En contextos de posacuerdo como el de la desmovilización de los paramilitares -reunidos bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- entre 2002 y 2007, a partir de las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como en el de la desmovilización de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) diez años después, en 2017, resultado de las negociaciones de paz en la Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, se han producido rupturas y continuidades en el conflicto armado en los territorios donde este tiene lugar y en las respuestas de la población civil.

Existe un común denominador en las desmovilizaciones de los paramilitares de las AUC y de los guerrilleros de las FARC: el discurso del Estado central sobre la necesidad apremiante de que el Ejército y la Policia Nacional ocupen los espacios vacíos que dejaron las organizaciones desmovilizadas. Esta narrativa confirma, por un lado, que el Estado central reconoce y acepta la autoridad y control territorial que estos grupos no estatales han ejercido en regiones marginales y, por el otro, que aún prima la idea de recuperar esos territorios por vía militar.

En este artículo me pregunto por la coyuntura crítica que ha vivido el Putumayo a partir de 2017 con la desmovilización de las FARC y, en particular, exploro cómo se ha reconfigurado la violencia politica y su incidencia en violencias cotidianas y estructurales experimentadas por la población civil durante décadas. Parto de que la violencia politica es un componente estructural del orden social en el Putumayo, la cual debe explicarse a la luz de una historia que subyace como un conjunto de prácticas y formas culturales cuyos significados solo se pueden descifrar al entender la memoria histórica y las relaciones sociales de la colectividad desde la cual emerge, toma forma y logra sus efectos (Coronil y Skurski 1991). Entonces es central, por una parte, indagar sobre la manera en que la población civil experimenta e interpreta el nuevo ciclo de violencia politica que se está configurando en el Putumayo a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz (Gutiérrez 2020a). Por otra parte, es necesario examinar las acciones de los grupos armados no estatales en la región y cómo las legitiman a partir de ciertas narrativas a raiz de la firma de los acuerdos de paz.

En consecuencia, este artículo se inscribe en la antropologia del conflicto, que se centra en el análisis de cómo se narra la experiencia vivida durante el conflicto y de qué forma, a la vez, se construye la realidad mediante los relatos. Parto de que en Colombia "la violencia ha dejado de ser algo externo a esta sociedad, se ha integrado en sus estructuras y ha pasado a ser un componente del orden social" (Waldmann 1997, 41). Por lo tanto, examino la forma en que se sobrevive en los contextos de violencia cotidiana. Esto requiere entender las prácticas culturales y politicas que median la experiencia de violencia y que se tornan objeto de estudio etnográfico (Warren 1993). Además, en el caso del Putumayo cobran relevancia los estudios antropológicos sobre el terreno ambiguo de la legalidad y la ilegalidad (Heyman 1999; 2013), de forma que cuando el Estado define como ilegales ciertas prácticas, esto lleva necesariamente a diferentes grupos sociales -en este caso también de los grupos armados no estatales-, a contestar o redefinir lo que consideran licito e ilicito y, por consiguiente, legitimo e ilegitimo. Argumento que, por su prolongada convivencia con actores armados, una estructura de larga duración que se ha normalizado en la región de piedemonte de la Amazonia Occidental (departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y suroccidente del Meta), sus habitantes se han visto obligados a adaptarse a los cambios producidos por los enfrentamientos y transacciones de los actores armados no estatales. Simultáneamente, estos actores establecieron relaciones duraderas con los habitantes de la región que también imprimieron significados a sus propias prácticas para legitimar su dominio territorial, control y sujeción de la población civil. El hecho de que las FARC se autoproclamaran representantes del pueblo (Anncol 2012) y los paramilitares del Estado (Aranguren 2001), justificó durante años su presencia. Sin embargo, a medida que el narcotráfico tomó predominancia entre estos grupos armados, no solo como combustible para continuar la guerra sino como fin en si mismo, y cuando los actores armados empezaron a verse deslegitimados como actores politicos, retomaron y resignificaron las narrativas que explicaban su emergencia y misión. En la actualidad lo están haciendo en los nuevos contextos de transición, esto los ha llevado a confrontarse con los miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Putumayo, poniéndose en evidencia la estigmatización a la que siguen expuestos como población civil. En esta medida, el debate sobre si los actores armados que se han redefinido en la coyuntura critica de posacuerdo son o no actores politicos (Gutiérrez y Thompson 2021; Aguilera 2020; Gutiérrez 2020a, Barrera 2020) debe tener en cuenta la manera en que los habitantes bajo su sujeción han sido estigmatizados como sus auxiliares, razón por la cual tienen mucho que decir sobre quién ejerce o espera ejercer la representación politica.

Este artículo contempla los siguientes apartes: en primer lugar, hago una revisión histórica del proceso de normalización del conflicto armado en la región de Putumayo para entender de qué manera llegó a ser parte de la vida cotidiana, un asunto que incide en cómo lee hoy la población civil los cambios que han acompanado la implementación de los acuerdos de paz. En segundo lugar, abordo la erradicación forzada de cultivos de uso ilicito como una forma de violencia de Estado en contraposición a la sustitución voluntaria acordada en las negociaciones de paz de la Habana, que contó con el compromiso de los campesinos cocaleros. En tercer lugar, analizo cómo la llegada a la presidencia de Iván Duque en agosto de 2018 con el mandato del Centro Democrático de "hacer trizas la paz" inició el regreso a las politicas tanto de guerra contra las drogas como de seguridad del pasado, y llamo la atención sobre el proceso de instauración de un nuevo ciclo de violencia con lideres asesinados y la intensificación del conflicto social y politico en Putumayo, especificamente en la frontera con Ecuador, a partir de la recomposición y reconfiguración de los grupos armados no estatales. En cuarto lugar, analizo los discursos y acciones de cada uno de los grupos ilegales, que van desde definir a quién vender la base de coca, defender la extracción de petróleo, reestablecer órdenes sociales alternos y redefinir su narrativa como defensores del pueblo y de la convivencia con la población civil en pro de la paz. Finalizo con las respuestas de la Red de Derechos Humanos de la región frente a las amenazas a las organizaciones sociales y a sus lideres.

