Hacia una agenda política y gubernamental de las ciudades y las regiones
César Augusto Ruiz Rojas. Doctor en Ciencias Económicas,
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de
Ingeniería. Colombia, Bogotá. Correo electrónico: caruizro@unal.edu.co
Hace menos de dos años se desarrolló en Quito (Ecuador) la tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible,
llamada Hábitat III. Esta conferencia, en
sus tres versiones realizadas cada veinte
años desde 1976,
se propone establecer
un acuerdo mundial liderado por las Naciones Unidas sobre lo que debería
ser la agenda del desarrollo sostenible de las ciudades y las regiones. En efecto, el
último acuerdo se
denominó explícitamente Nueva
Agenda Urbana. El evento convocó a
un sinnúmero de
actores públicos, principalmente,
así como sociales, económicos, políticos y de organismos multilaterales, tanto en su
versión oficial como
en la multiplicidad encuentros paralelos y alternativos
que buscaron debatir desde otros enfoques y posturas alrededor de estas
temáticas.
Esa nueva agenda del Hábitat III busca, según el documento de la
declaración oficial, constituirse en una propuesta orientada especialmente a la
acción desde el liderazgo de la política pública como marco de primer orden,
principalmente de los gobiernos nacionales. Más allá de lo acertada o
pertinente que pueda llegar a ser esta apuesta, es claro que al ser adoptada
por los países miembros de alguna manera genera algún derrotero al interior de
cada nación.
En el caso colombiano, aun cuando se supone que la
Administración de Santos
(2014-2018) acogió la agenda, su inserción a la política pública nacional
no solo demanda un proceso que supera el plazo de ese Gobierno, si no que la
realidad de su implementación es un asunto pendiente por evaluar. En cualquier
caso y más allá del Hábitat III, lo cierto es que el país requiere con urgencia
la construcción de una agenda urbana y regional desde las distintas instancias
gubernamentales y territoriales,
que realmente puedan
alinear los importantes cambios
que se vienen
dando en el país. Pero esa agenda gubernamental está supeditada de
manera muy especial a la agenda política que resultará en el próximo año
electoral del nivel nacional:
elección del parlamento
y apenas unos meses después, del presidente como cabeza del Gobierno
Nacional. La posibilidad de renovar la agenda política se superpone con la prioridad
de una nueva agenda urbana y regional en Colombia. Creemos que son múltiples
los temas relevantes de la agenda para estos ámbitos, muchos de los cuales son
tareas aún pendientes por resolver o incluso por
emprender para lograr
cambios estructurales desde lo
económico y lo
social, y por lo tanto en lo político. En esta coyuntura de la agenda
política y gubernamental queremos exponer tres de ellos que consideramos
estarán presentes de manera abierta y sensible.
En primer lugar, “las elecciones del
Ejecutivo y Legislativo colombiano”, definirán la composición y la estructura
política en el
nivel nacional, se cruzarán
con la mitad de la agenda del Gobierno, las
alcaldías y gobernaciones. Dado el
diseño institucional que
soporta el marco
electoral en el país, el ciclo
político y, por lo tanto, el de las inversiones de cada uno de los planes de
desarrollo de municipios y departamentos, estos buscarán ajustarse al
mapa político que
resulte, en una coyuntura
muy especial de profun das diferencias que se está
perfilando desde la esfera nacional de los
principales sectores po - lí
ticos. Las coaliciones políticas que
resulten gana doras
o beneficiadas moverán el tablero de los gobiernos
subnacionales.
Estas coaliciones, de políticos (en el mejor de los casos) antes que de
partidos, impregnan una latente inestabilidad en
los acuerdos que
se requieran sostener
o ajustar en
la agenda gubernamental
entre la nación y las entidades territoriales, para viabilizar grandes
e importantes inversiones
y proyectos en las ciudades y las
regiones.
En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, la implementación de
los “Acuerdos entre el
Gobierno Nacional y las FARC” ciertamente condiciona la
senda de esa
nueva agenda. De hecho, la posibilidad de sostenerlos, justarlos,
e incluso de facto, acabarlos, están a la orden del día en el proceso electoral
del presente año. Dichos acuerdos tienen una evidente expresión urbana y
regional, tanto en los contenidos territoriales (económicos, políticos
y sociales) a
los que se llegaron, como en sus consecuencias y
efectos, varios de los cuales ya se están haciendo visibles. Los alcaldes y
gobernadores fueron elegidos con las expectativas de los acuerdos; el nuevo Congreso
y Gobierno Nacional tendrán que decidir sobre su implementación presente y
futura. La seguridad
ciudadana local y
regional, el orden público nacional y los factores que
predominantemente han condicionado los ciclos de violencia armada en el país
serán factores decisivos sobre la sostenibilidad de los acuerdos y la
posibilidad de convertirlos en un punto de inflexión en la desintensificación
de la violencia.
