A pesar de la heterogeneidad de las trayectorias históricas que definen a los países latinoamericanos y sus realidades contemporáneas, en términos político-económicos, la década de los noventa se caracterizó por una notable expansión de gobiernos de corte neoliberal en cuyo desarrollo se generaron buena parte de sus marcos legislativos actuales. Dichos marcos, por una parte, proponen el achicamiento y el retiro del Estado en distintas esferas de lo público. Por otra, procuran -o al menos ello se postula- contemplar la diversidad existente en sus poblaciones considerando la coexistencia de una multiplicidad de identidades étnicas y culturales⁹.

En este sentido, se presenta una aparente paradoja entre el reconocimiento estatal de las identidades y el retraimiento de ese mismo Estado en relación con la administración de los recursos, los territorios y la justicia. ¿Basta entonces con el "reconocimiento" para la transformación de las estructuras de poder que se construyen y sostienen sobre la base de la reafirmación de la subalternidad de ciertos grupos? O incluso, ¿podemos pensar a ese mismo "reconocimiento" como parte de una estrategia del poder para la construcción de su gubernamentabilidad territorial?

Diferentes trabajos que han abordado este proceso (Aguas y Nahuelpan 2018; Assies, Van der Haar y Hoekema 1999; Aylwin y Tamburini 2015; Díaz Polanco 2006; Hale 2007; Richards 2016; Rivera-Cusicanqui 2010; Segato 2002; Van Cott 2000; entre otros) han problematizado esta relación entre la "aceptación de la diferencia" y el desarrollo de políticas económicas, pero también sociales y espaciales, neoliberales. Si la conformación de los Estados sudamericanos desde finales del siglo XIX procuró "aplanar" las diferencias socioculturales en pos de la construcción de identidades nacionales aparentemente homogéneas, el Estado neoliberal de finales del siglo XX posibilitó el reconocimiento de la "pluralidad" con claros posicionamientos discursivos en torno a propósitos como la justicia o la reparación histórica. La trampa presente en este proceso es que esas aparentes identidades, tal como han sido reconocidas por el Estado, fueron definidas y, por lo tanto, delimitadas por las propias estructuras hegemónicas (Segato 2002). Son otras las diferencias que se procuran aplanar entonces, y es en este punto en que el espacio se vuelve un agente insoslayable tanto para el Estado como para los actores locales en lo que respecta a la construcción de la justicia. Vale considerar a las comunidades campesinas e incluso los territorios indígenas como acaso los ejemplos más evidentes de un proceso de asociación directa entre una "identidad cultural" -aparentemente homogénea en su propia diversidad- y un territorio definido, delimitado y, por lo tanto, valorado también desde una perspectiva hegemónica y homogeneizante. Esta idea del espacio y los territorios se sostiene en una clave decimonónica para la cual los territorios y la territorialidad son siempre constituidos, y de una sola vez, por los actores hegemónicos. En este sentido, los mecanismos de "consulta previa" que proliferan como procedimientos de intermediación de las empresas y de los propios organismos estatales en los "territorios comunitarios" no solo reafirman una territorialidad previamente definida y delimitada por el Estado, sino que se constituyen como instancias de "participación" cuyos límites, temporalidades, marcos y códigos también son definidos y, por ende, controlados por el propio sistema hegemónico.

El espacio está siendo, entonces, un elemento clave de dominación estatal en la propia construcción de esa pluralidad "controlada", es una herramienta de construcción de la gobernabilidad. Este mecanismo encuentra en el contexto americano un espacio privilegiado para su desarrollo, en el marco de una persistente asociación -con un fuerte sesgo eurocéntrico-, entre una población originaria y un cierto entorno ambiental que se basa en la construcción de una aparente armonía entre el hombre y la naturaleza. ¿Acaso no es posible pensar que esa relación unívoca entre espacio-cultura-identidad se propone como una forma de administrar la justicia en los territorios nacionales incurriendo, por tanto, en prácticas y políticas que invisibilizan las complejidades que definen y han definido históricamente a los grupos sociales? Baste el ejemplo de los grupos pastoriles y agro-pastoriles que habitan buena parte del área cordillerana de Sudamérica y las complejidades que históricamente han presentado a los Estados sus movilidades, las que condujeron al desarrollo de políticas de sedentarización en pos de la delimitación de territorios desde los cuales sea posible al estado neoliberal "reconocer" su individualidad (Barada 2017). Es sobre la base de este supuesto sobre la asociación espacio-cultura que los Estados asignan "derechos particulares" a las poblaciones cuyas identidades fueron, finalmente, definidas de acuerdo con las necesidades que el propio Estado neoliberal requiere para subsistir y desarrollarse. En este sentido, el análisis realizado por Vélez-Torres, Pérez-Pérez y Riascos-Riascos en este número se apoya justamente en el estudio de las relaciones geopolíticas históricas para comprender la dificultad para subvertir las situaciones de injusticia espacial que enfrentan las comunidades afrodescendientes de la región colombiana del Valle del Cauca (Colombia), para las que el modelo neoliberal de acceso a la tierra solo reafirma las relaciones instauradas a través del histórico modelo de hacienda.