Metodológicamente hago uso de fuentes primarias como entrevistas estructuradas y semiestructuradas realizadas en diferentes momentos de mi trabajo de campo en la región y bajo distintos proyectos de investigación, las cuales se realizaron a lo largo de quince años (2003-2018) en medio del conflicto armado. Vale la pena senalar que, por mi continua vinculación al departamento de Putumayo, logré la confianza de los lideres y habitantes de la región para que me concedieran entrevistas que trataban temas espinosos. Asimismo, uso entrevistas llevadas a cabo por otros investigadores, publicadas en artículos y libros consultados para la escritura de este artículo. Vale aclarar que debido a que en contextos de disputa armada se limita por seguridad el trabajo de campo, acudo a los discursos provenientes de documentos escritos, artículos de prensa y audios producidos por grupos armados no estatales, miembros del ejército y lideres comunitarios, para analizarlos etnográficamente, desde una perspectiva del discurso como práctica; es decir, desde un enfoque que plantea que el discurso estructura los actos de los individuos, tal como Foucault (1971, 1973) lo ha mostrado. Con esta metodologia busco entender los marcos a través de los cuales la experiencia social se organiza, haciendo explicito lo que aparece como implicito en los textos (Johnston 1995).

Los pequenos campesinos cocaleros en Putumayo se encuentran sujetos a la guerra global contra las drogas que se concretiza en terreno con la erradicación forzada de sus cultivos de coca, acción que, como analizo a continuación, es percibida como violencia de Estado. Los grupos de erradicación manual empezaron a funcionar a finales de 2004, conformados por treinta erradicadores y un coordinador, custodiados por la Fuerza Pública, que se desplazaban para arrancar la totalidad de las plantas de coca que encontraran. En sus inicios, contaron con la participación de desmovilizadas de los grupos de autodefensa, una alternativa de empleo para este grupo de población adelantada por el gobierno de Álvaro Uribe. Esta politica generó aún más desconfianza en el gobierno, debido a las masacres cometidas por los paramilitares con anuencia del ejército, tal como habian denunciado los campesinos y ha sido certificado por organismos internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch 2000).

Por su parte el Plan Colombia trajo consigo la intensificación de la aspersión aérea de los cultivos de coca (Ramirez et al. 2005), convertida en la estrategia central de la guerra contra las drogas que, desde la perspectiva de los cocaleros, responde y se suma a la exclusión que han sufrido por parte del Estado no solo por la condición ilegal de la planta de coca sino por haber sido rotulados como "auxiliares de la guerrilla", lo cual ha legitimado al Estado a tomar acciones represivas contra ellos. Las fumigaciones aéreas son consideradas violencia de Estado porque afectan la fuente de subsistencia familiar como lo explicaba una cultivadora de coca en el corregimiento de El Placer: "cuando vinieron a fumigar danaron todo, fumigaron la comida, fumigaron todo, no quedó nada, pero mejor dicho, aguantar hambre aqui" (Entrevista 6). Por su parte, otra mujer del mismo corregimiento no dudó del carácter violento de esta estrategia al equiparar la erradicación forzada con el ataque armado: "por la tierra las balas y por el aire la fumigación" (CNMH 2012, 55). En el marco de los trabajos del Grupo de Memoria Histórica, surgido por la Ley de Justicia y Paz de 2005 para documentar la historia del conflicto armado, una mujer de La Dorada, San Miguel en el Bajo Putumayo senaló al comienzo de su testimonio que además de victimas del conflicto armado:

Este testimonio pone de manifiesto el sentimiento de abandono del Estado, pero aún más, habla de sentirse odiados, despreciados y atacados con miras a ser destruidos, ya que el Estado fumiga aunque no tengan coca, sin reconocerles su condición de campesinos. El 14 de mayo de 2015, en medio de las conversaciones de paz, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) suspendió las fumigaciones aéreas de los cultivos de uso ilicito en respuesta a la solicitud del ministro de Salud, quien acogió la alerta que expidió la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerigenos del uso de glifosato para la fumigación de cultivos. Sin embargo, la erradicación manual forzada aumentó a partir de 2018 y no se detuvo durante la pandemia de 2020 (Gutiérrez 2020b), en respuesta a la narrativa del gobierno Duque, reiterada por sus sucesivos diferentes ministros de Defensa, la cual sostiene que la intensificación del conflicto armado en regiones con cultivos de uso ilicito y el asesinato de lideres se deben al narcotráfico. Por con-siguiente, la solución ha sido erradicar por la fuerza los cultivos de coca con los Grupos Móviles de Erradicación (GME), apoyados por la policia antinarcóticos y últimamente con presencia de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD). Esto ha provocado que los campesinos, además de organizar movilizaciones hacia los cascos urbanos para rechazar ante los funcionarios estatales esta politica represiva, empezaron a llevar a cabo "cercos humanos" (R. Ramirez 2016, 56) alrededor de los grupos de erradicadores y de las autoridades que los acompanan. Durante estos cercos, los campesinos cocaleros los confrontan, exponen sus puntos de vista sobre lo que significa para ellos la afectación de su subsistencia por la erradicación, el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno y además demandan la presencia de la Defensoria del Pueblo para certificar los daños causados. Según el Programa de Derechos Humanos de la Gobernación de Putumayo, durante 2020 se reportaron 122 confrontaciones entre campesinos cocaleros y la fuerza pública que dejaron 17 personas heridas y 2 muertos, entre ellos un menor de edad (Asamblea Departamental de Putumayo, 12 de abril de 2021). Se comprueba asi el análisis del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria que afirma que la "erradicación forzada es una politica que mata".¹ Además, el gobierno proyecta retomar las fumigaciones aéreas, como expone el decreto 380 del 12 de abril de 2021 que establece la "erradicación de cultivos ilicitos mediante aeronave tripulada" a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policia Nacional. Es importante senalar que por la larga experiencia con la fumigación en el pais sabemos que el efecto de deriva por la altura a la que se realiza es imposible de evitar, pero según el ministro de Defensa Diego Molano, se trataria de implementar la "aspersión por precisión" un programa "totalmente automatizado y controlado", para ser aplicado "solo en zonas con cultivos extensivos industriales y con presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y policias" (Noticiero CMI, 12 de entre abril 2021). Como Putumayo llena los requisitos para ser objeto de la fumigación, esta medida no solo afectará al campesinado cocalero, el eslabón más vulnerable de la cadena del narcotráfico, sino que ahondará el conflicto regional.

A la erradicación forzada se suma el asesinato de lideres sociales que han promovido la sustitución de los cultivos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilicitos (PNIS), contemplado en el punto 4 de los Acuerdos de Paz que inició en enero de 2017. Este programa se enmarca en la consideración de las dos partes de la negociación, de que sustituir los cultivos de uso ilicito es un requisito sine qua non para lograr la paz estable y duradera, puesto que han sido combustible para la duración del conflicto armado y además llevaron a la continua criminalización de sus cultivadores. Tal como constata el informe de la Asociación Minga, la Corporación VisoMutop y el Programa Somos Defensores (2021), Putumayo está entre los cinco departamentos con mayor número de asesinatos de lideres relacionados con la promoción de dicho programa de sustitución de cultivos de uso ilicito, con siete muertos reportados, que representan el 9 % del total, mientras la región Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca, Narino y Putumayo) es la más afectada, pues concentra el 43 % de los hechos registrados en el pais. Aqui vale la pena incluir el principal hallazgo de la investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de los Andes que sostiene que "los acuerdos comunitarios firmados en el marco del PNIS tuvieron un efecto positivo en el asesinato de lideres sociales" (Marin 2020, 7; véase también Valencia 2021).

