales de guerra. El General Alfredo Vásquez Cobo, Ministro plenipotenciario en Francia, realizó la hazaña de dotar al ejército de nuevos elementos de guerra y fue quien sugirió al presidente Olaya Herrera la compra de buques de guerra, para poder combatir a la mariana peruana en el Amazonas. El presidente aceptó y Vásquez Cobo asumió en persona la compra de los buques y logró conseguir un total de tres embarcaciones, nombradas Córdoba, Mosquera y Bogotá. De igual forma, la "fuerza aérea" (Atehortúa 2007, 8),⁶ se reforzó con nuevos aviones, tripulados por aviadores alemanes —comandados por el coronel Herbert Boy—, quienes tripularon aviones de fabricación norteamericana y viejos aviones comerciales de fabricación alemana adaptados por pilotos colombianos. Con estas disposiciones, quedó conformada una fuerza aérea suficientemente capacitada para enfrentar las tropas y la armada peruana, y recuperar el territorio de Leticia.

A finales de diciembre de 1932 llegó a Amazonas la flotilla de barcos adquiridos por Colombia, pero el presidente Enrique Olaya Herrera no autorizó el uso de estos para recuperar a Leticia, porque conservaba la esperanza que por vía diplomática se buscara una solución viable y evitar llegar a la vía de las armas. Por ejemplo, Brasil intervino proponiendo fórmulas de arreglo y solicitó al gobierno colombiano parquear sus embarcaciones en Manaos, mientras se discutía con Perú. Chile, quien había permanecido neutral, ordenó la ausencia de su embajador en cualquier reunión con Francisco Javier Díaz, e intentó mediar con Perú para impedir la guerra. Incluso, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Henri L. Stimson, llamó también sin éxito a una negociación, que fracasó por la negativa de Perú a devolver Leticia (Atehortúa 2007, 11-13).

Agotadas las vías diplomáticas y ante la negativa de Perú de devolver el territorio de Leticia, el presidente Olaya recurrió a la Sociedad de Naciones. El representante de Colombia, Eduardo Santos, presentó un informe que explicaba la historia del conflicto y exponía los fundamentos sobre los cuales Colombia tenía derecho al territorio de Leticia. El Consejo de Naciones emitió una nota formal el 26 de enero de 1933, donde pidió al gobierno peruano abstenerse de intervenir en territorio ajeno y no ofrecer obstáculo alguno al intento colombiano de ejercer soberanía en una zona reconocida como colombiana en tratados internacionales.

Pero todas estas mediaciones diplomáticas de la comunidad internacional para evitar una guerra entre Colombia y Perú fueron infructuosas. El 20 de enero de 1933, en la guarnición de El Encanto, tres soldados colombianos que cruzaron el río Putumayo para hacer un reconocimiento en el lado peruano se encontraron con 30 soldados peruanos y entraron en combate, cayendo muerto uno de los soldados colombianos y otro más herido. Así se inició a la guerra.

La estrategia militar de Colombia para enfrentar las tropas peruanas, según Atehortúa (2007, 11-13), sostuvo el siguiente plan de operaciones:

Teniendo clara la estrategia y la logística, la operación militar para recuperar Leticia se dio en tres tiempos: El primero de ellos, inició el 14 de febrero de 1933, cuando el General Vázquez Cobo intimó a los civiles peruanos armados que ocupaban Tarapacá (puerto sobre el río Putumayo). La retaliación de las tropas peruanas no se hizo esperar y utilizaron tres aviones para bombardear al barco colombiano denominado Córdoba, impactándolo con una bomba que no explotó. La fuerza aérea colombiana reaccionó y una escuadrilla conformada por tres cazas y cuatro bombarderos, lanzaron bombas sobre las instalaciones peruanas en Tarapacá. Como consecuencia de este primer ataque militar, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Perú.

El segundo momento se dio un mes y medio después, en marzo de 1933, cuando el ejército de Colombia atacó la guarnición peruana acantonada en Güepí. Según lo señalan Contreras y Cueto (2000):

El resultado de esta acción militar fue la captura de algunos soldados peruanos y la toma de Güepí que indicaban el parte de victoria para las armas colombianas.

El tercer momento se dio en el mes de marzo, cuando la flota colombiana atacó la posición de las tropas peruanas en Puca-Urco e hizo dos intentos infructuosos por bombardear el sitio donde estaba la base aérea para los hidroaviones. Después, la flota colombiana desembarcó a las tropas del Destacamento Amazonas en la base de río Algodón sin encontrar resistencia; aun así, se capturaron cuatro militares peruanos que se quedaron rezagados, además de abundante material bélico y de logística.

