Múltiples formas de violencia han hecho presencia en Medellín y Barrancabermeja en las últimas cinco décadas, y es indudable el peso del conflicto armado en el trasegar de estas ciudades. Para acercarse a la espiral de las violencias presentes en estos dos municipios es necesario reconocer que son acciones prolongadas en el tiempo, relacionadas con asuntos estructurales no resueltos, conexos con la exclusión y la inequidad social. Esto expresa, que han tenido la presencia significativa de distintos actores armados ilegales y han jugado, de manera diferenciada, un papel protagónico en el conflicto armado colombiano. También las fuerzas militares y policiales estatales han estado en estas dos ciudades y, en esa medida, han incidido en el desarrollo del conflicto: algunas veces rezagadas, otras actuando en complicidad con los grupos ilegales -narcotraficantes y paramilitares- y otras tantas enfrentándolos y aniquilándolos. Pero, evidentemente, sin un control absoluto de la custodia y uso de las armas.

En el caso de Medellín, las expresiones de violencia fueron el resultado de la confluencia de varios factores. La crisis del sector textil, modelo económico que la caracterizaba; el creciente número de migrantes, que llegaron buscando oportunidades laborales o huyendo de la violencia en sus lugares de origen; la escasa receptividad de la clase tradicional hacia los nuevos habitantes; la falta de previsión para planificar la ciudad más allá de la margen oriental y plana del río y, debido a ello, la ocupación de las laderas por los menos favorecidos; todos estos puntos son identificados por Patiño (2015), Martin (2014) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017) como facilitadores de las distintas manifestaciones de violencia en la ciudad.

Algunas de esas expresiones fueron el contrabando y el narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980, que encontraron en las bandas criminales el ejército de guerra para alcanzar sus objetivos. Durante la década de 1980, el Cartel de Medellín puso en jaque la institucionalidad de la ciudad y del país y, de acuerdo con Martin (2014), mercantilizó el crimen organizado a través del sicariato. A la par, en la década de 1980, en algunos barrios periféricos, se conformaron grupos de autodefensas o de limpieza social para enfrentar a la delincuencia común. Los abusos cometidos posteriormente por estos grupos facilitaron la conformación de milicias populares, no insurgentes, con el objetivo de proteger a la población.¹ Para finales de la década de 1980, y durante la de 1990, llegaron milicias guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que buscaban combatir tanto a las bandas delincuenciales como a las milicias populares, pero también trataban de consolidar su presencia en la ciudad. Es en la década de 1990 cuando el Cartel de Medellín desaparece, gracias a labores de inteligencia adelantadas por el Estado colombiano en colaboración con exintegrantes del Cartel o enemigos de Pablo Escobar.²

Para finales del siglo XX y principios del XXI, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a la ciudad con los Bloques Metro (BM), el Bloque Cacique Nutibara (BCN) y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Los dos primeros solo tuvieron incidencia en la capital antioqueña, pero las diferencias militares y políticas los llevó a enfrentarse entre sí, lo que se tradujo en el aniquilamiento del BM por el BCN. La presencia del paramilitarismo trasladó a las ciudades el conflicto sociopolítico librado hasta el momento en las zonas rurales, y buscó destruir las milicias populares y guerrilleras, así como cooptar a las bandas delincuenciales (Jaramillo y Gil 2014).

Se puede afirmar que hacia 2002, y hasta noviembre de 2003, cuando se desmovilizaron, el BCN tuvo prácticamente el control de las actividades ilegales y del manejo de la seguridad en los barrios populares de Medellín (CNMH 2017).³ Pero los actos violentos no desaparecieron en la ciudad. Entre 2004 y 2005 hubo una reconfiguración del espacio dejado por el BCN que motivó la llegada de nuevos grupos paramilitares (como las Autodefensas del Magdalena Medio), el resurgimiento o nacimiento de bandas criminales (bacrim) y la presencia de reductos guerrilleros en algunos barrios periféricos de la ciudad. De la misma forma, antiguos miembros del BCN siguieron delinquiendo y se reconocieron como paramilitares, aunque ya no de este Bloque.⁴

Por su parte, Barrancabermeja se consolidó como ciudad a partir de su importancia como puerto petrolero y por la oleada de migrantes, buscando mejores condiciones económicas o huyendo de la violencia presentada en los municipios cercanos. Para Isacson (2001), su importancia fue creciendo por su ubicación geográfica, en tanto es un puerto con salida hacia el Atlántico, y por la centralidad ocupada en la región del Magdalena Medio, caracterizada por grandes riquezas agrícolas y mineras, pero también, o debido a ello, por las constantes manifestaciones sociales reivindicativas de derechos.