Sin embargo, considerar este mecanismo únicamente como herramienta tomada desde el poder, implicaría invisibilizar la acción de las personas y de los grupos sociales. ¿No es posible acaso, siguiendo a Roseberry (2007), considerar a la hegemonía como un proceso de construcción política de dominación y lucha en el cual son esas mismas "identidades hegemónicas" -en principio definidas por el Estado- las que son utilizadas como instrumentos de negociación desde y para los intereses de las propias "comunidades"? De esta manera, es incluso esa misma condición estática y unívoca que asocia a las comunidades con ciertos espacios la que permite pensarse, en un sentido inverso, como una herramienta y un agente de disputa desde la subalternidad. Borzone y Almeida presentan en este número a la agroecología y específicamente a las mujeres como protagonistas de su desarrollo en el sur de Brasil, como alternativa productiva y social a los procesos de concentración del capital derivados de la reforma agraria y del avance del monocultivo. Este trabajo visibiliza, entonces, no solo la emergencia de una alternativa productiva, sino que problematiza las estructuras sociales de un modo multiescalar al posicionar a las mujeres como agentes capaces de movilizar estructuras en la macroescala, desde su propia posición diferencial en la microescala. Finalmente, es necesario volver sobre las complejidades de las políticas que el multiculturalismo neoliberal invisibiliza, al reconocer las dinámicas singulares que definen los roles de género en el campesinado brasilero. En síntesis, en principio podría considerarse que la producción de identidades territoriales por parte del Estado neoliberal procura despojar a las poblaciones de las agencias, intereses y lógicas de poder que estas mismas construyen y deconstruyen sobre sus propios espacios. Sin embargo, este tipo de miradas, en línea con la noción de la "multiterritorialidad" (sensuHaesbaert 2005), procuran pensar en una construcción multiescalar y multilocalizada y permiten encontrar, en las acciones de los actores locales, vías de redefinición para la justicia espacial.

Como retomaremos en la última parte, esta tensión entre las políticas del reconocimiento y el reconocimiento de solo aquello que puede controlarse y, por lo tanto, sostenerse en su condición de subalternidad ha formado parte, históricamente, de los dilemas del campo científico-académico. El texto de Lema y Nuñez en este número, incorpora esta problemática en el análisis de las relaciones entre la academia y la política para la "construcción nacional" del territorio patagónico hacia finales del siglo XIX. La tensión entre lo desconocido, lo subalterno y las políticas de corte colonial que allí se implementaron requieren de una revisita en pos de una mirada crítica sobre la propia práctica científica actual. Sostenido por las mismas políticas neoliberales que definen muchas veces las agendas académicas, y ejes de desarrollo, es el propio campo científico el que debe debatirlas en el contexto latinoamericano. En este contexto, estrategias metodológicas etnográficas, apoyadas en el conocimiento directo de los espacios, las personas y sus acciones, así como un fuerte impulso a la valoración de las historias orales, permiten el desarrollo de alternativas interpretativas que eviten la reproducción de las expresiones hegemónicas de territorialidad e identidad. Podemos mencionar en este sentido, la problematización de las relaciones centro-periferia en las relaciones y re(adscripciones) identitarias derivadas de las migraciones neorrurales en las sierras de Córdoba (Argentina) que analiza desde una mirada antropológica el trabajo de Quirós en este volumen, o las estrategias de movilidad y uso del suelo que posibilitan la diversificación productiva de las poblaciones en situación de pobreza estructural en La Pampa (también en Argentina), tal como versa el trabajo de Comerci.

Estos trabajos, y su diálogo con el resto de los que componen este número, parten de agendas diferentes, pero complementarias. Su diversidad responde no solo a las metodologías de investigación llevadas a cabo, sino que sus diferencias se hacen eco de los matices que esta "multiculturalidad neoliberal" (Hale 2007) posee en los diferentes contextos latinoamericanos. Es justamente esta diferenciación la que permite problematizar parte del dilema identitario planteado para este número, puesto que la diversidad cultural y la conformación identitaria es siempre un proceso relacional y multidimensional. Si abonamos a las teorías que plantean que las identidades no han estado nunca aisladas, los espacios han estado siempre interconectados (Gupta y Ferguson 2008) y los lugares definidos en sus relaciones (Massey 2004), no podemos pensar en que su reconocimiento, su especificidad, se pueda construir a partir de un espacio hegemónicamente designado, y mucho menos que sea desde esa aparente singularidad que se reivindique un determinado proceso identitario. Finalmente, son los intersticios de las mismas relaciones capitalistas, de las que son parte las personas, los que finalmente posibilitan la construcción de espacios de reivindicación, e incluso de revisión de las lógicas hegemónicas de la "justicia".

En los primeros meses de 2017, cuando preparábamos la convocatoria de este monográfico, se presentaron casi simultáneamente diversas tragedias ligadas a inundaciones en varios países de América Latina; del Putumayo en el Amazonas colombiano a la provincia peruana de Piura, de Lima al Cono Sur. ¿Qué factores atraviesan estos fenómenos tan distantes pero tan similares? ¿Qué decir sobre ellos desde la noción de justicia espacial?

La lectura de los desastres y las catástrofes "naturales" desde la perspectiva de la justicia espacial es un campo fecundo a partir del cual pueden formularse varias preguntas en torno a las consecuencias económicas, sociales, en infraestructura, en vidas humanas y en costos menos cuantificables como la angustia, el duelo, las pérdidas familiares y afectivas. Asimismo, puede considerarse la distribución espacialmente desigual de las afectaciones como la proliferación de enfermedades endémicas y la activación de los mecanismos de asistencia humanitaria.