El 30 de abril de 1933 fue asesinado el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro (1930-1931 y 1931-1933), y su sucesor, el general Óscar Benavides, se reunió con el presidente de Colombia y aceptó entregar Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones, que permaneció un año estudiando posibles alternativas de solución al conflicto. De igual forma, Colombia entregó a Perú la guarnición de Güepí, treinta días después de la firma del cese de hostilidades. Colombia y Perú se reunieron luego en Río de Janeiro para pactar la paz y quedó ratificado el Tratado Salomón-Lozano de 1922, aún hoy día vigente y aceptado por ambas partes.

Inscrito en un gobierno de transición como fue el de Enrique Olaya Herrera, el CHS asumió como propia la causa de defender los intereses nacionales a propósito del conflicto con el vecino país. La explotación del patriotismo fue la característica de esta lucha simbólica que emprendió el Centro, aprovechando en cierta forma, la política de concentración nacional, consigna de gobierno del presidente (Henderson 2006; Pécaut 2001). A muchos kilómetros de distancia, los miembros se sintieron en la obligación de manifestar su voz ante esta coyuntura, trasladando la defensa de los intereses colombianos al terreno simbólico.

Esta participación se dio en tres niveles complementarios. En primer lugar, como eruditos del conocimiento histórico hicieron circular referencias de importantes personajes sobre la nación peruana y sus relaciones con Colombia. En segundo lugar, la revista Estudio sirvió de plataforma de difusión de aquellos argumentos jurídicos que favorecían la posición de Colombia en el litigio internacional que se inició tras la ocupación. Y en tercer lugar, a través de conferencias públicas los miembros del Centro realizaron una defensa a ultranza de los derechos de Colombia a partir de una interesante argumentación histórica.

A través de las páginas de su órgano de información Estudio, el Centro desarrolló la primera estrategia para incentivar el orgullo nacional y por tanto, la anulación del enemigo a nivel simbólico. Con la inclusión de breves citas atribuidas a personajes históricos tutelares, se daba cuenta del tipo de relaciones tormentosas que la nación peruana le iba hacer sufrir a Colombia. La primera apareció a los pocos días de iniciado el conflicto y se titulaba: Perú juzgado por Bolívar. Se pretendió resaltar la benevolencia de Colombia representada en Bolívar, en contraste con la perfidia y maldad de los peruanos, quienes no cejaron en el intento por hacer la guerra a Colombia. La respuesta de Bolívar no fue otra que la generosidad, la nobleza y moderación. La búsqueda de la gloria y el triunfo sobre la ingratitud de los peruanos era la consigna de Colombia en 1829 (Bolívar 1932).

La autoridad que inspiraba El Libertador, máxime cuando el país había girado en torno a su figura en el centenario de su muerte, ayudó para apuntalar una idea esencial en la defensa de los intereses colombianos. El asunto fundamental a resaltar era la perfidia secular que caracterizaba a los peruanos, opuesta a la nobleza colombiana. Estas dos personalidades nacionales se pusieron a prueba una vez más con los acontecimientos de septiembre de 1932, a expensas que Bolívar desde el siglo XIX venía advirtiendo la conducta de los peruanos.

Junto a la referencia bolivariana, la revista incluyó una frase de Rafael Uribe Uribe fechada en 1905, con la que se incorporó la voluntad divina como aliada de Colombia por haber sido la autora de la hoya amazónica para Colombia. De un lado, se esgrimió el argumento histórico-jurídico que hundía sus raíces en el siglo XVIII, motivo por el cual la posesión de Colombia sobre estas zonas era más que secular. Del otro, los intereses colombianos estaban protegidos por los designios mismos del Creador, quien en su infinita sapiencia otorgó a Colombia posesiones sobre una parte estratégica de la Amazonia (Carreño et al. 1932). Un año más tarde, se citó una carta de Bolívar a Mosquera, la cual fue reproducida por el periódico El Deber, de manos de una heredera de éste.

Como el texto trataba explícitamente el asunto de los límites con Perú, el argumento a favor de Colombia era sencillo: El Marañón debía ser el límite indubitable, no sólo porque era una frontera natural sino porque desde siempre el territorio hacia arriba había sido de Colombia. El respeto a este límite era la garantía para evitar guerras entre ambas naciones. La carta de Bolívar inspiró en alguna medida la postura colombiana que resaltaba la ingratitud histórica de Perú, que una vez más se manifestaba con la invasión a Leticia (Bolívar 1933).

