Maguaré

Introducción

En este texto examino la expresión “comunidad étnica” como categoría del sentido común estatal en Colombia. Además, presento los cambios conceptuales y burocráticos que ha provocado la disputa estatal por la aplicación de la consulta previa. Exploro cómo la categoría ha servido para nombrar como sujetos etnizados a ciertos colectivos, una clasificación poblacional que entraña formas específicas de gestión estatal. A partir de 2006, esta categoría del orden étnico-racial estatal ha ganado legitimidad en diversos ámbitos institucionales y organizativos mediante el uso específico que le han dado tanto la oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior (MinInterior, en adelante) como la Corte Constitucional.

Analizar la forma en que se pone en juego esta categoría supone observar al Estado en acción, no desde la institucionalidad en sí, sino desde prácticas concretas. El uso de “comunidades étnicas” supone, al menos tres prácticas de gubernamentalidad (Foucault 1999): adoptar de manera acrítica la capacidad estatal de producir sujetos de derecho; direccionar las políticas poblacionales; y convocar adscripciones identitarias, en especial las étnico-raciales. Quiero entonces mostrar lo que está en juego en la gubernamentalización de la etnicidad y, con ella, un lenguaje y unas reglas de juego que le dan forma a la diferencia étnico-racial en Colombia.

Empecé a dimensionar la categoría “comunidades étnicas” al revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema entre 1997 y 2018 (Castañeda 2018). Observé que el procedimiento se había ido complejizando con los años cuando cotejé el archivo digital de las Certificaciones de Presencia del MinInterior (documentos que esta entidad expide como primer paso del proceso de consulta, que más adelante detallaré). El proceso de consulta había dado cabida a diferentes actores (incluida la Corte Constitucional) y a la forma en que el Estado nombraba a los sujetos de derecho. Al estudiar las certificaciones de presencia noté el cambio de denominación de lo que antes se denominaba comunidades negras, raizales, palenqueras y afrodescendientes y comunidades indígenas hacia un término paraguas: “comunidades étnicas”, de uso cada vez más corriente desde 2016.

Este artículo se nutre de la confluencia entre antropología del Estado (Mitchell 2015; Sharma y Gupta 2006; Trouillot 2011; Bourdieu 1996) y estudios de las identidades. Arguyo que “comunidad étnica” es una categoría identitaria, creada y usada por el Estado para administrar la diferencia y conceder derechos. La asignación de la categoría no es tan coloquial como supone la frecuencia en que se usa la expresión; más bien, es producto de la disputa político-identitaria alrededor del trámite administrativo de la consulta previa y acerca de qué colectivos tienen derecho a ella. Buena parte de los materiales de la Corte Constitucional y del MinInterior que estudié deben definir quién tiene derecho a la consulta que, a su vez, suponía, al menos hasta 2018, qué colectivos eran efectivamente identificados como una “comunidad étnica”. Ya no era suficiente la autodefinición, necesitaban el reconocimiento estatal de esa identidad, el cual debía consignarse en un “Certificado de Presencia como comunidad étnica” y, a su vez, significaba tener derecho a ser consultado/a así como la obligatoriedad empresarial de realizar la consulta. Parte central de esa lucha ha ocurrido al interior del Estado mismo entre los poderes ejecutivo, en este caso el MinInterior, y judicial, en particular la Corte Constitucional. Mientras el MinInterior se esforzaba por darle contornos específicos a un colectivo como comunidad étnica, fue la Corte Constitucional, a través de sus jurisprudencias, la que terminó delimitando las formas de identificación del sujeto de consulta.

La consulta previa

La consulta previa, libre e informada (en adelante consulta previa) es un derecho que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 21 de 1993) le otorgó a los “pueblos indígenas y tribales”. En Colombia ha incluido a todos aquellos sujetos definidos como “grupos étnicos”. El derecho a la consulta previa permite que los colectivos implicados de alguna manera en proyectos de desarrollo económico involucrados en construcción de infraestructura, extracción o exploración y realizados en los terrenos que habitan sean consultados acerca del desarrollo del proyecto en cuestión. Del mismo modo, el Convenio supone que se deben consultar cuando el Estado define políticas que afecten su propio plan de futuro, como las leyes o decretos.

Las consultas previas involucran al menos tres actores: el Estado, el colectivo implicado y la empresa. El Estado participa desde el ejecutivo con el MinInterior y los ministerios ejecutores o rectores de los proyectos (Minas, Transporte, Desarrollo, Ambiente). Además, intervienen los entes de control (Defensoría y Procuraduría). La empresa consultora o constructora asiste a su vez con las empresas subcontratadas para el manejo ambiental.