De acuerdo con Bolívar (2006), las diferencias de clase y las situaciones particulares de su consolidación como ciudad la convirtieron, en las décadas de 1970 y 1980, en un referente nacional de las exigencias sociales y populares relacionadas con el derecho a la vivienda, a equipamientos colectivos y, en general, a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Esto permitió el fortalecimiento del movimiento social, caracterizado por la proliferación de expresiones contestatarias y reivindicativas lideradas desde varias corrientes como las comunidades cristianas de base, las apuestas sindicalistas, estudiantiles, profesorales y populares. La constante demanda hacia el Estado generó sinergias con los grupos insurgentes de la izquierda colombiana. Es así como las células urbanas guerrilleras, inicialmente del ELN y luego de las FARC y del EPL, encontraron un nicho importante de su accionar en los barrios ubicados principalmente en el nororiente de Barrancabermeja, y fueron la autoridad durante muchos años. Para la década de 1990 estas guerrillas ejercían control en buena parte del territorio marginal barramejo.

Debe señalarse que la presencia del pandillaje o la delincuencia común no fue muy significativa en esta ciudad. Al menos, no apareció nombrada como tal en el rastreo realizado para esta investigación. Eso no significa su inexistencia. Podría pensarse que estas acciones eran controladas generalmente por los grupos guerrilleros o por la fuerza pública.

Las guerrillas tenían presencia en el puerto petrolero y en los municipios ubicados al norte del Magdalena Medio, principalmente. En el sur, habían sido desterrados, desde mediados de la década de 1980, por grupos paramilitares financiados por terratenientes y narcotraficantes, como el llamado Muerte a Secuestradores (MAS), cansados de los cobros extorsivos cometidos por las FARC.⁵ El ataque contra las guerrillas fue expandiéndose hacia el norte, persiguiendo a guerrilleros comprobados o a personas asumidas como auxiliadores de la guerrilla. El movimiento social y los militantes de partidos de izquierda de Barrancabermeja y el norte del Magdalena Medio fueron estigmatizados por los paramilitares como guerrilleros.

Las primeras manifestaciones del proyecto paramilitar se sintieron luego de 1985, cuando los líderes sociales y los militantes de izquierda se convirtieron en objetivo militar, con la complacencia de las fuerzas armadas asentadas en esta parte de la región. Sin embargo, los crímenes se cometían esporádica y selectivamente.⁶ En 1998 irrumpieron en los barrios del suroriente de Barrancabermeja, asesinando a siete personas y desapareciendo a otras veinticinco.⁷ Es el hecho que ratifica la decisión de tomar el control en el puerto petrolero. A partir de ese momento, las Autodefensas de Santander y Cesar (AUSAC), en un primer momento, y el Bloque Central Bolívar (BCB), después, intensificaron los dispositivos de guerra en la ciudad. Los abusos cometidos por el paramilitarismo fue uno de los motivos para reorientar las demandas del movimiento social de Barrancabermeja y el Magdalena Medio; esta vez para exigir respeto por los derechos humanos. Las consecuencias de esta persecución fue el debilitamiento del movimiento social, como bien señala García (2006). A finales de 2001, este actor armado desterró a las guerrillas del puerto petrolero y tuvo hegemonía en los sectores populares hasta marzo de 2004, cuando el BCB aceptó desmovilizarse y hacer parte del proceso de negociación que se adelantaba para la época.⁸ Como sucedió en Medellín, los hechos violentos siguieron ocurriendo en la ciudad entre 2004 y 2005, esta vez cometidos por las bacrim, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares no reconocidos como tales.

Pero más allá de realizar un escrito sobre la manera como los distintos actores armados vulneraron los derechos de las poblaciones en Medellín y Barrancabermeja, este artículo pretende destacar el papel jugado por las mujeres habitantes de zonas marginales en estas dos ciudades, para afrontar las distintas acciones violentas perpetradas contra ellas y las comunidades. Destacar algunas experiencias de resistencia adelantadas por mujeres agrupadas, para soportar, enfrentar y denunciar, como una manera de evitar el olvido y alcanzar actos de reparación.