De acuerdo a estas referencias históricas, la posición de Perú estaba prácticamente perdida. Las figuras tutelares de Bolívar y Uribe Uribe habían señalado con visión profética cómo esta nación estaba llamada a la traición y la perfidia. En oposición, Colombia históricamente había respetado los lazos que las unían en un gesto de desprendimiento y generosidad, que tenía que ser revalidado a inicios de los años treinta. Como si fuera poco, la voluntad divina también estaba del lado colombiano, puesto que el Señor puso en "nuestras" manos una porción de su creación, razón fundamental para que un devaneo expansionista de los peruanos fuera a alterar el orden natural y religioso de las cosas.

El Amazonas representaba una zona promisoria para el progreso de la nación, tal y como ya lo había advertido el mismo Rafael Uribe unos años atrás, motivo suficiente para defenderla de toda pretensión extranjera. De este modo, las citas fueron uno de los primeros mecanismos como el Centro aportó a la defensa de la Patria, situación que se vería fortalecida por los encendidos y eruditos discursos de algunos de sus miembros más prestantes, tal y como veremos a continuación.

Al poco tiempo de iniciadas las actividades del Centro, algunos de sus socios consideraron pertinente la realización de conferencias públicas con el fin de acercarse a la alta sociedad santandereana y poder ganar reconocimiento en la ciudad. Este mecanismo fue utilizado para difundir la posición de Colombia en el conflicto con Perú, y más específicamente, para mostrar una lectura particular de las relaciones históricas entre estas dos naciones. El 12 de octubre de 1932 se realizó una disertación en el Club del Comercio sobre los derechos de la Patria en la hoya amazónica. La intervención más importante fue la de Gustavo Otero Muñoz, quien señaló que este tipo de eventos concretaba la misión del Centro, particularmente en la promoción del civismo, la cultura y el americanismo. En momentos en que la Patria se hallaba en peligro, la entidad debía "hacerse presente y contribuir a despertar el entusiasmo nacional frente al atropello del invasor". Con este propósito, Otero se dio a la tarea de reconstruir las relaciones entre Colombia y Perú en clave patriótica. El argumento central de esta conferencia tenía que ver con la reivindicación de los derechos colombianos, fundada en el poder de la tradición, definida por la Corona en tiempos de la Colonia y mantenida en tiempos de la separación de España por común acuerdo de respeto por las Reales Cédulas. Ello implicaba el rechazo de toda pretensión de extensión territorial por la fuerza, incluso si se daba en territorio de débil presencia y dominio estatal. La conquista violenta de nuevos territorios sólo se justificaba en el caso de pueblos bárbaros, condición que no se cumplía en este caso.

La defensa del Secretario de Gobierno de Santander apuntaló como argumento a favor del país el uti possidetis derivado de la Corona, desestimando la posición peruana que defendía una Real Cédula de 1802, que adjudicaba Leticia a los peruanos a través del establecimiento de misiones y un obispado. Al respecto y como buen abogado, recordó que en el Derecho Público no "prescriben ni caducan jamás los títulos en que las naciones fundan su soberanía". Por su parte, la argumentación histórica de Otero aludió al carácter traidor y usurpador de los peruanos, su actitud desagradecida por los sacrificios de Bolívar y sus antecedentes de perfidia por una intentona de invasión a Bolivia (Otero 1932).⁷ La parte histórica de la conferencia cerró con la narración de otros hechos en que se dio cierta tensión con Perú: la batalla de Tarqui (1829) y la firma de tratados entre Perú, Brasil y Ecuador, que lesionaban los intereses nacionales durante los años 1869, 1875 y 1890. Todos ellos eran muestra de la "hipócrita diplomacia de Perú" en contra de los "derechos imprescriptibles de nuestra Patria".

La burla, cuando no la afrenta directa de la nación peruana, imposibilitaba una solución al problema limítrofe con esa "raza degenerada". La conferencia de Otero marcó el derrotero de la visión colombiana en este conflicto, pues reiteró la condición pérfida e ingrata de los peruanos, demostrada con creces a través de los siglos, al punto de señalarla como una cuestión "ingénita". En contraste, ningún colombiano podía poner en duda el "título más puro, más legítimo, más claro […]" que tenía la Patria en la hoya amazónica. Tras criticar la diplomacia colombiana por su actitud laxa con un pueblo digno de desconfianza, Otero arengó por la salida militar: "Hay que abandonar, señoras y señores, esa diplomacia romántica y débil, para establecer la del decoro respaldada por la fuerza" (Otero 1932).