El derecho a la consulta está someramente reglamentado en Colombia a partir de la Ley de Ambiente (Ley 99 de 1993). La ley incluye el requisito de la consulta en procedimiento de licenciamiento ambiental. En la actualidad esta responsabilidad descansa en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El procedimiento es aparentemente simple: una empresa que inicia un trámite de licencia ambiental ante la ANLA debe enviar una solicitud al MinInterior para que le informe si debe adelantar un proceso de consulta con grupos étnicos en la zona. De ser así, el MinInterior se lo comunica antes mediante una certificación y desde 2018 por resolución, y se encarga de gestionar el proceso con el grupo en cuestión y la empresa. En caso de desavenencias, que suelen ser muchas, se involucran jueces locales y, en un nutrido número de casos, las altas cortes, en especial la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En algunas ocasiones se acude a los entes de control.

Metodología

Mi estrategia será abordar esta complejidad mediante la presentación de algunos casos registrados en documentos producidos por el Estado, en la medida en que en ellos reposa mucho más que simplemente el decir del Estado. En concreto revisaré algunas sentencias de la Corte Constitucional que cruzaré con algunas entrevistas de mi trabajo de campo en la Orinoquía. He entrevistado a funcionarios del Ministerio, a antropólogos y antropólogas que trabajaron allí, a funcionarios negros de la ANLA y a algunos líderes negros que se han desplazado hacia la Orinoquía. El trabajo en la Orinoquía me ha indicado la ausencia total de procesos de consulta previa para comunidades negras y afro en la región. Allí no se les reconoce como sujetos políticos; el MinInterior no les otorga el registro como consejos comunitarios y aunque, según la ANT, existen 18 títulos en procesos de adjudicación de tierras, los líderes de las consultivas departamentales (instancia deliberativa creada por la Ley 70 de 1993) con quienes me he reunido no conocen la existencia de ningún proceso de los referidos.

He tenido acceso a reuniones de las Consultivas departamentales y de toma de decisiones del pueblo negro a escala nacional, pero en las que las consultivas no pueden actuar a nombre de colectivos específicos ante la consulta previa de infraestructura y extractivismo. Estos colectivos están agrupados bajo el esquema de asociaciones y otras formas colectivas de la sociedad civil de las que mantiene registro específico el MinInterior, pero que no reconoce como instancia de gobierno “étnico”. Es decir, son colectivos que están bastante lejos de ser reconocidos como “comunidades étnicas”. A la fecha de redacción de este artículo la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras no ha respondido un derecho de petición sobre los consejos comunitarios inscritos que permitiría cotejar la lista de los 18 consejos reportados por la ANT, los cuales, a su vez, no son reportados por las consultivas.

Cabe aclarar que esta etnografía no supone observar en un lugar discreto durante un periodo determinado sino más bien detenerse en interacciones que son mediadas por documentos escritos de orden institucional o legal de manera asincrónica. Supone, en cambio, poner en relación diferentes sujetos y agentes, sus lenguajes, sus redes, controversias y arreglos (Trouillot 2011). Los sujetos que observo no actúan cara a cara y no accedí a todos de manera personal sino por mediaciones escritas o por las consecuencias de prácticas que no me fue posible observar directamente. Mi recuento de los hechos y sus prácticas muchas veces partió de las sentencias que crucé con entrevistas a funcionarios o líderes. Por esa razón no sigo aquí un caso específico. En otras palabras, busco entender la lógica estatal que envuelve a la categoría “comunidad étnica”. En general, los documentos estatales son un escenario para realizar trabajo de campo (Muzzopappa y Villalta 2011; Zambrano 2008), pero estos cobran especial relevancia cuando empiezan a hacer cosas; por ello considero las sentencias de la Corte, las resoluciones o las certificaciones como artefactos culturales producidos por el Estado. El hacer de la Corte Constitucional es producir conceptos jurídicos para que otros entes estatales y privados hagan o dejen de hacer cosas. Estos documentos analizan y crean jurisprudencia casuísticamente, es decir, emiten fallos sobre situaciones específicas que implican sujetos específicos (ministerios, funcionarios y contratistas de esos ministerios, empresas, profesionales de diferentes áreas de la ciencia, colectivos indígenas o afrodescendientes), sus actuaciones, deberes y derechos a la luz del bloque de constitucionalidad. Por su parte, las certificaciones son concreciones del hacer del ejecutivo, que operan mediante el registro de “lo actuado”.

