Durante la Guerra Fría se impulsaron estrategias represivas contra opositores al statu quo. Para la región latinoamericana los cambios propuestos significaban una modificación al ordenamiento del modelo económico-político, a la vez que un reacomodo en un mundo con dos polos ideológicos.

Acontecieron décadas de conflictos gremiales, sindicales, políticos y armados con una intensa confrontación como fuerte represión.¹ Diferentes regímenes con distintas características, autoritarismos y dictaduras, pero también conflictos armados, cubrieron la región. Muchas de las experiencias estuvieron inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).² De ella devinieron estrategias represivas y un saldo de víctimas que aún se desconocen en su totalidad.³ En particular en territorios como el mexicano en que predomina la opacidad.

La incorporación de la DSN derivó en el ejercicio sistemático de políticas represivas dirigidas contra los "subversivos".⁴ Se los identificó nacionalmente como enemigos internos y se buscó su aniquilación, lo que a su vez provocó la instalación de una lógica belicista (Feierstein 2007; Franco 2012).

A pesar de que cada gobierno siguió principios particulares, la DSN compartida en sus principales directrices, desembocó en una misma retórica, que les permitió coordinarse intra y extraterritorialmente. El ejemplo más significativo fue la Operación Cóndor, un acuerdo entre varios gobiernos sudamericanos para localizar, perseguir, detener y en algunos casos asesinar y desaparecer a los enemigos, hasta traspasar fronteras nacionales (McSherry 2014).

Ahora bien, existió en particular dentro de las violaciones cometidas, el uso de espacios de concentración clandestina. Se trató del principal dispositivo empleado por las dictaduras, que se extendió a otro tipo de regímenes, como se ve en México. Su mayoría fueron adaptaciones o adiciones a locales al interior o anexos a cuarteles y bases militares o policiales, o bien eran lugares de origen civil, apropiados o rentados por las fuerzas de seguridad.

Aunque cada espacio tuvo sus características, algunos dimensiones materiales e inmateriales fueron similares. Inclusive, la denominación que cada comisión de investigación, organismo de derechos humanos (DDHH) o gobierno nacional les otorgó, difiere uno de otro, pese a un funcionamiento equivalente. En Argentina fueron los Centros Clandestinos de Detención (CONADEP 2012), en Brasil los Centros Clandestinos de Tortura y Muerte (Leão de Aquino 2012), en Chile los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (Memoria Viva 2015) y en Uruguay fueron Centros de Reclusión Clandestinos (Rico 2007).

En estos países funcionaron conjuntamente con otros dispositivos represivos, más rutinarios y públicos, como los centros militares. No obstante, en todos existieron espacios civiles ajenos totalmente a situaciones de confinamiento policial o militar. Como se señaló, México acompañó en su tiempo el uso de estos lugares.

Las estrategias represivas fueron similares, algunas más abiertas y expuestas en el espacio público cuando se trataba de áreas urbanas y otras muchas veces soterradas como las aplicadas en zonas rurales o alejadas del centro de los poderes federales. Se debe recordar que el régimen mexicano, surgido de la Revolución, evolucionó fortaleciéndose con un discurso nacionalista, potencializado durante la Guerra Fría. Ello devino en instrumento útil para velar su anticomunismo. La ejecución de este posicionamiento se comenzó a ver cuando se hicieron evidentes los brotes guerrilleros (Beltrán del Río 2003, 22-24; Castellanos 2008). La existencia del "delito de disolución social" amparó la recurrencia del uso de la fuerza estatal, que tenía entre sus principales brazos ejecutores a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Fernando Gutiérrez Barrios era su director durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) (Cabildo 2001).

Fue en 1968, cuando el estallido del movimiento estudiantil en la capital evidenció la represión ante su demanda (Cazés 1993). Se trataba de un pliego petitorio de varios puntos, como la eliminación del "delito de disolución social", el inicio de un diálogo público con el gobierno y la liberación de los líderes ferrocarrileros del movimiento sindical disidente (1958-1959).

La conjugación de diferentes demandas y la obstrucción de salidas alternativas para encauzarlas, retroalimentó el camino ya incursionado de la guerrilla "[...] lo cual, a su vez, abrió paso a la llamada 'guerra sucia',⁵ cuya mayor intensidad se registró en la década de 1970 pero con repercusiones hasta los años ochenta" (Dutrénit y Varela 2010, 233).

Esta respuesta gubernamental, que alcanzó a distintos grupos y movimientos disidentes al corporativismo imperante, se ejecutó desde los niveles federal, estatal y municipal. Una violenta represión ante cualquier brote que cuestionase el statu quo, estuvo en consonancia con la confrontación ideológica y el influjo de la DSN. En este contexto se extendió la práctica de secuestros, torturas, ejecuciones, desapariciones y reclusión clandestina.