Los letrados vinculados al Centro compartían en líneas generales esta concepción de la nación y el gobierno de Perú, idea que se reafirmó a partir del uso de la historia como estrategia incontestable. El 20 septiembre de 1932 en una conferencia, el Secretario de Educación del departamento de Santander, Joaquín Fonrodona Suárez, sostuvo que Perú no debía pertenecer al concierto de las naciones civilizadas por su naturaleza "tarada" y por su gobierno "violador de tratados públicos", "asaltante del poder" "cicario" (sic). Históricamente, Fonrodona recordó el sacrificio de las mujeres en los tiempos de la Independencia, para comparar el valor de las madres, esposas e hijas que en 1932 no sólo entregaron sus alhajas, sino a sus hombres, para defender el territorio patrio (Fonrodona 1932).⁸

Por su parte, el Director de la Oficina de Estadística del departamento, Ernesto Valderrama Benítez, en una conferencia continuó la misma estrategia discursiva. Junto al improperio y descalificación del gobierno peruano de aquel entonces, a nivel histórico resaltó el sacrificio del pueblo colombiano en las batallas de Tarqui (1829), Ayacucho y la inmolación de José María Córdova. Con base en la visión de Henao y Arrubla, el conferenciante pretendía mostrar la tradición violatoria del Derecho Internacional y la recurrente acusación de perfidia (Valderrama 1932). En vista que las acciones peruanas fueron entendidas como un agravio a la soberanía nacional, Valderrama cerró su intervención con un llamado a la defensa férrea del territorio.

La regionalización de la defensa histórica por la agresión al suelo patrio se explicitó en una proposición que asumió el Centro unánimemente en tres sentidos. El rechazo a esta acción se fundó en la sangre que derramaron patriotas santandereanos en Junín y Ayacucho en pos de la libertad de los ingratos peruanos. A ello se sumó la solidaridad expresada por la Academia de Historia de Venezuela, verdadera nación hermana que sí valoró las luchas conjuntas de un siglo atrás. Finalmente, el Centro reconoció y expresó la profunda admiración al pueblo colombiano y santandereano por las jornadas cívicas que confirmaron la adhesión a la "santa causa de la República". Además del saludo y apoyo irrestricto a Olaya, el Centro aplaudió al escuadrón veleño que se ofreció para ofrendar su sangre y a los oficiales santandereanos que fueron llamados por el Ministerio de Guerra para velar por los intereses de la Patria, tal y como lo había hecho Córdova un siglo atrás (Centro de Historia de Santander 1932).

A finales de 1932 e inicios de 1933 la revista Estudio publicó tres nuevas conferencias que no tuvieron gran contenido histórico, pero sí de análisis político. Luis Enrique Navas Prada arguyó la debilidad de la causa peruana por el carácter autoritario del gobierno de Sánchez Cerro, en oposición a la administración democrática y plural de Olaya. Este contraste era el resultado de tradiciones seculares que distinguía el civismo y respeto a las normas del Derecho Internacional de Colombia del "tiranuelo picaresco". No obstante y quizá por cierta afinidad política, el disertante diferenció el "corrupto" gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido que reunía lo mejor de la intelectualidad progresista peruana que no estaba de acuerdo con la invasión (Ardila 1932).

No obstante, para Ardila el conflicto tuvo efectos importantes en la vida colombiana: el despertar de un "fervor nacionalista" y la defensa de su territorio, por tanto de su independencia política. Como hacía un siglo, el gobierno de concentración nacional estaba llamado a "castigar la insolencia de quienes no han sabido ni siquiera medir el desamparo atónito de su propia debilidad". Ir a la guerra y obtener la victoria permitiría al país olvidar sus luchas intestinas partidistas y posicionar como criterio de las dignidades de poder, el desempeño en el campo de batalla y no los favoritismos.

La defensa simbólica de la causa colombiana se extendió hacia los lazos históricos de hermandad y solidaridad con Ecuador. Empleando la metáfora familiar, el ex diplomático Navas Prada señaló la fidelidad de esta nación hermana "menor" a diferencia del ánimo escurridizo y bellaco de los peruanos, que también agredieron a la nación ecuatoriana. A la reiteración de la actitud hostil peruana a través de la historia, que casi lleva a Ecuador a faltar a su vínculo con Colombia, Navas apuntaló otro lugar común en la defensa colombiana: la actitud "vigilante y equitativa [de Colombia] y sentó, desde los albores de su vida autonómica, la base inconmovible y recta de su futura política internacional: el respeto a la palabra empeñada en pactos solemnes". Navas pretendió debilitar simbólicamente al enemigo al señalarlo no sólo como irrespetuoso de los acuerdos internacionales, sino como un país amigo de las agresiones, la usurpación y la expansión en detrimentos de naciones hermanas. Por otro lado, defendía la idea de un apoyo ecuatoriano a la salida militar por parte de Colombia, manera que permitía reivindicarse de las agresiones de las que había sido víctima (Navas 1933).⁹