En este orden de ideas, mientras que los asesinatos de lideres tildados de auxiliares de la guerrilla disminuyeron con la desmovilización de los paramilitares, el proceso de paz los reactivó, algo que se puede interpretar como una reacción contra la capacidad transformadora de estos lideres en regiones "que mantienen estructuras de poder, actores, alineamientos estatales y economias asociadas con diferentes modalidades de violencia y en un contexto de renovadas competencias por el territorio" (Gutiérrez y Parada 2020, 131). Mantener el orden establecido por las estructuras de poder regionales legales e ilegales se torna asi en una causal de los asesinatos, la cual rechaza de facto la simple explicación del narcotráfico per se. Al respecto se ha senalado que no existe una correspondencia exacta entre el mapa de cultivos de uso ilicito y el asesinato de lideres y, aunque el cultivo de hoja de coca puede ser un factor entre otros, vale la pena preguntarse, como lo hacen Gutiérrez y Parada (2020, 137), "por qué el narcotráfico ha concentrado su labor sobre esta población en particular justo en ese momento y no antes". Esto nos lleva a lo acordado en la Habana sobre la sustitución de cultivos que promueven y apoyan los lideres sociales, como analizo a continuación.

En este aparte busco resaltar el papel politico del compromiso de los campesinos cocaleros con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilicito (PNIS), en linea con la participación de los exguerrilleros de las FARC en su implementación, como lo demuestra la participación de Pastor Alape, firmante del Acuerdo de Paz. No obstante, vale la pena senalar que Rafael Pardo, Alto consejero para el Posconflicto senaló el "escepticismo" que percibia de parte de los campesinos en las regiones cocaleras quienes "seguian sin confiar" y "expresaban a los funcionarios del Gobierno su incredulidad de que ese anexo al acuerdo lo hubieran firmado las FARC" (Pardo 2020, 135).

La participación de miembros de las FARC en el programa de sustitución hacia eco de las negociaciones de paz con esta guerrilla en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, entre enero de 1999 y febrero de 2002, las cuales plantearon que las FARC eran los únicos agentes con capacidad de fiscalizar, de poner orden y disciplina y, por lo tanto, de hacer unos acuerdos con los productores de coca para realizar un proceso de desmonte paulatino de los cultivos (Ferro 2004). De nuevo, que el gobierno pensara el PNIS en asocio con los desmovilizados de las FARC implicitamente reconocia el orden social alterno insaturado por ellos en estas regiones.

El coincidente compromiso de las FARC y del movimiento social en Putumayo -que en ese momento era el segundo departamento con más cultivos de coca del pais-, hizo que la Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios (MEROS) con la participación de la Marcha Patriótica, que se hizo visible en abril de 2012 -seis meses antes del establecimiento de la mesa de conversaciones de paz-, lideraran la firma de un preacuerdo regional colectivo de sustitución de cultivos ilicitos con la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilicitos de la Presidencia de la República que se concretó el 18 de febrero de 2017. Al respecto, Pardo Rueda comentaba que "en Putumayo, tal vez la zona más combativa y organizada, fue donde se destrabó en definitiva el programa" (Pardo 2020, 136) Por su parte, un dirigente de la Asociación Campesina del Suroccidente de Putumayo (Acsomayo), del corredor PuertoVega-Teteyé en Puerto Asis, recordó ese momento con algo de arrepentimiento en una reunión de la Asamblea Departamental, a principios de 2021:

No obstante, la pronta firma del preacuerdo reflejaba el compromiso de los campesinos cocaleros con la sustitución voluntaria que, como insistieron los lideres campesinos que entrevisté en 2018, significaba salir de la estigmatización por cultivar hoja de coca y les permitiria participar más activamente en la esfera politica nacional. Según Eduardo Diaz, en ese momento director para la Atención Integral de Lucha Contra las Drogas (El Espectador, 4 de julio de 2018), el pacto cobijó a más de 36 mil familias campesinas que se estimaba que cultivaban 20 mil hectáreas de coca en Putumayo (Presidencia de la República, 18 de febrero de 2017), de un total de 124.745 familias que se acogieron al programa. Un factor que incidió en la firma de los contratos de sustitución con el gobierno fue la certificación de la formalización de un tratamiento penal diferenciado de descriminalización del pequeno cultivador, puesto que temian que la información recopilada fuera usada en su contra para penalizarlos. Los campesinos cocaleros exigian la expedición de la ley que los definiria como pequenos cultivadores según un monto aceptado de hectáreas de cultivo de coca. Hasta avanzado 2021 no se habia logrado que el Congreso legislara en este sentido, precisamente por el debate que enfrenta cualquier tipo de legalización como supuesta puerta de entrada para que los narcotraficantes legalicen sus actividades. Se confirma asi que la tensión entre lo legal y lo ilegal es permanente en estas regiones y que, además de ahondar los problemas sociales politicos y económicos, incide en la desconfianza de los campesinos frente a programas adelantados en el marco del Acuerdo de Paz. Por último, vale la pena senalar que el mencionado movimiento de la Marcha Patriótica está casi desaparecido, debido a la persecución de sus miembros que se incrementó en 2016 ad portas de la firma del acuerdo de paz, lo cual confirma la amenaza politica que representan sus miembros para los poderes establecidos (Ávila 2020a).

Un factor central de los posacuerdos ha sido la recomposición de los grupos armados no estatales en Putumayo. En primer lugar, considero la desmovilización de 504 paramilitares del Frente Sur Putumayo del Bloque Central Bolivar de las Autodefensas en 2006, en Santa Ana, Puerto Asis. En segundo lugar, la desmovilización en 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, de 600 miembros del frente 48 -que actuaban en la frontera con Ecuador en San Miguel, Valle del Guamués y Puerto Asis-, asi como de miembros de los frentes 32, el de mayor tradición y con presencia también en Orito, Puerto Guzmán, Mocoa, Villagarzón; y del frente 49 que también tenia presencia en Caquetá y que se concentraron en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) de La Carmelita, en el corredor Puerto Vega-Teteyé, municipio de Puerto Asis, hoy conocidas como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) (Figura 2). Es necesario reiterar que estos procesos produjeron rupturas y continuidades y reconfiguraron el conflicto armado en el Putumayo, lo cual incidió en la redefinición de las relaciones de los grupos armados con los habitantes y defensores de derechos humanos.