Lo que queda es una herencia de violaciones de los DDHH, con cientos y cientos de víctimas por la represión política. Herencia sostenida por una cultura de impunidad que ha protegido a los responsables de los delitos (Acosta 2012). Ello aconteció mientras el régimen se exhibió con una peculiaridad respecto a sus políticas exterior e interna: la eficaz ambigüedad que hizo posible la postura de no intervención (Doctrina Estrada) y el despliegue de solidaridad y apoyo a los perseguidos de otras nacionalidades, al mismo tiempo que internamente sectores de su población eran perseguidos y reprimidos en forma similar a las que habían padecido sus protegidos. De ahí la caracterización de política bifronte, con dos caras, dos posturas que han sido funcionales a una concepción de ejercicio del poder.⁶

No obstante, para México la impunidad no solo juega un papel decisivo en el pasado, sino también en el presente. La inmensa mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese periodo aún permanecen impunes.⁷ En buena parte se debe a que los informes, denuncias y testimonios que existen no son atendidos por la justicia, o las pruebas para demostrar la culpabilidad de las fuerzas públicas han sido deliberadamente ocultadas o desaparecidas. Si bien organizaciones como el comité de Defensa de Presos Políticos hicieron pública la denuncia tempranamente (Dutrénit 2015), víctimas directas o indirectas no presentaban ninguna clase de denuncia por temor a las represalias o por la sensación de que nada se haría.

De los crímenes más complejos de probar es la sustracción -o secuestro- y la posterior reclusión extrajudicial. Ello debido a que, aunque pueda argüirse la desaparición, las autoridades niegan haber sido los captores o no revelan su paradero. Sumado a esto, muchas de las personas capturadas sin ninguna orden judicial en su contra, no fueron trasladadas a instalaciones municipales, estatales o federales, sino confinadas en distintos lugares, al cobijo de la clandestinidad. Práctica que tiene, entre otras consecuencias, la dificultad para localizar esos lugares y, por consiguiente, a las personas recluidas. A estos espacios se les denominó CC.

Falta mucho por develar sobre la represión de esta época. Se presentan al menos dos desafíos: que exista voluntad política del Estado para conseguir información más precisa y medidas efectivas para esclarecer, así como el rompimiento de silencios y olvidos obligados, por pactos o por temores. Prueba de ello es un suceso reciente como el de Ayotzinapa, donde la impunidad reinante fue un ejemplo que "desnudó" a México ante el mundo (Beristain 2017).

Desde el momento de su enunciación, las CC mexicanas durante las décadas 19601980, representan un objeto de estudio problemático. Esto se debe a que entre la documentación que especifica su existencia, no se define qué indica exactamente el concepto o cuáles son las características que comparten para reunirlas en una misma denominación. Esta investigación partió de la noción que son "dispositivos de seguridad" (Foucault 2006, 27)⁸ donde el Estado concentró técnicas represivas que de otra manera no podría haber efectuado.⁹ En este sentido, la consulta de informes gubernamentales, de asociaciones de defensa DDHH o hemerografía, permite establecer que aunque no exista una designación específica, es posible vislumbrar que una CC es un emplazamiento de reclusión que no cuenta con un registro oficial de existencia en cualquiera de los niveles administrativos del Estado (LIMEDDH 1997).

El principal elemento constitutivo de las CC es su naturaleza de espacio de contención para aquellos que han infringido los códigos legales de un Estado. Esta revisión se elaboró desde la condición de su funcionamiento como espacios de detención ilegal. Las CC funcionaron bajo el ocultamiento del saber público y sus dispositivos de seguridad no eran regulados por ningún código. Las prácticas realizadas iban en contra de lo estipulado en normas nacionales y acuerdos internacionales. A pesar de su ilegalidad, no funcionaron al margen del Estado, sino con su consentimiento y operados por fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército y algunos organismos policiales.¹⁰ Una comparación útil para comprender su atípica naturaleza, proviene de la equiparación entre las CC y los centros clandestinos detención de la dictadura argentina. Estos "[...] sólo fueron clandestinos para la opinión pública y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre [ellos]" (CONADEP 2012, 55). Es necesario subrayar que su existencia y funcionamiento fueron solo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos del Estado. Lo mismo podría decirse de las experiencias en otros países.

Se mencionó que los silencios, la información no accesible y la dinámica de impunidad persistente, dificulta el conocimiento sobre las CC. Sin embargo, en organismos gubernamentales y de la sociedad civil, así como desde los campos académico y periodístico, y de los testigos y víctimas, es posible encontrar indicios sobre su existencia. Hacia ello se fija el lente de este análisis.

Se ubican cuatro tipos de fuentes. Una son los informes producidos por organismos oficiales: el de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) -tanto en su versión oficial como en el borrador filtrado por su coordinación histórica, ambos de 2006-, y el Informe sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2001. En 2014, se conoció el Informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Todos incluyen testimonios de detenidos-desaparecidos o tienen datos directos sobre esta situación. Por ejemplo, en el informe de 2014 se identifican instalaciones militares, policiales, habitaciones de hoteles o inmuebles particulares, como espacios de reclusión.

Otro tipo de fuentes son los trabajos académicos de Claudia Rangel (2011) y de Jorge Mendoza García (2011; 2015a). Ambos ofrecen testimonios de quienes pasaron por estas cárceles. A estos trabajos se suman los de Laura Castellanos (2008) y Carlos Illades (2018), en donde pese a no centrarse en las CC, dan indicios de su existencia. El tercer tipo de fuentes son los testimoniales y autobiográficos. Aquí se ubican los de Alberto Ulloa Bornemann (2004) y Gustavo Hirales (1996), exguerrilleros que aportan información sobre el Campo Militar N° 1 y las características de dicha CC. También el de Victoria Mendoza Salgado, quien rememora su experiencia de reclusión en Guerrero.