Así pues, el Centro se dio a la tarea de organizar una serie de conferencias sobre el conflicto con Perú entre 19321933. Estos eventos tuvieron como objetivo constatar la justeza de la causa colombiana a través de la utilización de argumentos y datos históricos "irrebatibles", específicamente, la reconstrucción histórica de las relaciones con Perú. La nota distintiva de estas intervenciones fue la del recurso permanente a la adjetivación del enemigo de turno que apuntaba a una subvaloración del gobierno peruano y en ocasiones de toda la nación. Las representaciones sobre el pasado compartido entre los dos países tenía un sentido claro: Colombia, de tradición civilista y democrática, había sido secularmente una nación respetuosa de los pactos internacionales, mientras que Perú tenía una larga tradición de perfidia y pretensiones expansionistas. La superioridad política y militar de Colombia también hacia parte de los argumentos para defender los intereses y la soberanía de la Patria. Sin embargo, la conferencia no fue el único mecanismo empleado para contribuir a la defensa de la nación. La difusión de argumentos contemporáneos, generalmente de juristas internacionales, complementaba la labor del Centro en el conflicto con Perú.

Las conferencias obtuvieron cierto reconocimiento social por lo menos de la prensa local, al punto que Vanguardia Liberal felicitó al Centro por su labor patriótica que no estaba en el pasado sino en la palpitante y convulsa realidad:

Además, el Centro convirtió la revista en una tribuna para difundir algunos de los principales argumentos jurídicos esgrimidos por Colombia a través de sus abogados, ideas que debían ser apropiadas por los letrados del país. En Estudio se publicaron tres documentos pertenecientes a personajes e instituciones importantes de la política y la justicia internacional que tenían en común estar a favor de la posición colombiana.

El primer documento fue el concepto que el expresidente francés Raymond Poincaré presentó al gobierno colombiano sobre el conflicto amazónico a pedido del doctor Eduardo Santos.¹⁰ Como abogado experto en Derecho Internacional, aseguraba que un caso como el citado no podía ser aceptado por ninguna jurisdicción ya que el asunto se había resuelto entre los dos países, al punto que había tratados firmados e inscritos en la Sociedad de Naciones. El desconocimiento de los mismos por parte de Perú podía ser interpretado como una bofetada a la autoridad de la Sociedad y al mismo Derecho Internacional (Poincaré 1932).¹¹ Fechado el 19 de septiembre de 1932, es decir, a menos de un mes de la invasión a Leticia, los exministros de relaciones exteriores de Colombia publicaron un documento en el que dieron su punto de vista ante la situación que vivió el gobierno nacional.¹²

La carta de los ex-cancilleres puede considerarse como un ejercicio histórico centrado en el proceso de negociación diplomática que algunos de ellos protagonizaron. Reconstruyeron el difícil proceso de aprobación del tratado que violó Perú, en el que intervinieron aspectos como los intereses de países vecinos como Brasil o la dilación en los respectivos congresos nacionales. A pesar de las dificultades y de los avatares propios de la diplomacia, los políticos firmantes reconocieron que a finales de los años veinte, el gobierno peruano demostraba una actitud completamente diferente a la de Sánchez Cerro, al punto que en 1930 se creía resuelto para siempre el diferendo limítrofe. Los ex-diplomáticos también reconocieron el importante papel que jugó la Iglesia Católica para impulsar un ambiente de paz y civilización, al designar misiones para la región amazónica, medida que se acompasaba con la política nacional de colonización de estas tierras poseedoras de inmensas riquezas para la nación (Estudio 1932).

La carta de los ex-cancilleres representó un espaldarazo al presidente Olaya y una reiteración a la actitud civilizada y diplomática del país que guiaba sus relaciones internacionales por la solidaridad y la cooperación con los pueblos. El último documento difundido fue un conjunto de declaraciones de los representantes de varias naciones europeas ante la Liga de las Naciones que refrendaron la justeza de la posición colombiana. Más allá de la exposición de ciertos contenidos jurídicos, la revista hizo hincapié en los pronunciamientos que favorecían al país, pese a la imposibilidad de la Liga por obligar a Perú a obedecer el Derecho Internacional.