Figura 2 Fuente: fotografia tomada por Maria Clemencia Ramirez. La Carmelita, municipio de Puerto Asís, diciembre de 2018.

La Ley de Justicia y Paz de 2005, en cuyo marco ocurrió la desmovilización paramilitar, se hizo bajo lo que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) definió como el "manejo del posconflicto en medio del conflicto" (R. Ramirez 2011 529). Después de la desmovilización del Frente Sur de las AUC, quedaron activos los Rastrojos, catalogados por el gobierno como una banda criminal (Bacrim) y que posteriormente se convirtió en el grupo delincuencial organizado denominado La Constru (Indepaz 2018). Entre finales de 2017 y principios de 2018 la actividad de La Constru afectó a varios municípios: Orito, Puerto Asis, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamués (Revista Semana, 9 de marzo 2018). Cabe anotar que antes de ello la desmovilización de las AUC habia reducido la violencia letal mientras que, bajo la lógica de la economia de la coca, se empezaron a fraguar alianzas entre los grupos armados ilegales (CNMH, 2016, 158). De acuerdo con la Fiscalia, este grupo sucesor del paramilitarismo estableció duraderas alianzas con los extintos frentes 48, 32 y 15 de las FARC, que operaban en Caquetá, Putumayo y Amazonas (El Tiempo, 31 de mayo de 2016). Además de compartir el territorio "habrian acordado espacios de colaboración en temas relacionados con el cobro de extorsiones y el rol en la cadena de producción de cocaina" (Núnez y Montoya 2016, 167). Un informe de la FIP senala que para mediados de 2017 las FARC se encargaban del cultivo y transformación de la coca y La Constru de su comercialización en Colombia y a través de Ecuador, con presencia en las poblaciones ecuatorianas (Figura 1) de Sucumbios, Gonzalo Pizarro, Cascales, Shushufindi y Puerto Carmen (Revista Semana 13 de diciembre 2020). De otra parte, las FARC ejercian control en las zonas rurales y La Constru en los cascos urbanos con mayor concentración de coca como Puerto Asis, San Miguel y Valle del Guamués (FIP 2018, 108). Asi, la división territorial rural y urbana establecida durante el dominio de las AUC con las FARC se mantuvo. También unieron esfuerzos para no dejar entrar al Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a esta zona estratégica para el narcotráfico y el tráfico de armas hacia y desde Ecuador (FIP 2017), al considerar que sus miembros eran ajenos al territorio por provenir de la región caribe. Álvarez (2017) ha mostrado que las acciones de La Constru en la frontera con Ecuador han servido como puente entre organizaciones nacionales ilegales y las mafias internacionales y ha resaltado "su arraigo local y sus conexiones sociales", como lo ha confirmado también Indepaz (2020). Por su parte, la directora especializada de la Fiscalia contra las organizaciones criminales le atribuye a La Constru nexos con carteles mexicanos como el de Sinaloa (El Espectador, 28 de junio de 2019). Quiero resaltar que La Constru se vinculó a la politica de la región tal como lo hicieron sus antecesores paramilitares, con el fin de afianzar su control social, ganar licitaciones para lavar dineros del narcotráfico y asi tener via libre para actuar en el marco del clientelismo local. Esto quedó claro en 2015 cuando fue apresado Jorge Coral, candidato a la gobernación, excongresista (1998-2002) y exalcalde de Puerto Asis (2012-2014) once dias antes de las elecciones por la investigación de la Fiscalia, acerca de sus reuniones con los jefes de la banda (El Tiempo, 31 de mayo de 2016). También se filtró que habian buscado a un candidato a la alcaldia de Puerto Asis para ofrecerle dinero para la financiación de su campana (La Silla Vacía, 18 de agosto de 2019). Asimismo, y como lo hicieron antes los paramilitares, se conoció que La Constru habia establecido contactos con miembros de la fuerza pública, algo que se evidenció al detener al cabecilla Alias Gárgola en junio de 2019, quien se encontraba en compania de un coronel del ejército; además la fiscal informó que habia estado escondido durante por lo menos dos meses en una guarnición militar (El Espectador, 28 de junio de 2019). Aqui es pertinente retomar la propuesta de Barrera (2020) de llamar a estos grupos organizaciones sucesoras del paramilitarismo (OSP) por su condición ilegal, su uso de la violencia para gobernar el comportamiento de rivales o civiles, asi como para imponerse en la realización de negocios legales e ilegales que no solo les generan ingresos, sino que les confieren poder. Aun cuando estas OSP, en comparación con las AUC, pueden estar más orientadas al mercado del narcotráfico y asemejarse a aparatos militares al servicio del crimen organizado, mantienen autoridad en la región y control territorial, lo que les imprime una dimensión politica. En este orden de ideas, Schultze-Kraft (2016, 25) ha acunado el concepto de "crimilegalidad" para referirse a las dimensiones politicas de la criminalidad organizada, y enfatiza que "las organizaciones criminales son parte y dan forma a los órdenes politicos". Asimismo, un balance elaborado después de la desmovilización paramilitar en Putumayo insiste en el carácter politico de sus acciones por cuanto "se han dirigido contra organizaciones y lideres sociales, bajo la misma sindicación de ser cómplices o auxiliares de la guerrilla, con el fin de generar terror y desplazamiento" (R. Ramirez 2011, 534).

Aqui vale la pena senalar que en marzo de 2018 fue capturado otro jefe de La Constru, conocido con el alias de La Negra o Garabato, que habia hecho parte de las AUC bajo las órdenes de Macaco, cabecilla del Bloque Central Bolivar (Miputumayo, 7 de marzo de 2018). Macaco tuvo una fuerte conexión con Putumayo por su condición de narcotraficante previa a la de paramilitar, asi como por sus nexos familiares en el departamento, lo que puede incidir en que los grupos armados no estatales obtengan apoyo de los habitantes (Aguilera 2020). Asi, se podria hablar de una cultura politica de la ilegalidad que tiende a ser estructural, en un contexto en el cual la población civil ha tenido que mantener relaciones con estos grupos armados que tienen dominio territorial, en concordancia con el habitus de convivencia antes analizado.