Por último, una no despreciable fuente es la hemerográfica, principalmente el diario La Jornada y el semanario Proceso,¹¹ que en sus reportajes y notas presentan datos respecto a la existencia de cárceles en diferentes estados.¹²

Ahora bien, con las investigaciones y testimonios mencionados, no únicos, pero sí los que mayor información ofrecen, aún no se ha logrado establecer el total de CC de este periodo. Es posible afirmar que diferentes aspectos se suman para mantener incógnitas sobre su existencia. Sin duda, cuando se tienen testimonios, situación poco común, se aprecia la dificultad de los sobrevivientes para establecer la ubicación; o en otros casos, las fuentes disponibles no identifican la calle, la localidad e inclusive el estado.

En el presente artículo fue posible avanzar en la localización de algunas en el Distrito Federal (DF) -hoy Ciudad de México-, Guerrero, Jalisco, Coahuila, Sonora y Sinaloa. Sin embargo, según el caso, se difiere en calidad y cantidad de información. El cotejo de fuentes realizado permite reafirmar su existencia en locales militares y policiales, como en espacios civiles. Por lo general, estos eran inmuebles particulares apropiados por distintas fuerzas de seguridad, incluso habitaciones de hotel, pero no en todos los casos se identificó el origen. La tabla 1 condensa los datos ubicados hasta el momento.

Tabla 1

* El espacio tuvo las funciones de cárcel clandestina, pero quienes ahí estuvieron recluidos no la denominan así.

Distintos podrían ser los ordenamientos para el acercamiento a cada una de estas CC, si se les piensa desde lo material o inmaterial. Se optó por una presentación que sigue el orden de la tabla debido a una más clara focalización.

En el Distrito Federal se visibilizó la represión con las consecuentes detenciones desde finales de los años 50 pero, particularmente, con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. No obstante, al DF llegaban los detenidos de diferentes puntos del país. Respecto a estas CC, es importante apuntar que existe mayor información en comparación con las de otros estados.

La emblemática CC del Campo Militar N° 1 (CM1) se ubicó al interior de sus instalaciones, pero no las abarcó en su totalidad. En reportajes de José Reveles se asevera que el espacio de detención podría ubicarse en el sótano próximo a la puerta 8, ya que el general Humberto Francisco Quirós Hermosillo poseía una "oficina que tenía comunicación por una escalera hacia los subterráneos en donde se mantuvo a presos políticos durante meses y años mientras eran buscados por sus familiares", entrada oculta al "esta[r] camuflada detrás de una bodega con expedientes" (Reveles 2011, 208).

En el CM1 el tiempo de detención era variable. Algunos testimonios señalan que fue de semanas o meses, en otros de años. Esto último se aprecia en el testimonio de Ulloa Bornemann -miembro de la Liga Comunista Espartaco-, donde relata su comunicación con otros presos:

Cuando se narran las torturas, se rememora que se realizaban en las caballerizas contiguas a la cárcel. Según el testimonio de Arturo Miranda Ramírez -militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria-, ese espacio era conocido como "el torturatorio" (FEMOSPP 2006, 545).

La CC también conocida como "Túnel del radio" fue denunciada desde los años setenta (Ibarra de Piedra 2011). Tanto Rosario Ibarra de Piedra -madre de Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1974-, como Carlos Marín (1979, 12), Elena Poniatowska (2001) e integrantes de Amnistía Internacional (1980) que visitaron México, advirtieron sobre las denuncias de familiares de desaparecidos y de sobrevivientes acerca de su existencia. Pasados los años, las memorias de Ulloa Borne-mann (2004) e Hirales (1996), las investigaciones periodísticas de Borbolla (2007) y Castellanos (2008), así como el informe AI sobre desapariciones forzadas (Amnistía Internacional 1998), señalan que no hay esclarecimiento, aún más, expresan la negativa gubernamental a su existencia.

Ahora bien, otras dos CC en la Ciudad de México operaron en instalaciones controladas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La primera ubicada en sus oficinas a un costado del Monumento a la Revolución. El inmueble de cuatro pisos fue sede de la institución desde 1961 (Cervantes, 2016). Al igual que en el CM1, la CC no ocupaba todo el edificio. Eladio Torres Flores -militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S)- testimonia que el área destinada fueron los separos al interior del edificio (Cilia y González 2005, 54).