Un tercer aspecto tiene que ver con la actual “dinámica de las políticas
públicas del ordenamiento territorial”, que en lo formal y lo real tiene un
amplio campo bajo la tutela de los gobiernos subnacionales. Específicamente, es
necesario resaltar dos aspectos. Lo relacionado con la concreción de la
formulación de la llamada segunda generación de Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) municipal y la primera en los departamentos. Los agentes
económicos y políticos, los gobiernos y por supuesto la
ciudadanía ya disponen de una curva de aprendizaje desde cuando a
comienzos del presente siglo comenzaron a adoptarse los primeros. Las
decisiones de los POT pueden condicionar muchos aspectos de la vida individual y
colectiva de la sociedad. El otro aspecto por destacar tiene que ver con la
posibilidad de continuar desarrollando la llamada Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT), en especial, con la necesidad de institucionalizar de
manera más profunda y estructural el marco gubernamental de las
regiones en Colombia
(provincias, áreas metropolitanas
y regiones supradepartamentales), y de que abran la
posibilidad de concretar nuevas entidades territoriales en las instancias intermedias
a los municipios y departamentos; esto
es, el debate
por la expresión
de nuevas autonomías
territoriales.
Muchos más temas de seguro surgen como prioritarios y no es nuestra
intención, ni mucho menos, cerrarlos. Desde la presente edición de Ciudades,
Estados y Política, y como ha sido costumbre desde que esta comenzó a circular,
queremos dar a conocer
una muestra muy
interesante y selectiva
de cómo se
expresan estos grandes
temas a partir de investigaciones y reflexiones de casos concretos, que
ciertamente enriquecerán la agenda política y gubernamental que demandan con
urgencia nuestras ciudades y regiones.
En primer lugar, abrimos el presente número de la Revista, con
el artículo de
investigación Bicicletas compartidas como sistema de transporte público
urbano: análisis de políticas públicas en Colombia (1989-2017). Julián Rodrigo Quintero González,
magíster en Derecho con Énfasis en Transporte, Logística e
infraestructura de la
Universidad Externado de Colombia
y magíster en Ingeniería Ambiental de
la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, identifica y valora la legislación aplicable
a los sistemas de bicicletas públicas (SBP) como
sistema de transporte
público en Colombia. La metodología aplicada por el autor se basó en la
utilización de una matriz cualitativa, de la legislación y normativa frente a la
protección al ambiente, la equidad social y el valor económico, como elementos
que definen un sistema de
transporte sostenible. El autor
señala los vacíos
en la legislación
y normativa nacional;
principalmente, en los aspectos relativos a la regulación de la operación y
prestación del servicio; la planeación, gestión, diseño y financiación de la
infraestructura; y los planes, proyectos y programas para la implementación de
los SBP.
El trabajo concluye en la necesidad de proveer una legislación y
normativa que fortalezca
la política pública nacional,
mediante la creación de normas nacionales y otras con extensión a entes territoriales
y municipales, que subsane los vacíos identificados y promuevan la
implementación de los sistemas de bicicletas públicas, en especial en ciudades
medias e intermedias de Colombia.
En el segundo
artículo de investigación, Karen Lorena
Romero Leal, antropóloga
y socióloga de la Universidad
Nacional de Colombia, analiza la Participación comunitaria
en la Junta
de Acción Comunal de
La Macarena, barrio
bohemio de Bogotá. La investigación identifica
los factores poblacionales
y territoriales, organizacionales e institucionales que restringen la
participación comunitaria de los habitantes de La Macarena en su Junta de
Acción Comunal. A través de una triangulación entre información recopilada con técnicas
de investigación cuantitativa y cualitativa en
un ejercicio de
exploración social aplicada,
la antropóloga identificó
que la relación
entre el consumo
cultural privatizado, el
estilo de vida cada vez más individualizado de los habitantes
del sector y las dinámicas urbanas de la ciudad
latinoamericana, junto con
la creciente deslegitimación de las organizaciones de
acción comunal en el país y, en general, del ejercicio de la política
tradicional, explican la reducida participación en organizaciones de acción
colectiva local de ciudadanos
de clase media.