Si bien es posible encontrar investigaciones académicas que recogieron las situaciones vividas en el territorio colombiano, una vez se dio la urbanización del conflicto, ya sea desde las particularidades del paramilitarismo o desde la transformación histórica de la violencia en Colombia, estos análisis se realizan con una mirada política y socioeconómica, tomando como objeto de estudio, principalmente, la influencia de los actores armados.⁹ Algunas interrogan sobre las particularidades que una población específica debe afrontar ante una realidad violenta, teniendo en cuenta sus antecedentes en la construcción social del territorio.¹⁰ Y es escasa la producción investigativa que tiene como población objetivo a las mujeres, o a los procesos organizativos y comunitarios de resistencia, con relación a las situaciones violentas ocurridas en las ciudades; más restringido aún si se habla de colectivos de mujeres.¹¹

El recorrido por los anteriores referentes investigativos, y la consulta de distintos enfoques y teorías, además de la experiencia del trabajo de campo, permite la apropiación de las definiciones que, sobre violencia, violencia contra las mujeres y resistencia guían este escrito. En este sentido, es preciso clarificar que se prefiere el término de violencia al de conflicto armado. Esto se explica por considerar, primero, al conflicto como una manifestación ante las diferencias de al menos dos personas o grupos, y que estas pueden resolverse sin necesidad de recurrir a la violencia (Ruiz 2005). Y segundo, el término conflicto en el contexto colombiano, la mayoría de las veces, está asociado con connotaciones políticas y actores específicos (guerrillas, paramilitares y fuerzas militares estatales), lo que deja por fuera otras manifestaciones relacionadas con lo delincuencial o las violencias en ámbitos micro como viviendas o barrios. Esto limita el análisis para ciudades como Medellín y Barrancabermeja, porque allí las acciones violentas se presentan desde mucho antes de lo conocido como urbanización del conflicto y las mismas han respondido a múltiples factores relacionados con exclusión e inequidad social.¹² De hecho, autores como Perea (2013) e informes como el realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (Duque 2009), afirman que la mayoría de homicidios en el país son cometidos por la delincuencia común y no por los actores armados ilegales del conflicto sociopolítico. Se parte entonces de aceptar lo propuesto por autores como Arendt (2006), en el sentido que la violencia tiene un vínculo con la búsqueda de poder, y si bien es instrumental a este -o al conflicto- también es un fenómeno por derecho propio. Ese poder no es solo político, igualmente aparece en las relaciones construidas en los espacios micro y con otros intereses, como lo señala Foucault (1998). Por su parte, Kalyvas (2001) asume la violencia más como un proceso que como una variable dependiente del conflicto.

Respecto a la violencia contra las mujeres, se reconoce que la misma se ejerce, la mayoría de las veces, desde un poder construido sobre la figura simbólica de la autoridad, asumida naturalmente como propiedad masculina. Según García (2016), este poder naturaliza los comportamientos agresivos contra las poblaciones que consideran inferiores en cuanto a identidad sexual, edad, etnia, posibilidades económicas y diferencias culturales. Calveiro (1999), por su parte, señala que independientemente del espacio de relación donde se ejerza el poder, la violencia se expresa, por lo general, desde la agresión física o el daño psicológico. Para el caso específico de las mujeres, el abuso sexual, incluida la violación, es utilizado con frecuencia para debilitar a la víctima. Estos actos tienen la intención de dejar cicatrices que ayuden a recordar el dolor y a desatar miedo. Algunas mujeres abordadas en esta investigación, entre 2000 y 2005, fueron agredidas individualmente por personas cercanas a su entorno cotidiano. Igualmente, fueron violentadas como parte de un colectivo por los distintos actores armados. Es sobre estas experiencias en concreto que se presenta este artículo.

Al momento de pensar en los procesos reparadores liderados por mujeres contra los actos cometidos por los distintos actores armados, la resistencia se convierte en una noción orientadora para este propósito. Se acepta la propuesta de Foucault (1998) y Scott (2004) que consideran la resistencia como inherente a las relaciones de poder, que puede darse en los espacios macro pero que también está presente en los espacios micro. Foucault (1998) asegura que las relaciones de poder están presentes porque coexisten múltiples formas de resistencia, debido a cierta libertad que permite reaccionar a los actos de dominación. Si no existe la posibilidad de resistir todo queda reducido a una cuestión de obediencia. En el mismo sentido, Uribe (2015) sostiene que los poderes autoritarios no son totalitarios y, por tanto, necesitan negociar con los resistentes pacíficos, cívicos o violentos. Para esta investigación se evidencian diferentes actos de dominio relacionados con la violación a los derechos humanos a poblaciones vulnerables, que alteraron la vida cotidiana pero que encontraron formas de resistir y denunciar estas violencias.

Los hechos violentos causan daño y los sufrientes deben encontrar una forma de resignificarlos. Das (2008) afirma que compartir el dolor lleva a descubrir que no se está sola con el sufrimiento y que este puede transformarse en una fuerza sanadora y motivadora para buscar formas creativas de resistir. En esa medida, los sufrientes adoptan estrategias para enfrentar al poder dominante a través de formas disfrazadas, discretas e implícitas a la resistencia, nombradas por Scott como infrapolítica.De Certeau, Jameson y Lovitt (1980) las llaman el "arte del débil" y el CNMH (2017) "repertorios de resistencia".