El decir estatal

Las sentencias que reviso en este artículo se basan en el hacer y el decir estatal de actores que “sentencian” la etnicidad mediante el acceso o rechazo de las consultas previas. A la vez resuelven o frenan la actuación de otros actores estatales. Desde una perspectiva antropológica, estas actuaciones producen, modelan y delimitan sujetos (algunos inexistentes previamente a las actuaciones estatales que asumen o niegan esas subjetivaciones). Es decir, mi interés antropológico en el Estado gravita en la manera en que este gestiona el poder de diferenciar, identificar y subjetivar a sus poblaciones (Trouillot 2011; Foucault 2001; Zambrano 2008; Zambrano 2011).

Para el caso de las comunidades étnicas, los procedimientos y las sentencias actúan como artefactos culturales estatales que crean e inciden en la subjetividad colectiva identitaria de sectores poblacionales considerados diferentes, algo que va mucho más allá de la dimensión de los derechos y a la vez que los hacen o no acreedores de esos derechos. La producción de estas subjetividades las hace aparecer como preexistentes al proceso de acceso a los derechos (incluso las presuponen como colectividades constituidas antes que la formación del mismo Estado); esto se ilustra, por ejemplo, en la certeza de que lo negro está anclado a la región Pacífica, algo que ha desatado una interesante discusión en la Orinoquía, donde algunos líderes se han empeñado en demostrar la línea de continuidad entre la presencia local negra colonial y la actual, que demostraría performances culturales como las Cuadrillas de San Martín (Entrevista 3; Entrevista 4). Mientras tanto, otros se empeñan en redefinir lo negro más allá del color de la piel mediante los procesos de desplazamiento (Entrevista 1; Entrevista 2). Este asunto es justamente un terreno de análisis indispensable para la antropología en dos sentidos. Uno, la producción de la diferencia en los ejercicios de la gubernamentalidad (o estudios de la identidad que gestiona la nación multicultural). Dos, la antropología del Estado que examina la interacción entre ramas del poder político para la gestión-producción de la diferencia y no en la denuncia como se ha hecho más corrientemente (Duarte 2020; Murillo 2019; Herrera y Helo 2018; Ojeda et al. 2015; Ramírez et al. 2015; Rodríguez C. 2012; Rodríguez G. 2017).

A continuación, me aproximo al proceso de consulta previa, un escenario privilegiado de actuación del Estado frente a las comunidades étnicas. Me detengo en el paso inicial de la consulta analizando en especial la Sentencia de Unificación SU123/18 y la manera como define el sujeto étnico de consulta. Luego presento dos casos que muestran el hacer estatal respecto a la etnicidad en la consulta previa: la construcción de la doble calzada Loboguerrero-Buenaventura –Sentencia T-693 de 2012– y la extracción petrolera en Arauquita-Arauca entre 2019 y 2020 posterior a la SU123/18: Sentencia T-422 de 2020. Cierro con una definición que problematiza la comunidad étnica. Para ello acudiré a las definiciones de colectivo en etnización y etnicidades correctas.

Consulta previa. Actores, procedimiento y definiciones

La consulta previa está establecida para proyectos, obras y actividades (POA). Según el esquema de procedimiento de la Directiva 10 de 2013 y más recientemente en la Sentencia de Unificación SU123/18, en Colombia la consulta es un diálogo intercultural que responde al derecho a la participación. Es responsabilidad exclusiva de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del MinInterior (en adelante Dirección de Consulta Previa).

Una consulta inicia con la carta-pregunta de parte de la empresa para cumplir con el trámite de licencia ambiental. Para ello aproximadamente desde 2006 y hasta 2018 se expedía una “certificación de presencia de comunidades étnicas”, pero desde 2019, luego de la SU-123 de 2018 se expide una “resolución de procedencia”. En general, si la Dirección de Consulta Previa certifica la presencia o si, actualmente, la resolución aprueba la procedencia de la consulta, sigue una concertación metodológica que dará paso, en sí, a la consulta. El proceso se condensa en dos documentos: un Protocolo de consulta (los acuerdos con la comunidad étnica y un Plan de Manejo Ambiental, que es el resultado del licenciamiento) (Colombia, Decreto 1320). Los dos documentos resultantes completan buena parte de los requisitos que la empresa debe completar ante la ANLA.