La valoración de Colombia como "justa víctima" y el señalamiento a Perú como el único responsable de cualquier desenlace fatal, fueron dos ideas reiteradas en los fragmentos citados. Lo que más interesó al Centro era arraigar la imagen de que el debate del conflicto en el seno de la Liga de Nación era "el más grande de los triunfos que haya obtenido la diplomacia colombiana en todos los tiempos y coloca el nombre de nuestra patria muy alto, como nación civilizada, culta y regida por normas de razón y justicia" (Estudio 1933).¹³

Un poco menos de cinco años después de acabado el conflicto y a tres de la firma del Protocolo de Río, el fantasma de la agresión territorial de 1932 retornó al Centro para reavivar la llama del patriotismo. El asunto no pasó de un par de conceptos de los socios Joaquín Fonrodona Suárez y Juan de Dios Arias Ayala, quienes manifestaron su profundo desacuerdo por una declaración del presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia (SIC), Eugenio Gómez, quien en una publicación financiada con recursos oficiales, halló la razón a los peruanos por la toma de Leticia y despreció la hoya amazónica que tanto esfuerzo le había costado recuperar a las tropas colombianas.¹⁴ La reivindicación de la Patria corrió por cuenta de otra sociedad científica, la de Geografía, que fue la entidad que puso de presente tal falta de "amor patrio" y el abuso de los recursos oficiales para atentar contra el orden y la integridad nacional. Al parecer, el problema entre la SIC y la Sociedad Geográfica de Colombia (SOGECOL) databa por lo menos de 1934, año en que se publicó el libelo del ingeniero y que incluso recibió críticas de su misma asociación.

La participación del Centro con los dos conceptos, hizo parte de una solicitud de la Sociedad Geográfica a todas las entidades culturales del país para que expresaran su patriotismo y rechazaran la declaración del ingeniero Gómez.¹⁵ Los socios distinguidos con esta comisión retomaron la argumentación expuesta en las conferencias, las proposiciones y la revista del Centro, recordando la memoria de los héroes que entregaron su vida por la libertad de Perú y el carácter civilista de Colombia. Además, expresaron su solidaridad con la SOGECOL, entidad que lideró la sentida protesta por las declaraciones "imprudentes" y "antipatrióticas" de la Sociedad de Ingenieros y reiteraron la importancia del Amazonas para la nación. Al parecer, la relevancia de los conceptos y la presión que se quería ejercer tenía cierta relación con la organización de un Congreso Bolivariano de Ingenieros, a celebrarse el 12 de octubre de 1937 y en el que se debatiría la definición de límites con Perú.

De esta forma, hasta bien entrada la década del treinta, el uso del pasado con motivo de la "guerra contra Perú" fue recurrente en el Centro de Historia de Santander, en aras de reafirmar su compromiso patriótico, como parte de los fines para los que fue creado en 1928. La estrecha relación con el poder político departamental o la afectación directa que sufrieron algunos de sus miembros por el conflicto, fueron factores que incidieron en la férrea defensa que de la Patria se hizo desde el Centro¹⁶. Como muy claramente lo señaló Vanguardia Liberal, el Centro no sólo se ocupaba de los placeres de las cosas pasadas sino que también debía estar listo a prestar sus servicios a las causas de la Patria en el presente. Como se trató de mostrar, los hombres de letras que al tiempo ejercían las profesiones liberales o incluso cargos en la administración pública, pusieron al servicio de la causa patriótica sus conocimientos históricos. La defensa irrestricta del proceder colombiano a través de los siglos, la justeza de sus planteamientos y la razón que asistía desde tiempos inmemoriales a la nación, fueron los tópicos que marcaron la participación del CHS en esta coyuntura. De la mano corrió también la tarea de crear una imagen adversa de Perú, argumentada históricamente y en donde el epíteto tuvo un lugar privilegiado.

Además de las conferencias públicas en las que se pretendió difundir este sentimiento patriótico adobado en referencias del pasado, el Centro decidió poner a disposición de la lucha simbólica contra Perú su órgano informativo. Aunque quizá el público que accedía a la revista no era masivo, en sus páginas quedó registrada la adecuación de los datos históricos a las circunstancias presentes de manera palpable. Citas históricas, referencias seculares, declaraciones de políticos y juristas internacionales y notas de prestigiosos rotativos hicieron parte del arsenal del Centro. En todos los casos, Colombia aparecía como una nación admirada y "civilizada".