A la hora de pensar en las causas, las explicaciones técnicas muchas veces se presentan como confusas e insuficientes. En el contexto actual latinoamericano, las catástrofes han llevado a la incorporación del calentamiento global y del cambio climático en las exégesis de estos fenómenos y la crítica al llamado modelo de producción extractivista ha cobrado centralidad. Con esta crítica, habitantes de ciudades, campesinos o indígenas proponen una perspectiva amplia de los modos de producción y las transformaciones radicales del territorio de la mano de estas nuevas formas de producción.

Retomando parte de las discusiones que dieron origen al campo de la justicia espacial, algunos autores se han referido a la manera en que las relaciones de raza y clase se activan en las afectaciones socialmente diferenciadas frente a las catástrofes (Kleinenberg 2002; Scheper-Hughes 2005). En estos desarrollos también se destacan la re-edición de tensiones ya conocidas (centro/ periferia, Norte Global/Sur Global) y la pregunta por los mecanismos de regulación del desarrollo de infraestructura y la transformación territorial. En su temprana obra de 1986, Ulrich Beck caracterizó esta situación afirmando que las "destrucciones naturales" ya no pueden atribuirse al medio y más bien, son "propias de las contradicciones culturales, económicas, políticas y sociales generadas por la universalización industrial" ([1986] 1988, 200).

Estamos frente a posicionamientos de impugnación de modelos de desarrollo, paradigmas e infraestructuras que facilitan los flujos del capital y del consumo mientras producen y reproducen geografías del riesgo. Se trata de una situación inédita en la que una sobreproducción especializada de diagnósticos, instrumentos jurídicos, mecanismos de verificación y sistemas de alerta va de la mano de sociedades que distribuyen de maneras inequitativas riesgos, precariedades y carencias.

Más recientemente, desde la llamada "antropología de las catástrofes" se han desarrollado trabajos como el de Sandrine Rivet (2008) quien analiza el mundo social que se construye en torno a esto eventos inusuales, compuesto de un conjunto de actores específicos y un conjunto de conceptos, normas, estándares, herramientas técnicas, y un lenguaje común con el fin de establecer mecanismos de gobernanza de estas situaciones inusuales.

Los vínculos entre vulnerabilidad socioeconómica, justicia ambiental y justicia espacial ya han sido abordados en Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía por Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos (2015). En esta misma línea, Francisco Astudillo Pizarro y José Sandoval Díaz proponen en este número, estudiar los desastres socionaturales desde la perspectiva de los riesgos, analizando la vulnerabilidad como el condicionamiento socioeconómico de base que permite entender causas y consecuencias de los desastres. Pero los autores incorporan otras dimensiones analíticas (la estructura y la agencia) al igual que la consideración de nuevos aspectos en el marco del tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza (el análisis de las formas no estatales de preparación, respuesta y recuperación frente a los desastres).

Otro de los elementos clave de la problemática epistemológica y política que se sitúa en el entrecruce entre naturaleza, ecología política y justicia espacial tiene que ver con el incremento permanente de procesos de delimitación jurídico-normativa de zonas como territorios de alta montaña, parques nacionales, reservas de biósfera y otros territorios con usos prescriptivos de acuerdo a criterios "naturales", pero también "culturales", bajo la forma de comunidades, reservas y resguardos, entre otros, ya aludidos en la parte anterior. Lo que observamos aquí es un proceso de tres fases: la construcción normativa de territorios y de grupos sociales como unidades discretas, la regulación de los relacionamientos entre unos y otros, la regulación en la práctica de dichos relacionamientos.

En su trabajo sobre la regulación de los páramos en Colombia incluido en este número, Olga Lucía Méndez describe el rol central de las políticas discursivas desde la academia, los gobiernos y las comunidades que se posicio-nan con diferentes fuentes de legitimidad en estas geografías en disputa en razón de los recursos naturales. En esta indagación se destaca la agencia campesina y su rol en la conservación de las áreas protegidas. Méndez subraya que las categorías bajo las cuales se reconoce la vinculación de ciertos sectores de población con sus territorios requieren todavía de mayor minuciosidad. A su vez, muestra cómo el Estado colombiano se resiste a incorporar elementos como el territorio, la cultura y la identidad campesina en los debates sobre los marcos normativos desde una mirada instrumental de la problemática, lo que implica un "reconocimiento" de los campesinos como "agentes productivos", "usuarios" de los recursos naturales y, por lo tanto, desprovistos de derechos socioterritoriales.

Lo que es descrito por la autora puede ser puesto en relación con un proceso global en el que, de la mano de las preocupaciones ambientales, la emergencia de las humanidades ambientales y el reconocimiento de la condición actante de seres materiales y no-humanos, los humanos son igualados, homogenizados, como responsables del calentamiento global, la degradación ambiental y el "Antropoceno". Pero como refiere González-Ruibal "tener en cuenta las diversas temporalidades en el surgimiento y desarrollo del Antropoceno es también un asunto de justicia [.] al mostrar cuan desigualmente distribuida está la agencia de las sociedades humanas en este proceso"¹⁰ (2018, 7). Articulado a esta arqueología, no se trata de "aprender a vivir con el Antropoceno y sus múltiples consecuencias, sino a criticar las bases político-económicas, esto es el capitalismo y la modernidad"¹¹ (González-Ruibal 2018).