Su operación concreta supone definir, con claridad empresarial, al sujeto colectivo que tiene derecho a ser consultado, aquel afectado de forma directa y que se sentará en la mesa con el Ministerio y la empresa ejecutora. Sin embargo, numerosas sentencias de la Corte Constitucional documentan que el MinInterior había certificado que en diversos rincones del país no había presencia de “comunidades étnicas”, pero tiempo después debió admitir que sí las había e iniciar procesos de consulta cuando los proyectos ya habían iniciado su ejecución, por ejemplo: SU039 (1997); Sentencia T-129 (2011); Sentencia T-359 (2015); Sentencia T-376 (2012); Sentencia T-428 (1993); Sentencia T-485 (2015); Sentencia T-693 (2012); Sentencia T-704 (2016); Sentencia T-236 (2017); Sentencia T-380 (1993); Sentencia T-652 (1998); Sentencia T-172 (2013).

Este aparente desacuerdo en un concepto técnico me permite establecer que no es lo mismo un grupo indígena, una comunidad negra o una comunidad étnica. Una comunidad indígena o negra solían ser categorías de autoadscripción principalmente cultural y también de estudio antropológico. La disputa inició cuando estas nominaciones adquirieron carácter político, pues su existencia supone el reconocimiento estatal y derechos políticos a la diferencia. Esta existencia se medía con referencia a la diferencia cultural pero con dimensiones políticas colectivas, enunciada como “comunidad étnica”.

Las consultas previas y sus sujetos

Ahora presentaré dos casos que han puesto sobre la mesa la identidad, existencia, presencia y reconocimiento de colectivos de gente negra como comunidades étnicas. El primer caso, la carretera Loboguerrero-Buenaventura, ocurrió entre 2009 y 2012, cuando aún no existía la Directiva 10 de 2013 pero ya se certificaba presencia. En cambio, el segundo caso, Arauquita, ocurrió en 2019 cuando ya había entrado la SU123/18 al bloque de constitucionalidad y la estructura del MinInterior del interior se había transformado.

Colectivos en etnización, comunidades étnicas y etnicidades correctas

Los dos casos que he analizado plantean hasta dónde un proceso de etnización en marcha puede albergarse en la noción estatal de comunidad étnica, y hasta dónde se pueden trazar y desligar las continuidades externas de raza y etnicidad. Salta a la vista que las comunidades étnicas no pueden ser anteriores a los procesos de certificación, aunque así lo deseen los expertos.

Para entender mejor el lugar político de la categoría comunidades étnicas propongo dos categorías analíticas que nos ayudan a pensar las relaciones raza-etnicidad que se disputan en los procesos de consulta previa en el país: los colectivos en etnización y las etnicidades correctas (Castañeda 2018).

En este recorrido he señalado que la categoría comunidad étnica entra en acción en los procedimientos de la consulta previa como un requisito del licenciamiento ambiental (Castañeda 2022), que también tiene carácter de derecho diferencial. He acudido en trabajos anteriores a las categorías analíticas de colectivos en etnización y de etnicidades incorrectas para dimensionar críticamente qué significa ser clasificada o no como “comunidad étnica” (Castañeda 2018). En esos trabajos el argumento descansaba sobre un paso inicial del proceso de consulta previa: la definición del sujeto de derecho de la consulta, que definía su obligatoriedad (las entidades en la actualidad usan la palabra procedencia para hablar de la evaluación casuística que determina si el paso se exige a la empresa contratante, que para los sujetos etnizados supone la asignación del derecho fundamental a ser consultados).

Un segundo propósito de este texto es mostrar cómo este nuevo documento (resolución de procedencia, resultado de la Sentencia SU 123 de 2018 de la Corte Constitucional y de la posterior reestructuración de la oficina de consulta previa del MinInterior) reactualiza el concepto de “comunidad étnica”. Es decir, cómo la atención del procedimiento de consulta reconfigura la estructura del Estado, a la vez que el Estado delimita, aún más, el sujeto de derecho.

Comunidad étnica es una categoría con la que el Estado nombra, da existencia y forma a un sujeto concreto para que interactúe con el mismo Estado. Aunque el Convenio 169 de la OIT sugiere que los destinatarios de estas consultas son los “pueblos indígenas y tribales”, esas categorías deben ser aterrizadas en casos y lugares concretos. Por ello es imperioso diferenciar comunidad étnica de indígena, negro, afro, rom. Estas palabras designan categorías identitarias asignadas y de autoidentificación, pero no son en sí mismas, aunque lo parezcan, categorías estatales de gestión de diferencia, más bien nominan la diferencia. Operan individual o colectivamente y, en general, aluden a tratamientos de la diferencia a partir de la alteridad y de cierta profundidad histórica. Algunas de estas categorías tuvieron asiento en la relación colonial.