Debido a las mencionadas alianzas entre La Constru y las FARC, cuando estas últimas se desmovilizaron en 2017, el temor en la zona era que otro grupo llegara a llenar ese vacio. En cambio "varios ex-combatientes del frente 48 [...] que no dejaron las armas y ya tenian el conocimiento del negocio y de la alianza con la banda, se quedaron alli y el pacto se mantuvo" (Vélez 2017 y 2019). De este modo, hubo un periodo de disminución del conflicto armado como preludio de la paz de 18 meses aproximadamente -todo 2017 y hasta mediados de 2018-, durante el cual las cosas permanecieron bajo el control de La Constru y las disidencias del Frente 48 de las FARC. Además, "algunos que salieron del ETCR [de la Carmelita en Puerto Vega-Teteyé]" y que "han pasado a formar parte de grupos criminales que se han fortalecido principalmente en los municipios de San Miguel, Valle del Guamués y Puerto Asis" (FIP 2018, 108). En otras palabras, los actores armados continuaron con el negocio del narcotráfico y con el control territorial y de la población bajo esquemas semejantes a los de antes de la desmovilización. Durante este periodo, "ningún narcotraficante, se atrevió a entrar a las zonas cocaleras como el sector de Pinuna Negro o Pinuna Blanco [Figura 1], veredas ubicadas entre los municipios de Puerto Asis y Puerto Leguizamo" (Ávila 2020a, 69) y su final coincidiria con la llegada al poder en agosto de 2018 del presidente Iván Duque.

La condición fronteriza del departamento de Putumayo es un factor geoestratégico central para la continuidad de las acciones de los grupos armados no estatales interesados en la cadena productiva del narcotráfico (CNMH, 2016, 152), los cuales consecuentemente han concentrado sus acciones en Valle del Guamués, San Miguel y Puerto Asis. Sin embargo, las negociaciones de paz no incluyeron el tema de sus consecuencias para los paises fronterizos vecinos como Ecuador y Perú (CORE 2021), lo cual cobra importancia si se tiene en cuenta que en 2009 el gobierno colombiano habia conformado el Comando Unificado del Sur "como una estrategia para atender el conflicto armado en la zona fronteriza con el Ecuador, con especial atención en el rio San Miguel, al sur del Putumayo" (R. Ramirez 2011, 530), mediante un respuesta militarista para hacer presencia estatal y atacar la insurgencia. Esta es la zona donde se recrudeció el conflicto armado con la entrada de las disidencias de las FARC, comandadas por Gentil Duarte a fines de 2017, y después con el ingreso de los reincidentes de la Segunda Marquetalia en 2020. Aguilera (2020, 269) ha definido esta coyuntura como de "paz parcial" y se pregunta si estos grupos se reconfiguran como rebeldes o como bandas delincuenciales. Establece dos opciones: "disidencias identificadas con las antiguas FARC que buscan formar órdenes alternativos para persistir en lucha politica contra el Estado o las despolitizadas que sólo buscan extraer recursos" (Aguilera 2020, 240). Considero que esta dicotomia merece complejizarse a partir de lo que he planteado en este artículo sobre la normalización e inserción del conflicto armado en la vida cotidiana de los habitantes del bajo y medio Putumayo. Los discursos y acciones de las disidencias y los reincidentes dirigidos a la población civil en Putumayo evidencian no solo la hibridez entre criminalidad organizada y politica de estos grupos reconfigurados (Gutiérrez 2020a, 189) sino su redefinición como colectividad en relación con la población civil que ha llevado a cambiar la manera en que se define al enemigo y, en consecuencia, a las respuestas de la población civil frente a ellos y su cambio de identidad politica, como analizo a continuación.

A finales de 2017 Gentil Duarte, jefe del Frente 1 que no se acogió a las negociaciones de paz, buscó entrar al Putumayo desde Solano en el Caquetá, con el denominado Frente Carolina Ramirez. Primero entabló conversaciones con los disidentes del Frente 48, en Pinuna Blanco (Puerto Asis) y Puerto Caicedo -entonces bajo el mando de alias Sinaloa- quien se manifestó en contra de cualquier propuesta de alianza (Vélez 2019). Alias Sinaloa era Pedro Obeman Goyes Cortés, disidente de las FARC que se apartó del proceso de paz en 2016 y controlaba Puerto Asis, Valle del Guamués, La Hormiga y San Miguel, con contactos en Lago Agrio, Ecuador, donde residió por algún tiempo (El Tiempo, 20 de agosto 2018). Ese lugar ha sido un centro de tráfico de estupefacientes hasta el presente (Insightcrime, 8 de noviembre de 2019). En 2017 y 2018 se reportaron enfrentamientos en el bajo Putumayo de estas disidencias del Frente 1 con las del Frente 48 (Arenas 2020) y en 2019 con un grupo conocido como la Mafia 48 (Johnson 2021), según la Defensoria del Pueblo que está conformado por antiguos integrantes de los frentes 32, 48 y 49 de las FARC. Aqui me interesa tratar de seguir los cambios en la composición del grupo liderado por alias Sinaloa, a quien sus propios hombres asesinaron en marzo de 2019 (Insightcrime, 8 de noviembre de 2019). Según Germán Arenas (2020), periodista local en Putumayo, el nombre de La Mafia responde a que

La alianza del Frente 48 con narcotraficantes da pistas sobre su conversión en un grupo ilegal, dedicado exclusivamente al negocio de la coca, tal como aparece en la clasificación de Aguilera (2020). Aun cuando el Frente Carolina Ramirez logró consolidar su presencia en Puerto Guzmán en la zona de Mayoyoque (Conexión Putumayo, 13 de febrero de 2022), en zona rural de Puerto Caicedo y en los rios Mecaya y Sencella en Puerto Leguizamo (Figura 1), el enfrentamiento continúa, como comprueba el testimonio de uno de los miembros del Frente 48, citado por Arenas: "el campesino sabe que no puede tener ningún trato con los manes del primero, ni ser sapos, ni vender un solo gramo de coca a ellos" (Arenas, 2020).

Gentil Duarte, conocido por su capacidad de "entablar buenas relaciones con las comunidades" (Aguilera 2020, 310), entró a Puerto Guzmán para quedarse y empezó a cobrar "vacuna", tal como lo explicaba una fuente citada por Arenas (2020): "estandarizaron el precio de la vacuna porque ya ven esto como una cosa a largo plazo. Uno los ve tratando de volver a ser como antes y la verdad es que aqui todo ya es como antes". No obstante, un miembro de una Junta de Acción Comunal comentó que "nosotros ya les hemos dicho que ellos pueden seguir con sus normas, pero que las juntas no vamos a ir a cobrar por ellos", deslindándose asi de sus actividades. De igual modo, se reporta que Duarte empezó a restringir la deforestación en Mayoyoque, después de que esta se habia disparado cuando él la permitió al entrar a a la zona, ya que, en sus palabras, "les dieron la mano a los campesinos y les cogieron el codo" (Arenas 2020).