Es pertinente referir aquí otros elementos característicos de las actividades extractivas contemporáneas que se derivan de los trabajos que presentamos en este número. En primer lugar, Carlos Franco da Silva y Aumeri Carlos Bampi, refiriéndose a las transformaciones socioespacia-les recientes en la Amazonia brasileña, exponen cómo el Estado y el capital afirman una racionalidad apropiadora de la naturaleza proyectada en vectores de ocupación / modernización que legitiman el avance en la frontera natural de realización actual y futura del capital, dando lugar a un complejo campo de conflictos entre las poblaciones tradicionales y los intereses del Estado y fuerzas capitalistas. En segundo lugar, Dora Ramos-Muñoz et ál, apoyándose en su trabajo sobre los pescadores en el Golfo de México, destacan uno de los efectos más frecuentes y visibles: la exclusión de poblaciones de sus territorios de vida. Estas prácticas, afirman los autores, pueden ser políticas, legales y policiales y a dos niveles: por la actividad económica misma, o por sus efectos (contaminación, inseguridad, horizonte de futuro). En efecto, en su versión más recurrente y visible, lejos de ser homogéneas o de producirse una sola vez de manera definitiva, estas prácticas pueden ser simultáneas y sucesivas, monolíticas y plurales, consistentes y fraccionadas, legales e ilegales.

No obstante, bajo esta dimensión en la que las situaciones de (in)justicia espacial son más claras (derivadas de la confrontación entre empresas y comunidades), hay otras situaciones tal vez menos visibles, pero no menos recurrentes, cuyos matices son pertinentes para complejizar la perspectiva de la justicia espacial. También trabajando con pescadores pero en la ribera del río Paraná en la ciudad argentina de Rosario, Roldán (2018) muestra cómo las políticas urbanas de acceso al río, de la construcción de un acceso amplio y público a la costa, el desarrollo urbano e inmobiliario, la transformación de los espacios costeros como paisajes del placer y del disfrute y en suma de su "democratización", tienen también como consecuencia un proceso de exclusión de los pescadores de sus territorios hidrosociales. Esta situación de procesos de justicia como fuente de situaciones de injusticia constituye un juego de perspectivas diferenciadas frente a unos mismos procesos de transformación territorial. Así, el desarrollo de perspectivas cruzadas en la larga duración evidencia la condición relativa, circunstancial y posicionada de la justicia espacial.

La última de las dimensiones que queremos subrayar aquí de la relación entre justicia espacial y naturaleza tiene que ver con todo un campo de estudios acerca de las ruinas y los escombros, aquello que queda después de prácticas extractivas. Al respecto, Andrea Heredia, Susana Barrera y Mercedes Castillo de Herrera proponen la discusión acerca de los "paisajes posmineros", un ejercicio de prospección necesaria que involucra procesos de planificación, un análisis de los escenarios de transición para su direccionamiento y un mapa de actores que deberían hacer parte de su manejo y gestión.

Finalizaremos intentando sintetizar: en la (re)definición del concepto generado por el diálogo con las discusiones desde la ecología política pueden resaltarse las discusiones en torno a conceptos como "naturaleza", "bienes comunes" o "recursos naturales", el avance extractivo sobre la base de las transformaciones del campo jurídico, la judicialización de la protesta y el rol de los medios de comunicación. En cada uno de estos procesos, justicia y espacio se mezclan de maneras complejas habilitando categorías socioterritoriales para la expansión del capital o garantizando la supervivencia de poblaciones y territorios; definiendo como justos o injustos los repartos de beneficios del desarrollo y los pasivos ambientales; convirtiendo en ilegales y judicializando las formas de protesta y movilización, y produciendo ideas consensuadas acerca de la justicia y la necesidad de la explotación de los recursos naturales.

El concepto de justicia espacial ha sido trabajado como una herramienta bastante poderosa para analizar las políticas públicas y sus efectos territoriales (Bret 2000; Dufaux y Philifert 2013; Fainstein 2011; Gervais-Lambony et ál. 2014; entre otros). Para Latinoamérica, dentro de las investigaciones que directamente utilizan la categoría de (in)justicia(s) espacial(es) con este propósito, se destacan trabajos en temas como el ordenamiento territorial y la construcción histórica del territorio nacional (Bret 2000), el acceso a equipamientos, servicios y vivienda (Leibler y Musset 2010; Quentin 2009; Robert 2014), la planificación urbana (Beuf 2011, 2014), el urbanismo y la gestión del suelo (Cáceres y Sabatini 2002; Iracheta y Smolka 2000; Maldonado Copello 2003) y la reforma agraria (Barbay 2013).

Usar la categoría de (in)justicia(s) espacial(es) para la evaluación de las políticas públicas permite sobrepasar los enfoques analítico-críticos de las mismas (que evidencian generalmente sus limitaciones, impactos y logros según objetivos predefinidos) y hacer hincapié en la confrontación de diversas racionalidades asociadas a distintos principios de justicia y sus múltiples interpretaciones a diferentes escalas territoriales, posiblemente contradictorias entre sí.