Comunidad étnica es una categoría similar, pero de un orden diferente a comunidad indígena, comunidad negra, comunidad raizal, comunidad palenquera. Todas estas hablan el lenguaje de la etnicidad y corresponden a subjetividades colectivas, categorías que definió la Constitución de 1991 como grupos étnicos, de allí su carácter. Tenemos, entonces, que la Constitución da existencia a una forma de sujeto colectivo novedoso que está delimitado étnicamente, al que se dota de diferencia étnica sustentada en marcas diferenciales históricamente nombradas y conceptualizadas como razas, culturas, tribus, etcétera, y que antes conocíamos como grupos indígenas o negros.

La comunidad étnica es la construcción radical de la diferencia desde el Estado mediante la aplicación del enfoque diferencial, ya que, como han señalado Hale (2009), Ng’weno (2013), Stolcke (2000), y Le Bot (1998), la gestión cultural de la etnicidad agencia la diferencia a la vez que oculta la raza. Mientras se suele pensar que etnicidad es equivalente a grupo étnico, es decir, a una categoría analítica de la antropología que refiere al otro como unidad discreta de identidad y cultura, la etnicidad más bien nos acerca a una forma específica de manejo de poblaciones normadas de forma internacional que reconoce las diferencias culturales internas en los Estados mediante la asignación de derechos diferenciales. En general, la asignación de tales derechos descansa en el reconocimiento de desigualdades constitutivas que en general han tenido su génesis en procesos de dominación colonial. Por eso es común ver la asociación etnicidad-indigeneidad casi como sinónimos.

En cambio, pienso en la raza como una articulación que conjuga racismo de Estado (arreglos biopolíticos con regímenes poscoloniales de la mirada y la estereotipia por la biología) en la formación social racializada en Colombia. Foucault (2001) sitúa la categoría de racismo de Estado como un momento de la biopolítica en que el Estado actúa mediante la clasificación de poblaciones para trazar sobre ellas políticas de control, aumento o abandono de sus vidas. La clasificación poblacional supone, según Foucault, la diferencia entre gentes que se deben proteger y gentes que suponen un peligro. Así el hacer vivir es siempre una acción securitaria, que supone lanzar fuera a quienes se clasifica como peligrosos (Foucault 2001). Por ejemplo, para Jorge Ramos, cofundador del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) y ahora desplazado en la Orinoquía, los procesos de desplazamiento del Pacífico a los barrios pobres de las ciudades han sido una estrategia de muerte a las comunidades negras, en sus palabras, una forma de racismo (Entrevista 1).

La raza, en calidad de relación de identidad que funciona por diferencia, está enmarcada en contextos históricos específicos y se articula de formas particulares y localizadas geográficamente. La raza es un operador simbólico basado en la apariencia física, en el cual el color es un elemento entre otros que estandarizó la antropometría ligada a una configuración histórica de base colonial que evidencia y marca relaciones de desigualdad de poder, riqueza, capacidades morales, educaciones y cultura, y por tanto ofrece un modelo jerarquizado y aparentemente naturalizado (Wade 1997). No obstante, esa estandarización es una forma referencial que se rearticula contextualmente y genera formaciones sociales racializadas, como afirma Hall (1996). La raza es también identidad y en tal sentido la apariencia física depende de un disciplinamiento de la mirada sobre uno y sobre otros (Hall 2010).

La raza es una construcción sobredeterminada que se reactualiza al recombinar sentidos comunes que cobraron especial sentido en el siglo XX, cuando la antropología equiparó identidad con cultura y, al mismo tiempo, opuso raza a cultura. De esta manera, la “raza” no desapareció como registro –aunque ha sido proscrita–, sino que quedó confusamente implicada en la idea de identidad cultural (Trouillot 2011). Además, tanto raza como etnia refieren a relaciones de dominación con profundidad histórica y desigualdades asociadas. Así, raza y etnia refieren los mismos sentidos, pero la primera es políticamente incorrecta y la otra descansa sobre la neutralidad de la cultura. Así, cuando presento las consultas previas como expresión del racismo de Estado, quiero decir que su gestión es la forma en que el Estado reconoce y marca la diferencia étnico-racial para seleccionar a quiénes hace vivir y a quiénes deja morir.

Pero es necesario delimitar cómo se existe antes de ser nombrado comunidad étnica. Para este efecto propongo el término colectivos en etnización. Los colectivos en etnización son, en primer lugar, la forma de entender los procesos de etnización en el país, apartando conceptos antropológicos problemáticos y asentados en el sentido común como culturas, grupos indígenas o etnias. Refieren específicamente a un proceso de subjetivación en que los colectivos se modelan según los lineamientos internacionales y nacionales de los derechos multiculturales (Hale 2009; Hale 2014). Además, el concepto “colectivos en etnización” pone de manifiesto la relacionalidad coetánea de la construcción permanente de las identificaciones (Castañeda 2018). Así, no es meramente una categoría clasificadora o adjetivante.