Con este caso se demuestra cómo el conocimiento histórico responde a los intereses y contextos políticos del presente en que se hallan los creadores del pasado. No obstante, no se puede presumir una correlación mecánica que supedite las reglas propias del campo historiográfico a los acontecimientos que le sirven de marco. En el mismo sentido, se puede advertir cómo las guerras o conflictos bélicos también se libran en el terreno simbólico y cultural, en este ejemplo, nos encontramos con la legitimación de la posición de la Patria a partir de la reconstrucción del pasado. Como también apreciamos, algunos miembros del Centro no se abstuvieron de emitir sus opiniones o de realizar sus análisis sobre el momento político en que se encontraban. En todo caso, se constató cómo el Centro y el contexto local y nacional de la época no huían a la adecuación del conocimiento histórico. Más allá de la pretensión de objetividad se dio un uso patriótico del pasado.

1. Desde una perspectiva relacionada con la educación y las conmemoraciones patrias, Rafael Acevedo escribe sobre el uso público de la historia. La noción, construida a partir de la revisión sistemática de documentación primaria y el diálogo con autores como Hobsbawm, Carretero y De Certeau, alude a la pretensión de la historia patria para formar nuevos ciudadanos a través de la apropiación del pasado, que sirve de base para formular continuidades "imaginadas" en el sentido de Benedict Anderson. En el caso de este trabajo, si bien asumimos y entendemos la intención de utilizar el pasado para estimular el patriotismo, el uso fue políticamente explícito. Los datos históricos y las referencias al pasado tuvieron una función legitimadora de la acción del gobierno nacional en defensa del suelo patrio.

2. El Uti Possidetis Juris es una doctrina de Derecho Internacional Público y un principio del Derecho Internacional Americano. Este principio se establece con base al Derecho Natural, es decir, aquello que es justo por naturaleza sin necesidad de la intervención humana. En estricta aplicación a la realidad de los dominios españoles en América, que nacieron a la independencia, podemos asegurar que la jurisdicción de estas estuvieron asistidas, tanto por el Derecho Natural en el que se asienta el principio del Uti Possidetis Juris, como por el Derecho Positivo en el que se fundamentaron las leyes españolas para la administración de sus posesiones.

3. El Tratado de Guayaquil contiene los siguientes puntos: 1) El ejército invasor debía desocupar todos los territorios de Quito; 2) La desocupación debía realizarse el 2 de marzo de 1829 y terminar en el plazo improrrogable en 20 días; 3) En el Tratado definitivo, que deberá celebrarse en Guayaquil, se resolverían todos los reclamos de Colombia; 4) Debería desocuparse Guayaquil; 5) Para los asuntos limítrofes, se tomaría como base el principio de Uti possidetis Juris de 1810.

4. La aviación militar colombiana sí existía cuando estalló el conflicto colombo-peruano en 1932. La suma total de la fuerza aérea colombiana estaba representada por 11 aviones, pero no tenía ningún escuadrón de combate, los pilotos no superaban la cifra de diez y el único aeropuerto militar era el campo de entrenamiento en Madrid, en la Sabana de Bogotá (porque la pista del aeropuerto de Mariquita estaba abandonada).

5. Los peruanos poseían varias unidades en el Amazonas y en el Pacifico tenían una armada a la vez moderna y anticuada pero superior a la colombiana. Su flota estaba compuesta de cuatro submarinos: El R-1, R-2, R-3 y R-4.

6. La fuerza aérea colombiana se reforzó con dieciséis aviones: tres Fledgling J-2 de entrenamiento, ocho Wild X de observación y ataque, cuatro Osprey C-14 de entrenamiento y un Falcón 0-1 de combate. No obstante, la fortaleza aérea se encontró en la Scadta, cuyo personal civil se desplazó al teatro del sur a la cabeza de dos Junkers F-13, dos W-34, dos Ju-52, dos Dornier Wal Do-J y un Merkur Do-K, algunos de los cuales fueron acondicionados para acciones de caza y bombardeo aéreo.

7. La defensa de la Patria acudió nuevamente a una cita del Libertador, que negaba plenamente la posibilidad de un trato amable con Perú y que reza del siguiente modo: "¡Ciudadanos y soldados! La perfidia del Perú ha pasado todos los límites y hollado todos los derechos de sus vecinos de Bolivia y Colombia. Después de mil ultrajes sufridos con una paciencia heroica, nos hemos visto al fin obligados a repeler la injusticia con la fuerza. Las tropas peruanas se han introducido al corazón de Bolivia sin previa declaración de guerra y sin causa para ella. Tan abominable conducta nos dice lo que debemos esperar de un Gobierno, que no conoce ni las leyes de las naciones, ni las de la gratitud, ni siquiera el miramiento que se debe a los pueblos amigos y hermanos. Referiros el catálogo de crímenes del Gobierno del Perú, sería demasiado, y vuestro sufrimiento no podría escucharlos sin un horrible grito de venganza, pero yo no quiero excitar vuestra indignación, ni avivar vuestras dolorosas heridas. Os convido solamente a armaros contra esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra hija (Bolivia) y que intentan aún profanar el seno de la madre de los héroes (Colombia). ¡Armaos, colombianos del Sur! ¡Volad a las fronteras del Perú, y esperad allí la hora de la vindicta! Mi presencia entre vosotros será la señal del combate".