Si bien pudiera pensarse que por su ubicación cercana al emblemático monumento, esta CC sería fácil de reconocerse, no lo fue así para los detenidos, quienes eran trasladados al lugar, por lo general, con los ojos vendados. Lo recuerda Irineo García Valenzuela -militante de la LC23S-, quien supo que estaba allí gracias al error de un custodio:

El otro espacio bajo el control de la DFS que funcionó como CC se localizaba en la colonia Roma, sobre la calle Circular de Morelia. El edificio tiene seis pisos, siendo el sótano el espacio en que funcionó la CC. De acuerdo con el testimonio de Alberto Híjar -miembro del Frente de Liberación Nacional y el Taller de Arte e Ideología-, los detenidos en el sótano estaban encapuchados, tenían las manos amarradas por detrás del cuerpo y eran torturados. Un episodio fortuito le permitió descubrir su ubicación:

Aunado al testimonio de Híjar, Ibarra de Piedra tuvo conocimiento que aquel edificio albergaba una CC y, en varias ocasiones, se apostó afuera del lugar con el fin de saber si ahí se encontraba su hijo. Pero también buscaba encontrarse con Miguel Nazar

Haro, director de la DFS, identificado como uno de los que ordenaban las detenciones, e incluso, de ser autor material de las torturas (Ravelo 2001). Además, Ibarra de Piedra afirmó que esa CC no era desconocida -o cuando menos intuida- por "los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 [que] escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos" (Becerril 2012). Ese edificio, al igual que decenas de inmuebles, fue afectado por el terremoto de 1985 y recientemente instituido como Sitio de Memoria.¹³

Otra de las CC de la Ciudad de México en instalaciones de tipo militar, fue la llamada Base Jaguar, ubicada en la delegación Iztapalapa -hoy Alcaldía-, dentro del Criadero Militar de Ganado y Granja "El Vergel". Actualmente, el predio alberga a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (DGFAVE) (Martínez 2017). Si bien en la investigación no se encontró mayor información sobre sus características materiales, los testimonios de Irineo García Valenzuela, Rafael Ochoa Quintana y Mauricio Miranda Gastellum -miembros de la LC23S- registran su existencia (LC23S 2005).

Es importante mencionar que esta CC no solo figura en la página virtual Documentos de la Liga Comunista 23 de Septiembre o en el blog de Desaparecidos de México,¹⁴ sino que también es difundida en la prensa local y nacional. David Cilia Olmos -miembro de la LC23S- recuperó y publicó el testimonio de esos detenidos en sus artículos de Contralínea (Cilia 2014) y La Jornada del Campo:

De las CC más difundidas en los medios de comunicación, fue la ubicada en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), debido a su descubrimiento en el terremoto mencionado. Miguel Cabildo, periodista del semanario Proceso, publicó la primera noticia del hallazgo el 5 de octubre de 1985. De acuerdo con Cabildo (1985), dentro del inmueble de cinco pisos:

Asimismo, en entrevista con agentes de la dependencia, se entrevé que la detención ilegal se ejecutaba en ese gimnasio y también en habitaciones de hoteles aledaños. La versión de los agentes, de acuerdo con Cabildo, quedaría corroborada por una segunda fuente: "[l]os encargados de los hoteles cercanos a la dependencia, entrevistados por Proceso, confirmaron la versión [...] Principalmente, los fines de semana era cuando habilitaban muchos de los cuartos como [CC]" (Cabildo 1985, 21).

Un grupo testimonial ratificaría de primera mano estos hallazgos. Se trata de declaraciones efectuadas conjuntamente por Antonio Vital Galicia, Jesús Né-quiz González y Marco Antonio Rocha Romero -ex trabajadores de la Secretaría de Salud-. En su declaración a la prensa, aseguraron que el 22 y 23 de junio de 1978 fueron recluidos en la CC localizada dentro de la PGJDF. Ello en represalia por la huelga que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaba. Si bien declararon que la CC estaba en el sótano (Castillo 2003a), como podría ser el de la DFS, el edificio aludido sería el que señaló Cabildo.

En el centro de Ciudad de México funcionó la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD). Su edificio era conocido como la DIPD de Tlaxcoaque. Desde 1965 a 1985 fue espacio de detención policial.¹⁵

Al edificio llegaban personas acusadas de diversos delitos. Entre ellos, los estudiantes y activistas detenidos durante las manifestaciones de 1968. En sus testimonios aseguran que dentro de la DIPD existió una CC. Renán Cárdenas - miembro del Consejo Nacional de Huelga- declaró que el 18 de septiembre de 1968 fue detenido en Ciudad Universitaria y conducido a la DIPD de Tlaxcoaque. Ahí fue interrogado, no torturado físicamente, pero tuvo que presenciar cómo golpeaban a otros estudiantes. En una situación similar, Marcelino Perelló Valls -miembro del Movimiento Estudiantil- rememoró que:

En su novela autobiográfica Fragmentaciones, José Falconi -militante del Partido Comunista de México- narró su experiencia en las celdas de Tlaxcoaque. Si bien Falconi no fue apresado durante aquellas manifestaciones, en 1972 fue detenido por seis meses en este local y ahí presenció las secuelas de la tortura en otros detenidos. A través de su obra se conocen algunos detalles sobre esa CC:

Una última CC de la Ciudad de México sobre la que se obtuvo información, fue la que operó en el Cuartel del Batallón de Granaderos de Tlatelolco. Algunos detenidos durante las manifestaciones de 1968 señalan que el espacio de concentración fueron las celdas del cuartel, lugar donde se llevaba a las personas detenidas, lo mismo que a personas fallecidas durante la Matanza del 2 de octubre:

Sumado a ello, la desaparición en mayo de 1975 de David Jiménez Fragoso -militante de la LC23S-, también constata que el Cuartel de Granaderos de Tla-telolco funcionó como CC, porque fue uno de los lugares donde se le detuvo, bajo custodia de la DFS (Centro ProDH 2011).