Este escrito es de tipo descriptivo, apoyado en un estudio de caso que tiene como población objetivo a grupos de mujeres de Medellín y Barrancabermeja que resistieron a las violencias sucedidas en estas dos ciudades entre 2000 y 2005.¹³ Específicamente, hay un interés por evidenciar los hechos violentos cometidos por los distintos actores armados legales e ilegales. La población objetivo de la investigación son dos grupos de mujeres de la Comuna 13 de Medellín y la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja.¹⁴ La selección de estos grupos está mediada por la importancia que tuvieron para resistir las situaciones violentas durante esos seis años, liderando procesos organizativos y comunitarios, favorables tanto a sus integrantes, familiares y a la comunidad en general.

Para ello se realizó el trabajo de campo apoyado en las técnicas de entrevista semiestructuradas. En la construcción de este artículo se tuvieron en cuenta siete entrevistas (dos mujeres integrantes del grupo Mujeres Sembradoras de Esperanza, una mujer del grupo Mujeres Caminando por la Verdad y dos mujeres relacionadas con la Organización Femenina Popular (OFP), en el período delimitado para esta investigación, una mujer perteneciente a la Ruta Pacífica de Mujeres y un hombre exdirigente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos); además de un grupo focal con Mujeres Sembradoras de Esperanza, donde participaron cinco integrantes). Las entrevistas y el grupo focal brindaron información sobre el contexto social, político y económico de las ciudades; hechos de violencia individual y colectiva y actor armado responsable; acciones de resistencia y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales, nombre y tipo de acompañamiento brindado. Ambas se realizaron en dos momentos. El primero en la Comuna 13 de Medellín, entre 2002 y 2004, cuyos registros reposan en el archivo personal de la investigadora. El segundo en la misma comuna y en Barrancabermeja, entre 2016 y 2018.

De igual forma, se realizó un registro de archivo con las noticias relacionadas con las distintas violencias -económica, política, social, familiar-. Se tuvo acceso a los ejemplares impresos del periódico El Colombiano (Medellín) y los ejemplares del periódico Vanguardia Liberal (Bucaramanga), en especial la separata sobre Barrancabermeja y el Magdalena Medio. También se consultaron en archivos digitales (CD). Se pudo acceder a los ejemplares de las dos casas editoriales emitidos en los seis años, casi en su totalidad, obteniendo inicialmente 1 143 noticias. Posteriormente, la información recogida se depuró al concentrarse en las variables relacionadas con el hecho violento -lugar y fecha de ocurrencia, actor responsable, características de las víctimas, si se denunció y ante quién se hizo- y experiencias de resistencia, -lugar y fecha, colectivos participantes, simbología utilizada, impacto y observaciones-. Para este escrito solo se utiliza una pequeña muestra de la consulta total realizada.

Asimismo, se accedió a investigaciones de los últimos años relacionadas con el tema de interés y se consultaron las estadísticas e informes finales que sobre violencia se produjeron en instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades municipales y gubernamentales -secretarías de gobierno, personerías, Defensoría del Pueblo- y organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). La información recolectada desde las distintas fuentes primarias y secundarias fue analizada en procesadores de datos.

Los homicidios, causados principalmente por armas de fuego, ocurridos en estas dos ciudades tuvieron un peso significativo en los registros nacionales. Específicamente, entre 2000 y 2005 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta la ocurrencia de 1 396 homicidios en Barrancabermeja y 14 399 en Medellín. Una primera lectura permite apreciar que en ambas ciudades la tasa de homicidios, por cada cien mil habitantes, y por año, superó considerablemente la tasa de homicidios de Colombia. La excepción ocurrió en 2005 en Medellín, que estuvo un punto por debajo de la tasa nacional, como puede apreciarse en la tabla 1.

Tabla 1

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2001, 27; 2002, 54; 2003, 40 y 42; 2004, 37; 2005, 66 y 69; 2006, 67 y 70).

Puede notarse un incremento en los homicidios en los dos primeros años, para el caso de Barrancabermeja, época para la cual el proyecto paramilitar buscó consolidarse en esta ciudad. Algo similar sucedió en Medellín, donde llama la atención la cifra de 3 591 homicidios para 2002, año en que se recrudeció la violencia ante el aguante de las bandas y las milicias guerrilleras frente a los ataques del paramilitarismo. Una vez los paramilitares se consolidan como el actor armado ilegal dominante en ambas ciudades, y en los años posteriores a la desmovilización del BCN (Medellín) y el BCB (Barrancabermeja), las cifras descienden considerablemente.