8. El funcionario incluyó un poema del poeta santandereano Aurelio Martínez Mutis, catalogado como una de las mejores plumas patrióticas: […] Llorosa, exangüe y lívida, sin rumbo por la austera/playa del mar Caribe, vagaba una mujer./Bajo el desorden de oro de su amplia cabellera/Marcábanse los surcos del hondo padecer./ Un caminante ignoto le interrogó cuál era/su nombre. Ella se tuba, vacila en responder,/la frente inclina y calla. Por la extensión postrera/subiendo van las sombras del turbio anochecer./De pronto, un vivo lampo de sol la transfigura,/y roja, azul y gualda se ve su vestidura/sin par. Y él dice entonces: comprendo tu dolor:/¡Eres Colombia! hoy vives sin techo y sin apoyo/Porque tus hijos pérfidos, echaron al arroyo/el nombre que te diera tu gran libertador […].

9. Una conferencia que se dio en el mes de marzo por parte del doctor Pedro Gómez Naranjo, miembro del liberalismo santandereano, fue más que una defensa con argumentos históricos, una reivindicación del gobierno liberal de Olaya Herrera, los improperios hacia el gobierno peruano y la idea de la venganza militar como mecanismo para limpiar la honra nacional.

10. Antes de la publicación del concepto, los socios del Centro fueron muy cuidadosos en anotar la larga y prestigiosa hoja de vida del expresidente: Jurisconsulto, Doctor en derecho, Abogado ante la corte de apelaciones de París, antiguo decano del colegio de abogados. Esto devela la autoridad incuestionable del autor del concepto del que en efecto, salían bien librados los intereses nacionales.

11. Ninguna comisión internacional, ninguna jurisdicción regular, podrían resucitar un proceso en que las partes mismas han fallado. Nada sería más peligroso para la justicia y para el derecho que un abuso de esta clase. Esto sería pedir a esa jurisdicción que saliera de su función normal y que se hiciera moralmente cómplice de un verdadero golpe de fuerza.

12. La carta estaba dirigida al doctor Olaya Herrera y estaba firmada por Antonio José Uribe, José M. González Valencia, Pedro M. Carreño, Pomponio Guzmán, L. García Ortiz, Antonio Gómez Restrepo, Jorge Vélez, Eduardo Restrepo Sáenz, Francisco Samper Madrid y Raimundo Rivas.

13. Dentro de los textos reproducidos en Estudio, los socios del Centro de Historia insertaron una nota editorial del periódico británico The Economist, con el fin de mostrar cómo la causa colombiana contaba con eco en las principales potencias del mundo.

14. La declaración atribuida al ingeniero Gómez supuestamente fue: "Que el Perú estime a Leticia y desee poseerla es justo, es explicable. Sólo la pasión intransigente puede negarlo. Y para Colombia qué significa Leticia? Nada! Absolutamente nada! Ni en lo económico ni en lo social, ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo internacional. Es un apéndice casi inaccesible que tiene todas las características de la glándula humana: ser cloaca predispuesta a infecciones y origen de perturbaciones patológicas." Archivo Academia Historia de Santander (en adelante AAHS), Documento, "Carta de Joaquín Fonrodona Suárez al Presidente y demás miembros del Centro de Historia de Santander", Bucaramanga, caja núm. 1, leg. 10, año 1937.

15. AAHS, Documento, "Carta de José Miguel Rosales, Presidente de la SOGECOL al Señor Presidente del Centro de Historia de Bucaramanga", Bogotá, caja núm. 1, Leg. 10, Año 1937.

16. En la correspondencia del Centro encontramos un par de cartas en las que se alude al traslado obligatorio hacia la capital de un par de miembros de la corporación con motivo de la posible guerra contra Perú. Los dos miembros que al parecer partieron para Bogotá, agradecieron el privilegio de compartir con los personajes más insignes de las letras santandereanas y el placer de los "agradables" salones, al tiempo que prometían prestar su colaboración al Centro en todos los asuntos que estuvieran a su alcance.

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