De corte sectorial o de corte propiamente territorial, las políticas públicas generan acciones necesariamente situadas, determinan inversiones que al fin y al cabo "caen en los territorios". Los gobiernos locales o nacionales no intervienen de manera similar en todas partes y deben decidir, arbitrar y, por lo tanto, justificar por qué actuar e invertir en uno u otro lugar. Dicho de otra manera, el tratamiento diferencial de los espacios se legitima en virtud de un principio de justicia, que en contextos democráticos suele asumirse como aceptado socialmente. Pero esta legitimación puede resultar problemática si el principio de justicia legitimador es implícito, desconocido, impuesto o, incluso, percibido como injusto dados los múltiples conflictos sobre la valoración de lo justo y lo injusto que existen dentro de cualquier sociedad. Pensar la acción pública en su dimensión territorial y, en particular, la territorialización de las inversiones realizadas en nombre del interés general implica preguntarse por la justicia espacial y sus diferentes modalidades de expresión. En particular, supone cuestionar la finalidad de las políticas, su direccionalidad y su justificación: cabe preguntarse por el proyecto global perseguido, más allá de los objetivos puntuales de un proyecto particular (¿Para qué?); por las poblaciones, territorios o comunidades privilegiadas, en el sentido de que todo arbitraje, todo reparto, aunque tenga reglas claras, beneficia más a ciertos grupos que a otros (¿Para quién?); y por los criterios a partir de los cuales se ha priorizado a ciertas poblaciones o ciertos territorios en detrimento de otros (¿Por qué?).

Para algunos autores, el ordenamiento territorial y la búsqueda de la justicia espacial son estrictamente equivalentes (Lipietz 1999 citado en Gervais-Lambony y Dufaux 2009). Bastaría con recordar que el ordenamiento territorial como política de Estado fue inventado para mitigar los desequilibrios territoriales entre los centros y las periferias de las grandes ciudades (véanse los postulados de la ciudad jardín de Ebenezer Howard en 1902 o del Plan Maestro de Ordenamiento y Urbanismo de la región parisina de 1965 de Paul Delouvrier) y, a nivel nacional, entre las regiones económicamente dinámicas y las regiones marginalizadas o en crisis (véanse las políticas de las áreas de desarrollo en Reino Unido en los años cincuenta y de las metrópolis de equilibrio en Francia en los años sesenta). A pesar de que en muchos países de América Latina el ordenamiento territorial puede tornarse en un asunto meramente normativo (Massiris 2002), es preciso no perder de vista el cuestionamiento sobre su finalidad, que de ninguna manera se puede reducir a "poner orden en los territorios": sí, pero ¿qué tipo de orden? (¿para qué?, ¿para quién? y ¿por qué?).

Los efectos territoriales de las políticas públicas no se pueden analizar, sin embargo, sin remitirse a los principios de justicia vigentes en la sociedad estudiada. No tendría sentido, por ejemplo, indagar por la geografía del acceso a la salud en países que no reconocen principios republicanos como el de igualdad territorial con los mismos criterios analíticos que para los países que sí los reconocen. La cuestión de la justicia distributiva, es decir, la legitimación del reparto de las riquezas y los pasivos ambientales dentro de un territorio y una sociedad dados, es crucial en un momento histórico en el cual se han disparado las desigualdades en todas las escalas geográficas. En efecto, la relación entre desigualdades e injusticias es estrecha, en el sentido de que las desigualdades se convierten en injusticias cuando sobrepasan ciertos umbrales percibidos de aceptación social: una injusticia es una desigualdad percibida como inaceptable por el conjunto social o, por lo menos, por un grupo social dentro de este (Beuf 2018).

Para los geógrafos neomarxistas, el debate sobre la justicia distributiva debe plantearse en el nivel de la producción, es decir, desde la búsqueda de un reparto más igualitario de los medios de producción (Harvey 1973; Santana 2012). En América Latina, este debate tuvo mucha fuerza en materia de distribución de las tierras, mientras las investigaciones sobre los procesos de concentración de las mismas constituyeron un importante corpus de trabajos desde el siglo pasado (Berry et ál. 2014; Borras et ál. 2013; LeGrand 1988; entre otros). Muy emblemático de las transformaciones operadas por la consolidación del modelo neoliberal ha sido el cambio de paradigma en los discursos de los organismos internacionales y otras instancias del pensamiento mainstream que dejaron de referirse a la "reforma agraria" a finales de los años noventa para promocionar la "reforma rural": el nuevo discurso es orientado a subsidiar a las familias campesinas y dotar el campo con equipamientos (escuelas, centros de salud) infraestructuras (carreteras, puentes) y redes de servicios (electrificación, acueductos rurales). Asume el abandono de la redistribución de las tierras, lo cual implicaría expropiárselas a los terratenientes que acumulan tierras improductivas para dárselas a los campesinos sin tierras. De esta manera, se reafirmó el carácter intocable de la propiedad privada.

En materia redistributiva, la necesaria justificación del gasto público obliga a realizar arbitrajes para determinar cuáles deben ser los territorios y las poblaciones beneficiarios de las políticas y programas. Los objetivos de equidad, competitividad y sostenibilidad ambiental son presentados como los tres grandes pilares, supuestamente compatibles, de las políticas neoliberales, que apuntan al desarrollo sostenible. La construcción de la equidad como valor y horizonte de las políticas liberales se origina en la obra de John Rawls La Teoría de la Justicia (1971), en la cual encontramos la demostración teórica, del por qué debemos priorizar la redistribución hacia los más desfavorecidos (bien pueden ser individuos, grupos o territorios). Allí se establece el principio del maximin como un principio de justicia supuestamente universal, según el cual lo justo sería siempre y en todos los lugares buscar mejorar la situación de los que menos tienen, focalizándose sobre su nivel absoluto, y obviando la cuestión de los niveles alcanzados por los más favorecidos, es decir, desconociendo que la cuestión de las desigualdades tiene algo que ver con la justicia social y espacial. De ahí, entendemos cómo se gestaron varios tipos de proyectos y programas llevados a cabo en el subcontinente y que tienen en común el focalizarse sobre grupos poblacionales y/o territorios prioritarios. Para referirnos al caso colombiano: programas de subsidios focalizados en las personas como Familias en Acción, políticas de urbanismo social centradas en mejorar el acceso y la imagen de los barrios pobres como en Medellín, políticas de focalización de recursos en territorios identificados como prioritarios como en el caso de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el marco del posacuerdo y, de manera general, toda política de discriminación positiva.