Con escasos datos, es posible pensar que funcionaba como centro de tránsito y reubicación de los detenidos. Ello debido a que reportes policiales, elaborados por oficiales de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGPT) y de la DIPD, registran el traslado de detenidos a otras cárceles -no necesariamente clandestinas- y de otros que continúan desaparecidos. De acuerdo con el recuento de Jesús Ramírez Cuevas:

La información sobre lo acaecido en las CC de la Ciudad de México advierte sobre circunstancias similares, pero en diferentes instalaciones. Detenidos por manifestaciones, cuya expresión emblemática fueron las de 1968 y otros por su participación en la guerrilla, algunos más trasladados desde diversos puntos del país, parecerían ser las principales víctimas. No todas ellas con un destino final de "desaparición".

Si bien la información hallada hasta el momento es sumamente precaria, algunos ex-detenidos han señalado a la Base Aérea N° 1 como una CC operante en el Estado de México. Tanto Híjar (2019), como Rubén Melitón Ramírez (Ballinas 2004) y Francisco Juventino Campaña López (1979) -miembros de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP)- identifican a esta base como parada previa al ingreso al CM1, donde fueron torturados y alojados. No obstante, el escaso conocimiento que existe aún no permite establecer la duración de la detención, las características del local o si funcionó como espacio de distribución o alojamiento prolongado.

Guerrero es un estado con tradición de lucha a la vez que de sistemática represión. Su presente es un escenario de crímenes de lesa humanidad. En su geografía han existido también CC de diferente tipo, principalmente controladas por la DFS y el Ejército. De acuerdo con el informe ¡Que no vuelva a suceder!, "en el estado de Guerrero, se habilitaron dos campos de concentración, uno en Pie de la Cuesta, Acapulco, en la Base Aérea Militar número 7; el otro en el cuartel general del municipio de Atoyac. Ambos pertenecientes a la 27^a Zona Militar" (FEMOSPP 2006, 532). El informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD 2014) anota idénticos datos.

Informes anteriores ilustran también sobre estas dos CC y apuntan a la existencia de similares. En este sentido, lo ratifican otras fuentes señalando que se trataba de diversos espacios controlados por el Ejército y fuerzas de seguridad.

La primera de estas CC se encontró dentro del cuartel general de la 27a zona militar de Atoyac. El apogeo del establecimiento, según el informe de la FEMOSPP, se produjo entre 1975 y 1978, periodo en el que se detuvo aproximadamente a 5000 personas (FEMOSPP 2006, 535). Claudia Rangel relata el común denominador para los detenidos:

Este cuartel también se identifica como el último lugar donde fueron vistas muchas personas que continúan desaparecidas. Es emblemático el caso de Rosendo Radilla -activista social detenido por el Ejército-. La denuncia de este caso motivó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) por la represión de los años 70. Su búsqueda obligó a excavar en las instalaciones del ex local militar (García 2019, 14).

Asimismo, importa mencionar que, mientras funcionaba la mayoría de las CC identificadas, los familiares de desaparecidos acudían a pedir informes. El Ejercitó les negaba que ahí estuviesen, a pesar de que otros detenidos, ya liberados, o vecinos de la zona, les aseguraban que ahí se encontraban.¹⁶ La COMVERDAD documentó para Atoyac, una gran cantidad de esos casos.

La otra CC guerrerense prominente estuvo localizada en la Base Aérea Militar Número 7, en Pie de la Cuesta. Sus instalaciones fueron habitadas desde la década de 1940, pero comenzó como CC entre 1970 y 1971 (FEMOSPP 2006, 536). Del testimonio de Elba Fuentes Organista -cuyo padre, Julio Fuentes Martínez, fue miembro de la Organización Partidaria- presentado ante la FEMOSPP (2006, 536), se desprende que el espacio de concentración primario era el patio de la base y el de tortura estaba en un sótano:

El informe ¡Que no vuelva a suceder! asienta que, por esta CC, activa cerca de 10 años, pasaron aproximadamente 5000 personas (FEMOSPP 2006, 540). Una de sus características es que sirvió para la detención prolongada, aunque empleada también como local transitorio y de distribución hacia otras cárceles.

Ahora bien, dos CC guerrerenses de las que se tiene aún menos información, estaban situadas en el cuartel general del 27° Batallón de Infantería en Iguala y en el cuartel general de la 35° Zona Militar de Chilpancingo. En lo que respecta a Iguala, es mencionado en el informe de la FEMOSPP (2006, 542), mientras que el cuartel de Chilpancingo es señalado como último paradero de algunos detenidos (COMVERDAD 2014, 183). Ambas instalaciones están indicadas en el testimonio que Antonio Hernández Fernández -ex miembro del Partido de los Pobres y representante del Comité Nacional para la Defensa de Presos Políticos, Personas Desaparecidas, Perseguidos o en Exilio- presentó en el juicio del soldado desertor Zacarías Cruz Osorio (Hernández 1993, 128).

Es posible que una de las razones de ausencia de información -por ocultamiento de las fuerzas de seguridad o por el silencio de los sobrevivientes y testigos- obedezca a que estos dos cuarteles continúan siendo escenario de episodios violentos en la historia reciente como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras que se ha comprobado que el cuartel de Iguala fue uno de los paraderos de los normalistas (Rosagel 2015), algunos militares asentados en el cuartel de Chilpancingo son señalados como posibles sujetos a investigación por tal desaparición (Grecko 2018).