Otra manifestación de violencia está referida a la desaparición forzosa o extrajudicial, instrumento de guerra utilizado en Colombia desde hace varias décadas por los actores armados legales e ilegales. Para el período de análisis se presentaron 202 desapariciones forzadas en Barrancabermeja y 1 974 en Medellín, como se observa en la tabla 2.

Tabla 2

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2014, 274); Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (2004); Instituto Popular de Capacitación (2004 y 2005).

Habría que señalar, sin embargo, que conocer la cifra exacta de desapariciones forzosas en estas dos ciudades fue imposible porque no todos los casos fueron denunciados antes las autoridades pertinentes, por el temor o las amenazas del perpetrador a los familiares. Sin embargo, puede concluirse que fue un fenómeno de alto impacto para personas y comunidades. De acuerdo con la información recogida por el CINEP y Credhos, 2001 fue el año donde más ocurrió este crimen en Barrancabermeja, seguido de 2003. En el caso de Medellín, establecer comparaciones entre años se dificultó al no contar con una misma fuente de información.

Sin embargo, se quiere llamar la atención respecto al año 2003 en ambas ciudades, porque además de mostrar cifras considerables en la ocurrencia de este crimen fue el año donde comenzaron a aparecer las fosas comunes en lugares dominados por los paramilitares, como el corregimiento de San Cristóbal y la parte alta de la Comuna 13 -concretamente en La Escombrera-, además de los barrios Niquitao, San José de la Cima, La Cruz y Santo Domingo en Medellín (Restrepo 2003; Yarce 2003a). En el caso de Barrancabermeja se encontraron fosas en barrios de la comuna nororiental y el río Magdalena sirvió de depósito de los cuerpos asesinados ("Se duplicó número de desaparecidos" 2003).

Pero no solo el derecho a la vida se vio afectado por las acciones de los actores armados. El territorio colombiano, en general, debió sumar las amenazas y abusos como extorsiones, violaciones sexuales, enfrentamientos armados y la implementación de normas de comportamiento.¹⁵ Estas situaciones obligaron al desplazamiento de miles de personas de manera individual o colectiva de sus municipios de residencia, buscando escapar de la zozobra o de la muerte. La tabla 3 muestra el número de personas que llegaron a Medellín y Barrancabermeja en esos seis años.

Tabla 3

Fuente: Observatorio de Paz integral (OPI) (2007).

Las acciones violentas cometidas en los barrios, el desplazamiento masivo, principalmente ocasionado por los paramilitares, y el desplazamiento individual, obligado por otros actores ilegales, llevó a evidenciar que este fenómeno se presentaba desde tiempo atrás al interior de las ciudades y no solo era una especificidad de las zonas rurales. La ley 387 de 1997, por la cual se adoptaron medidas para la prevención del desplazamiento forzado, así como la atención a las víctimas de este fenómeno, se había quedado corta, al no brindar atención a las víctimas habitantes de zonas urbanas. La sentencia T-268 de 2003 de la Corte Constitucional corrigió este error al reconocer el desplazamiento intraurbano a partir de junio de 2002.¹⁶ Las denuncias hechas sobre desplazamiento intraurbano en Medellín y Barranca-bermeja aparecen en la tabla 4.

Tabla 4

Fuente: Observatorio de Paz Integral (OPI) (2007); Red Nacional de Información (RNI), Unidad de Víctimas. Corte al 20 de abril de 2018.

Como sucedió con los otros crímenes, como la desaparición forzada, se dificultó determinar el subregistro en cuanto a las personas obligadas a desplazarse al interior de estas ciudades, posiblemente porque antes de 2003 este fenómeno no estaba reconocido ni atendido legalmente. La información recogida en 2005, por las instituciones en Ba-rrancabermeja y la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, señaló un incremento en las denuncias. Sería interesante poder conocer los responsables de ese desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores armados, ante las ya mencionadas desmovilizaciones de los grupos paramilitares en ambas ciudades.

Tanto en Medellín como en Barrancabermeja las viviendas desocupadas fueron utilizadas como trincheras en el momento de los enfrentamientos, o fueron despojadas por los paramilitares para ser arrendadas o cedidas a familias designadas por ellos. En la Comuna 13 de Medellín, por ejemplo, la Lonja de Propiedad Raíz reportó 768 viviendas desocupadas en 2002 (Arias 2002). Algo similar sucedió en los sectores nororiental y suroriental de Barrancabermeja, de acuerdo con lo manifestado por una exintegrante de la OFP.¹⁷