Simultáneamente a la consolidación de la equidad como horizonte deseable, se difunde el discurso de la competitividad en las agendas políticas, aproximadamente desde los noventa en Latinoamérica. El concepto de competitividad es derivado de un principio de justicia utilitarista donde lo que prima es la maximización de las ganancias totales del conjunto social, independientemente de su redistribución interna. Así, una ciudad competitiva es una ciudad que atrae una gran cantidad de inversiones, independientemente de la intensidad de las desigualdades y de los procesos de exclusión so-cioterritorial que presente (Ardinat 2013; Le Blanc et ál. 2014). Según el principio de justicia utilitarista, las riquezas producidas por los más competitivos derramarían de forma "natural" -según la "mano invisible del mercado"- desde el tope de la pirámide social hacia su base, lo que justifica concentrar las inversiones y los recursos públicos en unos pocos territorios/grupos sociales/individuos. De esta manera, se legitiman las políticas territoriales de consolidación de polos de competitividad, operaciones estratégicas y otros mega-proyectos, supuestamente capaces de generar efectos de palanca para el desarrollo social y territorial de sus áreas de influencia. Sin embargo, los efectos sociales y territoriales reales de estos proyectos distan mucho de los modelos teóricos de la economía neoclásica que los justifican y de los promisorios renders de los urbanistas y los arquitectos que los imaginan.

Investigaciones de naturaleza geográfica mostraron las tensiones, e incluso las contradicciones que surgen a nivel de la implementación y de los resultados de tales políticas. Por ejemplo, en el caso de la planificación de centralidades urbanas en Bogotá, se evidenció cómo los objetivos de equidad territorial de las "centralidades de lugares" (Borja 2003), en las periferias populares pasaron a segundo plano a raíz de las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, mientras se consolidó la política de inserción a la globalización de las "centralidades de flujos" en las áreas céntricas y pericéntricas, que tenían claros objetivos de competitividad (Beuf 2011, 2014).

En este número, varios textos apuntan a las expresiones territoriales de las contradicciones entre estas distintas racionalidades, enfocadas hacia la ganancia económica o la redistribución de los beneficios y la disminución de las desigualdades urbanas. El artículo de Guillermo Jajamovitch retoma esta discusión en el caso de los Grandes Proyectos Urbanos -en adelante, GPUS- para evaluar su capacidad de producir efectos redistributivos en las ciudades latinoamericanas. Muestra que los GPUS se prestan para diversos tipos de racionalidades y generan dinámicas muy heterogéneas, desde despojos urbanos hasta recuperación de plusvalías para el beneficio de los ciudadanos, con lo cual abogan por una comprensión situada del concepto de la ciudad justa. Esta temática se ve profundizada en el texto de Marina Wertheimer que realiza un análisis diacrónico de los registros discursivos en pro y en contra de una serie de grandes emprendimientos en el espacio costero de Vicente López, en el área metropolitana de Buenos Aires. Los conflictos por el uso del espacio remiten a la desigualdad entre los sectores concernidos en cuanto a su capacidad de movilizar un principio de justicia u otro para tener incidencia en las tomas de decisión.

Por su parte, Melina Tobías y Leonardo Fernández introducen en su trabajo la variable temporal, en un sentido cercano a la categoría miltoniana de tiempo espacial, mostrando cómo las desigualdades de distribución del agua en Buenos Aires resultan de las tensiones entre diferentes racionalidades utilizadas en diferentes épocas y en los diferentes sectores de la metrópoli, entre el centro y las grandes periferias. La noción de resonancias geográficas que aporta este texto invita a entender la producción de injusticias espaciales a partir de la sucesión desarticulada de diferentes lógicas de intervención pública.

Hasta ahora, hemos revisado cómo las políticas públicas territoriales pueden ser determinadas por distintos principios de justicia distributiva: aunque puedan presentar lagunas importantes, tienen una justificación teórica. Pero es evidente que, en América Latina, la discusión por la justicia espacial debe hacer hincapié en las políticas que se autojustifican, es decir, que se formulan y se implemen-tan por fuera de cualquier tipo de principio de justicia. Por ejemplo, las teorías de las ciencias políticas sobre las conductas buscadoras de renta (rent seeking) (Congleton et ál. 2008; Tullock 2005) enriquecen mucho los estudios territoriales, porque permiten explicar el origen de grandes injusticias en materia de ordenamiento territorial y organización del espacio en general.