Otro indicio de CC se desprende del testimonio de Hernández Fernández, mencionado más arriba. Se trata de la Base Naval de Icacos, ubicada en Acapulco. Base señalada como espacio de detención ilegal, aunque no se precisa cuál fue el lugar exacto empleado para tal finalidad. Hernández Fernández anota que:

A este testimonio se suma lo que Alejandra Cárdenas Santana -militante del Partido de los Pobres- narró a Castellanos (2008, 290). En su caso, la detención en Icacos se sumó a una serie de CC en las que el Ejército y elementos de la DFS la tuvieron arrestada.

Como se ha dicho, las CC en México y otros países se dieron en instalaciones diversas, no solo militares o policiales. Por ejemplo, dos de las identificadas en Guerrero estaban en oficinas de administración estatal. Al respecto existen testimonios de detenidos que posteriormente trasladados a otros espacios también clandestinos. La primera fue las celdas ubicadas dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En el informe de la COMVERDAD, se señala al mayor Mario Arturo Acosta Chaparro como responsable de instalarla allí (COMVERDAD 2014, 6). Ligado a ello, la COMVERDAD (2014, 104) recogió el testimonio sobre la desaparición de Rodrigo Ramírez García -miembro del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Baja California-, el cual menciona que, mientras sus familiares lo rastreaban, su padre recibió "un 'papelito'. Era un recado en el que le decían que lo buscaran en la SAHOP" (COMVERDAD 2014, 104), porque ahí estaba detenido.

A la cárcel de la SAHOP se le conoció de distintas formas: "La Coca" -porque se encontraba detrás de una embotelladora de Coca-Cola-, "Ferrocarril" y "Trenecito", por la disposición de celdas, a lo largo de un pasillo similar al transporte (Petrich 2000).

La descripción más detallada sobre este espacio la proporciona Hernández Fernández (1993). Entre otras CC, allí estuvo detenido y le fue posible memorizar sus características materiales, así como las prácticas ejercidas:

Otra CC emplazada al interior de un edificio de administración pública fue la localizada en la Secretaría de Protección y Vialidad de Acapulco. Al igual que con la SAHOP, el informe de la COMVERDAD (2014, 6) concluyó que este local fue usado como cárcel por órdenes de Acosta Chaparro. A diferencia del anterior, no hay información que describa sus condiciones materiales. Sin embargo, el testimonio de Juan Guillermo Juangorena Tamayo -dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria de Sinaloa, quien se fue a Guerrero por ser perseguido en su estado natal- da a conocer su detención en ese local en 1978. Al mismo tiempo, recuerda que:

Se identifican a la vez CC instaladas en locales de tipo civil. Entre ellas, casas particulares -propiedad de funcionarios públicos y otras apropiadas- así como habitaciones de hotel.¹⁷ Algunos ejemplos son: casa particular en la colonia Progreso, en Acapulco (CNDH 2001, 154); casa abandonada en la comunidad de Tres Pasos (Mendoza 2015b, 98); casa apropiada en la comunidad de El Quemado (Mendoza 2008, 20); casa en el fraccionamiento Copacabana de Acapulco -como próxima a un pozo donde fueron arrojados algunos cuerpos- (Illades 2018, 166); casa lujosa frente a la terminal de autobuses "Estrella de Oro" de Acapulco y algunas habitaciones del hoy demolido Hotel Papagayo (Castellanos 2008, 290).

El común denominador es su origen civil, donde el Ejército o las policías locales las emplearon para detener y torturar. Asimismo, la información sobre estas CC es sumamente limitada y en algunos testimonios únicamente se menciona su nombre o posible ubicación.

Guerrero evidencia una presencia diversa y extendida de CC, a la vez que se mantiene con insuficiente información pese a ser un caso de particular investigación.

Si se pone el foco en Jalisco, se observan distintas manifestaciones opositoras al régimen. Destacan allí la LC23S, las FRAP y la Unión del Pueblo (UP). Una respuesta represiva se ejerció desde los diferentes niveles y organismos del Estado. El confinamiento en CC se practicó en Jalisco mismo, pero los testimonios disponibles también permiten saber que algunos detenidos eran trasladados a otras CC, principalmente de la Ciudad de México.¹⁸

Ahora bien, Jesús Zamora García sostiene que en Jalisco existieron tres principales CC: las celdas "secretas" de la Penitenciaria de Oblatos, algunas casas de seguridad repartidas en Guadalajara, además del sótano del palacio municipal -con una disposición de "oficinas extensivas de la tenebrosa organización conocida como el Servicio Secreto" (Zamora 2014, 62). Sin embargo, de la definición ofrecida por Zamora García (2009, 153), se entiende que si bien en las celdas del Departamento G -denominado El Rastro- se concentró a los detenidos identificados como opositores políticos, el estatus de detención legal del detenido impide ubicarlo como CC.