Volviendo sobre las “comunidades étnicas”, la determinación de su presencia es una estrategia securitaria de planificación del riesgo en el encuentro con el otro. Certificar su presencia involucra reconocer sus derechos, pero marcar un sector poblacional como un adversario pone en peligro la vida de un colectivo, bien por su permanencia cercana, bien su existencia o formas en que se hace diferente (Foucault 2001). Aunque ahora se acuda a la noción de procedencia, la certificación de presencia sigue siendo el eje central, como he mostrado atrás. La determinación eficiente del riesgo depende de precisar la diferencia cultural, allí es donde el isomorfismo entre cultura y localización debe ser eficaz (Gupta y Ferguson 2008). Por tanto, la demarcación de la diferencia es, a su vez, una demarcación territorial que se lee como una necesaria continuidad cultural.

Los tres elementos identificadores de presencia de comunidades son: asentamiento, usos y costumbre, y rutas y zonas de tránsito perfectamente identificables. Planteados en la Directiva 10 de 2013 no han desaparecido del sentido común estatal, la sentencia para Arauca de 2020 acudió a ellos y los examinó con detenimiento. Articulando mi propia experiencia en campo, el análisis de las diferentes sentencias y casos en que se negó la certificación con las opiniones y experiencias de algunos jóvenes antropólogos que realizaban la tarea de verificar en campo la existencia de comunidades étnicas, propongo que:

1. Una “comunidad étnica” tendría usos y costumbres transparentes para cualquier observador. Aportaría certeza y ayudaría a conformar la verdad administrativa contenida en la Directiva Presidencial 10 de 2013 y la SU123 de 2018.

2. Tendría también un asentamiento que, en el mejor de los casos, se inscribe normalmente en la geografía de la administración, es decir, que, siendo un lugar que hace las veces de nicho del salvaje por su exotismo y oferta de utopía, es también un espacio de control estatal (cfr. Trouillot 2011), por tanto, intocado de la mano humana como señala la sentencia de Arauca.

3. Una “comunidad étnica” no migraría, no se desplazaría, ni denunciaría desplazamientos forzados. O, si lo hace, no debería transitar hacia afuera revelando lo poroso de sus fronteras; no compartiría caminos, ni establecería alianzas. Por supuesto, al desplazarse, debería estar dispuesta a asumir el papel de “el otro”, es decir, a performar la otredad reconocida por la voz autorizada, esto es, parecer un indio, hablar como indio y comportarse como indio (nunca como comunidad negra, pues eso escapa a lo indio, ya que la etnicidad se calibra a partir de la indigenidad).

4. Una “comunidad étnica” debería delegar su representación política en formas conocidas, reconocidas y establecidas por el Estado. Debería permitirse ser conducida por esos representantes y ser capaz de autogestionarse una vez entre en contacto con el proyecto (Castañeda 2018). Por ejemplo, registrarse como consejo comunitario, aunque eso suponga que debe tener un territorio colectivo imposible de obtener en el desplazamiento, como la gran mayoría de las comunidades afro y negras de las Orinoquía.

5. Ahora, según la SU123/18, una comunidad étnica posee un territorio amplio y un territorio amplio alberga a una comunidad étnica.

Así, la subjetivación de los colectivos en etnización en comunidades étnicas supone entrar en el ejercicio gubernamental de dejarse gobernar y de ansiar ser gobernado. “Gobernar a través de la comunidad”, como sugiere Rose (2007), supone instrumentalizar lealtades y asegurar autonomías en el ámbito de la gubernamentalidad del neoliberalismo, pues las comunidades son:

investigadas, mapeadas, clasificadas, documentadas, interpretadas, sus vectores explicados por futuros-profesionales-iluminados en incontables cursos universitarios, y para ser tomadas en consideración en innumerables entrevistas entre los profesionales y sus clientes, cuyas conductas individuales, ahora, se vuelven inteligibles en términos de las creencias y los valores de su comunidad. (Rose 2007: 119)

En primer lugar, la comunidad es una estrategia de destotalización que en el caso de las comunidades étnicas supone un lugar geográfico concreto. En segundo lugar, es un nuevo entramado ético donde los sujetos son individuos y comunidad a la vez, con responsabilidad moral frente al colectivo. Por ejemplo, se da el cuidado y afecto por la cultura al enunciar los usos y costumbres o exhibir lealtades ambientales como nativos ecológicos. Y en tercer lugar, por supuesto, el sentido identitario. A diferencia de las identidades sociales amplias, las comunitarias apuntan a afinidades “naturales”, cercanas, casi íntimas. Basta recordar, por ejemplo, los listados de lazos familiares que se le exigen a los consejos comunitarios y la frecuente alusión a un nosotros presente e histórico que reclaman para sí todos los colectivos en etnización (Castañeda 2018; Rentería y Cuesta 2016; Antonio 2013; Rose 2007; Oslender 2003; Agier y Hoffmann 1999; Entrevista 7).