El carácter justo de una política viene también del proceso de su formulación, y no solamente de sus resultados (u objetivos): esta dimensión apunta a la justicia procedimental, que define la legitimidad de las políticas a partir de la transparencia y respecto de las reglas, normas y procedimientos seguidos para su elaboración, formulación e implementación. De ahí, la importancia para la geografía y los estudios territoriales de vincular la reflexión sobre los diferentes niveles de las tomas de decisión que impactan los territorios, y en particular la incidencia de la participación ciudadana, que además es una reivindicación muy fuerte de los movimientos sociales en muchos aspectos de la vida en sociedad actual: vivienda, transporte, ordenamiento territorial (Duque 2017; Quentin et ál. 2014).

En este número, el artículo de Johan Avendaño Arias, Jaime Forero Florez, Brayan Oviedo Yate y Maira Trujillo Vanegas cuestiona el olvido de la dimensión procedural en el caso de las intervenciones de renovación urbana en lugares estigmatizados por ser "territorios de miedo". La expulsión violenta de los sujetos asociados con la inseguridad de algunos lugares solo logra desplazar los focos de inseguridad y no permite encontrar soluciones que ataquen las raíces sociales de esta problemática urbana tan aguda.

Como afirmamos al inicio, la justicia espacial además de un concepto se ha evidenciado como un campo con un gran potencial para una gran diversidad de problemáticas, muchas de ellas abordadas en este monográfico. Otras como violencia, conflicto y posconflicto, las implicancias derivadas de los recientes reconocimientos de los derechos de la naturaleza, no han sido abordadas aquí y definitivamente ameritan una reflexión en profundidad desde la perspectiva de la justicia espacial. Tal como planteamos al comienzo, este número es un intento de poner en diálogo distintos trabajos que en y desde Latinoamérica buscan problematizar el campo de la justicia espacial.

A partir de lo expuesto aquí, surgen dos cuestiones que son inherentes al trabajo científico y que requieren de una necesaria vigilancia epistemológica, vinculadas a la reflexividad de nuestras prácticas que nos parece urgente problematizar, teniendo en cuenta la dimensión política y pública de las investigaciones sobre justicia espacial: nuestras prácticas académicas y las narrativas que producimos.

En lo que respecta a las políticas del reconocimiento, la trampa de comprender las identidades territoriales como entidades fijas y predefinidas no escapa al campo científico. Incluso desde la intencionalidad de colaborar desde la producción de conocimiento a la reivindicación de determinadas identidades territoriales, la ausencia de crítica a su conformación como tales es un problema en sí mismo. Definitivamente comenzar por poner en crisis la propia delimitación identitaria es un proceso necesario para el cual el conocimiento de campo, la postura histórica crítica y la reflexividad de las y los investigadores en sus territorios y grupos sociales en estudio se vuelven cuestiones insoslayables. Consideramos que desde un posicionamiento de este tipo es posible construir caminos epistemológicamente comprometidos y que a su vez posibiliten un reconocimiento de los territorios que sean justos para las personas que los habitan.

En relación a la naturaleza, la academia y los científicos tienen un rol fundamental pues es sobre la base de argumentos científicos que se desarrollan nuevos métodos de exploración y explotación y se habilitan nuevas zonas de explotación. Al mismo tiempo, es sobre la base de la ausencia, debilidad o escasez de informes técnicos, indicadores y pruebas científicas que, en sus diferentes formas, el capital se expande en nuevos territorios. En un contexto en el que las inequidades en el desarrollo son simultáneas a las inequidades en la producción científica, es necesaria la pregunta frente a la investigación, sus formas de financiación, sus agendas, los límites de su campo, sus canales de circulación y la accesibilidad de sus productos.

Respecto a la gubernamentalidad e implementación de políticas territoriales, la responsabilidad de los científicos recae en su capacidad de mantener siempre una exigencia crítica, en el sentido pleno de la palabra, cuando muchas veces los mismos investigadores son solicitados por los gobiernos para asesorar la formulación de políticas y programas. El contexto de la crisis planetaria actual nos convoca a reinventar nuevos marcos de pensamiento y acción, a articular diferentes dimensiones y escalas de la justicia espacial, social, ambiental y climática y, de ahí, encontrar nuevos modos colectivos e individuales de transformación de los espacios.

El otro eje general de desarrollo de la temática lo constituye la problematización de las narrativas que en soportes como textos, documentales, fotografías o cartografías y otras mediaciones son fundamentales en el desarrollo del campo, documentando las situaciones de injusticia espacial, interpelando a las sociedades y ofreciendo nuevos elementos de análisis. Esta reflexión se da en torno a la reflexividad en el uso, producción, circulación y utilidad de estas mediaciones. Dos experiencias desarrolladas en Argentina se interrogan acerca del vínculo entre justicia espacial y narrativas.

En primer lugar, se trata de "El Jardín"¹², una obra artística que se inspira en El Jardín de las Delicias de El Bosco, recuperando la forma del tríptico. Esta obra incorpora algunos principios como las articulaciones, los cambios de escala, las tensiones centro-periferia y la larga duración. "El Jardín" pone en relieve la dimensión relacional de las situaciones de justicia e injusticia espacial en la Argentina no solo en términos espaciales sino también temporales (Figura 1).

Figura 1 Carlos Masotta, Carlos Salamanca Villamizar y Paula Lanusse, 2017.