Esto indica que el Frente Carolina Ramirez ha buscado retornar al orden social alterno anterior a la desmovilización estableciendo normas de amplio espectro al estilo de las "auténticas" FARC. Por su parte los miembros del Frente 48, al estilo de los paramilitares de las AUC, restringen la venta de la base de coca para asegurar su negocio. Aunque los habitantes tratan de mantenerse ajenos y desmarcarse de sus acciones, se han visto obligados a entablar de nuevo relaciones mediadas por sus cultivos de coca, para negociar la pasta base con los grupos armados no estatales. Esta disputa territorial entre La Mafia y el Frente Carolina Ramirez tiene graves impactos sobre la población civil y ha cobrado la vida de lideres sociales (Ávila 2020b), entre ellos el asesinato en septiembre de 2019 de tres campesinos de la vereda Las Perlas al nororiente de Puerto Guzmán (Figura 1) por personas que se identificaron como de la guerrilla de Sinaloa pero que el Comité de Derechos Humanos de Putumayo reporta como paramilitares, desconociendo su condición de guerrilleros (Miputumayo, 14 de septiembre de 2019). Según la coordinadora de esta red: "Hoy matan a alguien porque es 'amigo' del grupo Carolina Ramirez y manana ese grupo mata a alguien 'cercano' a La Mafia" (El Espectador, 2 de abril 2020). Esto evidencia la manera que que los actores armados involucran a la población civil en el conflicto.

En un comunicado grabado en video, presentado el 12 de abril de 2020, y en otro posterior, del 31 de diciembre, el Frente Carolina Ramirez acusó de "estructura narco-paramilitar" al grupo Mafia-Sinaloa, y denunció que muchos de sus miembros habian sido "integrantes de las antiguas estructuras de las FARC-EP" y que habian pasado "a trabajar al servicio del narcotráfico"; también enumeraron los asesinatos en contra de lideres de la región cometidos por esta estructura y afrimaron que era "importante senalar que, a diferencia de nosotros, esta estructura no tiene ninguna propuesta politica ni proyecto de pais", mientras que reiteraron que "no somos disidencias, somos FARC- EP , la guerrilla de Bolivar y Manuel que seguirá combatiendo su tirania" (Comunicado video, 12 de abril de 2020). Aguilera (2020, 243) ha senalado cómo el hecho de que se nombren "herederos de los principios y el ideario de su antigua organización" y no innoven en sus planteamientos, "es indicativo de su poca formación politica", esto en cierta medida se explica porque fueron los mandos medios quienes asumieron la dirección, como se evidencia en este caso. Con su alusión al ideario "auténtico y verdadero" se deslindaban de quienes se han rearmado para reafirmar su verdadera condición de guerrilleros que no se desarmaron y no creyeron en el Acuerdo de Paz, el cual, además de no haberse cumplido, tildan de mal negociado, pues a los desmovilizados "los entregaron en corrales desarmaditos y fueron tan cinicos que ni siquiera esperaron a que les hicieran las zonas campamentarias" (Video entrevista de Ariel Ávila a Jonnier, 15 de noviembre de 2020).

A mediados de 2020 apareció el grupo denominado Comandos de la Frontera (CDF) que para personas de la región y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se trata de la misma Mafia-Sinaloa, que cambió de nombre para deslindarse de asesinatos de lideres sociales como parece ser el caso de Marco Rivadeneira, dirigente campesino muy reconocido en la región y lider de una propuesta alterna de sustitución de cultivos para el corredor Puerto-Vega Teteyé, asesinado el 19 de marzo de 2020 (El Espectador, 12 de septiembre 2020). En 2014, Rivadeneira creó la Asociación Campesina de Puerto Asis (Asocpuertoasis) que formó parte del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos [otra plataforma organizativa de diferentes sectores y procesos sociales del pais con ocho coordinadores regionales], desacatando asi a las FARC, que en ese momento buscaban fortalecer la plataforma organizativa de la Marcha Patriótica ad-portas de la firma del Acuerdo de Paz. En una entrevista realizada en 2018, Rivadeneira comentó: "acá tocaba hacerles caso [a las FARC], estoy vivo de suerte. Ahora ellos ya reconocen también que hay Congreso de los Pueblos. Es un proceso en construcción" (Entrevista 4). Reafirma asi el dominio hegemónico de las FARC de larga data. Rivadeneira sumó a sus reivindicaciones la denuncia de los daños medioambientales causados tanto por Ecopetrol como por las empresas extranjeras que explotan hidrocarburos en Putumayo. El 12 de abril de 2019 lideró una audiencia pública ambiental senatorial por la defensa del agua y el territorio en Puerto Asis, denominada "Putumayo somos Amazonia", en la que aseguró que "nuestra lucha social se está fortaleciendo con conciencia colectiva de protección ambiental" (Transcripción audiencia 12 de abril de 2019). Retomaba asi la defensa de la vocación amazónica y agroalimentaria del territorio, resaltando la biodiversidad de Putumayo antes que su condición de distrito minero y petrolero, factor que lo enfrentó con los intereses de las empresas petroleras.