Respecto a las casas de seguridad, investigaciones identifican como CC a inmuebles empleados por las fuerzas de seguridad, que funcionaron como centros de operación de los grupos reprimidos. Es necesario apuntar que cuando se estudia Jalisco, es frecuente encontrar el intercambio de "cárcel clandestina" por "casa de seguridad" (Oikión 2011, 136), pero las características materiales e inmateriales permiten establecer que se trata del mismo tipo de espacio. En algunos barrios de Guadalajara -San Andrés, la colonia Yáñez o la colonia Morelos (Zamora 2014, 51)- se conoció su existencia, aunque los datos obtenidos son imprecisos. De las más señaladas es la sede de la DFS en Guadalajara, ubicada en la calle Francia 1687, colonia Moderna de Guadalajara (La Jornada 2002). Entre otros, Juan Antonio Castañeda -del Frente Estudiantil Revolucionario (FER)- señala que este lugar operó como local de detención y tortura para miembros de grupos guerrilleros (Castañeda 2018, min. 16).

En especial, sobre el sótano como CC del "Servicio Secreto",¹⁹ al igual que la penitenciaría de Oblatos, la presente investigación concluye que no puede considerarse como tal. El testimonio de Héctor Guillermo Robles Garnica (2013, 56) -miembro de las FRAP-, explícita que si bien los detenidos eran sometidos a prácticas extrajudiciales, estaban registrados y "fichad[o]s por la dependencia citada". Es decir, no era una detención clandestina.²⁰

En Jalisco no estuvieron ausentes las CC dentro de complejos militares al ser localizadas dos. Una en el cuartel general del 14° Batallón de Infantería, ubicado en La Mojonera, Zapopan. Así lo refieren los testimonios de miembros de grupos guerrilleros obtenidos por Mendoza García. En ellos ilustran que después de su detención, e incluso tras ser trasladados de una cárcel "legal", eran conducidos al cuartel, sometidos a tortura y retenidos de manera oculta por distintas temporalidades (Mendoza 2015a, 105). Una información más explícita del cuartel está en el testimonio de Campaña López, que permite identificar a los baños del cuartel como, quizá, el espacio donde se concentraba a los detenidos, así como las prácticas empleadas.

El responsable de la policía militar me golpeó la cabeza contra el piso y por la parte de la nuca, golpe que me originó otra fractura en el cráneo. En otro momento de la tortura, entre dos de los torturadores me agarraron, uno de cada pierna y acostado de espaldas, ellos me golpearon indiscriminadamente los testículos y la vejiga. A causa de la golpiza vomité bilis e hicieron que me la comiera (Castellanos 2008, 226).

La otra locación militar que funcionó como CC fue el cuartel del 17° Regimiento de Caballería. El único testimonio que lo acredita es el del general Francisco Gallardo, quien durante su servicio fue testigo de la llegada de un grupo de jóvenes, detenidos bajo la acusación de ser "subversivos" y torturados en sus instalaciones. Si bien el entonces teniente señaló haber ordenado el registro a los detenidos y que se les proporcionara condiciones mínimas de atención médica, a la mañana siguiente fueron requisados por miembros de la 15 ^a Zona Militar. Poco después, Gallardo supo que aquellos jóvenes "aparecieron sin vida flotando en el lago de Chapala. Habían sido lanzados desde un avión de la Fuerza Aérea, que partió de la base de Zapopan, mientras se encontraban inconscientes por el efecto de una droga para caballos que les inyectaron. Se encontró junto a ellos una gorra militar que tenía el nombre de un oficial del Ejército" (Castellanos 2005).

La actividad represiva no estuvo ausente en Chihuahua. La presencia de grupos opositores, y en particular guerrilla, fue activa y fue simultánea a los emprendimientos represivos de la DFS y del Ejército. Como consecuencia, se detuvo a integrantes de estos grupos que, posteriormente, eran trasladados al CM1 de la Ciudad de México y a cárceles de Guerrero. Empero algunos testimonios permiten afirmar que en Chihuahua se establecieron también CC.

En la investigación que intenta esclarecer el paradero de José de Jesús Corral -miembro de la LC23S-, se halla el primer indicio de CC. Tras su detención en Puebla, en marzo de 1976, fue trasladado a una CC de Chihuahua y posteriormente a la Ciudad de México. Varios de sus compañeros detenidos declararon haberlo visto con vida (Amnistía Internacional 1998, 13). Sin embargo, no hay mayor información sobre la ubicación de esas CC ni del destino final de Corral.

Similar es la situación de José Alfredo Medina Vizcaíno -miembro de la LC23S-. Fue detenido por la DFS en mayo de 1978 en Ciudad Juárez. Al igual que Corral, transitó por una CC en Chihuahua, para posteriormente ser trasladado al CM1. Si bien sus declaraciones no permiten identificar dónde se ubicó el emplazamiento o emplazamientos clandestinos chihuahuenses, sí posibilitan conocer las prácticas violentas a las que eran sometidos: "[f]uimos objeto de torturas desde el primer día: cachazos, golpes, agua por la nariz, toques eléctricos en todo el cuerpo, en particular en los testículos, pene y ano" (Ramírez 2001).