En últimas, las certificaciones y las resoluciones para la consulta previa buscan garantizar los procesos económicos y el mejoramiento de la población, administrando la vida/la muerte de sectores más manejables como las comunidades. El enfoque diferencial y étnico y más exactamente la definición de las comunidades étnicas supone un recorte poblacional de la diferencia étnica, pues por la vía de la certificación hay una incidencia específica en el dejar vivir o dejar morir. La lucha se establece, en todo caso, en términos de la gubernamentalidad biopolítica.

Los colectivos en etnización pueden estar preparados o no para enfrentar una consulta previa y ser considerados comunidades étnicas, pero la diferencia cultural en los procesos de certificación y consulta es performada por las múltiples articulaciones que impone un proyecto de desarrollo concreto a un sitio determinado, las identificaciones étnicas de que disponen los colectivos afectados y los entramados político-jurídicos que ya tienen una experiencia de más de veinticinco años en la gestión de la diferencia étnica y su fundamentación legal. En este punto se encuentra la interpelación externa que ofrece la corte sobre cómo ser étnico resulta definitivo para trazar caminos fijos de etnización e impedir otros.

En conclusión, las comunidades étnicas pueden pensarse como un devenir de la etnicidad que toma el lugar de lo correcto, de la comunidad ideal para ser gobernada. Es decir, las comunidades étnicas son étnicamente correctas. Desde 1990 en Colombia diferentes grupos de personas se han organizado y movilizado colectivamente mediante la adscripción a identidades étnicas (Restrepo 2013; Valencia 2011; Chaves y Zambrano 2006; Escobar 1999; Grueso et al. 1997; Rappaport 1994). Los procesos de movilización y organización de sectores considerados indígenas y negros iniciaron desde 1970, pero adoptaron un énfasis concreto en la exhibición y portación de diferencias con el multiculturalismo, sobre todo a partir de la nueva Constitución Política de 1991, alcanzando un auge y expansión inusitados. De manera esquemática se puede advertir que desde entonces hay dos grandes categorías étnicas en juego, las indígenas y las negro/afro. Y es precisamente desde estas categorías que tales procesos han interpelado gobiernos de turno, funcionarios públicos, académicos, políticos, partidos, ONG, empresarios, terratenientes y gente común (vecinos o habitantes de las ciudades) por el reclamo de tierras y denuncias de acciones contra la naturaleza (obras de infraestructura, industrias extractivas o afectaciones por el conflicto armado). También han demandado, algunas veces con éxito, reformas constitucionales, implementación de leyes y cambios en la jurisprudencia (Rodríguez G. 2017; Rodríguez C. 2012).

Todas estas acciones han estado agenciadas y autorizadas por la autoadscripción de identidades étnico-culturales marcadas étnicamente que hacen parte de la identidad nacional. Dan por sentada una diversidad cultural preexistente a la nación, actuado bajo el consenso del respeto a la diferencia y partido del supuesto objetivo de la diferencia. Siguiendo a Hall (2005), entiendo el sentido común de lo étnico como el pensamiento práctico con el cual operamos sin darnos cuenta. Una serie de nociones de lo que suponemos que es o debe ser lo étnico que generalmente no son pensadas sino puestas en operación, como es el caso de las comunidades étnicas. Ese sentido común ha sido actualizado por el multiculturalismo al considerar lo que es la diferencia y lo que no es, a partir de relaciones de poder concretas de mismidad/otredad (Hall 2010). Desde mi perspectiva el sentido común de lo étnico puede entenderse como lo étnicamente correcto, la diferencia culturalizada en virtud de que generalmente lo racial no se percibe abiertamente como la base sobre la que se construye la diferencia (Hall 2010). Es este sentido común de lo étnicamente correcto el que termina prevaleciendo en los procesos que aquí he examinado.