El 25 de octubre de 2020 y posteriormente el 10 de marzo y el 19 de octubre de 2021 circularon panfletos de la estructura CDF amenazando a los miembros de la Red de Derechos Humanos de Putumayo por denunciar sus incursiones armadas y consecuente afectación de dirigentes y miembros de las comunidades de la inspección de Yurilla y corregimiento de Mecaya en Puerto Leguizamo (Figura 1) como resultado de su enfrentamiento con el frente Carolina Ramirez por el control territorial (Denuncia de la Red de Derechos Humanos, 24 de octubre 2020, Miputumayo, 10 de marzo 2021). Senalan a los defensores de derechos humanos de "ventrilocuos de las mal llamadas disidencias del Frente Carolina Ramirez de las FARC-EP" asi como "cómplices de todas sus fechorias" y afirman que "son los mismos personajes que auspician a estos bandoleros que representan organizaciones sociales como los MEROS mesa regional o la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la ZRC de la Perla Amazónica". Los CDF se posicionaron entonces contra organizaciones sociales de larga data en la región, lo cual aumentó las amenazas y riesgo de muerte de reconocidos lideres, tal como ocurrió con Jani Silva, representante legal de la Asociación Adispa que administra la Zona de Reserva Campesina la Perla Amazónica del municipio de Puerto Asis. Esta ZRC comprende veredas de Bajo Cuembi y Comandante en Puerto Asis Putumayo (Figura 1) y fue creada en 2000, en el marco de los acuerdos resultantes de las negociaciones con el gobierno después de las marchas cocaleras de 1996 (Ramirez 2001 y CNMH 2015). Sobre la situación que se vivia en esta región después del desarme de las FARC, Jani comentó: "ahora el posconflicto resulta peor [...] la presencia de grupos armados que no tenemos conocimiento ni siquiera cuál es su ideologia o que es lo que pretenden porque siempre dicen es que simplemente están por la coca, por el narcotráfico" (Testimonio de Jani Silva en El Espectador, 26 de julio 2019). La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que apoya a esta lideresa desde 2011 (Entrevista 5) denunció el 2 julio de 2020 "un nuevo plan de atentado" contra Jani, quien en marzo ya habia recibido otra amenaza de La Mafia por cuanto "estaria inconforme con el liderazgo de Silva, debido a su trabajo en torno a la construcción de paz desde la promoción de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilicito" (Comisión Intereclesial, 2 de julio 2020). Además, en el mes de diciembre de ese mismo año, los CDF se manifestaron "muy molestos con las denuncias y demandas de protección ambiental que realiza la ZRCPA" y agregaron que "iban a hacer todo lo posible para tumbar esta figura de la ZRC" (Comisión Intereclesial, 23 de diciembre de 2020), oponiéndose asi a los intereses de los campesinos y mostrándose a favor de la explotación petrolera. En este sentido, esa comisión informó que, según denuncias de los campesinos desplazados por la continua confrontación entre el Frente Carolina Ramirez y los Comandos de la Frontera, "integrantes de estos últimos, vestidos de camuflado y con armas largas expresaron que nadie puede oponerse al proceso sismico que adelante la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones del Bloque Putumayo 8" y afirmó que los CDF habrian manifestado que "nosotros ya negociamos directamente con la empresa y vamos a asegurar la operación en la zona" (Comisión Intereclesial, 23 de diciembre de 2020). Este hecho supone el pago de la empresa a este grupo armado ilegal para asegurar su operación extractiva y reitera la posición de dicho grupo contra las organizaciones sociales de la región. En este orden de ideas, el 10 de febrero de 2021 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que los CDF anunciaron que "la organización Adispa debe desaparecer" y que "ninguna organización que quiera trabajar en el territorio lo podria hacer" si desacata sus lineamientos. Por este constante asedio de los CDF Jani Silva tuvo que desplazarse de Puerto Asis (Comisión Intereclesial, 27 de julio 2021).

En su "saludo de año nuevo" el 23 de diciembre de 2020 los CDF anunciaban que "hemos decidido elevar nuestra lucha politico militar a la categoria de ejército bolivariano" y en su declaración politica del 14 de marzo de 2021 atribuyen su constitución como Comandos de la Frontera Ejército-Bolivariano (CDF-EB), a "la traición del Estado a los acuerdos de la Habana y a todos los acuerdos pactados con el movimiento social porque queremos que los territorios de frontera y su gente luchen y derroten el olvido del gobierno". Se reconocen asi "en plena identidad con las FARC-EP Segunda Marquetalia" -movimiento que se hizo público el 29 de agosto de 2019 a raiz del rearme de Iván Márquez y Santrich-por lo cual sostienen que "no vamos a esperar con los brazos cruzados que el gobierno cumpla lo que no quiere cumplir" y "nos opondremos con las armas a la erradicación forzada y a la aspersión del glifosato por su impacto adverso a los humanos y a la naturaleza". Sostienen que buscan "avanzar hacia un Putumayo libre de amenazas como las del Frente Primero Carolina Ramirez, bandas delincuenciales y otros grupos armados que han pretendido convertir a la región en un nuevo Cauca, Narino y Catatumbo", presentándose como los portadores de una nueva "ley" que ha logrado "desplegar un gigantesco operativo politico-militar para repeler los enemigos del pueblo y disminuir las vacunas, hurtos, reclutamiento [...]" entre otros, definiéndose como "los protectores del territorio y de las comunidades". De esta manera, declaran enemigos a aquellos que fueron sus camaradas de combate y aclaran no ser enemigos de la fuerza pública, pero tampoco sus aliados -como dicen que los hace aparecer el Frente Carolina Ramirez- y continúan manifestando: "seguiremos reclamando garantias de seguridad fisica para los lideres y lideresas de los territorios, el respeto a los derechos de los pueblos indigenas y comunidades afro [...] y participación ciudadana en las decisiones del gobierno que toquen el futuro de la gente". En cuanto al futuro expresan que "los Comandos Bolivarianos de Frontera buscarán la paz completa con el gobierno de coalición democrática que esperamos se instale en el próximo periodo presidencial para bien del pais". Se presentan con un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad como futuros participantes en la politica institucional, reiterando su condición anterior de reinsertados y firmantes del acuerdo de paz. Por su parte, Jonnier, tercero al mando de la estructura liderada por Gentil Duarte, entrevistado por Ariel Ávila el 15 de noviembre de 2020 y quien fue dado de baja el 24 de enero de 2022, se refirió al plebiscito para afirmarse en contra de los miembros de la Segunda Marquetalia y su negociación de la paz: "a pesar de que en el referéndum la mayoria de los colombianos les dijeran que no fueran a ese proceso y ellos dijeron que asi les dijeran que no, siguieron con el proceso". Acogia asi los resultados del plebiscito para legitimar sus actividades, situándose también en la difusa frontera entre lo legal y lo ilegal, hasta el punto de que se presentara no solo acatando sino actuando en concordancia con el mandato del plebiscito.

Los miembros de la Segunda Marquetalia, que ya no se definen como representantes del pueblo, como cuando eran FARC-EP, le confieren una nueva representación e identidad discursiva al grupo CDF-EB mediante una narrativa que enfatiza la protección de la población civil y la búsqueda de la paz supeditada al próximo gobierno. No obstante, sus acciones en la región muestran lo contrario: amenazas las amenazas a los lideres sociales y defensa de la extracción petrolera, que los enfrenta a los intereses de la comunidad. Es indiscutible que la entrada al Putumayo en 2020 de la Segunda Marquetalia coincide con el aumento de las agresiones y asesinatos a defensores y lideres sociales (Valencia 2021, 392). Además, el 14 de febrero de 2022, en medio del enfrentamiento entre el Frente Carolina Ramirez y los CDF-EB, a los habitantes de la vereda el Picudo de Puerto Caicedo les dieron 48 horas para desocupar, lo que los obligó a desplazarse forzosamente al casco urbano (Conexión Putumayo, 14 de febrero 2022). Asimismo, el 25 de diciembre de 2021 en la vereda Bellavista de Puerto Leguizamo, al margen del rio Putumayo (Figura1), controlada por los CDF-EB (Cambio 6 de febrero 2022), aparecieron siete cuerpos sin vida de sexo masculino, al parecer integrantes de los CDF-EB que fueron atacados por el Frente Carolina Ramirez cuando sostenian "una reunión de festejo" navideno (Conexión Putumayo, 31 de diciembre de 2021).