Conviene señalar las fortalezas de este estudio, así como sus limitaciones. Al ser parte de un ejercicio doctoral se tuvo acercamiento a diferentes dispositivos utilizados por agrupaciones populares de mujeres, para responder a los hechos violentos ocurridos entre 2000 y 2005. Este material puede servir a futuro para escribir la memoria de estas violencias y las afectaciones que causaron en las víctimas. Relacionado con lo anterior, se trató de pensar a las mujeres como sujetos políticos y no solo como víctimas. Las dificultades de la investigación estuvieron relacionadas con el subregistro, que se presentó al momento de clasificar los actos violentos. Esto significó consultar bases de datos de distintas instituciones, para observar las discontinuidades en las cifras de un mismo año de una institución a otra. O en otros casos, no se contó con el registro sistematizado de un hecho por la misma institución consultada. Sigue comprobándose la falta de cultura del dato en Colombia. Y relacionado con las bases de datos, la dificultad de identificar cuáles o cuántos de esos hechos violentos fueron cometidos por los actores armados vinculados con el conflicto sociopolítico y cuáles por otros victimarios.

Ante el subregistro de la información, o precisamente por este, los niveles de impunidad en el país frente a los actos de violencia señalados en las páginas anteriores fueron superiores al 80 %, tal como lo evidencian los distintos informes realizados por organismos defensores de derechos humanos, como el CINEP y Credhos (2004) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) (2004; 2005). Esto pudo ocurrir por la falta de denuncia de las víctimas o sus familiares ante el temor de ser identificados por el actor armado responsable del hecho violento y sufrir algún tipo de represalia. El no denunciar también pudo presentarse por la falta de credibilidad en los organismos estatales, encargados de resolver y hacer justicia. Y para los casos denunciados por familiares o por organismos no institucionales son escasas las posibilidades de capturar al autor material e intelectual de los mismos.

Se podría afirmar que, para el período de análisis, la mayoría de personas asesinadas y desaparecidas forzosamente en Medellín y Barrancabermeja fueron de sexo masculino, mientras que las poblaciones más afectadas de desplazamiento forzoso fueron los menores de edad, adultos mayores y las mujeres. Asimismo, que los integrantes de los distintos grupos armados, fueran legales o ilegales, eran en su mayoría hombres.

Estas características del conflicto sociopolítico en Colombia llamaron a jugar a las mujeres a partir de distintas posiciones. Es así como fueron asediadas por las violencias en su ámbito cotidiano y debieron asumir, por convicción u obligación, roles como botines de guerra, amantes, compañeras sentimentales o esposas de algún actor dominante; fueron víctimas de feminicidio y todo tipo de agresión sexual.¹⁸ También fueron victimarías y parte activa en los grupos delincuenciales. Asimismo, fueron afectadas por las violencias silenciadas en el ámbito familiar. Lo anterior permitió reconocer las distintas formas de manifestación de los micropoderes por parte de los actores armados presentes en Barrancabermeja y Medellín.

De forma paralela, la población civil, y específicamente las mujeres habitantes de las zonas afectadas, pensaron en cómo enfrentar esas propuestas bélicas y cómo resolver las dificultades presentes al interior de sus hogares, relacionadas con falta de oportunidades laborales, educativas y sociales, pero también con maltratos físicos, psicológicos o sexuales. Estas múltiples realidades, manifestadas desde distintas violencias, llevó a varias mujeres, la mayoría con bajos niveles educativos y dedicadas a las labores domésticas, o a trabajar de manera informal, principalmente como empleadas domésticas o vendedoras ambulantes, a potenciar en su interior cualidades de liderazgo, o pensarse más allá del ámbito familiar, como puede leerse en los siguientes testimonios:

Las mujeres debieron construir maneras de enfrentar una realidad en continua relación con las violencias, desde las subjetividades y las fortalezas sentidas por hacer parte de un colectivo. Crearon otros micropoderes pensados para resistir las violencias. Así, el discurso oculto de la resistencia, señalado por Scott (2004), fue apropiado por las mujeres haciendo uso de herramientas que dominaban pero que no representaron aparentes peligros para las apuestas hegemónicas de los actores armados.