Un testimonio más preciso sobre la ubicación de una CC en Chihuahua fue proporcionado por Minerva Armendáriz Ponce -miembro del MAR-, detenida en octubre de 1973. De acuerdo con su testimonio, fue encerrada e interrogada en el cuartel de la V Zona Militar. En el mismo no describe las características materiales del cuartel, pero en el informe donde está su denuncia narra las prácticas a las que fue sometida: "[d]urante el interrogatorio, le mostraron fotografías de personas que habían sufrido graves lesiones, según informes consecuencia de torturas, y le amenazaron con que correría una suerte similar" (Amnistía Internacional 1998, 7). Tras su detención, Armendáriz Ponce también fue traslada al CM1 (Ballinas, 2001).

Sobre otros estados, como Coahuila, Sinaloa y Sonora, la información es aún más reducida, lo que no significa ausencia de dispositivos represivos. En Coahuila operaba la DFS y el Ejército. Esta investigación ubicó en Torreón, territorio coahuilense, una CC dentro del campo militar de La Joya. Los testimonios la sitúan en el cuartel general del 33° Batallón de Infantería.

Gracias a las declaraciones de Humberto Zazueta (Pastrana 2001), Bertha Alicia López García de Zazueta (Cilia y González 2005, 36) -integrantes del Movimiento Armado Revolucionario (MAR)-, Alba Santiago Nevárez (2014) -hija de la detenida Elda Nevárez y miembro de H.I.J.O.S.- y de Rosario Ibarra de Piedra (Avilés 2001) se ubicó la CC, aunque ninguno precisa el lugar concreto de emplazamiento.

El testimonio de López García de Zazueta (Cilia y González 2005, 36) contribuye a conocer cuáles fueron algunas de las prácticas represivas llevadas a cabo en La Joya:

La información por ahora es insuficiente, como se ha mencionado. Por ejemplo, no se conoce si fueron detenciones prolongadas o si La Joya sirvió como centro de traslado hacia otras CC. Sin embargo, el testimonio de Elda Nevares ofrece información acerca de algunos detenidos y su posterior trasladado al CM1, en la Ciudad de México (Cruz, 2012).

En tanto para Sinaloa se localizaron testimonios que proporcionan datos sobre la existencia de dos CC: una militar y otra civil. La primera se encontró dentro de la IX Zona Militar, en Culiacán. En el testimonio de Martha Alicia Camacho Loaiza -miembro de la LC23S-, detenida en agosto de 1977, se rememoran prácticas empleadas por el Ejército y la DFS, como el uso de venda en los ojos para el no reconocimiento del lugar. Camacho Loaiza narra:

Asimismo, Camacho Loaiza ha hablado de su experiencia de detención en diferentes medios de comunicación, lo que ha permitido obtener mayor información sobre su tránsito en la IX Zona Militar. Ella compartió que los interrogatorios y torturas a las que fue sometida fueron efectuados por personal del Ejército (Mendoza 2011, 167), que su hijo nació en cautiverio y que una de las torturas fue la amenaza de muerte que los represores ejercieron contra su hijo, el día de su nacimiento (Castillo 2003c).

El otro local que operó como CC estaba ubicado en la calle de Clavel 1733, también en Culiacán. La madre de Francisco Javier Manríquez Pérez -miembro de la LC23S- relató que la detención en Sinaloa fue hecha por integrantes de la DFS, el Ejército y la Policía Judicial en agosto de 1977. Mencionó que después del hecho, se enteró que la DFS tenía una casa de seguridad en donde concentraban y torturaban personas, era la de calle Clavel, en la colonia Margarita. Posteriormente, "al presentarse en el lugar le confirmaron que Francisco Javier había estado en esa casa, rentada por agentes federales de seguridad, que tenían a algunas personas detenidas y que por la noche se escuchaban gritos y lamentos" (López 2009a).

A pesar de no contar con otro testimonio que corrobore o refute la versión de la madre de Manríquez Pérez, Camacho Loaiza (Castillo 2003c) manifestó que ese detenido también se encontraba en la IX Zona Militar. Ella lo reconoció al caer sobre él. Este suceso apuntaría a que probablemente ese inmueble funcionó como CC de redistribución de detenidos, aunque esto aún es una hipótesis.

Entonces, prácticas y tipos de instalaciones para constituir CC tienden a repetirse en un contexto de evidente confrontación ideológica y de búsqueda de eliminación del enemigo interno mediante una represión sistemática.

El estado de Sonora no es la excepción. Hasta este momento se tiene aún menos información sobre CC allí. El único testimonio que se conoció es el de García Valenzuela (Cilia y González 2005, 57), referido anteriormente. Su detención en abril de 1981 se efectuó en la colonia La Ladrillera, de Ciudad Obregón. Fue recluido y torturado en la Escuela de Policía, posteriormente en una CC próxima a la carretera internacional de esa ciudad, y en un edificio de Gobernación de Hermosillo.

Dado que en su testimonio no puntualiza la temporalidad en cada lugar de detención, no se puede establecer si se trató de espacios de emergencia o duración más prolongada. La información más precisa del caso es por su traslado y reclusión en la CC de la Ciudad de México.

Si bien es insuficiente la información sobre las CC en los últimos cinco estados enlistados, los testimonios permiten ubicarlas en sus territorios y pensar en situaciones similares en el resto del país. Estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla o Chiapas son casos aún poco explorados y con ínfimos indicios.²¹ Una indagación futura seguramente permitirá su incorporación al listado.