A esta situación hay que sumarle la posición del Ejército frente a la población civil y el grupo Comandos de la Frontera: el 18 de febrero de 2021 el comandante de la Sexta División del ejército con sede en Mocoa, denunció "los actos de violencia que las comunidades cocaleras de los municipios de Valle del Guamués, San Miguel y Orito tuvieron contras las tropas del ejército nacional" cuando "fueron victimas de unos actos de agresión fisica y verbal de atropellos, de injurias cuando estábamos desarrollando de manera pacifica unas tareas de erradicación" y a continuación senaló a "los cabecillas de la estructura 48 Comandos de la Frontera" de "estar instrumentalizando a las comunidades para que ataquen a la fuerza pública" (Video comandante de la Sexta División, 18 de febrero 2021). Con estos senalamientos se sigue criminalizando a los campesinos cocaleros al vincularlos a los grupos armados ilegales y se ha puesto en peligro su vida y la de los defensores de derechos humanos que los acompanan en procesos de concertación con el gobierno, por lo cual le han pedido al general que se retracte (Carta dirigida al General, 23 de febrero de 2021). Una integrante de la Red de derechos humanos del departamento sintetiza asi la situación: "En Putumayo estamos entre la ley de las disidencias y el estigma del Ejército" (Miputumayo, 25 de febrero 2021).

A partir del análisis tanto de prácticas como de discursos y narrativas en las que pobladores y actores armados expresan su posición y experiencias frente a la realidad del posacuerdo en Putumayo, he buscado senalar cambios y continuidades del conflicto armado que se ha normalizado como parte de la vida cotidiana en el bajo Putumayo.

El conflicto armado continúa auspiciado por el negocio del narcotráfico, por la condición de frontera del Putumayo, factor geoestratégico central para su consolidación y por la respuesta eminentemente militar del Estado. No obstante, el conflicto se ha reconfigurado después del Acuerdo de Paz, en primer lugar, por la incapacidad del Estado para ocupar el territorio después de la desmovilización de las FARC, no solo con presencia militar sino con oferta institucional. En segundo lugar, porque las OSP que permanecieron en Putumayo después de la desmovilización de las AUC -como es el caso de la Constru-, establecieron alianzas para la comercialización de la coca con el Frente 48 de las FARC, con lo que volvieron difuso, si no es que borraron la anterior distinción entre paramilitares y guerrilleros. Además, al no acogerse al Acuerdo de Paz, dicho Frente de las FARC se convierte en disidencia y, como tal, gana autonomia en calidad de actor armado no estatal cuya principal actividad es el narcotráfico, como lo evidencia su nombre: Mafia-Sinaloa.

Otra discontinuidad se hace evidente con la entrada del Frente Carolina Ramirez de las disidencias del Frente primero de Gentil Duarte, que no solo entró a disputarle al grupo Mafia-Sinaloa su control del negocio del narcotráfico sino su control territorial y autoridad en la región, lo cual dio lugar a enfrentamientos ya no entre guerrilleros y paramilitares sino entre guerrilleros disidentes y reincidentes, ambos antiguos integrantes de las FARC. Los reincidentes de la Segunda Marquetalia están dispuestos a aliarse con la Mafia-Sinaloa, constituyendo los CDF-EB -que además de narcotraficantes son percibidos como paramilitares por la población civil- con el fin de reinstaurar su comandancia al verla disputada por mandos medios como Gentil Duarte, quien también ganó autonomia al no desmovilizarse. El autoritarismo de la Segunda Marquetalia y su deseo de aniquilar a quienes se les subordinaron, ha llegado al punto de enfrentarse con integrantes de la población civil que dicen proteger, acusándolos de aliarse con su enemigo, el Frente Carolina Ramirez, estigmatizando a los civiles -tal como lo ha hecho hasta el presente el Estado al rotularlos como "auxiliares de la guerrilla"-, en este caso llamando a los miembros de la Red de derechos humanos "ventrilocuos del Frente Carolina Ramirez".

El enfrentamiento entre el Frente Carolina Ramirez y los CDF-EB ha puesto a la población civil en una situación de riesgo peor a la anterior, pues como anotan los lideres, después del acuerdo ya no saben "cuál es su ideologia" y parece que solo están alli por el narcotráfico.

De esta manera, una de las rupturas más evidentes en este momento en la relación de la población civil con los disidentes y reincidentes es el rechazo a su presencia, a la ley que buscan imponer y el cuestionamiento a su supuesta protección y búsqueda de la paz. Negociar con los actores armados no estatales está dejando de ser una opción porque han sido despojados de cualquier legitimidad para representar los intereses de las comunidades. Se constata asi que los guerrilleros reincidentes ya no se diferencian de las OSP desde la perspectiva de la población civil.

Es asi como la Red de Derechos Humanos regional, constituida hace once años y conformada por miembros de organizaciones sociales y juntas de acción comunal, continúa denunciando los abusos que cometen estos, asi como los grupos móviles de erradicación forzada, el Ejército y recientemente el ESMAD, a pesar de las frecuentes amenazas de que son objeto. Sin embargo, tanto las OSP, como las disidencias y los reincidentes continúan disputándose territorios para establecer órdenes sociales alternos y siguen involucrándose en la politica local para ejercer e imponer su poder. Por lo tanto, desde una perspectiva de larga duración, he argumentado que la convivencia cotidiana con actores armados no estatales ha producido una cultura politica de la ilegalidad. En este sentido, este artículo busca aportar a la discusión sobre el papel que juegan los poderes locales, tanto legales como ilegales, en la forma en que se ha configurado el Estado en la región (Ciro 2016, Gutiérrez 2022), asi como al debate sobre la frontera difusa entre legalidad e ilegalidad en estas regiones marginales, donde lo ilegal no está totalmente separado de lo legal (Heyman 1999) y lo ilegal puede llegar a ser considerado legitimo (Ciro 2020). Se hace evidente la demanda de las comunidades locales de una respuesta estatal integral y no solamente militar a los problemas de la región y, en consecuencia, la urgencia de retomar el Acuerdo de Paz que al promover su participación reivindica la capacidad que estas tienen para postular politicas públicas para su región. En este orden de ideas, subrayo que comprometerse con el PNIS, más allá de la sustitución de los cultivos de uso ilicito, significó un paso en su aspiración de integrarse a la esfera politica nacional, libres de la estigmatización como actores ilegales por cultivar la hoja de coca, asi como de liberarse de su consecuente sujeción comercial a los actores armados no estatales por cultivar coca. Alcanzar sus plenos derechos politicos (Tate 2017) y sobre todo su autonomia de los actores armados (Ramirez 2014) continúa siendo una lucha vigente para los cocaleros, campesinos, defensores de derechos humanos y pobladores de Putumayo en general.