Como ejemplo, la alimentación se convirtió en un punto de encuentro, una forma de convocar a las víctimas y, a la vez, sirvió para enfrentar soterradamente a los victimarios. En la Comuna 13 de Medellín, entre el 2001 y el 2002, las acciones colectivas alrededor de los sancochos comunitarios fueron la excusa para convocar a quienes fueron obligados a desplazarse por temor a los enfrentamientos entre las milicias populares y guerrilleras con los paramilitares y las fuerzas armadas estatales.²¹ Con la disculpa de compartir la comida, muchas familias que habían huido retornaron a sus lugares de habitación. Y en Barrancabermeja, los comedores comunitarios implementados por la OFP, además de mitigar el hambre de decenas de empobrecidos se convirtieron, en su momento, en un lugar de refugio para familias víctimas de desplazamiento por denunciar retenciones o por ser declarados como auxiliadores de las guerrillas.²²

Las movilizaciones contra la violencia fueron otra forma de acción colectiva motivadas por las mujeres y a las que asistían víctimas de los actores armados, acompañadas de organismos defensores de derechos humanos de carácter nacional e internacional.²³ Como ejemplos, las realizadas por la Ruta Pacífica de Mujeres y la OFP a ciudades como Barrancabermeja en 2001 y a Bogotá y la Comuna 13 de Medellín en 2002. También merecen mencionarse los distintos actos culturales, como los bazares comunitarios, los grupos juveniles y culturales liderados por grupos de mujeres y grupos artísticos populares en estas dos ciudades, que buscaron alejar a la población infantil y juvenil de los grupos armados.

Las distintas formas de resistencia trataron de aminorar los efectos de la guerra, pero también sirvieron para reclamar justicia, utilizando el recuerdo y la denuncia, como puede leerse en las experiencias descritas a continuación.

En la Comuna 13 de Medellín, en 2001, una vez se percibe la llegada de los grupos paramilitares al sector y ante los continuos enfrentamientos con las milicias populares en la disputa por el control territorial, varias organizaciones comunitarias, religiosas y educativas buscaron realizar acciones que evitaran el éxodo masivo de familias que huían de estos enfrentamientos. Una de estas acciones fue recuperar la cancha de Villa Laura para realizar eventos deportivos y culturales y, de esta manera, congregar a los habitantes que aún permanecían, pero también a los que habían salido del sector. Con ese objetivo se hicieron, en varias oportunidades, encuentros eucarísticos, eventos culturales, torneos deportivos, murales y sancochos comunitarios. Estos eventos integraron a los habitantes de los barrios El Corazón, Belencito, Villa Laura y Betania, principalmente. Podría decirse que estas acciones lograron sus dos objetivos: que la gente se tomara la cancha, así fuera por un momento, y que los actores armados respetaran esas manifestaciones.²⁴

A raíz de la recuperación de la cancha se reforzaron algunos grupos comunitarios y surgieron otros. Para 2002, algunas mujeres, acompañadas por la comunidad religiosa conocida como las Hermanas Lauritas, se reunieron para recibir apoyo psicosocial y a partir de esta formación poder acompañar a personas víctimas de la violencia. En ese momento se reconocieron como Mujeres Sembradoras de Esperanza.

A partir de 2003 comenzaron a llegar al grupo mujeres que tenían a un familiar desaparecido por los actores armados.²⁵ Poco a poco fueron ganando identidad como grupo y encontraron un espacio en la oficina de la hermana Rosa, para guardar allí las fotos y pertenencias de sus seres queridos. También empezaron a ser acompañadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.²⁶ Con su ayuda, pudieron visibilizar, nacional e internacionalmente, las atrocidades cometidas por los actores armados en la primera década de este siglo.²⁷ Un número significativo de personas desaparecidas fueron enterradas en fosas comunes como La Escombrera, ubicada en la parte alta de la Comuna 13, y donde, según afirmaciones de desmovilizados acogidos a la Ley de Justicia y Paz, pueden encontrarse al menos cien cuerpos.²⁸ En 2009, motivadas por su movilización y permanente denuncia, decidieron nombrarse como Mujeres Caminando por la Verdad. En 2016 este grupo de mujeres logró que la Alcaldía de Medellín destinara recursos para que la Fiscalía General realizara excavaciones en una parte de La Escombrera. Y aunque no se encontraron cuerpos el grupo sigue resistiendo y apostando por encontrar a sus familiares desaparecidos.²⁹

Por su parte, la OFP nació en 1972 como una propuesta comunitaria liderada desde la Iglesia católica. Sin embargo, y debido al empoderamiento alcanzado por las mujeres que allí asistían y su activa participación en asuntos políticos, en 1979 decidieron proclamarse como una organización autónoma de la iglesia. Desde esa época se ha caracterizado por acompañar procesos populares que le significaron el reconocimiento del movimiento social barramejo. Así, la OFP participó de las distintas manifestaciones sociales adelantadas en el puerto petrolero en los años 1970 y 1980, orientadas a reivindicar los derechos sociales y políticos y, en específico, los relacionados al derecho a la vivienda digna y a mejoras de infraestructura. A partir de la década de 1990 se estableció como defensora de los derechos humanos. De manera particular, a lo largo de su historia como organización, ha sido promotora de difundir y garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la población femenina.