Conclusiones

En este artículo he presentado de forma crítica la categoría comunidades étnicas para mostrar las maneras en que ocurre la administración y creación de la diferencia étnico-racial en Colombia. A la vez, he sugerido que la juridización del reclamo de derechos a la diferencia contribuye tanto o más que el ejecutivo en esa creación. Como he mostrado los sujetos de la consulta previa no son los pueblos indígenas o los pueblos tribales, sino las comunidades étnicas, es decir, una reconfiguración estatal de la población que acentúa la racialidad no tanto al aceptar la etnicidad de algunos grupos, sino al negar la de sectores que históricamente han sido objetos de políticas de dejar morir, poblaciones que coincidentemente conservan marcas raciales que el Estado se rehúsa a leer al privilegiar la cultura.

A la vez, los colectivos en etnización enseñan que la etnicidad no es una condición determinada previamente ni garantizada por diferencias establecidas históricamente. En cambio, la etnicidad es una condición de posibilidad contemporánea que ofrece nuevos escenarios de identidad en relación directa con el Estado y el derecho internacional. Es una mediación determinada por los derechos a la diferencia concebidos de manera global. Un espacio posible de subjetivación colectiva, que a la vez está articulado con formas estatales de administración de la diferencia y gestión de la vida. Una forma de gobernar a y mediante las comunidades. Pero sobre todo la etnicidad pone en cuestión la idea de identidades cerradas, completas y definitivas.

Más allá de las categorías de identificación reconocidas o no por el Estado, los colectivos en etnización hablan de sujetos en la historia que aceptan las interpelaciones que les hacen hablar desde la diferencia. Por su parte, las comunidades étnicas son ante todo el sujeto de derecho de la consulta previa, libre e informada o de otras políticas estatales. Creo que esta distinción es fundamental para entender la lógica de aplicación del derecho que tanto interés produce a los colectivos defensores de derechos humanos y a la antropología interesada en la denuncia de las violaciones de derechos para indígenas y negros. Ese ejercicio de desplazar el sujeto de derecho delimitado en el Convenio 169 de 1989 de la OIT es justamente la materialización del racismo de Estado intrínseco a la gubernamentalidad de la etnicidad en la consulta previa.

La discusión sobre el territorio amplio que propone la Corte Constitucional abre al menos dos reflexiones. Una, la forma en que clausura el concepto de comunidad étnica sobre ideas exotizadas de otredad que se aplican a lo indígena. La Corte se apropia de las definiciones de lo étnico como espacio privilegiado de creación política de los colectivos en etnización. Y dos, el desplazamiento de agencias de los colectivos en etnización a los defensores de derechos humanos. Recordemos que las actuaciones de la Corte Constitucional delimitaron a las poblaciones denominadas étnicas como “sujetos de especial protección” ya que suponen que ellos están especialmente afectados por violaciones de derechos (como la consulta previa). Es decir, la Corte se presenta como la principal defensora de derechos humanos mientras que algunos de los magistrados son miembros de colectivos de defensores de derechos humanos en el país. Mi preocupación reside en que este movimiento disloca o pospone otro tipo de prácticas denunciantes y exigentes de los colectivos en etnización. Al delegar exclusivamente en los abogados la defensa de sus derechos, los colectivos en etnización se entregan libremente al proceso de gubernamentalización de la etnicidad y se alejan de las posibilidades de etnicidades incorrectas. Mientras tanto, los actores con poder de decisión, como el caso del MinInterior, aprovechan esa juridización para mantener y ampliar los privilegios de algunos sectores sobre otros.

Con este trabajo he intentado avanzar sobre una forma de antropología del Estado que focaliza la creación estatal de la diferencia étnico racial y el lugar del sentido común antropológico en la producción y gestión de poblaciones mediante categorías poblacionales. A diferencia de los trabajos que rastrean las sistemáticas violaciones de derechos indígenas y afro, me he interesado por la epistemológica estatal que posibilita esas discusiones y fija contornos que pueden parecer culturales o antropológicos pero que están imbricados en una forma concreta de gestión poblacional basada en el racismo encubierto. También es una invitación a indagar en el orden escritural del Estado y en el quehacer intelectual de agentes estatales como la Corte Constitucional que, en apariencia, se separan del orden subjetivo de los gobiernos, pero mantienen permanentemente relaciones complejas con el ejecutivo.

Esta investigación abre nuevas preguntas como la gestión y subjetivación de las categorías aquí analizadas en colectivos concretos. Igualmente, interroga la relación entre empresas, Estado y derechos a la diferencia. Y, sin duda, permanece la pregunta por la forma en que influyen las sentencias de las Cortes y otros agentes estatales en los procesos político-organizativos de base.