El trabajo finaliza indicando que es la conjunción entre
los factores externos que limitan la actividad de la Junta, como es el caso del
débil tejido social, las características institucionales del sistema político y los
factores internos u
organizacionales, los que permitieron entender por qué hay una baja
participación comunitaria en la Junta de Acción Comunal de La Macarena.
En el tercer
artículo, que es
de reflexión, titulado Espacio público
y gubernamentalidad. Revisión de la normatividad colombiana
1887-2009, la magíster en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos de la
Universidad Central de Colombia, María Cristina Nieto-Alarcón,
analiza las transformaciones discursivas respecto a los usos del espacio público
en Colombia. El estudio parte del análisis de los archivos jurídicos que regulan
los usos del espacio público en Colombia, según las transformaciones
discursivas y respecto a la legalidad de la ocupación del espacio público por
parte de vendedores informales, desde una perspectiva posestructuralista del
Estado. El trabajo concluye haciendo énfasis en la necesidad de evidenciar cómo
los conceptos relacionados con la democracia del Estado liberal deben ser reconsiderados
si se quieren comprender los fenómenos actuales de las naciones no
anglo-europeas y dimensionar los alcances de las mencionadas discusiones y
negociaciones y sus efectos sobre la población sujeto de la gubernamentalidad.
A su vez, el estudio permitirá reconocer
el sentido diacrónico y dinámico de la vida política en
las sociedades —si no, necesariamente poscoloniales— que no se corresponden en
su totalidad a Estados modernos liberales. Así, se sugiere la apertura de nuevas
preguntas sobre cómo se construyen los actores de la vida política, entre ellos
el Estado, y cómo se continúa construyendo la historia.
Para la presente edición de Ciudades, Estados y Política, continuamos
con la publicación
de textos en la
nueva sección de
Ensayos. En el
primero de ellos, el investigador en formación de la
Maestría en Gestión
y Desarrollo Social
de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, Jorge Alberto Chávez
Sánchez, presenta su punto de vista sobre
El matrimonio igualitario en México: una aproximación contextual desde
las prácticas sociopolíticas hacia las iniciativas de ley. El autor realiza un esbozo histórico
sobre las prácticas
sociopolíticas que se han desarrollado desde y para la población
sexualmente diversa, así como un
acercamiento teórico a
la conformación de estas.
Además, describe las características de los grupos que han intervenido desde su
contextualización en los ámbitos internacional, nacional y particularmente en
Guadalajara. De igual forma, el investigador mexicano realiza una disertación sobre los alcances
del movimiento LGBT en Guadalajara, haciendo énfasis en el
matrimonio igualitario y dimensiona
los caminos que
este sector de la sociedad
vislumbra.
El número cierra con el ensayo de las politólogas de la Universidad
Nacional de Colombia, Ángela
María Herrera Puyana,
Laura Daniela Gómez Rodríguez y María Fernanda García Fonseca, quienes
argumentan ¿Por qué TransMilenio en Bogotá está en crisis? Las ensayistas
afirman que el Sistema de Transporte Masivo TransMilenio
no surgió con el fin de prestar un servicio público de manera eficiente, sino
para, ante todo, generar un negocio. Concluye el artículo que en la relación entre TransMilenio y el
Distrito es evidente
que se privilegia
la función de
generar incentivos para
los privados o
el beneficio personal de
funcionarios del Gobierno, lo cual deteriora y hace precaria la función de
monitorear el funcionamiento del sistema. Evidencia de ello, afirman las
autoras, son las pocas sanciones que ha recibido el sistema, en comparación con
las múltiples denuncias que se le ha hecho a este y a
sus operadores por
sobrecostos, incumplimiento de
plazos y mal servicio. A lo anterior, el texto sugiere la existencia de una
estructura permisiva de la administración pública de Bogotá y la precariedad de
los instrumentos jurídicos y administrativos sancionatorios.
Como siempre, la Revista agradece la valiosa colaboración de
los pares evaluadores,
provenientes de diferentes países, quienes realizaron el proceso
de revisión y
valoración del mérito académico y
científico de los
manuscritos sometidos, que
luego de dicho
proceso integran el presente
número. Invitamos a la comunidad académica a contribuir en el análisis e
investigación de los fenómenos y relaciones entre las ciudades, los Estados y
la conformación política de la ciudadanía, postulando sus manuscritos a la Revista.