En "El Jardín" se ponen en escena un conjunto de imágenes, íconos, símbolos, materiales que remiten tanto al presente como a la historia reciente, enfatizando la multiplicidad de tiempos y experiencias que atraviesan el espacio y reconfiguran geografías. En el centro, se observa la Plaza de Mayo, plaza central de la república con la casa de gobierno hacia el fondo, conocida por la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y otros acontecimientos y prácticas fundantes de la política nacional. Hacia la izquierda, se posa sobre una fuente un "cabecita negra". Si el término alude no solo a un pájaro (carduelis magellanica) sino también, y peyorativamente, a los trabajadores del norte argentino, el pájaro en la fuente es una cita a aquél día de 1945 en que cientos de "cabecitas negras" irrumpieron por primera vez en esta plaza para reclamar por el derecho de elegir a su propio representante político. Exhaustos después de días de caminata, los "cabecitas negras" refrescaron sus pies desnudos en la fuente, en una verdadera performance de impugnación del orden establecido y de la escenografía de una centra-lidad excluyente. Otros actores sociales a los que se alude comúnmente con apelativos de aves, aparecen en los cielos de El Jardín: los caranchos (caracara plancus), aves rapaces y carroñeras, y al mismo tiempo, término con el que se refiere a las personas viles, oportunistas e inescrupulosas que se aprovechan del indefenso, y los buitres, como se denomina actualmente a los acreedores de deuda externa contraída en situación de quiebra nacional.

En este paisaje en el que se recurre a especies naturales para hablar de actores y dinámicas sociales emerge también una ballena al centro y un jaguar en los confines; con estos y otros animales el actual gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) de explícita tendencia neoliberal se propuso reemplazar a los próceres en los billetes de moneda nacional. Estos íconos de las riquezas nacionales naturales del país hacen parte de un tipo de gubernamenta-lidad en el que el ecologismo y el ambientalismo operan como valores de consenso social para un gobierno que paradójicamente impulsa la expansión del extractivismo, el monocultivo y la comercialización de la naturaleza. Es a esta paradójica simultaneidad a la que aluden los logos de empresas multinacionales que emergen discretamente en los paisajes periféricos de El Jardín.

Esta obra ilustra la manera en que, desde un lenguaje artístico anclado en la reflexión espacial, es posible sortear la ruptura en "la cadena de significantes" y la consecuente serie de presentes puros y desconectados en el tiempo -como fuera abordada por Jameson ([1984] 1991, 48 y 50) en su crítica cultural de capitalismo tardío-. Las narrativas artísticas sobre las (in)justicias espaciales pueden proponer lecturas amplias, articuladas y transversales.

La segunda experiencia que se interroga acerca del vínculo entre justicia espacial y narrativas a la que nos queremos referir es la muestra "Hidro-políticas y territorios hídricos en Rosario y el río Paraná. Una muestra visual del agua" (Figura 2) presentada por primera vez en el Museo de Ciencias Naturales de Rosario aborda, a través de una serie de imágenes y textos, los vínculos entre el desarrollo desigual urbano, el acceso diferenciado al agua potable, la reprimarización de las economías y las experiencias que distintos sectores de población mantienen con el entorno natural y regional de la ciudad (2018). Esta exposición es un proyecto derivado del libro Recursos, vínculos, territorios. Inflexiones transversales en torno al agua (Salamanca Villamizar y Astudillo Pizarro, 2017). La exposición territorializa las reflexiones y la estructura temática de la publicación abordando la proble-matización de los paisajes urbanos y fluviales de la ciudad de Rosario y el río Paraná. Mediante textos, fotografías y mapas se abordan las diversas facetas en las que el río y el agua se transforman y son transformados en un bien común, en un recurso necesario, en un territorio explotado y domesticado, en espectáculo, en medio apropiado y gestionado, o en dinámicas desbordantes y amenazantes.

Figura 2 Fuente: Programa Espacios, Políticas, Sociedades. Centro de Estudios Interdisciplinario, Universidad Nacional de Rosario, 2018.

La exposición propone un análisis transversal de las hidro-políticas y territorios hídricos en Rosario y el río Paraná con cuatro objetivos: (i) romper las oposiciones urbano/rural, política/naturaleza, (ii) pensar las hidro-políticas recuperando la condición híbrida y articuladora del agua, (iii) producir narrativas que permitan la construcción de un campo común en el que puedan imbricarse diversas políticas del agua poniendo en el centro de la escena las (in)justicias espaciales y otras formas de inequidad que caracterizan nuestros relacionamientos con estos objetos híbridos y, (iv) mostrar las formas poli-escalares en que se articulan las políticas de agua, desde el espacio doméstico al espacio público, desde las micro-políticas de lo cotidiano a las políticas de planificación urbana y regional. Se trata de una narrativa que propone hacer del agua un territorio de lo común para hablar de injusticias espaciales transgrediendo la estructura clásica neoliberal de una injusticia/ una población/ una movilización (Harvey 1996).¹³

Las preguntas por lo común y por las articulaciones permiten pasar de la denuncia de las desigualdades particulares a la comprensión de fenómenos relacionales y complejos de injusticia; lo que en términos concretos significa la transformación de la "desigualdad" en calidad de situación a la "injusticia" como unidad problemática, relacional y movilizante.

La alteridad, la naturaleza y la gubernamentalidad en su relacionamiento problemático han ofrecido un piso propio, latinoamericano, desde donde desarrollar el concepto de (in)justicia espacial. Como afirmamos al inicio, y como lo demuestran los trabajos que presentamos en este monográfico, es la reiteración constituyente lo que explica, al menos parcialmente, el dinamismo del campo de la justicia espacial en América Latina, su potencialidad y su originalidad.