En ese contexto, es justo afirmar que la OFP fue fundamental para resistir la arremetida paramilitar vivida entre 1998 y 2004 en Barrancabermeja. Además de brindar alimentación, refugiar familias amenazadas en sus sedes y organizar movilizaciones nacionales para solidarizarse con las poblaciones en conflicto, continuamente retaron las normas impuestas por los paramilitares. Y lo hicieron a través de convocar movilizaciones locales, realizar eventos académicos nacionales e internacionales, así como vigilias en horarios de circulación prohibida y la organización de espacios culturales conocidos como Bazarte. Podría afirmarse que cuando el movimiento social del puerto petrolero fue debilitado estratégicamente por los paramilitares, las mujeres de la OFP siguieron realizando sus actividades públicas. Y junto con la Defensoría del Pueblo y Credhos denunciaron, continuamente, los hechos de violación a los derechos humanos ante organismos locales, nacionales e internacionales.

En muchos casos fueron las mujeres de la OFP quienes impidieron que los paramilitares retuvieran a una persona para ser ajusticiada, y cuando no pudieron evitarlo se encargaron de recorrer las calles del puerto petrolero, o navegar en el río Magdalena para recuperar el cuerpo y evitar así el sufrimiento de la familia.³⁰ Eso las convirtió, si se quiere, en la única autoridad legitimada por muchas familias ante la pasividad y complicidad de las fuerzas militares y policiales frente al actuar de los armados ilegales. Lo que significó ser declaradas objetivo militar por los paramilitares, e incluso llegaron a asesinar a algunas de sus integrantes.³¹ Pero también les valió el reconocimiento de su labor internacionalmente, al crear fuertes vínculos con organizaciones como Mujeres de Negro; obtener, en 2001, el premio Violencia contra Mujeres Derechos Humanos de y para las Mujeres, otorgado por las Naciones Unidas y, en 2005, la postulación de Yolanda Becerra, su líder histórica, al Premio Nobel de Paz de ese año, recomendada por la organización internacional Peace Woman (Carvajal 2001; 2005).

Los actores armados ilegales ejercieron control territorial e implantaron formas de comportamiento y sanciones de todos los matices, que iban desde el llamado de atención y formas de vestirse hasta el asesinato, desaparición o desplazamiento forzoso. Aquellos que cuestionaron o no acataron sus directrices fueron amenazados, perseguidos y victimizados, controlando con sus acciones el devenir cotidiano en los barrios populares de Barrancabermeja y Medellín, pero también incidiendo en las decisiones de ciudad de tipo político-administrativo de la época. Las distintas violencias (política, social, económica, familiar, cultural y territorial) llevaron a los pobladores a interiorizar una lógica de la guerra manifestada en fronteras invisibles, extorsiones, normas de comportamiento, asesinatos selectivos y señalamientos. Es decir, una degradación total de la violencia donde hombres y mujeres del común asumieron diversos roles y aportaron el mayor número de víctimas.

Se hizo necesario recoger parte de las experiencias colectivas y los testimonios individuales de quienes padecieron las violencias en estas dos ciudades, entre 2000 y 2005, para acercarse a la verdad de lo acontecido en lugares marcados por el dolor y el sufrimiento y, a la vez, por la esperanza y la reconciliación. Específicamente, la manera en que las mujeres interiorizan los efectos de las violencias. Y desde allí propusieron estrategias personales y sociales para soportarlos e incluso superarlos, siendo una clave de lectura académica fundamental para entender los estragos de la violencia armada. Particularmente, los grupos de mujeres de la Comuna 13, amparados en la comunidad religiosa, participaron de actividades para recuperar espacios perdidos por las confrontaciones armadas, brindaron acompañamiento a sus pares y a otras personas de la comuna y, finalmente, concentraron sus energías en denunciar las desapariciones forzosas ocurridas sistemáticamente. Por su parte, el recorrido popular y social de la OFP fue la base para enfrentar, de una manera decidida, a los paramilitares y convertir cada agresión en una oportunidad para crear símbolos de afrontamiento y denuncia. Los tres grupos, desde sus posibilidades, se valieron de los repertorios de la resistencia. De la misma forma, estos y otros colectivos de mujeres comenzaron a adelantar acciones para visibilizar lo que estaba sucediendo en sus barrios, es decir, pasaron de actos específicos locales a una denuncia que alcanzó niveles de ciudad y en ocasiones trascendió esas fronteras.

Así como puede afirmarse que la violencia encontró un espacio donde desarrollar sus múltiples manifestaciones, también puede concluirse que existieron formas creativas de resistencias, surgidas desde los sectores populares, que deben ser reconocidas para esclarecer el lugar ocupado por la violencia en la construcción de ciudad y ciudadanía.